Resolución del Secretariado Político de la Unión do Povo Galego ante la emergencia sanitaria y la crisis económica y social

Ante la emergencia sanitaria y la crisis económica y social.

Resolución del Secretariado Político de la Unión do Povo Galego

La crisis provocada por la expansión de la

COVID-19 está creando un nuevo escenario social y político que es preciso analizar adecuadamente también para poder dar la respuesta más acertada. Las decisiones que han ido adoptando los gobiernos, particularmente el central, pecaron desde el inicio de priorizar criterios políticos y económicos frente a la eficacia en la contención del contagio. La consecuencia más evidente es que el Estado español se sitúa, según los datos conocidos, como el segundo del mundo en número de contagios y también de personas fallecidas, a pesar de la abismal diferencia de población con otros como China o los EUA.

Ha sido particularmente evidente la prioridad a razones políticas (también económicas) en la decisión de no cerrar Madrid, a pesar de que desde comienzos de marzo se situó como el principal foco de contagio. La reiterada petición en ese sentido por parte del nacionalismo gallego y de otras fuerzas soberanistas fue respondida con razones más políticas que técnicas: “el virus no entiende de fronteras” (salvo las estatales, que si se cerraron), “somos un país y este virus lo derrotamos unidos”, “es la hora de la solidaridad con Madrid”...

El gobierno y las fuerzas españolas acabaron convirtiendo una de las más evidentes flaquezas desde el punto de vista sanitario para la contención del coronavirus -incluso desdeñando experiencias anteriores exitosas como la de Wuhan- en uno de los principales leitmotiv políticos en su obsesiva españolización aprovechando la crisis. Eso sí, desde el punto de vista práctico, la consecuencia ha sido la centrifugación del virus al resto del Estado, un proceso que es muy evidente en lo que a Galiza se refiere. En todo caso, podemos constatar que el nacionalismo ha sido capaz de asentar socialmente la idea de que era necesario cerrar Madrid y blindar Galiza.

No menos grave para la lucha contra la expansión de la epidemia ha sido la demora en paralizar toda la actividad económica y productiva no esencial, que el nacionalismo gallego venía reclamando por lo menos desde dos semanas antes, tanto en el ámbito político, institucional como en el sindical. Aquí quedaron en evidencia las razones económicas frente a las sanitarias; en vez de dar toda la prioridad a salvar vidas, pesó más intentar salvar las cuentas de resultados.

También errónea, no ya desde punto de vista político, sino también operativo, fue la decisión de centralizar el “mando único” en Madrid. La falta de previsión, la improvisación, las vacilaciones y la ineficacia de una administración sanitaria estatal incapaz de gestionar con agilidad y decisión una situación de emergencia, acabaron empeorando aún más las cosas.

El nacionalismo ha mantenido desde el comienzo una posición muy activa -aunque no siempre adecuadamente visibilizada por los medios de comunicación- tanto en el campo político como sindical. Una presencia pública centrada fundamentalmente en la realización de propuestas pero también -en un escenario muy complejo- en la evaluación crítica de las decisiones que se han ido adoptando tanto en el ámbito sanitario como en el social y económico.

En todo caso, es preciso sistematizar un análisis del contexto generado por la gestión de la emergencia sanitaria y de la crisis social y económica, para poder enfrentarnos con corrección y decisión a los embates inevitables de los próximos tiempos.

En primer lugar, la constatación de que incluso en una situación de emergencia excepcional, el régimen español prioriza, como dijimos, las razones de tipo político frente a las humanitarias y el interés público. Cerrar Madrid desenmascararía su falsa relevancia y en el plano simbólico resultaba imposible de asumir por el centralismo españolista. Se prefirió arriesgar a expandir el contagio a dar ese paso. Razones similares están detrás de la negativa a blindar Galiza o cerrar Cataluña, a pesar de haber sido solicitado por el gobierno catalán.

La centralización del mando a partir del decreto de alarma ha servido políticamente para reforzar simbólicamente el papel del Estado español como indispensable frente a unas autonomías que ante una situación excepcional resultan absolutamente prescindibles. Las cosas importantes, las gestiona España; ese es el mensaje.

El cuadro fue completado con el permanente apelo a la “unidad” y la entrada en escena permanente de policía, guarda civil y ejército, combinado con un lenguaje intencionalmente bélico, todo para asentar el marco mental de la españolización y la idea de un estado único, centralizado y con autoridad.

También, la centralización ha sido aprovechada estratégicamente por un Feijóo que, como buen colonizado, la apoyó sin ambages y contribuyó activamente para el proceso de españolización -incluso con los usos lingüísticos-, para intentar enmascarar su propia inacción e inoperancia cuando no las consecuencias en la sanidad de las políticas de recortes, precarización y privatización realizadas durante años. En ese sentido, para Feijóo la decisión de centralizar ha sido un regalo político inestimable del gobierno español que lo ha dejado en una posición muy cómoda y le puede permitir -a pesar de su mala gestión- salir reforzado de esta crisis.

Hoy, más que nunca, el derecho a decidir es vital para hacer frente eficazmente a la crisis sanitaria. Comenzando por conquistar la capacidad para decidir de forma soberana para ser capaces de llevar adelante todo un sistemático y completo paquete de políticas públicas, que concentren todos los recursos en favor de las mayorías sociales, única forma real de garantizar una protección social plena, sin exclusiones, el derecho a empleo, salarios e ingresos dignos para toda la clase trabajadora gallega.

En segundo lugar, la crisis sanitaria ha dejado al descubierto algunas de las características más terribles del mundo en que vivimos. Y no solo del modelo neoliberal, sino más bien del propio sistema capitalista. De los más inmediatos a los más profundos. La mercantilización de la vida humana, de la salud, de la dependencia; la prevalencia de los intereses económicos privados frente al papel social de lo público; la preeminencia, en definitiva, de los intereses de clase de la oligarquía frente a las necesidades de las clases populares y de los pueblos.

El cálculo -más disimulado en el Estado español, descarnado en casos como el de los EUA,

Reino Unido o Brasil- del valor de la vida humana en función de la edad o del estado de salud y, por lo tanto, de la capacidad productiva, resulta esclarecedor, pero también elocuente de los valores de la sociedad capitalista. Al mismo tiempo, la crisis ha puesto igualmente al descubierto las condiciones de buena parte de las residencias de personas mayores y de las empresas que convirtieron en negocio la necesidad de los cuidados, pero también la debilidad del sistema público.

El egoísmo y la insolidaridad propias del capitalismo quedó también en evidencia en el plano internacional. El espectáculo de estados teóricamente aliados en la Unión Europea o en la OTAN robando material sanitario unos a los otros ha sido el último episodio hasta lo de ahora de un comportamiento que también se manifestó claramente en las posiciones de la Unión Europea y de los estados que la dirigen.

La emergencia sanitaria, infelizmente, viene a dar la razón - una vez más - al nacionalismo en sus análisis sobre el papel que juega la UE como superestructura al servicio de los intereses de la oligarquía y, particularmente, de la de los estados centrales. Más allá de que el papel de los pueblos nunca fue considerado, la falacia de la “Europa social” quedó clara y también el discurso del europeismo como proyecto de unidad y cohesión sale claramente tocado.

Frente a la negativa de los estados de la UE a que se ayudase en esta crisis, los ofrecimientos de ayuda - curiosamente rechazados por el Estado español- llega de países como Cuba, China o mismo Rusia. Además, la caótica incapacidad de los estados capitalistas -está claro que fundamentalmente porque no se prioriza el interés por el bienestar de las clases populares- para dar una respuesta rápida para la contención de la epidemia desde el comienzo, contrasta con experiencias como la de China o incluso la de Cuba que mantiene la expansión bajo control gracias a la previsión y preparación de su sistema de salud y del operativo diseñado y está aún en condiciones de colaborar con otros países.

En todo o caso, este contraste también ha servido para valorizar la planificación socialista y los valores imperantes en países que, con todos los errores y dificultades que fuesen, están empeñados en construir un sistema social diferente y demostraron que sus prioridades también son distintas de las de los países capitalistas.

El fracaso de las políticas neoliberales, de la exaltación de lo privado frente a lo público, y de las duras recetas aplicadas sin piedad desde el inicio de la crisis en 2008 (reformas laborales, reformas de seguridad social, recortes y privatizaciones de servicios públicos...) y que aún perduran, se tienen demostrado fracasadas vista la gestión que se está haciendo de esta crisis sanitaria. En cualquier caso, si las consecuencias no son aún peores, la razón está en la capacidad que tuvimos de haber confrontado, de haber evitado mayores niveles de desmantelamiento de los servicios públicos y mayor extensión de la pobreza laboral.

Sin embargo, en lo más inmediato, la crisis también está sirviendo de revulsivo social para la defensa de un sistema público de salud que lleva años soportando continuos procesos de recortes y de privatización que derivaron en la reducción de su capacidad y en la precarización de las condiciones en que opera. Este es un de los elementos positivos que tendremos que aprovechar en la post-crisis para reforzar nuestra posición de defensa de los servicios públicos.

En tercer lugar, somos conscientes de que estamos ante una crisis económica y social de enorme dimensión y que no está siendo enfrentada adecuadamente por un gobierno que se autotitula progresista pero que fía todo a la propaganda para intentar ocultar la orientación de sus políticas.

A pesar del rimbombante nombre de “escudo social”, las medidas adoptadas por el gobierno español han sido y están siendo insuficientes e injustas. Cargan, una vez más, las consecuencias de la crisis sobre la espalda de las trabajadoras y trabajadores, de las clases populares. Quedan muy por detrás, mismo, de lo que hicieron otros países de la Unión Europea o Rusia, que optaron por garantizar el mantenimiento del empleo y por ayudas más potentes a los sectores económicos más débiles.

Además, hay que tener en cuenta que las medidas que están adoptando tanto el gobierno español como el gallego confinan los derechos, vienen tarde, son injustas, son insuficientes para la clase trabajadora gallega y para los colectivos más vulnerables del pueblo gallego. Especial gravedad tienen estas erráticas políticas cuando nuestra situación previa a esta crisis estaba marcada ya por una crisis social, demográfica e industrial, a la que se le sumarán las amenazas económicas, sociales y políticas que deberemos enfrentar durante, y después de esta emergencia sanitaria.

En la cascada de medidas que el gobierno ha venido adoptando de manera bastante desordena y confusa, destaca el hecho de que la tendencia ha sido la de relajar los pocos controles que existían -por ejemplo sobre el empleo- y ceder de manera continua a las presiones del mundo empresarial. Es evidente que se optará por desarrollar medidas orientadas a preservar y reforzar el lucro del capital en detrimento de las clases populares.

En todo o caso, está claro que de ninguna forma se va a optar por vías de financiación pública que el nacionalismo está defendiendo y que afectan a intereses vitales, ya sean económicos o políticos, del régimen. Entre ellos, la recuperación de la multimillonaria cuantía del rescate bancario; una profunda reforma fiscal para implementar un nuevo modelo impositivo que grave las grandes fortunas y las grandes empresas; la reducción del gasto militar, renunciando a la compra pre

vista de armamento y material bélico que implica un coste multimillonario, o la nacionalización de las grandes corporaciones de los sectores estratégicos (banca, eléctricas, comunicaciones...) que ya fueron públicas y que nunca debieron ser privatizadas.

Son propuestas que, aunque no vayan a tener ninguna posibilidad de salir adelante, tenemos que continuar defendiendo -y cada vez con más énfasis- porque, más allá de ser perfectamente asumidas por las mayorías sociales en este contexto, permiten confrontar directamente con los intereses del sistema y contrastar nuestra apuesta por un modelo y una Galiza diferente.

De cualquier forma, es preciso prepararse para escenarios aún más complejos. Las recientes

declaraciones del Presidente del gobierno sobre que “tenemos que gastar los recursos de las generaciones futuras” y la apuesta por la reedición de un pacto social que se referencia en los Pactos de la Moncloa -que en su día fueron gravosos para las clases populares y los derechos de los pueblos-, deben alertarnos para la llegada de nuevas políticas antisociales y de recortes de derechos.

En cuarto lugar, todo el proceso desatado como consecuencia de la crisis también coloca sobre la mesa el riesgo de conculcación de derechos democráticos y libertades públicas, frente al que debemos estar muy atentos. Especialmente preocupante está siendo el papel político que el gobierno está otorgando al ejército, incluida la comunicación, y que sirve para reforzar su idea de España y de un Estado fuerte precisamente en

un momento en que en la práctica -a la hora de resolver una situación de emergencia- quedó en evidencia su extrema debilidad.

Pero, muchos otros elementos asociados al Estado de alarma nos hacen temer un proceso involutivo desde el punto de vista democrático por la vía de conculcación de derechos básicos. Basta estar atentos frente a la hipótesis de que en el escenario post-crisis sanitaria nos encontremos con un Estado aún más autoritario y represivo.

La propuesta de caminar para unos nuevos “Pactos de la Moncloa”, es decir, de un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas españolas de izquierda y derecha, procura claramente el refuerzo del régimen del 78, hoy en crisis y, por lo tanto, un escenario en que las clases populares gallegas y los derechos de Galiza como nación solo pueden salir perdiendo. Es necesario enfrentar este previsible escenario con audacia y con decisión.

Señalados estos cuatro aspectos centrales, es necesario tener en cuenta el contexto político en que todo esto sucede. Por una parte, de escenario electoral en Galiza interrumpido por la emergencia sanitaria y con buenas expectativas electorales para el BNG. Es difícil predecir hoy como esta crisis va a afectar las percepciones y comportamientos políticos, pero dos cosas son ciertas: Una, el nacionalismo tiene que mantener la coherencia en sus posiciones, avanzando propuestas y manteniendo con firmeza la crítica a los errores y a las políticas antisociales y antigallegas que se vayan perfilando. Dos, Feijóo adió las elecciones, pero no la campaña electoral del Partido Popular, cada vez sostenida con mayor descaro y con uso impúdico de la manipulación informativa en los medios públicos.

Por otra parte, por vez primera en una crisis social de estas características, las fuerzas españolas que teóricamente se situaban a la izquierda del PSOE ahora forman parte del gobierno. Como estamos viendo, esto no significa políticas sociales más decididas, con el grado de contradicción que esto les vaya a implicar. Lo que sí es importante es prever lo que puede implicar desde la perspectiva de intento de frenar la previsible contestación social que indudablemente se va a generar.

De cualquier forma, el hecho de que la izquierda española comparta gobierno va a hacer más visible que solo las fuerzas soberanistas de las naciones representan realmente una alternativa diferente y que son las únicas que pueden poner en jaque el status quo y ameazar el régimen. En este sentido, es positivo procurar la máxima unidad de acción en todo lo posible, como se viene manteniendo frente a los intentos de la monarquía de tapar, aprovechando la crisis sanitaria, la corrupción de la Casa Real y de los Borbones.

Teniendo en cuenta esta situación, es necesario estar preparados para enfrentar en las mejores condiciones posibles el escenario post-emergencia sanitaria. Y para eso también es necesario tener desde ya, incluso en estas condiciones excepcionales, mayor capacidad de incidencia social.

Es necesario ir clarificando, cuando menos en la base militante y social del nacionalismo, todas estas cuestiones y socializar la idea de que muchas decisiones adoptadas no están fundamentadas en razones técnicas o científicas sino políticas e ideológicas. También, especialmente en el ámbito social y económico, que existen otras alternativas no lesivas para los intereses de las clases populares y para el pueblo gallego, en la línea de las que ya está defendiendo el nacionalismo. Este es el momento de reforzar nuestra posición en defensa de un cambio real en positivo, de defensa de la soberanía nacional de Galiza y de un modelo socio-económico diferente.

Secretariado Político de la UPG Galiza, 7 de abril de 2020