T H E N E WS J O U R N A L O F C AT H O L I C O P I N I O N
U N A P U B L I C A C I Ă“ N D E C AT H O L I CS F O R C H O I CE
Deuda de la democracia E L A B O RTO E N C H I L E
Por Claudia Dides y Tessa Maulhardt P U B L I C A D O O R I G I N A L M E N T E E N CO N S C I E N CE VO L . X X X V I , N O. 1 2 0 1 5
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Deuda de la democracia E L A B O RTO E N C H I L E
© M I L ES CHI L E
Por Claudia Dides y Tessa Maulhardt
Miles Chile produjo tres videos ficticios, tutoriales que explican cómo abortar y conseguir que parezca accidental como parte de una campaña para crear conciencia sobre la penalización del aborto en Chile. Disponible en mileschile.cl.
C L A U D I A D I D E S es la directora ejecutiva y una fundadora de Miles Chile. Ella es socióloga, con Magister en Estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile, así como la ex-Directora del Programa Género y Equidad FLACSO -Chile. T essa M aul h a r dt
es la asociada encargada del programa internacional para Catholics for Choice.
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CO N S C I E N C E
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L DÍA 30 DE ENERO DE 2015, EN
un acto transmitido por la televisión, la presidenta chilena Michelle Bachelet dio a conocer un proyecto de ley que despenalizaría el aborto en tres causales: si la vida de la madre corre peligro, si el feto presenta anomalía mortal (inviabilidad fetal extrauterina) o si el embarazo es producto de una violación. Unos días antes, se había aprobado—en un país tan renombrado por su catolicismo conservador—el derecho a la unión civil entre personas del mismo sexo. Parece entonces
que Chile da repentinos avances para desmantelar algunos vestigios de los 17 años de dictadura militar, pero para muchas personas el momento había tardado mucho en llegar. La ley del aborto, discutida desde los años noventa, se volvió tema obligado en 2010. Decenas de miles de personas— principalmente estudiantes—se volcaron a las calles para poner en cuestión el lucro de la educación, exigiendo educación gratuita y sin lucro. Las y los manifest a ntes saca ron a reluci r las desigualdades que se venían arrastrando
en los ya 25 años de democracia transcurridos desde la caída de la dictadura del general Augusto Pinochet. El movimiento de mujeres, así como profesionales de la salud y del ámbito académico, han considerado desde hace muchos años que la restitución del aborto legal figura entre estas “deudas de la democracia”. Junto con la necesidad de contar con una nue v a C o n s t it uc ió n y de apr ob a r reformas económicas y educativas, el aborto ha sido asunto medular para la llamada generación del milenio, que creció con la democracia y que desea borrar el legado de la dictadura.
y se pronunciaba a favor de la planificación familiar, a pesar de las presiones ejercidas por la jerarquía católica y por una minoría política muy activa. En 1964, el gobierno inició un programa de planificación familiar que tuvo gran éxito, y se logró reducir el índice de mortalidad materna provocada por abortos clandestinos. Hacia fines del mandato del presidente Sa lvador A l lende, ú lt i mo mandatario elegido democráticamente, los hospitales y profesionales de salud interpretaban de forma bastante libre las disposiciones en materia de aborto.
prest aba n atención a las pacientes después de la intervención, todo ello de forma abierta. El Servicio de Salud Metropolitano Sur—y en particular el Hospital Barros Luco—permitía que las mujeres de escasos recursos interrumpieran sus embarazos con el fin de disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad materna. L EG A D O CO M P L I C A D O D E L C ATO L I C I SM O
Sin embargo, esa época progresista para la planificación familiar y el aborto tenía los días contados. Con el golpe de estado
La “Revolución Pingüina” cambió la perspectiva chilena hacia la juventud. Fue el movimiento social más potente desde la caída de la dictadura. La legislación chilena vigente penaliza el aborto en todas las circunstancias, por lo que Chile se encuentra entre los cinco países—junto con El Salvador, Nicaragua, Malta y Ciudad del Vaticano—con las leyes más estrictas de prohibición al aborto. El Código Penal obliga a toda mujer, sin importar su edad, a seguir adelante con el embarazo aunque así se ponga en peligro su vida y su salud. Sin embargo, esta situación no siempre fue así. C A S I SESE N TA A Ñ OS D E L A B O RTO T E R A P É U T I CO
La legislación chilena entre 1931 y 1989—incluso en la época de la dictadura y su Constitución de 1980—permitía la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, definida en el Código Penal como “la terminación del embarazo antes de que el feto sea viable con el propósito de salvar la vida de la madre o salvaguardar su salud”. Para ello era necesaria la autorización de dos médicos cirujanos. En los años sesenta, Chile se encontraba en la vanguardia de la salud reproductiva en América Latina. Con el apoyo del Estado chileno, la comunidad médica desarrollaba los métodos anticonceptivos
Allende, marxista y médico con experiencia en la prestación de servicios de salud a la población pobre, simpatizaba con la causa por los derechos reproductivos e incluso apoyó, con cierta discreción, algunas iniciativas que habrían ampliado el Código Sa n itario. No obstante las restricciones, los profesionales de la salud practicaban abortos y
de 1973, Pinochet asumió el poder. El dictador se oponía a la planificación familiar y promovía la maternidad como la más noble aspiración de la mujer. A fines de la dictadura, Pinochet derogó la ley de 1931 y modificó el artículo 119 del Código Sanitario chileno para que rezara así: “No podrá ejecutarse ninguna acción destinada a provocar el aborto”.
Desigualdades en la legislación chilena El aborto es punible con penas de entre tres y cinco años de prisión para la mujer y, para quien haya practicado la intervención, con penas algo más cortas. De acuerdo con la edición 2013 del informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales, se puede concluir que el aborto es un delito femenino y por ello hay más mujeres que hombres sometidos a control penal. Hasta 2004, los hombres no representaban más del 14% del total de la población bajo control por delitos relativos al aborto. Luego, la proporción total de hombres sometidos a control fue aumentando sostenidamente, de un 38% en 2006 al 47% en 2012. La alta proporción de mujeres encarceladas se vincula a los índices aún más elevados para la población pobre. En un estudio realizado por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, a raíz de un análisis de cuatro años, se descubrió que el 80% de las denuncias se interpusieron contra mujeres que habían acudido a hospitales públicos, es decir que “el grupo de mujeres procesadas por aborto está compuesto desproporcionadamente por mujeres de escasos recursos”, mientras que ninguna clínica u hospital privado presentó una denuncia. Además, solo el 38% de las mujeres acusadas recibió defensa legal, mientras que un 60% no contó con representación alguna. VOL . X X X VI—NO.
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Si bien la dictadura pinochetista argumentaba que el aborto ya no era necesario gracias a los avances de la medicina moderna, quedaba claro que la ley de 1931 fue derogada para complacer a la jerarquía católica. Así lo expresó Antonio Ba sc u ñá n Rod r íg uez , profe sor de Derecho, en un trabajo publicado en la revista Derecho y Humanidades: “La auténtica razón para insistir en su derogación [del artículo 119 original] era que no dist ing uía ent re la provocación directa y la provocación indirecta de la muerte del feto, autorizando ambas”. La distinción entre aborto directo e indirecto emana de la teología moral católica. Lamentablemente, la dictadura no hizo caso de otras enseñanzas católicas que piden respeto para el bienestar y la
una violación, o respecto del cual se tiene la certeza de que el feto no sobrevivirá. Aunque la jerarquía católica haya coincidido con la dictadura en lo que se refiere al aborto, ello constituía solo un aspecto de lo que se percibía en la opinión pública. Para mucha gente, la Iglesia católica se solidarizó con el pueblo en sus denuncias contra la dictadura y contra las violaciones de derechos humanos. Y es posible que este legado contradictorio haya complicado los esf uerzos por reformar la ley en materia de aborto. Desde 1991, diversas autoridades y ONG han intentado en más de diez ocasiones que se levantara la prohibición absoluta del aborto. A su vez, la derecha conservadora procuró imponer penas aún más duras contra las personas que
y el aborto. La jerarquía tiene directa vinculación con las elites políticas del país; solo hay que recordar que Chile recién en el año 2005 fue uno de los últimos países en legalizar el divorcio. BACHELET Y LA R E VO LU C I Ó N P I N G Ü I N A
Michelle Bachelet, actualmente en su segundo periodo de gobierno, es la primera mandataria que asume una postura contundente a favor de la despenalización del aborto. En 2006, año en que se hizo la primera mujer presidenta de Chile, Bachelet inyectó esperanzas al movimiento de mujeres. Comprometida personalmente con la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos, incluido el acceso al aborto seguro y legal,
Aunque es imposible saberlo con exactitud, los expertos calculan—a raíz de estadísticas sobre detenciones, fallecimientos y registros hospitalarios—que cada año se practican entre 40 mil y 120 mil abortos. dignidad de la mujer. La penalización en Chile ha tenido como consecuencia un índice de abortos clandestinos que figura entre los más altos de América Latina, abortos que en muchos casos se practican en condiciones inseguras. Aunque es imposible saberlo con exactitud, los expertos calculan—a raíz de estadísticas sobre detenciones, fallecimientos y registros hospitalarios—que cada año se practican entre 40 mil y 120 mil abortos. Estas cifras no recogen los numerosos abortos inducidos que se registran como abortos espontáneos o que se disfrazan como otra clase de intervención. Las mujeres, sobre todo las más pobres y vulnerables, acceden en muchos casos al aborto en condiciones insalubres y sin atención profesional. Se les obliga a poner pasivamente la salud y la vida en riesgo si resulta necesario interrumpir el embarazo por motivos terapéuticos. La ley exige que la mujer padezca en silencio el tormento de un embarazo producto de 4
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resultaran condenadas por la realización del aborto. Durante los gobiernos de la llamada Concertación (coalición formada después de la época pinochetista), encabezados principalmente por el Partido Demócrata Cristiano, los dirigentes políticos no podían o no querían hablar del tema por sentirse endeudados con la Iglesia católica por el apoyo que esta había prestado durante la dictadura. Al tiempo que realizaban algunos cambios democráticos y reparaban los daños dejados por la era pinochetista, los dirigentes políticos y el público dudaban en criticar abiertamente a la jerarquía católica y cedían muy fácilmente en asuntos que daban por intocables. Si bien Chile ha sido desde 1925 un Estado laico, el 70% de su población se identifica como católica, y la opinión pública escucha a la jerarquía en lo relativo a la educación, la moral, las relaciones familiares, las relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial, el uso de métodos anticonceptivos
la presidenta enfrentó grandes desafíos cuando apenas asumía el mando. Su primera crisis política, posteriormente apodada “la Revolución de los Pingüinos” (por referencia al blanco y negro del uniforme escolar), se dio cuando más de 800 mil estudiantes se manifestaron por una reforma educativa. Bachelet se esforzó por promover la reforma educativa, al tiempo que registraba algunos avances en la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos: logró rechazar un proyecto de ley que pretendía endurecer las penas aplicadas al aborto y, por otra parte, promovió una iniciativa que a las mayores de 14 años les brindaría acceso gratuito a la píldora del día siguiente en centros de salud públicos. La “Revolución Pingüina” cambió la perspectiva chilena hacia la juventud. Fue el movimiento social más potente desde la caída de la dictadura. Con ella se dio paso a otros movimientos estudiantiles en 2010 y años posteriores, donde
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de Diputados y en el Senado, incluido un proyecto de ley presentado como iniciativa ciudadana por Miles Chile, y refrendado por va r ios pa rla ment a r ios y profesionales de la salud, que permitiría la interrupción del embarazo en situaciones en que corra peligro la vida de la madre, en que el feto no sea viable fuera del útero, y en que el embarazo sea producto de una violación.
candidatos parlamentarios firmaron un compromiso de apoyar la legislación del aborto terapéutico y de asumir un papel activo en el tema en caso de que ser electos. Hacia fines de 2013, se rompió el silencio del gobierno acerca del aborto. Cada candidato y candidata presidencial se pronunció sobre la materia. Las dos aspirantes principales, mujeres por pri-
Miles Chile (cuyo nombre deriva del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo) vio llegar su momento en 2010, con el apoyo multitudinario y pluralista por la restitución del acceso al aborto terapéutico en Chile. Esta coalición de la sociedad civil reunió a personas que por años habían trabajado de forma independiente en asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos. Para atender esta deuda social, el movimiento tenía que abrir un espacio de discusión democrática, amplia y sin exclusiones que favoreciera la creación de mejores marcos regulatorios para todas las mujeres. Hacia fines de 2010, la senadora Evelyn Matthei, que después se postularía para la presidencia chilena, desafió a su propio partido (Unión Democrática Independi- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, segundo a la izquierda, se representa durante un acto de campaña en el ente) al presentar, junto con el 2013 con los miembros recién elegidos del Congreso; Karol Cariola, izquierda, nieta del ex presidente Salvador senador Fulvio Rossi del Partido Allende; Maya Fernández, segunda a la derecha; y el ex dirigente estudiantil Camila Vallejo, a la derecha. Socialista, un proyecto de ley que legalizaría el aborto terapéutico. En parMientras tanto, el conservador presi- mera vez en la historia, militaban en ticular, Miles Chile emergió ese año con dente Sebastián Piñera prometió aplicar bandos opuestos del debate. Bachelet una participación activa en los debates el veto contra todo proyecto que pretenda expuso sus planes para despenalizar el realizados en la Comisión de Salud del despenalizar cualquier aspecto de la leg- aborto en circunstancias concretas. Se Senado, en las redes sociales, en los islación relativa al aborto. En 2013, Piñera trataría de su segundo mandato como medios masivos de comunicación y en se vio envuelto en la polémica suscitada presidenta, y en esta ocasión los sondeos espacios de debate académico. En septi- por el caso de un niña embarazada de 11 de opinión indicaban que contaba con embre del 2011 se aprobó en la Comisión años, conocida como Belén, a quien suficiente apoyo para llevar adelante este de Salud del Senado la idea de legislar aplaudió por lo que él llamó su madurez y proyecto. Matthei, la rival de Bachelet, sobre el aborto terapéutico. Por primera valentía al optar por continuar con un que apenas tres años antes había coprevez en 23 años, en Chile se discutió embarazo producto de repetidas viola- sentado una iniciativa para despenalizar respecto a la idea de legislar el aborto ter- ciones a manos del novio de su madre. el aborto en casos donde la vida corriera apéutico en la Sala del Senado, sobre la Dirigentes de la sociedad civil sacaron una riesgo o el feto presentara anomalía base de tres proyectos. En abril de 2012 lección distinta de Belén, aprovechando mortal, rechazó categóricamente la el Senado rechazó cada uno de los tres. el año electoral para realizar un seminario legalización del aborto. Bachelet ganó por abrumadora mayAl año siguiente se presentaron tres titulado “La Urgencia de una Ley sobre distintos proyectos de ley en la Cámara Aborto Terapéutico en Chile”. Así, varios oría. La nueva coalición de partidos VOL . X X X VI—NO.
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© AP PHOTO/ LUI S HI DALGO
las y los jóvenes—que por su corta edad no recuerdan los horrorosos métodos empleados en la época pinochetista para amordazar a las masas—asumieron un nuevo protagonismo en la vida política del país. En este contexto revitalizado, emergió la organización Miles Chile.
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políticos conocida como “Nueva Mayoría” (que incluye al Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, Partido Comunista de Chile, al Movimiento Amplio Social y a Izquierda Ciudadana) pasó a ser la coalición gobernante, comprometida con la aprobación de una legislación que despenalizara el aborto. En los m ismos com icios, cuat ro líderes estudiantiles clave, que habían encabezado las manifestaciones entre 2011 y 2013, ingresaron a la estructura
política tradicional a los 25 años de edad cuando ocuparon sus respectivos escaños en el Congreso. Para el público chileno, la nueva generación había despertado el espíritu de democracia y de movilización popular que no se veía desde la época de la dictadura, y así se anunciaba la llegada de una nueva era política. E L U M B R A L D E U N A N U E VA E R A
El día 21 de mayo de 2014, durante su informe presidencial anual, la presidenta Bachelet anunció la presentación de un
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proyecto de ley de aborto terapéutico. Posteriormente, la coalición Nueva Mayoría presentó en enero de 2015, por medio del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en casos en que corra peligro la vida de la mujer, en que el feto no sea viable fuera del útero o en que el embarazo sea producto de una violación, hasta las doce semanas de gestación. Se contempla una ampliación hasta las 18 semanas de gestación para las menores de 14 años, ya que en muchos casos ellas tardan en darse cuenta del embarazo. Los sondeos recientes indican, de manera uniforme, que casi el 70% de la población chilena favorece el cambio propuesto en esta ley. El panorama actual es mucho más favorable para la reforma en esta materia: no solo por los cambios ocurridos en la sociedad chilena desde 2006, sino también—y lo que es más importante—gracias a los movimientos encabezados por la juventud a partir de 2010. Chile ya no puede ignorar los diferentes llamados de atención, cada vez más firmes, de la comunidad internacional respecto al no cumplimiento de algunos acuerdos internacionales y, en definitiva, la presidenta Bachelet es una firme defensora para la rectificación de los atrasos existentes en Chile respecto a la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos. M i les Ch i le ha desempeñado también un rol fundamental para poner en la agenda pública la necesidad de legislar sobre el aborto para que las mujeres chilenas cuenten con protección en vez de estar sometidas a un castigo penal. La “generación del milenio” en Chile, que se ha beneficiado d e l a s p o l ít i c a s d e u n a s o c ie d a d democ rát ic a, pa sa a hora a oc upa r puestos de liderazgo en la política, en el ámbito académico y en la sociedad civil. El país continuará viviendo una transición de los valores instalados antes y durante la dictadura, a favor de mayores protecciones para que las mujeres y sus familias puedan seguir su propia conciencia en asuntos relativos a la salud sexual y reproductiva. ■
A Debt of Democracy A B O RT I O N I N C H I L E
© M I L ES CHI L E
By Claudia Dides and Tessa Maulhardt
Miles Chile produced three mock how-to videos featuring women giving themselves DIY abortions as part of a campaign to raise awareness about Chile’s criminalization of abortion. Available at mileschile.cl.
C L A U D I A D I D E S is the current executive director and a founder of Miles Chile. She is a sociologist, with her master’s in Gender and Culture from the Uni versity of Chile, as well as the former director of FLACSO’s Gender and Equity Program. T essa M aul h a r dt
is the international program senior associate at Catholics for Choice.
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N JANUARY 30, 2015, DURING
a televised event, Chilean president Michelle Bachelet u nvei led leg i sl at ion to decriminalize abortion in three specific circumstances—threat to the life of the mother, fatal fetal abnormality and rape. Coming just a few days after the notoriously conservative Catholic country approved same-sex civil unions, Chile seemed to be making sudden strides to undo some of the remnants of 17 years of military dictatorship, but for many it was a long time coming.
The abortion law, a topic of debate since the 1990s, became a major issue in 2010. Tens of thousands of people— mostly students—took to the streets to question the country’s educational model and profit system. The demonstrators shined a spotlight on the inequalities that were left behind in Chile in the now 25 years of democracy following the dictatorship of Gen. Augusto Pinochet. The women’s movement, healthcare professionals and academics have long considered the restoration of legal abortion one of these “debts of democracy.” Along with VOL . X X X V—NO.
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constitutional overhaul, economic and education reform, abortion has been a focus of the Millennial generation who grew up in democracy and want to erase the legacy of the dictatorship. Chile’s laws currently criminalize abor t ion u nder a l l ci rc u mst a nces, counting it with the four other countries—El Salvador, Nicaragua, Malta and Vatican City—with the strictest antiabortion laws. The penal code forces women of all ages to carry their pregnancies to term, even if doing so will put their lives and their health at risk, but this wasn’t always the case.
During the 1960s, Chile was at the forefront of reproductive health in Latin America. With support from the Chilean government, the medical community developed birth control and spoke out in favor of family planning despite pressure from the Catholic hierarchy and an outspoken political minority. In 1964 the government initiated a highly successful fa m i ly pla n n i ng prog ra m a nd t he maternal mortality rate elevated by clandestine abortions declined. Late in the term of President Salvador Allende, the last democratically elected leader, hospitals and medical providers
allowed low-income women to terminate their pregnancies to reduce the risks of maternal morbidity and mortality. A CO M P L I C AT E D C AT H O L I C L EG A C Y
This progressive period for family planning and abortion was short-lived. A 1973 coup brought Pinochet to power. The dictator opposed family planning and promoted motherhood as a woman’s highest calling. At the end of the dictatorship, he repealed the 1931 law and changed Article 119 of Chile’s Health Code to say, “No action aimed at causing an abortion may be taken.”
The “Penguin Revolution” changed the way Chile viewed young people. It was the most powerful social movement since the fall of the dictatorship. N E A R LY 6 0 Y E A R S O F T H E R A P E U T I C A B O RT I O N
From 1931 to 1989—even in the era of the dictatorship and its 1980 constitution—Chilean law allowed for the lawful termination of a pregnancy for therapeutic reasons, defined in the penal code as “termination of a pregnancy before the fetus becomes viable for the purpose of saving the mother’s life or safeguarding her health.” Two surgeons had to grant their authorization.
were interpreting the abortion provision quite liberally. Allende, a Marxist and medical doctor with experience providing healthcare to the poor, sympathized with the reproductive rights cause and even quietly supported some proposed expansions to the health code. Despite restrictions, medical professionals performed abortion and postab or t ion c a re op en ly. T he S out h Metropolitan Health Service—and, in particular, Barros Luco Hospital—
Inequalities under Chilean Law Abortion is punishable by three to five years in prison for the woman and slightly shorter sentences for the abortion provider. A 2013 human rights report by Diego Portales University concluded that abortion is a “woman’s crime” that has placed more women than men under correctional control. Until 2004, men never accounted for more than 14 percent of those under correctional control for abortion-related offenses. After that, the percentage of men under correctional control for abortion increased steadily from 38 percent in 2006 to 47 percent in 2012. The high rate of incarceration for women is based on an even higher rate of punishment of the poor. A four-year study by the Center for Reproductive Rights found that 80 percent of the abortion denunciations had targeted women who visited public hospitals, meaning that those arrested were “disproportionately women of few resources,” whereas no private clinic or hospital initiated a complaint. And only 38 percent of accused women had legal representation at some point, whereas 60 percent had none. 8
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Pinochet’s dictatorship argued that abortion was no longer necessary because of advances in modern medicine, but it became apparent that the 1931 law was abolished to conciliate the Catholic hierarchy. According to Antonio Bascuñán Rodríguez, a professor of law writing in Chile’s Journal of Law and Humanities, “The true reason for insisting on its repeal [that of the original Article 119] was that it failed to distinguish between directly and indirectly causing the death of a fetus, and thereby authorized both.” This distinction between direct and indirect abortion comes from Catholic moral theology. Unfortunately, the dictatorship did not pick up on other Catholic teachings that call for respect for women’s well-being and dignity. Chile’s criminalization of abortion has resulted in one of the highest rates of clandestine abortion in Latin America, many of them unsafe. While it is impossible to know exactly, using statistics from arrests, deaths and hospital records experts estimate that between 40,000 and 120,000 clandestine abortions are performed each year. This doesn’t account for the numerous induced abortions that are reported as spontaneous abortion or disguised as another proce-
was the most powerful social movement dure. Women, particularly the poorest B A C H E L E T A N D T H E since the fall of the dictatorship. This and most vulnerable, may access an abor- P E N G U I N R E VO LU T I O N tion in unsanitary conditions and without Michelle Bachelet, now in her second sparked later student movements of 2010 professional care. They are required to term, is the first leader to come out and beyond, which put young people— passively put their health and life at risk strongly in favor of decriminalization of too young to remember the horrific tacif the pregnancy needs to be terminated abortion. In 2006, when she was elected tics used to silence the masses in the era for therapeutic reasons. The law dictates as Chile’s first female president, Bachelet of Pinochet’s dictatorship—in the politthat women suffer silently the torment of brought hope to the women’s movement. ical spotlight in a new way. In this revia pregnancy resulting from rape or one in While personally committed to sexual talized political context, the organization which the fetus has no chance of survival. and reproductive rights and health, Miles Chile emerged. The Catholic hierarchy may have aligned with the dictatorship on abortion, but this was only part of the public’s perception. For many, the Catholic church had stood with the people as an outspoken critic of the dictatorship and its human rights abuses. This ambivalent legacy may have complicated efforts to reform the abortion law. Since 1991, policymakers and NGO s have made more than 10 unsuccessful attempts to lift the complete ban on abortion. At the same time, the conservative right also tried to impose harsher sentences for those found guilty of procuring an abortion. During the governments under the post-Pinochet Concertación coalition, largely led by the Christian Democratic Party, politicians were mostly Chile’s president Michelle Bachelet, second left, is pictured during a campaign rally in 2013 with newly elected unable and unwilling to discuss members of Congress Karol Cariola, left, granddaughter of former president Salvador Allende; Maya Fernandez, the issue, due to feeling an obliga- second right; and former student leader Camila Vallejo, right. tion towards the Catholic church including access to safe and legal abor- A R E AWA K E N I N G for its support during the dictatorship. W hile mak ing some democrat ic tion, she faced major challenges coming Miles Chile, whose Spanish acronym stands changes and repairing the damage of the into office. Her first political crisis for Movement for the Legal Interruption Pinochet era, politicians and the public became known as the “Penguin Revolu- of Pregnancy, saw its moment in 2010 with were hesitant to openly criticize the Cath- tion” (because of their black and white the massive and diverse support for restoolic hierarchy and quick to compromise school uniforms), when upwards of ration of access to therapeutic abortion in on issues they deemed untouchable. 800,000 students demonstrated for Chile. The civil society coalition brought Although Chile has been a secular state education reform. Bachelet worked on together individuals who had worked indesince 1925, 70 percent of its population progress in education while making some pendently for years on the country’s longidentifies as Roman Catholic, and its advances for sexual and reproductive standing sexual and reproductive health public looks to the hierarchy on issues rights and health—defeating legislation and rights issues. To address this social debt, concerning education, morality, family to increase penalties for abortion, as well the movement needed to open up space for relationships, extramarital sex, birth con- as championing a measure to allow free democratic, broad-based, nonexclusionary trol and abortion. The hierarchy main- access to the morning-after pill in public discussion that would result in better regulatory frameworks for all women. tains direct links to the political elite in health centers for women over 14. In late 2010, future presidential canThe “Penguin Revolution” changed Chile, which notably was one of the last the way Chile viewed young people. It didate Sen. Evelyn Matthei defied her countries to legalize divorce, in 2005. VOL . X X X VI—NO.
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party, Chile’s conservative Independent Democratic Union, and cosponsored a bill to legalize therapeutic abortion with Socialist senator Fulvio Rossi. Miles Chile, in particular, emerged that year as an active player in the debates in the Senate Health Committee, on social media, in the mass media and in forums of academic debate. In September 2011, the Senate Health Committee approved the idea of passing a law on therapeutic abortion. For the first time in 23 years, the full Senate debated three draft laws on therapeutic abortion. In April 2012 the Senate rejected all three. The following year, there were three separate bills presented in the House and Senate, including a bill submitted as a citizens’ initiative by Miles Chile and
an active role on the issue if they were elected. In late 2013, the time for governmental silence on abortion was over. Each of the presidential candidates issued statements on abortion. The leading contenders, both women for the first time in history, fell on opposite sides of the debate. Bachelet outlined plans to decriminalize abortion in specific circumstances. This would be her second term as president, and this time opinion polls indicated she had enough social support to carry the issue for ward. Bachelet’s opponent Matthei, who just three years before had cosponsored an initiative to decriminalize abortion in cases of threat to life and fatal fetal abnormality, rejected legal abortion outright.
announced her plans to introduce a bill on therapeutic abortion. She followed that announcement in January 2015, when the ruling New Majority coalition submitted, through the executive branch, a bill for the voluntary termination of pregnancy in cases of threat to the woman’s life, when the fetus would be unviable outside the womb and rape, up to the 12th week. It includes an extension to the 18th week for women younger than 14, as they often realize much later that they are pregnant. Recent polls consistently show that nearly 70 percent of Chileans support the proposed law change. Today’s landscape is much more conducive to reform on this issue—as a result of the changes that have taken place in Chilean society since
Experts estimate that between 40,000 and 120,000 clandestine abortions are performed each year. This doesn’t account for the numerous induced abortions that are reported as spontaneous abortion or disguised as another procedure. endorsed by several parliamentarians and healthcare professionals, which would allow for the termination of pregnancy when the woman’s health is at risk, when the fetus would be not be viable outside the womb and in cases of rape. During this period, conservative President Sebastian Piñera vowed to veto any legislation that would decriminalize any aspect of the abortion code. In 2013, Piñera was at the center of the uproar over a pregnant 11-year-old known as Belén, whom he applauded for what he called her maturity and bravery in deciding to continue a pregnancy resulting from repeated rape by her mother’s boyfriend. Leaders in Chilean civil society learned a different lesson from Belén, deciding to take advantage of the election year to hold a seminar titled “The Urgent Need for a Law on Therapeutic Abortion in Chile.” As a result, several legislative candidates signed a commitment to support legislation on therapeutic abortion and to take 10
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Bachelet won overwhelmingly. The newly formed coalition of political parties known as the “New Majority,” (which includes the Socialist Party, Democracy Party, Christian Democratic Party, Communist Party, Movimiento Amplio Social [Broad Social Movement], and Izquierda Ciudadana [Citizen Left]), became the ruling coalition, committed to passing legislation decriminalizing abortion. In this same election, four key student activist leaders who had led marches in the streets from 2011 to 2013 entered the traditional political structure when they took seats in Congress at age 25. To the Chilean public, the next generation had reawakened the spirit of democracy and mass mobilization that had not been seen since the dictatorship, and a new political era had arrived. T H E T HR ES H O L D O F A N E W E R A
On May 21, 2014, during the annual presidential address, President Bachelet
2006, but more significantly, since the youth-led movements beginning in 2010. Chile can no longer ig nore increasing international pressure to comply with human rights agreements and ultimately, President Bachelet is a forceful advocate for righting Chile’s def icits in sex ual and reproduct ive health and rights. Miles Chile has been another instrumental force working to put abortion law reform on the public agenda so that women in Chile will be protected instead of prosecuted. Chile’s Millennial generation has benefited from a democratic societ y’s policies and now is rising to positions of leadership in politics, academia and civil society. The country will continue to see a shift from the values instated before and during the dictatorship, towa rd s s t rong er prot e c t ion s for women and their families to follow their conscience in matters of sexual and reproductive health. ■