Contralínea 551

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 7 al 13 de agosto de 2017

Año 16 • Número 551 • $30




CONTENIDO

PORTADA

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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO: DISPENDIO Y ASIGNACIÓN DISCRECIONAL DE PLAZAS El Tribunal Superior Agrario paga a secretarias, cocinera y chofer sueldos de subdirectores

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número 551, del 7 al 13 de agosto de 2017– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea. com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 4 de agosto de 2017. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente refl ejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6 OFICIO DE PAPEL PRESIONA EU A MÉXICO EN MATERIA LABORAL Miguel Badillo 8 ZONA CERO AGENTES MEXICANOS EN MISIONES EN ESTADOS UNIDOS Zósimo Camacho 10 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA ENTREGUISTA: 1 MIL 172 MEXICANOS EXTRADITADOS A ESTADOS UNIDOS Nancy Flores 12 DEFENSOR DEL PERIODISTA NADA TIENEN QUE APLAUDIRLE LOS PERIODISTAS A PEÑA Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS 14 AFGANISTÁN: LA GUERRA SIN FIN Richard Ruíz Julién/PL 16 EL CHE EN BOLIVIA: “COMIENZA UNA NUEVA ETAPA” Claudia Dupeirón/PL 19 FALSA Y PELIGROSA VENTAJA DE DESHONESTOS EN EL DEPORTE Pablo Bargueño de Retes/CCS

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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20 TRABAJO INFANTIL ALCANZA PUNTO ÁLGIDO ANTE CONFLICTOS Y CATÁSTROFES Teyuné Díaz Díaz/PL


CONTENIDO

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DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

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Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com ASISTENTE WEB

INVESTIGACIÓN

Armando Covarrubias

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PORTADA Tribunal Superior Agrario: dispendio y asignación discrecional de plazas Nancy Flores

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SOCIEDAD La crisis del agua, detonante de conflicto social José Réyez

David Manrique manrique@contralinea.com.mx

ILUSTRADOR

ANÁLISIS 42

INTERNACIONAL TLCAN: Estados Unidos y Canadá ya están de acuerdo Roberto García Hernández/Prensa Latina

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INTERNACIONAL El establishment estadunidense contra el mundo Thierry Meyssan/Red Voltaire

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Ilustración de portada: DAVID MANRIQUE

INTERNACIONAL Rusia: las sanciones de Estados Unidos y el fin de los saludos Antonio Rondón/Prensa Latina

ESPECIALES 56

CONTRALUZ Arantepacua: impunidad estatal contra población indígena Cristian Leyva

MISCELÁNEO

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SOCIEDAD BETA Peñabots influyendo en la opinión pública Gonzalo Monterrosa

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9191

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EX LIBRIS Julio Hernández López: crónica del encabronamiento mexicano Álvaro Cepeda Neri

Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

PRESIONA EU A MÉXICO EN MATERIA LABORAL MIGUEL BADILLO

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unos días de que arranque la renego- equipo para enfrentar a Estados Unidos y obliciación del Tratado de Libre Comercio garlo en materia laboral a que rubrique los seis de América del Norte (TLCAN), Esta- convenios que se ha negado a reconocer como dos Unidos toma ventaja y presiona al gobierno un derecho en favor de los trabajadores en ese mexicano en materia laboral (igual lo hizo con país. El Consejo de Administración de la OIT ha su socio Canadá) para obligarlo a firmar el convenio fundamental 98 de la Organización de la establecido que en los ocho convenios consideOrganización Internacional del Trabajo (OIT), rados como principios y derechos fundamentarelativo a la aplicación de los principios de sindi- les en el trabajo, se protege la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento cación y de negociación colectiva. Fuentes del gobierno confirmaron las pláti- efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas cas “informales” que ya sostienen con su Fuentes del gobierno confirmaron las formas de trabajo forzoso u obligatorio, contraparte estadunidense y se quejaron de las pláticas “informales” del TLCAN; en la abolición efectiva las presiones de Was- éstas Washington ha exigido a México del trabajo infantil y la eliminación de hington, pues mientras que rubrique el acuerdo 98 de la OIT la discriminación en los funcionarios grinmateria de empleo y gos exigen al gobierno mexicano que rubrique dicho acuerdo 98 –Mé- ocupación. En la actualidad, suman más de 1 mil 367 xico ha firmado siete de los ocho convenios fundamentales–, Estados Unidos sólo ha aprobado ratificaciones de estos convenios, lo que representa el 91.4 por ciento del número posible, dos principios básicos de la OIT. El gobierno de Canadá habría cedido a las pero aún faltan 129 ratificaciones para lograr el presiones estadunidenses al firmar dicho conve- objetivo universal. Los ocho convenios y principios fundamennio antes de las negociaciones del TLCAN, por lo que Estados Unidos enfila sus baterías a Méxi- tales incluidos en la Declaración de la OIT (que co y ya presiona para llegar con ventaja a la mesa en México son violados permanente en todo el de negociación, algo muy dado en los abusivos país) son: 1. Convenio número 87, sobre la libertad negocios a los que acostumbra Donald Trump. Por su lado, los negociadores mexicanos y sindical y la protección del derecho de sindicacanadienses en materia laboral prevén hacer ción, 1948.

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do de la República apruebe la ratificación del Convenio 98 de la OIT, en donde se avala la sindicación y la negociación colectiva desde una perspectiva de fuerza, algo que espanta al empresariado mexicano, el cual prefiere simular contratos colectivos con representantes espurios de sindicatos charros, mismos que han proliferado en todo el país y que lejos de atender los derechos de sus agremiados se han vendido a los patrones. En una declaración del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, señalaba: “Nos preocupa que pueda confirmarse (la firma del Convenio 98), porque puede suscitar un rompimiento de los equilibrios y la paz laboral, así como mermar la productividad. Constituiría un estímulo a la simulación en la celebración de los contratos colectivos… la legislación vigente ya cubre amplia y fundamentalmente el principio de protección al derecho a la sindicación y de negociación colectiva”. Con la negociación del TLCAN, en los próximos días volverá a la mesa la discusión en México sobre ratificar o no el Convenio 98 y nuevamente la Cámara de Senadores tendrá que discutir el tema en la tribuna, aunque en años anteriores se ha rechazado ese derecho laboral, pues en México los representantes del pueblo, como deberían de ser los legisladores, están más preocupados en quedar bien con los dueños del dinero que en proteger los derechos de los trabajadores del país, como lo demanda la OIT. 123RF

2. Convenio número 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. 3. Convenio número 29, sobre el trabajo forzado, 1930. 4. Convenio número 105, sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. 5. Convenio número 138, sobre la edad mínima, 1973. 6. Convenio número 182, sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. 7. Convenio número 100, sobre igualdad de remuneración, 1951. 8. Convenio número 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958. En la mesa de negociación en materia laboral dentro del TLCAN, el sector empresarial ha fijado ya su postura para oponerse a que México apruebe la firma del Convenio 98, porque según los dueños del dinero el país no cuenta con un marco jurídico compatible, además de que la estructura sindical ya existente “afectaría la productividad de las empresas”. Por supuesto que los empresarios prefieren tener una mano de obra barata sometida y sin capacidad organizativa, de tal forma que no exijan mejoras salariales porque, según el sector empresarial, la “productividad de las empresas” se vería afectada. Lo que también quieren los empresarios es poder despedir en cualquier momento a los trabajadores sin pagarles las liquidaciones de ley. Esos argumentos son suficientes para que el sector empresarial se oponga a que el Sena-

OPINIÓN

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OPINIÓN ZONA CERO

AGENTES MEXICANOS EN MISIONES EN ESTADOS UNIDOS ZÓSIMO CAMACHO

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n total de 61 efectivos mexicanos –de cuatro dependencias federales de seguridad– se encuentran en Estados Unidos realizando labores de “colaboración” con las autoridades de ese país. Se trata de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación (Segob). La información está contenida en dos oficios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que obtuvimos por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: el UDT-3742/2017 y el UDT3743/2017. Cabe señalar que se trata de elementos mexicanos que realizan trabajos relacionados con la seguridad. No se incluyen, por supuesto, a los del servicio diplomático con responsabilidades políticas o económicas. Tampoco a quienes se encuentran en ese país por motivos de entrenamiento o capacitación. No sabemos cuántos, de los 61 efectivos mexicanos en Estados Unidos, pertenecen a la PGR, cuántos a las Fuerzas Armadas (Sedena: Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y Semar: Armada de México) y cuántos a la Segob. De esta última dependencia, no se especifica qué oficinas o agencias enviaron efectivos. Podrían ser el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración. Bienvenida la transparencia y la entrega de información. Lo que no queda claro es por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores no aplicó el mismo criterio para informar del número de agentes estadunidenses en territorio mexicano. En entregas pasadas hemos documentado que efectivos de 13 agencias estadunidenses se encuentran en

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México “colaborando” en materia de seguridad con las autoridades mexicanas. Son efectivos que provienen de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, siempre por sus siglas en inglés); el Servicio Secreto; la Agencia antidrogas (DEA); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y otras ocho dependencias de las áreas de seguridad del gobierno de Estados Unidos. La semana pasada consignamos la negativa tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del propio Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) para dar a conocer el número de agentes estadunidenses en territorio mexicano. Para ello construyeron auténticos malabares discursivos que “justifican” el ocultamiento de un dato, una estadística. Invocaron el fantasma de la “seguridad nacional” (cómo podría faltar este “argumento”), la seguridad de los agentes y la “buena relación” que México cultiva con su vecino del Norte. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Inai concluyeron que, en suma, los mexicanos no tienen derecho a saber el número de tropas y agentes extranjeros en México. Todo porque, de revelar ese dato, una hecatombe caería sobre el país. ¿Y cómo fue que la Secretaría de Relaciones Exteriores no concluyó lo mismo con respecto del número de efectivos mexicanos en Estados Unidos? Precisamente que informen el número de mexicanos en el país del Norte pero que nieguen el de los estadunidenses aquí, muestra la incoherencia de criterios. Y queda claro que el dato solicitado sobre los estadunidenses que “colaboran” con las autoridades de este país en territorio mexicano en nada afecta la seguridad nacional, no se pone en riesgo operativo alguno ni tienen por qué verse afectadas


las relaciones entre México y Estados Unidos. El ocultamiento de tal información en realidad responde a criterios políticos. No podremos saber los mexicanos si esos 61 elementos mexicanos en Estados Unidos se corresponden con los estadunidenses en México. Probablemente no sea así y los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hayan autorizado la entrada masiva de tropas y agentes de Estados Unidos so pretexto de la “guerra” contra el narcotráfico. Volviendo al dato de los 61 efectivos mexicanos en la Unión Americana, ¿también van a combatir al narcotráfico en esa nación? ¿O tienen otras preocupaciones además de la delincuencia organizada? Ojalá pudieran averiguar algo sobre el trasiego ilegal de armas que llegan a cárteles del narcotráfico, pero también a grupos paramilitares que han asolado a comunidades enteras de entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Sinaloa.

Fragmentos Iniciamos una semana con fechas que –más allá de actos oficiales, discursos y rituales políticos decadentes– no podemos dejar pasar. De hecho, hay que arrebatar esas fechas a los oportunistas que se cuelgan de la memoria de hechos y personajes que probablemente ni conocen (¿qué tiene que ver, por ejemplo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con el general Francisco Villa? Ahí vimos al precandidato entrando a Parral a caballo dizque como entró el Centauro del Norte)… Hoy estamos conmemorando 117 años de la primera edición del periódico Regeneración, de los hermanos Flores Magón. Sabemos del papel que desempeñó para denunciar las condiciones de los trabajadores bajo la dictadura de Díaz e, incluso, para organizar la Revolución luego de la publicación de un documento fundamental: El Programa del Partido Liberal. También, de su heroica defensa de las libertades de expresión y de prensa. Pero poco se ha dicho del antecedente que estableció

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para el periodismo de investigación, adelantándose a los muckrakers de Estados Unidos. Vio la luz el martes 7 de agosto de 1900. Los lectores encontraron un periódico que estableció en su editorial: “[…] señalar, denunciar todos aquellos actos de los funcionarios judiciales que no se acomoden a los preceptos de la ley escrita, para que la vergüenza pública haga con ellos la justicia que se merecen”. Para el número 5, del 7 de septiembre de ese año, en un editorial titulado “Prensa y poder”, con una vigencia que conmueve, señaló: “El periodismo es una labor como la labor del médico, como la tarea del Abogado. Cuando esa labor se hace objeto de persecuciones injustificadas, se transforma en misión, y siempre será muy peligroso para el Gobierno hacer de una sencilla manifestación de la actividad, un fanatismo, destructor como todos los fanatismos, precursor quizá de una revolución violenta que es necesario y urgente evitar”… La otra efeméride es la del nacimiento del jefe del Sur, Emiliano Zapata, un 8 de agosto, en este caso, de 1879. “La tierra es de quien la trabaja”, frase que sigue animando las luchas campesinas y obreras de nuestros días… Y el domingo 13 se cumplirán 496 años de la derrota de la resistencia mexica frente a las Fuerzas de la Corona Española. Desde 1521, los pueblos indígenas siguen reclamando su lugar en la nación.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

POLÍTICA ENTREGUISTA

1 MIL 172 MEXICANOS EXTRADITADOS A ESTADOS UNIDOS NANCY FLORES

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no de los rostros de la política más entre- que no ocurriría, pero sorpresivamente se dio el 19 guista de este país es el de la extradición de enero de 2017, apenas 1 día antes de que Donald de mexicanos a Estados Unidos con fines Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos. La “coincidencia” con la toma de posesión fue judiciales; es decir, la renuncia del Estado a juzgar a sus delincuentes, en su propio país y con sus propias vista como un guiño al nuevo gobernante que, sin embargo, despreció el gesto y continuó con sus leyes. Bajo el argumento de tener un sistema corrupto, amenazas de construir el muro en la frontera Norte que no garantiza justicia a su sociedad, el gobierno y renegociar ventajosamente para su país el Trataha ido cediendo en el tema de extradiciones a cam- do de Libre Comercio de América del Norte, de bio de la “cooperación” financiera estadunidense. por sí perjudicial para la mayoría de los mexicanos. Tan perjudicial como lo es esta política de exEl peor momento se vivió con el panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando 587 mexicanos fueron tradiciones, que somete al sistema de justicia mexientregados a la justicia estadunidense y allá com- cano y nos muestra incapaces de aplicar nuestra purgan o compurgaron sus penas, además de pagar propia ley. Política que ha conmultas millonarias a las seguido que entre enero arcas de ese país. Entre enero de 1995 y julio de 2017, 1 de 1995 y julio de 2017, Aunque lo peor ocurrió en ese sexenio, mil 140 mexicanos fueron extraditados a 1 mil 140 mexicanos en el gobierno de En- Estados Unidos. De éstos, 312 en lo que fueron extraditados a Estados Unidos: 68 con rique Peña no estamos va del gobierno del priísta Peña Nieto el priísta Ernesto Zedimejor: en los primeros llo; 211 con el panista 4 años (2013-2016), 268 presuntos delincuentes fueron entregados a Estados Vicente Fox; 587 con Calderón, detalla el informe Unidos, refiere el informe US-mexican security coopera- del Congressional Service Research; y al menos tion: the Mérida Initiative and beyond, publicado en junio 312 con Peña (Excélsior, 26 de abril de 2017). El sometimiento de México es bien visto en Espasado por la unidad de investigación del Congreso tados Unidos. “Durante el gobierno de Calderón, estadunidense. A éstos se suman los extraditados en lo que va las extradiciones fueron un indicador que el Deparde 2017: al menos otros seis individuos acusados tamento de Estado utilizó como ejemplo del éxito de diferentes delitos, entre los que destaca Joaquín de la Iniciativa Mérida. Con Calderón, en promedio, México extraditó a más de 100 personas por Guzmán Loera, el Chapo. El caso del líder del Cártel de Sinaloa sobresa- año a Estados Unidos, un gran aumento respecto le porque es la clara muestra de la sumisión de este de la administración anterior. Cuando el presidente país frente a nuestro vecino del Norte: esta extradi- Peña Nieto asumió el cargo, las extradiciones cación se había dilatado al punto en que se pensaba yeron a 54 en 2013, pero han aumentado a 79 en

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

2016”, indica el informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond. El análisis del Congressional Service Reasearch dice que, después de la extradición del Chapo, las autoridades estadunidenses esperan que el gobierno de Peña Nieto cambie su postura y extradite a más presuntos delincuentes. “Aunque México resistió la presión para extraditar a Guzmán a Estados Unidos (donde enfrenta múltiples cargos) luego de su captura inicial en 2014, desde entonces el gobierno ha demostrado más voluntad de aprobar solicitudes estadunidenses de extradición”. Indica que tan sólo en septiembre de 2015 fueron remitidos 13 importantes narcotraficantes a ese país para ser juzgados en sus cortes. Aún así, y luego de tener a un sumiso colaborador como lo fue Calderón, para los gringos esto es insuficiente. Por ello, la unidad de investigación sugiere al Congreso estadunidense “aumentar la presión sobre los departamentos de Justicia y de Estado para que, a su vez, presionen más a México en el tema de las extradiciones”. Según el informe, a los investigadores estadunidenses les “preocupan” la seguridad de las cárceles de México y la corrupción general en el sistema de justicia penal. Un sistema que, según esos argumentos, por corrupto ya no juzgó a Carlos Armando “N”, integrante del Cártel de Juárez y colaborador del ya fallecido Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Carlos Armando “N” y otras tres personas fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 26 de

abril, acusados de diferentes delitos. Al supuesto narcotraficante se le señala en una corte estadunidense de asociación delictuosa y delitos contra la salud. Carlos Armando “N” y el Chapo Guzmán no son los únicos narcotraficantes entregados a la justicia estadunidense. En la lista está Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, extraditado el 15 de noviembre de 2014, acusado de traficar “decenas de miles de kilogramos de cocaína” en Estados Unidos y participar en una campaña de violencia en ese país. Otro narcotraficante puesto a disposición de la justicia estadunidense –el 21 de noviembre de 2013– fue Iván Velázquez Caballero, el Z-50 o Talibán, líder de Los Zetas. Éste fue acusado de conspirar para trasegar drogas ilegales, armas de fuego y dinero ilícito entre México y Estados Unidos, y de asesinar y secuestrar a ciudadanos estadunidenses. Pero no sólo son traficantes de narcóticos los que pagan sus penas en ese país. México también ha extraditado a connacionales acusados de otros ilícitos, como Lionel Portillo e Iván Soto, supuestos responsables del asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza; Armando Albarrán, supuesto asesino de un sheriff (alguacil); y el consultor financiero Manuel Ortiz Barraza, señalado de defraudar al EximBank. Así, los extraditados no sólo son capos del narcotráfico; también son defraudares, tratantes de personas, pandilleros, asesinos, violadores, lavadores de dinero y exconvictos, a quienes el Estado mexicano les falló por su debilidad frente a Estados Unidos y su incapacidad de juzgarlos aquí.

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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA

NADA TIENEN QUE APLAUDIRLE LOS PERIODISTAS A PEÑA ÁLVARO CEPEDA NERI

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uentan que harto de estar en Los Pinos, acariciando la silla de montar que puso en lugar de la pintura de Benito Juárez, Fox pedía a su secretario particular, Alfonso Durazo (primero priísta, luego fanático panista y hoy furibundo morenista): “¡Dile a Castañeda que me consiga viajes fuera del país!”. Lo mismo le pasa a Peña, quien solicita a su amigo Videgaray (su precandidato presidencial, como as bajo la manga), llevarlo de viaje porque está en su año de hartazgo. Por eso va y viene a lugares donde nada tiene que hacer, ni lo invitan, como en la pasada reunión del Grupo de los 20 (países más ricos). Se fue a parís para conocer a Macron. Antes estuvo en Sudamérica. Y se ha quedado con las ganar de ir a Washington, porque sabe que Trump no lo puede ver ni en pintura. En nuestro país inaugura reuniones y devela placas, como hizo cuando Javier Duarte era desgobernador. Y es que sabía que éste era corruptísimo, pero le financió su campaña presidencial. No para de viajar el inquilino de Los Pinos como lo hizo en vísperas de las “elecciones” para imponer a su primo hermano Del Mazo, júnior del júnior. Pero su pésimo gobierno ha creado más pobreza, más desempleo, más inseguridad que contabiliza 180 mil homicidios; más los miles de feminicidios ocurridos en el Estado de México desde su sexenio a la fecha. A lo que se suma la impunidad y la corrupción, donde sólo nos falta saber si participó en los sobornos de las empresas Odebrecht y OHL. Ya no sabe cómo terminar su maldito sexenio, que empeoró las ruinas que dejaron Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Pero no deja de pedir acarreados a sus reuniones para aturdirse con aplausos. Tan necesita de ese clamor, que su vocero Eduardo Sánchez citó a casi 500 reporteros a una reunión sobre cuestiones irrelevantes. Llegó Peña sin corbata, con

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la clásica palidez en su rostro –que ha provocado rumores sobre su deteriorada salud, desde que le extirparon la tiroides cancerosa–, y se apoderó del micrófono. Y ya molesto reclamó a los periodistas: “ya sé que ustedes no aplauden…”. Acto seguido se retiró. Pues parece que suponía que eran acarreados como también sucede en sus reuniones con empresarios; o con sus empleados que tienen orden de aplaudir y hasta ponerse de pie para caravanearlo. El señor Peña se molestó con los periodistas por no aplaudirle, como lo hizo con quienes reclamaron ser espiados por funcionarios peñistas. Igual se les fue encima con la amenaza de que si no probaban su denuncia, él los acusaría ante la PGR (con su amigo-cómplice Raúl Cervantes); vomitando a los reporteros de la “fuente” que: “sin son tan machos, presenten pruebas”. Está claro que en lugar de aplausos, los mexicanos le lanzarán reclamos, como le acaba de suceder a Fox (La Jornada y El Universal, 6 de julio de 2017); especialmente los periodistas, quienes debido a su trabajo sufren las embestidas de las élites del poder público y privado, así como de la delincuencia, para evitar que se conozcan sus triquiñuelas. Y es que en las últimas 3 décadas: 1984-2017, al amparo de la creciente inseguridad cada vez más perversa y en el contexto de una guerra militar para enfrentar a los paramilitares del narcotráfico, se han multiplicado los asesinatos de periodistas por casi todo el país. Y de Manuel Buendía a Javier Valdez nada hacen los desgobernadores de las 32 entidades ni los indeseables inquilinos de Los Pinos, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña, con sus miles de funcionarios encabezados por Javier Duarte, el hampón de Veracruz –que al parecer ya se arregló con Peña en el viaje de éste a Guatemala–, donde hubo más de 16 periodistas asesinados. Y cuya cro-


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ALFONSO REYES/CUARTOSCURO

DEFENSOR DEL PERIODISTA

nología está en los libros de Miguel Ángel Granados Chapa: Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. Y de Carlos Moncada Ochoa: Oficio de muerte. Periodistas asesinados en el país de la impunidad. Ambos de editorial Grijalbo. No pocos de esos asesinatos se deben a la mano negra (alias usado desde el homicidio de Belisario Domínguez, en el libro De cómo vino Huerta y de cómo se fue. Apuntes para la historia de un régimen militar; ediciones El Caballito) de funcionarios municipales, estatales y federales que con la participación empresarial, tratan de silenciar a los medios de comunicación especialmente en la prensa escrita; y para lo que ya se contrata a sicarios. Esa barbarie se inició en 1968 y 1971, durante la embestida policiaca y militar contra estudiantes, mientras se consentía el auge del narcotráfico que dejaba dividendos a empresarios, banqueros y funcionarios, apareciendo la narcopolítica. Y en lo que va del agonizante sexenio peñista, continuación del calderonista por el más de medio millón de asesinatos, es cuando más crímenes de periodistas se han cometido con total impunidad, particularmente de reporteros.

Así que para sembrar el miedo y cosecharlo como terrorismo para someter a los mexicanos, es que el peñismo ha dejado vía libre a los homicidios de periodistas como parte del resto de los asesinatos; donde las balas de las supuestas fuerzas del orden asesinan a mexicanos que nada tienen que ver con las delincuencias. Pues al no cumplir con sus obligaciones: gobernadores, presidentes municipales y el presidente Peña, ocupados en la rapiña a la luz pública de la descarada corrupción, va en aumento esa criminalidad por todo el territorio. Así que el choque de la violencia gubernamental y la violencia delincuencial nos hace víctimas de una violencia colectiva, como concluye el Foro Nacional de Salud Mental, según informó el reportero Fernando Camacho Servín (La Jornada, 16 de junio de 2017). Pero para detener los homicidios de periodistas, no se les puede separar del resto de los crímenes que cometen tanto políticos como delincuentes. Ha de impedirse el terror general y combatir eficazmente a los delincuentes. De lo contrario, la nación estará a merced de esta sanguinaria mafia.

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OPINIÓN ARTÍCULO

AFGANISTÁN LA GUERRA SIN FIN RICHARD RUÍZ JULIÉN/PRENSA LATINA

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Lo cierto es que esta guerra, la de Afganistán, fganistán, engullido por la violencia desde hace décadas, languidece bajo una situa- ha visto pasar a tres inquilinos de la Casa Blanca: ción de inseguridad, miseria y guerra cada George W Bush, que la declaró y marcó el objetivez más crítica. Los talibanes han ido poco a poco vo de desalojar a los talibanes, eliminar Al Qaeda, recuperando el poder que perdieron en el otoño de estabilizar el país y convertirlo en una democracia. 2001, cuando las tropas de la Alianza del Norte, Barack Obama, que la dio por terminada en 2014, apoyadas por la aviación de Estados Unidos, recon- pero sin éxito; y Donald Trump, que quiere ganar contiendas, pero ahora se ve impelido a actuar en quistaron Kabul. La contienda actual, claro, que tiene ya 16 años ese país para no perder la primera en la que se halla de historia. Pero también las raíces contemporá- involucrado. Si vamos a las estadísticas, desde que Trump neas del terrorismo islamista, y más en concreto de Al Qaeda, que surgió en el caldo de cultivo de la llegó al poder se produjo una intensificación de la resistencia de los muyahidines afganos, apoyados actividad terrorista y el gobierno afgano perdió al menos un 10 por ciento de territorio bajo su control por Arabia Saudita y Estados Unidos. Es la guerra más larga en la que se haya impli- a favor de la insurgencia, con el agravante de que al cado jamás Washington y también la primera en peligro de los talibanes y Al Qaeda se unen ahora los combatientes del Esque la Organización del Tratado del Atlántico Desde que Trump llegó al poder, au- tado Islámico. Especialmente graNorte (OTAN) realiza mentó el terrorismo y el gobierno afgano ves han sido los atenuna acción militar fuera perdió un 10 por ciento de territorio bajo tados de Kabul con de su territorio. coches-bomba, que También es la pri- su control a favor de la insurgencia demuestran la inefectimera y hasta ahora la vidad del gobierno para única que resulta de la activación del artículo 5 del Tratado Atlántico, en garantizar la seguridad ni siquiera en la capital. ¿Cuál es hasta ahora la línea de movimiento el que los socios de la Alianza se comprometen a defenderse mutuamente ante cualquier agresión que sigue Trump? Lanzó sobre territorio afgano la llamada “madre de todas las bombas”, el mayor exexterior. En un país donde los caudillos que combatie- plosivo no nuclear jamás detonado, de efectos más ron en la guerra civil siguen en posiciones de poder propagandísticos que reales. Asimismo aceptó el principio de un incremento y nunca han sido investigados por sus crímenes, la impunidad y la corrupción campan a sus anchas, de las tropas, y abandonó la acción política y diploel gobierno es cada vez más cuestionado; de sim- mática a favor de la meramente militar, que dejó en bólico le califican algunos expertos, en referencia a manos de sus asesores y consejeros. Bajo el mando de la OTAN se llegaron a despleun Ejecutivo formado con el objetivo de reflejar los gar hasta 130 mil soldados de 51 países, que empezadelicados equilibrios étnicos de la nación.

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Finalmente hay una guerra intrapaquistaní, entre el régimen de Karachi y los talibanes paquistaníes, aliados de los afganos, que también se proyecta sobre el país vecino. Con la clara premisa de que la solución no era exclusivamente militar, las anteriores presidencias estadunidenses intentaron buscar soluciones integrales; planteaban que era necesario “ayudar” a los afganos a la construcción de un país estable. Trump sabe lo que quiere evitar, pensando sobre todo en su imagen, pero no tiene idea alguna respecto a cómo ganar esta guerra o al menos salirse de ella en un plazo razonable. Le acompaña el magro consuelo de que tampoco lo sabían sus antecesores. El politólogo Stephen Walt señaló que “Estados Unidos está luchando en Afganistán desde hace tanto tiempo que ya es fácil olvidar por qué estamos allí”. En un artículo en la revista Foreign Policy, añadió: “De hecho no estoy seguro de saberlo ni yo mismo”. Lo mismo sucede con el objetivo: si es vencer a los talibanes, destruir a Al Qaeda o conseguir que el país cambie, de forma que las mujeres afganas dejen de esconderse tras los burkas y las niñas acudan de nuevo a la escuela. La cuestión del papel de la OTAN en la lucha contra el terrorismo también está en tela de juicio. Para algunos, resulta cuanto menos eficaz, eso si no es que no hay un objetivo verdaderamente sincero de lograr combatirlo. Ya no es justificativo que los países occidentales defienden en Afganistán su propia seguridad; la extensión de guerras civiles y Estados fallidos en la geografía más próxima a Europa se impone como contraparte de ese antiguo argumento. Mientras, la tragedia afgana no prevé fin inmediato ni solución efectiva, sea que la comunicad internacional se retire de su territorio, sea que permanezca bajo el supuesto de arreglar el desastre que ellos mismos crearon. DAVID MANRIQUE

ron a retirarse de la misión de combate en 2011 hasta convertirla a partir de 2014 en asesoramiento, asistencia y entrenamiento de las fuerzas militares afganas, a cargo actualmente de un contingente de 13 mil 500 soldados, de los que casi 8 mil son estadunidenses. El costo ha sido muy elevado, porque ninguna otra contienda representó tantos gastos, en dinero y en vidas, para los países europeos de la OTAN. Errática y sin fin, son otros de los calificativos que los analistas le otorgan a esta guerra, iniciada con plena cobertura legal de la Organización de las Naciones Unidas y de la Alianza Atlántica, y difuminada actualmente en una geografía de inestabilidad, conflictos tribales y terrorismo. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es el objetivo a conseguir? Escasa claridad hay sobre esos temas. Primero fueron los talibanes, luego Al Qaeda y ahora al parecer el Estado Islámico, que amenaza con un peligro novedoso como sería la reproducción de una guerra a la siria en territorio afgano. De igual forma es tan complejo el panorama interno que muchos especialistas hablan de múltiples guerras dentro de Afganistán. Hay una primera guerra secular de los pastunes, la etnia mayoritaria, contra las otras. Otra es tribal interpastún, entre los durrani y los ghilzai, que tuvo su extraña expresión en la derrota del emir Omar, un talibán ghilzai, y la entronización por los estadunidenses del presidente durrani Hamid Karzai. Existe una tercera entre religiosos reaccionarios y cosmopolitas progresistas, de la que salieron perdedores estos últimos con la derrota soviética en 1989. Una cuarta, menos visible, es el resultado de la proyección de la guerra fría entre Pakistán e India sobre suelo afgano, donde Karachi busca profundidad estratégica y recluta partidarios para la causa de la Cachemira disputada con Nueva Delhi.

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EL CHE EN BOLIVIA “COMIENZA UNA NUEVA ETAPA” CLAUDIA DUPEIRÓN/PRENSA LATINA

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a Paz, Bolivia. Sin barba ni melena, con unos valles tropicales preciosos, pero una de las unos anteojos que disimulaban su rostro, cosas interesantes a que nos dedicábamos era a pero no su mirada, llegó el Ernesto Gue- otear el panorama político que es sumamente vara, el Che, a Bolivia con un solo objetivo: librar interesante. Bolivia es un país que ha dado un a la nación andino-amazónica de la dictadura ejemplo realmente importante a América”. “Vimos el escenario mismo de las luchas, los del general René Barrientos y continuar luego la impactos de bala y hasta restos de un hombre marcha revolucionaria por Latinoamérica. El 3 de noviembre de 1966, con un pasaporte muerto en la pasada revolución (1952) y enconuruguayo a nombre de Adolfo Mena González trado recién en una cornisa donde había volaarribó el Che a La Paz y sólo 4 días después es- do su tronco, ya que exploraron los cartuchos taba en Ñancahuazú, su primera base de ope- de dinamita que llevaba en la cintura. En fin, se ha luchado sin asco. Aquí las revoluciones no se raciones. No era la primera vez que el Che visitaba hacen como en Buenos Aires, y 2 o 3 mil muertos (nadie sabe exactaBolivia. Aún sin saber lo que significaría su El Che no concebía la lucha en Bolivia mente cuántos) quedanombre para el mun- como un hecho aislado, sino como parte ron en el campo”. do, Ernesto Guevara de un movimiento revolucionario de libede la Serna pasó por De regreso el país sudamericano ración que se extendería a otros países al diario de en 1953. guerrilla Más de 1 década antes de formar su guerrilla, el joven argentino En su introducción al Diario del Che en Bolivia, conoció sobre la insurrección del 9 de abril de el comandante en jefe Fidel Castro afirmó: “el 1952 en La Paz. Che no concebía la lucha en Bolivia como un heEn una de las cartas que envió el Che a su cho aislado, sino como parte de un movimiento amiga Tita Infante, durante el viaje por Lati- revolucionario de liberación que no tardaría en noamérica acompañado por Alberto Granados, extenderse a otros países de América del Sur”. Guevara decía sobre Bolivia: Por su parte, el escritor e investigador boli“Le diré que en La Paz me olvidé del régimen viano Carlos Soria en su artículo “¿Por qué vino y de todas esas macanas [...] todo estuvo magní- el Che a Bolivia?”, indica que no se puede entenficamente durante el mes y medio que perma- der su presencia aquí sin considerar elementos necí. Paseamos por los alrededores más o menos del contexto mundial. lejanos de la capital, como Los Yungas, que son “Hemos llegado al medio siglo de un aconte-

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cimiento internacional ocurrido en territorio de nuestro país. La guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara no fue un suceso exclusivamente boliviano, sino el resultado de un complejo entramado mundial de ese entonces. Por una parte, la Revolución Cubana, de forma militante, solidaria y comprometida, empeñada en apoyar cambios revolucionarios en diversas partes del mundo, pero particularmente en América Latina”, subraya el intelectual. El 7 de noviembre de 1966 el guerrillero escribía: “Hoy comienza una nueva etapa”, y así iniciaba el Che su viaje por la nación andino-amazónica y sus apuntes en un diario que lo acompañaría los 11 meses que duró la contienda en ese país. “(...) Gracias a aquel invariable hábito suyo de ir anotando los principales hechos de cada día, podemos disponer de una información pormenorizada, rigurosamente exacta e inaprecia-

ble de aquellos heroicos meses finales de su vida en Bolivia”, señalaba Fidel. Cada día era una historia, un acontecimiento, una valoración sobre el desempeño de la guerrilla. A pesar de la dura lucha en Bolivia, el Che siempre daba en sus notas un aliento de positividad ante tan dura tarea. Cada mes, el guerrillero heroico hacía un resumen del trabajo de la tropa y los hechos más relevantes. “Todo ha salido bastante bien: mi llegada sin inconvenientes [...]. Los planes son: esperar el resto de la gente, aumentar el número de bolivianos hasta 20 y comenzar a operar”, escribía Ernesto Guevara luego de su primer mes en Bolivia (diciembre, 1966). Pero los pasajes de la guerra también estaban llenos de recuerdos, en su mente de revolucionario no faltaba la evocación a los cumpleaños de los hijos, los padres, la esposa.

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11 de febrero de 1967: “Cumpleaños del mación, dando a conocer partes oficiales alejaviejo”, apuntaba en su diario en la jornada en dos de la realidad, explica. “La campaña de prensa contra la guerrilla que su padre Ernesto Guevara Lynch arribaba tenía saturadas a las emisoras radiales. Para dar a otro año de vida. Febrero era un mes de efemérides para el a conocer la verdad, el Che confeccionó el ComuChe. Su primera hija Hildita también celebra- nicado No. 1 con el título: ‘Al pueblo boliviano: ba su cumpleaños el día 15 y su esposa, Aleida frente a la mentira reaccionaria, la verdad revoMarch, a quien nombra Josefina en el libro, lo lucionaria’”. A medida que avanzaban los meses, la guehacía el 18. Luego de 90 días en el país sudamericano, la rrilla del Che continuaba con los combates conguerrilla comenzó a fortalecerse. Para finales de tra el ejército y en mayo de 1967 contaban tres nuevos enfrentamientos en los cuales no sufriemarzo de 1967, el Che apuntaba: “Etapa de consolidación y depuración de la ron pérdida de vidas humanas. El Che expresó: “[...] la guerrilla va adquiguerrilla, cumplida a cabalidad, comienzo de la lucha, caracterizada por un golpe preciso y riendo una moral prepotente y segura que, bien espectacular [...] comienzo de la contraofensiva administrada, es una garantía de éxito”. A pesar de que la tropa apenas contaba en del enemigo”. El 23 de marzo, una emboscada hecha por junio con sólo 24 hombres, las acciones eran ya la tropa guerrillera logró capturar tres morteros, conocidas en todo el país. “La leyenda de la guerrilla crece como espuvarios fusiles, dos radios y zapatos. El saldo para ma; ya somos los súper el enemigo fue de siete hombres invencibles muertos y 14 prisioneLa leyenda de la guerrilla crece como (...). La moral sigue ros. Los datos eran co- espuma; ya somos los súper hombres firme y la decisión de rroborados por las invencibles (...). La moral sigue firme y lucha aumenta”, así contaba el guerrillero emisoras radiales, un la decisión de lucha aumenta heroico en su resumen recurso que el Che utihabitual de fin de mes. lizó siempre y al cual Sin embargo, entre los aspectos más signidaba enorme importancia pues a través de este medio escuchaba los reportes del Ejército boli- ficativos, Guevara resaltaba la necesidad de sumar más combatientes, sobre todo, campeviano y el avance de las tropas enemigas. La radio dio el parte de “un nuevo y san- sinos. Julio fue un mes también cargado de acongriento choque” y habla de nueve muertos y cuatro “comprobados” de nosotros, indicaba el tecimientos para la guerrilla con tres combates, guerrillero heroico el 11 de abril luego del en- en los cuales le ocasionaron siete muertos y 10 cuentro entre 15 soldados y una emboscada de heridos al ejército del general Barrientos y por la guerrilla en las orillas del río Ñancahuazú, del parte de la tropa del Che, fallecieron dos revolucionarios. departamento boliviano de Cochabamba. Al respecto, Guevara escribiría: “[...] La leSegún refiere Carlos Soria en su artículo “Cincuenta años del primer combate guerrillero yenda de las guerrillas adquiere dimensiones del Che en Ñancahuazú”, el 23 marzo fue la pri- continentales; Onganía [entonces presidente de mera batalla guerrillera en las selvas bolivianas. Argentina] cierra fronteras y Perú toma precauDos días después, el comandante Ernesto Che ciones”. Habían transcurrido así 8 meses de la preGuevara reunió a su tropa, y se tomó el acuerdo de darle el nombre de Ejército de Liberación sencia de Ernesto Guevara en Bolivia y de sus compañeros de guerrilla. La lucha continuaba, Nacional de Bolivia. Desde ese momento, el gobierno boliviano América Latina era el objetivo de un ideal que llevó a cabo una intensa campaña de desinfor- se sobrepuso a toda adversidad.

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FALSA Y PELIGROSA VENTAJA DE DESHONESTOS EN EL DEPORTE PABLO BARGUEÑO DE RETES/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

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a globalización actual todavía favorece el consumo de nuevos componentes químicos con efectos similares al de las drogas en el deporte profesional. El sentido primitivo del deporte se ha transformado desde que se descubrió que éste podía ser un negocio muy rentable para las grandes empresas multinacionales. El actual modelo no tiene en cuenta las múltiples formas deportivas que enriquecen el mundo y ofrecen una diversidad social y cultural que la globalización está eliminando. El deporte es un componente más del mercado económico global. Los deportistas son ahora profesionales, pertenecen a una élite creada por los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Hay una inmensa frontera entre los deportistas aficionados y los profesionales. La línea divisoria la marca, en muchos casos, el consumo de sustancias dopantes. La máxima del “todo vale y cuanto más mejor” se cumple también en el deporte. Los grandes ídolos deportivos tienen contratos publicitarios millonarios y están sometidos a grandes presiones para amortizar los costes. Por eso, todo parece ser lícito en el deporte globalizado para conseguir una victoria. Lo importante no es participar y esforzarse, sino vencer al adversario. El traficante de los círculos deportivos no tiene escrúpulos, para él no existe la ética deportiva. Su objetivo es seleccionar deportistas de élite que se puedan convertir en súper atletas agigantados por el apoyo económico de las grandes transnacionales y la ayuda de productos químicos e incluso genéticos. “Combinando el deporte con la cultura y la educación, el olimpismo busca crear un estilo de vida basado en el placer que surge del esfuerzo, el valor educacional de los buenos ejemplos y el respeto por

principios éticos fundamentales”. Los Principios Fundamentales de la Carta Olímpica hace tiempo que han sido desvirtuados. Ahora, los países occidentales con grandes excedentes invierten cientos de millones de dólares en infraestructuras para aspirar a ser las sedes de los grandes eventos deportivos, con manifiestas corruptelas entre intermediarios de ricos países árabes, asiáticos y otros que participan en esa pugna. La industria del entretenimiento parece justificar el dopaje en algunos casos. Los ciclistas necesitan complementos químicos para enfrentarse a las durísimas etapas de más de 200 kilómetros sin descanso. En otros casos, se justifica la presencia de sustancias químicas en los cuerpos de los atletas con la excusa de que es el propio cuerpo del deportista el que lo produce de forma natural. La Comisión Europea encontró las causas del dopaje deportivo en la propia idea de globalización que defiende: “los contratos cada vez más exigentes de las cadenas de televisión y de los promotores deportivos, la carrera suicida por el índice de audiencia, las excesivas recompensas económicas por la obtención de nuevos récords del mundo empujan a los atletas a prácticas contrarias a la ética deportiva”. Mientras se producen avances científicos, los médicos deportivos buscan estrategias para que los nuevos fármacos no levanten sospechas al utilizarlos en los cuerpos de los atletas. La opinión pública observa como cada año mueren deportistas en los terrenos de juegos, fulminados por el rayo del infarto. Detrás de muchas de estas muertes están los equipos médicos, los complejos vitamínicos y el sobreesfuerzo al que son obligados muchos deportistas para sostener con sus goles, puntos, canastas y plusmarcas los grandes negocios.

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TRABAJO INFANTIL ALCANZA PUNTO ÁLGIDO ANTE CONFLICTOS Y CATÁSTROFES TEYUNÉ DÍAZ DÍAZ/PRENSA LATINA

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a Habana. El trabajo infantil como forma reavivar sus esperanzas y brindarles la posibilidad de de explotación vulnera el normal desarrollo lograr un futuro mejor. Todo ello, en aras de evitar de los niños al someterlos a actividades físi- los casos de menores reclutados para ejercer como cas superiores a sus capacidades, pero aquellos que soldados en las guerras, empleados como espías, o deben laborar ante conflictos y catástrofes padecen explotados y abusados sexualmente, apuntó Ryder. Al llamado de la OIT, se sumó la Organización las peores consecuencias. Actualmente este flagelo se cobra en el mundo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la unas 168 millones de víctimas, de ellas 85 millones Agricultura (FAO), quien instó, además, a integrar realizan labores peligrosas y de riesgo, según da- el trabajo infantil a los programas de agricultura, tos de la Organización Internacional del Trabajo seguridad alimentaria y nutrición que hacen frente a las crisis y los desastres. (OIT). Para conmemorar la fecha, la FAO presentó un En el contexto de la 106 Conferencia Internacional del Trabajo -del 5 al 16 de junio- se conme- manual para prevenir el trabajo infantil en conflictos y desastres, una guía moró el Día Internacional contra el Trabajo En el mundo, de los 168 millones de de 26 páginas que anaInfantil, con la realiza- niños y adolescentes trabajadores, alre- liza el desempeño de los menores en la agriculción de unos 25 eventos dedor de 98 millones participan en tatura en esos contextos mundiales para recorprolongadas, frágiles y dar la importancia de reas agrícolas humanitarios. apoyar a los menores, Según estimaciones los más desprotegidos. de esa organización, en el mundo 100 millones de Ante la fecha, el director general de la OIT, Guy Ryder, subrayó que en situaciones de conflicto o ca- niños y jóvenes son perjudicados cada año por detástrofes los menores son los más vulnerables pues sastres naturales; 230 millones viven en zonas afeccon frecuencia se destruyen sus hogares, escuelas, tadas por contiendas bélicas; y de los 168 millones medios de subsistencia, y se quiebran los sistemas de pequeños trabajadores, alrededor de 98 millones de protección familiar y social, lo cual aumenta los participan en tareas agrícolas, como miembros de riesgos vinculados al trabajo infantil y al tráfico de la familia y sin ser remunerados. personas. Frente a la mayor crisis de refugiados en déca- Definiciones del trabajo infantil das, señaló, es esencial compartir responsabilidades y solidaridad con el objeto de proteger a todos los De forma general, suele denominarse “trabaniños del mundo, proporcionarles una educación, jo infantil” a todo trabajo que priva a los peque-

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personal ni interfieren con su escolarización, se considera positiva. Estas actividades pueden ser la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar, aquellas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Analistas refieren que este tipo de acciones son provechosas para el desarrollo de los pequeños, porque les proporcionan calificaciones y experiencia y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en edad adulta. Desde el punto de vista global el trabajo infantil está considerado como una violación del derecho internacional y de las Convenciones de las Naciones Unidas, donde se incluyen los Convenios de la OIT sobre el tema y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Además, su erradicación está contemplada dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se pretende para 2025 eliminar la explotación infantil en todas sus formas. Pero todas estas acciones internacionales deben ser apoyadas de conjunto por los gobiernos, para poder garantizar a los niños del mundo una infancia sin explotación laboral.

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ños de su niñez, su potencial y su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, pero su calificación y erradicación dependerá de los objetivos de los países. En sus formas más extremas, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de sus familias, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). Otras de las derivaciones más violentas del trabajo infantil, es la oferta de niños para la prostitución; realización de actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de estupefacientes; en fin, es todo aquel desempeño que por su naturaleza es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Un elemento a tener en cuenta es que todas las tareas que realicen los menores por encima de sus posibilidades, afectarán su salud en un futuro con la probable disminución de la esperanza de vida. Sin embargo, no todas las tareas realizadas por los infantes deben clasificarse como una explotación a los menores. Según los expertos, la participación de niños y adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo

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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

DISPENDIO Y ABUSO DISCRECIONAL DE PLAZAS

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El Tribunal Superior Agrario paga a secretarias, cocinera y chofer sueldos de subdirectores. Por autonomía, la asignación de plazas y salarios “es discrecional”, confirma el magistrado presidente López Escutia. También admite otros dispendios NANCY FLORES

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scudada en la “autonomía e independencia” que le da su carácter judicial, la administración de Luis Ángel López Escutia en el Tribunal Superior Agrario habría incurrido en dispendios, que incluyen el pago de sueldos superiores a los que deberían percibir sus colaboradores más cercanos, el aumento del personal bajo su mando directo y el excesivo pago de inmuebles arrendados. Secretarias, chofer y hasta una cocinera –cargo que oficialmente no existe en la institución– cobran como subdirectores y jefes de departamento. Aunado a lo anterior, el equipo de López Escutia se integra por 23 funcionarios, mientras que el de su antecesor –Marco Vinicio Martínez Guerrero– contaba con 18. --¿No se comete alguna falta o se viola alguna ley por asignar estos sueldos a su personal? –se le pregunta al magistrado presidente López Escutia, de quien dependen directamente los beneficiados–. --No. Es discrecional. El arrendamiento de inmuebles también for-

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SUSANA NAVARRETE/CUARTOSCURO

maría parte de ese dispendio. Al menos éste sería el caso de la nueva sede, cuya renta cuesta a la hacienda pública entre 5 millones y 6 millones de pesos mensuales. Un gasto que ha sido desaprobado, incluso, por la magistrada numeraria Maribel Concepción Méndez de Lara. Al discutir el cambio de sede, a fines de 2016, la magistrada emitió un voto particular en el que señala que el presupuesto público del Tribunal Superior Agrario “debe orientarse en forma prioritaria para una justicia agraria pronta, honesta, gratuita, completa e imparcial”. En al acta de la sesión 11/2016, consta que Méndez de Lara puso en entredicho que el cambio de sede “se sujetó a los principios de racionalidad y austeridad presupuestal, procurando que no se generen gastos en detrimento de la función sustancial de los Tribunales Agrarios”. Ello, a pesar de que en octubre de 2015 el Tribunal pagó 200 mil 100 pesos a Zwart Asesores, SA de CV, por un estudio de análisis costo-beneficio del arrendamiento financiero de un inmueble para sus nuevas oficinas, según consta en la base de contrataciones de la institución.

La sede del Tribunal fue cambiada porque el edificio que ocupaba antes presentaba daño estructural

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Las plazas discrecionales En el tema de la asignación de puestos y sueldos, la discrecionalidad de la que habla el magistrado presidente se revela en el caso de Josefina Camacho, su cocinera y “asistente personal”. En el Portal de Transparencia del Tribunal, esta persona no figura como funcionaria; por lo tanto, se desconoce su nivel laboral, su sueldo y sus prestaciones. No obstante, según una denuncia presentada en días pasados ante la Auditoría Superior de la Federación, la señora Camacho se maneja como “coordinadora general” de la Presidencia, y cobra el sueldo de un subdirector. La imputación la sostiene Sergio Sandoval, quien fuera mano derecha del propio magistrado presidente, al haber formado parte de su equipo de asesores. Éste asegura a Contralínea que antes de que su exjefe asumiera el máximo cargo en el Tribunal Superior Agrario, Josefina Camacho le ofrecía servicios terapéuticos privados. “Hace más de 8 años que el magistrado presidente es discapacitado: sufrió un accidente vascular que le ocasionó hemiplejía, y por eso ahora usa bastón para caminar; y desde entonces ella le daba terapia y también le cocinaba.” Consultado al respecto, el magistrado presidente asegura que Josefina Camacho no es coordinadora. En entrevista, indica: “Sólo es la persona que sirve la comida, que está en la cocina y nos atiende… Y también hace otras funciones: lleva correspondencia a las distintas oficinas, maneja mis estados de cuenta… Funciona como mi asistente”. --¿Pero gana como subdirectora? --Sí. Gana como subdirectora. Por el cargo de subdirección, el tabulador del Tribunal Superior Agrario marca un sueldo neto de 1 mil 54 pesos diarios (31 mil 638 pesos netos al mes) pagados con dinero público; también, un aguinaldo de 42 mil pesos (40 días de sueldo base y compensación), primas vacacionales de 10 mil 500 pesos (10 días de sueldo base), una prima de antigüedad por cada 5 años de servicios, y ayuda para despensa por 5 mil 580 pesos anuales. Los subdirectores cuentan, además, con un seguro institucional por 40 meses de salario integrado; seguro colectivo al momento del retiro de 12 mil 500 a 25 mil pesos; seguro de gastos médicos


JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO

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“El presupuesto público del Tribunal Superior Agrario debe orientarse en forma prioritaria para una justicia agraria pronta, honesta, gratuita, completa e imparcial”. En la imagen, ejidatario pide solución a su juicio agrario

mayores por 148 salarios mínimos generales mensuales, vigentes en la Ciudad de México; seguro de separación individualizado, de entre 2 y 10 por ciento opcional base más compensación garantizada (con aportación equivalente del Tribunal). Y, en caso de fallecimiento, su familia recibiría hasta 126 mil pesos (4 meses de su sueldo integrado). Sobre la decisión de pagarle como subdirectora, uno de los asesores del magistrado López Escutia admite que, “en el caso de la señora que ayuda con la comida, pues no existe la plaza”.

Colaboradores cercanos, los beneficiados La denuncia de Sergio Sandoval, presentada ante el único órgano con jurisdicción para fiscalizar al Tribunal Superior Agrario –la Auditoría Superior–, indica que la señora Camacho no es la única allegada con beneficios de naturaleza contractual:

en la gestión de López Escutia se ha dado “la contratación de varios amigos, con muy buenas plazas e infraestructura (propias de director general) que no tienen ninguna función ni responsabilidad”. Consultado sobre esos puntuales señalamientos, el magistrado presidente Luis Ángel López Escutia dice que “eso requiere comprobaciones, no afirmaciones”. En los registros oficiales de la institución, sin embargo, consta que al menos otros tres de sus colaboradores directos están asignados a plazas distintas a las que les corresponden a sus funciones, algo que el propio magistrado presidente confirma. Se trata de las secretarias Irma Ochoa Pérez y Alejandra Castillo García y el chofer Christian Molina Frausto. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del Tribunal, cada uno cobra 21 mil 181 pesos netos al mes, pues están registrados como actuarios ejecutores. No obstante, el tabulador de plazas del Tribunal

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La administración de López Escutia (a la derecha) habría incurrido en dispendios, que incluyen el pago de sueldos superiores a los que deberían percibir sus colaboradores más cercanos

sí contempla las funciones que esas tres personas realizan, pero con sueldos mucho menores: en el caso de las secretarias de oficina, la remuneración neta mensual está fijada en 10 mil 469 pesos, y en el caso del chofer, en 9 mil 303 pesos netos. Cuando se le menciona al magistrado presidente que estos nombres están asentados en la denuncia como el personal de menor rango que cobra como subdirector, dice: “Son mis secretarias, las que están aquí afuera, que atienden [puerta y teléfonos]. Y mi chofer, que es el joven que también está afuera”. Con su dedo índice, apunta hacia un corredor ubicado al otro lado de la puerta de su amplia y lujosa oficina (con pisos, paredes y muebles de madera fina, decorada con un retrato del presidente Enrique Peña y uno del luchador social Emiliano Zapata, así como una bandera de México y algunos objetos de cerámica), donde en efecto se ubican las secretarias. Pero, asegura, no ganan como subdirectoras. 26

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“Ellas están ganando salario de jefe de departamento. Esos datos [de la denuncia] son inexactos. Las dos ganan como jefas de departamento, no como subdirectoras”. Sus afirmaciones lejos están de desestimar la presunta irregularidad: ambas, al igual que el chofer, ganan sueldos distintos a los que marca el tabulador del Tribunal para las funciones que realizan. Y gracias a esa distinción, al mes, cada uno percibe 10 mil pesos de más. Pero eso no es todo: por la asignación de puestos distintos, el erario también les paga prestaciones más altas. Por ejemplo, el aguinaldo de las secretarias, que debería ser de 14 mil pesos, asciende a más de 34 mil. Según la denuncia de Sergio Sandoval, es por ello que la actual administración del Tribunal Superior Agrario incurre en supuestos malos manejos administrativos, abuso de poder, tráfico de influencias, omisiones y negligencia en conflictos agrarios.


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Aviadores La denuncia –que ya está en manos de los auditores federales– también asegura que el Tribunal Superior Agrario padece de aviadores, pero López Escutia lo niega. “Pudo haber en el pasado gente que cobraba sin trabajar, que se conoce como aviadores. No lo dudo. Pero le puedo casi casi [sic] garantizar que al día de hoy, y en lo que va de mi gestión, dudo que haya. No se lo puedo afirmar categóricamente, pero sí dudo que haya esa clase de gente.” --La denuncia menciona a Jorge Arturo Bernal Lastiri. --Bernal Lastiri está trabajando como proyectista en Texcoco. Él se retiró: estuvo en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México durante un tiempo, que coincide más o menos [con la denuncia], supongo. Y me pidió la magistrada presidenta del Contencioso Administrativo, como favor, que regresara esta persona porque tenía demandados a los Tribunales Agrarios. Me pidió que le diera la oportunidad de regresar. Accedí siempre y cuando retirara la demanda. Y lo hizo. A partir de entonces lo tengo. Estuvo como secretario proyectista en Cuernavaca y ahora está en Texcoco. Está proyectando sentencias. --A María del Mar Salafranca Pérez. --Sí está trabajando. Es magistrada de los Tribunales Agrarios de Mazatlán y Culiacán [Sinaloa]. --A Rafael Rodríguez Rodríguez. --Está trabajando. Es magistrado. Acaba de salir designado magistrado de un Tribunal Unitario. Según López Escutia, en el Tribunal Superior Agrario y en los Tribunales Unitarios Agrarios, bajo su mando, todos los puestos laborales se concursan. “Normalmente son 300 participantes que se disputan 50 plazas. Esto es un factor que llama la

atención, porque los sueldos son muy bajos, no son competitivos en el mercado laboral”. En 2016, los Tribunales Agrarios ejercieron un presupuesto de 961 millones 621 mil 756 pesos. De acuerdo con el Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos de los Tribunales Agrarios, ese gasto fue 9.1 por ciento más al aprobado, por el mayor ejercicio presupuestario en “Servicios personales” (8.4 por ciento) y “Gastos de operación” (12.4 por ciento). “Del ciento por ciento del presupuesto, casi el 84 por ciento se va en puro gasto de personal, que es el capítulo 1000, sólo salario y viáticos”, refiere López Escutia.

Dispendio en arrendamientos El presunto dispendio también incluye el gasto que, mes con mes, realizan los Tribunales Agrarios en arrendamientos de sus sedes. Y es que éstos sólo cuentan con dos inmuebles propios y uno en comodato. El resto, la mayoría –58 en total– son arrendados, refiere el Informe de labores 2016 del magistrado presidente López Escutia.

JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO

El exfuncionario asegura, en entrevista, que fue echado de su cargo por las supuestas presiones de Josefina Camacho, a quien describe como la “pareja sentimental” de López Escutia. Ella ha acumulado un poder excesivo en el Tribunal, asegura. El magistrado presidente deja pasar el señalamiento de la supuesta relación sentimental con una de sus colaboradoras como quien no escucha un fragmento de la conversación.

Los supuestos dispendios en el Tribunal podrían afectar la labor de justicia que tiene encomendada

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Por el edificio principal –que se ubica en la calle de Avena número 630, en la Colonia Granjas México, delegación Iztacalco–, el Tribunal Superior Agrario paga hasta 72 millones de pesos anuales. “Es rentado porque en el que estábamos, en Orizaba 16, en la colonia Roma, se estaba cayendo. Ese edificio tenía daño estructural desde el terremoto de 1985. Ahí estábamos distribuidos en tres edificios, pero aquí concentramos todo: el Tribunal Superior, por supuesto; la división de asuntos jurídicos, pero incluso aquí está el Tribunal Unitario Agrario de la Ciudad de México, el Octavo, que pagaba una renta en la delegación Cuauhtémoc.” --¿Cuánto pagan por la renta de este edificio? – se le pregunta al magistrado presidente–. --No recuerdo exactamente, pero son como 5 o 6 millones de pesos mensuales. López Escutia explica que uno de los principales problemas es que el Tribunal Superior Agrario no ha recibido recursos para el capítulo 5000, de inversión. “No hay dinero para bienes muebles ni inmuebles”. Pero esa carencia de presupuesto no acaba de convencer a todos. Así lo revela la discusión del cambio de sede en el pleno del Tribunal, en la magistrada numeraria Maribel Concepción Méndez de Lara se mostró en franco desacuerdo. En su voto particular, la magistrada señala que al pleno no le fue proporcionado el expediente que contuviera diversas “opciones de inmuebles valorados, el estudio de los costos de mercado, la justipreciación del Instituto Nacional de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales, el dictamen costo-beneficio económico, financiero, transporte público y movilidad social, que evidenciara que la opción seleccionada es la mejor”. Agrega: “el ejercicio del gasto público asignado por la Cámara de Diputados a los Tribunales Agrarios para 2016, estimo, debe orientarse en forma prioritaria para una justicia agraria pronta, honesta, gratuita, completa e imparcial […]; por tanto, cual-

quier decisión de cambio de inmueble, considero, debió acreditarse que se sujetó a los principios de racionalidad y austeridad presupuestal, procurando que no se generen gastos en detrimento de la función sustancial de los Tribunales Agrarios, antes bien asignar recursos para contratar como prestadores de servicios profesionales a peritos, en apoyo al desahogo de los juicios agrarios que se tramitan en los Tribunales Unitarios Agrarios y en el Tribunal Superior Agrario”.

Al pleno no le fue proporcionado el expediente que contuviera opciones de inmuebles valorados ni el estudio de los costos de mercado

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Rezago en juicios agrarios

La denuncia de Sergio Sandoval también hace referencia al tema de los juicios agrarios, al afirmar que hay un rezago de miles. “Cada año entran unos 50 mil asuntos pero se resuelven. No hay rezago: son asuntos en trámite. El rezago se acabó en 1997, en la época de [Ernesto] Zedillo, y eran los asuntos que venían de la reforma agraria; pero eso ya se abatió”, asegura López Escutia. Y añade: “Ahora son, propiamente, asuntos en trámite. Se atienden los que entran y los pendientes”. --¿Ni una persona tiene su asunto con más de 2 años? --Sí. Pero es porque hay procesos que se van al amparo [y eso los dilata]. Para el magistrado presidente, los Tribunales Agrarios luchan contracorriente: el principal conflicto es que no tienen personal suficiente, por lo que es común que, cuando alguno de sus integrantes se ausenta, sea suplido por alguien del Tribunal que además cumple con su propia función. “Los funcionarios se tienen que habilitar para cumplir esa otra función. Los Tribunales tienen una gran carencia de actuarios, que son quienes ejecutan las sentencias. En ese caso se tiene que habilitar a otros funcionarios para que puedan cumplir la función, porque el actuario tiene fe pública.” Pero lejos está el Tribunal de contratar a más personal pues, al igual que el resto de las instituciones federales, está en época de “austeridad”.



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LA CRISIS DEL AGUA

DETONANTE DE CONFLICTO SOCIAL

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Aumentan las protestas relacionadas con el agua. Concesiones a favor de multinacionales, irregularidades en la Conagua y privatización del servicio, entre los principales motivos. La ASF advierte que esos conflictos ya amenazan a la seguridad nacional JOSÉ RÉYEZ/PRIMERA DE DOS PARTES

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os conflictos en México por el dominio del agua potable derivan de corrupción, intereses de empresas multinacionales, falta de política sólida en seguridad nacional en la cual ese recurso se convierte en objetivo de expropiación y control del sistema neoliberal, coinciden expertos, académicos y organizaciones no gubernamentales. “El desabasto o escasez del agua no sólo denotan el incumplimiento de la obligación del Estado, sino que atentan contra la seguridad nacional del país, ya que dan lugar a la desigualdad e inestabilidad sociales, poniendo en peligro el orden social imperante”, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El acceso al agua subterránea en forma suficiente y salubre está en riesgo por lo que plantea asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para atender la crisis del agua, al considerar que “el recurso hídrico es considerado como estratégico y está calificado como un asunto de seguridad nacional en la Ley de Aguas Nacionales (LAN)”.

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Refiere que la Ley de Seguridad Nacional señala que el Estado se rige por principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, como el derecho humano al agua. Establece que los conflictos por el agua afectan el bienestar público y representan una amenaza a la seguridad nacional, la cual “se mantendrá en la

Para la Auditoría Superior, los conflictos por el agua afectan el bienestar público y representan una amenaza a la seguridad nacional medida en que los problemas públicos, como el del agua, sean erradicados, controlados o minimizados”. Linda Yáñez Pérez –maestra en política– y Erick Aguilar Obregón –doctorante en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)– consideran al agua como un elemento constitutivo de seguridad nacional y advierten el potencial para convertirse en un problema social por desabasto, contaminación e inequidad en su distribución. “En la actualidad, el discurso nacionalista y de justicia social que pesaba sobre recursos como el agua ha quedado en el olvido y el hídrico ha continuado su tránsito hacia un lugar que lo objetiva como un elemento de diferenciación y exclusión social”, destacan. En su análisis El agua en México, recurso estratégico de seguridad nacional, señalan que la disponibilidad de agua establece una clara delimitación entre un grupo social que goza de satisfactores e ingresos económicos decorosos, y otro marginado económica y ambientalmente.

Irregularidades de la Conagua La auditoría practicada a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), respecto de la administración de las aguas subterráneas del país para su 32

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protección y conservación, evidenció que, en 2016, se registraron deficiencias de la comisión. En las consideraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, dada a conocer en junio de 2017, la ASF señaló que en 371 de 653 acuíferos del país no se evaluó la calidad del agua, por lo que se desconoció la condición de esos cuerpos hídricos; se vigiló las extracción del subsuelo solo en el 1.7 por ciento de 275 mil 300 concesionarios registrados, y no se inspeccionó la descarga de aguas residuales en cinco de cada seis acuíferos del país. Asimismo, la Conagua sólo realizó dos de 13 proyectos de recarga artificial, insuficientes para atender los acuíferos con escasez del recurso; no publicó 99 decretos de veda y 234 reglamentos de protección de 333 cuerpos hídricos, por lo que, a juicio de la ASF, no logró el ordenamiento de usos del agua ni consideró establecer declaratorias de rescate y reserva del recurso en los cuerpos hídricos que presentaron las condiciones para ese propósito. Lo anterior, aunado a que el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016, que el 37 por ciento del agua se extrae del subsuelo y que el 80 por ciento del agua de buena calidad representa un riesgo para garantizar el suministro a la población del país, en especial para 60 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados. La ASF advierte que de persistir la sobreexplotación y deterioro de las aguas subterráneas, las dificultades para la extracción, tratamiento y traslado del agua aumentarán debido a la creciente demanda y a la escasez del recurso, con lo que se estima que, para 2050, se dispondrá de 377.7 m3/ hab/año, lo que representa el 81.7 por ciento menos que la cantidad disponible en 1962. Resalta que de 731 cuencas hidrológicas y 653 acuíferos que existen, 102 fueron identificados con déficit de disponibilidad media anual de agua. De las 1 mil 206 concesiones para aprovechamiento de las aguas superficiales otorgadas, 4.1 por ciento (50) se otorgaron en cuencas con déficit. Y de 8 mil 87 concesiones para el uso y aprovechamiento de aguas subterráneas, el 13.5 por ciento (1091) se autorizó en cuencas con déficit. “Estos datos muestran que “ni la Conagua ni


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Comunidades yaquis afectadas por el Acueducto Independencia. Fuente: Más de 131

los 13 Organismos de Cuenca que concesionaron las aguas superficiales y subterráneas se aseguraron de que existiera la disponibilidad de las cuencas y acuíferos del país, lo que no contribuyó a preservar el vital líquido”, advierte el máximo órgano de fiscalización del país. La auditoría también destacó irregularidades en el manejo presupuestal de la Conagua en 2015, que ascendieron a 8 mil 301 millones de pesos, monto no aclarado que corresponde a contratos con empresas, pagos indebidos e improcedentes. En relación al desempeño de la Conagua, la auditoría señaló que “las acciones realizadas fueron insuficientes para gobernar el agua, lo que no favoreció a la preservación del líquido, ni a enfrentar los riesgos a la seguridad nacional en perjuicio de 118.5 millones de mexicanos”.

Conflictos por el agua permean el país Desde Baja California hasta Quintana Roo, las manifestaciones y protestas de inconformidad de la gente continúan en defensa de su territorio y recursos, el medio ambiente, el agua, principalmente en comunidades indígenas, campesinas y colonos vulnerables. El más reciente conflicto por el agua ocurrió en Mexicali, Baja California, donde ejidatarios se oponen a la construcción de la planta cervecera estadunidense Constellation Brand que amenaza con despojarlos del líquido en una región de mayor escasez en el país. Organizados en Mexicali Resiste, surgida a principios de año y que echó abajo la ley promo-

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Para producir cada litro de soda se desperdician 3 litros de agua

vida por el gobernador panista Kiko Vega para privatizar el servicio de agua, se enfrentaron a la policía el 21 de julio de 2017, con saldo de varios lesionados. El lunes 17 de ese mismo mes, un tribunal federal otorgó a los ejidatarios del Valle de Mexicali un amparo definitivo que impide la entrega del agua de los agricultores a la cervecera. En Sonora, la resistencia del pueblo yaqui intensificó la lucha por la protección de su agua y territorio contra el despojo de un pequeño sector de la sociedad, cuando en 2010 supo de la inminente construcción del Acueducto Independencia, afluente que se le abre al Río Yaqui para satisfacer las necesidades de agua de Hermosillo. Pese a que obtuvieron un amparo de la Suprema Corte, el acoso continúa hacia el pueblo yaqui y el proyecto no da marcha atrás, a pesar de que no cumple con las normas de control y cuidado ambiental, aunado a problemas de abasto de agua en la comunidad indígena, por lo que el acueducto 34

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funciona desde 2013. Los ejemplos de conflictividad abundan: una manifestación por falta de agua en la colonia Peñón de los Baños de la Ciudad de México el 17 de marzo de 2017, terminó en batalla campal entre la policía y un grupo de ciudadanos. Los colonos exigieron al gobierno restablecer el suministro de agua que desde hacía más de una semana fue suspendido. Asimismo, en el periodo de estiaje de este año, habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa bloquearon vialidades en protesta por la falta de suministro de agua. El 23 de marzo del mismo año, en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, decenas de habitantes demandaron agua potable para la comunidad, luego de 10 días de no haber contado con el servicio. Tomaron la alcaldía municipal y amarraron


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a varios funcionarios, entre ellos dos del Sistema Municipal de Agua Potable. En un enfrentamiento con efectivos de la policía, quienes fueron heridos con piedras y palos, los manifestantes demandaron la renuncia del director de seguridad del municipio. Este hecho “llama la atención por la relación directa de los conflictos por el agua con el tema de seguridad nacional”, indica la ASF. El descontento de los ciudadanos ante la falta de suministro de agua no es exclusivo de la Ciudad de México ni de Chiapas, considera la ASF. “Los conflictos por el vital líquido se han convertido en un problema público, es decir, un estado de cosas indeseables en la vida social, en la unidad jurídico-política o territorial de que se trate”. Como un elemento fundacional de la vida, el agua debe ser tratado como un bien social y cultural y no como un bien económico, considera, por lo que el Estado debe asumirse como el responsable de observar en la inapropiada gestión del recurso hídrico un potencial detonante de problema social. Advierte que una política pública que ignore la cuestión ambiental “puede llevar a situaciones límite como vivir permanentemente en la sociedad del riesgo, llegando con el paso del tiempo, a un punto de no retorno en el cual el problema se vuelve irremediable”.

Distribución desigual del agua Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que en México existen 722 cuencas de aguas superficiales y 653 acuíferos, agrupados en 37 regiones hidrológicas que administran la Conagua en materia de permisos, concesiones, proyectos y custodia de aguas nacionales, explotación, uso o aprovechamiento, distribución, control y preservación de cantidad y calidad del agua. Sin embargo, los recursos hídricos se encuentran distribuidos en forma desigual ya que la mayor parte del líquido se ubica en la zona centro y Sur del país debido a condiciones climatológicas que permiten una mayor captación de agua pluvial. Se concentra en grandes cantidades en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que en los estados del Norte la escasez del líquido ha llegado

a ser preocupante. Respecto al uso del agua datos de Inegi 2017 señalan el doméstico, con 14 por ciento, comercial 10 por ciento y agrícola 76 por ciento. El 50 por ciento de escurrimiento anual total se concentra en los ríos en el Sureste del país, cuyas cuencas más importantes son las de los ríos Yaqui, Fuerte, Mezquital, Lerma, Santiago y Balsas; y en

Hay 722 cuencas de aguas superficiales y 653 acuíferos, agrupados en 37 regiones hidrológicas administradas por la Conagua la vertiente del Golfo de México, sobresalen los ríos Bravo, Pánuco, Papaloapan, Grijalva y Usumacinta.

La privatización del agua

Otra circunstancia que ha derivado en conflicto social es la privatización del agua en México, promovida por el Banco Mundial y empresas privadas. Esto ha afectado a ciudades y municipios del país, donde los usuarios resienten sus efectos económicos, el daño al medio ambiente, en medio de procesos opacos que no respetan el derecho humano al agua. El informe sobre Violaciones a los derechos humanos, agua y saneamiento –publicado en mayo pasado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda)– explica que la participación privada en los organismos operadores de México se ha dado en tres etapas. Primero con la Ley de Aguas Nacionales, aprobada en diciembre de 1992, permitió el acceso de empresas privadas a la gestión de los sistemas de agua y se otorgaron concesiones en 1993 en Aguascalientes, Cancún e Isla Mujeres, en Quintana Roo; y en Navojoa, Sonora en 1997. La segunda, en 2001, con la aprobación de Promagua, programa privatizante de la Conagua, se

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formó la empresa mixta Aguas de Saltillo. Finalmente, de 2013 a 2015, como antesala de la nueva Ley General de Aguas, se otorgaron concesiones y se formaron empresas mixtas en Ramos Arizpe, Coahuila, Puebla y municipios vecinos; Medellín, Veracruz, y se extendió la concesión de Cancún e Islas Mujeres al municipio de Solidaridad. El informe precisa que “las leyes estatales de

En los últimos meses el Banco Mundial ha presionado para la privatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México agua de estas ciudades fueron reformadas antes de la privatización, para permitir el corte del servicio a los usuarios morosos. Además, en el caso de Veracruz se agregó un párrafo (tomado del artículo 33 de la fallida Ley Korenfeld) para promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos”. En todos los casos, dice el informe de Comda, el proceso de licitación se llevó a cabo sin participación ciudadana y en forma opaca, con sospecha de corrupción. Además, durante la gestión de la empresa privatizada, las autoridades violaron los derechos humanos al agua y saneamiento, su respuesta a quejas y demandas ciudadanas ha sido nula; y en ningún caso se han aplicado sanciones a las empresas privadas.

La privatización en la capital En los últimos meses ha sido evidente la presión del Banco Mundial para la privatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), a pesar de que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, negó que las negociaciones estén sucediendo. Sin embargo, Mancera admitió en septiembre de 2016, en respuesta a solicitudes de acceso a 36

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información, que a través del proyecto “Ciudades Resilientes” se negociaron con el Banco Mundial inversiones para “la gestión de 320 pozos, 16 manantiales, 16 entregas de agua en bloque, 17 presas, 26 plantas de bombeo, 26 tanques, 90 estaciones de transferencia, 52 estaciones de presión, 13 líneas de conducción y equipamiento de 1 mil 174 sistemas de telemetría, así como la construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras”. Además anunció que el Fondo del Agua que tendrá injerencia en los sistemas de abastecimiento, sería manejado por fundaciones formadas por empresas con fuertes intereses en el sector, como la Fundación Femsa (refresqueras) y Fundación Kaluz (Mexichem), sin contar con mecanismos de legítima participación ciudadana. Aunque Sacmex rehúsa informar al respecto, en el sitio web de las empresas trasnacionales Suez y Veolia se anunció que el 17 febrero de 2017 (10 días después de la aprobación, y 19 meses antes de la entrada en rigor de la nueva Constitución, que prohíbe la privatización y el lucro en la gestión del agua) firmaron nuevas concesiones con Sacmex para manejo de base de datos, medición, facturación, cobro, potabilización, almacenaje, distribución, reemplazo y operación de líneas primarias y secundarias, recolección y tratamiento de aguas residuales, con vigencia a 5 años. En cumplimiento con las necesidades de dichas empresas, actualmente se busca aprobar una nueva ley de aguas de la ciudad que permitiría que el gobierno capitalino fije tarifas sin revisión pública o legislativa, y cortar el servicio al acumular dos bimestres sin pago, además de dar a las familias acceso a compra de vales para garrafones con 50 litros por día por persona, hasta la reconexión con pago de multa. Además de la privatización de los organismos operadores, el Banco Mundial –con la pretensión de garantizar el acceso universal al agua– también ha condicionado los préstamos que otorga a México a cambios legislativos y políticos que faciliten la realización de megaproyectos y la privatización de infraestructura hidráulica. Los créditos no aparecen en las cuentas públicas, lo que facilita a las autoridades este tipo de endeudamiento. “No se puede permitir que los intereses de unos cuantos estén por encima de la Constitución


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En México, los recursos hídricos se encuentran distribuidos en forma desigual: la mayor parte del líquido se ubica en la zona centro y Sur del país

y tengan el privilegio de decidir sobre nuestro derecho al acceso al agua. La privatización no debe ser permitida porque atenta contra la vida misma; aunque, lastimosamente, ya existan casos en el país donde la privatización está presente”, advierte la analista del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), Gabriela Rosales Cristalinas. Expresa que la privatización del agua potable es un problema latente que se debe tomar en serio y considerar como amenaza a la seguridad nacional, “por lo que urge actuar para revertir la metamorfosis del sistema neoliberal actual que busca adueñarse de los recursos estratégicos del país”. Agrega que el caso de Puebla es elocuente. En el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, desde 2013 se concesionó el servicio de agua potable de cinco municipios y la capital al empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, presidente y principal accionista de Gutsa Construcciones, Epccor y Agua de México, un grupo de empre-

sas de ingeniería, desarrollo y construcción de proyectos relacionados con la accesibilidad del agua. Sin embargo, a pesar de que la tendencia de México –con excepción de los sistemas de aguas de Navojoa, Sonora y de Ramos Arizpe, Coahuila que se han remunicipalizado; el primero después de 8 años de gestión y el segundo después de 15 meses–, es entregar el agua a empresas privadas, en el mundo este modelo ha fracasado. En Berlín y París, luego de 25 años el servicio de agua potable fue retomado por los ayuntamientos debido a que las empresas privadas no cumplieron con invertir en infraestructura, pero sí aumentaron tarifas. En Berlín, donde las operaciones de agua fueron parcialmente privatizadas en 1999, los precios se elevaron 28 por ciento después del periodo estipulado de tres años de ganancia, mientras las inversiones para preservar la infraestructura fueron

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CUARTOSCURO

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En Chiapas, la Coca Cola sigue extrayendo el agua, lo que genera desabasto para las comunidades indígenas

reducidas en más de la cuarta parte, lo que orilló a que los ciudadanos a exigir la iniciativa del referendo. En Stuttgart, sexta ciudad alemana, una iniciativa de los ciudadanos en 2013 obligó a la alcaldía a recompensar las acciones de un proveedor privado de agua y en 2014, la autoridad estatal detectó que los precios del recurso eran demasiado altos y ordenó su reducción en 30 por ciento. En la misma línea, destaca el papel de organismos internacionales ante las medidas privatizadoras capitalistas, basta recordar el fracaso del Banco Mundial en querer implementar un supuesto proyecto de desarrollo en Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria, que en realidad buscaba beneficiar los acueductos de empresas británicas y francesas. Indonesia, otro país que renunció al modelo privatizador de agua, considerado el mayor en el mundo, duró 18 años.

El poder de las multinacionales Graves implicaciones han tenido las concesiones a megaproyectos en regiones estratégicas donde el agua se encuentra en mayor cantidad y calidad, principalmente en comunidades indígenas con mayores tasas de exclusión y pobreza del 38

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país, anhelados por las corporaciones multinacionales, asegura la catedrática del Cesnav. Dice que la relación entre Estados, organizaciones multinacionales rivales, resulta de enorme trascendencia y responde a una estrategia común de actuación, “esto es, a una política exterior propia, que deriva en reajuste de leyes nacionales para acatar disposiciones del mercado y los intereses de las entidades corporativas”. Precisa que es ahí cuando se observa la enorme autoridad que poseen los grandes consorcios, colocándose por encima de los Estados, algunos incluso se han visto obligados a indemnizar a multinacionales o a realizar cambios en su ordenamiento por orden de tribunales. Destaca que en México las grandes corporaciones han aprovechado la oportunidad para acrecentar sus ingresos y minimizar costos de producción, al asentarse en territorios geoestratégicos ricos en insumos de vital importancia en fabricación de mercancías en tiempo corto y sin problemas legales. “Las grandes corporaciones en el país llevan años extrayendo el líquido de cuencas y manantiales para la producción de bebidas, utilizan enormes cantidades de agua en la producción de plásticos y crean un mayor desabasto de agua en las comu-


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nidades y aumentan la contaminación ambiental”, subraya. Y es que las concesiones a las empresas se hacen difusas cuando no se pueden encontrar datos de venta y cantidad de agua que extraen diariamente –para producir 1 litro de Coca Cola, por citar un caso, se desperdician 3 litros de agua–, y aunque se otorgan concesiones y licencias, se abusa de ellos, sobreexplotando cuencas, ríos y mantos acuíferos. Incluso, alerta la académica del Cesnav, las empresas van tras las llamadas aguas fósiles. Diversos casos en México indican que ya se extrae agua fósil conforme se perfora a mayores profundidades, como en Iztapalapa, en la Ciudad de México donde se realizan actividades de exploración a 2 kilómetros de profundidad en vísperas de encontrar supuestas reservas para 50 años de abastecimiento. Explica que las empresas multinacionales de bebidas son otro actor importante en la privatización de agua, y es que el modelo internacional busca posicionar sus grandes consorcios en todo el mundo, especialmente en regiones ricas en recursos estratégicos, apoyados por los propios Estados en detrimento de sus comunidades. La sobreexplotación de acuíferos por compañías refresqueras, ha ocasionado deterioro y escasez alarmantes en el país, pues al explotar los acuíferos a una mayor profundidad de lo permitido, las aguas profundas representan un peligro para el consumo humano al contener residuos peligrosos de sales, arsénico o materiales radioactivos. En el Estado de México algunos proyectos pueden perjudicar a las comunidades nahuas y otomíes, dice la maestra del Centro de Estudios Superiores Navales. El pasado 10 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró una planta de Grupo Peñafiel en Tecamac, donde rige un sistema autónomo de administración de agua y donde la empresa refresquera extraerá el líquido del acuífero Cuatitlán-Pachuca, a pesar de que la Conagua emitió veda debido a su sobreexplotación.

Asimismo, agrega que desde 1920 la empresa refresquera multinacional Coca Cola es una de las más beneficiadas en el aprovechamiento de recursos hídricos, cuya operación ha ocasionado déficit de agua en los acuíferos de Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y actualmente Chiapas. En Chiapas, las protestas de pobladores contra la Coca Cola no han cesado, y es que llevan años siendo víctimas de la multinacional que sigue extrayendo agua y dejando en desabasto a las comunidades. El disgusto se agrava por la concesión dada a la compañía en San Cristóbal de las Casas, para extraer agua en regiones donde se sufren los estragos de la escasez al máximo. Inclusive la promoción para el consumo del producto ha llegado al grado de adaptarse a las comunidades indígenas con precios más bajos y creación de slogans en sus lenguas nativas. Los chiapanecos argumentan que las concesiones se hicieron de manera fraudulenta, pues en 2003 la refresquera pagó 25 mil euros por la planta embotelladora de San Cristóbal de las Casas gracias a los favores del entonces sexenio panista. Por otro lado, además de otorgarle concesiones a Coca Cola para de explotación de acuíferos y a trasnacionales como Pepsicola y Danone –que acaparan el 82 por ciento del valor del mercado en términos de ventas totales–, sin regulación ni fiscalización, los pagos anuales de estas concesiones son absolutamente ridículas en relación a las ganancias que obtienen a partir del agua. Por ejemplo, Coca Cola del grupo Femsa paga 2 mil 600 pesos al año por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas, y tan solo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos. “Esta desproporción de pago por derechos de explotación y utilidades revela como el sector político privilegia los intereses del sector econó-

La privatización del agua potable es un problema latente que se debe tomar en serio y considerar como amenaza a la seguridad nacional

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mico por encima de los derechos fundamentales, el pago adecuado de estos volúmenes podría, por ejemplo, financiar la cobertura de agua potable a poblaciones que no tienen acceso a ella.” El poderío de las embotelladoras que más desperdician agua en su producción ha orillado a algunas comunidades a manifestarse en Tlaxcala contra la embotelladora Coca Cola en Apizaco; en Puebla y la región de Tlahupan por la apropiación de agua por Nestlé; en Chiapas por la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas; en Veracruz la apropiación de agua por Femsa y la cervecera Heineken.

Latente, la Ley Korenfeld

En caso de descontento social, la Ley Korenfeld permitiría el uso de la fuerza pública en nombre del gobierno y la fractura hidráulica

En 2015 el gobierno federal presentó al Congreso una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas, Ley Korenfeld, llamada así por David Korenfeld Federman, exdirector de la Conagua, violentaba el derecho humano al acceso al agua pues convertía el líquido en un bien mercantil al querer privatizarla, restringir o suspender los servicios públicos de saneamiento, acceso o consumo, que ocasionó enorme descontento social. La Ley Korenfeld no pudo aprobarse por la oposición ciudadana y se mantiene congelada en la Cámara de Diputados, sin embargo, este año se busca revivir la iniciativa y retomar la discusión para su aprobación En abril de 2017, las irregularidades y el conflicto de interés de David Korenfeld con la Universidad de Tel Aviv de Israel seguían presentes, al hacerse público que había adjudicado estudios de contaminación de agua en territorio nacional por 25 millones de pesos. “La Ley Korenfeld atentaría contra el pueblo y el medio ambiente beneficiando a grandes empresas pues concesionaría el agua a multinacionales que iniciarían grandes obras hidráulicas, para controlar los sistemas de agua en las grandes ciudades del país”, apunta la catedrática del Cesnav Gabriela Rosales Cristalinas. 40

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Añade que los sistemas municipales serían privatizados por particulares quienes impondrían sus normas hacia el usuario final; habría una sobreexplotación de cuencas y acuíferos, el despojo de territorios a comunidades indígenas dándoles las concesiones a grandes multinacionales. Y en caso de descontento social la ley permitiría el uso de la fuerza pública en nombre del gobierno y la fractura hidráulica, con daños al ambiente y a la calidad del agua, y sin dar cuentas a la sociedad ni al gobierno, además de no recibir sanción alguna por la afectación.

Falacia, la responsabilidad social empresarial

En la actualidad se esconden daños ocasionados al ambiente bajo el término de “responsabilidad social empresarial”, con el que las empresas pueden promocionarse aún más en el mercado bajo estándares de salud. Tenemos el ejemplo del agua embotellada y sus comerciales que, bajo la lógica del deporte, la alimentación sana, elemento esencial del bienestar humano, venden la idea de que dicha agua es sinónimo de salud, esbeltez, belleza y estatus. El medio ambiente no se salva de esta práctica pues las maniobras de los grandes consorcios se apoyan en la idea de proteger al ambiente disminuyendo la producción de contaminantes plásticos, apoyo a la reforestación de bosques, creación de empaques amigables al ambiente y discursos que promueven a nivel nacional e internacional como compañías preocupadas por el futuro del planeta. “Esas acciones nos lastiman y nos hunden en la miseria, siendo las más notorias la corrupción e impunidad; modificando reglamentos, leyes, políticas de Estado, con el fin de vender nuestras tierras y recursos al mejor postor, afectando principalmente a nuestros pueblos originarios”, considera la maestra Rosales Cristalinas.



ANÁLISIS INTERNACIONAL

TLCAN: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

YA ESTÁN DE ACUERDO Las diferencias entre Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio quedan atrás. Gobiernos de ambos países se mandan señales de entendimiento. México podría ser el más perjudicado. Los grandes empresarios de los tres países serán los beneficiarios de un acuerdo a espaldas de los sectores más desprotegidos

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ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ/PRENSA LATINA

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INTERNACIONAL ANÁLISIS

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a Habana, Cuba. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que comenzará en agosto, constituye un elemento discordante con un impacto aún por determinar en las relaciones de Canadá con su principal socio comercial: Estados Unidos. El embajador canadiense en Washington, David MacNaughton, explicó recientemente a los primeros ministros provinciales la estrategia del presidente estadunidense, Donald Trump, en este proceso de reconsideración del convenio, suscrito en 1994 y del cual también México es signatario. Ante el Consejo de la Federación que sesionó en la ciudad de Edmonton entre el 17 y el 19 de julio, el diplomático detalló a los participantes los principales elementos de las nuevas disposiciones del jefe de la Casa Blanca al respecto. MacNaughton dijo que Canadá debe permitir a Trump declararse victorioso, aunque aclaró que el primer ministro Justin Trudeau tiene que encontrar las vías para proclamar también el triunfo, pero que este no se interprete como una victoria pírrica en el plano político doméstico. El representante en Washington sugirió que la retórica pública belicosa del jefe de la Casa Blanca dificulta una relación tras bambalinas entre sus asesores y el Gobierno de Ottawa para solucionar los aspectos más polémicos. Estados Unidos, México y Canadá consideran que llegarán a un arreglo sobre los nuevos términos del convenio a principios de 2018.

Estados Unidos anuncia sus objetivos El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunció el 17 de julio en Washington los objetivos de su país para las negociaciones, cuya primera

ronda sesionará del 16 al 20 de agosto próximo en la capital estadunidense. Este encuentro será el único de su tipo en los 23 años que tiene el convenio y tendrá lugar tras concluir el período de consulta de 90 días del Ejecutivo estadunidense con el Congreso y la ciudadanía iniciado en mayo pasado. El negociador principal por la parte estadunidense será John Melle, representante adjunto de Comercio Exterior para el Hemisferio Occidental. Lighthizer explicó cómo la Casa Blanca pretende reescribir los términos del TLCAN al cual Trump califica de desastre para la generación de empleos y en general para los trabajadores estadunidenses. Entre los aspectos delineados por Lighthizer como prioridades básicas está la eliminación del Capítulo 19 de dicho Tratado, que Ottawa considera vital porque lo utiliza para hacer reclamaciones en los conflictos sobre políticas tributarias. Esta sección permite a Canadá, Estados Unidos o México solicitar la activación de paneles independientes cuando consideren que sus exportadores o productores son afectados por prácticas comerciales injustas. Los tres signatarios se reservan el derecho de imponer derechos compensatorios y medidas antidumping, pero, según el Capítulo 19, una de las partes puede solicitar que esas sanciones sean revisadas por un panel ad hoc compuesto por representantes de las naciones involucrados en la disputa. El gobierno de Canadá está dispuesto a renegociar el contenido de dicho acápite, pero considera imprescindible la continuidad de un mecanismo de solución de discrepancias asociado al TLCAN. Por tanto, este es uno de los asuntos más controversiales y a juicio del diario The Globe and Mail, constituye la “línea roja” que la parte canadiense no debe dejar cruzar a su vecino del sur en sus intentos por reformar el texto.

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Un alto funcionario federal dijo al citado rotativo que la administración del primer ministro Trudeau pudiera abandonar el proceso de renegociación si la Casa Blanca insiste en eliminar el Capítulo 19 del acuerdo, algo que otros expertos en el tema estiman poco probable.

Otros temas pendientes Los negociadores estadunidenses también quieren eximir a los gobiernos locales y estaduales de la obligatoriedad de abrir contratos a firmas canadienses y mexicanas, lo que era una aspiración de Ottawa en estas conversaciones. Washington pretende además quitar barreras a las exportaciones estadunidenses a través de la eliminación de subsidios que considera injustos, prácticas que distorsionan el mercado por parte de empresas estatales, y restricciones onerosas sobre la propiedad intelectual.

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Un artículo reciente del diario canadiense Financial Post pronosticó que las conversaciones con Estados Unidos para la revisión del TLCAN serán largas y complicadas, debido a la cantidad de asuntos bilaterales en disputa. Según el Post, los funcionarios canadienses aseguran que en estas pláticas México es el principal blanco de Trump, pues la parte estadunidense tiene un déficit comercial con ese país que superó en 2016 los 60 mil millones de dólares. Entre otros aspectos clave a debate para las autoridades de Ottawa está el sistema de suministro de productos lácteos, las medidas proteccionistas de Canadá respecto a las compras de vino a su vecino del Sur, así como los impuestos a la entrada de mercancías. Exige Washington además que se eliminen barreras a sus inversiones en territorio canadiense. Algunos jefes de gobiernos provinciales de Canadá consideran vital adoptar una posición unificada con las autoridades federales antes de que comiencen las negociaciones con Estados Unidos acerca del TLCAN.

Cabildeo de Canadá en Estados Unidos Trudeau sostuvo en los últimos meses encuentros sucesivos con congresistas, líderes empresariales y otras personalidades estadunidenses, además de que estuvo en el país vecino en varias ocasiones. El gobernante participó en marzo pasado en la conferencia internacional de expertos en energía Ceraweek realizada en Houston, Texas, donde explicó en detalles la importancia del mercado canadiense para los intereses estadunidenses. Trudeau asistió en mayo a la Cumbre a puertas cerradas de la compañía Microsoft en la ciudad de Redmond, en el occidental


estado estadunidense de Washington, ocasión que aprovechó para hacer un llamado a las principales empresas multinacionales de alta tecnología a invertir en su país. A mediados de julio el mandatario liberal fue el orador principal en la Reunión de la Asociación norteamericana de Gobernadores que sesionó en la ciudad estadunidense de Province, Rhode Island, donde exhortó a los participantes a estrechar los nexos con su vecino del norte y evitar el proteccionismo. El primer ministro de la provincia canadiense de Columbia Británica, John Horgan –del Partido Nuevo Democrático– y el propio Trudeau presionan para que se ponga fin a la disputa en torno a la venta de madera antes de que comiencen las renegociaciones del TLCAN el mes próximo. En su primer encuentro desde que asumió el poder este mes, Horgan se reunió el 25 de julio con Trudeau y ambos coincidieron en que esta disputa debe terminar lo antes posible. Este fue el mensaje que el jefe de Gobierno de Columbia Británica llevó a Washington un día después, donde se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.

Importancia del intercambio comercial Canadá-Estados Unidos Durante su campaña para las presidenciales de noviembre de 2016 y tras asumir la jefatura de la Casa Blanca el 20 de enero, Trump insistió en sus intenciones de renegociar el TLCAN, que según él es un desastre para la economía estadunidense, con el fin de sustituirlo por un nuevo acuerdo. Según informes oficiales, el comercio con Estados Unidos se valoró en 882 mil millones de dólares en 2016 y por la frontera común cruzan diariamente unas 400

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El gobierno de Trudeau podría

mil personas, así como 2 mil 400 millones de dólares en bienes y servicios. De cualquier manera, a pesar de las “contradicciones” entre Ottawa y Washington sobre este acuerdo, especialistas a un lado y otro de la frontera común se atreven a pronosticar que al menos esta primera ronda de negociaciones para la revisión del TLCAN limará las principales asperezas entre ellos. Otros aseguran que la parte canadiense no sería la más afectada en esta revisión, sino México, sometido a una presión adicional por el presidente Trump en el tema migratorio. Sin embargo, los expertos auguran un final feliz para este capítulo en las relaciones de los tres vecinos –principalmente para Washington–, teniendo en cuenta que los grandes empresarios involucrados en la relación trilateral velarán a toda costa porque prevalezcan sus intereses económicos, a pesar de los desencuentros.

abandonar la renegociación del TLC si la Casa Blanca insiste en eliminar el Capítulo 19 del acuerdo

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ANร LISIS INTERNACIONAL

EL ESTABLISHMENT ESTADUNIDENSE

CONTRA EL MUNDO

Mediante una ley que el Congreso acaba de adoptar de manera casi unรกnime, la clase dirigente estadunidense impone sanciones contra Corea del Norte, Irรกn y Rusia y torpedea las inversiones de la Uniรณn Europea y China. Esto revela una feroz disputa al interior del imperio, entre el actual presidente Donald Trump y los halcones de la doctrina Wolfowitz

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THIERRY MEYSSAN/RED VOLTAIRE

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eirut, Líbano. Es un escándalo sin precedentes. El jefe del personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, era parte del complot destinado a desestabilizar al presidente Donald Trump y preparar su destitución. Priebus estaba alimentando las filtraciones cotidianas que han venido perturbando la vida política estadunidense, principalmente las vinculadas a la supuesta colusión entre el equipo de Donald Trump y el Kremlin [1]. Al despedirlo, el presidente Trump entró en conflicto con el establishment del Partido Republicano, partido que el propio Priebus presidió en su momento. Dicho sea de paso, todas esas “filtraciones” sobre las agendas y contactos de diferentes personas no han aportado absolutamente ninguna prueba sobre las acusaciones contra Trump y su equipo de campaña. La reorganización del equipo de Trump, después del despido de Priebus, ha sido en detrimento de las personalidades republicanas y a favor de los militares que se oponen al tutelaje del Estado Profundo. De hecho, ha dejado de existir la alianza con Donald Trump que el Partido Republicano había tenido que aceptar, de mala gana, el 21 de junio de 2016, durante la convención de investidura del hoy presidente de Estados Unidos. Así que nos encontramos nuevamente ante la ecuación inicial: de un lado, el presidente de la “América Profunda”; del otro, toda la clase dirigente de Washington respaldada por el Estado Profundo –o sea, la parte de la administración a cargo de mantener la continuidad del Estado más allá de la alternancia entre los grupos políticos. Es evidente que esa coalición cuenta con el respaldo del Reino Unido y de Israel. Y sucedió lo que tenía que suceder: los líderes demócratas y republicanos se han puesto de acuerdo para contrarrestar

la política exterior del presidente Donald Trump y mantener sus prerrogativas imperiales. Con ese objetivo acaban de adoptar en el Congreso una ley de 70 páginas que impone oficialmente sanciones contra Corea del Norte, contra Irán y contra Rusia [2]. De manera unilateral, ese texto impone además a todos los demás Estados del mundo la obligación de respetar las sanciones comerciales estadunidenses. Por consiguiente, esas sanciones se aplican de hecho tanto a la Unión Europea como a China, al igual que a los Estados oficialmente designados como blancos de esas medidas punitivas. Sólo cinco parlamentarios se separaron de esa coalición y votaron en contra de esta ley: los representantes Justin Amash, Tom Massie y Jimmy Duncan y los senadores Rand Paul y Bernie Sanders. Varias disposiciones de esa ley prohíben más o menos al Poder Ejecutivo estadunidense –o sea, a la Casa Blanca y las diferentes dependencias federales– aligerar en alguna forma las sanciones comerciales que el Congreso impone. Donald Trump se ve así teóricamente atado de pies y manos. Por supuesto, siempre le queda al presidente Trump la posibilidad de oponer su veto a la ley aprobada por los parlamentarios. Pero, según la Constitución estadunidense, el Congreso sólo tendría que volver a votar el texto en los mismos términos para hacer prevalecer su voluntad ante el veto del presidente. Así que este último se limitará a firmar la ley para ahorrarse el peligro de sufrir una derrota ante los parlamentarios. El hecho es que estamos a punto de ser testigos, en los próximos días, de una guerra inédita. Los partidos políticos estadunidenses tienen intenciones de echar abajo la “doctrina Trump”, según la cual es mediante su propio desarrollo económico que

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DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

Estados Unidos debe mantener su liderazgo mundial. Y pretenden, por el contrario, volver a la “doctrina Wolfowitz” de 1992, la cual estipula que, para mantener su posición de predominio mundial, Washington debe obstaculizar el desarrollo de todo posible competidor [3]. Paul Wolfowitz es un trotskista que se puso al servicio del presidente republicano George Bush padre en la lucha contra Rusia. Diez años después, bajo la administración del también republicano George Bush hijo, Wolfowitz fue secretario adjunto de Defensa y posteriormente presidente del Banco Mundial. Pero en la elección presidencial del año pasado, Wolfowitz aportó su respaldo a la candidata demócrata Hillary Clinton. En 1992, Wolfowitz escribía que para Estados Unidos el competidor más peligroso era… la Unión Europea y que Washington tendría que destruirla políticamente, e incluso en el plano económico. La ley que los parlamentarios estadunidenses acaban de adoptar pone en peligro

La excandidata demócrata Hillary Clinton

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GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO

ANÁLISIS INTERNACIONAL

El expresidente de Estados Unidos, George W Bush

todo lo que Donald Trump había logrado durante los últimos 6 meses, específicamente en la lucha contra la Hermandad Musulmana y sus organizaciones yihadistas, la preparación de la independencia de la región de Donbass –que acaba de anunciar que pasará a llamarse Malorossiya (Pequeña Rusia)– y el restablecimiento de la Ruta de la Seda. Como primera medida de respuesta, Rusia ya hizo saber a Washington que tendrá que reducir el número de funcionarios de su embajada en Moscú al número de funcionarios que cuenta la embajada rusa en la capital federal estadunidense, o sea 455 personas, expulsando así a 755 diplomáticos estadunidenses. Eso quiere decir que la embajada estadunidense en Rusia contaba 1 mil 210 funcionarios. Moscú hace notar así que si ha existido algún tipo de interferencia rusa en la política estadunidense, no se trata ciertamente de nada comparable con la envergadura de la injerencia de Estados Unidos en la vida política rusa.


ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

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Donald Trump, actual presidente

Por cierto, el 27 de febrero pasado, el ministro ruso de Defensa, Serguei Choigu, anunció al parlamento de la Federación Rusa que sus Fuerzas Armadas cuentan ahora con la capacidad de organizar –ellas también– “revoluciones de colores”, algo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 28 años. Mientras tanto, los europeos ven con estupor como sus amigos en Washington –Barack Obama, Hillary Clinton, John McCain– acaban de bloquear toda esperanza de crecimiento en los países de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de esta cruel sorpresa, los europeos siguen sin entender que el supuestamente “imprevisible” Donald Trump en realidad es su mejor aliado. Totalmente aturdidos por ese voto del Congreso estadunidense, que los sorprende en plenas vacaciones

de verano, los europeos no hallan nada mejor que ponerse “en posición de espera”. A falta de una reacción inmediata podrán verse arruinadas las empresas que invirtieron en la solución de la comisión europea encargada de garantizar el abastecimiento energético de la Unión. Wintershall, E ON Ruhrgas, NV Nederlandse Gasunie y Engie (la antigua GDF Suez) están implicadas en la construcción de la nueva tubería paralela a la tubería ya existente del gasoducto Nord Stream, trabajo ahora prohibido por el Congreso de Estados Unidos. Con ello pierden esas empresas no sólo la posibilidad de presentarse como aspirantes en procesos de licitaciones en Estados Unidos sino también todos sus fondos depositados en suelo estadunidense. Se les bloquea además

estadunidense

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DIEGO GALLEGOS/CUARTOSCURO

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Paul Wolfowitz, exsecretario adjunto de Defensa estadunidense

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de inmediato todo acceso a los bancos internacionales y no podrán continuar sus actividades fuera de la Unión Europea. El gobierno alemán ha sido, por el momento, el único en expresar su descontento. No se sabe si logrará convencer a los demás gobiernos europeos y obtener que la Unión Europea se rebele al fin contra su amo estadunidense. Nunca antes se había visto una crisis similar y por tanto no existen puntos de referencia que permitan anticipar el curso de los acontecimientos. Es probable que varios Estados miembros de la unión Europea defiendan, aún en contra de sus socios europeos, los intereses de Estados Unidos, o más bien la versión de esos intereses que presenta el Congreso estadunidense. Como cualquier otro país, Estados Unidos tiene derecho a prohibir a sus

empresas que mantengan relaciones comerciales con tal o cual Estado extranjero, así como a prohibir los intercambios con empresas de otras nacionalidades. Pero, según la Carta de las Naciones Unidas, ningún Estado puede imponer a otro sus propias decisiones en materia de comercio. Y eso es lo que hizo Estados Unidos con su política de sanciones contra Cuba [4]. En aquel momento, por iniciativa de Fidel Castro –que no era comunista–, el Gobierno Revolucionario de Cuba inició una Reforma Agraria que no fue del agrado de Washington [5]. Los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuya última preocupación era la suerte de aquella islita del Caribe, se plegaron a aquellas sanciones. Poco a poco, el soberbio Occidente pasó


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a ver como algo normal el tratar de rendir por hambre a los Estados que se resistían al poderoso amo estadunidense. Hoy vemos, por primera vez, cómo la propia Unión Europea se ve directamente afectada por una forma de dominación que ella misma ayudó a instaurar. Más que nunca, el conflicto entre Trump y el establishment estadunidense adopta una forma cultural. En ese conflicto se enfrentan los descendientes de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca del American Dream [6] y los descendientes de los puritanos que llegaron a América a bordo del Mayflower [7]. Eso explica, por ejemplo, las críticas de la prensa internacional sobre el lenguaje, ciertamente vulgar, del fugaz jefe de prensa de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci. Hasta ahora, Hollywood había reflejado sin problemas los modales poco convencionales de los hombres de negocios neoyorquinos. Pero ese lenguaje soez es presentado ahora como algo incompatible con el ejercicio del poder. El expresidente Richard Nixon solía expresarse así y fue una de las cosas que se le reprochó cuando el FBI organizó el escándalo del Watergate para obligarlo a dimitir. Sin embargo todos reconocen que Nixon fue un gran presidente –puso fin a la guerra de Vietnam y reequilibró las relaciones internacionales al establecer vínculos diplomáticos con la República Popular China, frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Resulta sorprendente ver a la prensa europea repetir hoy el argumento puritano, religioso, contra el vocabulario de Scaramucci para juzgar la competencia del equipo de Trump en materia de política, como también sorprende que el propio Trump lo haya despedido a pesar de que acababa de nombrarlo. El futuro del mundo puede estar en juego tras lo que hoy parece una simple lucha de clanes. Es posible que esté en juego la

posibilidad de que ese futuro esté hecho de enfrentamiento y dominación o de que sea un futuro de cooperación y desarrollo. Notas [1] “State Secrets: How an Avalanche of Media Leaks is Harming National Security”, Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, 6 de julio de 2017. [2] H.R.3364 - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act [3] “US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop”, Patrick E Tyler, The New York Times, 8 de marzo de 1992. En la página 14 de esa misma edición del New York Times también aparecen largos fragmentos del informe secreto de Wolfowitz: “Excerpts from Pentagon’s Plan: ‘Prevent the Re-Emergence of a New Rival’”. Información adicional al respecto aparece en “Keeping the US First, Pentagon Would preclude a Rival Superpower”, Barton Gellman, The Washington Post, 11 de marzo de 1992. [4] El autor se refiere aquí a lo que los medios de prensa occidentales llaman eufemísticamente el “embargo” económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, algo que los cubanos llaman simple y llanamente “el bloqueo”, debido a su evidente similitud con un asedio de tipo militar. Nota de la Red Voltaire. [5] “El robo más largo de la historia cometido por un país contra otro”, por Jorge Wejebe Cobo, Agencia Cubana de Noticias, Red Voltaire, 19 de julio de 2017. [6] El llamado “sueño americano”. Nota de la Red Voltaire. [7] “Estados Unidos, ¿se reforma o se desgarra?”, por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 26 de octubre de 2016.

El futuro del mundo puede estar en juego tras lo que hoy parece una simple lucha de clanes: el conflicto Trumpestablishment estadunidense

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

RUSIA: LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS

Y EL FIN DE LOS SALUDOS

La confrontación apenas comienza. Quienes apostaron por una “buena relación” entre Estados Unidos y Rusia por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ahora ven que siempre estuvieron equivocados. La paciencia rusa ya se agotó y ante las más recientes “acciones inamistosas” de los estadunidenses, ahora Moscú también responde. La espiral de desencuentros acaba de iniciar

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ANTONIO RONDÓN/PRENSA LATINA

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oscú, Rusia. Con la imposición de sanciones contra Rusia, Estados Unidos cierra el efímero capítulo de acercamiento de Vladimir Putin y Donald Trump en Hamburgo, para abrir uno largo de confrontación de consecuencias impredecibles. Washington impone en nuevo paquete de sanciones contra Rusia, con especial afectación para su sector energético, basado en tres argumentos, vistos por expertos aquí como totalmente inconsistentes o injustificables. La propuesta, aprobada en la Cámara de Representantes con solo tres votos en contra el 25 de julio, y tres días después en el Senado con apenas dos oposiciones, sitúa en su texto a Rusia, por primera vez desde el inicio de esa política de restricciones en 2014, como enemigo del país norteño. Además, presenta a Rusia junto a Irán y la República Popular Democrática de Corea, consideradas por Washington como naciones parias y contra las cuales lleva a cabo una política virulenta, sobre todo después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En el texto de las restricciones estadunidenses, se acusa a Rusia de desestabilizar a Ucrania, causar el terror entre la población civil en Siria y de interferir en los asuntos internos de Estados Unidos. Recientemente, el Ministerio del Interior ucraniano debió reconocer que carece de pruebas concretas para demostrar la participación de fuerzas regulares rusas en el conflicto en la región hullera de Donbass, con saldo de más de 10 mil muertos, en su mayoría civiles. Sin embargo Kiev, que viola constantemente los acuerdos de Minsk para buscar una solución pacífica al diferendo en Donbass, es presentada en Occidente como la víctima de una agresión de Moscú, mientras el golpe de Estado en Ucra-

nia es visto como una revolución contra el poder prorruso. En Siria, las únicas fuerzas militares que actúan con completa legalidad son las rusas, presentes allí desde finales de 2015 a pedido de Damasco para apoyar la lucha contra formaciones armadas, financiadas y pertrechadas desde el extranjero. Más de 2 mil localidades sirias se unieron al régimen de cese de hostilidades, con la mediación del Centro Ruso de Reconciliación, mientras se crean al menos cuatro zonas de distensión, donde se suspenden los combates y se garantiza el acceso de ayuda humanitaria. La aviación de la coalición aliada, dirigida por Estados Unidos, debió reconocer en varias ocasiones su responsabilidad por la muerte de decenas de civiles, que consideran un “error” o daños colaterales de sus operaciones, mientras en al menos tres ocasiones, en lugar de bombardear a los terroristas, atacaron posiciones del ejército que lucha contra esos extremistas. Por otro lado, ninguna prueba concreta fue presentada aún sobre la supuesta injerencia de Moscú en los asuntos internos estadunidenses o en sus comicios presidenciales de noviembre pasado. Un alto dirigente del Partido Demócrata reconoció que era necesario dejar de buscar la culpa de Rusia en la derrota de Hillary Clinton en los comicios y aconsejó hurgar en los propios errores de esa organización política. Clinton y su Partido Demócrata trataron de minimizar las revelaciones aparecidas en internet sobre las manipulaciones dentro de esa organización política durante la campaña electoral, y en su lugar se dedicaron a buscar quién estuvo detrás de esas revelaciones. El culpable sólo se supo después de conocerse el fracaso demócrata en los comicios: Rusia. Para demostrarlo nunca se ofrecieron pruebas.

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ALEJANDRO PIÑA GODOY/CUARTOSCURO

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Pese a todos esos factores, Estados Unidos impone el paquete de sanciones que da prerrogativa a Trump para castigar a cualquier persona involucrada en planes de inversiones en la esfera energética rusa, tanto de exploración como de extracción o entrega de tecnología. Las medidas, que también incluyen al sector metalúrgico, serían codificadas como ley tras la firma de Trump; la derogación parcial o completa solo podría realizarse después de una aprobación en el Congreso. El texto se refiere a castigar a cualquier inversionista, estadunidense o de un tercer país, que deposite más de 1 millón de dólares de una sola vez o más de 5 millones en un año. Además, el proyecto atañe a las empresas con al menos el 30 por ciento de capital del estado.

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Las medidas también se refieren, específicamente, al proyecto de gasoducto Torrente Norte-2, que llevaría gas natural ruso a través del mar Báltico y sin intermediarios directamente a Alemania. En el gasoducto participan, junto a la rusa Gazpprom, las compañías austriaca OMV, la francesa Engie, las alemanas Wintershall y Uniper, así como la indo-británica Shell. La propuesta de ley, que debe firmar el mandatario estadunidense, señala en su texto que las limitaciones para las inversiones en ese proyecto buscan evitar una supuesta desestabilización de las reformas en el sistema energético ucraniano. Cerca del 80 por ciento del gas ruso que va a Europa pasa por el sistema de gasoductos de Ucrania, por lo cual Moscú paga una suma considerable. El Torrente Norte-2 busca diversificar las vías de


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Además, para el 1 de septiembre, el personal de la misión diplomática estadunidense, junto a sus consulados en varias ciudades rusas, deberá pasar de 1 mil 200 a 455. Pero la lista de medidas podría crecer, pues la Cancillería indicó que se reservaba el derecho de aplicar más contramedidas. De hecho, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, aclaró que ello sólo era una respuesta a las acciones inamistosas de la Casa Blanca de diciembre de 2016, y llamó a evitar una nueva espiral de confrontación. El corto periodo de acercamiento que parecía propiciar el encuentro de Putin y Trump el 7 de julio de este año, a todas luces queda enterrado por un buen tiempo, para dar paso a una larga confrontación que apenas comienza.

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entrega de ese combustible al viejo continente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que con los nuevos gasoductos rusos, el sistema de transporte de gas instalado en Ucrania, en cuyo proceso de privatización Washington participa activamente, anularía su valor casi por completo. El politólogo alemán Alexander Pap considera que tanto los estadunidenses como los europeos intentan torpedear el Torrente Norte-2 para mantener a flote al gobierno ucraniano, que llegó al poder luego de un golpe de estado en Kiev en febrero de 2014. Si Kiev deja de obtener el dinero de Rusia por el uso de su sistema de gasoducto, su presupuesto colapsará definitivamente, después que en los últimos tres años se cerraron mil 200 empresas, incluida la compañía de fabricación de aviones Antonov, comentó Pap. Pero en ese caso, Europa deberá pagar millones de euros en subsidios para mantener al gobierno del presidente Piotro Poroshenko. Sin embargo, con la adopción del nuevo paquete de medidas, Estados Unidos declara abiertamente la guerra fría a Moscú, considera el politólogo ruso Konstantin Eggert. De acuerdo con la empresa consultora IHS Markit, Rusia posee ahora 90 ductos, incluidos los que van a 13 países, de ellos cinco pertenecientes a la Unión Europea. El presidente Vladimir Putin se unió a las críticas de quienes en Europa estiman que Washington intenta obtener ventajas comerciales con la aplicación de medidas punitivas que afectan a sus propios aliados. La reacción de Rusia ante la aplicación de sanciones era esperada. Anunció el fin de las actividades de la embajada estadunidense en los almacenes moscovitas de la calle Dvorni y el complejo de casas de descanso de Serebreni Bor, todo antes del 1 de agosto.

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Uno de los cuatro comuneros asesinados es llevado al panteĂłn del pueblo por familiares y amigos, quienes, en medio del llanto y el dolor, exigĂ­an justicia

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ESPECIALES

ARANTEPACUA IMPUNIDAD ESTATAL CONTRA POBLACIÓN INDÍGENA TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: CRISTIAN LEYVA

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a violencia gubernamental contra los pueblos indígenas que luchan por sus tradiciones y sus derechos no cesa. La represión en Arantepacua, Michoacán, es ejemplo de ello. El 4 de abril de 2017, después de concluir una reunión en el Palacio de Gobierno de Michoacán, 38 indígenas purépechas de Arantepacua fueron privados de su libertad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y agentes ministeriales. Por ello, familiares y vecinos de los detenidos montaron un plantón a las afueras de la Agencia del Ministerio Público, Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El 5 de abril a las 11 de la mañana se instaló una mesa de diálogo entre autoridades de Arantepacua, Miguel Prado Morales –presidente municipal de Nahuatzen– y representantes del gobierno de Michoacán: el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, y el titular de la Dirección de Gobernación, Víctor Manuel Lara Vidales. Mientras que, en la localidad, la población inconforme retuvo temporalmente los vehículos que circulaban en las inmediaciones. Alrededor de las 2 de la tarde, en Arantepacua inició un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el Grupo de Operaciones Especiales y la Secretaría de la Defensa Nacional. El saldo de esta irrupción armada

Uno de los proyectiles usados durante el operativo policiaco militar en Arantepacua

Impacto de bala en el marco de una ventana

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ESPECIALES

Impactos de bala en una casa que brindó refugio a comuneros durante la represión

Mujer de la comunidad de Arantepacua denuncia el robo y saqueo de su hogar. Durante el operativo, también fue agredida por policías estatales

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Policías y militares dispararon todo el tiempo que duró el operativo

Casa saqueada por elementos de las fuerzas estatales, muestra de la vio

Comunero de Arantepacua narra que, durante el operativo, el olor del gas lacrimógeno era insoportable

Rastros de la violenta irrupción armada

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muestra de la violencia desmedida contra la comunidad de Arantepacua

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ESPECIALES

Impacto de bala en la puerta de una casa ultrajada

Casquillo percutido por un arma AR15 usada por miembros de la policĂ­a estatal

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ESPECIALES

CONTRALUZ

fue de cuatro indígenas asesinados: José Carlos Jiménez Crisóstomo, estudiante de enfermería, de 25 años; don Francisco Jiménez Alejandre, de 65 años; Santiago Crisanto Luna, de 39 años, y Luis Gustavo Hernández Cuenete, de 15 años de edad, quien aún vestía con su uniforme escolar al momento de ser ultimado. Además, decenas de casas fueron saqueadas y algunos vehículos, destrozados. La población estaba aterrorizada. La tensión y el caos invadía la comunidad: la gente se negaba a

Múltiples calibres de armas de fuego fueron usados durante la represión

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realizar sus actividades cotidianas por el temor a que las represalias continuaran. Fueron las asambleas comunitarias las que lograron reactivar al pueblo. A 4 meses de la masacre perpetuada por las fuerzas estatales y federales, el pueblo de Arantepacua continúa con su lucha organizativa, legal y estratégica para reconstituir el tejido social. Las familias afectadas aún demandan justicia y castigo para los culpables, tanto intelectuales como materiales.



MISCELÁNEO

SOCIEDAD BETA

PEÑABOTS INFLUYENDO EN LA OPINIÓN PÚBLICA GONZALO MONTERROSA

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mientas para influir en redes sociaodos lo hemos notado, lo les están México, Argentina, Brasil, hemos visto y lo sabíamos: Ecuador, Brasil, Venezuela, Estados los peñabots existen y maniUnidos, en América, y en el resto pulan las redes sociales para favoredel mundo encontramos a Irán, cer la imagen del presidente. Pero Israel, Siria, Rusia, Arabia Saudita en un país donde las acusaciones y Turquía entre otros. se desvirtúan ironizando Lo que nos indica la con que se trata de un En Twitter, 48 lista es que lo hacen complot, necesitamos millones de cuentas países amigos y eneque alguien de fuera son automatizadas. No migos, paladines de sea quien lo asegure. todas son de gobiernos, la “democracia”, En el reporte titumuchas son de usuarios defensores de un lado Troops, Trolls and que automatizan sus contenidos en redes gobierno religioso y Troublemakers: A Global sociales países gobernados por Inventory of Organized dictadores. Social Media Manipulation, Lo que coincide con la Universidad de Oxford otro estudio, éste de la Univerasegura que México está entre sidad de California que indica que los países que utilizan un ejército de un 15 por ciento de los usuarios de bots en las principales redes sociales, la red social Twitter son bots, a pesar entiéndase Twitter o Facebook. de seguir a otros, de marcar publicaEl estudio incluye entre los paíciones como favoritas para aparentar ses que utilizan los bots como herra-

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un comportamiento humano, simplemente son bots esperando órdenes. Así que de las aproximadamente 300 millones de cuentas en Twitter, 48 millones son automatizadas. No todas son utilizadas por los gobiernos, muchas también son utilizadas por usuarios que automatizan la publicación de sus contenidos en varias redes sociales al mismo tiempo para evitar hacerlo manualmente y una por una. Otros son utilizados por empresas digitales dedicadas a posicionar contenidos de sus clientes, desde medios de comunicación, pasando por campañas de pequeños negocios hasta campañas de grandes marcas. De acuerdo al estudio de la Universidad de Oxford, indica que en algunos casos los bots se utilizan para reforzar positivamente las acciones o políticas del gobierno como en


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SOCIEDAD BETA

Israel. En otros casos son utilizados para agredir verbalmente y acosar a usuarios, ese tipo de uso se realiza en México. Que el gobierno de Enrique Peña Nieto sea mencionado en el estudio, no hace más que disminuir aún más su imagen. Que su gobierno tenga como actividad habitual el agredir a los usuarios o periodistas que critican las fallas dice mucho de la situación política y el que se utilicen métodos más sofisticados de lo habitual marca una peligrosa tendencia a futuro. Según el estudio realizado por Samantha Bradshaw y Phillip N Howard, también son utilizados

para propagar las noticias falsas y para simular popularidad en los tuits de los gobernantes, algo que en México hemos visto ya varias veces a manos de Alejandra Lagunes, actual encargada de la Estrategia Digital Nacional del gobierno federal, ya que antes fue la responsable de redes sociales e internet en las campañas políticas de Eruviel Ávila para gobernador y posteriormente de Enrique Peña Nieto para presidente. Como resultado tenemos más manipulación que diálogo en redes sociales, donde se supone que la comunicación es horizontal y directa. Algo importante de mencionar es que todos esos servicios con-

tratados son pagados con dinero público, en un país con altos niveles de pobreza como México, resulta indignante. Otro asunto que sorprende es que las autoridades electorales no opinen al respecto de ese tipo de herramientas diseñe lineamientos. Ante esto y otras fallas más, no nos sorprende que actualmente la iniciativa “Ahora”, liderada por el extitular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, pida la renuncia de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ante tanta incompetencia e incapacidad.

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ CRÓNICA DEL ENCABRONAMIENTO MEXICANO ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

como reportero, quien exDe las columnas pone a los lectores lo que políticas, la firinvestiga de esa realidad mada por Julio Autor: Julio Hernández “que es más pródiga Hernández López López que la más febril fandesde hace 20 años Título: Encabronados tasía”. Y es con esta en La Jornada es, inúltima con la que otras dudablemente, una Editorial: Temas de hoy, columnas sirven a sus de las mejores; pues 2017 intereses, siendo voceros con datos e información de los poderes públicos y/o cumple cabalmente lo que privados. escribe el periodista José RiII. Autor de la columna política, sobas en su ensayo El columnismo no es un cial y cultural Astillero, Julio Hernández parapeto para el uso del poder, sino del convislumbró en su libro Las horas contadas trapoder: “Adquiere así mayor precisión del PRI, lo que está siendo una realiy eficacia; todo tipo de periodismo en dad: de socavón-crisis a socavón-crisis. una democracia siempre debe ejercer Y ahora nos presenta sus crónicas de contrapoder, pues ha de defender agrupadas en seis partes, con el esclalos intereses de los ciudadanos y de la recedor título Encabronados, en donde legalidad. Ha de controlar los podeintercala las encabronadas reflexiones de res públicos para que no se excedan ciudadanos; lectores que opinan, critiy también el comportamiento de los can y exponen su encabronamiento, como poderes privados”. Esto lo cumple actitud máxima de enojo, indignación Hernández López con la puntualidad y antesala para la rebelión. Gritos de sistemática del periodista compromealarma que Hernández López ha retido con el ejercicio de las libertades cogido en sus andanzas de reportero y de prensa, para informar, analizar y criticar con legitimidad desde la demo- lector, para darnos un recorrido sobre las huellas de los funcionarios-ladrones, cracia directa; es decir, desde la perspolitiquillos-saqueadores y toda la faupectiva del kratos: el pueblo, para, con na que provoca “el enojo social ante la esta legitimidad política, ser “espejo de ineficacia, el cinismo y la corrupción las tensiones políticas, sociales y cultude los grupos que han gobernado en rales del momento”, en el entendido México”. Es un rastreo del peñismo y de que es una lectura de la realidad... su actor principal: Peña; los peñistas, ayudando a pensar, interpretar y situar los perredistas, los priistas, los panistas los diferentes hechos que constituyen y y de los demás partidos (Morena inpresiden la realidad”. Es el columnista

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7 de agosto de 2017

cluido), a quienes encabronados quisiéramos darles, en lugar de votos, hachazos para quitárnoslos de encima como chupa-ingresos millonarios para, “todos a una” repartirse los cargos en la chupa-corrupción. III. Encabronados, o sea, hasta la coronilla de enojados (pero no hasta el copete que sonaría a Peña) por la descarada ratería de los desgobernadores, de Peña, de Ruiz Esparza –quien, altanero, dijo que sólo su amigo Peña lo puede cesar– y todos los causantes del “hartazgo mexicano”. El texto describe la creciente ingobernabilidad e “indignación insuficientemente organizada”. Y con el gasolinazo como parteaguas del inmediato pasado al inmediato futuro, sintetiza las desgracias de la pobreza, el desempleo, la homicida inseguridad que supera ya a la de Calderón; feminicidios y narcotráfico: el infanticidio de la guardería ABC, Ayotzinapa, la farsa de Paulette y Alfredo Castillo, Tlatlaya, Nochixtlán, etcétera. En 230 páginas, el autor confirma el enriquecimiento de la élite que honra la divisa del “prócer” de Atlacomulco: “un político pobre es un pobre político”. Es un prontuario de fechas, datos, hechos, nombres y su encadenamiento con la crisis de más de 120 millones de mexicanos. Al menos 100 de ellos encabronados por la ineptitud y corrupción del menguado copete del peñismo.



ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 7 al 13 de agosto de 2017

Año 16 • Número 551 • $30


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