Tiempo en contra EDITORIAL

Tras el difícil año de la pandemia, la industria minera responsable en Ecuador se ha enfrentado, quizás, a su peor enemigo. No es la actividad ilegal. No es el frente antiminero. No es la inestabilidad macroeconómica. Es la política disfrazada de buenas intenciones. Y es el peor porque, a diferencia de los otros mencionados, este enemigo se mimetiza con los propios elementos del entorno minero. Ya sea en una feria, en una conferencia, en una cumbre, en una entrevista, en un tuit…, las promesas están causando mucho más estragos dentro de una industria que, por tener un horizonte de largo plazo, requiere de certezas y de reglas claras y permanentes.

Hace cinco años que el catastro minero fue metido en la congeladora. Y uno a uno, cada año y cada ministro de turno, han ofrecido su reapertura para impulsar un desarrollo ordenado de la actividad en el país. En un ejercicio de recordación, sería sencillo y demoledor encontrar innumerables informes, discursos, noticias, audios, videos, posteos en redes, etc., emitidos por las autoridades sobre su compromiso casi sacramentado para que Ecuador cuente nuevamente con un catastro. No ha pasado. Y dada la encrucijada política por la que camina el actual Gobierno, la esperanza de que esto suceda cada día va apagándose y, con ello, las posibilidades de atraer las tan necesitadas inversiones que el país requiere también parecen desvanecerse.

Nada pasaría si no fuera porque esta displicencia es el alimento de otros actores que perciben la debilidad en tomar decisiones importantes. Quienes se dedican a las actividades ilegales de minería y los violentos grupos antimineros son los primeros en capitalizar esa renta. La pandemia desató como nunca antes una especie de fiebre del oro a la antigua, depredadora, irracional, irresponsable, corrupta, con bandas delictivas destruyendo lo que se les pone al paso con tal de encontrar tesoros en la naturaleza. A inicios de año, en Davos, Suiza, el presidente Guillermo Lasso lanzó a los cuatro vientos su decisión de enfrentar con la fuerza pública a estos grupos irregulares. Por desgracia, todo parece ser, al igual que el catastro, un disparo al aire, y nada más. La lucha contra la actividad ilegal requiere más que palabras, requiere una estrategia definida, ordenada inteligenciada y de largo plazo. La ilegalidad no se enfrenta solo con un Decreto.

Exhortamos al Gobierno, a este y a los que vengan, a que tomen conciencia, primero, de la importancia del aporte de la industria minera a la economía nacional; segundo, del terrible e irreparable daño ambiental que la actividad ilegal provoca; y, tercero, de la urgente necesidad de reabrir el catastro minero. La política de ofertas ya está agotada, el mundo minero mira al Ecuador con expectativa, con potencial, pero también, cada vez, con menos credibilidad. Por eso, la próxima vez: ver para creer.

Running out of time

After the challenging year of the pandemic, the responsible mining industry in Ecuador has faced, perhaps, its worst enemy. It is not illegal activity. It is not the anti-mining front. It is not macroeconomic instability. It is politics disguised as good intentions. And it is the worst because, unlike the others mentioned, this enemy blends in with the elements of the mining environment. Whether at a fair, a conference, a summit, an interview, or a tweet, promises are wreaking much more havoc within an industry that requires certainty and clear and permanent rules because it has a longterm horizon.

Five years ago, the mining cadastre was put in the freezer. And one by one, each year and each minister on duty, they have offered to reopen them to promote an orderly development of activity in the country. In a recollection exercise, it would be simple and devastating to find numerous reports, speeches, news, audio, videos, postings on networks, etc. issued by the authorities about their almost sacramental commitment so that Ecuador once again has a cadastre. It has not happened. And given the political crossroads that the current government is walking through, the hope that this will happen is fading every day, with it, the possibilities of attracting the much-needed investment that the country requires also seem to be vanishing.

Nothing would happen if it were not because this indifference is the food of other actors who perceive weakness in making important decisions. Those engaged in illegal mining activities and violent anti-mining groups are the first to capitalize on that rent. The pandemic unleashed a kind of old-fashioned, predatory, irrational, irresponsible, corrupt, gold rush like never before, with criminal gangs destroying what comes their way to find treasures of nature. At the beginning of the year, in Davos, Switzerland, President Guillermo Lasso launched to the four winds his decision to confront these irregular groups with public force. Unfortunately, everything seems to be, like the cadastre, a shot into the air and nothing more. The fight against illegal activity requires more than words, it requires a defined, orderly, intelligent, and long-term strategy. Illegality is not faced only with a Decree.

We urge this government and those who come to become aware of the importance of the contribution of the mining industry to the national economy; second, of the terrible and irreparable environmental damage that the illegal activity causes; and, third, the urgent need to reopen the mining cadastre.