Boletin de prensa

BOLETÍN DE PRENSA Nº123 SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE COORDINADORA DE POLICÍAS (COP)

Boletín de Prensa COP (Año 2010)

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ÍNDICE DE ARTÍCULOS DEL BOLETÍN

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Boletín de Prensa COP (Año 2010)

FECHA 28.11.10 28.11.10 27.11.10 27.11.10 27.11.10 26.11.10 26.11.10 25.11.10 25.11.10 25.11.10 25.11.10 25.11.10 25.11.10 25.11.10 25.11.10 23.11.10 23.11.10 23.11.10 22.11.10

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GRANADA HOY (28.11.10)

La Audiencia cree que las oposiciones a Policía Local de 2007 fueron un fraude

La Audiencia Provincial no tiene dudas, aunque no encuentra a los culpables. Según un auto difundido el 15 de octubre, las oposiciones de la Policía Local de Granada celebradas el 10 de abril de 2007 fueron fraudulentas pues cinco de los 14 opositores (a los que cita con nombre y apellidos) que optaban a una de las ocho plazas de subinspectores fueron informados sobre el contenido del examen por parte de uno o varios miembros del tribunal. Lo que no se sabe es quién o quiénes fueron los confidentes, y por eso archiva provisionalmente el caso.

La Audiencia tiene en cuenta tres argumentos. Primero: los cinco opositores beneficiados siguieron el mismo esquema que el tribunal en las respuestas.

Segundo: una de las respuestas solo fue acertada por cuatro de los cinco opositores sospechosos de fraude. Y tercero: un análisis estadístico revela un comportamiento sui generis de los opositores beneficiados.

Las oposiciones se celebraron en marzo de 2007, en el último año del primer mandato de Torres Hurtado. Justo al mes siguiente tendrían lugar las elecciones municipales que, de nuevo, ganaría el alcalde.

En aquellos momentos era concejal de Seguridad Ciudadana el controvertido José Antonio Balderas, denunciado en aquella época -junto al alcalde, el que fuera secretario provincial del Sindicato Independiente de la Policía Local, Miguel García; y la cúpula de la Policía Local- por la presunta comisión de delitos contra la integridad moral (acoso laboral) de anteriores mandos del cuerpo, entre ellos el entonces Jefe Superior de Policía Nacional de Andalucía Oriental, Luis De Haro-Rossi. La Fiscalía del TSJA finalmente no encontró indicios delictivos, pero el Cuerpo quedó dividido.

El denunciante fue uno de los opositores que no ganó la plaza. La demanda fue archivada en primera instancia porque, según resolvió el Juzgado de Instrucción 6 en un auto con fecha de 8 de marzo de este año, las irregularidades denunciadas no podían atribuirse a una persona concreta o a un grupo.

En la denuncia, el agente expresaba sus sospechas de que algunos de los ganadores del concurso conocían de antemano el examen práctico y las respuestas de las 80 últimas preguntas del test teórico. Por lo tanto, la denuncia inducía a pensar que los hechos podían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos.

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Sin embargo, el juez decretó el archivo de la causa en base a que el Ministerio Fiscal, a la vista del resultado de las diligencias, había considerado que no existían indicios suficientes y había pedido que se decretase el sobreseimiento provisional, hasta tanto nuevos hechos no impusieran su reapertura.

Tras una alegación del denunciante, la sentencia fue remitida a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ha fallado ahora que "los hechos revelan indiciariamente que uno o varios miembros del tribunal forzosamente tuvieron que explicar el contenido del examen o parte del mismo a uno o varios de los opositores aprobados o a persona que lo hiciera llegar a estos".

La percepción de la Audiencia Provincial se ve avalada por un informe pericial de un catedrático de Estadística de la Universidad de Granada, que confirma que cinco de los 14 opositores -de iniciales J. A. R. A., M. M. P., J. I. U. C., M. J. B. y M. A. J. T.- siguen el mismo esquema que el tribunal en la resolución del examen práctico, por lo que "conocían con anterioridad a la realización de esta prueba la respuesta del supuesto práctico". Sin embargo, el resto de aspirantes siguieron un "esquema diferente", por lo que desconocían la resolución del examen.

Además, el experto indica que la respuesta correcta a la pregunta 56 según el tribunal era la C. Esta respuesta, según precisa, fue dada solo por cuatro de los cinco aprobados, mientras que seis de los restantes dieron como correcta la A, uno la C, y el resto no la contestó. "La bajísima probabilidad de ese resultado, menor que 0,00000205% nos permite concluir que al menos cuatro de estos cinco opositores aprobados tenían la información de que la respuesta correcta a la pregunta 56 era la C", asegura. Por si esto fuera poco, el perito considera que el análisis estadístico de los opositores del bloque 1 (los citados anteriormente) tuvieron "un comportamiento tan distinto en las respuestas a los dos bloques del teórico" -de la 1 a la 20 y de la 21 a la 100- que "resulta prácticamente imposible que desconociesen las respuestas del bloque 2 antes de la prueba". Así, concluye que "los opositores del grupo uno efectivamente conocían previamente las respuestas de ambas pruebas".

Por todo ello, la Sección Segunda de la Audiencia ha rectificado la sentencia inicial, que ordenaba sobreseimiento definitivo, y ha acordado el archivo provisional a la espera de que aparezcan nuevos datos que permitan identificar a los autores de la filtración.

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EL COMERCIO (28.11.10)

El PP de Cudillero critica que un auxiliar de Policía Local cobre por ejercer de jefe

La portavoz del PP de Cudillero, Carmen Pérez García de la Mata, afirmó ayer que «el Ayuntamiento ha designado a dedo y de forma ilegal» a un auxiliar de la Policía Local para ejercer las funciones de la jefatura del cuerpo, por lo que «se le pagan 360 euros al mes» en concepto de productividad.

La situación, explicó la edil, deriva de la suspensión de empleo del sargento Prudencio Iván Flórez dictaminada en septiembre del año pasado y no se ajusta a la normativa vigente ya que el cargo de jefe de la Policía Local «debe recaer en un funcionario de categoría, como mínimo, de agente de la Policía Local».

Sin embargo, destacó la dirigente popular, todos los integrantes del cuerpo municipal «ni siquiera son auxiliares, pues según la Ley de Coordinación Local, deberían haber pasado una oposición y sólo podrían estar cuatro meses al año en dicho puesto».

Ante esta situación, Pérez García de la Mata asegura que «al alcalde, Francisco González, no le interesa tener a un funcionario que conozca y aplique los procedimientos policiales, ya que cuando lo tenía no podía funcionar y manejar a la Policía Local de la forma que ahora lo está haciendo».

La polémica en torno a la gestión de la Policía Local de Cudillero escribirá un nuevo capítulo el 16 de diciembre, cuando está previsto que se celebre en Oviedo el juicio por el recurso presentado contra las bases de contratación de los auxiliares, que la edil popular calificó de «hechas a la carta».

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EL FARO DE VIGO (27.11.10)

Dono coordina mejoras en la Policía Local, que elevará su presencia en las calles

El alcalde de A Estrada, José Antonio Dono, confirmó ayer haber mantenido una reunión con gran parte de los agentes que conforman la Policía Local al objeto de buscar una solución a la polémica surgida en los últimos días, después de que el mandatario se pronunciase públicamente sobre el funcionamiento de este cuerpo –compartió algunas de las críticas realizadas por los ciudadanos en el programa semanal de radio en el que atiende en directo las llamadas de los estradenses– y de que reconociese como "ilegal" el suplemento mensual de 130 euros pactado con los guardias y en virtud del cual estos trabajadores cederían algunos de los derechos que le corresponden como funcionarios en beneficio del servicio. El máximo responsable de este cuerpo policial aseguró haber contactado con el jefe del servicio para buscar soluciones y mejorar su funcionamiento. "Hai queixas veciñais e hai que tomar medidas", dijo Dono. Avanzó que, entre ellas, estará la del incremento de la presencia y el número de efectivos en las calles de A Estrada, además de mantener operativa esta unidad las 24 horas del día.

El primer edil indicó que, ejerciendo como jefe de la Policía Municipal, se implicará en la adopción de medidas para una mayor eficiencia en las funciones, analizando cuestiones como la modificación de los cuadrantes, poner a más gente en la calle o buscar otros medios alternativos que contribuyan a alcanzar los objetivos marcados.

El conjunto de las medidas que se tomarán todavía está pendiente de concretar. No obstante, Dono matizó que tampoco se trata de "abrasar" a la ciudadanía haciendo uso, en lo que al control del tráfico se refiere, del "recurso máis fácil", que sería la imposición de multas. "Máis presenza e activos e procurar regular o tráfico multando o menos posible", resumió el mandatario estradense.

El mandatario estradense reconoció que algunas de las quejas recibidas proceden de la zona de O Cruceiro. Señaló que en este punto del casco urbano se denunció la existencia en numerosas ocasiones de vehículos mal Boletín de Prensa COP (Año 2010)

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estacionados que, incluso, ocasionan dificultades para el paso del camión de la basura. "É un problema xeral", reconoció Dono. "A xente di que hai moitos coches aparcados en pasos de cebra", añadió el primer edil, que no dejó de reconocer la importancia de que los ciudadanos también pongan su grano de arena y respeten las normas, por ejemplo, a la hora de aparcar sus vehículos en la vía pública.

Por otra parte, el alcalde quiso incidir ayer en que él no tiene "ningún conflito aberto coa Policía Local". Reconoció comprender que los vecinos vean que existen algunas cuestiones que "hai que mellorar" y que él mismo también observa.

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LA NUEVA ESPAÑA (27.11.10)

El SIPLA advierte de la fuga de agentes jóvenes por la “represión” que ejerce la Jefatura de la Policía Local de Avilés

«No es una invención del SIPLA, sino la exigencia de los compañeros a los que representamos». Así respondió ayer el secretario general del Sindicato de la Policía Local de Avilés, Jesús Manuel Villa, al edil de Servicios Urbanos, Luis Ramón Fernández Huerga, que rechazó sus denuncias de espionaje interno ejercido por la Jefatura y aseguró que se controla a los agentes con cámaras y grabaciones por seguridad. «Tenemos pruebas y testigos que demuestran todas nuestras acusaciones, y es vergonzoso que el concejal no quiera entrar al fondo porque el problema es serio. Tendría que tener un comportamiento más serio y honesto y reconocer que algo está funcionando mal», añadió Villa.

Además, con esa actitud, el SIPLA considera que Huerga defiende un tipo de violencia, el acoso laboral, mientras que los poderes políticos la rechazan públicamente. «Es muestra de hipocresía», sentenció.

Los representantes del SIPLA dibujan un entorno laboral deshumanizado y sujeto a caprichos que pone en peligro el servicio mismo y que, aunque ya se viene arrastrando desde hace años, se ha endurecido en los últimos tiempos.

Una consecuencia es la fuga de policías locales jóvenes, que huyen de ese «ambiente laboral insostenible». Así, según cuentan los representantes de los trabajadores, varios agentes con plaza en Avilés se presentaron a las oposiciones en otros ayuntamientos: «Eso lo dice todo». Los sindicalistas aseguran que se utilizan medios municipales para efectuar el espionaje y también a los vigilantes de la zona azul. El objetivo que persigue el SIPLA con sus denuncias es «obtener respeto como profesionales». Confían en una solución satisfactoria por parte de los responsables políticos, y de no ser así acudirán a los gabinetes jurídicos para buscar nuevas medidas.

«Llevamos un par de semanas en que a los compañeros se les exige informes diarios de qué han hecho en cada momento y por qué», indicó Villa. Uno de los requerimientos más sorprendentes que destaca el SIPLA es el de un agente obligado a autodenunciarse por pisar una línea continua de la calzada cuando acudía a atender un caso de violencia de género. «Es ridículo que una orden así salga del jefe de la policía local».

Los sindicalistas apelan al informe donde se detectaron problemas desde el ámbito de la prevención. «Esperamos que a requerimiento de la Inspección de Trabajo se corrijan los abusos a la dignidad de los trabajadores». ¿Se ha llegado ya al techo de estas tensiones internas? Los representantes del SIPLA no se atreven a decirlo. «Nunca sabes dónde tienen el límite las mentes perversas. Se intenta hacer daño porque denunciamos la persecución», sentenció Villa. «En lugar de corregir un error se presiona más», añadió Rafael Urízar. Por eso, aseguran, no les quedó más remedio que denunciar.

Por su parte Huerga reiteró la «total confianza en la dirección de la Policía Local, así como en el difícil trabajo que se realiza día a día por parte de la Policía, en la que no existe represión alguna».

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DIARIO INFORMACIÓN (27.11.10)

Un grupo de policías irrumpe en el Pleno para criticar la política económica del PP

Un grupo de empleados públicos y policías locales de Petrer irrumpieron en el último pleno de la corporación para protestar por la política económica que está llevando a cabo el equipo de gobierno del Partido Popular en tiempos de crisis.

Se trata de un nuevo pulso del colectivo hacia el alcalde, una situación tensa desde el principio de la legislatura, que va encaminado, según el primer edil; a conseguir una mejora de salarios.

Uno de los delegados sindicales del Sindicato de Empleados Públicos (Sep) el turno de ruegos y preguntas, al final de la sesión plenaria, para protestar por los elevados sueldos de los miembros de la corporación municipal, remarcando que los emolumentos del alcalde llegan hasta los 50.000 euros anuales. Las asignaciones a los concejales, tanto con delegación como sin ella, también fueron objeto de crítica.

La respuesta de Pascual Díez fue tajante. Desmintió tajantemente que su salario llegue a los 50.000 euros, -"ojalá", exclamó-, afirmando que mantiene la misma asignación que tenía cuando era funcionario, puesto en el que se encuentra de excedencia. "Dada esta circunstancia, creo que no supone un gran gasto para el Ayuntamiento". Díaz acusó también a los empleados públicos de querer reclamar una cuestión de mejora salarial propia haciéndola pasar por una protesta por los apuros económicos de todos los habitantes de Petrer. "La situación actual de crisis nos debería hacer reflexionar, pero a todos".

No es la primera vez que los empleados públicos "toman" el salón de plenos del Ayuntamiento de Petrer para plantar cara al equipo de gobierno. En mayo de 2009, una veintena de policías locales reclamaba más medios en el mismo escenario. A principio de ese mes, como medida de presión, los agentes habían dejado la plantilla al 20% un fin de semana, lo que provocó que el alcalde se presonase en varios de sus domicilios para comprobar si las bajas eran reales. Desde entonces, los sindicatos han denunciado también presiones para realizar más denuncias y el mal estado de los vehículos policiales.

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AGENCIA EFE (26.11.10)

El Ayuntamiento no elaborará por ahora un Reglamento de la Policía Municipal

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado por el momento la propuesta de creación de un reglamento de la Policía Municipal, a la espera de la elaboración de la futura ley de Seguridad Pública del País Vasco, cuya tramitación se iniciará próximamente.

El PSE había planteado en el pleno ordinario celebrado hoy que dicho reglamento se elaborara en el plazo de dos meses para regular aspectos como la promoción laboral, el régimen disciplinario o la integración de la mujer para que este cuerpo esté libre de "interferencias producto de los cambios políticos".

El alcalde, Iñaki Azkuna, ha criticado duramente la intervención del portavoz socialista, Txema Oleaga, ya que el regidor ha interpretado que la oposición acusa de "enchufismo" al gobierno municipal. "Algún día levantaré yo las alfombras", ha dicho Azkuna.

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EL COMERCIO (26.11.10)

El Pleno aprueba la reclasificación de la Policía Local con dudas legales

El Pleno de Siero aprobó ayer la reclasificación de los últimos quince agentes de la Policía Local que quedaban pendientes a la nueva ley autonómica de 2007 de Coordinación de las Policías Locales de Asturias. Estos trabajadores que carecían del título de Bachiller necesario para poder integrarse a la nueva legislación- participaron recientemente en un curso, de 40 horas de duración, para convalidar ese título y que fue impartido por la Escuela de Seguridad Pública del Principado.

Sin embargo, el informe jurídico incorporado al expediente planteaba algunas dudas sobre si la solución elegida por el Equipo de Gobierno gozaba del suficiente amparo legal. Los representantes de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), PSOE y Pinsi solicitaron aclaraciones al respecto antes de emitir su voto y aprovechando la presencia en el hemiciclo de la funcionaria autora del informe, en sustitución del secretario.

El portavoz de esta última formación, Juan Camino, preguntó si el curso era suficiente para dar legalidad a la reclasificación de estos quince agentes, si había sido homologado y supervisado por el Gobierno regional y si el acuerdo que se adoptara podría acabar resultando nulo. También quiso saber si el Ejecutivo autonómico iba a disponer de dotación presupuestaria para aplicar su propia ley.

El alcalde de Siero, José Antonio Noval, optó por no dar la palabra a la autora del informe jurídico y respondió él mismo, además del portavoz del Grupo Popular, Luis Vázquez. «No intentemos ser más papistas que el Papa» -afirmó Vázquez-, «porque el Ayuntamiento de Siero ha sido uno de los que más rigor ha tenido con la reclasificación». A su modo de ver, debería ser el Gobierno del Principado y no el Ayuntamiento quien indicara si ese curso era válido y homologable.

Más duro fue el alcalde, quien volvió a acusar al Gobierno regional de «mentir» a los ciudadanos, al aprobar hace tres años esta ley sin la correspondiente consignación presupuestaria para poder aplicarla. También desveló que en marzo pasado le había expuesto el tema al director general de Régimen Interior, Valentín Ruiz, «y me dijo que el Principado no lo podía asumir por motivos económicos». La última gestión de Noval fue remitir una carta a la Escuela de Seguridad Pública, «que me respondió, con cierta ambigüedad, que se podían hacer cursos de reciclaje», explicó el alcalde.

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DIARIO HOY (25.11.10)

La Policía Local de Cáceres puede quedarse sin vehículos por impago

El PP de Cáceres ha denunciado esta mañana que el próximo 5 de diciembre “la Policía Local tendrá que entregar todas las motos, con lo que la patrulla de motoristas puede correr peligro”. Posteriormente, dicen los populares, “también se van a ver afectados cuatro coches de patrulla de la Policía, un todoterreno de la brigada verde, un coche del servicio de escolta de la Alcaldía y un coche camuflado del servicio del GES (Servicio Especial de Seguridad)”.

Elena Nevado hacía esta previsión en vista a que la Mesa de Contratación no había resuelto la renovación del renting bajo el que se utilizan estos vehículos.

De la Calle ha asegurado en una nota de prensa que no significa nada porque se puede hacer un expediente por emergencia. Ha añadido que “jamás se ha dejado de prestar un servicio público municipal en la ciudad” y que la oposición hace "demagogia alarmista".

La portavoz municipal del PP, Elena Nevado, también aseguraba hoy que el Banco Santander, que es quien prestaba este servicio al Consistorio hasta ahora, ha calificado al Ayuntamiento de Cáceres como una “entidad de alto riesgo bancario”. Los populares aseguran, que esta situación se produce porque el equipo de gobierno de Carmen Heras no ha presentado la liquidación de los presupuestos del 2009.

A este respecto, el portavoz municipal ha afirmado que para presentarlas hay que tener aprobadas las de 2008 por el Tribunal de Cuentas como exige el artículo 212.5 de la Ley de Haciendas Locales, lo cual no ha sido posible porque el PP votó en contra.

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EUROPA PRESS (25.11.10)

El Ayuntamiento lamenta la reacción del SPPME y actuará “con contundencia” contra los autores de los hechos

La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Nieves Hernández (PSOE), ha defendido este jueves el discurso protagonizado por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), en el acto institucional del Día de la Policía Local. Frente a las reacciones del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que ha tachado de "cateto megalómano" y "rata acorralada" al regidor por censurar las actuaciones de una "minoría radical" en el seno del Cuerpo de Policía Local, Hernández ha alertado de que en el conflicto desencadenado en torno a la Policía Local "se han pasado todas las líneas rojas" y de que estas reacciones "prueban la catadura" de quienes las protagonizan.

La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento hispalense, Nieves Hernández (PSOE), ha defendido este jueves el discurso protagonizado por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), en el acto institucional del Día de la Policía Local. Frente a las reacciones del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que ha tachado de "cateto megalómano" y "rata acorralada" al regidor por censurar las actuaciones de una "minoría radical" en el seno del Cuerpo de Policía Local, Hernández ha alertado de que en el conflicto desencadenado en torno a la Policía Local "se han pasado todas las líneas rojas" y de que estas reacciones "prueban la catadura" de quienes las protagonizan.

Durante la celebración del acto institucional de la Policía Local, Sánchez Monteseirín había advertido de que no permitirá que relación de la ciudad con el Cuerpo de Policía Local sea "secuestrada mediante actitudes extremistas", censurando además que "el gamberrismo de unos cuantos" deteriore la imagen pública de la institución. Y es que, recientemente, las movilizaciones promovidas por el Sppme en torno al conflicto del pago de las productividades han corrido en paralelo a incidentes como la manipulación de varios grupos semafóricos en la jornada de la etapa prólogo de la Vuelta Ciclista a España celebrada el pasado 28 de agosto, o la explosión de un artefacto pirotécnico a las puertas del Ayuntamiento ocasionando lesiones a dos miembros del centro municipal de prensa.

A tal efecto, el regidor hispalense ha manifestado su deseo de que "el peso de la Ley" caiga "con toda severidad" sobre los autores o instigadores de los "graves hechos" acontecidos recientemente en torno a la Policía Local. "Esta agresión no ha sido un hecho aislado", ha advertido el primer edil, quien lamentaba que una "minoría radical" se sirviese de "medios ilegales" para la consecución de sus fines.

El Spmme, de su lado, había criticado la estrategia de rata acorralada" del alcalde "no pagando lo que hay que pagar", toda vez que el primer edil "y sus lacayos no dudan en atribuir hechos delictivos a sus policías locales, ciscándose en el derecho a la presunción de inocencia por el que sin embargo Boletín de Prensa COP (Año 2010)

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berrean, como ciervos en noche de septiembre, cuando es a los de su secta a quienes les pillan con las manos en el carrito de los helados".

Dados los matices de esta reacción, Nieves Hernández ha recordado que ella misma había utilizado ya el calificativo de "minoría radical" a la hora de censurar los acontecimientos relacionados con el conflicto del Cuerpo de Policía Local. No obstante, ha advertido de que estas reacciones "prueban la catadura" de sus autores, quienes "han quedado retratados".

Nieves Hernández ha advertido de que en este conflicto "se han pasado todas las líneas rojas", por lo que el Ayuntamiento actuará "con toda contundencia" en el caso de que sea "demostrada" la participación de alguien "vinculado" a la Policía Local en los citados hechos, actualmente objeto de investigación.

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LA NUEVA ESPAÑA (25.11.10)

Trama de espionaje en la Policía Local

Una «trama de espionaje propia de Mortadelo y Filemón». Así es como califica el sindicato de la Policía Local, el SIPLA, la supuesta represión que realiza la Jefatura sobre los agentes de Avilés, y que se traduce en un control excesivo de sus conversaciones y movimientos con medios pagados con las arcas municipales, y la implicación también de los vigilantes de la zona azul «como herramientas del espionaje». El sindicato ha divulgado estas acusaciones en un comunicado encabezado por una advertencia, «Se abrió la veda», y una cita de la tercera Ley de Newton: «Cada acción tiene una reacción igual y opuesta». Toda una declaración de intenciones.

Los hechos denunciados por el SIPLA, y que se suman a una larga lista de denuncias sobre el deterioro del servicio, incluyen la grabación de las conversaciones particulares de los funcionarios y su vigilancia por GPS y por las cámaras del Centro de Control de Tráfico. Es decir, un «Gran Hermano» para averiguar cada paso que dan los agentes.

Además también se estaría empleando material adquirido con dinero público pero que debería de estar destinado para la prevención del delito. «Para este espionaje la Jefatura tiene a su disposición material sofisticado que fue adquirido por el Ayuntamiento con un desembolso considerable y para otros cometidos y que se está despilfarrando como herramienta de este juego infantil». La persecución denunciada por el sindicato llega a seguimientos en motocicleta particular o de camuflaje a compañeros y órdenes que, aseguran, llegan a generar hilaridad por su ridículo, como el obligar a un agente a denunciarse por pisar una raya continua mientras iba a prestar un servicio.

En lo que se refiere a los trabajadores de la ORA, según el SIPLA, se les obliga a llamar a la Jefatura para denunciar cada vehículo mal estacionado en la vía pública, y es la propia Jefatura quien da instrucciones de actuar prescindiendo de la valoración del agente sobre las circunstancias que rodean el caso. «No dudamos que eso engrosa las arcas, pero perjudica a la convivencia. El Gobierno de la nación acordó que los policías locales utilizaran las sanciones como último recurso, dada la crisis, pero aquí la opción de la Concejalía y de la Jefatura es claramente la contraria».

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ABC (25.11.10)

El sindicato de Policía responde con insultos al alcalde

«Sr. alcalde ¿es ud. una persona honorable?». Con estas palabras comienza la carta que el Sindicato Provincial de Policías Municipales de España (Sppme) dirigió ayer a Alfredo Sánchez Monteseirín en respuesta a las declaraciones de éste el día del patrón del Cuerpo de Sevilla, cuando dijo que «no tolerará que el gamberrismo desprestigie a la Policía Local» y que «el peso de la Ley» caerá sobre los protagonistas de los últimos altercados ocurridos el pasado viernes cuando se celebró el Pleno mensual.

La carta compara el discurso de Sánchez Monteseirín al de «los dictadores de todas las épocas» y censuró que «no ha tenido el menor pudor en tachar al 90% de sus policías locales de gamberros y de radicales, a los que manda directamente al juzgado… sin pasar por la mesa de negociación…», pues el presidente del Sppme, Manuel Bustelo, advirtió que el 98% de los policías están afiliados al sindicato y que el Ayuntamiento ha roto un acuerdo al que el sindicato había llegado con el delegado de Convivencia, Alfonso Mir. En el escrito, plagado de ofensas, se pregunta textualmente al primer edil si «¿y usted alcalde, puede afirmar de sí mismo que es una persona honorable?», mientras más adelante le acusan de «utilizar el salario de 1.200 personas para intentar lograr sus fines: seguir engañando a la ciudadanía haciendo ver que esta plantilla puede cubrir las necesidades de Sevilla, asaltar nuestro presupuesto para desviarlo hacia sus proyectos de cateto megalómano». También el Sppme acusa al alcalde de «desacreditar a nuestro cuerpo con la pérdida del teléfono de atención 092, poner en peligro nuestras vidas y las de los sevillanos con unas transmisiones que no funcionan porque se ha comportado con la empresa responsable igual que con sus policías: engañándoles y no pagando lo que hay que pagar; en una estrategia de rata acorralada».

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A ello agregan que «usted y sus lacayos no dudan en atribuir hechos delictivos a sus policías locales, ciscándose en el derecho a la presunción de inocencia por el que sin embargo berrean, como ciervos en noche de septiembre, cuando es a los de su secta a quienes les pillan con las manos en el carrito de los helados».

Bustelo señaló a ABC que el alcalde está utilizando a la Policía local como ariete contra su propio partido y en la carta le dicen que «no tiene la menor idea de lo que es comportarse y vivir de manera honorable, porque una de las premisas fundamentales de quienes abrazan su secta del capullo y quieren medrar en ella, es viajar con la conciencia ligera de equipaje, sin lastres como el honor, la verdad, la justicia, la fidelidad a la palabra dada, la caballerosidad… conceptos que por alejados de Ud. y de su esfera "ética" le parecerán sumamente abstractos, por no decir ya a esa corte vergonzante de personajillos que tapan con el puño y el capullo el yugo y las flechas de su desteñida camisa azul, sindicalistas del patio de Monipodio, reyes magos que todo lo que tenga valor ¡plis plas! lo hacen desaparecer, comunistas de bandera colorá con la cigala y la nécora en lugar de hoz y martillo…».

El portavoz del sindicato contó que más de la mitad de los agentes que fueron condecorados el Día del Patrón no acudieron al acto porque lo presidía el alcalde y que uno de los condecorados por llevar 35 años de servicio se negó a recoger la distinción de manos de Alfredo Sánchez Monteseirín. Por último, la carta del Sindicato de Policías expresa el deseo «ferviente de que el peso de la Ley caiga con toda severidad sobre los autores o instigadores de los graves hechos acontecidos recientemente en torno al Ayuntamiento».

Por otro lado, Manuel Bustelo aprovechó para rectificar sobre las declaraciones donde describía como «delincuente» a un concejal que fue condecorado por el alcalde. «Debo manifestar que mis palabras no fueron las más apropiadas a la hora de describir el hecho de que se hubiera mandado destruir un alijo de plantas de marihuana. Es evidente que el hecho no llegó al Juzgado y por lo tanto, no hubo ningún tipo de condena».

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EL CORREO (25.11.10)

El litigio por traslados de policías de Bilbao continúa en el Tribunal Superior

Los jueces aún no han dicho la última palabra sobre los cambios de destino de policías municipales de Bilbao, un asunto polémico que en el último año se ha traducido en nueve sentencias desfavorables para el Ayuntamiento. Aunque los casos de 2009 que estaban pendientes en los juzgados ya han sido resueltos, hay otros pleitos anteriores que han pasado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y continúan a la espera de sentencia. Al menos cinco agentes, según los datos recabados por este periódico, se encuentran en esta situación.

Se trata de policías que en su día fueron a los tribunales para denunciar su cambio de destino. El juez no les dio la razón en primera instancia porque hizo prevalecer el derecho de las autoridades municipales a organizar los recursos humanos según su criterio, y ellos recurrieron al Tribunal Superior. Si las sentencias que están pendientes cambiaran de signo y respaldaran a los agentes el impacto económico sería considerable, ya que habría que abonarles el salario que han dejado de percibir durante todo este tiempo más los intereses. Algunos traslados se remontan a enero de 2007. Según informan fuentes sindicales, en algún caso incluso un mismo policía se ha visto implicado en dos procesos judiciales por cambios sucesivos.

En los últimos años se han dictado sentencias dispares sobre este asunto.

Frente a las basadas en la potestad organizativa del Ayuntamiento, las nueve resoluciones emitidas desde finales de 2009 se han puesto del lado de los agentes. Dejan claro que la motivación del traslado debe explicarse de forma personalizada para evitar incurrir en la «arbitrariedad», en posibles premios o castigos. La más reciente impone las costas al Consistorio por «temeridad», ya que tras varios casos «idénticos» el pleito «se podía haber evitado».

Ocho de estas sentencias son de juzgados de primera instancia y una lleva la firma del Tribunal Superior. Esta última suspendió un cambio decretado en 2002 y obligó a pagar al afectado 56.828 euros. Los casos que se denuncian suelen ser de escoltas o agentes de unidades especiales, con mayor remuneración que los patrulleros y otros efectivos. La diferencia ronda, según fuentes sindicales, los 4.000 euros al año, bastante más en el caso de los escoltas.

Además del aspecto económico, los policías consultados ponen el acento en el factor humano. Los cambios imprevistos, después de largo tiempo en una misma unidad, les descolocan en su trabajo y «anímicamente te van mermando», dicen. «Te preguntas '¿qué he hecho mal?'». Las decisiones suelen adoptarse en enero, «pero la rumorología empieza en noviembre. Lo pasas mal ante los compañeros y ante la familia».

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LAS PROVINCIAS (25.11.10)

El Sindicato de Policías de Petrer expondrá sus peticiones en el Pleno

Algunos representantes del Sindicato de Policías (SPPLB) irán al pleno que se celebra esta tarde en el Ayuntamiento de Petrer para exigir que cesen las presiones para aumentar las multas. De forma pacífica, acudirán al Consistorio y se quedarán hasta el turno de ruegos y preguntas, donde «probablemente intervengamos realizando algún ruego», según informaron ayer fuentes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos.

El edil de Gobernación del Ayuntamiento de Petrer, Óscar Payá, respondió a las acusaciones del Sindicato negando «rotundamente» que existan presiones para que los agentes pongan más multas. Payá señaló que «no existe ningún seguimiento personal de los agentes y prueba de ellos es que no se ha abierto ningún expediente disciplinario por no cumplir esas supuestas órdenes».

El edil aseguró que «es Suma quien en sus informes detalla el número de multas que ha impuesto cada agente a efectos administrativos». Además facilitó la recaudación por infracciones de los últimos años.

Así en 2008, el Ayuntamiento recaudó en multas 364.000 euros, en 2009 145.000 euros, y en 2010 88.500 euros. Óscar Payá añadió que «viendo los datos se comprueba como el descenso de recaudación por multas al año ha ido decreciendo considerablemente. Si estuviéramos presionando para que se multase más los datos económicos serían al revés».

El concejal de Seguridad lamentó las «falsas acusaciones» y explicó que pueden deberse a «a intereses partidistas». Así, precisó que «creo en la profesionalidad de los agentes para hacer cumplir sus competencias en materia de tráfico y seguridad vial».

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DIARIO DE LA SIERRA (24.11.10)

El colectivo de policías locales envía una carta abierta a los vecinos de Galapagar

Ante lo que ha denominado “la bochornosa campaña de descrédito que el Ayuntamiento de Galapagar hace contra su propia Policía Local”, el colectivo de Policías ha querido dirigirse directamente a los vecinos de Galapagar para aclarar algunas declaraciones -según aseguran- “a todas luces falsas que provienen del actual equipo de gobierno Municipal dirigido por Daniel Pérez”.

“Estamos perplejos ante las declaraciones que leemos en los medios de comunicación. Se falsifica los datos de las nóminas y se nos quiere meter en una guerra sobre salarios,” manifiestan desde el colectivo de agentes. “En ningún caso hemos exigido un aumento de sueldo, ni pagas extras, ni nada por el estilo,” recalcan.

Los agentes de Policía de Galapagar se encuentran actualmente sin convenio colectivo. “Es como si a mitad de un partido de futbol alguien dice que ya no hay reglas, solo las que el Ayuntamiento quiera aplicar”. “No tener un convenio significa que no sabemos cuales son nuestras condiciones de trabajo, como regulamos los turnos, etc,” recuerda el portavoz de los agentes.

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LA VOZ DE GALICIA (24.11.10)

Reboredo recuerda que la Policía Local funcionaba hace años con menos agentes y más bajas

El portavoz de los dos ediles no adscritos en el Concello de A Estrada, Reboredo Baños, entró ayer en la reciente polémica abierta en torno al funcionamiento del cuerpo de la Policía Local. Quiso volver a los tiempos en que él mismo era responsable de los agentes e incluso a los anteriores con Campos de alcalde y jefe máximo de los mismos policías.

«No hace demasiados años -dijo- en la plantilla eran trece o catorce, existía alguna plaza sin cubrir y además se producían bajas de forma continua. Pero la Policía Local funcionaba y se cubrían de una u otra forma los servicios. Ahora Dono solo se queja, dice que espera a contar con 17 agentes y reconoce que este cuerpo no está funcionando bien, y encima le echa la culpa a divisiones entre los policías cuando él es el máximo responsable del funcionamiento.

Quizá quiera justificar que se cubran otras dos plazas y seguir así con el incremento desmesurado de gastos corrientes, por personal y servicios, incremento que no van a dejar ni un euro para las inversiones reales».

Reboredo Baños recordó que, siendo él responsable del cuerpo, se juntaron al mismo tiempo cinco o seis bajas. «Ahora hay una o dos -dijo- y al alcalde se le ocurre decir que todo mejorará con dos agentes más».

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EL CORREO (23.11.10)

Interior modifica su estructura para “funcionar mejor”

El Gobierno vasco ha aprobado un cambio de estructura para el Departamento de Interior con el objetivo de compatibilizar la mejora de su funcionalidad con "la línea de austeridad y racionalización" de recursos públicos impulsada por el lehendakari, Patxi López.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este martes a la citada remodelación, que afecta a varias de las direcciones del Departamento. La Consejería de Interior aprobó en agosto de 2009 un decreto que recogía su nueva estructura orgánica. Ahora, el Ejecutivo ha aprobado una remodelación de dicha estructura dirigida a profundizar en la racionalización de las diferentes áreas del departamento, con el fin de "lograr una mayor eficiencia en la gestión de sus competencias".

Para mejorar la operatividad en las áreas dedicadas al soporte administrativo, la estructura aprobada suprime la Dirección de Recursos Técnicos e Infraestructuras y redistribuye sus funciones entre las direcciones de Gestión Económica y del Gabinete de la Viceconsejería de Seguridad. Estas pasan a denominarse Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras, y Dirección del Gabinete y Recursos Técnicos.

El Gobierno ha considerado que "la evaluación de la estructura de determinadas áreas aconseja un diseño más eficiente que agrupe servicios administrativos dispersos en dos direcciones". De esa forma, se suprime la Dirección de Procesos Electorales, atribuyéndose sus funciones a la Dirección de Juego y Espectáculos, cuya nueva denominación pasa a ser Dirección de Administración Electoral, Juego y Espectáculos.

Por otra parte, se ha considerado adecuado que la Dirección de Meteorología se integre en la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil. La nueva denominación será Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. La remodelación del área de la Viceconsejería de Interior se completa con la integración en su ámbito funcional de la Dirección de Tráfico.

Con ello se pretende lograr una mejor coordinación operativa de los servicios de información de tráfico con los de emergencias y meteorología, mejorando así la respuesta global de los recursos de urgencias.

Con el fin de lograr una mayor agilidad y eficacia operativa, se atribuye a la Dirección de Coordinación de Policías Locales la gestión de las subvenciones y actuaciones destinadas a la eliminación de pintadas y carteles de contenido ilegal, así como las funciones de gestión de la seguridad privada que hasta el momento ejercía la Dirección de la Ertzaintza. Esta estructura pasa a denominarse Dirección de Coordinación de Policías Locales y Seguridad Privada.

La estructura básica del Departamento de Interior se divide en cuatro bloques.

El primero, correspondiente al consejero, incluye las direcciones de Gabinete Boletín de Prensa COP (Año 2010)

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del propio Rodolfo Ares, de Relaciones Sociales con los Medios de Comunicación, Atención a las Víctimas del Terrorismo y Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. La Viceconsejería de Administración y Servicios cuenta con otras tres direcciones: Gestión Económica e Infraestructuras, Régimen Jurídico y Servicios, y Recursos Humanos.

La Viceconsejería de Interior se estructura en cuatro direcciones, en este caso de Atención de Emergencias y Meteorología, Administración Electoral, Juego y Espectáculos, y Tráfico. La Viceconsejería de Seguridad cuenta con una Dirección de Gabinete y Recursos Técnicos, una Dirección de la Ertzaintza y otra de Coordinación de Policías Locales y Seguridad

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EL PAÍS (23.11.10)

El PSOE pide una comisión de investigación por los policías detenidos

El PSOE pidió ayer la apertura de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid por la presunta trama de corrupción de cinco policías municipales que fueron detenidos en octubre. Los agentes supuestamente se dedicaban a cobrar dinero a dueños de locales de ocio en Tetuán a cambio de evitar inspecciones en sus establecimientos.

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Iglesias, señaló que "es necesario acabar con ciertos clientelismos con algunos locales de ocio" que pueden ser un "caldo de cultivo para determinadas corruptelas".

El edil de IU Ángel Lara criticó la política de la Concejalía de Seguridad de promocionar policías por el método de habilitación, con lo que a veces no se nombra a los mejores, sino a los "más dóciles".

El concejal responsable del área, Pedro Calvo, no dio ninguna información nueva amparándose en el secreto del sumario y volvió a defender el comportamiento de los 7.000 agentes de la plantilla.

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LAS PROVINCIAS (23.11.10)

La Policía Local de Petrer denuncia presiones para aumentar las multas

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Petrer y la Policía Local se complican cada vez más. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) asegura que desde el equipo de gobierno se «presiona» para que «incrementemos las multas».

El sindicato realiza esta denuncia después de que desde los mandos superiores se haya ordenado el traspaso de agentes que pertenecían a la sección de Seguridad Ciudadana a la sección de Tráfico.

En junio había ocho motoristas para controlar el tráfico y en apenas cuatro meses han pasado a ser doce. Según apuntan fuentes del sindicato en Petrer, «se mide la producción policial según las multas que pone cada agente, no según como atendemos las demandas de los ciudadanos».

Así, aseguran que «el equipo de gobierno cifra para sus presupuestos anuales una cantidad determinada en multas y si no llegas a esa cantidad preguntan que qué ocurre». El sindicato explica que, por ejemplo, con un coche mal aparcado la situación se arregla dialogando con la persona y no es necesario poner sanción.

Además denuncian la falta de efectivos que provoca que algunas noches sólo haya una patrulla. Ocurre algo parecido cuando hay bajas por enfermedad: «Muchas veces no se cubren los turnos», aseguran. También cuando hay eventos extraordinarios, como pruebas deportivas, «se cubre con el servicio ordinario y si un ciudadano llama para que atendamos su demanda tenemos que delegar en la Policía Nacional porque no tenemos más efectivos».

Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos aseguran que «esto merma la calidad del servicio porque nuestra respuesta es inmediata y si acude la Policía Nacional tarda más». Además, dicen que dentro de los pocos medios que tienen, «nos gusta que nuestro trabajo se vea, que salga la función preventiva que desempeñamos».

El sindicato explica que la Policía Local «es un servicio público, tenemos una función atribuida por ley en materia de seguridad ciudadana y la sección que se Boletín de Prensa COP (Año 2010)

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ocupa de los habitantes de Petrer se ha visto mermada. No cubren las vacantes y los agentes tienen que trabajar más noches».

Desde que entró el actual equipo de gobierno, hace tres años y medio, el Sindicato asegura que «no han creado ni una sola plaza de policía. Se han nutrido de las cinco vacantes que creó el antiguo equipo y eso que ha habido bajas por jubilaciones o por movilidad de agentes».

El sindicato dice que «estamos en un 'rifi-rafe' de imposiciones y no de negaciones, esto es un ordeno y mando, y no escuchan ni atienden a las reivindicaciones de los trabajadores».

Aseguran que su intención es negociar con el equipo de gobierno: «Queremos que nos reciban y se sienten a escuchar y a buscar soluciones».

Hasta entonces, los representantes sindicales acudirán al pleno cada mes. En octubre ya lo hicieron y el próximo jueves también piensan ir al Ayuntamiento con camisetas para exponer sus reivindicaciones.

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PORTAL ‘EXTREMADURA AL DÍA’ (22.11.10)

El PSOE de Badajoz cree que aumentar las nóminas de los policías locales no mejorará el servicio en la ciudad

El PSOE de Badajoz ha señalado que aumentar las nóminas de los policías locales de la ciudad, "entre 350 y 400 euros brutos, está bien, pero no servirá para mejorar el servicio en la ciudad".

Los socialistas se muestran de acuerdo con el hecho de que los agentes recuperen el complemento específico o el cobro de productividad ligado al absentismo, pero a pesar de ser "legítimo y justo", de esta manera "el mayor problema quedaría sin resolver", apuntan.

A juicio del PSOE de Badajoz, hay que "realizar un mejor servicio a la ciudad con más medios y con un mayor número de agentes", sin embargo, ha añadido, el equipo de gobierno, del PP, "quiere atajar las movilizaciones" de los policías locales "con un parche directo a las nóminas de los agentes".

"El PP no quiere que nadie salga a la calle en vísperas de elecciones pues le produce pavor, aunque eso suponga tirar por los suelos el posicionamiento que ha mantenido durante años de manera férrea y sin escuchar a nadie", ha subrayado el PSOE de la ciudad.

Asimismo, los socialistas han explicado que el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, ha manifestado que "no hay dinero para incrementar la plantilla de policías locales de la ciudad, a pesar del ratio tan patético que tiene", pero, según apunta el PSOE de la capital pacense en nota de prensa, "resulta que ahora sí que hay dinero para devolver a los policías locales unos derechos que debieran ser implícitos y que nunca tuvieron que perder".

Finalmente, el PSOE de la ciudad ha destacado que "no es la primera vez que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz pone en marcha artimañas para paralizar las manifestaciones de diversos colectivos" como, según señalan los socialistas, "lo hizo con los vendedores del mercadillo, con colectivos sociales de diversas zonas de la ciudad o la Plataforma 0,7".

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