Contralínea 545

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 26 de junio al 2 de julio de 2017

Año 16 • Número 545 • $30




OPINIÓN NUESTROS LECTORES

DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com ASISTENTE WEB Armando Covarrubias ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9193 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF 4

12 de junio de 2017 26

GOBIERNO, OMISO ANTE CRISIS DE REFUGIADOS Tenosique, Tabasco. En febrero denunciamos que el Estado mexicano se negaba a atender la grave crisis de personas refugiadas que solicitaban asilo en México. El procedimiento, la larga espera para la respuesta, las innumerables violaciones a los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que dimos a conocer en nuestro primer informe que presentamos en abril; y la falta de una política pública, en los tres niveles de gobierno para los refugiados son sólo algunas manifestaciones para reiterar, en el día internacional del refugiado y la refugiada, que la situación no mejora, empeora: La política migratoria y de refugio de los Estados Unidos ha venido a manifestar la dolorosa situación de cientos de personas que anhelaban llegar a ese país con la esperanza de encontrar un lugar donde vivir y trabajar dignamente. El endurecimiento de dicha política se manifiesta también en la incertidumbre en la que tienen que vivir millones de personas en la espera de una inminente deportación, o que una vez saliendo de ese país no los dejen retornar. El número de personas que atraviesan México de Sur a Norte para ingresar a Estados Unidos ha bajado

considerablemente, pues el viaje se ha encarecido mucho y México sigue persiguiendo, deteniendo y deportando seres humanos sin ninguna consideración. Las órdenes ejecutivas del presidente Trump han tenido un efecto dominó en los países del corredor americano. Las prácticas asumidas desde la política migratoria estadunidense se replican en México y en países centroamericanos y sudamericanos. Desde hace algunos años, México es país de destino. Las grandes urbes son cada vez más receptoras de personas que se establecen en búsqueda de trabajo, vivienda y estabilidad. Sin embargo, ni el Estado ni la sociedad mexicana están preparados para generar sociedades integradoras. No poseemos la conciencia de ser un país de migrantes y para migrantes. La violencia generalizada y la sistemática violación a los derechos humanos que padecemos también afectan a migrantes y refugiados, grupos más afectados por la crisis que vivimos en México. Sin embargo, no podemos renunciar a recuperar que nuestro país sea un lugar de destino para las personas que vienen huyendo de una economía de muerte, de una desigualdad desvergonzada, de una pobreza extrema. Pero el Estado mexicano se niega sistemáticamente a ofrecer refugio a las

víctimas de la violencia en Centroamérica. Así lo demuestran los datos: La 72 ha acompañado el proceso de 202 solicitantes de la condición de refugiado en Tenosique entre enero y junio de 2017. Hasta ahora hay CERO RECONOCIDOS. Sólo a seis solicitantes les han dado protección complementaria. Queremos señalar que de las personas que representan estos números, son las y los adolescentes quienes más padecen esta situación. Si los anteriores datos no son una negativa del Estado mexicano a dar refugio, entonces ¿qué son? México no puede seguir siendo cómplice de esta situación. México no puede seguir con una política de persecución salvaje, de deportación masiva y violación a los derechos humanos de migrantes y refugiados. El pueblo de México no puede dejarse contagiar por la xenofobia, la discriminación de los sentimientos de nacionalismos. Tenemos la obligación de parar todo brote de odio y generar sociedades integradoras que recuperen dignidad y exijan el respeto de los derechos humanos de las personas que huyen de sus países. No podemos ser más pieza de ese círculo mortal que significa la migración y el refugio [carta resumida]. La 72, Albergue para Personas Migrantes y Refugiadas



CONTENIDO

PORTADA

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LOS CONTRATOS DE PEGASUS: ESPIONAJE TOTAL A LOS MEXICANOS Pegasus tiene la capacidad de espiar más de 1 mil teléfonos celulares a la vez; fue adquirido por la Sedena

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número 545, del 26 de junio al 2 de julio de 2017– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea. com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 23 de junio de 2017. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente refl ejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 4 NUESTROS LECTORES 8 OFICIO DE PAPEL LOS “CONTRATOS RESERVADOS” PARA EL ESPIONAJE TELEFÓNICO Miguel Badillo 12 ZONA CERO PEGASUS Y LAS “TRAICIONES A LA PATRIA” Zósimo Camacho 14 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN GOBIERNO MEXICANO, ESPECIALISTA EN ESPIONAJE POLÍTICO Nancy Flores 16 DEFENSOR DEL PERIODISTA “NO, PRESIDENTE, LOS PERIODISTAS NO SOMOS SUS AMIGOS” Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS 18 EL CICLO SIN FIN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Laura Zamarriego/CCS 20 CATAR, ¿PRIMERA VÍCTIMA ÁRABE DE LA ERA TRUMP? Adrián Mac Liman/CCS 22 UNA AMNISTÍA FISCAL ANULADA SIN BENEFICIO Xavier Caño Tamayo/CCS

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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CONTENIDO

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INVESTIGACIÓN 24

PORTADA Los contratos de Pegasus: espionaje total a los mexicanos Zósimo Camacho

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SOCIEDAD Periodistas y defensores, blanco de espionaje gubernamental Nancy Flores

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LÍNEA GLOBAL Ignoran ocupación en el Sáhara para beneficiarse de fosfato Axel Plasa

ANÁLISIS 46

INTERNACIONAL Golfo Pérsico: meandros de una peligrosa crisis Ulises Canales/Prensa Latina

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INTERNACIONAL Reajustes en Oriente Medio Thierry Meyssan/Red Voltaire

MISCELÁNEO

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SOCIEDAD BETA Cómo protegerte de software espía como Pegasus Gonzalo Monterrosa

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EX LIBRIS El Napoleón de Stendhal, el alias de Henry Beyle Álvaro Cepeda Neri

Imagen de portada: 123RF/Contratos de la Sedena para la plataforma Pegasus

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

LOS “CONTRATOS RESERVADOS” PARA EL ESPIONAJE TELEFÓNICO MIGUEL BADILLO

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or motivos de “seguridad nacional”, el inteligencia de las Fuerzas Armadas (Oficio de gobierno federal ha decidido reservar papel, 1 de julio de 2012). La justificación de dichas compras multimipor más de 20 años los contratos que comprueban la adquisición de equipos tecnoló- llonarias, adjudicadas de manera directa y amgicos para la intercepción de llamadas telefóni- paradas en el marco legal de la seguridad nacas y mensajes que habrían sido utilizados para cional, era que el Ejército contara con un moespiar a periodistas, activistas y defensores de derno equipo tecnológico y de comunicación derechos humanos, como lo reveló la semana “para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico)”. pasada el periódico The New York Times. Desde julio de 2012, Contralínea publicó una Dicha adquisición fue autorizada por el Comité de Compras del Ejérinvestigación periocito, en donde particidística en donde conEn el gobierno de Calderón, la Sedena pa el propio secretario firma que fue la Secretaría de la Defensa asignó 18 contratos sin licitar por más de de la Defensa. Derivado de esos Nacional (Sedena), en $10 mil millones a proveedores extranje18 contratos otorgalos últimos 3 años del ros, para adquirir equipos de espionaje dos de manera direcgobierno del panista ta a dos proveedores Felipe Calderón, la responsable de la compra y operación del Mó- extranjeros –AV y D Solutions, SA de CV, y dulo Central de la Plataforma NSO Pegasus Security Tracking Devices, SA de CV–, algupara el monitoreo de smartphones, con capacidad nos generales de la Sedena presentaron varias para intervenir 400 BlackBerry, 100 symbian y denuncias ante la Presidencia de la República, 100 android, según los contratos confidenciales la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por en poder esta publicación. En los 3 últimos años (2010-2012) de la ad- supuestos actos de corrupción y desvíos de reministración calderonista, la Sedena, a cargo cursos públicos. Las irregularidades se presuentonces del general Guillermo Galván Gal- mían en ocho contratos, por un monto total de ván, asignó sin licitar 18 contratos a proveedo- 5 mil 628 millones de pesos, “destinados a la res privados extranjeros por más de 10 mil mi- compra de equipo de intervenciones telefónicas llones de pesos para la adquisición de equipos y espionaje para el área de inteligencia de la y servicios que son utilizados en las áreas de Sección Segunda del Ejército”.

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La delicada investigación, iniciada en el último año del gobierno calderonista, fue mandada al archivo para evitar causar un escándalo mayor y frenar a los generales que en ese entonces aspiraban a suceder a Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue también en julio de 2012 cuando el secretario de la Defensa ordenó al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barrera, realizar una investigación interna para descubrir a los militares responsables de las filtraciones y denuncias, especialmente en la Oficialía Mayor y en la Subsecretaría, a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda (actual titular de la Defensa) y Carlos Demetrio Gaytán, respectivamente. Los ocho contratos de la Sedena en poder

de Contralínea, y que el gobierno se niega a transparentar, fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación, la cual resolvió lo siguiente:

Contrato de Fase 1: instalaciones adecuadas La adquisición de la Primera Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, fue pactada con Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, bajo el contrato 455000033 con folio SAITE-1203/2010. Como en todos los contratos auditados, los productos y servicios fueron adquiridos, administrativamente, por la Subdirección de Adquisiciones de Informática,

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de trabajo para la jefatura, subjefatura y oficinas administrativas y de mantenimiento; sistema telefónico para 200 extensiones y 20 entradas. Además, instalación de los sistemas computacionales Pen Link y TCI, software y hardware para realizar espionaje electrónico. Estos sistemas serían la base de lo que se agregaría en las siguientes fases. También en esta primera fase se contemplan cuatro estaciones remotas de amplio espectro y dos estaciones remotas transportables en vehículos automotores. La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869, con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander, a nombre de Security Tracking Devices. El proveedor se comprometió a entregar todos los productos y servicios “a más tardar el 31 de marzo de 2011”.

Contrato de Segunda fase: integración de la Plataforma Pegasus

Transmisiones y Electrónica, dependiente de la Dirección General de Adquisiciones. El monto total fue de 650 millones de pesos por una adecuación del edificio del Centro de Comando y Control acorde con los nuevos equipos que recibiría y la modernización de las funciones: sistemas de videovigilancia, control de accesos y de videoconferencia; 156 “posiciones de análisis y operación”; nueve estaciones

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La compra de los bienes y servicios que integran la Segunda Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda, se realizó por medio del contrato 4550000007, folio SAITE-539/2012, con Security Tracking Devices. La Sedena siguió remodelando lugares de trabajo y adquiriendo más equipo: otras 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, red de comunicaciones del


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tivirus, antispyware) existentes en el mercado”. El espionaje no se reduce sólo a los aparatos de cómputo, de telefonía y radial. La Sección Segunda se hizo de un Sistema Táctico de Imágenes a través de paredes, con un costo de 90 millones 417 mil 600 pesos. El monto total del contrato, que incluye también más adecuaciones a los edificios, ascendió a 1 mil millones de pesos. Contrato de Tercera fase: Además de los contratos específicos para las tres fases del Sistema de Inteligencia, la SedePegasus, el espionaje total na celebró otros para la Sección Segunda, que La adquisición de la Tercera Fase del Sis- complementaban proyectos como Plataforma tema de Inteligencia Regional está amparada Pegasus. Todos se firmaron durante 2011 con Secupor el contrato 4550000006, con folio SAIrity Tracking Devices. Se trata de cinco conveTE-540/2012. Se trata de la puesta en marcha de todo un sistema de espionaje del que incluso nios para adquirir un sistema de designadores se explicitan la funciones en el documento que electromagnéticos de señales satelitales de tela Sedena firmó con Security Trackin Devices. lefonía celular; equipos y aparatos de comuniEntre los “componentes” del Sitio Central caciones y telecomunicaciones; otro sistema de designadores electrodel Sistema de Conmagnéticos de señales trol de Procesamiento Con este tipo de software, los agensatelitales de telefonía de Datos se encuentra la “instalación y pues- tes podrán operar la extracción de SMS/ celular; un sistema ta en operación de MSM; lista de contactos; registros de procesador electromagnético, y ocho Pegasus Mobile Com- agenda; monitores de e-mail... estaciones remotas muncation Solution móviles de radiocopara la plataforma municación y sistemas de inteligencia. Iphone”, para 400 usuarios. A cada adquisición correspondieron los conCon este tipo de software, los agentes podrán “operar con las siguientes funciones de adqui- tratos 4500006718 (por 300 millones de pesos); sición de datos: extracción de SMS/MSM; lista 4500006876 (por 249 millones 999 mil 999); de contactos; registros de agenda; monitores de 4500006908 (por 200 millones); 4500000147 e-mail; intercepción de voz; extracción de men- (por 1 mil 160 millones), y 4500000525 (por 1 sajería instantánea; información de ubicación mil 68 millones 499 mil 999 pesos), respectivaGPS/Cell ID; captura de imágenes de panta- mente. Todos los contratos contienen una cláusulla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del la de confidencialidad, que obliga a las partes sistema; información de la tarjeta SIM; infor- a no difundir el contenido de la negociación. mación del hardware, sistema operativo y sof- A la letra dice: “Guardar en secreto todos los tware; denegación de capacidades de servicio, y datos y condiciones especiales de este contrato, así como cualquier circunstancia de orden detener el funcionamiento del dispositivo”. Todo podrá ser realizado sin que sea detec- militar relativa a la Secretaría, y que llegue a tado por los usuarios espiados, aunque éstos su conocimiento o de su personal, como concuenten con aparatos encriptados, con antivi- secuencia de este contrato. La documentación rus y antiespías: una de las características de los suministrada por el proveedor a la Secretaría productos es “ser indetectables en los dispositi- debe ser tratada con toda reserva del caso…” vos del hardware y por programas de software (an- Sin embargo, esto ya es público. Centro de Procesamiento de Datos, instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de smartphones, con capacidad para espiar 400 BlackBerry, 100 symbian y 100 android. Los pagos, que ascendieron a 1 mil millones de pesos se realizaron también por medio de transferencia bancaria a la cuenta citada.

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OPINIÓN ZONA CERO

PEGASUS Y LAS “TRAICIONES A LA PATRIA” ZÓSIMO CAMACHO

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egasus sólo se va a utilizar “contra determinados grupos criminales”, nos dijo el general de división Ricardo Trevilla Trejo. En ese entonces, julio de 2012, el director de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscaba salir al paso de las informaciones que daban cuenta de la adquisición de un poderoso sistema de espionaje y de una disputa al interior de la dependencia por la sucesión del alto mando. Estábamos en las postrimerías del también violentísimo sexenio de Felipe Calderón. Sí nos interesaba saber de las pugnas suscitadas entre el generalato por ver quién se quedaba con el quepis de cuatro estrellas para el siguiente sexenio (encarcelamientos, amenazas y muertes se sucedían en esos días entre personal militar, sin que necesariamente esos hechos fueran producto de tales disputas). Pero nos interesaba más saber acerca de las condiciones y los objetivos de los contratos de los que ya teníamos copia: los de la modernización de las capacidades de espionaje de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuyas operaciones asignadas son las de inteligencia y contrainteligencia militar. Miguel Badillo, mi director, me había incorporado a la investigación que él había iniciado y de la que ya había dado cuenta desde el primer día de julio de ese año (2012). Había obtenido la información nodal: los contratos para la modernización del Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos y la instalación de la Plataforma Pegasus. Todo adscrito a la Sección Segunda de la Sedena. Muy interesantes resultaban las probables irregularidades en los contratos. Pero más aún nos interesaba saber de las capacidades reales del sistema adquirido por las Fuerzas Armadas del país a pre-

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cios que, en su conjunto, rebasaban los 10 mil millones de pesos (por sí solo, Pegasus costó 2 mil millones de los de entonces). Nos quedaba claro que cualquier persona quedaría desnuda, vulnerable, si ese software malicioso se dirigiera en contra de su teléfono celular. No sólo se tendría acceso a la ubicación permanente del espiado. También a todas sus conversaciones e intercambios de información de cualquier tipo que se realizaran por el aparato: voz, texto, imagen. Todos los chats, correos electrónicos, mensajes msm… Más aún, los operadores de Pegasus podrían hacer funcionar la cámara y el micrófono del smartphone en cuanto quisieran sin que pudiera advertirlo la víctima. Así que toda la vida del espiado estaba expuesta. Adonde fuera llevaría, sin advertirlo, a los espías en su bolsillo. El general reconoció que se trataba de un asunto “delicado” y, como lo publicamos en ese entonces, nos aseguró que Pegasus no se usaría siquiera contra la delincuencia común. Sólo contra determinados grupos del crimen organizado y contra los grupos armados. Y dijo: “el equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”. Siempre nos preocupó que Pegasus se utilizara contra la población. Durante todo el siglo XX y, a pesar de los esfuerzos de algunos personajes por profesionalizar los servicios de inteligencia, en lo que va del XXI, los organismos de seguridad y defensa nacionales han tenido como objetivo defender al régimen y al grupo gobernante; no a la nación. Y lo hacen con todas las herramientas a su alcance, incluso las que no son legales. Rebasaría a este espacio pretender recapitular la actuación


ZONA CERO

(otro documento “secretísimo” del que también el equipo de Contralínea dio cuenta en estas páginas). Bueno, muchas veces, ni la Agenda les dejan ver a los legisladores. Con instituciones de seguridad nacional e inteligencia sin contrapesos reales, con controles incipientes, con altos índices de corrupción en el ejercicio público y con un grupo en el poder dispuesto a hacer lo que sea para no soltarlo… ¿no era legítimo preocuparse del uso que se le daría a Pegasus? La semana pasada platiqué con los periodistas Scott Bronstein y Rita Vásquez, quienes por parte del respetado diario panameño La Prensa colaboraron en la investigación de Los papeles de Panamá. Cuando les pregunté qué había sido lo más difícil de la investigación, no se refirieron a los problemas técnicos de acercarse a temas complicados. Tampoco a los obstáculos que desde los poderes económico y político les fueron sembrando. Ni siquiera a las presiones directas y amenazas que recibieron. Scott y Rita coincidieron en que lo más difícil fue soportar una campaña de estigmatización que buscó colocarlos como “traidores a la patria”. Me sorprendió. El poder utiliza los mismos argumentos en cualquier latitud para ocultar información y denostar a quien arroja luz sobre conductas ilícitas de funcionarios públicos. Cuando publicamos en 2012 los contratos de Pegasus, se nos dijo que se nos podría acusar de “traición a la patria” por el “daño causado a las instituciones”. Lo mismo, cuando el equipo de periodistas que encabeza Miguel Badillo publicó un reportaje seriado sobre la Agenda Nacional de Riesgos, que reveló que las instituciones del Estado consideran a movimientos sociales pacíficos un riesgo para la nación. También cuando en las páginas de Contralínea se dio cuenta de los exorbitantes sueldos de los funcionarios del Cisen… Luego de ver con preocupación e indignación casos como los de Pegasus, plataforma utilizada sin que medie ningún requerimiento judicial contra la población, es justo preguntarse: ¿de dónde viene la traición a la patria? ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

de la Dirección Federal de Seguridad (antecedente del actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) y de la propia Sedena en asuntos como los del 68, el 71, la Sierra de Atoyac, la Guerra Sucia… Todo les pareció válido para defender un grupo en el poder (por cierto, el mismo, aunque de otra generación, que actualmente detenta el gobierno federal). Hoy no han cambiado mucho las cosas. Las 10 personas espiadas de las que Citizen Lab y The New York Times dieron cuenta (y corroboraron Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social Tic), son sólo un pequeñísimo botón

OPINIÓN

de muestra (Pegasus puede intervenir 1 mil aparatos de manera simultánea). El espionaje ilegal realizado desde las estructuras de la seguridad nacional puede hacerse porque no hay contrapesos. Las instituciones de “seguridad nacional” no rinden cuentas a nadie. Nadie las ausculta. Nadie las vigila. A los integrantes de estas instituciones les gusta decir que sí hay controles y que existe incluso una Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Poder Legislativo Federal. Se ríen para sus adentros. Los diputados y senadores de la pomposa comisión no saben prácticamente nada ni inciden siquiera en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

GOBIERNO MEXICANO ESPECIALISTA EN ESPIONAJE POLÍTICO NANCY FLORES

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l espionaje político que practica el gobierno mexicano es, ante todo, un abuso de poder y una característica del autoritarismo y la falta de democracia que se padece en el país. La experiencia de los agentes estatales en este campo data de la llamada Guerra Sucia, cuando la extinta Dirección Federal de Seguridad (cuyo papel ahora desempeña el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) daba “seguimiento” a todos los opositores del régimen, no sólo a guerrilleros, sino también a luchadores sociales e incluso estudiantes. Así que desde hace décadas el gobierno interviene ilegalmente las comunicaciones, aunque esta intromisión es cada vez más invasiva. Ahora ya no se reduce a las comunicaciones (telefónicas, radiotelefónicas y digitales; incluso las que están cifradas: correos electrónicos, mensajería de texto, chats tanto de correos como de redes sociales –Facebook, Twitter– y aplicaciones: Skype, Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring, Telegram); sino que también abarca la geolocalización en tiempo real de la persona espiada. Además, la tecnología empleada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que, por cierto, no está facultada por ninguna ley y bajo ninguna circunstancia a intervenir comunicaciones–, el Cisen y la Procuraduría General de la República permite a los espías del gobierno ver y escuchar en todo momento a la víctima: remotamente activan cámara y micrófono del dispositivo electrónico intervenido (teléfono celular, tablet, computadora). Pero esto no es todo. Las tres instituciones

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del gobierno cuentan con la capacidad tecnológica para manipular a distancia computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono inteligente o smartphone, sin que las víctimas del espionaje puedan advertir estas órdenes remotas (Contralínea 294, 22 de julio de 2012). Como lo reveló este semanario desde hace 5 años, con el software de la plataforma Pegasus – ahora señalado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC de ser utilizado por agentes del Estado para espiar periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción– también posibilita el acceso a todos los archivos generados o almacenados en los dispositivos que infectan (fotografías, documentos, textos). “Los agentes podrán ‘operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo’”, refieren los contratos que firmó la Sedena con Security Tracking, SA de CV, y AV y D Solutions, SA de CV (Contralínea 294). El tema no es menor: el espionaje político rompe el estado de derecho, porque es ilegal y quebranta principios básicos de los derechos


AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

trabajo de defensa de derechos humanos que el Centro Prodh ha realizado en casos de alto impacto, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y los casos de tortura sexual en Atenco”. Otra organización afectada por estas prácticas ilegales es el Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco), pues se documentó que su director Juan Pardinas y la investigadora Alexandra Zapata recibieron cuatro mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles, a finales de 2015 y en mayo de 2016. Según el Centro de Derechos Humanos, “Imco ha sido una de las organizaciones que ha liderado esfuerzos de incidencia para la reforma legal anticorrupción, en particular fue impulsor de la ley conocida como ‘Ley 3 de 3’, la cual generó gran resistencia y ataques por parte de fuerzas políticas asociadas al gobierno federal durante el primer semestre de 2016, justo en el momento en que fueron recibidos los mensajes”. Es injustificable que el gobierno invada la privacidad de las personas y que utilice esa información para fines totalmente contrarios a su mandato legal. No basta con la declaración que dio la Presidencia de la República, de que no hay evidencias de que desde el gobierno se espíe periodistas y defensores; el tema se tiene que castigar. Está claro que esas 10 personas de las que se ha comprobado son víctimas de espionaje no son, ni de lejos, las únicas. Ahora mismo, y sin ningún pudor, las conversaciones de miles de ciudadanos son intervenidas por agentes del gobierno. DAVID MANRIQUE

humanos, garantizados en la Constitución y en tratados internacionales que el Estado mexicano está comprometido a cumplir. Y es que quien debería garantizar el orden jurídico es quien viola libertades de los ciudadanos que “representa”, entre los que destacan los derechos a la intimidad, la seguridad, la vida privada, la libre expresión, la libre asociación, los datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Por ello es muy grave que reporteros, defensores de los derechos humanos, activistas anticorrupción y ciudadanos en general sean víctimas de espionaje en este sexenio, tal como lo reveló –el pasado 19 de junio– el informe Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos. Según ese análisis de la R3D, Artículo 19 y Social TIC, las comunicaciones de los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui (y su hijo Emilio), Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena habrían sido intervenidas a través de software maliciosos vinculados a la plataforma Pegasus, de uso exclusivo del gobierno. También, “entre los meses de abril y junio de 2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh [Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez]; Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional, y Santiago Aguirre, subdirector de esa misma organización, recibieron mensajes que se ha confirmado constituyen intentos de infección con el malware de espionaje Pegasus”. De acuerdo con la organización, “los mensajes fueron recibidos en fechas clave dentro del

OPINIÓN

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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA

“NO, PRESIDENTE, LOS PERIODISTAS NO SOMOS SUS AMIGOS” ÁLVARO CEPEDA NERI

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Obviamente Peña nada hará. Ni le importa. odos los días del calendario están colmados de festividades, celebraciones y conmemo- Ahí tenemos la sangrienta criminalidad, con más raciones. Tenemos el calendario eclesiásti- de 150 mil homicidios y miles de desaparecidos, co, el gregoriano; estuvo el juliano (impuesto por secuestrados, feminicidios y fosas clandestinas con Julio César) y el Republicano, que rigió en Francia cadáveres. Pero Peña y sus asesores no han ido más de 1792 a 1799. Y en el calendario actual se ha allá de la captura de capos con un militarismo de trasladado al 3 de mayo el Día Internacional de la facto que, sin embargo, no ha disminuido la pavoLibertad de Expresión (escrita, oral, audiovisual y rosa inseguridad que no sólo sufren los periodistas; radiofónica, éstas dos últimas abusando contra las los reporteros en primerísimo lugar, incluyendo a audiencias). Con ese motivo, un representante del los no críticos, los que tergiversan la información Comité para la Protección de los Periodistas estuvo o sirven exclusivamente a los integrantes de los en nuestro país presentando el Informe donde esta- poderes públicos, privados y de las delincuencias; quienes los obligan a blece: “Si la justicia no autocensurarse o son prevalece antes del término de Peña Nieto, coSi la justicia no prevalece antes del privados de sus vidas. Así que el pasado 3 rre el riesgo de dejar un término [del gobierno] de Peña Nieto, de este mayo fue un día legado de impunidad [éste] corre el riesgo de dejar un legado de luto en México, porendémica”. Le fue enque en la última década tregado al mismo Peña de impunidad endémica más de 60 periodistas quien en otra de sus han sido asesinados por promesas y en su clásicumplir con su tarea de informar. Y se demanda ca actitud, se “comprometió” a implantar justicia para los homicidios y abusos contra los periodistas presentar ante el Ministerio Público y después ante los tribunales, a los presuntos autores intelectuales y mexicanos. Y en amplia nota, la reportera Rosario G Gó- ejecutores de esos crímenes, agresiones y amenazas. mez (El País, 3 de mayo de 2017) nos puso al tanto Pero en el contexto de la criminalidad diaria (donde de cómo la libertad de prensa ha retrocedido hasta la Asociación del Rifle que elogia Trump y sus aren los países democráticos, porque sus gobernantes merías, surten de pistolas, granadas y rifles e inclureaccionan abusivamente para limitar o suprimir la so armas más poderosas), Peña nada hará. Así que crítica e información veraz, con homicidios, ame- el Comité para la Protección de los periodistas ha nazas, agresiones, encarcelamientos. Y, ante todo, cumplido con su deber de entregarle un ultimátum no persiguiendo los delitos cometidos contra ellos a Peña, a quien le dicen que “se le está acabando el tiempo” sin que haya ido más allá de establecer para que impere la impunidad.

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

esgrimiendo aquello de: “somos amigos de Platón, pero más amigos de la verdad”, dijo a Peña que los trabajadores de la prensa no podemos ni debemos ser amigos de él, con todo y que haga más promesas sobre sus obligaciones para contrarrestar la grave inseguridad que arrasa con todos los mexicanos; quienes exigen que los gobernantes se dejen de lisonjas y se dediquen a sus tareas, cumpliendo la Constitución y sus leyes… o que la nación se los demande. O renunciando si no pueden con el cargo que pelean a brazo partido con fraudes electorales, y en cuanto se instalan sólo se

ALFONSO REYES/CUARTOSCURO

una Fiscalía para la atención de los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Y la cual ha sido un adorno porque el peñismo no tiene interés en cumplir, dando muestras de que la información veraz y la crítica son perseguidas en complicidad con empresarios. Por lo que las libertades de prensa en México son un triunfo de papel constitucional y quienes las reivindican son asesinados. Una muestra de los ataques que sufre la prensa se escenificó en la reunión a puerta llevada a cabo en Los Pinos el 18 de mayo pasado. Y que la columnista Elisa Alanís, que publica sus análisis en El Universal (como su columna titulada como encabeza la del suscrito, 19 de mayo de 2017), atinadamente critica. Y es que impidieron la entrada a los periodistas al grado de que por órdenes de Peña, Eduardo Sánchez sólo permitió entrar a los reporteros gráficos con el pretexto de que no había cupo. Cuando en lugar de los empleados y desgobernadores al mando de Mancera invitados, se hubiera convocado a periodistas-reporteros de los estados. La columnista recrimina a Peña haber dicho que es “respetuoso de la libertad de prensa”, demostrando lo contrario al prohibir la presencia de los periodistas. Pasa lista a sus faltas de respeto al asistir a una conferencia de prensa donde sólo aplica el monólogo peñista y no admite preguntas (al estilo de Trump); afirmando que no hay censura y priva de su derecho a los periodistas que exhibieron el asunto de la “casa blanca”. Y eso de llamar “amigos” a los reporteros gráficos, también es irrespetuoso. Dice la columnista que el periodismo no hace amistad con los políticos. Pues la prensa es contrapoder y “el periodismo confronta, critica, escucha, observa, registra, cuestiona… y si bien puede existir empatía, cordialidad o respeto, mantiene (el periodista) distancia para analizar e informar los hechos que se desprenden del quehacer político”. Alanís le puso los puntos a las íes peñistas y casi

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dedican a robar y abusar. Al término de la reunión, Peña se acercó a los reporteros que sí dejó entrar a Los Pinos para decirles que ratificará la investigación contra delitos a periodistas. Pienso que Peña no cumplirá, como lleva haciéndolo casi 5 años. Sus amigos son: Javier Duarte, Borge, Medina, Moreira, Videgaray. Nosotros no somos sus amigos, sino sus críticos y sólo queremos que, al menos, cumpla su palabra empeñada el jueves 18 de mayo, cuando prohibió la entrada de periodistas al acto dedicado a los periodistas.

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OPINIÓN ARTÍCULO

EL CICLO SIN FIN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR LAURA ZAMARRIEGO MAESTRE/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

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rente a los dogmas del capitalismo más fundamentalista, la economía circular relativiza conceptos sagrados como propiedad o precio y, sobre todo, apuesta por un equilibrio entre el progreso y los límites de nuestro planeta. ¿Por qué no inspirarnos en el conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para seguir creando riqueza? Producir, comprar, usar, tirar. Así funciona el modelo de producción y consumo bajo el que se ha desarrollado nuestra economía desde la revolución industrial y cuyo colapso se ha hecho evidente. El creciente impacto de la huella ecológica, el agotamiento de recursos naturales, la acumulación de residuos, la alarmante contaminación en grandes ciudades o los desastres naturales inducidos por el cambio climático son solo algunas de las consecuencias de un sistema sometido a la dictadura del crecimiento. “Nuestra economía se ha desarrollado bajo un modelo lineal basado en la hipótesis de la abundancia, la disponibilidad, la facilidad de obtención y la eliminación barata de residuos”, advierte Paz Nachón, senior manager de Accenture Sustainability Strategy, mientras que Bruselas pone el foco en los argumentos que sustentan la teoría de la economía circular. “Hay que asegurarse de que, una vez que hemos utilizado nuestros productos, nuestros alimentos y nuestros inmuebles, seleccionamos los materiales de éstos y los usamos una y otra vez. Cada año, en Europa, se utilizan un promedio de 16 toneladas de materiales por persona para mover nuestra economía. Y además, alrededor de 6 toneladas por persona se convierten en residuos, de los que casi la mitad termina en vertederos”, explica el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik. El político esloveno se aferra a una idea –un ciclo cerrado donde los residuos sean la principal fuente

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de materia prima fiable– que en realidad no es del todo nueva. En la década de los noventa, el arquitecto estadounidense Bill McDonough y el químico alemán Michael Braungart desarrollaron el concepto Cradle to Cradle, una filosofía de diseño que considera todos los materiales involucrados en los procesos industriales y comerciales como nutrientes. Bajo la premisa de la ecoeficacia, consiste en diseñar los productos de tal manera que la esencia del material se mantenga y sea fácil extraer sus componentes para su regeneración o su devolución a la tierra. También Walter Stahel, arquitecto y analista industrial, esbozó un modelo económico de bucle cerrado y analizó su impacto en la creación de empleo en un informe de investigación realizado para la Comisión Europea. Establecía cuatro objetivos principales: la extensión de la vida del producto, los bienes de larga duración, las actividades de reacondicionamiento y la prevención de residuos. Además, insistía en la importancia de la venta de servicios en lugar de productos, lo que se ha denominado economía funcional. Y en 1994, el emprendedor belga Gunter Pauli propuso una teoría similar, a la que bautizó como economía azul, que pretende trasladar a la empresa la lógica de los ecosistemas, esto es, servirse del conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para ofrecer más con menos, respetando el entorno y creando riqueza. Siguiendo esta lógica, Pauli advirtió de la posibilidad de recargar la batería de los teléfonos móviles gracias a la diferencia de temperatura entre el aparato y el cuerpo humano e, incluso, de aplicar la estructura de los termiteros de África a los sistemas de ventilación. Las ideas innovadoras de Pauli no tardaron en materializarse. Eiji Nakatsu es un ingeniero de la compañía ferroviaria japonesa JR-West que se inspiró en el martín pescador, un ave que apenas ge-


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nera onda expansiva en el agua cuando se sumerge en busca de alimento, para rediseñar el tren bala de Shinkansen, que hoy cumple 50 años. Gracias a su morro de acero de 15 metros, aumentó su velocidad y redujo el uso de energía en un 20 por ciento. También para minimizar el uso de energía, la empresa Regen diseña electrodomésticos cuyo funcionamiento sigue el mismo algoritmo que el de las colmenas de abejas. Son solo algunos ejemplos: de la misma manera se han inventado turbinas eólicas que se inspiran en las aletas de las ballenas ‘jorobadas’, células solares que calcan la fotosíntesis de las hojas o captadores de agua de la niebla que replican el caparazón de los escarabajos del desierto. Este ecodiseño llevado a la máxima precisión es la razón de ser de la consultora Biomimicry Guild, que trabaja con arquitectos y urbanistas para estudiar cómo construir ciudades enteras bajo estos esquemas. “¿No deben nuestras ciudades rendir lo mismo, en términos de servicio de ecosistema, que los sistemas nativos a los que han reemplazado?”, se pregunta su fundadora y madrina de la Biomímesis, Janine Benyus. De la misma manera que el avión se creó para emular a los pájaros, la teoría de Beynus da fe de cómo lo aparentemente simple puede convertirse en algo revolucionario. “Hemos olvidado que no somos los primeros en procesar la celulosa ni en fabricar papel ni en intentar optimizar el espacio; ni en impermeabilizar, enfriar o calentar una estructura. No somos los primeros en construir casas para nuestros hijos. Otros organismos de la naturaleza están haciendo cosas muy similares a las que nosotros necesitamos hacer, pero de una manera que les ha permitido vivir con elegancia en este planeta durante millones de años”, explica. Benyus insiste en que Darwin ha sido malinterpretado: la teoría de la evolución no se reduce a la supervivencia de los más aptos. La naturaleza teje conexiones, fomenta la cooperación y la interdependencia entre los organismos y construye así ecosistemas prodigiosos y resilientes. ¿Un cambio de era? En efecto, el fin último de la economía circular es reproducir la dinámica de la naturaleza. Su poder de seducción logró que, hace poco más de un año, más de 100 líderes empresariales de algunas de las compañías más influyentes del mundo

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se dieran cita en Londres para asistir a Resource, la principal conferencia de Europa dedicada a la economía circular. Stephen Gee, director del evento, cuenta que, tras 10 años trabajando en la gestión de los residuos, se percató de que algo fallaba en nuestra “obsesión” por el reciclaje. “¿Por qué esperar hasta el final del proceso? ¿Por qué no actuar antes para que todo se reaproveche al máximo? ¿Por qué no crear una economía que sea capaz de regenerarse?”, se preguntaba. Del mismo modo que la naturaleza establece interdependencias entre organismos, la economía circular establece un sistema de cooperación dirigido a ofrecer más servicios con menos recursos y relativiza concepciones muy arraigadas como la propiedad o el precio. ¿Por qué si no estarían tan presentes debates sobre el colaborativismo o el precio justo? “Hoy podemos decir que su significado se ha desbordado capitalizándose a toda la economía esa actuación circular, inclusiva, concertada de los emprendedores, el sector público y las grandes corporaciones en un mundo que no es el que nos gustaría tener pero que nos ofrece, como nunca antes, herramientas para cambiarlo”, señala Iñaki Ortega, director de Programas en Deusto Business School. Ángel Pes, presidente de la Red Española del Pacto Mundial y director del área de Responsabilidad Corporativa y Marca de Caixabank, nos pone en contexto: “El siglo XX fue testigo de dos grandes cambios en los sistemas de producción: después de la primera guerra mundial, se impuso el modelo de producción en masa característico del sector del automóvil, bajo el liderazgo de Ford. A partir de los años setenta, Toyota y otras empresas japonesas fueron pioneras al introducir sistemas de fabricación ‘estilizados’ (lean) y modelos de producción just-in-time: el enfoque de producción flexible que rápidamente se convirtió en una característica definitoria de la economía global”. Un mundo de recursos limitados demanda modelos de empresa creativos, modernos y sofisticados. Más aún si el número de consumidores no para de crecer: se estima que la población mundial pasará de los actuales 7 mil millones de personas a los 9 mil millones en 2030. “El momento de subirse a la rueda es ahora, porque todo funcionará así en 15 o 20 años. Lo que hoy llamamos residuo mañana será necesariamente recurso”, concluye Stephen Gee.

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OPINIÓN ARTÍCULO

CATAR, ¿PRIMERA VÍCTIMA ÁRABE

DE LA ERA TRUMP?

ADRIÁN MAC LIMAN, ANALISTA POLÍTICO INTERNACIONAL/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

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a casa real saudita acusa al emir de Catar de apoyar a los movimientos terroristas árabes: Al Qaeda, Estado Islámico, Hamás, los Hermanos Musulmanes egipcios o los rebeldes huthíes de Yemen. Riad anunció la ruptura de relaciones con Doha. Egipto, Emiratos Árabes, Baréin, Yemen y las Islas Maldivas no tardaron en seguir su ejemplo. Extraño comportamiento éste por parte del reino wahabí, instigador y artífice de la creación de Al Qaeda, socio de los servicios de inteligencia occidentales a la hora de engendrar nuevos monstruos: las agrupaciones rebeldes que han convertido a Siria en el laboratorio de una cruenta y mal llamada guerra civil. “Catar fomenta el terrorismo”, afirman rotundamente los sauditas, recordando que Doha acoge a los cabecillas de agrupaciones políticas y militares extremistas, que figuran en las listas negras de Washington o de Bruselas. Mutlak a-Qahtani, consejero especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Doha, encargado de la lucha contra el terrorismo, afirmó que los talibanes afganos que se hallan en el emirato fueron acogidos en 2013 “a petición expresa de Estados Unidos”. Se trataba de crear una oficina de enlace destinada a facilitar la mediación entre los combatientes islámicos, el gobierno de Kabul y la administración estadunidense. La oficina cerró tras el fracaso de las negociaciones. Sin embargo, su personal sigue confinado en Doha. La preocupación de los sauditas por la amenaza terrorista parece un tanto insólita. Los politólogos prefieren barajar otras hipótesis: un enfrentamiento entre los productores de petróleo y los de gas natu-

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ral, un conflicto entre los guardianes (sauditas) del islam sunita y los descarrilados adeptos (cataríes) de la corriente chiíta (iraní). La postura independiente de Catar en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) o su falta de disciplina a la hora de aplicar las decisiones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), organismo regional controlado por Riad, serían otros argumentos empleados por los analistas occidentales. El aislamiento de Catar beneficia a dos actores clave de la zona: Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los sauditas no ven con buenos ojos el acercamiento del emirato a Teherán. De hecho, Catar, Kuwait y Omán han estrechado sus lazos con la República Islámica, principal contrincante de los sauditas en el mundo islámico. El reino wahabí no puede permitirse un enfrentamiento directo con el país de los ayatolás. Sin embargo, puede trasladar el combate a otros escenarios: Yemen, Siria, Irak, Líbano o Palestina. En la mayoría de los casos, la presencia de los cataríes, su ambigüedad a la hora de sellar pactos con uno u otro bando, con varios a la vez, irrita sobremanera a los estrategas de Riad. Pero lo que en realidad exaspera a la monarquía saudita es la cooperación, tanto económica como estratégica, de Doha con el régimen iraní. Recordemos que los dos países controlan y explotan el mayor yacimiento de gas natural del mundo, South Pars. Por si fuera poco, Irán ha firmado un acuerdo de defensa con Catar, que garantiza la integridad territorial del emirato frente a un (hasta ahora) hipotético ataque saudita. Hay quien estima que la drástica decisión de Riad podría acelerar la aproximación de los cataríes al gran Satán chiíta.


OPINIÓN

DAVID MANRIQUE

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Un peligro real, que podría generar nuevos desequilibrios regionales. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, el conflicto debe interpretarse en clave… estratégica. Catar alberga la mayor base militar estadunidense de Oriente Medio, ubicada en Al Udeid, cerca de la frontera con Arabia Saudita, y también el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos. Hace tiempo que los Emiratos pugnan por las instalaciones militares estadunidenses. Los asesores políticos de Donald Trump parecen propensos a apoyar el proyecto. Cabe preguntarse, pues, si la reciente visita del presidente de Estados Unidos a la región no habrá servido de detonante de la actual crisis. Las relaciones entre Doha y Washington atravesaron momentos difíciles tras los atentados de 11 de Septiembre y la guerra de Afganistán. En efecto, durante el verano de 2002, cuando el entonces presidente George W Bush le pidió al emir de Catar que moderara la retórica de la cadena de televisión Al Jazeera (controlada por la familia real),

éste le recordó amablemente la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos: la libertad de información. Al Jazeera, ¿caja de resonancia de la propaganda de Al Qaeda? ¿Portavoz del depuesto presidente egipcio Mohamed Morsi? ¿Vehículo de los mensajes de las primaveras árabes? La cadena cuenta con muchos seguidores y detractores en las capitales árabes… aunque también en Washington. Israel, país que mantiene desde hace décadas relaciones económicas y semidiplomáticas con Catar, interpreta el aislamiento del emirato en clave positiva. Para Tel Aviv, la bravuconada de los sauditas pone de manifiesto la reactivación de la presencia político-diplomática estadunidense en Oriente Medio e implica un posible y deseado acercamiento del Estado judío a Arabia Saudita, Egipto y las monarquías del Golfo. Por otra parte, la campaña anticatarí permite que la virulenta retórica antisionista de los Gobiernos árabes quede relegada a un segundo o tercer plano. Bienvenidos al inestable mundo de… Donald Trump.

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UNA AMNISTÍA FISCAL ANULADA SIN BENEFICIO XAVIER CAÑO TAMAYO, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

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l Tribunal Constitucional español ha decla- Tampoco es una ganga. Esa anulación por el Constitucional no ha sido rado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda en 2012. Buena no- por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión ticia, porque pagar impuestos es fundamental para de forma. La normativa vigente prohíbe usar al deque un país funcione y no es de recibo la compren- creto-ley si su contenido afecta “de forma relevante sión con los evasores de impuestos. La mala noticia o sustancial” a deberes constitucionales. Como es el es que esa anulación no se traduce en nada útil para “deber de todos de contribuir a sostener los gastos la gente: no se sanciona a nadie ni se recuperan im- públicos”. La anulación de la amnistía no supone tampoco puestos no pagados salvo sólo 1 mil 200 millones de euros; mucho menos de lo que Hacienda pretendía más recursos públicos futuros. El Sindicato de Téccon la amnistía. Su pequeñez es evidente ante el vo- nicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que lumen de la corrupción que la Comisión Nacional Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, de los Mercados y la Competencia de España cal- en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos concula ser de 90 mil millones de euros anuales. Lo El Estado español abdica de su obli- siderados imprescindibles, pero luego, chocolate que supone muchísimos gación de lograr que todos contribuyan del loro. Y el Estado abimpuestos impagados. A tener en cuenta a sostener los gastos públicos según in- dica de su obligación de lograr que todos conque 705 personas, de los gresos y como marca la ley tributaria tribuyan a sostener los 32 mil evasores fiscales gastos públicos según acogidos a esa amnistía pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos ingresos y como marca la ley tributaria. GESTHA además ha pedido la dimisión del cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora ministro de Hacienda español, pues considera que escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Cristóbal Montoro no garantizó los principios de Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilí- igualdad y progresividad fiscal que ordena la Conscitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se titución y no debe continuar. Los técnicos de Haha enviado a la Comisión de Prevención del Blan- cienda denuncian que lo recaudado en la amnistía queo de Capitales para contrastarla con informa- es menos del 3 por ciento de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97 por ciento de fortunas y beción habida y ver qué hacer. Borroso e inconcreto. La sentencia del Tribunal Constitucional que neficios se mantienen ocultos y también la corresanula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los eva- pondiente evasión de impuestos. Riqueza oculta a sores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. buen recaudo y amnistía fiscal que no ha conseguiPróximos gobiernos no podrán aprobar amnistías do aflorar la riqueza oculta ni tampoco reducir la fiscales por decreto-ley, pero sí como ley ordinaria. economía sumergida.

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zar: 60 por ciento del total sin sacar partido alguno. En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del intocable déficit público impuesto. Puede verse al comprobar que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación, para que cuadren las cifras para la Unión Europea. El Estado español es el que más porcentaje de producto interno bruto dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Cuadrar los números al costo de fastidiar a la gente. No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

DAVID MANRIQUE

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a su gente. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3 por ciento) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción supone para obras innecesarias. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5 mil millones de euros como poco. El Reino de España es también el que tiene más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utili-

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INVESTIGACIÓN PORTADA

LOS CONTRATOS

DE PEGASUS ESPIONAJE TOTAL A LOS MEXICANOS

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PORTADA INVESTIGACIÓN

Pegasus tiene la capacidad de espiar más de mil teléfonos celulares a la vez; fue adquirido por la Sedena y es el elemento central de la modernización de la Inteligencia Militar, revelan los contratos de los que Contralínea tiene copia ZÓSIMO CAMACHO

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a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la entidad del gobierno federal mexicano que adquirió, por más de 2 mil millones de pesos, la Plataforma Pegasus, el más sofisticado programa de espionaje que existe hoy en el mundo, desarrollado por la firma israelí NSO Group Technologies y comercializado por la estadunidense Security Tracking Devices. El software malicioso fue uno de los elementos centrales de toda una reestructuración del “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”, como se lee en los contratos, de los cuales Contralínea posee copia. La otra adquisición central fue un Sistema Táctico de Imágenes para “ver” a través de paredes. La modernización de toda la Sección Segunda –encargada de las labores de inteligencia militar– se llevó a cabo en tres fases, al final del sexenio de Felipe Calderón, y tuvo un costo superior a los 10 mil millones de pesos. Se trató

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de una restructuración del Centro de Comando y Control, sus subcentros, módulos y la instalación de la Plataforma Pegasus. Los contratos señalan que hoy Inteligencia Militar –y, a través de licencias, otros organismos de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia– pueden intervenir, al mismo tiempo, 400 Iphone, 400 BlackBerry, 100 Nokia y 100 smartphones con sistema operativo Android. La adquisición del “Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de Smartphones” se realizó por adjudicación directa a la compañía Security Tracking Devices. De acuerdo con fuentes de la Sedena, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, tuvo que aprobar personalmente que una compañía estadunidense vendiera tal sistema a un gobierno extranjero. A la letra, uno de los contratos señala las capacidades de espionaje de Pegasus. Logra el control total del teléfono infectado con el software: “extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”. Es decir, toda la información procesada por el aparato es recopilada y almacenada por los operadores de Pegasus. Más aún, el dispositivo telefónico se convierte en micrófono y cámara permanentes, y ubica en todo momento dónde se encuentra el usuario espiado. El mismo documento destaca que el control del smartphone vía remota es un hecho aunque el aparato esté encriptado y esté protegido por

antivirus y antiespías. Además, todo ocurre sin que la persona se percate de ello: una de las características de los sistemas adquiridos es “ser indetectables en los dispositivos de hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”, dice textualmente. La adquisición de los equipos y servicios para la modernización de las capacidades de la Sección Segunda del Ejército estuvo a cargo de la Dirección General de Administración. Formalmente, los nuevos sistemas se utilizarían para apoyar las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la Sección Segunda (dirigidas especialmente contra los movimientos subversivos), pero también las de la Sección Séptima, encargada de las operaciones contra el narcotráfico. Todos los contratos se adjudicaron de manera directa “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, como explicó a Contralínea el entonces director de Comunicación Social de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo. Cuestionado por Contralínea sobre el uso que se le daría a la Plataforma Pegasus, el general Trevilla dijo en julio de 2012 que se utilizaría contra “determinados grupos criminales. Contra delincuentes en general, no. Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”. Además de Security Tracking Devices, la otra empresa a través de la cual se adquirieron los equipos y servicios –sobre todo para la Fuerza Aérea– fue la también estadunidense AV y D Solutions. Fueron 18 los contratos y convenios que entre 2010 y 2012 celebró la Sedena para adquirir equipos y servicios que modernizarían las capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Contralínea obtuvo ocho

Hoy Inteligencia Militar y otros organismos de seguridad nacional pueden intervenir, al mismo tiempo, 1 mil teléfonos móviles

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MARIO JASSO/CUARTOSCURO

PORTADA INVESTIGACIÓN

Cuando se adquirió el software malicioso, el actual secretario de la Defensa Nacional se desempeñaba como oficial Mayor del Ejército

de ellos: tres contratos y cinco convenios modificatorios por 5 mil 628 millones de pesos, aquellos que en 2012 eran auditados por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Entre ellos se encuentran los de la Plataforma Pegasus. La primera fase del Sistema de Inteligencia para Sección Segunda de la Sedena se adquirió a Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, mediante la firma del contrato 4550000033 (folio SAITE-1203/2010) por 650 millones de pesos. Se trató de la remodelación física del Centro de Comando y Control y su preparación técnica para albergar los equipos que se instarían y garantizar su funcionamiento. La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869 con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander.

El contrato 4550000007 (folio SAITE-539/2012) da cuenta de la adquisición de la segunda fase del Sistema. Security Tracking Devices comenzó la instalación del Pegasus: el módulo central desde donde se opera esta plataforma de intervención de comunicaciones con sus ocho unidades de monitoreo de teléfonos inteligentes y sus estaciones de trabajo. Sólo el módulo central de Pegasus tiene la capacidad de intervenir al mismo tiempo 400 equipos son sistemas BlackBerry, 100 con Symbian (de teléfonos Nokia) y 100 Android (de Google). La Sedena pagó por estos servicios y equipos 1 mil millones de pesos a la cuenta antes citada. La tercera fase también tuvo un costo de 1 mil millones de pesos. El contrato 4550000006 (folio SAITE-540/2012) da cuenta de la finalización de la instalación y el licenciamiento del software y puesta en operación de Pegasus Mobile Comunication Solution. A las capacidades de

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Entre las capacidades de espionaje de Pegasus destaca el control total del teléfono infectado

intervención de comunicaciones se agregó la de intervenir 400 teléfonos de Iphone. En esta tercera fase quedó también instalado el Sistema Táctico de Imágenes a través de Paredes. Un radar que permite ubicar personas y objetos en inmuebles objetivos. A los 2 mil 650 millones de pesos que suman los montos de estos contratos se agregan otros cinco para adquirir productos y servicios relacionados con la modernización de las actividades de inteligencia de la Sección Segunda, por casi 3 mil millones de pesos. Se trata de cinco convenios –también adjudicados a Security Tracking Devices– para adquirir, entre otros equipos y servicios, dos sistemas de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético; ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. Estos documentos se firmaron entre el 21 de diciembre de 2010 y el 3 de noviembre de 2011, bajo los nú28

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meros 4500006718 (folio SAITE-1462/2010), 04500006876 (folio SAITE-520/2011), 45000 06908 (folio SAITE-556/2011), 4500000147 (folio SAITE-782/2011), 4500000525 (folio SAITE-135/2011) y 4550000007 (folio SAITE-539/2012). Contralínea publicó el 22 de julio de 2012 los contratos que eran escudriñados por auditores civiles y militares, por denuncias de supuestos hechos de corrupción cometidos a lo largo de todo el proceso de adquisición de los sistemas. Antes, la columna Oficio de papel, de Miguel Badillo, en estas mismas páginas, dio la primicia de los contratos, los montos y las capacidades del sistema desde el 1 de julio de ese año. El actual secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, se desempeñaba en esos días como Oficial Mayor del Ejército y Fuerza Aérea. El pasado 19 de junio, The New York Times dio a conocer los resultados de una investigación técnica realizada a cargo de Citizen Lab –the Munk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto, Canadá–. Los resultados arrojaron que 15 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, seleccionados para la investigación, fueron víctimas de espionaje gubernamental. Además, el informe Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos –elaborado por Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social Tic–, confirma el espionaje por medio de un análisis técnico forense. La investigación técnica comprobó que los smartphones de los personajes espiados habían sido infectados con el software malicioso de la plataforma Pegasus. La instalación del malware en los teléfonos la concretó el propio usuario al dar clic a un enlace recibido en su teléfono inteligente. Para ello, los mensajes con el software malicioso se hicieron pasar por cuentas del servicio informativo Uno Tv o de la Embajada de Estados Unidos en México. En algunos casos, se utilizaron como señuelo mensajes de supuestos contactos de los usuarios que buscaban advertirlos de información de su vida privada.


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PERIODISTAS Y DEFENSORES

BLANCO DE ESPIONAJE GUBERNAMENTAL

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Con un análisis técnico forense, organizaciones documentan que al menos 15 periodistas, defensores y activistas fueron víctimas de espionaje. Cuatro elementos incontrovertibles señalan que el malware provino del gobierno mexicano. “Cuidar qué dices, qué haces y con quién te reúnes limita tu libertad de una manera injusta”: director de R3D NANCY FLORES

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uatro elementos incontrovertibles implican al gobierno mexicano en el espionaje ilegal contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, revelado el pasado 19 de junio por el periódico estadunidense The New York Times y por un informe elaborado por Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 (Oficina para México y América Latina) y Social Tic. En entrevista con Contralínea, Luis Fernando García –director de R3D– señala que el gobierno no ha podido ni podrá desmentir esa evidencia. Y la explica: “el primer elemento es que se comprobó técnicamente que los mensajes recibidos por los 15 activistas, periodistas y defensores de derechos humanos constituyen intentos de infección con el malware Pegasus, comercializado por NSO Group. Eso es incontrovertible. “Segundo: de manera reiterada, la empresa ha afirmado que únicamente vende este tipo de equipos a gobiernos. Lo tercero que tampoco

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pueden desmentir es que agentes del gobierno federal son clientes y han adquirido licencias para el uso de este tipo de malware NSO. “Y cuarto: todos esos mensajes que intentaban infectar a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos por el malware Pegasus, que nada más se vende a gobiernos y que el gobierno de México de manera demostrable

Los mensajes que intentaban infectar a activistas, periodistas y defensores ocurrieron en momentos en los que se afectaban los intereses del gobierno lo tiene, ocurrieron en momentos en los que se afectaban particularmente los intereses de agencias del gobierno federal.”

Las víctimas Según el informe Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos, los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena; los defensores de derechos humanos Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, y los activistas anticorrupción Juan Pardinas y Alexandra Zapata habrían sido objeto de espionaje gubernamental. Para el activista Luis Fernando García, los momentos en que éstos recibieron los ataques del software malicioso fueron clave: “el Centro Prodh [Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez], con su labor de defensa de derechos humanos en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Atenco; Carlos Loret, en su labor periodística relacionada con las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán; Carmen Aristegui, con las investigaciones sobre corrupción del gobierno federal y el Grupo Higa; el 32

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Imco [Instituto Mexicano para la Competitividad], con la ‘Ley 3 de 3’, que sufrió una oposición virulenta por parte de los partidos del gobierno; y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también han sido parte del equipo de Aristegui y que desde la propia organización han denunciado casos muy importantes de corrupción en el gobierno federal”. El informe Gobierno espía –elaborado por R3D, Artículo 19 y Social Tic, con ayuda de la canadiense Citizen Lab– señala que las comunicaciones de las víctimas –incluido el hijo de la periodista Carmen Aristegui y la esposa del activista Juan Pardinas– fueron atacadas con un malware lanzado a través de la plataforma Pegasus, tecnología para intervenir telecomunicaciones y operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “Claramente hay responsabilidad del gobierno federal en estos ataques. Entonces, ¿qué va a decir el gobierno? Pues si no tiene escrúpulos para espiar a un menor de edad, menos va a tener escrúpulos para aceptar que al menos una parte de su gobierno está haciendo estos actos ilegales”, señala Luis Fernando García. Agrega que, en este sexenio, “cuando se acusa al gobierno de algo, antes de investigar, sale de manera reactiva a desestimar la denuncia y después, hasta que se ve forzado, lo acepta”. De acuerdo con el informe, presentado el 19 de junio, las intervenciones de comunicaciones son ilegales. “Aún si los ataques con malware de espionaje con las características de Pegasus fueran considerados como una forma más de ‘intervención de comunicaciones privadas’, resulta altamente improbable que una autoridad judicial federal hubiera autorizado este tipo de invasiones a la privacidad de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción. La ausencia del control judicial previo sería una grave violación a la ley y a los derechos de las personas afectadas”. Añade que “para que las personas atacadas con malware referenciadas en este informe pudieran considerarse como objetivos legítimos de medidas de vigilancia legal, la autoridad tendría


que demostrar que todos los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción se encontraban bajo investigación criminal, existían indicios suficientes para acreditar que se encontraban organizando la comisión de delitos o que, de alguna manera, todos los objetivos constituyen una amenaza inminente a la seguridad nacional”. Para el director de R3D, “claramente hay una intencionalidad de obstaculizar, atacar, intimidar, hostigar e impedir que la sociedad conozca lo que está pasando en este país en términos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y, en general, de la descomposición de lo público en beneficio de un grupo político y de intereses privados muy particulares”. Por ello, señala que el ataque no nada más es contra las 15 personas referidas en el informe, ni contra las víctimas que están por descubrir en las próximas semanas, sino contra toda la sociedad. Como paradójico, califica el hecho de que “estas nuevas tecnologías no sean utilizadas para investigar a quienes han cometido actos de corrupción o a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, sino que precisamente son utilizados en contra de aquellas que han expuesto esa corrupción, que han expuesto a los responsables de las violaciones a derechos humanos”.

Denuncia ante PGR El pasado 19 de junio, tras darse a conocer los resultados de la investigación Gobierno espía, las víctimas de las intervenciones ilegales de comunicaciones presentaron una denuncia por estos hechos ante la PGR, una de las tres instituciones que operaría el software Pegasus. También solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e informaron del acoso ante distintos organismos internacionales. El Centro Prodh, cuyo personal forma parte del grupo de víctimas que denunció el espionaje, presume “la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia. Conductas que violan

ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

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La periodista Carmen Aristegui, una de las víctimas de espionaje gubernamental

la privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho a defender los derechos humanos”. Para Luis Fernando García, el espionaje limita las libertades de las víctimas. “Hay una afectación muy severa que trastoca la vida más íntima: es como si entraran a tu casa y estuvieran ahí, viéndote todo el tiempo. Es verdaderamente agraviante para las víctimas y para las personas con las que interactúan. La sola posibilidad de saber que puedes estar siendo vigilado hace que modifiques tu conducta: cuidar qué dices, qué haces, con quién te reúnes limita tu libertad de una manera injusta, que no debemos de aceptar”. El activista de R3D señala que es necesario atender el contexto del país para observar el nivel de daño. Ese contexto, dice, es el “de violaciones de derechos humanos, de persecución y de asesinatos de periodistas. No podemos minimizar este tipo de ataques que pueden ser instrumentos de otro tipo de agresiones. En los casos documentados, en el de Carmen Aristegui y en

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FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO

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La intervención de las comunicaciones de Loret de Mola ocurrió cuando el periodista investigaba las ejecuciones de Tanhuato

el del Centro Prodh, ya hay otros [ataques]; el espionaje es sólo una parte del hostigamiento: hay allanamientos a oficinas, intimidaciones, amenazas, auditorías, despidos. Una estrategia de ataque contra estos actores que proveen un servicio público”. El Centro Prodh coincide en que este espionaje no es un caso aislado: “la evidencia apunta a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”. El señalamiento se deriva de su propia experiencia: “entre los meses de abril y junio de 2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh; Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional, y Santiago Aguirre, subdirector de la organización, recibieron mensajes que se ha confirmado constituyen intentos de infección con el malware de espionaje Pegasus”. Luis Fernando García reflexiona que, en otro país –como Estados Unidos, Francia, Reino Uni34

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do, Alemania– una revelación de esta naturaleza “tendría implicaciones gravísimas, hasta podría provocar la caída de gobiernos, investigaciones criminales, gente en la cárcel. Y lo triste es que a pesar de que estamos trabajando y buscamos que eso suceda en México, sabemos, porque no somos ingenuos, que las posibilidades de que eso suceda son muy remotas; pero como sociedad debemos poner un alto y exigir que haya consecuencias”. Y es que la intervención ilegal de comunicaciones viola los derechos humanos a la intimidad, la seguridad, la vida privada, la libre expresión, la libre asociación, los datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. El Centro Prodh observa que “el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”. Para Luis Fernando García, “si verdaderamente tuviera voluntad de esclarecer lo sucedido, el gobierno tendría que de inmediato reconocer y transparentar cuáles de sus agencias han adquirido licencias del malware de Pegasus o de cualquier otro malware con similares características. Si verdaderamente no tiene nada que esconder, inmediatamente tendría que revelar esto; pero no lo ha hecho. “También tendría que estar cooperando de manera activa y transparente respecto de cuánto ha sido gastado, con quién, los procesos de contratación; tendría que transparentar ante las instancias correspondientes contra quiénes se ha utilizado este malware de vigilancia.” Sin embargo, el director de R3D no alberga mucha esperanza. “La verdad me cuesta creer que el gobierno vaya a hacer esto por voluntad propia; pero hay que recalcar que esto no depende de ellos: es su obligación legal hacerlo”. El 20 de junio, agrega, “el diario El País publicó que se reserva hasta 2021 la información de los contratos relacionados con el malware Pegasus; ese tipo de conducta no es de alguien que se sabe inocente, sino de un Estado que tiene miedo de verse como lo que es, pues a todas luces parece que es un Estado criminal”.



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IGNORAN OCUPACIÓN EN EL SÁHARA

PARA BENEFICIARSE DE FOSFATO

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Las más grandes reservas mundiales de fosfato se encuentran en el Sahara, en la zona ocupada por Marruecos con la oposición armada de los sarahuis. Países desarrollados, y otros como México, compran el mineral que el gobierno marroquí despoja a sus legítimos dueños AXEL PLASA/CORRESPONSAL

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erlín, Alemania. El Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Polisario) obtuvo dos jugadas estratégicas el pasado mayo, una en Sudáfrica y otra en Panamá, con el resultado de una victoria y un empate ante la ley internacional. Marruecos está confrontado por primera vez con la justicia internacional por la explotación ilegal de recursos saharauis y, consecuentemente, por su exportación a países terceros. Sin embargo en el caso panameño la corte se declaró “incompetente” para tratar el caso. El 1 de mayo de 2017 la embarcación NM Cherry de pabellón marshalés con una carga de aproximativamente 54 mil toneladas de fosfato originario de la zona que Marruecos ocupa en el Sáhara Occidental, fue detenida en Puerto Elizabeth, Sudáfrica. El pasado 18 de mayo se celebró la primera audiencia en la Corte de Justicia de la nación sudafricana, donde se puso un plazo hasta el 9 de junio del año en curso para que los jueces hagan su deliberación. Ese día la

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decisión fue nuevamente aplazada hasta el día 15 de junio 2017. Finalmente en ese día la Corte Suprema de Justicia de la República Sudafricana confirmó la rectitud de la orden de detención del navío marshalés el pasado 1 de mayo e inició el procedimiento judicial acerca de la pertenencia de la carga incautada. En paralelo a este suceso, el 17 de mayo en su

Ocurre que Marruecos [que] explota [los recursos naturales] es una potencia ocupante, porque nada legitima su presencia en el Sáhara Occidental travesía por el Canal de Panamá, la embarcación MV Ultra Innovation, de pabellón panameño, fue detenida en el Puerto de Balboa. A diferencia del primer caso donde no se hizo uso de una garantía con el fin de permitir la continuación del viaje, aquí se pagó una fianza equivalente a la carga a las autoridades centroamericanas, con lo que el navío se encuentra ya en aguas territoriales canadienses. El caso fue apelado por el Frente Polisario, por lo que el caso seguirá siendo tratado en la justicia panameña sin la presencia de la carga. Las minas de Boucraa fueron descubiertas aún en tiempos de la Colonia española, hoy parte de la zona ocupada desde 1975 por Marruecos en el marco de la Marcha Verde. El primordial interés de Marruecos ha sido de unificar las reservas del Sáhara Occidental con las propias, consiguiendo como resultado un cuasi monopolio al controlar cerca del 70 por ciento de las reservas mundiales probadas de este recurso tan importante para la agricultura, por ende de la alimentación mundial. El Reporte de la organización Western Sahara Resource Watch emitido en 2016 (P for Plunder 2016) contabiliza el volumen de producto exportado por Marruecos en 1 millón 858 mil toneladas en el año pasado. Entre las naciones 38

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que figuran están los importadores de Canadá y Nueva Zelanda. Canadá es la nación que más importa medido por sus empresas con 916 mil toneladas cúbicas, seguido de Nueva Zelanda con 204 mil toneladas cúbicas de minerales saharauis. En cuanto a México el reporte cita que una empresa estadunidense de nombre Innophos, Inc, mediante su filial mexicana estuvo importando fosfato de Phosboucraa al puerto mexicano de Coatzacoalcos, Veracruz. No obstante “desde 2015 la WSRW no ha observado ningún envío hacia la planta de Innophos en Coatzacoalcos, México”. Mientras que el nombramiento del nuevo enviado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la persona del expresidente alemán Horst Köhler ha sido anunciado, recientemente ha conseguido aún el beneplácito de las dos partes que permiten a Guterres formalizar su cargo a la brevedad. Este nuevo aire en la ONU parece dar lugar a una nueva dinamización del proceso estancado desde la última reunión formal bajo el antiguo enviado Christopher Ross en el año 2012 en Estados Unidos.

I El caso de NM Cherry Blossom en Puerto Elizabeth, Sudáfrica El Coordinador del Frente Polisario ante la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) y las Naciones Unidas, Emhamed Khadad declaró en una entrevista con Contralínea que el barco que se dirigía rumbo a Nueva Zelanda fue detenido con base en “una petición [donde] hemos dicho que ese barco transportaba recursos naturales del Sáhara Occidental, los cuales son despojados y no cuentan con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental”. El diplomático y miembro del Frente Polisario agrega que también se basa en el artículo 73 de la Carta Magna de las Naciones Unidas, el cual sostiene que “la soberanía de los pueblos sobre sus recursos y la opinión del interés del pueblo [a ello]” son de primera importancia. Dado que no se ha producido el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, no hay forma legal para Marruecos para explotar sus recursos naturales no-renovables legalmente a


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El 1 de mayo, la embarcación NM Cherry, con una carga de aproximativamente 54 mil toneladas de fosfato originario de la zona que Marruecos ocupa en el Sáhara Occidental, fue detenida en Puerto Elizabeth, Sudáfrica

falta de una consulta de su población, aún pendiente desde 1991. Es la primera vez que desde el inicio de la lucha por la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática que una medida legal toma efecto en otro país acerca de los recursos no renovables de la nación africana, los cuales están siendo explotados de forma ilegal por la empresa estatal marroquí OCP (Office Chérifien des Phosphates) vía la filial Phosboucraa. Ésta última explota desde décadas las inmensas minas de fosfato que subyacen en el subsuelo saharaui. “Ocurre que Marruecos [que] explota [los recursos naturales] es una potencia ocupante, porque nada en los textos de las Naciones Unidas le permite a Marruecos de gozar de legitimidad alguna de su presencia en el Sáhara Occidental”, recalca Emhamed Khadad en la entrevista. La novedad siendo que el Frente Polisario ahora se está armando de la ley internacional para presionar e

incautar el fosfato expoliado por Marruecos en países terceros. El cliente final, Ballance Agri-Nutrients de Nueva Zelanda, quien busca mantener este comercio, argumenta en una contestación por parte de su CEO Mark Wynne que “junto a nuestro objetivo inmediato de liberar el navío y la carga de Puerto Elizabeth, somos muy conscientes de las perspectivas e intereses [que son] de suma importancia alrededor de la autodeterminación y soberanía del Sáhara Occidental”. Wynne también comenta que Phosboucraa ha estado suministrando a Ballance los recursos naturales desde al menos 2 décadas, además de haber mantenido relaciones con la empresa estatal marroquí OCP desde hace 30 años. Visto desde esta antigüedad de relaciones comerciales parece no haber delito alguno en comprar estos recursos a Marruecos. Esta situación es novedosa a la vez que “es una nueva consideración para

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nosotros en el afán de asegurar la confiabilidad y seguridad de nuestra cadena de suministro hacia los agricultores de Nueva Zelanda que dependen de esta materia prima para su productividad”. En consecuencia este caso puede ser un peligroso precedente en el comercio ilegal de recursos saharauis por parte de Marruecos que ha operado por décadas y que pondría en duda la certeza jurídica en la cual el comercio exterior marroquí opera. Con la detención preventiva de la embarcación marshalesa en Sudáfrica se puede hablar de un paso histórico para con la lucha por los legítimos derechos del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. Mientras que la corte de Puerto Elizabeth el pasado 18 de mayo llevó a cabo la primera audiencia del caso, éste fue reportado hasta el 9 de junio del año en curso. El abogado de la parte saharaui, Andre Bowley comenta a Contralínea en entrevista que tanto la RASD como los representantes de las dos empresas marroquíes OCP y Phosboucraa fueron escuchados durante la sesión. “Ese sería el veredicto final en relación con la aplicación inicial de la detención”. Recalca que ninguna parte ha optado por dejar una cantidad de dinero como garantía, por lo que el arresto del navío y de su carga será vigente durante el tiempo que la justicia sudafricana se haga cargo del caso. La OCP por su lado emitió un comunicado vía la agencia estatal marroquí MAP donde afirmaba que “los alegatos de los solicitantes, más allá de no estar fundamentados, son un intento fuera de lugar e inapropiado para eludir el proceso político internacional reconocido actualmente en curso y activamente llevado a cabo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. No obstante que no cesaría la actividad económica al verse como “un actor responsable, comprometido con mejorar la economía regional, a mejorar la calidad de vida de la población local (sic), y a asegurarles un futuro más prometedor”. De acuerdo con la empresa Phosboucraa, se está operando por encima de las exigencias de los estándares jurídicos y las mejores prácticas “marroquís y de la ONU de manera responsable”, asegurándose la reinversión del beneficio en la población y economía local “en beneficio de la región [sic]”. 40

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El pasado 9 de junio la corte sudafricana volvió a aplazar la decisión hasta el día 16 de junio de 2017. Mientras que un portavoz de la empresa neozelandesa Ballance Agri-Nutrients declaró a la agencia NZ Newswire el 13 de junio que esperaba “más claridad para entonces”. Sin una sentencia definitiva el navío permanece arrestado en aguas sudafricanas hasta nuevo orden. El 15 de junio de 2017 la corte determinó que la detención fue “correcta” por lo que la causa seguirá su curso. El portal Morocco World News en su edición del mismo día informa que se incautarán los documentos del barco así como sus certificados comerciales hasta nuevo aviso. En un comunicado del gobierno saharaui emitido el mismo día afirmaba: “La corte confirmó la corrección de la orden del 1 de mayo, que fue otorgado sobre razones apropiadas. El caso legal ahora va a pasar a fallar sobre la cuestión de la pertenencia de la carga”. Continúa argumentan-


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do que desde años se ha avisado a las empresas del sector del riesgo que ello involucra. Cita al fallo de la corte que dice que “Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental. […] Nosotros concluimos que cualquier forma que fuera descrita la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental no ejerce soberanía sobre ese territorio”. La compañía OCP por su lado ha hecho saber su parecer en el asunto por medio de la prensa marroquí. En el portal Morocco World News se cita un comunicado de la misma que afirma que “[la] OCP está indignada por esta decisión. Esta decisión es una violación de principios bien establecidos en el marco de la ley internacional. El Frente Polisario, sus patrocinadores y representantes se han embarcado en un camino que sólo puede afectar los intereses de la comunidad local que dicen defender”. Agregando que esto afectará el clima de las negociaciones en el marco de las

Naciones Unidas, el Frente Polisario “demuestra su inclinación de menoscabar la conducta apropiada del proceso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y obstaculizar el desarrollo socio-económico de la región [sic]”. El grupo corporativo subraya que sus operaciones son “enteramente compatibles con la ley internacional y en particular en la aplicación del marco de las Naciones Unidas para la explotación de los recursos naturales”. Incluso declara la corte sudafricana incompetente de tal fallo, con base en el caso panameño, donde justamente este fue el veredicto de los jueces encargados. Más allá afirman que la ley internacional prohíbe tales medidas unilaterales por parte de Pretoria. Incluso la califican de decisión “política”. Kamal Fadel, responsable de los asuntos de hidrocarburos y minas en el Frente Polisario, declaró a la prensa que se trata de un “momento histórico para el pueblo saharaui y esperamos que el juicio final contribuirá a la protección de nuestros recursos naturales”. El que claramente esperaba tal salida fue el CEO de la empresa Ballance Marc Wynne, basado en el resultado de la corte panameña una vez más. Ballance dio a conocer que contrató una a carga de reemplazo en el navío Common Spirit de pabellón griego que se dirige al puerto de Tauranga, Nueva Zelanda, para suplir la parte del cargamento detenido en aguas africanas. “Esperábamos el mismo resultado, pero claramente decepcionados no lo obtuvimos”.

El caso MV Ultra Innovation La embarcación MV Ultra Innovation de pabellón panameño perteneciente a la compañía Ultrabulk con sede en Dinamarca fue detenida en el canal de Panamá el pasado día 18 de mayo 2017 con una carga aproximada de 54 mil toneladas en camino hacia el puerto de Vancouver en Canadá para la empresa Agrium. El navío fue inmovilizado por orden judicial a pedido del Frente Polisario en el Puerto de Balboa, Panamá. Además de ser acusada de llevar ilegalmente fosfato saharaui se le reclama por no haber pagado el concepto de flete a la RASD de 85 mil dólares. En una entrevista con Reuters el miembro del

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AXEL PLASA

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Emhamed Khadad, coordinador del Frente Polisario ante la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental

Frente Polisario y representante ante la Minurso, Emhamed Khadad afirmó que en su organización estaban “optimistas que este segundo recurso en la aplicación de la ley para darle un fin al flagrante expolio de los recursos pertenecientes a un pueblo bajo ocupación [quien] va a demostrar [su] determinación”. El caso de la embarcación panameña dio un giro diferente que su contraparte marshalesa en Sudáfrica. El 22 de mayo pasado las autoridades 42

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panameñas anunciaron que el navío MV Ultra Innovation fue liberado y estaba de vuelta navegando al puerto de destino, donde actualmente se encuentra ya en aguas canadienses. Un portavoz de la empresa Agrium declaró a Forbes que “se están tomando pasos para depositar una fianza que va a permitir que el navío continúe su viaje sin contratiempos. A esta altura no anticipamos ninguna interrupción en la producción de nuestra planta de fosfato en Alberta”. La empresa propietaria danesa habría pagado la fianza de alrededor de 6 millones de dólares a cambio de su liberación de acuerdo con un comunicado de Reuters. La aparente certeza del lado de la OCP y Phosboucraa de que el caso sería resuelto a su favor pareció inalterada a lo largo de los procesos. Finalmente el caso se resolvió de forma inesperada, donde la corte panameña simplemente se declaró “incompetente” en la materia. “El Tribunal Marítimo de Panamá acaba de dictar sentencia sobre el intento de retención del barco Ultra Innovation que transporta fosfato marroquí extraído de Phosboucraa”, informaba la OCP en un comunicado de prensa el 08 de junio pasado. Continúa el comunicado citando que “la corte panameña declara que una corte nacional no es el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre un asunto político internacional”. Por lo que desechó la causa de forma categórica, con lo que la fianza depositada previamente será devuelta a la empresa marroquí, dado que la embarcación dejó las aguas territoriales canaleras el mes pasado. El Frente Polisario en un comunicado del 15 de junio 2017 afirma haber apelado la decisión, con lo que la decisión final sigue pendiente. No obstante que en este caso las instituciones judiciales americanas evitaron la confrontación con la ley internacional, el precedente ya constituye una victoria en sí para el Frente Polisario al poner el entredicho el suministro a uno de los principales clientes de la OCP en una corte en un país tercero.

Innophos y su filial en Veracruz La WSRW ha documentado desde 2010 que la empresa estadunidense Innophos Inc ha esta-


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do importando fosfatos de Bou Craa a México. Esto fue llevado a cabo a través de su filial en el puerto de Coatzacoalcos. Desde 1992 la OCP y su filial Phosbucraa han tenido un contrato con Innophos Mexicana, SA de CV, que expiró en 2010. En 2014 México importó de acuerdo al reporte P for Plounder 2014 la cantidad de 17 millones de toneladas cúbicas, de los que Innophos Mexicana habría adquirido 3 millones 159 mil toneladas por un valor de 17 millones 490 mil dólares. Al parecer desde 2015 las importaciones fueron suspendidas desde El Aaiún, y ahora salen directamente desde Casablanca, Marruecos. No obstante el fin del contrato de larga duración los envíos continuaron hacia el puerto veracruzano desde El Aaiún, Sáhara Occidental ocupado. El director de WSRW confirma en entrevista con Contralínea que “el apoyo mexicano hacia la ocupación por muchos años se acabó. Ésta es una buena noticia y es de constatar que no ha sido cubierto [por los medios mexicanos]. Básicamente Coatzacoalcos dejó de importar [fosfato] desde algunos años, no hubo declaraciones, no hubo comentarios ni pronunciamientos. Simplemente dejamos de ver las embarcaciones”. Ninguna correspondencia de la organización noruega hacia la empresa en cuestión fue contestada en el tiempo, como tampoco ha dado ninguna información, ni siquiera a sus propios accionistas, afirma el activista noruego. Hagen piensa que lejos de haber interrumpido sus exportaciones a México la nueva forma de introducir la roca fosfórica saharaui es vía Estados Unidos, ya que “Innophos en Nueva Orleans aún están comprando de otra empresa que lo importa a los Estados Unidos”. Desde ahí los envíos serían redirigidos hacia Veracruz a la filial de Innophos en México.

La resistencia del Frente Polisario La estrategia del Frente Polisario de llevar los casos hasta las jurisdicciones de otros países parece dar frutos. Sin saber la aún el veredicto de ninguno de los casos. El director de la WSRW basado en Oslo, Noruega, Erik Hagen explica, en entrevista con Contralínea, que la verdadera

inspiración de estos casos emana del veredicto de la Corte Europea de Justicia de la Unión Europea de 2016, donde “una remarcable victoria para el Frente Polisario fue alcanzada”. Es un precedente para un movimiento de liberación nacional el que “se estén usando recursos legales ante cortes internacionales […] que es un signo que estamos tratando con gente

Marruecos trata de implicar intereses extranjeros, para dar la impresión que el Sáhara es un territorio marroquí donde se puede invertir civilizada que lleva a cabo una lucha por la liberación muy legítima”. Agrega que incluso si no ganaran ahora ante las cortes sudafricanas o panameñas, es algo que “la comunidad internacional debería de aplaudir y darle crédito”. Desde el inicio de la lucha del Frente Polisario los argumentos de la explotación ilegal han sido empleados. Esta decisión europea pone en evidencia que “fundamentalmente incrementa el riesgo financiero y legal de las compañías al ser involucradas en el expolio después del veredicto de la Corte de Justicia de la Unión Europea”. El miembro del Frente Polisario Emhamed Khadad puntualiza que “Marruecos trata de implicar intereses extranjeros en el S-O, de la misma forma que lo hace al nivel de la Unión Europea. Es para dar la impresión que el Sáhara es un territorio marroquí y que los intereses extranjeros están ahí para invertir, por lo tanto hay no solamente [intereses] económicos sino también políticos”. Califica a la compañía neozelandesa Ballance como “éticamente reprochable y moralmente inaceptable”, al involucrar la continuación de la ocupación. “Ellos se permiten darle vida, a prolongar la ocupación, porque al dar dinero a Marruecos, al participar en el expolio de los recursos naturales le proporcionan

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a Marruecos ventajas materiales y financieras […] para entretener la ocupación, pero también [le otorgan] una cierta aceptación de la posible ocupación”. Erik Hagen afirma que “cualquier gobierno en el mundo y en cualquier jurisdicción mundial [debería] responder a sus obligaciones, la culminación del proceso de descolonización como fue

Marruecos continúa su provocación contra las Naciones Unidas, al rechazar el referéndum y la observación de los derechos humanos iniciado en la Asamblea General [de las Naciones Unidas], y no consideraciones políticas por encima de la ley”. No obstante la buena parte de la comunidad internacional que desconoce estos requerimientos “no les importa el estado de derecho y están más enfocados a la realpolitik”. En ese sentido estos casos concretos demuestran que una aplicación efectiva de la ley internacional en el caso saharaui es posible y puede ser implementada en la actualidad.

Las tareas de Horst Köhler En 2012 se dio la última reunión entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en el marco de la ONU en Manhasset, Nueva York, Estados Unidos bajo el entonces Enviado Personal del Secretario General Christopher Ross. En marzo 2017 el embajador estadunidense y Enviado Personal desde 2009 renunció al cargo, dejando nuevamente vacante. El nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desde entonces ha intentado reactivar las negociaciones. El representante del Frente Polisario Khadad comenta al respecto que “desde el año pasado 44

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Marruecos ha rechazado todo contacto con el señor Ross”, quien no ha visitado la región. El proceso lleva 5 años estancado y está “en un punto muerto porque Marruecos ha continuado su provocación contra las Naciones Unidas, rechaza el referéndum, la observación de los derechos humanos, expulsa la Minurso, y últimamente quería construir una carretera en franca violación del cese-el-fuego y del acuerdo militar n número 1”. Llegado el momento el funcionario estadunidense optó por renunciar. El posible nombramiento del expresidente alemán Horst Köhler como su sucesor fue recibido por los saharauis con un grado de optimismo tras años de falta de progreso en las negociaciones. De acuerdo con Khadad el buen visto ya fue acordado al exmandatario europeo. Al igual que en su momento el embajador estadunidense, Christopher Ross no tuvo la aceptación hasta varios meses después de su nombramiento por el entonces secretario general Ban Ki Moon. Finalmente el pasado 2 de junio el Guterres anunció el nombramiento de Köhler al puesto de enviado especial, dado que contaba con el buen visto de la parte marroquí. “Siguiendo la consultaciones usuales, tengo la intención de nombrar a Horst Köhler de Alemania como mi Enviado personal para el Sáhara Occidental”, escribió en una carta al Consejo de Seguridad el mismo día. “Nosotros [el Frente Polisario] hemos respondido [en abril] al señor Köhler. [Hemos confirmado] nuestra aceptación […]”, afirma Khadad en entrevista con Contralínea. El proceso de las negociaciones permanece sin novedades desde 2012 con el último encuentro oficial entre las dos partes en Manhasset, Nueva York, Estados Unidos, aún bajo el mandato del entonces y último enviado personal en funciones, el embajador estadounidense Christopher Ross. El activista noruego y director dela WSRW aclara en entrevista que “mientras que gobiernos extranjeros y los importadores de fosfatos le otorguen legitimidad política y declaraciones tendientes a apoyar legalmente a Marruecos, no vamos a ver a Marruecos volver a la mesa de negociación. Así que si fuera posible parar las exportaciones de fosfato sería más probable que Marruecos vuelva a la mesa de negociación”.



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GOLFO PÉRSICO: MEANDROS DE UNA PELIGROSA CRISIS El embargo económico, alimenticio, educativo, familiar y militar que impusieron Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos a Catar, supuestamente motivado por su apoyo al terrorismo, en realidad buscaría establecer un nuevo orden en Oriente Medio y el Norte de África bajo la égida saudita

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eirut, Líbano. Ante la virulencia con la que Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos (EAU) recriminan a Catar su apoyo al terrorismo, es ineludible preguntarse si alguna vez tuvieron verdadera cohesión, y cómo y cuándo superarán la crisis. En opinión de varios analistas, sólo el deseo de someter de modo humillante al vecino más insumiso, destronar a su familia real gobernante o establecer en Oriente Medio y el Norte de África un nuevo orden bajo la égida saudita justificaría la agresividad de las medidas comandadas por Riad. Aunque la ruptura de relaciones diplomáticas y el bloqueo fronterizo a Doha fueron anunciados por las tres naciones, no es secreto que la decisión fue iniciativa o, cuando menos, se consensuó con el reino saudita, dado su liderazgo político y económico en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Fuera del Golfo Pérsico, el leitmotiv del terrorismo sonó a pretexto banal habida cuenta de que Catar no es el primero ni el único país de esa región que arma, financia, apoya y cobija a grupos islamistas cuya ideología y métodos comulgan con la violencia y el extremismo. A la luz de la situación actual, quedó en franco descrédito la cohesión de la que las seis monarquías del Golfo Pérsico alardearon durante las cumbres con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital saudita el 21 de mayo.

Unidad elusiva o falsa integración Ni monolítica ni fraternal ni mucho menos inquebrantable resultó ser la afinidad que se enarboló ante la opinión pública bajo el slogan de “acción conjunta del CCG” para asumir retos de integración, interconexión, mercado común, lucha antiterrorista y contrapeso a la supuesta amenaza de Irán.

En aquellos encuentros se descarrilaron históricas prioridades árabes como la causa palestina, dando protagonismo a una retórica enfocada a reprobar la reelección presidencial de Hassan Rouhani en Irán y el creciente acercamiento de ese país a Irak (único árabe de mayoría chiíta). Además, los discursos de Donald Trump y el rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita, así como la declaración final de la cumbre árabe-islámica-Estados Unidos presentaron como consensuada y unánime la postura contra Teherán y el combate al terrorismo, en particular al EI, cuando no fue precisamente así. Si bien ninguno de los aliados sauditas contempla opciones militares contra Doha, los tres miembros del CCG engrasaron una maquinaria de guerra mediática e intimidación que se sumó a la de las aerolíneas desde el inicio del contencioso. Antes de la ruptura, el canal Al-Arabiya, afín a la Casa Real Al-Saud, pareció haber recibido el encargo de contrarrestar la campaña hostil que se achaca a su similar Al-Jazeera, una televisora cuya cobertura de temas regionales le apartó de ser la referencia inexcusable. La cadena saudita arremetió contra la familia Al-Thani con comentarios, testimonios y revelaciones de varios complots o actos desleales a sus socios regionales, incluso con supuestos planes magnicidas. Mencionó a modo de ejemplo que durante la reciente cumbre de Riad la delegación catarí encabezada por el emir, jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, se retiró antes de que acabara la ceremonia de apertura sin dar explicaciones. Días después, la página web de la agencia oficial QNA publicó un discurso atribuido al emir con críticas al reino, lo cual Doha denunció como un acto de piratería informática, pero sus socios desestimaron los argumentos de ciberataque y respondieron con una inusitada agresividad.

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Catar consideró injustificado el corte de los lazos e incluso desmintió que Al-Thani haya reconocido tensiones con la administración de Trump

Catar consideró “injustificado” el corte de los lazos e incluso desmintió que Al-Thani haya reconocido tensiones con la administración de Trump, y valorado al movimiento islamista Hamas de “representante legítimo del pueblo palestino” y a Irán de “una gran potencia en la estabilización de la región”. Sin embargo, el anuncio por el ministro saudita de Relaciones Exteriores, Adel Al-Jubeir, de que muy pronto se presentará una lista de “agravios” que involucran a Catar confirma que los celos, recelos, disputas y conjuras vienen de lejos. “No las llamaría demandas, diría que es una lista de agravios que requieren ser atendidos y que los cataríes necesitan corregir”, comentó el canciller al recalcar que se relacionan con el apoyo de Doha al extremismo y el terrorismo, pero sin revelar detalles de tales quejas. Para el abogado internacional Saad Djebbar, los comentarios de Al-Jubeir expusieron las ambiciones regionales de los cuatro países (los tres del CCG y Egipto) que lideran el bloqueo a Catar. “Este embargo eclipsa al aplicado a la Libia de [Muammar] Gaddafi después del atentado de la aerolínea PanAm [pues] aquel sólo afectaba a vuelos, no a mares y barcos o fronteras territoriales”, contrastó Djebbar, quien cree que esas naciones “sólo han querido participar en una aventura contra Catar”.

Viejos desencuentros y complots Para estudiosos de Oriente Medio, la campaña de EAU y Arabia Saudita para que Catar deje de apoyar a islamistas y terroristas es “poco menos que una lucha por establecer un nuevo orden regional” y resultado de ancestrales “disputas palaciegas”, nunca mejor dicho. Según Arabia Saudita, mostró “paciencia sobre las intrigas de Catar durante más

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de 20 años” por diversos episodios, incluida una alegada componenda del jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani, padre del actual emir, con el líder libio Gaddafi para presuntamente asesinar al rey Abdulaziz. Al-Arabiya citó al consejero de la Corte Real saudita Saud Al-Qahtani, quien afirmó que el alegado plan comenzó en 2003 durante la cumbre de la Liga Árabe realizada en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, cuando Gaddafi protagonizó una dura trifulca verbal con el entonces monarca Fahd. Durante la referida cumbre árabe, Abdulah, que entonces era príncipe heredero, respondió fuertemente al discurso de Gaddafi y le restregó el rol de Occidente para apuntalarlo en la jefatura del Estado libio. En el mundo árabe aún es famosa la frase de Abdulah espetándole a Gaddafi “¿quién exactamente te trajo al poder?”, recordó Al-Qahtani al afirmar que el mandatario libio “se puso locamente furioso y se comunicó con disidentes sauditas, especialmente los residentes en Londres”. Siempre de acuerdo con la versión del consejero real, el líder libio pidió al emir catarí “que le ayudara en represalia contra el príncipe, y Al-Thani expresó su voluntad a hacerlo acordando sostener una reunión entre los aparatos de inteligencia de los dos países en Doha”. Como aquellos críticos de la familia real Al-Saud “no interactuaban con Gaddafi, éste recurrió al emir de Catar para trabajar con él” y “vengarse”, aprovechando sus fuertes lazos con los exiliados en Londres. Al-Arabiya también reportó el apoyo de Catar a opositores de Bahrein para denunciar la represión de la dinastía Al-Khalifa en 2011, y le culpa ahora de reactivar tensiones territoriales entre Djibutí y Eritrea luego de que Doha retiró sus cascos azules de la frontera de ambos Estados africanos. En un reciente editorial, el canal acusó a los cataríes de “cooperar” con organizaciones radicales como la Hermandad Musul-


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Supuesto apoyoa al terrorismo de

mana (HM) y de “intentar desestabilizar a los países del CCG”. Recordó que en 2013, con la Declaración de Riad se dio a Catar una oportunidad para instrumentar varias demandas dentro de un plazo de 90 días, pero no las ejecutó; y otro intento se hizo en febrero de 2014 en Kuwait, cuando se le pidió que cesara sus “conspiraciones” contra países vecinos. Aquella última reunión se produjo en presencia de los emires de Kuwait y Catar, y de los ministros de Relaciones Exteriores, pero como Doha también ignoró aquella advertencia y continuó con su postura, el CCG convocó otra cita de cancilleres en Riad, en marzo de 2014. Fue entonces cuando la crisis, precedente de la actual, derivó en el anuncio de EAU, Arabia Saudita y Bahrein de retirar a sus embajadores en Doha por el apoyo a la HM egipcia, pero tras un nuevo intento recon-

ciliador en 2015, “las prácticas y abusos de Doha nunca cesaron”, acotó el canal. Al fragor de la crisis emergen episodios comprometedores para Catar que, al margen de las evidentes motivaciones de sus antiguos aliados, ilustran los nexos del emirato con elementos y organizaciones extremistas y terroristas, muchos de ellos ahora intentando derrocar a Bashar Al-Assad en Siria. En su libro En el camino del daño: de los bastiones de Al-Qaeda al corazón del EI, el exreportero de Al-Jazeera Yosri Fouda relató cómo el hoy emir padre catarí supuestamente pagó 1 millón de dólares para recuperar los videos de sus entrevistas con miembros de la red que fundó Osama bin Laden. Según Fouda, se reunió en secreto con miembros de Al-Qaeda en 2002 y estaba a la espera de que esa organización enviara las grabaciones, además de que coincidió con el propio Al-Thani en un restaurante de

Catar, sólo un pretexto para el embargo

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Londres para tratar el asunto con evidente premura. De ser cierta, la alegada reunión se insertó en el contexto de la decisión de Al-Qaeda de encargar a Al-Jazeera difundir un documental sobre el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Otro libro titulado Dentro de Al-Qaeda, autoría de Rohan Gunaratna, sugiere nexos entre Doha y la red de Bin Laden cuando asegura que “es cierto que un miembro de la familia real en Catar apoya a la organización Al-Qaeda”. Ante las críticas en ese sentido, un asesor en temas antiterroristas del canciller catarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, reveló este mismo mes que el emirato permitió la apertura en 2013 de una oficina del grupo afgano Talibán en Doha “con base en una solicitud de Estados Unidos”. Mutlaq Al-Qahtani rechazó las críticas de Trump y los gobiernos saudita, emiratí y bahreiní por el supuesto apoyo a grupos extremistas islámicos y alegó que Catar también acogió al Talibán en virtud de su política de “puertas abiertas para facilitar conversaciones, mediar y propiciar la paz”. El consejero del ministro Al-Thani valoró las presiones diplomáticas y otras medidas punitivas como un plan “para hacerle sucumbir a la hegemonía de Arabia Saudita en Oriente Medio”. “Pienso que no es [un tema de] antiterrorismo, ni sobre financiamiento al terror... Se trata de una campaña orquestada contra mi país para presionarlo a cambiar su política exterior activa e independiente”, denunció Al-Qahtani. Y es que aunque Catar se había avenido a las resoluciones del CCG contra Irán, es innegable que el rico emirato petrolero se distinguió desde hace años por una política exterior de buena vecindad con Teherán y de cierta independencia respecto a sus socios. Además, ambos países comparten el

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yacimiento de gas natural Pars Sur-Cúpula Norte, el mayor del mundo con una superficie de 9 mil 700 kilómetros cuadrados (3 mil 700 para Irán y 6 mil para Catar). Tal es la autonomía catarí que brindó apoyo a la cofradía fundada hace más de 90 años en Egipto, y que fue ilegalizada y declarada terrorista después de que Abdel Fattah Al-Sisi derrocó en 2013 al único gobierno democráticamente elegido de ese país norafricano, el del islamista Mohamed Morsi. Al igual que con el Talibán, el canciller catarí subrayó que la presencia del movi-


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A Meshaal y a Hamas muchos árabes les tildan de traidores por elegir Doha para instalar la sede que por años les garantizó Damasco, pero que dejaron cuando Siria, históricamente hospitalaria con los palestinos, sufría los peores embates de terroristas financiados por Catar, Arabia Saudita y Turquía, según Al-Assad. Sin ceder por completo a las presiones, días después de la ruptura de relaciones un grupo de dirigentes de Hamas abandonó Catar a petición del emir, lo que se interpretó como una consecuencia de la crisis. Los encontronazos entre Catar y sus vecinos hicieron también que de 2002 a 2008 la embajada saudita en Doha funcionara a nivel de encargado de negocios en protesta por la cobertura que brindó Al-Jazeera de la llamada Iniciativa Árabe de Paz impulsada por Riad y que contempla el reconocimiento de Israel.

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Ruptura y bloqueo

miento de resistencia islámica Hamas en Doha “está coordinada con Estados Unidos y países de la región, y es parte de nuestro esfuerzo por mediar entre las facciones palestinas para alcanzar la reconciliación”. La capital catarí se convirtió en años recientes en lugar de residencia de Khaled Meshaal, veterano líder político de Hamas, grupo al que muchos ven como la marca palestina de la HM y que mantiene rivalidad con Al-Fatah, el movimiento del presidente Mahmoud Abbas, más cercano a Riad y Abu Dhabi.

Más que ruptura, lo anunciado el 5 de junio fue un bloqueo en toda regla extendido a los ámbitos económico, alimenticio, educativo, familiar e incluso militar, pues el emirato fue expulsado de la coalición que lideran los sauditas contra los rebeldes houthis de Ansar Allah y sus aliados en Yemen. “Catar apoya a múltiples grupos terroristas y sectarios que buscan socavar la estabilidad en la región, incluidos la Hermandad Musulmana (HM), el Estado Islámico (EI o Daesh) y Al-Qaeda”, refirió la cancillería saudita en absoluta sintonía con las otras dos del área mientras se anunciaban duras sanciones. Los diplomáticos cataríes recibieron un ultimátum de 48 horas para abandonar Riad, Abu Dhabi y Manama, a donde debían retornar en igual plazo los representantes de esos estados en Doha. Asimismo, los cataríes disponían a partir de la referida fecha de 14 días para abando-

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Catar no es el único país de la región que cobija a grupos islamistas

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nar casas, escuelas, negocios y familias en sus países de residencia, lo mismo que los emiratíes, sauditas y bahreiníes que, aunque Catar les permitió quedarse, fueron urgidos por sus gobiernos a repatriarse. Tras denuncias de autoridades de Doha y de grupos de derechos humanos, los gobiernos aclararon que revisarían casos de cataríes casados o con parentesco directo con sus ciudadanos, una consideración que no impidió malograr los exámenes finales y carreras universitarias a estudiantes en aquellos países. Además, Arabia Saudita, EAU y Bahrein

cerraron sus espacios aéreos a la compañía Catar Airways, le cancelaron las licencias de operación, clausuraron sus oficinas y todas sus compañías dejaron de volar a Doha, generando una alteración sin precedentes de la navegación en la región del Golfo. El paquete de medidas, que el canal televisivo catarí Al-Jazeera tildó de “surrealistas”, incluyó igualmente el cierre de todos los servicios postales para recibir o enviar correos a Catar, así como la divulgación de una lista de 59 individuos y 12 organismos catalogados como “terroristas”. La relación incluyó a Yusef Al-Qaradawi, jefe de la Unión Internacional de Ulemas Musulmanes, a varios periodistas y a entidades filantrópicas como Eid Charity y Catar Charity, esta última con sólida cooperación con la ONU en varios proyectos implementados en Yemen, Siria e Irak. Para James M Dorsey, académico de la Escuela S Rajaratnam de Estudios Internacionales, con sede en Singapur, los líderes de los tres países “pusieron su credibilidad en juego” no sólo por romper lazos diplomáticos, sino por también imponer un severo boicot. Catar, cuya única frontera terrestre es con Arabia Saudita al Oeste, importaba del reino por carretera hasta el 40 por ciento de los casi 1 mil millones de dólares que gasta en alimentos anualmente, según datos oficiales. Desde las tres capitales se emitieron decretos dirigidos a contener las previsibles críticas populares a los vetos de exportar alimentos a Catar, tipificando como “ofensa criminal” toda muestra de simpatía “oral, escrita o visual” con el hasta hace poco “hermano”. En el caso de EAU, una simple expresión de solidaridad o alabanza al hoy enemigo es castigable con hasta 15 años de cárcel y/o multas de al menos 136 mil dólares, mientras Bahrein dispuso hasta 5 años de prisión y multa.


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Para dar otro giro de tuerca, Manama advirtió el 20 de junio que revocará los pasaportes de sus súbditos que “viajen a Catar, residan allí o, incluso, crucen el territorio (de ese emirato) en tránsito a otros países”. De acuerdo con la información transmitida por la red televisiva bahreiní Lualua, el ministro del Interior, Rashid bin Abdullah Al-Khalifa, añadió que “los violadores de la prohibición también quedarán impedidos de aplicar para un nuevo pasaporte en el futuro”, pues Catar “desestabiliza la región”. Las críticas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el príncipe jordano Zeid Ra’ad Zeid al-Hussein, por el irrespeto a la libertad de expresión y otras garantías, compulsó a Riad, Abu Dhabi y Manama a emitir una declaración conjunta desde Ginebra justificando “sus derechos soberanos”. Al-Hussein se refirió al boicot comercial, la expulsión de cataríes, la restricción de libertad de movimiento de las personas y sobre todo a las amenazas de multar o encarcelar a quien tan sólo se conduela con Catar. Los gobiernos argumentaron que les asiste la facultad de “proteger su seguridad nacional de los peligros del terrorismo y el extremismo”. Asimismo, se escudaron en que habilitaron líneas telefónicas de ayuda para “casos humanitarios” de cataríes obligados a repatriarse, tras rectificar la expulsión masiva que destruyó núcleos familiares mixtos.

Intentos de islamizar el conflicto Pero mientras en la crisis aparentemente se reserva a Kuwait y Omán para eventuales roles mediadores, el drástico golpe comandado por la Casa Al-Saud involucró a más de 10 países en la campaña anti-catarí, la mayoría de ellos naciones islámicas y pobres de África Subsahariana.

Según comentó Dorsey a Prensa Latina, todo indica que en la primera acción saudita para sumar más estados de mayoría musulmana al asedio a Doha los amenazó con reducirles la ayuda financiera y restringirles cuotas para que sus feligreses visiten La Meca en la peregrinación islámica anual del Hajj. No obstante, las presiones fueron “parcialmente exitosas” pues Senegal, Isla Mauricio, Comores y Eritrea cortaron lazos diplomáticos con Catar, pero Chad y Níger se limitaron a llamar a sus embajadores en Doha, y Djibutí, al igual que Jordania, simplemente rebajó el nivel de sus lazos. Esas naciones subsaharianas se unieron a otras económicamente muy dependientes o necesitadas de Arabia Saudita, incluidas Bahrein, Egipto, Yemen, Maldivas, Mauritania y el gobierno instalado en el Oriente de Libia, muy ligado a sauditas y emiratíes, todos los cuales cortaron relaciones. Según fuentes regionales, otros Estados musulmanes como Marruecos, Túnez, Argelia, Sudán y Somalia rechazaron las propuestas sauditas para romper con Catar y, por el contrario, llamaron al diálogo. Nigeria, el país del África negra con mayor población islámica, ha guardado silencio frente a la crisis. Incluso, Pakistán, que ya se había opuesto a participar en la coalición contra Yemen, declinó ahora secundar el boicot a Catar, y su primer ministro, Nawaz Sharif, abogó por una rápida solución del conflicto durante una reciente visita a Arabia Saudita. En opinión de observadores, el esfuerzo saudita en África por acorralar más a Catar sugiere una admisión implícita de que el boicot diplomático y económico ha fracasado en su objetivo de persuadirle de ceder a sus demandas. Dos semanas después de desatarse la crisis, Doha sigue negando las acusaciones en su contra y desoye las exigencias de sus vecinos para que cese el apoyo a grupos te-

Chad y Níger se limitaron a llamar a sus embajadores en Doha, y Djibutí, al igual que Jordania, simplemente rebajó el nivel de sus lazos

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rroristas y extremistas, y frene o aborte lo que tildan de campaña mediática hostil, en particular de Al-Jazeera. El hipotético reordenamiento regional lo presidirían los sauditas en Oriente Medio y África del norte para asegurarse de silenciar cualquier desafío a la “forma religiosamente disfrazada de monarquía autocrática”.

Arabia Saudita y Emiratos Antiterrorismo encubre Arabes Unidos luchas de poder ven a la Así expuso a Prensa Latina el politólogo Hermandad James M Dorsey su valoración de que en la Musulmana y actual disputa se tocan temas con los cuales el mundo ha lidiado durante años: la definia Hamas como ción de qué y quién es un terrorista y cuáles terroristas, son los límites de soberanía y el derecho de los estados a trazar su propio curso. mientras que Agregó que es una batalla que ha “picado” a esta parte del mundo desde la Segunda Catar no

Guerra Mundial, pero se aceleró con las revueltas populares de 2011 en países árabes. “Arabia Saudita y EAU ven a la Hermandad Musulmana y a Hamas como terroristas, mientras Catar no. Para Riad, Irán es una amenaza terrorista tan peligrosa como el Daesh”, recordó Dorsey. “En cualquier caso, tanto sauditas como cataríes han financiado a musulmanes ultraconservadores y a militantes de grupos afines”, añadió al destacar que esa visión divergente se extrapoló a Irak a raíz del pago de 1 mil millones de dólares de rescate por 26 cazadores de halcones. De hecho, algunas fuentes apuntan a ese hecho ocurrido en abril de este año como otro posible desencadenante del impasse, pues para lograr la liberación de los halconeros cataríes se aportó de forma poco prolija la abultada suma que se presume tuvo un destino indeseado para Riad. En medio de cruces de acusaciones de Bagdad y Doha por el procedimiento de traslado y entrega de mil millones de dólares, se afirmó que fueron a parar a manos de la

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Al-Hashd Al-Shaabi o Movilización Popular, las milicias chiitas aliadas del gobierno irakí y entrenadas por Irán para combatir al Daesh. Observadores en Beirut coinciden, asimismo, en que Arabia Saudita y EAU concertaron una campaña para revertir los logros de los alzamientos de 2011 cuando se iban de las manos, autoerigiéndose en adalides del anti-extremismo. Advierten, sin embargo, que el éxito de esa campaña pudo potenciar una línea de “ultra-conservadurismo supremacista sunnita” que defiende formas de gobierno absolutistas y no democráticas, y que además amenaza con perpetuar ambientes que potencialmente posibiliten el radicalismo. Si bien Riad y Abu Dhabi difieren en su visión del sunnismo ultraconservador, concuerdan en definir al Islam político (léase Irán, Hamas, Hizbulah libanés) como terrorista porque aboga por una visión del mundo o una forma de gobierno alternativas. Por lo mismo, el resultado de la crisis, no obstante esas discrepancias, afecta al mundo musulmán más allá de Oriente Medio, y una hipotética victoria de Arabia Saudita en su afán de arrodillar a Catar tendría consecuencias. “El reino consolidaría su defensa de la línea ultraconservadora, sus esfuerzos por imponer globalmente sus valores antidemocráticos que ridiculizan los derechos humanos básicos”, valoró Dorsey a Prensa Latina. Agregó que también ganaría “la explotación de la autoridad moral que emana de su condición de custodio de las dos principales ciudades santas del Islam: La Meca y Medina, como una fuerza casi indiscutible en el mundo musulmán”. Pero acota como “ironía” de la cruzada de Arabia Saudita contra Catar el hecho de que “se enfrentan dos monarquías autocráticas que se adhieren a diferentes ramas del wahabismo”, la cosmovisión ultraconservadora sunnita por la cual se rige la familia AlSaud.


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A fin de cuentas, Doha, regido al igual que Riad por un gobernante absoluto que mantiene un férreo control sobre la política y las libertades de expresión y de prensa, es un candidato improbable para la defensa de una mayor apertura y pluralismo, opinó el académico. Sin embargo, en muchos sentidos los dos países también son el espejo del otro porque consideran aspectos del Islam como cruciales para su seguridad nacional y la supervivencia de sus regímenes. Catar ve al islam político, tras salir fortalecido de la llamada Primavera Árabe, como el futuro de una “región en transición”, aunque esté sumida en una violencia brutal, guerras civiles, desgastantes disputas geopolíticas y una contrarrevolución liderada por sauditas y emiratíes, apuntó. Con el antecedente de las tensiones de marzo de 2014, ahora la ruptura hace temer un desmembramiento del CCG o, cuando menos, una reestructuración que ya le obliga a sacrificar integración propia por alianza extrarregional. “El CCG podría explotar”, auguró el entrevistado al recalcar que Catar representa “un desafío a la ortodoxia, el absolutismo y los intereses de las monarquías del Golfo”, de ahí que no se descarten acciones para propiciar un cambio en la cúpula de la ahora incómoda familia real Al-Thani. La rivalidad se percibe prolongada y los incipientes esfuerzos mediadores del emir de Kuwait, jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, difícilmente desembocarán en un reacercamiento, pues tanto para Kuwait como para Arabia Saudita someter o contener a Doha “es una cuestión de supervivencia”. Analistas tampoco descartan tensiones militares, si ante el cerco regional a Catar, éste irrita a sus exsocios con su cercanía a Irán, país que le surte a diario más de 1 mil 100 toneladas de alimentos desde que empezó el boicot.

El embargo contra Catar también afecta

Sin embargo, la existencia en Catar de la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Medio con más de 10 mil soldados y la sede del Comando Central norteamericano –clave en la estrategia de Washington contra el Daesh en Siria e Irak– hacen improbable un realineamiento a ciegas junto a Irán. Además, la reciente venta por Estados Unidos a Catar de aviones de combate F-15 por valor de 12 mil millones de dólares deja claro que las divergencias no serán óbice para mantener la amistad con la Casa Blanca, a pesar de declaraciones ambiguas del presidente Trump parcializándose con Riad.

la educación

Repercusiones y expectativas Expertos advierten como primer resultado de la crisis el fraccionamiento del eje anti-iraní en dos “bloques” rivales y, en consecuencia, un revés para el reino saudita

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Gobierno de Catar considera que “está bajo bloqueo, y no hay negociación” para recomponer los lazos rotos el 5 de junio

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en su infatigable afán por sumar voluntades contra la república islámica persa. Algunos expertos como el columnista Qasem Ezzeddine sostienen que las repercusiones no se limitan solo a Catar y Turquía, que envió días después de la ruptura hasta tres mil soldados a su base en Catar, y no descartan que el boicot sea “un paso preliminar que pueda llevar a una declaración de guerra”. Dorsey, entretanto, vio “irónico” que las presuntas maquinaciones emiratíes para frustrar cualquier expresión del Islam político, pudieron haber creado en Ankara el obstáculo potencialmente más grande a la maniobra de Riad y Abu Dhabi para imponer su voluntad a Doha”. Ankara, que dijo que el envío de sus efectivos “no era necesariamente un acto anti-saudita, pero sí pro-catarí”, ha insinuado que EAU financió el golpe de estado fallido

de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Justo Erdogan criticó el aislamiento de Catar como un acto “inhumano y contrario a los valores islámicos” y agregó que los métodos usados por las tres naciones del CCG eran “inaceptables y análogos a la pena de muerte”. El diario Sabah, cercano al partido gobernante turco Justicia y Desarrollo, y el canciller Mevlut Cavusoglu citaron fuentes que inculpan a EAU de “invertir” tres mil millones de dólares en la fracasada asonada. Por otra parte, la causa palestina parece destinada nuevamente a caer en el juego de intereses de otros estados árabes, pues el abismo entre Catar, de un lado y Arabia Saudita y EAU, del otro, se traduce en más distancia o por lo menos inmovilismo entre Hamas y Al-Fatah, el partido del presidente Abbas.


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Respecto a Siria, son muchos los análisis coincidentes en que la crisis diplomática puso a los opositores a Al-Assad, incluidos los grupos terroristas aupados por potencias regionales e internacionales, cuando menos en una “posición difícil y vulnerable”. Los gobiernos saudita y catarí apoyaron a los opositores durante las protestas de 2011 y luego a los combatientes cuando empezó la guerra, y ahora continúan respaldando a los que luchan contra Damasco, en su inmensa mayoría musulmanes de confesión sunnita. “La ruptura actual coloca a los opositores sirios en una posición muy difícil políticamente, ya que nadie quiere tener que tomar partido públicamente ni puede permitirse el lujo de alienar a ninguna de las partes”, opinó el especialista del Centro Carnegie Middle East Yezid Sayigh. Entretanto, las gestiones diplomáticas continúan, tanto del canciller turco, que viajó a La Meca para hablar con el rey Salman, como del emir de Kuwait o incluso del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson. Cavusoglu valoró de “positiva” la reunión con el monarca y observó que “aunque el reino es parte en esta crisis, el rey es parte de su solución”. Tillerson, a su vez, asumió un rol menos parcializado que el de Trump, y hasta canceló un viaje a México para una reunión de la OEA a fin de trabajar en la solución del contencioso. Comentaristas citados por Al-Jazeera describieron las acciones del jefe de la diplomacia estadounidense como una clara señal de que es una prioridad y en las próximas semanas, veremos algunos esfuerzos serios para mediar y resolver el conflicto. A pesar de la retórica beligerante con Doha, muchos creen que Riad no tiene intención de escalar la crisis mucho más allá de los marcos razonables, aunque la crispación es tan inocultable como impredecible.

El ministro catarí de Relaciones Exteriores fue tajante al afirmar que su país “está bajo bloqueo, y no hay negociación” para recomponer los lazos rotos el 5 de junio “hasta que no cese el boicot diplomático y económico”. “Ellos tienen que levantar el bloqueo para empezar las negociaciones. Hasta ahora, no vimos ningún progreso acerca de la eliminación del bloqueo, que es la precondición para algún avance”, recalcó Al-Thani. Añadió que al cumplirse los 14 días del estallido del contencioso, las autoridades de Doha aún no han recibido demandas de sus similares saudita, emiratí y bahreiní, pero subrayó que los asuntos internos de Catar “no son negociables, incluido el futuro de Al-Jazeera”. Por su lado, el ministro de Estado emiratí para Asuntos Exteriores, Anwar Gargash, afirmó que las medidas para aislar a Catar de sus vecinos “pueden durar años”. “Apostamos a tiempo, no queremos escalar en la situación, queremos aislarlo”, apuntó Gargash desde París. Según el titular emiratí, “Doha está aún un estado de negación y enojo”, y repitió el mismo anuncio del canciller saudita, Adel Al-Jubeir, de que “dentro de pocos días se preparará una lista de agravios cometidos por Catar” y se harán otras propuestas. Gargash recordó que sugirieron tener “un sistema de monitoreo occidental para las actividades de Catar a fin de garantizar que su comportamiento respecto al terrorismo ha cambiado”. Igualmente, señaló que Turquía “sigue tratando de mantenerse neutral en la crisis” del Golfo, pero esperan que Ankara “mantenga la sensatez y reconozca que su interés está en apoyar la acción contra Doha”. De momento, el panorama sigue inalterable: Catar aislado, viejos aliados enemistados, Irán expectante, y Estados Unidos e Israel calculando beneficios de la peor crisis política del mundo árabe en casi 4 décadas.

Aunque Turquía sigue tratando de mantenerse neutral en la crisis del Golfo, esperan que reconozca que su interés es apoyar la acción contra Doha

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SOCIAL ANÁLISIS INTERNACIONAL

REAJUSTES

EN ORIENTE MEDIO Los países del Oriente Medio Ampliado se dividen ahora entre partidarios y adversarios del clericalismo, mientras que Washington, Moscú y Pekín negocian una nueva distribución de cartas. Estos cambios ya impactan en los conflictos que se estaban desarrollando en Palestina, Siria, Irak y Yemen

DAVID MANRIQUE

THIERRY MEYSSAN/RED VOLTAIRE

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amasco, Siria. La crisis diplomática alrededor de Catar ha congelado varios conflictos regionales y disimulado varios intentos de arreglos vinculados a otros. Nadie sabe cuándo se levantará el telón, pero lo que sí es seguro es que cuando eso suceda veremos una región profundamente transformada. En el caso del conflicto palestino, desde que la mayoría de los palestinos fue expulsada de su tierra –el 15 de mayo de 1948, en lo que hoy se designa como la Nakba– y que los pueblos árabes rechazaron aquella limpieza étnica, lo único que había modificado parcialmente la distribución del juego era la paz separada israelo-egipcia, pactada en los acuerdos de Camp David (en 1978) y la promesa de resolver la cuestión palestina mediante la creación de dos Estados, surgida de los acuerdos de Oslo (en 1993). Sin embargo, cuando la existencia de negociaciones secretas entre Irán y Estados Unidos se dio a conocer, Arabia Saudita e Israel decidieron conversar entre sí. Al cabo de 17 meses de encuentros secretos, se concluyó un acuerdo entre el Guardián de las Dos Mezquitas y el Estado judío [1]. Este acuerdo se concretó a través de la participación del ejército de Israel en la agresión contra Yemen [2] y de la entrega de bombas atómicas tácticas israelíes al reino de los Saud [3]. Recordemos que ese acuerdo también preveía hacer que Arabia Saudita evolucionara de forma tal que su sociedad siguiera siendo salafista y sus instituciones pasaran a ser laicas. Estipulaba además la independencia del Kurdistán irakí –donde se realizará un referéndum en septiembre– y la explotación simultánea de los yacimientos de gas del desierto de Rub al-Khali (a menudo designado como The Empty Quarter), en territorios de Arabia Saudita y Yemen –yacimientos que son la verdadera razón de la actual guerra contra Yemen– y los de la región de Ogadén –lo cual explica la retirada,

a mediados de junio, de las tropas cataríes de la frontera con Yibuti. Finalmente, Egipto cedió a Arabia Saudita las islas de Tiran y Sanafir, cumpliendo así el compromiso que había contraído hace 1 año. Al aceptar la posesión de esas islas, Riad reconoce de facto los acuerdos de Camp David, que estipulan la libre circulación de los barcos israelíes en las aguas circundantes. Israel incluso confirmó que ha recibido garantías de Arabia Saudita en ese sentido. Es importante observar que lo que llevó a Egipto a ceder las islas no fue la presión de Arabia Saudita –aunque Riad bloqueó tanto sus entregas de petróleo al Cairo como un préstamo de 12 mil millones de dólares– sino la crisis diplomática del Golfo. Los Saud oficializaron su ruptura con la Hermandad Musulmana, proceso que ya venía avanzando desde que el presidente egipcio al-Sissi les entregó una serie de documentos que demostraban la existencia de un proyecto de golpe de Estado en Arabia Saudita en el que estaban implicados varios miembros de la cofradía. Al principio, Arabia Saudita creyó ser capaz de separar a los “buenos” de los “malos”, entre los miembros de la Hermandad Musulmana. El reino ya había acusado a Catar de aportar respaldo a los golpistas, pero en aquel momento las cosas se desarrollaron por la vía pacífica. Actualmente, Riad tiene intenciones de luchar contra toda la Hermandad Musulmana y eso lo obliga a revisar su posición hacia Siria. La cesión de las islas de Tiran y Sanafir, egipcias desde la Convención de Londres de 1840, no tiene otra razón de ser que permitir que Arabia Saudita reconozca de forma implícita –al cabo de 39 años– los acuerdos de paz separada firmados en Camp David entre Egipto e Israel. Por su parte, Teherán acogió a la dirección política del Hamas –que se compone principalmente de miembros de la Hermandad Musulmana–, tanto en nombre de la

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No es imposible que durante la guerra en Siria, Washington o Moscú se hayan comprometido con Tel Aviv a mantener el statu quo en el Golán

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solidaridad con la causa palestina como por el hecho que comparte con los dirigentes del Hamas la misma concepción del islam político. La próxima etapa será el establecimiento de relaciones comerciales públicas entre Riad y Tel Aviv, que ya se mencionan en la edición del 17 de junio del diario británico The Times –varias empresas israelíes parecen haber sido autorizadas a operar en Arabia Saudita y la compañía aérea israelí El-Al podría utilizar el espacio aéreo saudita [4]–, y después vendrían el reconocimiento de la iniciativa de paz del príncipe saudita Abdala –adoptada por Liga Árabe en 2002– y el establecimiento de relaciones diplomáticas – el príncipe Walid ben Talal se convertiría en embajador del reino en Israel [5]. Ese proyecto podría conducir a la paz en Palestina (reconocimiento de un Estado palestino e indemnización para los refugiados), en Líbano (retirada israelí de las Granjas de Shebaa) y en Siria (cese del apoyo a los yihadistas y retirada israelí del Golán). El tema del Golán ha de resultar particularmente difícil, pues el gobierno de Netanyahu ha reafirmado –en son de provocación– su anexión mientras que Estados Unidos y Rusia reaccionaron duramente ante la expulsión de la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) y la sustitución de sus cascos azules por los yihadistas de Al-Qaeda [6]. No sería, sin embargo, imposible que durante la guerra en Siria, Washington o Moscú se hayan comprometido con Tel Aviv a mantener el statu quo en el Golán. Ese proyecto de arreglo general es un reflejo del modus operandi de Donald Trump y Jared Kushner como hombres de negocios: crear una situación económica que impone un cambio político. Y encontrará probablemente la oposición de la Hermandad Musulmana (el Hamas) y del triángulo del islam político, conformado por Irán, Catar y Turquía.

El conflicto en territorios de Irak y Siria Todos los actores regionales están de acuerdo en considerar que Irak y Siria constituyen en este momento un solo campo de batalla. Pero los occidentales, que se aferran a las mentiras de la administración de George Bush hijo –incluso cuando admiten la inexistencia de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Saddam Hussein– y a la versión romántica de las “primaveras árabes” –aún cuando reconocen que ese movimiento nunca trató de favorecer la libertad sino, por el contrario, de imponer el islam político– se obstinan en considerarlos dos escenarios diferentes. En este punto, remito a nuestros lectores a mi libro Sous nos yeux en cuanto a cómo se inició esta guerra [7]. El hecho es que, desde el inicio de la crisis alrededor de Catar, la guerra en Irak y en Siria se ha limitado a la lucha contra el Emirato Islámico (Daesh) en Mosul y Raqqa, y a la lucha contra Turquía, en Baachiqa y al-Bab [8]. Lo que resulta evidente para todos en la región es que, desde la llegada al poder del presidente chino Xi Jinping con el proyecto de creación de dos “rutas de la seda”, Washington ha estimulado la creación de un “Sunnistán” en territorios pertenecientes a Irak y a la República Árabe Siria. Con ese objetivo, Washington financió, armó y dirigió las fuerzas del Emirato Islámico para que bloquearan el eje de comunicación terrestre Beirut-Damasco-Bagdad-Teherán-Pekín. Desde hace 4 meses, la administración de Trump estudia y negocia de qué manera pudiera modificar esa política y reemplazar por una asociación con Pekín la actual situación de enfrentamiento [9]. Mientras que en el terreno asistimos a una verdadera sucesión de acontecimientos contradictorios, los ejércitos de Irak y de la República Árabe Siria han avanzado rápidamente desde el inicio de la crisis alrededor de Catar.


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del lado de Arabia Saudita contra Catar y los aliados turcos e iraníes del pequeño emirato. Lo que pudiera ser positivo para Palestina, Irak y Siria resulta negativo para Yemen.

El conflicto en Yemen

Conclusión

Es posible que los yemenitas salgan perjudicados del actual cambio de situación. Aunque resulta totalmente evidente que Arabia Saudita entró en guerra para instalar en Yemen un régimen favorable a la explotación conjunta de los yacimientos de hidrocarburos del desierto de Rub al-Khali y para dar al príncipe Mohamed ben Salman la posibilidad de “acumular méritos”, la ayuda que Irán ha aportado a los Huthis y al expresidente Saleh desvía las miradas de los países árabes y de la llamada “comunidad internacional” de los crímenes que allí se cometen. En efecto, cada cual tiene que escoger su bando y casi todos han optado por ponerse

Desde el 5 de junio de 2017 y la ruptura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Catar, las cancillerías se preparan para una posible guerra, aunque sólo Alemania ha mencionado públicamente esa posibilidad. La situación es extremadamente sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que no es Arabia Saudita sino Catar quien ostenta el estatus de observador en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [11]. Mientras tanto, anuncios de dimisiones siguen llegando constantemente de Doha y van desde la embajadora estadunidense Dana Shell Smith hasta el entrenador

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En su rápido avance hacia la frontera común, ambos ejércitos han liberado del control del Emirato Islámico sus zonas fronterizas y hoy están a punto de entrar en contacto –con lo cual restablecerían la ruta de la seda. Ya sólo los separan, en el punto de confluencia, unos 200 metros de terreno ilegalmente controlado por fuerzas de Estados Unidos [10]. En cuanto a los combates en el Sur de Siria, éstos han cesado inesperadamente. Damasco proclamó unilateralmente un alto al fuego en Deraa. En realidad, Moscú y Washington dieron a Tel Aviv garantías de que Siria sólo permitirá frente a la frontera israelí el despliegue de fuerzas rusas, excluyendo la presencia allí de fuerzas iraníes o del Hezbollah libanés. En pocas palabras, si el Pentágono sigue las órdenes de la Casa Blanca, debería producirse un amplio cese del conflicto. Sólo quedaría por resolver entonces la ocupación turca de territorios en Irak y Siria, según el modelo de la ocupación turca en Chipre, situación a la que la Unión Europea se ha acomodado en una evidente muestra de cobardía. En la nueva situación, Estados Unidos y Arabia Saudita, hasta ahora enemigos de Irak y Siria, se convertirían nuevamente en sus aliados.

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zar problemas insolubles para los Estados nacidos de los procesos de independencia. De hecho, así logra Londres que esos Estados sigan dependiendo de su antigua metrópoli. En el caso que ahora nos ocupa, la próxima llegada de 43 mil soldados pakistaníes y turcos que asumirían la defensa de Catar debería fortalecer su posición.

DAVID MANRIQUE

Referencias:

uruguayo de la selección de futbol de Catar, Jorge Fossati. Y no sólo los países que se han puesto del lado de Arabia Saudita han cortado sus relaciones comerciales con Catar; también lo han hecho, ante el riesgo de guerra, numerosas empresas sin vínculos particulares con la región del Golfo, como la China Ocean Shipping Company, la mayor compañía naviera de China y una de las más grandes del mundo. En todo caso, aunque sus reclamos –basados en la historia– están realmente justificados, parece a todas luces imposible que Arabia Saudita anexe Catar, teniendo en cuenta que antes se opuso a la anexión de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein, basada exactamente en las mismas razones históricas. Una regla se impuso en el mundo desde los tiempos de la colonización británica: nadie tiene derecho a modificar las fronteras que Londres impuso con un solo objetivo, que es precisamente perenni-

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[1] “Exclusivo: Los planes secretos de Israel y Arabia Saudita”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 22 de junio de 2015. [2] “La Fuerza ‘Árabe’ de Defensa Común”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 20 de abril de 2015. [3] “¡El Oriente Medio está nuclearizado!”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 7 de marzo de 2016. [4] “Saudi trade talks with Israel are historic first”, Michael Binyon y Gregg Carlstrom, The Times, 17 de junio de 2017. [5] “Exclusivo: Arabia Saudita construye una embajada en Israel”, Red Voltaire, 30 de mayo de 2016. [6] “El Consejo de Seguridad de la ONU se dispone a exigir que Israel rompa con Al-Qaeda”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 3 de julio de 2016. [7] Sous nos Yeux. Du 11-septembre à Donald Trump, Éditions Demi-Lune, 2017. Este libro está actualmente en proceso de edición para su publicación en español. [8] “Invasión militar turca en Irak”, Ibrahim Al-Jaafari, Red Voltaire, 19 de octubre de 2016. [9] “Trump: los negocios contra la guerra”, Thierry Meyssan, Red Voltaire, 14 de febrero de 2017. [10] “¿Impedirá Estados Unidos la reapertura de la ruta de la seda?”, Red Voltaire, 17 de junio de 2017. [11] “Israel y emires en la OTAN”, Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia)/Red Voltaire, 14 de mayo de 2016.



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SOCIEDAD BETA

CÓMO PROTEGERTE DE SOFTWARE ESPÍA COMO PEGASUS GONZALO MONTERROSA

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ace tiempo Contralínea publicó reportajes sobre el espionaje en México. Dio a conocer los contratos entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la empresa que comecializa la plataforma de espionaje Pegasus, así como contratos con la empresa de espionaje Hacking Team. Ahora, años después lo publica The New York Times y ha generado un gran escándalo. Hasta Edward Snowden compartió la información en Twitter. La razón del escándalo es la denuncia, y al parecer confirmación, de que se está utilizando la plataforma de espionaje contra los propios ciudadanos. No a los criminales, no a los narcotraficantes, no a quienes lavan dinero. Se espía a periodistas, algunos con mucha credibilidad, otros sin ella. Pero lo que hace más emblemático del gobierno en turno, es que se ha dedicado a espiar a líderes de organizaciones civiles. Sin duda estos reflectores están incomodando al gobierno de Peña Nieto, quien por fin ha hablado del tema, negándolo todo. Han pasado 5 años desde que Julian Assange está refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, después de la revelación de videos y documentos secretos que mostraban la manera de operar fuera de la ley del Ejército estadunidense en Irak. Exigía mayor transparencia.

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nos enteramos que el gobierno de También han pasado años desde Peña Nieto, en México, ha enfocado que Edward Snowden evidenció el todas las herramientas tecnológicas de masivo programa de espionaje munespionaje del Estado en contra de su dial llamado Prisma y tuvo que refupropio país, se ha dedicado a espiar a giarse en Rusia. periodistas y luchadores civiles, sobre Snowden demostró que el gobierno de Estados Unidos estuvo espiando todo aquellos que son críticos, un paso más de la criminalización de la protesno sólo a presidentes enemigos, tamta social. bién a sus aliados. Prisma tenía conveY si no fuera suficiente, el hijo de nios con grandes empresas como MiCarmen Aristegui, un menor de edad, crosoft, Yahoo, Google, Apple, entre muchas otras, para acceder a informa- también fue objetivo del gobierno de Peña Nieto. Así que parece que ción privada de los usuarios. en México cualquiera puede Hace 20 años, se hablaser espiado sin orden juba de un sistema de esEl gobierno dicial, sin rendir cuentas pionaje mundial capaz mexicano ha enfocado ni dar explicaciones. de interceptar y grabar todas las herramientas Por lo menos eso dellamadas telefónicas tecnológicas de mostraría el análisis del en todo el mundo. Se espionaje del Estado en contra de su propio instituto Citizen Lab, le llamaba Echelon y pueblo de la Universidad de era visto como un mito Toronto, Canadá, quien urbano por los pocos que fue el encargado de analizar llegaban a escuchar de él los aparatos y quien confirmó por lo exagerado que sonaba. La que la plataforma Pegasus fue utilizarealidad nos hizo ver que los gobierda en ellos. nos eran capaces de eso y mucho más Curiosamente, NSO Group, la gracias a la digitalización de las telecoempresa que diseñó el software de municaciones. Pegasus tiene como condición para su Con las revelaciones actuales, venta el que únicamente sea utilizado sabemos que el espionaje tecnológicontra el crimen organizado. co alcanza a todos. Pero cuando la Ante tal riesgo, la forma de prológica indicaba que nuestro gobierno tegerte es la de siempre: el sentido buscaría la forma legal de proteger común y evitar hacer clic en enlaces la privacidad de los ciudadanos, hoy


MISCELÁNEO

123RF

SOCIEDAD BETA

extraños o tener cuidado con mensajes que parecieran sospechosos o demasiado llamativos. Si es un aviso de algún familiar en riesgo, es mejor llamar por teléfono pero no hacer clic. Por ejemplo recibir un enlace vía mensaje SMS es algo ya poco usual y la forma de dar acceso a Pegasus. Si haces clic y sucede algo extraño como que no abre la página, está en blanco, muestra mensaje de error, el teléfono comienza a vibrar o de plano aparece un mensaje de publicidad, es muy probable que tu teléfono esté infectado. Quizá no por Pegasus, pero por algún otro tipo de malware.

Cómo protegerte Hay antivirus para smartphones y

aplicaciones de costo que se supone pueden proteger el equipo. No todos tenemos dinero o interés en depender de otros para tener seguridad, sin considerar que su software también puede acceder a nuestro equipo. Así que la recomendación que haré es un poco complicada pero ofrece un nivel superior de seguridad. Se trata de restaurar rutinariamente el teléfono a su estado de fábrica. Esto significa regresar el teléfono, sus archivos y configuraciones, al modo que tenía al comprarlo y sacarlo de la caja. Cada marca y modelo tiene un procedimiento distinto de combinaciones de teclas que hacen reiniciar el equipo. En Youtube se pueden encontrar tutoriales paso a paso. Con ello se puede estar un 90 por ciento

seguro de que el teléfono está limpio, el 10 por ciento restante se lo dejo a la posibilidad de que hayan logrado diseñar un malware que de alguna forma pueda soportar una limpieza total de la restauración, cosa que hoy parece poco probable (pero en unos años podríamos enterarnos que sí era posible). Quizá es complicado, pero piensa que para ellos el volver a tener acceso a tu teléfono será también cada vez más complicado; y que si lo logran una vez, será sólo por un tiempo, pues volverás a realizar la restauración rutinaria y recuperarás tu privacidad. Informe del caso realizado por el instituto Citizen Lab: https://citizenlab.org/2017/02/ bittersweet-nso-mexico-spyware/

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EX LIBRIS

EL NAPOLEÓN DE STENDHAL, EL ALIAS DE HENRY BEYLE ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

Mas genio militar que político, II. Stendhal compara a Nadestructor de las monarquías poleón con Julio César; ambos constitucionalistas para arritransitaron del republicanismo a la bar al trono monárquico constituciomonarquía. O sea del cesarismo al nalista; sobre todo célebre por el Cóbonapartismo. Y así el gran literato digo Civil de 1804 que inauguró la de Rojo y negro ofreció la biografía de modernización, obra de los juristas su héroe, a cuyo servicio estuvo mifranceses de la ilustración posrevolulitarmente y cubre de elogios acencionaria. Pero hijo de la gran Revotuando su despotismo y destellos de lución Francesa de 1789, pronto fue grandeza: “Mi propósito es dar a Napoleón representante de su propia conocer a este hombre extraordinadecadencia por sus ambiciones rio, a quien yo amaba vivo y autocráticas en el marco de a quien estimo ahora con sus derrotas en Waterloo todo el desprecio que y Moscú, para terminar me inspira lo que ha Autor: Amado Nervo desterrado en las islas venido tras él. El cariTítulo: Poesías completas, de Elba, y Santa Eleño por Napoleón es la colección Atenea y Porrúa na –donde murió– tras única pasión que me Editorial: Porrúa, Sepan haber ordenado, entre ha quedado, lo que no Cuántos otros homicidios, el del impide ver lo defectos de duque de Enghien. Hecho su espíritu y las miserables por el que Fouché le recriminó: debilidades que se le pueden “Sire, no fue un crimen… fue una reprochar”. La traducción, notas estupidez política”, cuando éste se y prólogo son de la brillante Conufanaba de ese asesinato. Genio y fisuelo Berges, autora de la biografía gura (1769-1840), roza la estatura de de Stendhal, en editorial Aguilar; y estadista; y tras haber sido el Gran también está la escrita por Michel Corzo y supuestamente haber escrito Crouzet: Stendhal o el señor yo mismo, sus memorias (Memorias de Napoleón, ediciones Alfons el Magnanim). Se editorial Desván de Hanta, 2014), habían publicado fragmentos de cae en la ridiculez de un político Vida de Napoleón de Stendhal (colecmás. Stendhal, su admirador, escrición Austral); pero la de Aguilar está be: Vida de Napoleón como réplica al completa. Y es en ella donde Stendlibro de Madame de Staël: Considerahal nos ofrece la biografía de su ciones sobre los principales acontecimientos admirado nacido en Córcega, una de la Revolución Francesa. isla, y muerto en otra isla. Y de cuya

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estancia nos da cuenta el Conde de las Cases en: Memorial de Santa Elena, editorial Iberia, con traducción de Juan G de Luaces. III. En 87 breves capítulos, el escritor francés-universal nos brinda esta novela histórica, completada con unas “memorias” sobre Napoleón; algo así como una continuación de la vida del casi endiosado emperador que hizo del bonapartismo un sinónimo del cesarismo. En ambos textos, Stendhal hizo varias referencias a su héroe, que se agregan como apéndices para obtener más sobre la vida del derrotado por “el general invierno” en Moscú (lo mismo que le sucedió a los nazis). Texto muy valioso es el apunte de Stendhal titulado: La Constitución deseada por el pueblo en 1788-1789 y que nos dice, “es un extracto de todos los panfletos de la época que he podido procurarme y de los cuadernos dados por el pueblo a sus diputados”. Estos cuadernos eran la recopilación de quejas y demandas en toda Francia, de donde nacieron los famosos Derechos del Hombre y del Ciudadano que han iluminado y guiado a esos catálogos. Es un texto para todo lector, pero sobre todo de enorme utilidad para la formación de los abogados. Pues sin temor a equivocarme, Vida de Napoleón de Stendhal, es un documento rara avis.



ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 26 de junio al 2 de julio de 2017

Año 16 • Número 545 • $30


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