OPINIÓN ARTÍCULO
NI CON EL “PÉTALO” DE UN DICTAMEN SENADORES TOCARÁN AL OUTSOURCING MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
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odo apunta a que nuevamente serán los empresarios quienes dicten la línea a seguir en materia de derechos laborales en el Senado de la República, para impedir que el abuso de la subcontratación ilegal les imponga justas sanciones por utilizar al outsourcing como medio de evasión fiscal y de incumplimiento a sus obligaciones en materia laboral, entre ellas, la seguridad social, el reparto de utilidades y la afiliación de sus empleados al IMSS. Desde el pasado 3 de diciembre en que fue aprobado en comisiones el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, la clase empresarial que se ha beneficiado con la subcontratación al incumplir con sus obligaciones laborales y fiscales manifestó su desacuerdo con lo establecido por los senadores de equiparar el abuso de la tercerización ilegal como un delito del crimen organizado. Por supuesto que los empresarios tienen razones más que justificadas para oponerse a una reglamentación que defienda los derechos de casi 5 millones de trabajadores -en su mayoría jóvenes-, que laboran bajo este esquema. De acuerdo con datos oficiales, los empresarios se llevan a sus bolsillos unos 25 mil millones de pesos al año por evasión al fisco. Si se suman los 12 años de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tenemos que los hombres del dinero ganaron de manera indebida 300 mil millones de pesos, mientras que una generación entera de mexicanos perdió su derecho a la antigüedad laboral, a la seguri-
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23 de marzo de 2020
dad en el empleo y el acceso a la seguridad social para contar con un servicio médico oportuno, el acceso a una vivienda y una pensión justa. Parece que muchos legisladores de Morena olvidaron que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los sindicatos independientes, e incluso hasta el corporativismo oficial expresado en centrales como la CTM y la CROC, se opusieron a la intención de Cámaras Empresariales para modificar la Ley Federal del Trabajo que, en aras de la inversión y la productividad, exigían legalizar la flexibilidad laboral; argumentos muy similares a los manejados ahora por los voceros de la iniciativa privada y sus incondicionales en el Senado. Valga recordar ahora que los hombres del dinero parece que lograron una vez más convencer a altos funcionarios para marcar línea a los senadores de su partido, en contrasentido a los derechos de millones de trabajadores, el compromiso que hiciera en su mensaje de toma de posesión del 1 de diciembre de 1988, cuando Salinas de Gortari ratificó su compromiso de campaña en el sentido de que la legislación laboral se reformaría. La propuesta hecha entonces al presidente por organismos cúpula como la Coparmex y la Concanaco, establecía, entre otros puntos: “permitir que los empleadores administraran con flexibilidad a su personal y sus condiciones de trabajo”. La intención de pulverizar los derechos laborales de la clase trabajadora del país terminó por desecharse en la LIV Legislatura, pues además pretendía iniciar un debilitamiento de los sindica-
