Empresarios se unen en torno a la responsabilidad social

Alrededor de 150 empresarios de todas las cámaras y gremios del país se dieron cita en Manta, en la primera convención del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) ‘Forjando el futuro’. Durante dos jornadas de trabajo, el empresariado participó de charlas por parte de expertos en materia económica, estadísticas y de comercio e interacciones grupales. Al final, trabajaron en un manifiesto de seis puntos, donde se comprometieron a profundizar diferentes aspectos en sus actividades.

Reconocer al Comité Empresarial Ecuatoriano como punto de convergencia del sector gremial productivo del país, promotor de soluciones a temas transversales que nos afectan a todos, destacando la unidad como su principio rector.

Participar activamente como actor relevante en los asuntos de interés público, defendiendo principios y generando propuestas concretas que busquen el bien común.

Promover el comportamiento ético y cívico, la formalidad empresarial, equidad salarial, buenas prácticas empresariales y laborales, y la lucha contra la corrupción, lavado de activos y contrabando.

Intensificar la construcción de un entorno de competitividad y productividad que permita aumentar las oportunidades y el empleo de calidad.

Fortalecer los esfuerzos e iniciativas del sector empresarial en pro del desarrollo social, acercándonos al sentir de los distintos sectores de la ciudadanía y fomentando, de manera participativa e integradora, cambios palpables que reduzcan la desigualdad y las brechas sociales.

Contribuir activamente en la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad ciudadana, así como un ambiente de estabilidad y paz. Se evidenció la unión de los gremios -que era el objetivo principal de esta convocatoria- la participación activa y su rol en reconocimiento de hacer vocería en temas de interés público para así mantener a los diferentes públicos informados; y se comprometieron, entre otras cosas, a buscar soluciones para buscar siempre un ambiente de estabilidad, seguridad y paz social.

El flamante gerente de Relaciones Gubernamentales e Industriales de América del Sur, de Newcrest, David Larenas, reflexiona sobre el complejo escenario 2023 que le espera a la minería ecuatoriana. Si bien, dice, la actividad de las dos minas en producción avanza según lo contemplado, la falta de un nuevo escenario para atraer inversiones hace prever un futuro no tan favorable. ¿Hay salida? Al menos hay esperanza de que las cosas pudieran cambiar.

La industria minera en Ecuador tuvo un cierre 2022, de alguna manera, desde la perspectiva económica, conforme a lo esperado. En el plano social y político, no tanto. ¿Cuáles son las expectativas y proyecciones para este 2023?

Efectivamente, el reporte más reciente del Banco Central del Ecuador señala que las exportaciones sumaron USD 2.500 millones en el periodo enero-noviembre del año pasado, lo cual es muy positivo. La minería ya ocupa el cuarto puesto entre los productos exportables no petroleros y eso, en realidad, se traduce en generación de empleo, en compra de bienes y servicios, en pago de impuestos al Estado, etc. Sin embargo, vemos con preocupación que la siguiente generación de proyectos mineros, que debía entrar en la fase de construcción, se está demorando bastante, hay algunos que debían empezar su construcción en el último trimestre del 2022, pero, debido a resoluciones constitucionales y al clima político complejo que atraviesa el Ecuador, se ha dilatado. ¿Por qué es importante la construcción? Porque la fase de construcción es intensiva en inversión y en generación de empleo y, en las circunstancias que atraviesa el Ecuador, la minería es una respuesta directa a eso.

Lamentablemente, el panorama todavía no lo veo muy claro, no hay señales concretas respecto a que esos proyectos obtengan el licenciamiento definitivo para empezar la fase de construcción y que puedan generar, no solo inversión, sino subirse a esa ola de exportaciones gracias a Fruta del Norte y a Mirador. Por el otro lado, la preocupación también tiene que ver con la dilatada reapertura del catastro minero, que, en realidad, nunca se cerró, nunca debió darse esa señal política, fue un error. Lo que finalmente se busca es que las empresas mineras puedan tener acceso a nuevas concesiones para la exploración. Mundialmente se conoce que, de cada 1 000 proyectos de exploración, apenas dos entran en la fase de factibilidad y construcción. Entonces, lo que el Ecuador también necesita es desarrollar esa actividad exploratoria intensiva, que sea una actividad muy dinámica.

Por desgracia, el Gobierno no cumplió su ofrecimiento, que hizo el año pasado, de reabrir el catastro a mediados de diciembre del 2022, y todavía no tenemos una señal clara sobre cuál es su posición al respecto, no nos ha explicado para cuándo ni cómo planea hacerlo. El catastro minero es la columna vertebral de la minería, porque, para desarrollar las minas del futuro, se necesita empezar temprano a explorar, para encontrar depósitos económicamente viables.

El propósito inicial de cerrar el catastro, de alguna manera, era positivo, o sea ordenar, mejorar los procesos de concesión y evitar posibles casos de corrupción. Pero ¿qué razones les han dado o conocen del por qué no se ha reabierto?

Sí, era positivo que se replanteen las condiciones de subasta y remate, porque en esos puntos se dio paso a actos de especulación a través de las ofertas económicas, o sea a ofrecerse números que están por fuera de la realidad mundial respecto a la inversión en exploración. Estábamos de acuerdo con eso, el gobierno de entonces nos dijo que en seis meses se reabriría, pero han pasado cinco años. En todo este tiempo se han cerrado las posibilidades de acceder a nuevas concesiones, a través de un proceso de subasta y remate, que es lo que estipula la ley de minería. De ahí que nuestra decepción como industria se haya profundizado porque los gobiernos nos han ofrecido, las autoridades de turno han ido a eventos internacionales a ofrecer a la comunidad de inversionistas la reapertura del catastro y eso no se ha cumplido.

Precisamente, estamos a las puertas de la cumbre del PDAC en Canadá. ¿Qué discurso podrían llevar las autoridades ahora? El discurso de la apertura ya no lo pueden repetir. ¿Cómo ven las empresas del mundo minero esta falta de seriedad?

Nuestra posición como industria ante el PDAC siempre ha sido constructiva y positiva, es decir, hemos generado los espacios para que el Gobierno vaya a Toronto, todos los años, y exponga cuáles son los avances en los temas regulatorios y en la atracción de inversiones. Desde la perspectiva de la industria, siempre nuestra participación ha sido muy positiva, pero el rol del Gobierno, ya en el último tiempo, se viene desgastando porque permanentemente en este espacio, en este foro, ha realizado ofrecimientos a la comunidad internacional que no ha cumplido, el último fue en junio de 2022, cuando ofreció que a finales de diciembre reabría el catastro. Estamos enero del 2023 y eso no se ha dado, entonces, su credibilidad y la del país está en juego, no está generando condiciones óptimas para atraer más inversión. ¿Hay algunas señales que permitan visualizar que estos ofrecimientos finalmente se cumplan? ¿Cómo lo ven desde el ámbito privado?

Newcrest es una empresa australiana, es la mayor productora de oro y cobre de Australia y una de las principales y más grandes del mundo. En Ecuador, tenemos inversiones que superan los USD 900 millones, desde el 2016 a la fecha, principalmente a través de colocación de inversión en SolGold y particularmente en Fruta del Norte, a través de Lundin Gold (somos el mayor accionista con el 32% y además adquirimos las facilidades financieras, la deuda que adquirió para la construcción de la mina). Entonces, nuestra perspectiva respecto a Ecuador es de largo plazo, apostamos a ese potencial que representa la geología, creemos firmemente que Ecuador es un país con una geología que no tiene nada que envidiar a las de sus países vecinos, pero ese potencial hay que desarrollarlo, hay que explorarlo, hay que estudiarlo científicamente y la única manera de hacerlo es accediendo a concesiones mineras para la exploración, es tener un programa intensivo de exploración, que nos permita identificar posibles objetivos de perforación y evaluar esos proyectos. Pero la permanente demora, retraso, por parte del Gobierno, sí nos genera preocupación. Todos hablando ahora de la transición energética, pero esta no va a ser posible de aquí al 2050 sin metales y Ecuador tiene un potencial enorme para convertirse en ese abastecedor que necesita el mundo moderno del futuro, ese mundo que tiene esta necesidad compleja de transicionar a una energía más limpia. Ecuador tiene esa gran oportunidad de convertirse en un país ejemplo de la provisión de metales verdes, como el cobre. Sin embargo, eso necesita de un respaldo fuerte del Estado, porque es este, de acuerdo con la Constitución, quien administra los recursos y decide a quién y cómo otorgar espacios para la exploración y en qué áreas.

Experiencia como la que tiene Newcrest, desde la exploración temprana, la construcción, el desarrollo, la producción y hasta el cierre de minas, es la que debe primar al momento en que el gobierno empiece nuevamente -ojalá- a entregar otras áreas para la exploración.

¿Estos cinco años sin catastro han sido un retraso para la industria en Ecuador?

Sí, hemos perdido cinco años, en cuanto a atraer más inversiones. Empresas como Newcrest tienen iniciativas en varias partes del mundo y, usualmente, en Ecuador nos estamos disputando ese presupuesto, por lo que es una pena que estos capitales para exploración se vayan a otros

países y no vengan acá.

Otro tema grave y en el que el gobierno últimamente, al menos en el discurso, ha lanzado todo su armamento es en el combate a la minería ilegal. Pero tampoco se ven resultados visibles. Por ejemplo, se sabe de reaperturas clandestinas en Buenos Aires y otras zonas donde los efectos negativos de una operación ilegal son evidentes. Es una encrucijada, ¿por dónde salir?

Se requiere de una decisión firme del Gobierno, una política, una visión desde el Estado para explicar y decir a los ecuatorianos: “Señores, aquí, nosotros, como Gobierno, vamos a tomar la decisión de impulsar la minería legal y vamos a poner mano dura sobre los actos ilícitos de extracción de metal”. Yo ni siquiera me atrevo a decir minería ilegal, porque la palabra minería conlleva un tema técnico, aspectos y conceptos de responsabilidad ambiental y social. Estas actividades generan simplemente una extracción ilícita, criminal, de minerales, no pagan impuestos, no cuidan la salud y se arriesga la vida de la gente al trabajar en condiciones infrahumanas, donde no se remedia ninguno de los serios destrozos ambientales que generan. Al contrario, la minería legal sí está altamente regulada, paga impuestos, genera puestos de trabajo bien remunerados y atrae permanente inversión extranjera. El Gobierno debe tomar esa postura definitiva, firme, y los ecuatorianos tienen que entender y apoyar cualquier tipo de actividad legal que está regida bajo la Constitución y las leyes.

Cuando se graduó del colegio, le pasó lo que a muchos: no saber qué carrera elegir. La única sutil diferencia con la guayaquileña Tatiana Moreira Vera, era que los recursos naturales le llamaba mucho la atención. Esa era una señal. En la dinámica del entonces Senescyt, aplicó a las carreras de Petróleos y a la de Minas, porque, según ella, sabía que esos recursos son base fundamental para el desarrollo de un país y son parte importante del Producto Interno Bruto (PIB). Salió Minería.

“Entré a estudiar Ingeniería de Minas, en la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol). Al cursar las primeras materias, cuando hacíamos más visitas de campo, para ver los yacimientos geológicos ahí me dije: ‘definitivamente esto es