Boletín de Prensa.

BOLETÍN DE PRENSA Nº125 SEMANA DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE COORDINADORA DE POLICÍAS (COP)

Boletín de Prensa COP (Año 2010)

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ÍNDICE DE ARTÍCULOS DEL BOLETÍN

MEDIO DE COMUNICACIÓN La Voz de Asturias Diario Información Málaga Hoy La Voz de Galicia Diario 20 Minutos La Voz de Galicia La Voz de Galicia El Progreso de Lugo Agencia Efe El Correo La Nueva España La Opinión de Málaga Agencia Efe El Correo Gallego El Correo Gallego

LOCALIDAD

FECHA

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12.12.10 12.12.10 12.12.10 12.12.10 11.12.10 10.12.10 10.12.10 10.12.10 09.12.10 09.12.10 07.12.10 07.12.10 07.12.10 06.12.10 06.12.10

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LA VOZ DE ASTURIAS (12.12.10)

Las Policías Local y Nacional patrullan juntas en Siero

Son dispositivos de seguridad inéditos en otros puntos de España; pero en Siero, los agentes de la Policía Local y de la Nacional participan en patrullas conjuntas para optimizar los recursos de ambos cuerpos, se informa desde el cuerpo municipal. Son dispositivos puntuales -para operaciones específicas de seguridad o de vigilancia- pero cada vez más frecuentes en los principales núcleos del municipio, sobre todo en Pola, Lugones, El Berrón o en La Fresneda. Con las patrullas conjuntas, se asegura, se complementan las competencias diferenciadas de ambos cuerpos en un único punto; de este modo, los agentes nacional disponen de información en los controles de personas -posibles antecedentes u órdenes de búsqueda- mientras que los municipales disponen de la información de vehículos para el tráfico.

Los dispositivos, se incide desde la Policía Local, están dando sus frutos; son ya frecuentes los controles de alcoholemia conjuntos en las madrugadas de las principales localidades de Siero en donde se reduce la siniestralidad y se detiene a los conductores ebrios, como ha sido el caso de los tres arrestos del pasado puente festivo. Asimismo, también son efectivos en los dispositivos de prevención y vigilancia de las zonas urbanas, donde se lucha contra la delincuencia común.

La radiografía que ambos cuerpos policiales hacen de la delincuencia en el municipio coinciden: las conclusiones son que no hay razón para la alarma, que no hay oleadas de robos y que en Siero no operan bandas organizadas de delincuentes. Estas informaciones contrastan con las impresiones de los vecinos de zonas que están sufriendo, últimamente, asaltos a instalaciones y robos en viviendas. No obstante, desde la Policía Local se asegura que las cifras son las habituales y que están dentro de los parámetros para no considerarlas preocupantes.

Por otro lado, los dos cuerpos de seguridad ya se encuentran diseñando el próximo operativo que se encuadra en la campaña de Navidad y que se Boletín de Prensa COP (Año 2010)

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centrará en los principales núcleos comerciales de Siero, en Pola, Lugones y El Berrón. Ya se está contactando con los comerciantes de estas localidades en lo que viene siendo lo habitual para la prevención de los hurtos que son frecuentes en estas fechas aprovechando el aumento de público.

El buen entendimiento entre ambos cuerpos cogió su forma definitiva con la habilitación de la primera comisaría conjunta de la Policía Nacional y Local de Asturias en Lugones; fue el pasado mes de enero cuando entró en servicio con el objetivo de atender un área integrada por 19.000 habitantes en la que se concentra casi el 60% del índice de delincuencia de la demarcación policial de Siero.

El equipamiento ubicado en la antigua tenencia de alcaldía de Lugones atiende a los núcleos de La Fresneda y Colloto, además de los polígonos empresariales y área comercial de este entorno. La comisaría experimental -de las que hay muy pocas a nivel nacional- cuenta con 19 agentes de la Policía Local y con 23 efectivos de la Nacional. Estos últimos dependerán de la sede policial de Pola de Siero. Las dependencias disponen de una oficina de denuncias, policía judicial y seguridad ciudadana.

La última actuación conjunta de agentes locales y nacionales se produjo en la pasada madrugada del jueves cuando patrullas de ambos cuerpos acudieron a la calle Leopoldo Alas Clarín de Lugones porque tres individuos estaban robando el cobre del alumbrado de la calle. Finalmente, se arrestó a uno de los implicados, un menor de 16 años de edad que responde a las iniciales de J.J.M. y con domicilio en Oviedo, en el barrio de La Corredoria. Los agentes proceden al registro del menor y le intervienen 35 kilos de cobre.

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DIARIO INFORMACIÓN (12.12.10)

La Policía Local se opone a requisar las limosnas que obtengan los mendigos

Si las multas de tráfico no se cobran en el acto, ¿por qué intervenir a los mendigos las limosnas obtenidas?. Esta es la pregunta que se hacen desde el Sindicato Profesional de Policías Locales (SPPL) de Alicante -el mayoritario de este Cuerpo- y que ha llevado a los representantes sindicales a presentar una alegación contra la futura Ordenanza Municipal relativa a la Mendicidad y la Prostitución para que se elimine el punto que establece que los agentes de la autoridad deberán intervenir de forma cautelar a los indigentes "los frutos obtenidos". Desde el sindicato sostienen que es una medida muy agresiva y que no está amparada por ninguna norma con rango de ley.

La ordenanza, pendiente de ser aprobada definitivamente, recoge que "el Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas en el municipio de Alicante" y que los agentes serán los encargados de "informar a todas las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito púbico" de los lugares a los que pueden acudir para recibir "la orientación y apoyo social que sea necesario para abandonar estas prácticas". Pero el punto con el que hay mayor desacuerdo es el que establece que "en todo caso, los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica, así como, si es el caso, de los frutos obtenidos".

Desde el sindicato prefieren "no entrar en el espinoso asunto de prohibir implícitamente la pobreza y su manifestación de subsistencia, el donativo", y centran su alegación en la medida cautelar de "obligar a una persona a entregar el dinero recaudado por el ejercicio de una actividad prohibida".

Al respecto, los policías locales consideran que deben tenerse en cuenta tanto la "dificultad técnica" de dirimir en el mismo momento de la actuación "la cantidad exacta de dinero que se ha debido al ejercicio de la actividad no permitida y cual no" como lo que contempla la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Según recogen en su alegación, esta ley establece que "no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio Boletín de Prensa COP (Año 2010)

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de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de los derechos amparados por las leyes".

En consecuencia, los agentes sostienen que no conocen "ninguna norma con rango de ley que prohíba la mendicidad en los espacios públicos del estado español y sí intentos desesperados de hacerla desaparecer por arte de ordenanzas municipales". Por otro lado, desde el sindicato consideran que "quitarle el dinero a una persona que practica la mendicidad no obedece a una situación de urgencia, ni protege provisionalmente los intereses implicados en este asunto". No sólo eso, también puede ocasionar "un perjuicio de difícil o imposible reparación a los pobres desvalidos de su recaudación", quienes, en opinión del sindicato, "apreciarían a quienes materialmente les quitan el dinero como a unos 'ladrones'". Además, inciden en que "lamentablemente existe el derecho a la libertad de ser pobre".

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha pedido al Ayuntamiento de Alicante que abra una investigación interna sobre la gestión de la bolsa de horas extra en la Policía Local al considerar que existen irregularidades. Desde el sindicato recuerdan que hay fijados un máximo de 14 servicios extraordinarios por cada agente y año, pero "27 personas sobrepasaron dicha cantidad". Además, no se pueden hacer más de 3 servicios extra al mes y 45 policías "han rebasado ilegalmente este tope saltándose el riguroso orden de lista para ser llamados" y hay personas que "finalizaron su compromiso de hacer horas extras en el mes de mayo". Por ello, exigen una investigación y que se subsanen los errores que puedan existir.

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MÁLAGA HOY (12.12.10)

Policías se rebelan contra el sistema de traslados en función de las multas

Los policías locales tratan desde ayer de movilizar a las asociaciones de vecinos y a los partidos políticos de la oposición contra el nuevo reglamento programado por el Ayuntamiento de Málaga. En virtud de ese documento, Seguridad Ciudadana trasladará de jefatura a unos cien agentes en base a varios parámetros que serán evaluados como el rendimiento, la antigüedad, el número de noches, la predisposición al trabajo o el absentismo laboral.

Fue precisamente el primer punto el que más ampollas levantó en el colectivo porque dentro de esa variable también se contemplaba el número de multas que impusiera cada agente.

Ante esta situación, el coordinador de Seguridad del Ayuntamiento, Florentino Villabona, mantuvo ayer una reunión con todos los sindicatos en la que abordaron los puntos más polémicos del documento. El sindicato SIP-AN, que bautizó este nuevo sistema como "la liga de las multas", es el más crítico con este reglamento. De hecho, ayer mandó una circular a las principales asociaciones de vecinos de Málaga y a los dos partidos de la oposición, PSOE y PP, solicitando su apoyo en la concentración que tendrá lugar este martes. "Queremos hacer llegar a la sociedad que éste no es un problema exclusivo de la Policía. Queremos trasladarles que con este sistema el Ayuntamiento trata de recaudar más dinero", asegura José Javier Puerta, portavoz del sindicato. Lectura bien diferente hace el Ayuntamiento, que insiste en que con este nuevo modelo de funcionamiento se persigue "optimizar los recursos existentes en la Policía Local y que los agentes tengan un mejor conocimiento de la ciudad y de todos sus distritos".

CCOO, que sí está a favor de la política de traslados, también le hace un reproche al documento: "Para castigar a dos o tres agentes que sí lo hacen mal, van a reorganizar toda la plantilla", asegura un portavoz del sindicato.

A su juicio, el Ayuntamiento debería haber consensuado este documento y no presentarlo una vez que todos los puntos ya están fijados "y que no hay marcha atrás". El sistema que evalúa el rendimiento de los agentes también es motivo de críticas: "¿Quién es mejor policía, el que pone más multas o el que las previene", se pregunta el mismo portavoz.

La postura que mantiene UGT es diametralmente opuesta a la de SIP-AN. "La movilidad es algo intrínseco a la Policía. Siempre ha existido esa rotación y con este nuevo sistema se pretende que todos tengamos un mayor conocimiento de la ciudad", mantiene un portavoz del sindicato, que, no obstante, lanza una advertencia al Ayuntamiento: "Lo que no vamos a permitir es el cambio por el cambio. Se tendrán que hacer en función de unos parámetros y no por caprichos". Para el secretario general de la Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB), Francisco Corpas, la movilidad tampoco "es negativa". No obstante, el sindicato dejó claro que el documento será impugnado si no se ajusta al reglamento.

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LA VOZ DE GALICIA (12.12.10)

El Concello varía el Tribunal de las pruebas a Policía para que cumpla la Ley de Paridad

El Concello de Ourense modificará la composición del tribunal de las pruebas de selección de nuevos policías locales para que cumpla la ley de paridad. La decisión adoptada por la concejala no electa de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, llega después de las críticas vertidas por la oposición, que denunció que el tribunal calificador designado por el alcalde incumplía la Ley 7/2004 para la igualdad de hombres y mujeres. «Se va a modificar la composición para que cumpla con la ley, ya que consideramos que así debe ser desde un gobierno socialista», explicó Rodríguez Dacosta.

Lo que no modificará, según matizó la edila de Personal, es la decisión de retirar a políticos y sindicalistas del proceso. Esta medida cuenta con el respaldo del alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, quien aseguró a raíz de las críticas del PP que «retirar políticos e sindicalistas dos procesos de selección é garantía de transparencia».

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DIARIO 20 MINUTOS (11.12.10)

El Gobierno regional endurece las condiciones para ser policía municipal

A partir del 1 de enero de 2011, la Comunidad de Madrid endurecerá las condiciones para ser policía local. El Gobierno regional ha modificado el reglamento de régimen docente de la Academia de Policía de la Comunidad.

Entre otras novedades, los alumnos deberán obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en todas y cada una de las asignaturas del programa formativo. Los alumnos que no obtengan esta nota mínima tendrán derecho a un único examen de recuperación por cada asignatura. Para poder superar dichos cursos se han de aprobar todas y cada una de las asignaturas que los componen.

Además, los estudiantes deberán superar una evaluación de actitudes mediante un cuestionario analizado por el Gabinete Psicopedagógico de la Academia y que abordará cuatro aspectos de la personalidad: cumplimiento de las normas y disciplina, actitudes de aprendizaje, eficacia en el trabajo y conductas, valores y relación social. Todo ello con el fin de evitar actitudes racistas, xenófobas o discriminatorias.

La Academia ha formado a más de 7.000 alumnos durante este año; a 517 voluntarios de Protección Civil, en las dos promociones de formación en esta materia, y a agentes forestales de la Comunidad en un curso de Policía Administrativa.

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LA VOZ DE GALICIA (10.12.10)

Los funcionarios expedientados por doble actividad notifican de forma oficial otros dos casos

Los cuatro funcionarios del Concello de Lugo a quienes se abrió un expediente en noviembre porque, supuestamente, ejercen otra actividad al margen de la municipal presentaron ayer en el registro del Concello un escrito en el que acusan a otros dos trabajadores de tener otra fuente de ingresos.

El escrito está dirigido al alcalde y firmado por los cuatro policías locales que son, hasta la fecha, los únicos expedientados por este motivo. Ellos, en cambio, señalan que hay dos bomberos ejerciendo en este momento una segunda actividad. Según el escrito, uno de ellos es apoderado de una empresa de transportes que recoge leche mientras que el otro acusado está vinculado a una empresa de muebles y decoración.

Los cuatro policías con expediente abierto informaron el pasado 9 de noviembre de que cada semana registrarían los nombres y apellidos de otros trabajadores municipales sujetos a la ley de incompatibilidades para que el equipo de gobierno actuara.

Hasta la fecha han acusado, al menos, a seis personas de distintos servicios del Concello, desde urbanismo hasta el cuerpo de bomberos.

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LA VOZ DE GALICIA (10.12.10)

El Concello rechaza el recurso presentado por 14 policías que deben devolver 102.179 euros

La junta de gobierno local de Lugo rechazó en su reunión semanal el recurso que presentaron 14 policías locales contra el requerimiento que les insta a devolver los 102.179 euros que cobraron en concepto de nocturnidad entre mayo del año 2004 y diciembre del 2008.

El portavoz de los socialistas y concejal de Protección da Comunidade, José Rábade, recordó que hay una sentencia firme que obliga a los policías a ingresar el dinero, alrededor de 7.000 euros cada uno. Señaló que, por el momento, ninguno de los afectados ha solicitado que se le fraccione el pago e insistió en que el requerimiento es por la cantidad global.

El conflicto por el pago de la nocturnidad comenzó hace años, cuando el equipo de gobierno reorganizó el cuerpo de la policía local y decidió suprimir la brigada nocturna y obligar a que todos los agentes hiciesen turno de noche. A partir de esta decisión, comenzó un largo proceso judicial entre los 14 agentes y el Concello, ya que los policías consideraban que debía mantenerse el complemento. Ahora, en cambio, hay una sentencia firme que indica que deben devolver la diferencia entre lo que percibieron y lo que les correspondía cobrar por noche trabajada.

Rábade afirmó que los agentes pueden recurrir en otras instancias, pero destacó que la sentencia que obliga a abonar la deuda de 102.179 euros es firme.

Por otra parte, el responsable de la Policía Local descartó que pueda incorporarse al trabajo el inspector del cuerpo detenido durante casi un año en la operación Carioca y puesto en libertad el martes pasado.

El socialista José Rábade recordó que en el momento en que ingresó en prisión se aprobó un «decreto de suspensión del empleo», aunque aclaró que se revisará cuando tengan una comunicación oficial del juzgado. Afirmó que, por el momento, no han recibido nada.

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EL PROGRESO DE LUGO (09.12.10)

El policía local encarcelado por el caso Carioca quedó en libertad

J.R.V.R., el inspector de la Policía Local de Lugo encarcelado desde hace trece meses por su supuesta relación con el caso Carioca, salió ayer de prisión.

La decisión de dejar en libertad al agente municipal causó sorpresa porque se produjo justo a mitad de un puente festivo. De hecho, la orden de libertad se dirigió directamente a la prisión. Esa decisión se debió, al parecer, a que en un primer momento no se habría podido localizar al abogado para transmitirle la decisión. El inspector salió en libertad sin fianza, pero se fijaron medidas cautelares, lo que supone que tendrá que comparecer de forma regular ante el juzgado, según lo trascendido ayer.

El agente llevaba en la cárcel desde el 7 de noviembre de 2009, cuando la jueza del caso Carioca, Pilar de Lara, ordenó su ingreso en la prisión de Monterroso tras una declaración que había durado en torno a diez horas y que se prolongó hasta la madrugada.

Al policía se le imputaron presuntos delitos relativos a la prostitución, la inmigración ilegal, los derechos de los trabajadores, revelación de secretos y cohecho. Además de por su relación con el caso de la prostitución, el agente de la Policía Local también fue investigado por el juzgado número 3 por el llamado caso de las multas. En concreto, se investigó si pudo haber mediado en la retirada de sanciones de tráfico a distintas personas, entre ellas algunas vinculadas a los clubes de alterne.

El policía fue llamado a declarar por ese asunto aún el pasado mes de julio y entonces aseguró ante la jueza que en la Policía Local existía un cupo para retirar multas.

Llegó a concretar que cada agente podía retirar dos denuncias por exceso de velocidad detectados por los radares y otras dos por otro tipo de infracciones.

Dijo, sin embargo, que no recordaba si ese cupo era anual o mensual.

Ese sistema funcionó hasta «hace más de cinco o seis años», llegó a decir a la jueza.

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AGENCIA EFE (09.12.10)

Mandos de Policías Locales creen que nuevo Reglamento de Armas les discrimina

La Asociación Profesional de Mandos y Directivos de Policía Local (Apropol) presentará alegaciones contra el Real Decreto que aprobará el nuevo Reglamento de Armas, al considerar que discrimina a estos agentes al no permitirles tener el mismo número de armas que la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según ha informado hoy a Efe esta asociación, que representa a un centenar de mandos de policías locales de Madrid y de Castilla y León, Apropol presentará alegaciones al Real Decreto tras el período de exposición pública, abierto actualmente.

Si sus alegaciones no son admitidas estudiarán otras medidas para oponerse a su aprobación, afirman.

Apropol considera que se ha producido "un nuevo trato discriminatorio" hacia las policías locales por parte del Gobierno, ya que en el nuevo Reglamento de Armas sólo se permite a los agentes locales, sea cual sea su categoría, tener un arma corta para uso personal, frente a las tres que podrán tener los policías locales y los guardias civiles.

La asociación espera "que nadie simplifique a una mera tenencia de armas" esta denuncia, ya que se trata de "una gota más en el colmado vaso de menosprecio a las policías locales que se viene haciendo por el Gobierno o sus asesores".

Apropol presentará alegaciones al Real Decreto que aprobará el Reglamento de Armas mientras está a la espera de que el Defensor del Pueblo resuelva el expediente que abrió el pasado mes de octubre tras una queja de la asociación sobre el Real Decreto por el que se aprobó el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

La queja admitida por la Defensora del Pueblo en funciones fue presentada por Apropol al considerar que este Decreto diferencia entre las policías locales y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lo referido a la adquisición de munición y las primeras son calificadas como "auxiliares".

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EL CORREO (09.12.10)

Erne denuncia que la futura Ley de Policía permite crear “guardias pretorianas”

El sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Erne, ha presentado 46 alegaciones a la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública del País Vasco, la norma con la que la consejería de Interior pretende renovar la Ley de Policía, vigente desde 1992. Entre otros asuntos, la central denuncia que algunos aspectos de la reforma referidos a las policías locales «dan cobertura a la creación de guardias pretorianas» en los ayuntamientos, mediante la creación de nuevos tipos de agentes.

El proyecto de reordenación de la seguridad pública en Euskadi ha sido remitido por el Departamento de Interior a la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) -así como a partidos políticos, instancias judiciales y sindicatos- con el fin de buscar el máximo consenso de cara a su futura aprobación en el Parlamento. Entre los muchos aspectos que contempla la futura legislación, la consejería ha introducido la regularización de las figuras de los auxiliares y vigilantes, además de los agentes de movilidad. El departamento que dirige Rodolfo Ares ha creado estos puestos con el objetivo de que los ayuntamientos que no tienen cuerpos de policía local o cuya plantilla es reducida puedan encontrar la forma de realizar este tipo de funciones sin necesidad de aumentar el contingente de agentes.

La central mayoritaria rechaza estas figuras, por entender que su creación «supondrá una pérdida progresiva del concepto de agente de la autoridad, creará una sensación de desprotección y confusión en los ciudadanos, al tiempo que empeora la gestión de recursos humanos y materiales». La central, además, considera que estas figuras «facilitan» que personal de seguridad privada asuman funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, «lo que favorece la privatización de la seguridad».

Además, la central considera que la ampliación del centro de estudios de Arkaute para crear la Academia de Policía y Emergencias -en la que se formará a agentes, pero también a bomberos o personal de protección civil- «no tiene en cuenta las demandas de la sociedad». Para Erne, el carácter «polivalente» que va a tener el centro «va a impedir» la formación «inmediata» de los nuevos policías en formas de delincuencia como las mafias de trata de seres humanos, la violencia machista o el crimen en Internet.

Con respecto a Arkaute, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza vaticina «el previsible colapso» de las aulas y lamenta que no se haya tenido en cuenta la situación de muchos agentes de la Policía vasca «que llevan quince años sin realizar prácticas de tiro o 20 años sin ningún tipo de reciclaje profesional».

En este sentido, la central denuncia que el anteproyecto no contempla implantar una carrera horizontal para los miembros de la Ertzaintza «lo que favorece el denominado 'síndrome del quemado'». En su opinión, durante años se ha instaurado «un sistema que premia al que cumple con las estadísticas y

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no al profesional, con lo que una formación «dentro de la misma categoría» motivaría más a los agentes y permitiría «premiar la profesionalidad».

Asimismo, entre las alegaciones que Erne ha presentado a la futura ley pide que se tenga en cuenta a los sindicatos en los distintos organismos de debate que se crean, como el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi o los consejos locales de participación.

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LA NUEVA ESPAÑA (07.12.10)

Una sentencia reconoce el derecho de los policías locales a cobrar trienios

Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo reconoce el derecho de policías locales de Avilés a cobrar todos los trienios en el grupo de clasificación C1 al que accedieron tras la reclasificación otorgada por la Ley de Coordinación de Policías Locales del Principado de Asturias.

Según ha señalado la sección sindical Sipla en Avilés, impulsora de la demanda contra el Ayuntamiento de Avilés, la sentencia no sólo es importante para el colectivo policial de Avilés, sino que sus efectos son extensibles a todos aquellos Ayuntamientos que efectuaron dicha reclasificación sin reconocer ese derecho como Langreo, Laviana, Corvera, Castrillón o Navia.

El Juzgado señala que los policías deberán cobrar los trienios reconocidos con anterioridad a su reclasificación, con efectos económicos desde la fecha de la integración efectiva. Según el juez, la reclasificación es "imperativa" y "vinculante" para la Administración y ésa no tiene discrecionalidad alguna para fijar requisitos adicionales. "En otras palabras, para la Administración es una obligación y para el afectado es un derecho", señala el Tribunal.

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LA OPINIÓN DE MÁLAGA (07.12.10)

PSOE pide explicaciones por los traslados a los policías que multen menos

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido explicaciones al equipo de Gobierno del PP sobre el cambio de destino a otros distritos con el que se castigará a los policías locales de esta ciudad que impongan menos multas de tráfico.

Por ello, el PSOE ha presentado un escrito al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para que detalle la finalidad que persigue esta medida, ya que, a su juicio, puede esconder "un afán recaudatorio", ha informado hoy el partido en un comunicado.

El portavoz de los socialistas en el Consistorio, Rafael Fuentes, han pedido también información sobre "la lista de los traslados forzosos", y ha aseverado que el concepto sancionador debe ser una herramienta "disuasoria" y no un elemento recaudador para sanear las cuentas municipales.

Además, espera que la reducción en el número de multas impuestas en los últimos años no esté relacionada con esta medida anunciada, "como ocurrió en el caso de la grúa municipal -un servicio que fue privatizado tras detectarse un descenso importante en la cifra de vehículos retirados".

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AGENCIA EFE (07.12.10)

El nuevo sistema de comunicación de la Policía Local de Lorca está descatalogado, según el PSOE

El PSOE en Lorca ha afirmado hoy que el ayuntamiento ha invertido 100.000 euros en la renovación del sistema de comunicaciones de la Policía Local pese a que éste está "descatalogado" y "no cumple el objetivo para el que fue comprado".

El concejal del PSOE Francisco Ruiz Alviar se ha referido, durante una rueda de prensa, a que la plantilla de la Policía Local no dispone de los medios suficientes "para hacer correctamente su trabajo".

Ha recordado que hace unos meses el consistorio dedicó 100.000 euros correspondientes a la segunda fase del Plan E a la renovación del sistema de comunicaciones de la Policía Local y ha añadido que "según nuestra información esos equipos estaban descatalogados en el momento de su adquisición".

Además ha añadido que "no están cumpliendo con el objetivo para el cual se adquirieron", que funcionan "en fase de pruebas" y que la cuestión "sorprende" al PSOE, que demandará información en el próximo pleno municipal sobre la forma en la que se estableció el concurso para su compra y la evaluación técnica de los aparatos.

Hasta ahora, los agentes de la Policía Local, se comunicaban durante sus servicios por teléfono móvil o por walkie-talkies, sistemas que no tienen cobertura en todo el término municipal y que no son lo suficientemente seguros.

El nuevo sistema de comunicación interna funciona con telefonía IP, una tecnología que permite integrar en una misma red - basada en protocolo IP las comunicaciones de voz y datos.

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EL CORREO GALLEGO (06.12.10)

Los Concellos rurales ya pueden unirse para crear su Policía Local

Concellos limítrofes gallegos que no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local y cuya suma de poblaciones no superen los 40.000 habitantes podrán asociarse y crear su propio cuerpo con las mismas funciones que las de las ciudades y con carácter indefinido, temporal, o incluso, estacional.

Una orden del Ministerio de Interior (publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 17 de noviembre) abre así la puerta a que un total de 184 ayuntamientos gallegos, básicamente del medio rural, puedan implantar Policía Local compartida en los términos de sus municipios.

Hasta ahora, el ámbito de actuación de estos agentes se restringía únicamente al territorio de cada ayuntamiento. Con esta nueva orden ministerial, el Gobierno de España permite la sociación de corporaciones otorgando capacidad de influencia a esta Policía Local al conjunto del territorio que aglutine el acuerdo de colaboración de los concellos. Eso sí, con carácter previo deberán tener la autorización por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior o de la comunidad autónoma competente.

Este último es el caso de Galicia, ya que cuenta con las compertencias en la materia. La legislación gallega -contenido en la Lei de Coodinación de Policías Locais- ya permitía acuerdos para la extensión del área de influencia de una Polícia Local en otro concello, en cambio no posibilita la creación de un cuerpo compartido por distintas corporaciones locales, posibilidad que se abre ahora gracias al nuevo decreto del Ministerio del Interior.

La asociación de municipios para este fin tendrá que cumplimentar una solicitud en la que se deberá incluir una memoria explicativa del proyecto de asociación, las razones que la justifiquen, los certificados del número de habitantes de cada uno de los concellos que se unan, los certificados de los acuerdos adoptados por los respectivos plenos para suscribir el acuerdo de colaboración, el número de funcionarios que integrará la nueva Policía Local y el lugar donde se ubicará su sede.

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La publicación de esta orden ministerial era el último trámite legal, porque la Ley de Fuerzas y Cuerpos del Estado, de 1986, fue modificada en el 2007 precisamente para incorporar esta opción de colaboración para la prestación de servicios de policía local.

El documento también dice que el acuerdo puede firmarse entre dos o más municipios, lo que, en la práctica, abre las puertas a que las mancomunidades constituyan un cuerpo de policía para todos los pueblos que se integran en cada una de ellas, compartiendo el servicio y los costes como ya hacen con prestaciones como el abastecimiento de agua, la recogida de basuras o los parques de maquinaria. No obstante, el documento evita en todo momento el término de policía mancomunada, usando en su lugar el de "Policía Local asociada".

"Es una oportunidad de abaratar costes y lograr un servicio más eficiente", explica Carlos Fernández, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Ames. Además, permitirá que muchos pueblos pequeños puedan incorporar este cuerpo de seguridad -actualmente solo es obligatoria para los que tengan más de 5.000 habitantes-. A día de hoy, la mayor parte de la Galicia rural no tiene Policía Local y es la Guardia Civil la que asume todas la labor de seguridad de esas zonas.

Aún es pronto para valorar en qué medida podrán acogerse los concellos gallegos a esta nueva posibilidad, según Carlos Fernández, ya que en la Fegamp no consta que haya peticiones en este sentido.

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EL CORREO GALLEGO (06.12.10)

Santiago es la ciudad gallega que alcanza la ratio más elevada, con 1,7 agentes por cada mil vecinos

Galicia es la comunidad española con menos policías locales por habitante. De los 315 municipios gallegos, tan solo 131, poco más de un tercio, disponen de Policía Local, según los datos del registro de la Consellería de Presidencia.

Galicia, con una ratio de 0,93 policías por cada mil habitantes, tiene una de las cifras más bajas de España, con un promedio de 1,69, en lo que a este servicio.

La radiografía de la Policía Local en esta comunidad revela que son 2.498 los agentes que realizan funciones en los 131 concellos que muestra el gráfico que ilustra esta información. de ellos más de la mitad, un total de 1.352 están adscritos a las siete principales ciudades gallegas. De ellas, Santiago, con 1,7 agentes por cada mil vecinos, es la que presenta la ratio más elevada y se sitúa en la media estatal.

Ourense, con 1,4 agentes por cada mil habitantes es la segunda mejor ratio y por detrás el resto de las ciudades, con 1,3 agentes. En último lugar en este ránquin está Vigo, que a pesar de contar en términos absolutos con el mayor número de policías locales, un total de 373, presenta la pero relación respecto a su población, con 1,2 agentes por mil vecinos.

Destaca que Narón, a pesar de haber sobrepasado en población a Vilargacía (unos 250 habitantes más) tiene menos policías (33 frente a 44 en Arousa).

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