Proceso - 02 Agosto 2020 by Nico Bellic

ÍNDICE / NO. 2283 • 2 DE AGOSTO DE 2020 33

Empresarios de Jalisco y Nuevo León, en la estrategia Antiamlo /Claudia Villegas

PRESIDENCIA

REPORTAJE GRÁFICO Las dos caras del avión presidencial /Arturo Rodríguez García

CORONAVIRUS

SOCIEDAD 100% expuestos /Sara Pantoja

ESTADOS Foto de portada: Raymundo Ruiz

/ Procesofoto

CORRUPCIÓN

6 13

Las 22 casas que César Duarte oculta en Estados Unidos /J. Jesús Esquivel ... Y en Chihuahua se le acumulan las denuncias /Patricia Mayorga

Puebla, un año de pleitos y dislates /Gabriela Hernández

ANÁLISIS

46 “Presidencialismo performativo” /Denise Dresser

JUSTICIA

Lozoya: ¿Conveniente olvido de Fertinal? /Ernesto Villanueva

El testigo hidalguense que busca ser invisible /Juan Omar Fierro

Aduanas y puertos: nueva fase militar /Erubiel Tirado

Un “show” y un gran ganador /Patricia Dávila y Juan Omar Fierro

El aborto vuelve a escena /Marta Lamas

La misión (casi) imposible de Ancira en España /Alejandro Gutiérrez

Fertinal quedó fuera del radar /Mathieu Tourliere

POLÍTICA

Frena y su estrategia: extinguir a la 4T /Arturo Rodríguez García

CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Salvador Corro Ortiz, Estela Franco Arroyo, José Palomec, Rafael Rodríguez Castañeda, María Scherer Ibarra

INTERNACIONAL

52 55

ESTADOS UNIDOS Black Lives Matter, antes y después del asesinato de Floyd /Diego Courchay

COLOMBIA Una “venganza genocida” /Rafael Croda

REPORTEROS: Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, Juan Omar Fierro, Sara Pantoja, Arturo Rodríguez, Mathieu Tourliere, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara. CORRESPONSALES: Baja California, Jesusa Cervantes; Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Gloria Reza, Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández; Veracruz, Noé Zavaleta INTERNACIONAL: Hugo Martínez, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel

semanario de información y análisis DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García † SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero † DIRECTOR: Jorge Carrasco Araizaga SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera JEFE DE INFORMACIÓN: José Gil Olmos EDITOR EN JEFE : Homero Campa Butrón ASISTENTE: Flor Hernández ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN EDITORIAL: Cecilia Rivera, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Jaime Contreras, Tomás Domínguez, Hugo Martínez

CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Columba Vértiz de la Fuente, reporteras; Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco , Alberto Paredes, Raquel Tibol , Florence Toussaint; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda, Alejandro Saldívar; asistente, Aurora Trejo; auxiliares, Violeta Melo, Raúl Pérez ANÁLISIS: John M. Ackerman, Agustín Basave, Ariel Dorfman, Denise Dresser, Marta Lamas, Fabrizio Mejía Madrid, Olga Pellicer, Ricardo Raphael, Javier Sicilia, Ernesto Villanueva; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo , Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Vicente Anaya, Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro

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LIBROS

ENSAYO

58 La ofensiva contra el binomio cultura-alimentación (Primera de dos partes) /Jorge Sánchez Cordero

CULTURA

Proyecto Chapultepec: En lugar de despojo, un gran debate /Judith Amador Tello

ESPECTÁCULOS

PÁGINAS DE CRÍTICA

ARTE OTRAFERIA mx /Blanca González Rosas TEATRO Teatro Nacional de Grecia /Estela Leñero Franco

El esclavismo en “Mongo blanco”, novela de Carlos Bardem

El CCC en 45 años, metáfora de la resistencia /Columba Vértiz de la Fuente

DEPORTES

La historia de un renacido /Beatriz Pereyra

Ante omisiones de la Conade, la SEP le hace la tarea /Raúl Ochoa

80 82

PALABRA DE LECTOR

CINE Cine de pandemia /Javier Betancourt TELEVISIÓN “5 por Cinco” /Florence Toussaint LIBROS Uso del cuarto poder /Jorge Munguía Espitia

MONO SAPIENS /Talentos escondidos /Helguera y Hernández

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1709 / 2 de agosto de 2009

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3240 Manny Aguilera Drive

1517 Desierto Rico Avenue

Las 22 casas que

César Duarte oculta en Estados Unidos 3516 Tierra Lisa Dr.

J. JESÚS ESQUIVEL

ASHINGTON. - Mediante familiares, operadores financieros y prestanombres, el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez oculta en Estados Unidos 22 propiedades que no han sido detectadas por la fiscalía de Chihuahua. Se trata de casas ubicadas en exclusivas zonas residenciales, la gran mayoría en El Paso, Texas, y algunas en Nuevo México, cuyo valor aproximado suma 6 millones de dólares. De ellas, 21 fueron adquiridas durante el mandato de Duarte en Chihuahua. En algunos de esos inmuebles “la familia de Duarte Jáquez oculta dinero (dólares en efectivo), obras de arte, óleos y jarrones de Mata Ortiz que son del gobierno de Chihuahua”, revela un investigador privado que entregó a Proceso la lista de dichas propiedades y cuyo registro de la propiedad fue revisado por el corresponsal. Afirma que de las 22 propiedades sólo una está en el radar de la administración de Javier Corral, quien reemplazó a Duarte en el gobierno de la entidad. “La fiscalía de Chihuahua tiene información equivocada sobre las propiedades. Los operado-

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César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, utilizó a familiares, operadores y prestanombres para adquirir 22 inmuebles en Texas y Nuevo México con un valor aproximado de 6 millones de dólares, revela un investigador privado estadunidense que entregó a Proceso la lista de casas y mansiones presuntamente adquiridas con recursos del erario de la entidad; en algunas de ellas la familia del exmandatario priista guardaría dinero, joyas y obras de arte propiedad del gobierno chihuahuense. res del exgobernador y él mismo manejan una estrategia muy efectiva para ocultarlas”, explica. El investigador privado dice que fue contratado por “partes interesadas” en la lucha contra la corrupción del caso Duarte Jáquez –quien enfrenta un proceso de extradición de Estados Unidos, acusado de saquear unos 3 mil 500 millones de pesos del erario de Chihuahua– y su contrato lo obliga a la absoluta confidencialidad, además de que quiere evitar represalias por parte de la familia del exgobernador.

“La fiscalía del estado de Chihuahua ignoró varios mensajes que le enviaron las personas que me contrataron y se equivoca al señalar algunas propiedades que le achacan al exgobernador. Las que comparto (con Proceso) las pueden investigar y corroborar. Es muy fácil”, comenta. Capturado por las autoridades federales estadunidenses el pasado 8 de julio en Miami, Duarte Jáquez es acusado por la fiscalía de Chihuahua de por lo menos 11 delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y peculado.

C O RR J UUSPTCIC I ÓN IA 2933 Arizona Place

6463 Snowheights Court

“A las propiedades que no ha identificado Corral y que erróneamente sigue señalando inmuebles que no pertenecen al acusado, se añaden operaciones de millones de dólares en el estado de Quintana Roo que le maneja una de sus operadoras”, afirma el investigador.

Socios, familiares, amigos De acuerdo con la documentación proporcionada a este semanario, la red de corrupción en Estados Unidos de Duarte Jáquez está integrada por sus familiares inmediatos, operadores financieros y prestanombres. Destacan su esposa Bertha Olga Gómez Fong, sus hijos César Adrián y Olga; su nuera Miriam Corral Vega, sus hermanos Alejandro, Mario, Carmen y Lourdes; así como operadores y prestanombres, como Elizabeth Vega Trujillo, Raúl Fernández Moreno y Everardo Medina. La fuente confidencial estadunidense enfatiza que “todas” las propiedades en Texas y Nuevo México, “se adquirieron con dinero en efectivo”. Afirma que “varios de esos inmuebles fueron puestos en venta días después de la captura del exgobernador”. Varios familiares inmediatos del exmandatario estatal, incluyendo a su espo-

14288 Tierra Yamila

7741 Oak Landing Drive

sa, tienen orden de aprehensión por parte del gobierno de Chihuahua. “En Quintana Roo, donde también dediqué varios meses de investigación, localicé a la señora Elizabeth Vega Trujillo, mamá de la esposa del hijo del exgobernador, quien es una operadora de varios millones de dólares en propiedades”, sostiene la fuente. Refiere que la suegra de César Adrián es agente de bienes raíces afiliada a la fir-

ma Remax en la Riviera Maya: “Ella le maneja varios negocios, como la Inmobiliaria y Pavimentos de Chetumal, así como la venta y renta de propiedades”. Inmobiliaria y Pavimentos de Chetumal S.A. de C.V., es una sociedad mercantil mobiliaria fundada en 2013, localizada en Boulevard Luis Donaldo Colosio, MZA 2, planta alta, Lote 6, Alfredo Bonfil, Benito Juárez, Quintana Roo. Coincidentemente, la oficina de Vega Trujillo tiene registrada

Los Duarte. Riqueza inmobiliaria

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su razón social en el Boulevard Luis Donaldo Colosio 1, en Cancún. “Vega Trujillo se fue de Torreón a Playa del Carmen cuando Duarte Jáquez era gobernador. Le mueve millones de dólares en negocios de bienes raíces y cuentas bancarias. Su hija Miriam viaja muy seguido de El Paso a Cancún para supervisar el negocio”, afirma la fuente. El investigador privado rechazó compartir los documentos con las pruebas que dice poseer sobre las operaciones que hace Vega Trujillo a nombre Duarte Jáquez. “Que haga su trabajo la fiscalía”, argumenta. Y revela: “En 2013, aproximadamente, el exgobernador mandó a su hijo César Adrián a vivir a Cancún. El objetivo: desarrollar un proyecto de inversión inmobiliaria de varios millones de dólares en asociación con su amigo, el entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. “Los dos exgobernadores priistas, con la intermediación de César Adrián, iniciaron el desarrollo del complejo de departamentos de lujo: Ynfinity, localizado frente al malecón de Tajamar de Cancún”, dice. En diciembre de 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el proyecto Ynfinity por irregularidades en la construcción de una torre de departamentos de 22 pisos; cada departamento costaría unos 6 millones de pesos. “El inmueble sigue en obra negra. Se encuentra a medio kilómetro del lagunar Nichupté, cuya flora y fauna sería dañada por Ynfinity. Después de este fracaso César Adrián regresó a Chihuahua para luego ir a vivir a El Paso”, donde creó la empresa Miko Cars, la cual cuenta con dos lotes de venta de autos.

Operadores y prestanombres De acuerdo con el investigador privado hay “una figura crucial” en la maraña de bienes raíces en Estados Unidos que presuntamente son del exgobernador:

César Adrián. De Cancún a El Paso

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se llama Raúl Fernández Moreno, a cuyo nombre aparecen nueve propiedades. –¿Quién es el señor Fernández Moreno? –se le inquiere. –Un tipo que no trabaja y tiene todas esas propiedades –responde entre risas. Relata: “Es hijo de la exalcaldesa priista de Balleza, Chihuahua, Silvia Moreno, y del excandidato del PRI a la presidencia municipal de ese municipio, Raúl Fernández. Su padre fue ejecutado a tiros en un pueblo de ese municipio en 1998, cuando era candidato, y a su madre la mataron de la misma forma en mayo de 2011 junto con dos personas cuando asistían, en un templo de los Testigos de Jehová, al funeral de un hombre ejecutado en Parral”. –¿Sabe quiénes mataron a los padres de Fernández Moreno? –Eso no lo sé. Se lo achacan al narcotráfico. Pero hay otro dato: al hermano mayor de Raúl Fernández Moreno, Edwin, también lo mataron a balazos en 2010 y de eso se aprovechó Duarte Jáquez. –¿En qué forma? –Al enterarse del asesinato de la alcaldesa Silvia Moreno, urdió un plan con su hermano Mario para empezar a saquear al estado invirtiendo el dinero robado en Estados Unidos a nombre de otras personas. El investigador dice que pocos días después del asesinato de la alcaldesa, el exgobernador envió a su hermano Mario a buscar a Fernández Moreno. “Raúl era un joven de 23 años. Estaba espantado. Mario Duarte Jáquez, quien llegó en un helicóptero del gobierno del estado, le dijo que su vida corría peligro porque estaba identificado como blanco en la lista de unos sicarios del narcotráfico y que el gobernador lo quería salvar. “Lo llevaron a Chihuahua y de ahí a El Paso, donde ahora vive como inmigrante indocumentado: no trabaja y, junto con su esposa, Yadira Carbajal, es dueño de nueve propiedades. Comprobé que inmediatamente después de llegar a Texas, Mario le dio dinero e instrucciones para com-

prar casas con dólares en efectivo que debía poner en un principio a su nombre.” –¿En un principio? –se le cuestiona. –Sí, porque poco después de adquirir las casas y conforme al plan, Fernández Moreno, por medio de documentos falsos de compraventa, traspasó las residencias y títulos como propietarios a la esposa, los hijos, las hermanas y hermanos del exgobernador. Las nueve que todavía están a su nombre se compraron con dinero del erario. Sostiene que también se adquirieron con recursos públicos propiedades que actualmente poseen personas que fueron cercanas a Duarte. Enlista: Eduardo Navarro; Elsa L. M. Sáenz, Hugo Amparán, Janet Rojas, Yadira Carbajal, Raúl Fernández Moreno, Everardo Medina y la ya mencionada Elizabeth Vega Trujillo. Hay más: “Mario Duarte Jáquez obligó a Fernández Moreno a firmar un documento notariado que lo incrimina judicialmente y por ello puede ir a la cárcel. En dicho documento se comprometió a ceder las propiedades cuando ellos se lo exigieran. Hace dos años aproximadamente Raúl se dio cuenta de la trampa y se peleó con César y Mario, pero sigue con las casas que valen entre 230 mil y 400 mil dólares cada una”. Otro personaje clave en esta trama es Everardo Medina, calificado por el investigador como “el operador financiero más astuto” del exmandatario chihuahuense. Fue subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración del priista. “Medina siempre se manejó con un perfil muy bajo porque él era el canal más importante para lavar, sacar y esconder el dinero que robaba Duarte al gobierno del estado”, enfatiza el investigador. El reportero le solicita un ejemplo del saqueo del exgobernador por medio de Medina –prófugo de la justicia, quien también vive en El Paso– y de inmediato lo expone: “Hugo Amparán es arquitecto. Conoció desde su niñez a Medina y era como el dedo chiquito de éste cuando fue subsecretario. Hace unos años usaron el dinero que les dio el exgobernador para comprar un hotel histórico en Parral: La Mina de Parral, se llamaba. Demolieron el inmueble y construyeron el Best Western Plus, un hotel boutique del que son socios. Esa propiedad debería pertenecer al gobierno de Chihuahua”, expone el entrevistado. Y comparte otra de las conclusiones de su investigación sobre la red de complicidades de Duarte Jáquez en El Paso: “Carmen, la hermana del exgobernador, esconde bastante dinero en efectivo y varias obras de arte en dos casas: en la 6463 Snowheights Court, y en la del 737 Spring Crest Drive… En cada una de las dos residencias hay una habitación especial donde la señora guarda celosamente pinturas

C ORJU R USPTCIC IÓIA N

Las propiedades y sus testaferros Lista de direcciones de bienes inmuebles y negocios presuntamente adquiridos por César Duarte y sus familiares de manera directa o mediante terceras personas. Carmen Duarte Jáquez, hermana y su esposo, Jorge F. Ganem

Bertha Gómez Fong, esposa Casa en el 343 de Crimson Cloud Lane, El Paso, Texas.

Mansión en el 737 de Spring Crest Drive, El Paso, Texas.

César Adrián Duarte, hijo, y su esposa, Miriam Corral Vega

Raúl Fernández Moreno o Raúl F. Moreno y/o su esposa, Yadira Carbajal

Casa en el 7285 Cactus Spine Lane, en El Paso, Texas. Terreno y local comercial de la empresa Miko Cars en el número 301 de Yandell Drive, El Paso, Texas. Terreno y local comercial de empresa Miko Cars en el número 6930 de Doniphan Drive, Canutillo, Texas

(presuntos prestanombres) 12851 Veta Rica Avenue, El Paso, Texas. 3841 Tierra Roca Place, El Paso, Texas. 12426 Delta Point Court, El Paso, Texas. 14288 Tierra Yamila Lane, El Paso, Texas. 3516 Tierra Lisa Way, El Paso, Texas. 7741 Oak Landing Drive, El Paso, Texas. 6474 Snowheights Court, El Paso, Texas. 3240 Manny Aguilera Drive, El Paso, Texas. 5876 Alandalus Drive, El Paso, Texas.

Lourdes Duarte Jáquez, hermana, Residencia en el 2933, de Arizona Place, Albuquerque, Nuevo México

Everardo Medina, (presunto operador financiero) Residencia en el 6463 de Snowheights Court, El Paso, Texas.

Olga Duarte Gómez, hija Casa en el 263 Everest Drive, El Paso, Texas.

Hugo Amparán y su esposa, Janet Rojas (supuestos operadores financieros)

Alejandro Duarte Jáquez, hermano

Residencia en el 1517 de Desierto Rico Avenue, El Paso, Texas. Residencia en el 7405 de Meadow Sage Drive, El Paso, Texas.

Mansión en el 10608 de Snow Heights Boulevard, Albuquerque, Nuevo México.

Everardo Navarro y Elsa L. M. Sáenz

Mario Duarte Jáquez, hermano y su esposa, Adriana Armendáriz Chaparro

(supuestos prestanombres) Casa en el 16 Sun Point Lane, El Paso, Texas.

Casa en el 6928 de Diamond Ridge, El Paso, Texas.

y los jarrones de Mata Ortiz que su hermano sacó del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y hay cajas fuertes con dinero”. Respecto de los dos lotes de autos Miko Cars, el investigador estima que el primogénito César Adrián tiene invertidos, en los automóviles que vende, de 2 a 3 millones de dólares, sobre todo en el de Canutillo, Texas, donde ofrece vehículos de lujo. En la página de Facebook de Miko

Cars hay un video en el que aparece César Adrián haciendo publicidad: “Nosotros trabajamos con cualquier tipo de crédito y cualquier tipo de ingreso”, dice. Se le ve vestido con una camiseta negra y una gorra con el emblema de la compañía que, sostiene la fuente, se fundó con dinero el erario. “Tener un mal crédito no es un impedimento para obtener el carro de tus sueños, a todos nos ha pasado; por alguna

u otra razón nuestro crédito puede estar malo o tener detalles, aquí no te preocupes”, alienta César Adrián en el video. Los hijos de Duarte son ciudadanos de Estados Unidos. Por medio de su hija Bertha, quien vive en Florida, el exgobernador solicitó la residencia permanente en este país. El proceso fue anulado por el Departamento de Seguridad Interior, al tratarse de un fugitivo de la justicia internacional. O

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... y en Chihuahua

se le acumulan las denuncias Ya se tenían noticias de los manejos corruptos del erario chihuahuense por el priista César Duarte cuando aún era gobernador y se confirmaron cuando el panista Javier Corral asumió el poder. Pero ahora, con al menos un centenar de investigaciones abiertas, la Unidad de Inteligencia Financiera federal y las autoridades de la entidad están revelando la verdadera dimensión del saqueo perpetrado por ese personaje.

PATRICIA MAYORGA

HIHUAHUA, CHIH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, la Secretaría de la Función Pública estatal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tienen por lo menos 100 investigaciones pendientes contra las redes de corrupción y protección creadas por el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez. Las investigaciones incluyen a su esposa, hijo e hijas y otros familiares, a paisanos, políticos de diferentes partidos, un obispo, notarios, medios de comunicación, empresarios y exfuncionarios de los gobiernos de Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo, Nayarit, Ciudad de México y Estado de México. Hasta ahora han sido procesados 39 exfuncionarios y empresarios cercanos a Duarte, de los cuales 16 recibieron sentencias condenatorias. Después de casi tres años de permanecer prófugo, Duarte fue capturado el pasado 8 de julio en Miami, donde se encuentra preso.

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Su captura desató una serie de amparos de sus familiares. Una vez que lo detuvieron, la FGE dio a conocer que ubicó al menos otras 50 propiedades de Duarte, de su familia y de prestanombres en Texas, Florida y Nuevo México. Según la información de la FGE y de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, las carpetas de investigación que tienen órdenes de aprehensión y procedimientos administrativos pendientes corresponden a las áreas de Obras Públicas, Desarrollo Rural, DIF, Pensiones Civiles, Secretaría de Economía, Junta Central de Agua y Saneamiento, Secretaría de Gobierno, Comunicación Social y la Secretaría de Salud, por un asunto de medicamentos, entre otros.

Saqueo desde el gobierno La titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, Mónica Vargas Ruiz, detalló que la mayor parte de las denuncias del sexenio pasado se elaboraron en esa dependencia desde octubre de 2016, cuando se inició la actual administración.

En las investigaciones ubicaron el modus operandi de varias dependencias, como las adjudicaciones directas irregulares, compras sin comprobación, otorgamiento indebido de subsidios, casos de conflicto de interés y cantidades millonarias desviadas a través de la Unión Ganadera Regional División del Norte y de la Financiera División del Norte. La representante legal de la Unión Ganadera, Guadalupe Medina Aragón, está detenida, así como Mayra Julieta Urbina, viuda de Carlos Hermosillo Arteaga, principal socio de Duarte en el organismo y en otros negocios, quien murió en un accidente en marzo de 2017, cuando ya estaban en marcha varias investigaciones contra él. También se emitieron órdenes de aprehensión para Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte; entre otras, una por el presunto desvío de 250 millones de pesos por conducto de Mayra Urbina, su colaboradora cercana en el DIF estatal. La Unión Ganadera División del Norte fue creada por Duarte desde que fue diputado; la Financiera en 2011, cuando ya era gobernador. El ahora exmandatario

Benjamín Flores

C ORJU R USPTCIC IÓIA N

Duarte Jáquez. Investigaciones pendientes

tuar investigaciones amplias con información financiera y fiscal, cuyos tiempos dependen de la Comisión Nacional Bancaria y de los bancos para que brinden la información, porque deben apegarse al Código de Procedimientos Penales y Código Penal del Estado.

cambio.gob.mx

era fundador, accionista, socio y presidente del consejo directivo. La SFP de la entidad presentó 82 denuncias penales derivadas de esa asociación. Dicha dependencia tiene 34 expedientes más con denuncias administrativas y penales. Con base en las indagaciones que hicieron en esa área, estima que se desviaron del erario de Chihuahua 2 mil 650 millones 985 mil pesos. Vargas Ruiz dio a conocer que se tienen 122 procedimientos administrativos contra 250 servidores públicos, de los cuales 73 procedimientos corresponden al Operativo Justicia para Chihuahua, es decir, de las investigaciones sobre la red de corrupción duartista, que abarca a 285 funcionarios de la administración pasada. Vargas agregó que aplicaron procedimientos disciplinarios dentro del Operativo Justicia para Chihuahua, y en cinco de ellos, que también pueden ser constitutivos de delitos, se implica a César Duarte. Por su parte, el fiscal estatal César Augusto Peniche Espejel observa, en entrevista telefónica, que desintegrar las redes de corrupción dentro de las dependencias es difícil y tardado, porque se deben efec-

La UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ya tiene en trámite otras carpetas de investigación que la Fiscalía de Chihuahua está apoyando, agregó. Una de las dependencias en las que desviaron cantidades importantes del erario son la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), así como las juntas municipales y rurales. Dos de los titulares de esa dependencia fueron operadores estratégicos de Duarte: el exdiputado Carlos Hermosillo y Raúl Javalera Leal, también familiar de Duarte. Javalera y Carlos Daniel Alonso, exdirector de la JCAS, fueron inhabilitados dos años para ejercer cargos públicos por cometer actos administrativos ilícitos: ordenaron una obra pública en la ciudad de Camargo sin licitación previa y adjudicaron el contrato sin cumplir con la legislación estatal. En entrevista con Proceso, el titular actual de la JCAS, Óscar Ibáñez, informa que la dependencia interpuso cuatro denuncias administrativas y ocho penales. Las que ya fueron sancionadas por la SFP fueron impugnadas y están en proceso de revisión. Ibáñez detalla que encontraron anomalías, desde cajeros que no entregaban el dinero hasta presuntos desvíos mayores, que se encuentran en denuncias penales, como la retención de sueldos a empleados de la Junta Municipal de Agua en Ciudad Juárez para entregar cuotas al PRI. Esos procesos están pendientes. Precisamente esa denuncia fue interpuesta desde el sexenio pasado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), e involucra a la exdiputada y dirigente municipal del PRI en Juárez, Mayra Chávez Jiménez, quien es ahora la encargada de vincula-

Vargas Ruiz. Operativo Justicia por Chihuahua

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Televisa

Urbina y Hermosillo Arteaga. Socios

ción del programa Jóvenes Construyendo Futuro del gobierno federal. En ese caso la Fepade también investigaba a la exdiputada federal y local, expresidenta del PRI estatal y operadora duartista Karina Velázquez Ramírez, a quien no se pudo procesar porque tenía fuero. Quienes presuntamente autorizaron los depósitos ilícitos son los extitulares de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Carlos Bernardo Silveyra Sayto y Antonio Andreu Rodríguez, también exdiputado local en el primer trienio de Duarte. Además, Duarte simuló la entrega de plantas tratadoras en Parral y Madera, pero no existe ninguna de ellas, agrega Ibánez, y confirma que a través de la JCAS se pagó a varios medios de comunicación e incluso algunos empresarios de ese rubro aseguraron que se les debía dinero: “Se asumían deudas sin contrato de por medio, no había producto revisable. Los proveedores se negaron a denunciar y en gran parte de los casos sólo se canceló el adeudo.”

La de Desarrollo Rural presuntamente fue utilizada para bajar recursos del programa social para repoblamiento de vaquillas importadas de Nueva Zelanda. El exgobernador utilizó a la Unión Ganadera Regional División del Norte para beneficiarse a sí mismo y, entre otros, a familiares del exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda en 2015. En Quintana Roo operó presuntamente su hijo César Adrián Duarte Gómez, con su empresa Inmobiliarios y Pavimentos de Chetumal, SA de CV, constituida en Cancún en 2013 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo. De acuerdo con el periódico Luces del Siglo, la torre Ynfinity Residences, cuya

Una extensa red Las dependencias señaladas por los desvíos del erario hacia otros estados que gobernaba el PRI entre 2010 y 2016 y hacia familiares de César Duarte son principalmente las secretarías de Desarrollo Rural, de Salud y de Obras Públicas, así como el DIF estatal.

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Congreso estatal. Cobertura legal

construcción en el malecón Tajamar de Cancún fue suspendida por irregularidades en 2017, fue adquirida por la accionista principal María Luisa Tagle Jiménez, beneficiada en el mandato de Duarte. Peniche dio a conocer que las transacciones en Quintana Roo son investigadas por la FGE. Otras empresas mencionadas por Luces del Siglo, relacionadas con Tagle Jiménez, son Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, SA de CV, de Eduardo Almeida Navarro, el principal beneficiario de farmacéuticas en el sexenio de César Duarte y compadre del actual gobernador, Javier Corral Jurado. Pedro Hernández Flores, cercano a la esposa de Duarte, Bertha Olga Gómez Fong, encabezó la Secretaría de Salud, de la que se desviaron cantidades millonarias y hubo mal uso de medicamentos. Existen indicios de que la Unión Ganadera Regional División del Norte transfería recursos a la empresa Pavimientos y Servicios de Parral, que tiene relación con Gómez Fong y con la compañía Finca Ingeniería Integral, SA de CV, propiedad de Javalera Leal, exdirector de la JCAS y exsecretario de Obras Públicas. Finca participó en la construcción de la plataforma y la pista del aeropuerto regional de Creel, Bocoyna, cuando Javalera era funcionario. Las dos hijas de Duarte, Bertha Isabel y Olga Sofía Duarte Gómez, están señaladas como directivas de la Ganadera El Saucito Balleza, SA de CV, que se dedicaba a la comercialización de ganado, explotación forestal y perforación de pozos. Sus padres también son socios. El hijo, César Adrián Duarte, obtuvo el título de concesión minera 244074 expedido por la Secretaría de Economía federal durante el sexenio de su papá, en 2015,

C ORJU R USPTCIC IÓIA N para explotarlo durante 50 años. La mina se llama El Saucito y está en el municipio de Balleza. El Saucito es también el nombre del principal rancho de Duarte, en Balleza, donde la nueva administración estatal localizó animales exóticos, joyas y obras de arte, entre otras evidencias de presunto desvío de recursos. Otros cercanos a Duarte que ocuparon puestos clave en dependencias señaladas por desvíos son: Enrique Antonio García Tarín (procesado), Sixto Duarte Jáquez (estaba a cargo de aeronaves del estado), Federico Duarte Fafutis (primo del exgobernador, involucrado en la Unión Ganadera Regional División del Norte y como accionista del Banco Unión Progreso), Alejandro Duarte Jáquez (hermano dedicado a empresas constructoras). Asimismo se investiga a Gerardo Villegas Madriles (sobrino del exmandatario, procesado como exfuncionario de Hacienda), Cresencio Duarte Jáquez, Everardo Medina (primo y exfuncionario encargado de obras cuestionadas por desvío de dinero, como la Ciudad Judicial y los hospitales de Oncología e Infantil de Ciudad Juárez, entre otros). Es también el caso de Sergio Medina Jurado (primo, procesado por peculado agravado); Horacio Medina Ibarra (sobrino y exdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, señalado por irregularidades por 27 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación). A su vez, la esposa de Duarte era accionista, junto con él, de Unión Progreso, la institución financiera que estaba a un paso de convertirse en banco con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y a la que el entonces gobernador “inyectó” más de 80 mil millones de pesos en un año, según datos obtenidos en 2015 a través del Sistema de Transparencia. En esa asociación financiera también estuvo involucrada Patricia Berjes, esposa del empresario Jaime Galván Guerrero. Éste es dueño de la empresa Prometeo Proyectos Ejecutivos, que durante 15 años recibió adjudicaciones directas a través del DIF estatal, según acusaciones de la administración actual de esa dependencia. Los diputados de las dos legislaturas que abarcó el gobierno de Duarte aprobaron reformas estratégicas, tanto hacendarias como de seguridad, igual que deudas y bursatilización que le permitieron al exgobernador operar con total impunidad. La mayoría de esas iniciativas fue impulsada desde la Consejería Jurídica, a cargo de Mario Trevizo Salazar, quien después fue nombrado secretario general. En la primera legislatura Duarte lo-

gró colocar a varios de sus alfiles en puestos clave. Impulsó como magistrados a los priistas Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez, ahora investigados en el Tribunal Superior del Estado y en la FGE. Ramírez fue detenido, pero un amparo federal lo regresó a su cargo. En la primera legislatura estuvo Alex Lebarón, quien posteriormente fue diputado federal y como delegado de la Conagua en Chihuahua está señalado por varias irregularidades en esta dependencia. Brenda Ríos, quien era diputada por

el PVEM, contrajo matrimonio con Lebarón cuando ambos eran legisladores y ella se cambió al PRI. Posteriormente fue nombrada delegada de la Semarnat, cuando su esposo era titular de la Conagua en la entidad. Además, exdiputados del PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano son parte de la nómina secreta localizada en una de las propiedades de Duarte Jáquez, por lo que se presume que intentó comprar su protección y la aprobación de sus iniciativas. O

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Eduardo Miranda

Tapia Vargas. Pieza clave en el caso Lozoya

El testigo hidalguense que busca ser JUAN OMAR FIERRO

uan Carlos Tapia Vargas es un empresario hidalguense y contratista de Pemex que va a jugar un papel crucial en el caso Odebrecht y en torno a la credibilidad del testigo Emilio Ricardo Lozoya Austin en el proceso penal que se avecina para investigar y sancionar el financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Socio mayoritario de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), Tapia Vargas niega su cercanía con el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, pero en su oficina tiene un retrato de él junto a las fotografías de los gobernadores hidalguenses de 1998 a la fecha. Y aun cuando dice que es apartidista, una lista de cientos de contratos firmados por su empresa con particulares y dependencias gubernamentales indica que su constructora obtuvo su primer contrato directo con Pemex en 2011 y que la mayoría de ellos le fueron entregados tras el triunfo de Peña Nieto en 2012. Hasta agosto de 2017 Citapia obtuvo licitaciones públicas y adjudicaciones directas con Pemex por un monto de 517 millones de pesos y 72 millones de dólares, cifras a las que se suman las

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invisible El empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, quien se adjudicó varios contratos con Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya la dirigía, vive tiempos de incertidumbre y busca deslindarse a toda costa de ese pasado. Es probable que conforme avance la investigación complementaria en el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, el nombre de Juan Carlos y su hermana Fabiola salgan a relucir. Si eso sucede, es factible también que las declaraciones sesgadas del imputado cobren otro giro.

J U S T IC I A

Imputaciones y deslindes Una llamada filtrada del caso OHL (y que se puede consultar en el portal YouTube), constructora de la que Citapia ha sido socia en al menos dos proyectos, revela que Tapia Vargas fue incluido junto a los grandes empresarios del sector energético del sexenio pasado. La llamada revela que Tapia Vargas, De Meneses y Alonso Ancira –actualmente detenido en España por los presuntos sobornos que le entregó a Lozoya en el caso Agronitrogenados– acudieron el 1 de septiembre de 2014 como invitados de Pemex al segundo informe de Enrique Peña Nieto. Esa conversación, divulgada en marzo de 2016, cuando todavía no eran públicos los sobornos en los expedientes de Odebrecht y Agronitrogenados, fue para compartir la agenda oficial del entonces presidente Peña Nieto.

La charla es entre un antiguo directivo de OHL México, Pablo Wallentin, y el entonces director general adjunto de Eventos Presidenciales, Ignacio Bobadilla Reyes. En el marco de la extradición de Lozoya a México, Proceso buscó al socio mayoritario de Citapia para solicitarle una entrevista sobre el tema. No obstante, debido a las reservas de su equipo legal, el encuentro no se concretó. Sin embargo el reportero logró un acercamiento fuera de grabadoras con la cabeza principal de Construcciones Industriales Tapia. Las fuentes lamentaron que la Secretaría de la Función Pública haya inhabilitado a la empresa hidalguense, lo que le impide participar en licitaciones públicas de Pemex; también comentaron que está en curso una impugnación para que un tribunal federal revoque esa sanción administrativa. Tapia Vargas busca deslindarse por completo del caso Odebrecht. Su equipo de prensa niega cualquier relación con los sobornos entregados por la constructora brasileña y minimiza la alianza comercial que ambas compañías tuvieron en las obras para remodelar la refinería Miguel Hidalgo en Tula. A pesar de sus múltiples aclaraciones a la prensa para dar cuenta de esta relación, el empresario no pudo evitar el entramado judicial y tuvo que declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 31 de enero de 2018, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Además, con las revelaciones periodísticas de los diarios Reforma y El País –que involucran a su hermana Fabiola Tapia Vargas, fallecida en mayo de 2014– en la trama de los sobornos entregados a Lozoya Austin, las explicaciones del empresario hidalguense se han quedado cortas. Reforma señala que en el tramo final del sexenio de Peña Nieto, el encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, intentó

cerrar el caso Odebrecht, dándole valor a la versión de que los presuntos sobornos recibidos por Lozoya entre 2012 y 2014 eran en realidad recursos provenientes de Fabiola Tapia. Según el diario, la maniobra que otorgaba a Lozoya una coartada para ser exculpado de cualquier imputación penal fue desechada en 2018 por el entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, quien no quiso avalar el carpetazo del caso Odebrecht.

Los dilemas de Tapia Vargas Fabiola Tapia era administradora de Citapia. El abogado Javier Coello intentó construir la versión de que los pagos por 10.5 millones de dólares que Odebrecht le entregó a Lozoya en las cuentas bancarias de las empresas Zecapan y Latin America Asia Holdings, eran una inversión de la hermana de Juan Carlos Tapia con el empresario alemán Willi Artur Gerhard Henze. A pesar de que se presentaron contratos de un convenio supuestamente firmado por Fabiola Tapia con Henze en 2012, al final Lozoya desconoció esta versión en la audiencia de la causa penal 261/2019, celebrada el pasado 29 de julio mediante la videoconferencia presidida por un juez de control del Reclusorio Norte. Durante la audiencia en que fue vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, Lozoya y su nueva defensa no refutaron a los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el pago de sobornos y la compra de una residencia de lujo en Ixtapa, por lo que quedaron asentados como hechos ciertos. Por el contrario, el exdirector de Pemex denunció presiones e intimidaciones desde el poder para ser “instrumento no doloso” de hechos delictivos, al tiem5to Elemento

obras en las que la constructora ha sido subcontratada. El empresario ha intentado ser discreto desde que su nombre apareció por primera vez en el caso Odebrecht, el 14 de agosto de 2017, cuando se dio a conocer el fragmento de una declaración judicial de Luis Alberto de Meneses Weyll ante la fiscalía de Brasil. De Meneses fungió como superintendente o director de Odebrecht en México y sus revelaciones señalan que la alianza de la empresa brasileña con Citapia se firmó por una recomendación de Lozoya Austin para “complementar” sus oportunidades de negocios en nuestro país. Su alianza como subcontratista de la constructora de Norberto Odebrecht le generó a Citapia dos contratos por 628 millones 262 mil pesos, según los datos reportados por la propia compañía. La asociación no llegó a buenos términos, por lo que ahora ambos consorcios sostienen un juicio ordinario mercantil radicado en el Juzgado Primero Civil de Tula por un adeudo que Citapia le reclama a Odebrecht por 36 millones de pesos, según el expediente 1566/2017, del que Proceso tiene copia. La demanda de Citapia contra el consorcio brasileño fue presentada en noviembre de 2017, cuatro meses después de que se revelara el nexo de la constructora de Tapia Vargas con Odebrecht y los sobornos entregados por la compañía brasileña a Lozoya Austin. Otra línea argumentativa que Citapia ha utilizado para justificar su alianza con Odebrecht es la cláusula sexta de Desarrollo Regional que Pemex incluye con empresas extranjeras, un requisito que obliga al contratista a otorgar 50% de la obra asignada a proveedores locales mediante la subcontratación.

De Meneses. Señalamientos hacia Hidalgo 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Tiempos de incertidumbre

po que la fiscalía narró que parte de los sobornos recibidos por Lozoya fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Los señalamientos sobre su hermana Fabiola y el cambio en la defensa de Lozoya ponen en duda la versión que ha sostenido Juan Carlos Tapia sobre el caso Odebrecht y su relación con Lozoya Austin. Su equipo jurídico sostiene que se trata de una suplantación de identidad y que la fabricación de la coartada pudo ser obra de personajes ligados a Odebrecht, puesto que su alianza con la compañía brasileña le permitió tener acceso a los papeles personales de Fabiola Tapia, quien murió en 2014. Tras esta nueva versión, Juan Carlos Tapia se enfrenta a la disyuntiva de volver a declarar en el expediente Odebrecht por iniciativa propia o esperar a que sea requerido por la FGR para aclarar las revelaciones que involucran a su hermana, quien fungió como su mano derecha desde la fundación de Citapia en 1997.

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Eduardo Miranda

Declaración de Lozoya ante el juez

La extradición de Emilio Lozoya a México puso en estado de alerta al socio mayoritario de Citapia y su equipo jurídico ante una posible imputación en la audiencia del caso Odebrecht celebrada el pasado 29 de julio. Desde agosto de 2017, cuando salió a colación el nombre de Juan Carlos Tapia y el de su empresa, su equipo se puso a trabajar en una estrategia para deslindarse de Odebrecht y de Lozoya, pero sin aclarar los señalamientos específicos de Luis Alberto de Meneses. En cartas enviadas a medios de comunicación, Tapia Vargas afirma que conoció a Lozoya en 2015 y no en 2011, como sostiene De Meneses. “Con Emilio Ricardo Lozoya Austin, mi representada sólo tuvo contacto eventual en el año 2015 por su carácter de director de Pemex en la administración federal del sexenio pasado, para quien mi representada ha ejecutado obra pública como subcontratista fundamentalmente, y con quien se tuvieron un par de entrevistas en relación a obras ejecutadas en años previos por el adeudo de Pemex a nuestra empresa”, sostiene la oficina de Comunicación Social de Citapia en una carta enviada a Aristegui Noticias el pasado 26 de febrero. Sin embargo, según la entrevista videograbada por De Meneses Weyll, la relación entre Odebrecht y Citapia se inició en 2011, cuando Lozoya le presentó a Juan Carlos Tapia para la futura alianza de ambas compañías en las obras de la refinería de Tula, Hidalgo. El exdirectivo de Odebrecht señala que el consorcio estaba interesado en las

Lozoya. Liga entre Citapia y Odebrecht

obras que iba a licitar para ampliar la refinería de Tula. “Comenté con Emilio Lozoya que teníamos interés en ese proyecto de gran magnitud en todo el estado de Hidalgo referente a la construcción de la refinería que generaría muchos contratos”, afirma De Meneses en su declaración judicial. Agrega que se reunió con Lozoya, en ese momento coordinador de asuntos internacionales en la campaña presidencial de Peña Nieto, en el restaurante del hotel Four Seasons. Ahí le comentó que Odebrecht llevaba a cabo “una estrategia de posicionamiento” para ser partícipe de ese megaproyecto. En su declaración del 16 de diciembre de 2016 ante la fiscalía brasileña De Meneses expuso: “Lozoya, al saber de nuestro interés en el proyecto, me recomendó asociarnos a un empresario local que complementara nuestras capacidades. En este caso nos recomendó a la empresa llamada Tapia Construcciones y después nos presentó al empresario, dueño y director general de esta empresa: Juan Carlos Tapia. Nos pareció adecuada la indicación de Emilio Lozoya y nos reunimos con Juan Carlos Tapia, acordamos que la asociación no se limitaría a la refinería sino a cualquier obra en el estado de Hidalgo”. Sobre este punto, si bien las oficinas de Comunicación Social de la constructora del empresario hidalguense niegan cualquier contacto con Lozoya antes de 2015, aún no aclaran cómo se dio la relación entre Odebrecht y Citapia para comenzar a trabajar de manera conjunta en proyectos de obra pública. Además, durante la audiencia en la que se vinculó a proceso a Lozoya por el caso Odebrecht, la FGR narró que el imputado de iniciales ERLA (siglas de Emilio Ricardo Lozoya Austin) le presentó a De Meneses a “empresarios mexicanos para que hiciera alianzas”. Ante el juez de causa la FGR expuso: “Las declaraciones de Luis Alberto de M. son unas de las más importantes en contra de ERLA, ya que como representante de Odebrecht en México diseñó infinidad de planes irregulares junto con ERLA, quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a varios empresarios, con quienes pretendía aumentar sus acciones, junto con la empresa brasileña”. Y aun cuando los nombres de los hermanos Juan Carlos y Fabiola Tapia Vargas y la empresa Citapia todavía no han salido a relucir ante los jueces mexicanos en el caso Odebrecht, el empresario hidalguense seguirá inmerso en la incertidumbre durante los próximos seis meses, mientras avanza la investigación complementaria. O

“show” y un gran ganador Las especialistas en lucha contra la corrupción Edna Jaime y Rosa María Cruz Lesbros manifiestan, en sendas entrevistas, sus dudas sobre la capacidad de la FGR para procesar a Emilio Lozoya de manera autónoma y apegada a derecho, de manera que se le sancione y se repare el daño. Las malas señales: la falta de transparencia en la primera audiencia del exdirector de Pemex, la politización del caso en el discurso presidencial, el trato deferente al imputado en comparación con el que se da a Rosario Robles… 18

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PATRICIA DÁVILA Y JUAN OMAR FIERRO

na vez que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin libró la cárcel por dos ocasiones consecutivas, los jueces y el equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) lo convirtieron en el gran ganador de este proceso judicial. La promesa de Lozoya es colaborar con la FGR y entregar, a cambio de estos privilegios, información que le ayudará a probar que es “inocente” y actuó presionado por personajes que lo obligaron a cometer los delitos contra la petrolera. El 31 de julio, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva, el que fuera abogado defensor de Lozoya, Javier Coello Trejo, dijo dudar que el exfuncionario contara con las pruebas que asegura tener. Por lo pronto, está en libertad. Entrevistadas por Proceso, las especialistas en anticorrupción señalan la

JU S T IC IA

falta de transparencia en el juicio, ya que no se transmitió la audiencia de manera simultánea, así como la falta de equidad en la aplicación de la justicia y el afán del presidente Andrés Manuel López Obrador por administrar y aprovechar el proceso jurídico de Lozoya con fines político-electorales rumbo al proceso electoral de 2021. También ponen en duda la capacidad de la FGR para conducir de manera exitosa este complejo caso. Entrevistada al respecto, Edna Jaime, presidenta de la organización México Evalúa, señala: “Los criterios caprichosos de los jueces para dictar una medida cautelar son de llamar la atención. Creo que deben valorar las circunstancias, porque en el caso de Emilio Lozoya tenemos un ejemplo de que la justicia y los criterios de la justicia en México se aplican a modo, como en el caso de Rosario Robles, a quien se le encarceló por un delito menor mientras que a Lozoya los jueces y la FGR lo dejan llevar su proceso en libertad, a pesar de que ya tenía un antecedente de fuga”.

El caso, agrega, “está lleno de contenidos políticos y el presidente Andrés Manuel López Obrador puede perfectamente explotarlo políticamente con miras a las próximas elecciones. Lo ha hecho en las conferencias matutinas. Necesita de este caso porque lo que tiene enfrente es una crisis pavorosa en términos económicos y sanitarios. A través del caso Lozoya quizá coseche frutos en el proceso electoral de 2021”. Para ella, “esto es secundario, si al final la FGR puede llevar a cabo una investigación hasta sus últimas consecuencias y realmente se descubren esas redes de macrocriminalidad que han estado medrando de este país durante años. El problema es que quién sabe si la fiscalía tenga las capacidades para desentrañar un caso como éste”. Jaime no es partidaria de la prisión preventiva oficiosa: “Creo que hay distintas medidas cautelares para que los inculpados puedan llevar su proceso fuera de prisión; sin embargo, en el caso de Emilio Lozoya vamos a ver de qué tama-

Benjamín Flores

Acceso remoto a la audiencia.

Edna Jaime. “Criterios caprichosos de los jueces” 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Miguel Diamyuga

Eduardo Miranda

Lozoya y Robles. Trato desigual

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revancha política y utilización política del aparato de persecución criminal”. Y recuerda que “mientras festejábamos la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, presuntamente Lozoya hacía operaciones para obtener recursos de manera ilícita”.

El pacto con la FGR El inicio de los juicios penales contra Lozoya Austin por los presuntos sobornos que recibió de las compañías Altos Hornos de México y Odebrecht evidenció el pacto del exdirector de Pemex con la FGR para exponer el financiamiento ilícito en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y otros actos de corrupción atribuibles al antiguo régimen. Wikimedia

ño es lo que realmente hay detrás de esta negociación”. Lo ideal, abunda, sería que por primera vez la justicia mexicana pudiera plantear un caso donde se puedan investigar redes de macrocriminalidad, sin chivos expiatorios, como considera que han sido hasta hoy los casos relacionados con la corrupción que se han investigado. “El presidente insiste en que las instituciones anticorrupción con las que contamos en este país no hicieron bien su trabajo. Aquí (con el caso Lozoya) hay más municiones para el presidente para decir que un sistema nacional anticorrupción no dio resultado”, afirma. “La pregunta es qué nos queda a los mexicanos. ¿Vamos a tener un chivo expiatorio más, como lo hemos tenido en cada administración, o vamos a tener un caso que se va a investigar profundamente y va a marcar un antes y un después en la justicia en este país en el tema de la corrupción? Porque todavía no encuentro los elementos para pensar que vamos a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. Si lo hacen, entonces creeré en la palabra del presidente acerca de que está dispuesto a promover una transformación importantísima para este país.” Para la presidenta de México Evalúa es fundamental que haya reparación del daño; eso sería “profundamente transformador para este país”: Llevar este caso hasta las últimas consecuencias, opina, requiere voluntad pero también recursos jurídicos. Por eso se pregunta “si la justicia mexicana cuenta con esos instrumentos, si el fiscal –Alejandro Gertz Manero– realmente va a poder sostener casos de gran envergadura con pruebas suficientes, con evidencia, para que a quien lleve a la justicia lo haga con verdadero sustento y no tengamos más de lo que hemos tenido, como una

Cruz. Sospechas de uso político

Mientras la FGR construye los casos para imputar a excolaboradores de Peña Nieto en hechos delictivos, Lozoya gozará de libertad condicional con restricciones mínimas en el momento que decida abandonar el hospital Ángeles del Pedregal, la única instalación bajo resguardo policial que va a pisar en México. Tras dos días seguidos de audiencia, primero para el caso de Agronitrogenados y luego para el caso Odebrecht, la FGR cumplió con su primera parte del trato al no solicitar la prisión preventiva justificada para Lozoya ni tampoco el resguardo domiciliario, medidas cautelares que los jueces le habrían concedido ante el planteamiento de que existe un riesgo justificado de fuga. Una vez que Lozoya abandone el hospital, la vigilancia policial a su persona habrá concluido y sólo tendrá la obligación de portar un brazalete electrónico que ayudará a las autoridades a su geolocalización en tiempo real. Incluso a pesar de que la defensa de Lozoya planteó ante los jueces de control que están buscando construir un criterio de oportunidad para revelar nuevos hechos delictivos y más personajes involucrados, la FGR se abstuvo de hablar de la reparación del daño y hasta el momento se desconoce si las dos residencias que Lozoya adquirió con presuntos sobornos serán entregadas a la FGR para cumplir con este requisito que contempla el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, coincide con Edna Jaime en cuanto a que el presidente López Obrador está aprovechando y administrando políticamente el proceso de Lozoya con miras a la elección del próximo año. “Recién llegado Lozoya a México, en el comité de participación ciudadana veíamos varios riesgos en el proceso mismo del caso. Hay muchas cosas que dice el presidente en las que obviamente coincidimos, en el sentido de que es un caso emblemático y va a ser un parteaguas en el combate a la corrupción, en donde se tiene que llegar a las últimas consecuencias.” Sin embargo expresa su inquietud: “No podemos permitir que este caso camine con un uso político, que vayan manejando los tiempos con un provecho coyuntural de los avances o las noticias que el caso vaya dando. “Resulta que tenemos que esperar seis meses, cuando ya sabemos que tanto los abogados de Lozoya como el propio presidente quieren utilizar el criterio de oportunidad en su beneficio, y le están dando

JU S T IC IA el argumento de la salud de Lozoya y la pandemia, tanto la FGR como el juez manejen el proceso de forma distinta a la norma, ya que la audiencia debió ser pública. “Ahora sólo recibimos a través del WhatsApp (información sobre) cómo va avanzando; no es lo transparente que uno desearía. “En lo que sí coincidimos con el presidente es en que debe desenmascarar el modus operandi para generar las condiciones de no repetición. Aquí estamos esperando que realmente se obtenga la información y la documentación que nos explique cómo actuaban estas redes de corrupción, en caso de probarse, para que se generen nuevos esquemas. Lo que se daba en Pemex, derivado de la reforma energética, es una cuestión de excepción a todo tipo de licitaciones. No les aplica la Ley de Obra Pública ni la Ley de Adquisiciones por esa excepción que da la propia Ley de Pemex.” Cruz Lesbros sostiene que las circunstancias que generaron los posibles hechos de corrupción siguen vigentes. “Inclusive estamos preocupados por la aprobación del artículo primero de la Ley de Adquisiciones del 29 de julio, que permite condiciones de excepción para comprar medicamentos. Esto abre zonas en donde

la arbitrariedad pudiera dar pauta a hechos de corrupción”. –¿Estamos frente a acciones contradictorias del Estado, frente a una simulación? –se le plantea. –Estamos frente a un discurso con el cual coincidimos, pero que en los hechos no vemos tan palpable. Hay una inquietud de que pueda politizarse el asunto, que no sea del todo transparente y no se encuentren realmente las pautas ni haya una voluntad de cambiar el entorno jurídico que pudiera prevenir hechos de corrupción. Y no se están dando las apuestas a las nuevas fórmulas para el combate a la corrupción. –Pero el asunto ya está contaminado políticamente desde el momento en que a Rosario Robles la mantienen en la cárcel por un delito mucho menor, que no ameritaba prisión preventiva, y a Lozoya lo mandan a su casa… –Nos deja la duda de que en el caso Lozoya no vaya a haber corrupción. –¿Hasta el momento el gran ganador ha sido Lozoya? –Efectivamente. Lozoya y los que estén con él, porque otra cosa muy importante es que él no es un actor solitario, él mismo dice que fue sujeto a una red en donde fue coaccionado y orillado a hacer lo que hizo. Una red que tiene que probar. O Miguel Diamyuga

margen de seis meses para que pueda dar información, pueda recibir pruebas, documentos y demás, a fin de que pueda involucrar a personas en delitos mayores a los que se le imputan a él. “Está esto muy confuso, porque (Lozoya) no llega a México bajo el artículo 21, sino detenido bajo una orden de aprehensión, en donde tenía que comparecer al Reclusorio Norte, pero en lugar de eso se da esta excepción por condiciones de salud, que por principio no sabemos si eran las adecuadas o no.” Añade: “Observamos un trato muy distinto al que se le dio a Rosario Robles. A Lozoya se le dan una serie de consideraciones, inclusive lo pondrían como un colaborador informante, una cuestión que a Rosario Robles nunca se le presentó ni se le ofreció. Hay una percepción de un trato distinto. Nosotros lo que planteamos es que el procedimiento jurídico se aplique independientemente de cualquier cosa”. Igual que para Jaime, para Cruz Lesbros también es muy importante probar la autonomía de la FGR en este nuevo esquema, a fin de que investigue sin ninguna presión y realmente llegue a la verdad. Señala que en el sistema anticorrupción también les inquieta que, bajo Peña Nieto. Corrupción en campaña

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La misión (casi)

imposible de Ancira en España Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, ha dedicado las últimas semanas a impedir su extradición, luego de que el 27 de mayo pasado la Audiencia Nacional de España dio luz verde a su entrega a México. En sus alegatos, el empresario se dice perseguido por el gobierno, víctima de delitos fabulados... En México se espera su llegada para que responda a los cargos que se le imputan, ahora que el exdirector de Pemex ya negoció. ALEJANDRO GUTIÉRREZ

ADRID.- A diferencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien allanó su extradición a México con la promesa de revelar datos sobre la corrupción del gobierno de Enrique

Peña Nieto, el empresario Alonso Ancira Elizondo, uno de los coacusados en la compraventa de la planta de Agronitrogenados, baraja todas las posibilidades jurídicas para evitar su extradición. Una de sus últimas cartas aquí es el “recurso de súplica” (así se llama a esta controversia en el sistema español), mediante el que cual pide que se revoque la

Especial

Agronitrogenados. Golpe al erario

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resolución de la Sala Penal Sección Primera de la Audiencia Nacional del 27 de mayo pasado que da luz verde a su entrega a México. Ancira Elizondo se presenta ante el tribunal español como víctima de una “persecución política” emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como se dice ser objeto de un presunto “daño colateral” en la guerra del Ejecutivo mexicano contra sus antecesores. Este es parte del extenso alegato que, mediante su abogado Manuel Ollé, presentó Ancira con fecha 15 de julio de 2020 a la Sala de lo Penal Sección Primera, instancia a la que pide elevar su caso al Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para que la extradición a México se declare “improcedente” y se anule debido a las “violaciones a los derechos fundamentales” del defendido. Fuentes jurídicas en España confirmaron la presentación del recurso –del cual Proceso obtuvo una copia– que aún no se resuelve. En caso de ser extraditado, Ancira cuenta con una suspensión contra la orden de aprehensión y su ejecución, lo que le permitiría no pisar la cárcel, según la suspensión dictada el 20 de junio de 2019

Photo by STR / AFP

JU S T IC IA tener un bajo perfil desde el inicio del actual gobierno y mantenerse en el extranjero, según algunos de los asistentes al convivio. Por lo pronto, en la primera comparecencia ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, en la que Lozoya denunció que ha sido “intimidado, presionado e instrumentalizado” de manera sistemática, para realizar la operación con AHMSA, ya apareció el papel central que tuvo Ancira en la operación ilegal objeto de esta causa contra la corrupción.

Los malsanos negocios

Ancira. Negro historial

por Rosa María Cervantes Mejía, jueza décimo segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. El 6 de agosto de 2019 el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal confirmó el incidente de suspensión cuando el reclamado llegue a territorio mexicano de manera voluntaria o extraditado. Esto a pesar de que el pasado 21 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el pedido de atracción que solicitó el inculpado, para que estudiara el amparo que interpuso contra la orden de aprehensión en su contra por el presunto caso de corrupción en el que se le relaciona con Lozoya Austin, según confirmaron fuentes jurídicas en México.

Acosado Pese a esas contingencias en España, la semana pasada el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA) fue vinculado a proceso por un juez en la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía General de la República prepara la extradición del empresario coahuilense. A su vez, el presidente López Obrador informó que los nuevos dueños de

AHMSA –Grupo Villacero– están dispuestos a devolver 200 millones de dólares por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, que provocó una de las dos órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira, el llamado Rey del Acero. Según las instancias investigadoras en México, el empresario coahuilense mantiene estrechos vínculos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien durante la administración de Enrique Peña Nieto supo aprovechar sus influencias para vertebrar algunos de los negocios más controvertidos en Pemex. Y lo hizo durante los periodos de Lozoya y José Antonio González Anaya –su concuño, pues está casado con Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula, la segunda esposa del expresidente– al frente de la paraestatal. Salinas de Gortari es quizá el mayor adversario político del presidente López Obrador, quien lo saca a colación a la menor oportunidad. Hasta ahora, el mandatario ha mantenido un bajo perfil y no ha respondido a ninguna de las alusiones. A mediados de julio, en una cena en Madrid, Cecilia Salinas Occelli comentó a un grupo de asistentes que su padre, Carlos Salinas de Gortari, había decidido

En diciembre de 1991 Alonso Ancira y Xavier D. Autrey Maza tomaron el control de AHMSA en el proceso de privatización realizado por el gobierno de Salinas de Gortari. A través del Grupo Acerero del Norte, ambos empresarios consentidos del salinismo adquirieron la compañía en una subasta y pagaron 141 millones de dólares, muy por debajo de su valor. AHMSA se convirtió en una de las mayores productoras nacionales de acero. Sin embargo, en mayo de 1999 la empresa se declaró en suspensión de pagos, lo que permitió a sus dueños, mediante recovecos legales, cancelar el pago de intereses y del capital de una deuda millonaria. El gobierno de Vicente Fox salió en auxilio de los empresarios y rescató AHMSA, cuya deuda había escalado a 3 mil millones de dólares, lo que ponía en entredicho sus capacidades al frente del emporio acerero. Ancira y Autrey permanecieron prófugos. Entonces como ahora, Ancira se dijo “perseguido” por el gobierno (Proceso 1434). Autrey, expresidente del consejo de administración de AHMSA, fue detenido en julio de 2004 por la Guardia Civil en la isla de Menorca. Pero de acuerdo con la legislación española alcanzó la libertad bajo fianza durante el juicio de extradición. Autrey y Ancira habían abandonado furtivamente México en marzo de ese año, cuando trascendió que la Procuraduría General de la República había solicitado órdenes de aprehensión en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal por unos 25 millones de pesos, denunciado por la Secretaría de Hacienda, según informó en aquel momento el diario La Jornada. Ancira se refugió en Israel, donde consiguió el permiso de aquel gobierno para volver a explotar las históricas minas de cobre del desierto del Neguev, según relató el empresario a la periodista Bárbara Anderson para un reportaje publicado en la revista Expansión en septiembre de 2008. Y en 2012 Ancira y Lozoya se vinculan en la trama corrupta que dio origen a la 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

orden de aprehensión por el caso Agronitrogenados, que Pemex compró en 2014. Junto con Autrey, Ancira consiguió que durante la gestión de Lozoya en Pemex la paraestatal recomprara Agronitrogenados en 475 millones de dólares, 10 veces más de lo que marcó la evaluación de esa planta, que tenía 14 años sin funcionar. En esa transacción participó también Arturo Henríquez Autrey –tío de Autrey Maza–, quien al día siguiente de la operación asumió la Dirección Corporativa y de Procura y Abastecimiento de Pemex, cargo al que renunció un año y ocho meses después, el 16 de septiembre de 2015 (Proceso 2088).

el interés de los políticos por esta cuestión, comenzando por el presidente de la República, no diluye la apariencia delictiva de los hechos analizados”.

El pataleo

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Salinas. Presunto autoexilio

“Los ataques se incrementaron extraordinariamente en periodo de precampaña y campaña electoral, como se comprueba en los documentos aportados y en el análisis de los mensajes publicados”, que son medios de comunicación mexicanos y extranjeros y redes sociales, según la defensa española de Ancira. E infiere que con todo ello “se estrecha el cerco sobre el expresidente Peña Nieto, quien sería el objetivo último de (Andrés) Manuel López Obrador”. Sobre este particular, la Sala Penal Sección Primera, que componen la presidenta magistrada María Riera Ocariz y los magistrados Jesús Gutiérrez Gómez y Fermín Echarri Casi, argumentó en su auto del 27 de mayo último que “el interés de los medios de comunicación de México por los hechos de la extradición, incluso Fox. Rescate de AHMSA

Archivo Proceso

Ancira fue detenido por agentes de la Policía Nacional el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, cuando pretendía viajar a Canadá, de acuerdo con el auto de prisión preventiva que le dictó el juez de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz. Un mes después el juez modificó la medida cautelar y le otorgó la libertad provisional a cambio del pago de una fianza de 1 millón de euros (alrededor de 26 millones de pesos) y el retiro de los pasaportes (mexicano y estadunidense); también le ordenó no abandonar el territorio español y comparecer ante un juzgado cada dos días. En la vista de extradición del 10 de marzo pasado, el empresario rechazó esa medida. Al comparecer ante el tribunal español, Ancira expuso que México es “un país que no tiene leyes”; incluso se dijo víctima de una “persecución política” del gobierno de López Obrador, a quien llamó un “mitómano del tamaño de Hitler”; “un sujeto que no está en su cordura”. El 27 de mayo la Sala de lo Penal Sección Primera de la Audiencia Nacional, presidida por la jueza María Riera Ocariz, dio luz verde a la extradición a Ancira. La defensa del empresario coahuilense presentó el “recurso de súplica” por considerar que viola “la legalidad constitucional” pues, según argumentó, “la extradición se interesa por un delito de naturaleza común, blanqueo, pero encubre una persecución espuria contra el señor Ancira”. Y añadió: “Existe un grave riesgo de que se produzca una violación de sus derechos fundamentales”, como a la libertad personal, a un proceso justo, a la tutela judicial y al de defensa. En su análisis destaca que el gobierno mexicano no se centró en denunciar la compraventa de Agronitrogenados, sino hasta 2017, “pocos meses antes de postularse (López Obrador) a la Presidencia de México”.

Eduardo Miranda

Un delito presuntamente fabulado Para la defensa de Ancira, la sala “sobrepasó el límite de la propia demanda de extradición”, porque supuestamente incluyó “elementos fácticos” que la demanda no contenía y “así poder concluir que había un delito de blanqueo de capitales”. Asegura que la demanda de México no refería la “actividad delictiva previa”; es decir, la procedencia del dinero o los bienes blanqueados. Esa actividad , dice, “nunca existió”; es una “impostada suposición” de México fundada en una “persecución política”. Arguye también que la fiscalía mexicana “fabuló un delito y olvidó asentar correctamente los elementos” en la querella para solicitar la extradición, “aprovechando los días de vacaciones” de Ancira en España; incluso solicitó la detención internacional “de prisa y corriendo” y por ello no se preocupó por “fingir correctamente” la supuesta actividad delictiva previa. Los hechos por los que se acusa a su defendido, insiste, no son constitutivos de delito en el Código Penal español; tampoco en el mexicano. Asimismo menciona que el 14 de noviembre de 2012 Lozoya Austin compró un inmueble en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, por un valor de 38 millones de pesos –el “pretendido acto de enmascaramiento”– con el producto de las cinco transferencias bancarias que se realizaron desde AHMSA, una “empresa siderúrgica mexicana que obviamente posee dinero producto de la actividad empresarial, no de procedencia ilícita”. Según los abogados españoles, esas transferencias bancarias, por 3 millones 400 mil dólares, se hicieron el 12 junio, así como el 1, 9 16 y 28 de noviembre de 2012. Por tanto, sostienen, como la vivienda se compró el 14 de noviembre, las dos últimas transferencias no pueden tener una “relación causal (porque) no se puede blanquear un dinero que, por un lado, es de procedencia lícita y, por otro, todavía no se ha recibido”. Alegan que tampoco es delito la venta de la planta de Agronitrogenados, porque “se produce un año después de las transferencias”; con esa actividad, puntualizan, “no se blanquea nada”. Además, dice, la prescripción del delito de blanqueo de capitales se cumplió en 2015, tres años después de las operaciones, y no termina el 15 de noviembre de 2022, como argumenta la fiscalía mexicana. O

JU S T IC IA

asta el momento, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el presidente Andrés Manuel López Obrador han expresado interés en que Emilio Lozoya Austin revele

los detalles de la adquisición de Grupo Fertinal, la última operación de su gestión al frente de Pemex y que implicó al primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto, así como al multimillonario Ricardo Salinas Pliego y su socio, Fabio Massimo Covarrubias Piffer. La compra de Fertinal costó 635 mi-

En medio del ruido mediático por la extradición de Emilio Lozoya, el gobierno federal se ha concentrado en crear expectativas por las revelaciones sobre los casos Agronitrogenados y Odebrecht. Sin embargo, guarda silencio sobre Fertinal, cuya compra fraudulenta costó al erario 635 millones de dólares, equivalentes a tres aviones presidenciales. En esta operación –en la que el exdirector de Pemex jugó un papel clave– no sólo están implicados funcionarios del primer círculo de Peña Nieto, sino también un empresario cercano al presidente López Obrador: el multimillonario Ricardo Salinas Pliego.

Fertinal quedó

fuera del radar

llones de dólares a Pemex, equivalentes a tres aviones presidenciales. Este monto contempló la compra de acciones con un sobreprecio de 193 millones de dólares y el reembolso de 406 millones de dólares en créditos que la empresa debía a dos compañías de Salinas Pliego, los cuales incluían un dividendo de 50 millones de dólares, decretado dos meses antes de la compra, cuando aquella firma estaba en quiebra y no tenía fondos. Pese a que la Auditoría Superior de la Federación, Pemex, la FGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera han investigado el caso, detectado irregularidades e incluso acreditado actos de corrupción, el tema de Fertinal no destaca entre las prioridades de la Cuarta Transformación en el contexto de la extradición de Lozoya. Todo lo contrario: en reiteradas ocasiones la administración se ha negado a entregar documentos sobre la compra de Fertinal, solicitados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Apenas el pasado 2 de julio Proceso recibió una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la cual confirmaba que la Unidad de Responsabilidad en Pemex –que depende de la SFP– reservó los expedientes de investigación que derivaron en las inhabilitaciones y multas multimillonarias contra Édgar Torres Garrido, amigo y exasesor de Lozoya en Pemex. Proceso había solicitado estos expedientes para incluirlos entre las decenas de evidencias que presentó ante la de-

José Ramírez V. Google Maps

MATHIEU TOURLIERE

Grupo Fertinal. Estafa 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

manda por “daño moral” que Salinas Pliego y Banco Azteca interpusieron contra este semanario y tres de sus integrantes en septiembre de 2019. Los abogados del magnate y su banco interpusieron la demanda como reacción a un reportaje que acreditó que, mediante las sociedades de papel NPK Holding AB y Base Rock, BVBA –incorporadas en Bélgica y Suecia, respectivamente– Salinas Pliego controlaba 29% de las acciones de Grupo Fertinal en el momento de su venta a Pemex, en diciembre de 2015. La investigación también resaltó que el magnate tenía en prenda todas las demás acciones de Fertinal –que pertenecían formalmente a Covarrubias– en un fideicomiso de Banco Azteca; sus abogados manejaban las cuentas bancarias de la empresa y sus filiales, así como el consejo de administración de la empresa, y dos de sus firmas –Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca– eran acreedoras de Fertinal. Además, en los últimos meses Pemex reservó durante cinco años la información sobre la adquisición de la empresa, mientras que Nafin y Bancomext se negaron en ocho ocasiones a entregar información sobre los créditos otorgados para comprar Fertinal mediante una serie de amparos contra órdenes del Inai. Estos créditos, suscritos con Nafin, Bancomext y Banco Azteca, resultaron clave en el caso Fertinal, pues sin ellos Pemex Fertilizantes no hubiera tenido los recursos para la compra; sin embargo, en su denuncia de marzo del año pasado, Pemex sostuvo que la empresa estaba “en quiebra” y que por lo tanto “no era sujeto

de crédito”, situación que los bancos de desarrollo conocían de antemano. Para autorizar el crédito Nafin aprobó una “excepción normativa” –pues se supone que no puede otorgar préstamo para refinanciar pasivos o comprar acciones– y obligó a Pemex a hacerse garante del préstamo, pues el plan de negocios ya adelantaba que la adquisición de la empresa era insostenible. Banco Azteca resultó ganador: con la seguridad de que Pemex pagaría, prestó dinero para reembolsar créditos que Fertinal debía pagar a la brevedad a empresas de Grupo Salinas y no tenía recursos para hacerlo. En otras palabras: transformó créditos incobrables en deuda pública, que la sociedad mexicana pagará durante la próxima década.

Testigo silencioso

Eduardo Miranda

Salinas Pliego. Operaciones

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La FGR le imputa a Lozoya diversos delitos derivados de los casos Odebrecht y Agronitrogenados; en las audiencias que se llevaron a cabo a puerta cerrada la semana pasada, la Fiscalía señaló los supuestos sobornos millonarios que cobró el exdirector de Pemex a cambio de sus favores. Él se declaró inocente de todos los cargos y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades mediante un “criterio de oportunidad”; prometió que sus pruebas desnudarían a las “altas autoridades del Estado” en tiempos de Peña Nieto. Según las filtraciones publicadas hasta el momento en la prensa, el tema Fertinal no forma parte de la información que Lozoya ofreció al gobierno federal cuando negoció las condiciones de su extradición. El exfuncionario ha obtenido un trato de favor, pues no ha pisado la cárcel en México y ha logrado seguir su proceso en libertad condicional, con un brazalete electrónico, a pesar de que estuvo prófugo de la justicia nueve meses, escondido en un fraccionamiento exclusivo de Málaga. En sus conferencias matutinas de la semana pasada López Obrador señaló que la colaboración de Lozoya le da derecho a gozar de “ciertas consideraciones” por parte de las autoridades. El mandatario pidió a la sociedad que concentre su atención en las confesiones del exdirector de Pemex respecto a los pagos de Odebrecht a las campañas electorales del PRI y a los presuntos sobornos pagados a legisladores –hizo énfasis en el PAN– a cambio de su aprobación de la reforma energética. El interés del mandatario se enfoca en temas partidistas; no se ha indicado que Lozoya colaborará con las autoridades sobre otros sonados casos de corrupción –como el de Fertinal o el de la constructora española OHL, por ejemplo– de los cuales el exfuncionario conoce cada detalle, pues jugó un papel central en ellos.

Pemex. Opacidad

Para concretarse, la operación de Fertinal implicó la movilización de todo el primer círculo de Peña Nieto, incluyendo al propio exmandatario: fue impulsada desde Los Pinos, diseñada y defendida por el equipo de Lozoya, aprobada por el Consejo de Administración de Pemex y su presidente, Pedro Joaquín Coldwell, y financiada con los créditos de Nafin y Bancomext, presididos ambos por el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso. Proceso documentó los engranajes de esta mecánica desde hace año y medio y mostró que estos funcionarios avalaron el inexplicable dividendo de 50 millones de dólares –que, según una denuncia interpuesta ante la Comisión de Bolsa y Valores estadunidense, fueron usados como soborno a Peña Nieto–; también supieron que la empresa estaba en pésimas condiciones financieras, que el avalúo inflaba el valor real de los activos y que la operación resultaría en un mal negocio para Pemex. Lozoya conoce a la perfección la compraventa de Fertinal. Esta operación se extendió durante los últimos ocho meses de su gestión: el exfuncionario renunció a la dirección de Pemex el 8 de febrero de 2016, apenas 11 días después de la asamblea general de Grupo Fertinal que oficializó el traspaso de acciones a Pemex Fertilizantes –con la toma de posesión del nuevo Consejo de Administración y de la nueva dirección, a cargo respectivamente de Carlos Roa Rodríguez y Édgar Torres Garrido, dos asesores de Lozoya–, y concretó el pago a las empresas de Salinas Pliego y el reparto del dividendo. En julio de 2019, antes de huir, Lozoya advirtió que se defendería de las acusacio-

Eduardo Miranda

JU S T IC IA

nes en su contra –entre ellas en los casos de Odebrecht, Agronitrogenados y Fertinal–, evidenciando el papel de Videgaray en estas operaciones. Sin embargo, desde que la policía española lo detuvo en febrero pasado el tema de Fertinal ya no salió a flote.

presario de origen italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer, desde 2006 su verdadero dueño era Salinas Pliego, aunque él siempre lo negó. Sentado en la segunda mayor fortuna del país –con más de 11 mil 700 millones de dólares–, Salinas Pliego ha recibido un evidente trato preferencial por parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y sobre todo de su líder, quien en dos ocasiones tomó su defensa en su conferencia matutina, al aseverar que en el

Trato preferencial

AMLO. Consideraciones a Lozoya

Benjamín Flores

La historia de Fertinal está íntimamente ligada a la de Agronitrogenados. Ambas nacieron de la privatización de la paraestatal Fertimex, en 1992 –por Jacques Rogozinski Schtulman, entonces director de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales– y se degradaron a lo largo de las últimas dos décadas y media. Ambas empresas fueron compradas –con precios inflados y sospechas de corrupción de por medio– de acuerdo con una estrategia nacional de producción de fertilizantes lanzada por Peña Nieto, incorporadas a Pemex durante la gestión de Lozoya y financiadas con créditos de Nafin, dirigido por el mismo Rogozinski. La diferencia principal entre ambos casos reside en sus protagonistas principales: Agronitrogenados fue vendida a Pemex por Altos Hornos de México, SA (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira Elizondo, un viejo amigo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y enemigo de López Obrador. El gobierno federal está operando para que AHMSA pase a manos del empresario regiomontano Julio César Villarreal Guajardo, aliado y mecenas del tabasqueño. En el caso Fertinal, si bien el director y rostro oficial de la empresa era el em-

caso Fertinal no existía ninguna denuncia contra el magnate. Es más: en septiembre de 2019, cuando una periodista preguntó al mandatario sobre un texto del Wall Street Journal que confirmó los vínculos entre Salinas Pliego y las sociedades europeas –revelado semanas antes por Proceso–, el tabasqueño desestimó el señalamiento y lanzó una crítica contra el periódico estadunidense. Desde el arranque de su administración López Obrador nombró a allegados de Salinas Pliego en puestos estratégicos, como Esteban Moctezuma Barragán en la SEP o Jorge Mendoza Sánchez en Banobras –este último, hijo del político priista Jorge Mendoza Garza, socio y amigo del magnate–; aparte, el mandatario entregó a Banco Azteca la operación de las tarjetas del Bienestar para distribuir los recursos de los programas sociales federales. En meses recientes López Obrador perdonó públicamente los ataques virulentos propinados por TV Azteca contra el subsecretario Hugo López-Gatell y las medidas sanitarias implementadas por el gobierno ante la pandemia de covid-19, además de que cerró los ojos ante el rechazo de Grupo Salinas a seguir la política gubernamental. Estos ataques no erosionaron la confianza que el presidente deposita en el magnate: el pasado 8 de julio lo invitó a formar parte de la comitiva de 11 empresarios mexicanos que acudió a la cena organizada en Washington para celebrar el primer encuentro entre López Obrador y el presidente estadunidense Donald Trump.

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Frena y su estrategia:

extinguir a la 4T ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

l Frente Nacional Antiamlo (Frena) tiene un objetivo: lograr que el presidente renuncie. Su motivación: creen que el país se encamina hacia una dictadura siguiendo un plan “chavista”. Su estrategia radica en echar mano de todas las herramientas jurídicas y de presión social, incluyendo presencia en medios de comunicación, para revertir los índices de aprobación que el mandatario tiene y, mediante un procedimiento legislativo, sacarlo de la Presidencia. Aunque no hay precedente de una dimisión presidencial desde el periodo revolucionario, los dirigentes de este movimiento están convencidos de que pueden lograrlo antes del próximo 30 de

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noviembre. Luego, conseguir un consenso para designar un mandatario interino y convocar a nuevas elecciones “para restablecer la democracia”. Lo dice su vocero más visible, Gilberto Lozano, y alega que cuenta con una estrategia jurídica creada por constitucionalistas que forman parte de Frena. El pasado 30 de mayo, fecha de su primera caravana vehicular, el movimiento empezó a tener notoriedad, tanto por las manifestaciones en las principales ciudades del país como por los mensajes que los vehículos portaban y que, a veces con clasismo e incorreción política, tienen en general una misma exigencia: “¡AMLO, vete ya!” De hecho, conseguir la renuncia de López Obrador es el único requisito de los perfiles individuales y colectivos que

convergen en Frena, donde se han alineado organizaciones ciudadanas de distinto signo, con agendas varias. Entre los individuos, destacan los comunicadores Pedro Ferriz de Con y Rafael Loret de Mola, Juan Bosco Abascal Carranza, académicos como Salvador Mendiola o gente de empresa como el propio Lozano, alto ejecutivo regiomontano en retiro quien, en entrevista con Proceso, explica la formación de Frena. Surgió el 2 de abril, según Lozano, en respuesta a la expresión del presidente López Obrador, que aquel día dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo. La declaración fue el detonante, dice el “moderador” del movimiento, al que declara horizontal y sin liderazgo único. Ese día se puso en contacto con otras organizaciones y en menos de un mes in-

P O LÍT I CA

tegraron un consejo rector con 67 miembros, comisiones para distintas tareas –inclusive de vinculación internacional–, coordinaciones estatales y la organización de la primera caravana. Todo en medio de las medidas de distanciamiento social. En los últimos 20 años Lozano ha incursionado en distintos procesos políticos de carácter civil hasta crear y conducir el Congreso Nacional Ciudadano (Conaci). Ha recorrido el país como conferencista y su alegato central radica en la construcción de ciudadanía real, pues dice que en México eso está en pañales, aludiendo con cierto desdén a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, financiada por Claudio X. González. El Conaci se propone, según el entrevistado, hacer conciencia del poder ciudada-

no. Es una organización activa desde 2010. Lozano presume haber interpuesto con su organización la primera denuncia contra César Duarte –“no lo puede negar Javier Corral”, dice–, practicarle un juicio ciudadano a Roberto Borge e interponer la primera denuncia por genocidio contra Enrique Peña Nieto ante la Corte Penal Internacional, en 2017, por los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán. Al iniciar la administración de López Obrador, sus integrantes se dedicaron a seguir cada decisión, cada declaración y crear el “cochinómetro”. “Son las cochinadas de la semana de López, cosas ilegales: tenemos documentadas 2 mil 210 cochinadas, desde la cancelación con la consulta patito del aeropuerto, lo de Bonilla y la extensión de periodo que quería, lo de Ovidio Guzmán… es una bitácora con toda la historia de cochinadas que la gente fanática de López no nos ha podido refutar.” Del Conaci surgió la convocatoria para Frena que hoy, sostiene, integra a 217 co-

lectivos con presencia en 196 ciudades. Además de difundir el llamado “cochinómetro”, entre los miembros del consejo rector se comparten los documentos del Foro de Sao Paulo, que encaja –según Gilberto Lozano– en “lo que está haciendo López”. A tres meses de formar el Frena, Lozano argumenta la veracidad de sus datos en las caravanas vehiculares que han desfilado por las principales ciudades del país en los últimos meses. Su membresía la estima con base en el número de seguidores en Facebook, que supera 1 millón 400 mil personas, y su “pirámide multinivel” en WhatsApp, dice, mantiene al tanto a 7 millones de usuarios, tanto de críticas a López Obrador como de las acciones por realizar.

“No es gente que grita en la calle” Un día después de la primera caravana de Frena, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un video desde Palenque. Los llamó a “no comer ansias”, pues la revocación de mandato –mecanisEl Horizonte.mx

Miguel Dimayuga

Para terminar con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nombrar un mandatario interino y llamar a nuevas elecciones, el Frente Nacional Antiamlo (Frena) tiene un plan con etapas definidas que ya se están cumpliendo, asegura su fundador, Gilberto Lozano, exejecutivo de Femsa. En entrevista, explica la estrategia puesta en marcha y confía en que conseguirán echar al presidente “chavista” antes del 30 de noviembre.

Lozano. Vía jurídica 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Miriam Sánchez

Lozano: del poder empresarial

al “poder ciudadano” ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

n 2000, cuando se integraba el “gabinetazo” de Vicente Fox, Tatiana Clouthier fue llamada a una entrevista con Gilberto Lozano, en ese tiempo alto ejecutivo de Femsa y presidente del Club Rayados de Monterrey que de pronto se había convertido en uno de los headhunters y sería funcionario en la Secretaría de Gobernación. El comentario de la hoy diputada morenista, en entrevista con Proceso, da pie a la cuestión al propio Lozano sobre el tema y su respuesta refleja un entramado de relaciones entre el poder político y empresarial de la época. Lozano –quien asegura haber empezado como obrero y estudiado con becas hasta llegar a alto ejecutivo de Alfa y luego de Femsa– era vicepresidente de recursos humanos de Femsa, colaborador cercano del director, José Antonio Fernández Carvajal, conocido como El Diablo, yerno del presidente del consejo de administración el hoy extinto Eugenio Garza Lagüera. Fox, quien fue directivo de Coca-Cola, tuvo como mentor a Alfredo Martínez Urdal, entonces presidente de una de las subsidiarias de Femsa, nada menos que la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Fue él quien lo recomendó a Fox para hacer la selección de perfiles originarios de Nuevo León. Lozano afirma haber recomendado a Fernando Canales, Reyes Tamez y Ernesto Martens. También de desautorizar a Rafael Rangel Sostmann, entonces rector del Tecnológico de Monterrey, por conflictivo, y, a María Teresa Herrera Tello, a quien Fox nombró secretaria de la Reforma Agraria, “por corrupta”: sostiene que ésta tenía una casa en Monterrey para recibir sobornos.

El nombramiento de Herrera Tello, según Lozano, devino en un desencuentro con el entonces presidente. “Le dije a Fox: ‘Ni un minuto más me quedo aquí, me voy. Y le voy a decir a don Eugenio Garza Lagüera que hemos estado perdiendo el tiempo haciendo una chambita para nada’. Creo que esa reacción mía lo impresionó, porque me dijo: ‘Siéntate, cálmate un poco’. Bueno, así soy yo, es un poco mi estilo”, dice Lozano, quien reiteradamente afirma que llama “al pan, pan y al vino, vino”. Días después se reunió con Santiago Creel, quien lo invitó a ser oficial mayor en Gobernación. “Me picó el orgullo diciéndome que si no quería hacer algo por México”, comenta. Esa invitación del panista ya estaba planchada con El Diablo Fernández. Lozano se arroga haber contratado a Eduardo Medina Mora como titular del Cisen, entre otros. El hoy defenestrado ministro y él se conocían porque aquel realizaba “más o menos las mismas funciones” del entrevistado en Femsa, pero en Grupo Desk. Tres meses después Lozano renunció. Afirma que había la misma corrupción con Martha Sahagún pidiéndole dinero a Arturo Juárez de Grupo ADO y a otros empresarios para su fundación Vamos México; que Porfirio Muñoz Ledo se daba la gran vida como embajador; y que “había presidenta, no presidente”, pues toda decisión tenía que consultarse con Sahagún. Hoy, de Fox cuestiona: “¿No han escuchado cuando digo que el Centro Fox es el robo de Vamos México? ¿Que ahí hay enterrados mil 200 millones de pesos de Fox? Ahí hay un dineral. Yo sabía cómo hacía sus trafiques la Martha Saha-

mo propuesto por el propio presidente– sería en 2022 y entonces, si no mantiene respaldo popular, se iría. Consideró que los ataques a su gobierno se originan en la molestia de personas muy corruptas porque el presupuesto, en el pasado, se lo robaban o era para mantener privilegios. El 1 de junio, sin embargo, garantizó la libertad para toda oposición. El Foro de Sao Paulo, donde se reúnen partidos y colectivos de izquierda desde 1990, tiene por objetivo central combatir

el neoliberalismo. Algunos de sus participantes llegaron al poder en América Latina, en la primera década de este siglo, entre ellos el venezolano Hugo Chávez, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el nicaragüense Daniel Ortega y Evo Morales en Bolivia. Lozano suele referirse a ellos para compararlos con López Obrador. “Lo que tenemos es un nivel de comprensión del fenómeno López muy afiliado al Foro de Sao Paulo, muy admirador de Fidel Castro, enaltecedor de Allende y el Che Guevara”, considera, para luego

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Fox y Sahagún. Corrupción

gún y aquel juego de Oceanografía, con el hermano de Margarita Zavala metida en el ajo… y digo: ahora resulta que Margarita quiere ser presidenta porque es pareja de alguien que era presidente; cree que tiene derecho. Soy a veces hasta sarcástico e irónico en mencionar la relación, porque esa mujer cree ser la Cristina Kirchner, ¿qué, son heredables los puestos o qué?”

División con Tatiana Lozano fue coordinador de campaña de Tatiana Clouthier a la alcaldía de San Pedro Garza García en 2009. Las condiciones de la aproximación entre ambos coincide más o menos en sus respectivas versiones. Transcurrida la elección, que ganó el panista Mauricio Fernández Garza, crearon una asociación civil con el propósito de impulsar la participación ciudadana. Años antes Tatiana había renunciado al PAN. Evoluciona México impulsó juicios ciudadanos, es decir, imputaciones en foro

ofrecer 147 elementos de similitud con el gobierno de Hugo Chávez. Los miembros del consejo rector de Frena han estudiado los documentos del Foro de Sao Paulo y se guían por el libro De la dictadura a la democracia, de Gene Sharp, un manual para las revoluciones pacíficas en el que Lozano asegura se basa su plan de acción. “No estás hablando de gente que grita en la calle, hay un plan con etapas definidas y todos tienen como proceso rector la lucha pacífica, aunque busquen sacar

P O L ÍT ICA los 170 videos de mi canal de YouTube sólo pudieron agarrar tres, uno fue el de la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de un video en el que sugiere que, para tener la atención de los empleados de la CFE se necesitaría lincharlos. Ahora se disculpa por ese video que data de 2017. Lo justifica debido al enojo que le produjo el hecho de que se le enviara un recibo de luz por 74 mil pesos a un invidente que acababa de ser maltratado por el personal. Luego, confirma que denunciará al youtuber Hans Salazar, quien preguntó a López Obrador sobre la violencia de Lozano. Advierte, sin embargo, que nunca fue su intención ejercer violencia sobre él. “Me gusta llamar al pan, pan, y al vino, vino”, dice una vez más para referirse luego a los comunicadores simpatizantes del gobierno: “Vicente Serrano, El Chapucero y todo el grupo de bufones de palacio que se ponen de acuerdo para crearte una mala imagen, es lo mismo que cuando lo hacen contra Aristegui, Denise Dresser… ya los conocemos.” La búsqueda de información sobre Lo-

zano conduce hasta un episodio vecinal en el exclusivo fraccionamiento Las Misiones, de Santiago Nuevo León. Ahí, una serie de desencuentros entre condóminos acabó a golpes y con Lozano expulsado del club de golf del fraccionamiento. En su versión, la violencia se debió a su oposición a que Rodrigo Medina fuera vecino en dicho fraccionamiento. Además, señala que seguidores del entonces gobernador intimidaron a la priista María Elena Chapa. El asunto se salió de control y Lozano terminó golpeado. Desde entonces ha mantenido la presión para que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón procese a Medina por corrupción. “Yo no tengo nada que ocultar. Que le busquen y no me van a encontrar ni una multa de tránsito”, dice Lozano. Inmerso ahora en el avance de Frena, Lozano, un hombre que se declara abstencionista y dice no tener credencial de elector, afirma que no tiene ambición de cargos públicos y que su activismo tiende a construir, como se comprometió desde 2009, poder ciudadano. O J. Raúl Pérez

público para denunciar la corrupción en el gobierno de Nuevo León del priista Natividad González Parás y del panista Adalberto Madero. En ese momento estaban en la organización Lorenia Canavati y Concha Landa, entre otros vecinos de familias adineradas, mayoritariamente de San Pedro Garza García. Luego vino la ruptura: Clouthier cuenta que, al dejarse ver con López Obrador en 2012, decidió dejar Evoluciona México. Lozano la acusa de venderse a los intereses de Alfonso Romo, e inclusive, de ser emisaria para convencer al Bronco de buscar la gubernatura por la vía independiente. En cualquier caso, ambos coinciden en que el asunto acabó mal: ella asegura que la amenazó con dedicar su vida a destruirla políticamente; él se limita a decir que acabaron a mentadas de madre. Esa ruptura dejó fuera de Evoluciona México a Gilberto Lozano, quien conservó el nombre del Congreso Nacional Ciudadano (hoy Conaci), un evento anual en el que solían invitar como conferencistas a Leo Zuckerman, Denisse Dresser y otras personalidades, algunas de las cuales ahora están en Frena. Tras vivir un tiempo en Montreal, Canadá, Lozano adquirió habilidades en el manejo de las estrategias de redes sociales y con eso fue haciendo crecer el Conaci hasta llevarlo a ser el colectivo articulador de Frena.

La violencia Lozano tiene el acento norteño, golpeado, y un talante patronal. Sus afirmaciones son tajantes. El productor Epigmenio Ibarra, abiertamente lopezobradorista, revisó los mensajes de las recientes semanas emitidos por el vocero de Frena y evidenció episodios de agresividad verbal. –¿Se reconoce violento? –se le plantea. –Sí soy bravo, pero nunca he llegado a golpear a nadie. Las expresiones de Epigmenio Ibarra son porque me quiere posicionar como persona iracunda. No hay ninguna expresión mía que incite a la violencia, y de

cualquier cosita para atacarnos, pero en el fondo todas las acciones son pacíficas. Por ejemplo, hemos interpuesto 400 mil amparos contra la militarización, que ese es el primer pilar de la dictadura. Y esto no es nuevo: interpusimos 18 mil amparos contra la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto y ganamos”. Lozano sostiene que hay cinco factores que, con base en sus círculos de estudio, llevan a concluir el plan dictatorial de López Obrador: primero, un poder unipersonal, “una figura carismática y caudilla”;

Clouthier. Rompimiento

cooptación de instituciones independientes y democráticas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, apunta, la creación de un enemigo inexistente: el neoliberalismo (y acota: “¿qué hay mas neoliberal que Carlos Slim, Vázquez Raña, Salinas Pliego, Carlos Hank? Por favor, si a todos los tiene ahí”). Además el ataque continuo a los críticos, “hasta pedir definición con él o contra él, como lo han hecho los peores villanos de la humanidad”.

Y finalmente el plan inacabado, es decir, el anuncio de que ahora sí le va a ir bien al país, “como lo hace Maduro cada año en Venezuela”. Lo describe como un proceso de manipulación.

¿Son el BOA? La respuesta del presidente López Obrador a las cuatro caravanas vehiculares precedentes ha variado en cada oportunidad. El 9 de junio, por ejemplo, presentó un documento sobre un Bloque Opositor 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Benjamín Flores

López Obrador. Marca personal

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a Martín Bringas a Frena fue el periodista Plácido Garza, mencionado por ambos por su involucramiento en la cúpula del colectivo. Ambos coinciden en que atrae personajes al movimiento. Garza, con larga trayectoria en medios en México y Estados Unidos, recuperó cierta relevancia por una serie de trabajos realizados en 2018 en Venezuela. La insistencia de Lozano es: Frena no tiene relación con el Consejo Coordinador Empresarial ni con la Coparmex, aunque, admite, hay miembros de esas y otras organizaciones pero que participan a nivel individual. La inclusión y ruptura con Bringas fue resuelta con el regreso de Lozano a la moderación y el avance del plan. En Twitter

Amplio (BOA), con similitudes con quienes se identificaba eran miembros de Frena, y que revivió la relación de Lozano con Femsa, uno de los corporativos mencionados en el documento, entre otras cosas. La idea del golpismo ha sido deslizada por el mandatario y personajes afines desde mediados del año pasado. –¿Son ustedes el BOA? –se le plantea a Lozano. –Nos deslindamos completamente de ese documento apócrifo. Tenemos información de que fue redactado en la embajada de Venezuela, ya lo pudimos checar, corresponde a una máquina Remington que es típica de lo que usaban en Venezuela y Ecuador. Es un intento por señalarnos. Lozano sigue afirmando su independencia de cualquier partido político. Se deslinda de Vicente Fox y Felipe Calderón, e inclusive presume que corrieron a Fox del movimiento en León. Niega que haya financiamiento de cualquier tipo, sostiene que todo es voluntario, que nada tiene que ver con organismos empresariales (menciona que hace 20 años dejó de trabajar en Femsa). En su segundo mes de existencia Frena tuvo su primer sobresalto. El 4 de mayo Pedro Luis Martín Bringas, accionista de Organización Soriana, se asumió vocero del frente en un video grabado en casa de Lozano. Pero sólo duró una semana. En entrevista por separado, dijo que un grupo de empresarios le pidió hacerse cargo para atemperar a Lozano, pero no alcanzaron acuerdo. Ambos, Lozano y Martín Bringas, en sus respectivas declaraciones, se acusan de padecer trastornos mentales. Lozano niega que hubiera empresarios de por medio. Asegura que quien llevó

Martín Bringas. División

el consejo rector de Frena hubo sospecha de que Bringas era un reventador enviado por el gobierno, aunque Lozano prefiere relacionarlo con el expriista Humberto Moreira. Bringas niega ambos señalamientos. –¿Por qué no critica a Felipe Calderón? –se le plantea a Lozano. –Muy seguido me dicen que soy el PRIAN. No, no, no. Si Genaro García Luna era delincuente, debe estar en el bote; si Calderón estaba metido, debe ir al bote. Cuando la gente de México Libre que viene a Frena me pide que no hable mal de Calderón, siempre les respondo que no se equivoquen: si hay alguien responsable de la militarización del país y hasta de que López esté ahí, es Calderón. Lozano ha recorrido el país. La organización requiere de tiempo, trabajos especializados, por ejemplo en la parte jurídica, y otros esfuerzos. La cuestión sobre sus ingresos la ataja. Desde un cartel hasta los amparos son trabajo voluntario; los viajes los pagan ciudadanos que desean que vaya a dar conferencias, y de sus ingresos personales dice: “Soy un jubilado exitoso”. Insiste en su actitud pacífica en lo personal y en Frena. La quinta caravana de esa organización marca el fin de esa etapa de posicionamiento. Lozano presume que el frente tuvo relación con las protestas ocurridas en Guanajuato y Jalisco en la segunda semana de julio durante las giras presidenciales. También con el envío de 17 mil cartas a Donald Trump y Mike Pompeo, igual que con un activismo internacionalista y la promoción de un procedimiento jurídico para buscar la dimisión de López Obrador “Tenemos perfectamente marcadas las etapas, usar todos los instrumentos jurídicos para deponer a López y la presión social. La gente está definida y determinada a que se vaya. ¿Es legal? Sí, es legal”, dice, para mencionar los artículos 84 y 85 de la Constitución, así como el 108 para imputar traición a la patria. “Presentamos denuncias con 4 mil fojas de ampliación, de robustecimiento sobre los delitos cometidos contra la Constitución, pidiendo juicio político, que han identificado doctores en derecho constitucional que están con nosotros. En el juicio político debe excusarse quien tenga conflicto de interés, es decir, no puede mayoritear la gente de Morena en ese dictamen con base en hechos y datos que forman un paquete enorme. “No vamos a dejar ningún detalle que nos permita caminar en el aspecto jurídico, que las cosas caminan despacio en palacio legislativo y que tendrá que ser la presión social, como ocurrió en Bolivia, Guatemala, Egipto… para que lleguemos a tomar las plazas y pedir su renuncia.” O

P OL Í T ICA Ignoradas durante la gira del presidente López Obrador por Estados Unidos, las cúpulas empresariales del país se desdibujan como interlocutoras del gobierno, luego de casi dos años de confrontación y estrategias para consolidar bloques opositores al mandatario. En Nuevo León y Jalisco se anidan los principales esfuerzos, con escasos avances.

CLAUDIA VILLEGAS

l sector empresarial de Jalisco apuntala desde hace dos años a los cuadros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para sostener un movimiento de oposición empresarial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Destacan en dicho movimiento los dueños de las fortunas que surgieron en los momentos do-

Empresarios de Jalisco y Nuevo León, en la

Noreste

campaña Antiamlo

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Coparmex

José Medina Mora. Investigación por irregularidades

co, en el que participa el Tecnológico de Monterrey para privilegiar el trabajo con la comunidad y la construcción de una plataforma para el empoderamiento ciudadano, según su discurso oficial. El secretario general de la Coparmex, Miguel Gallardo, insistió en una entrevista en que Alternativas por México no será un partido político ni una base para gestar candidaturas, sino que busca convertirse en una posición institucional apartidista. La Coparmex ha dicho que busca la capacitación para generar agentes de cambio que le permitan consolidar la democracia, además de promover alternativas de desarrollo y seguridad incluyentes. En el Occidente, ese organismo cupular no sólo apuntala su oposición al gobierno actual con el patrocinio de proyectos para la generación de información Youtube

rados del salinismo y su ola privatizadora de bancos y paraestatales. Durante los últimos 18 meses, ante las decisiones de la administración de López Obrador que han modificado las mecánicas y esquemas para las compras de gobierno en sectores como el petrolero, eléctrico, el de la construcción y el farmacéutico, empresarios de la Coparmex en Jalisco buscan influir en las decisiones y elección de políticos a escala municipal y estatal. La Coparmex también impulsa plataformas informativas que le permitan participar en el debate sobre las decisiones del actual gobierno, pero sobre todo contrarrestar el discurso del presidente en las redes sociales. En Nuevo León la Coparmex impulsa el movimiento Alternativas por Méxi-

Lázaro Ríos. DICES, plan en redes sociales

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y redes sociales, sino que desde hace más de un año sostiene la operación de la plataforma generadora de contenidos DICES, que fundó en Jalisco y que dirige Lázaro Ríos, exdirector general del Grupo Reforma, cuyo principal objetivo es colocar en la agenda pública temas de política que le interesan a la organización patronal y que abiertamente confrontan y rebaten el discurso del gobierno lopezobradorista. La redacción de DICES opera en la Ciudad de México, pero su centro de producción de materiales digitales y audiovisuales está en Querétaro, explica a Proceso uno de sus editores. El presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, Max Kayser, es uno de los colaboradores más frecuentes de DICES, de acuerdo con Ismael García, quien confirma en entrevista el auspicio total de la organización empresarial a este “proyecto periodístico”. En DICES también colabora el extitular de la Secretaría de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, Salomón Chertorivski, quien critica la estrategia económica durante la pandemia. Ríos decidió no atender la solicitud de entrevista que le hizo la reportera, pero autorizó al editor de DICES a responder las dudas sobre la plataforma de contenidos. “Básicamente vamos por la conversación en redes sociales”, comenta García respecto al enfoque del trabajo en DICES, que consiste en un sitio web, en perfiles de Twitter con 47 mil 500 seguidores, Facebook con 42 mil 200 y Linkedin con mil 121 seguidores. Además de su interés por influir en la agenda pública, la Coparmex y empresarios de la región Occidente ya intentan marcar el ritmo del proceso electoral para 2024. Pablo Lemus Navarro, exdirigente de la Coparmex Jalisco y actual presidente municipal de Zapopan, es el candidato más fuerte de estos empresarios rumbo a las elecciones para gobernador del estado por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Desde los comicios de julio de 2018, empresarios tapatíos mostraron su preocupación por el triunfo de López Obrador, pero también, en su momento, por la inclinación del panista Ricardo Anaya a cerrar una alianza con el PRD y MC y no una más amplia y cercana con los empresarios. Para el tercer trimestre de 2019 la economía de Jalisco sólo crecía 0.4% contra el comportamiento del mismo trimestre en 2018. El desempleo también aumentó en enero de este año a 3.3% de la Población Económicamente Activa contra el nivel de 2.5% de enero de 2019. Ahora, en medio de la pandemia, la economía de Jalisco enfrenta una caída de 5.3% en la actividad industrial hasta marzo pasado,

P OL Í T ICA por lo cual el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez (de MC) anunció una inversión por más de 13 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura.

“Foro Sao Paulo” Además de participar en la Coparmex, este grupo de empresarios creó el Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sustentable (Coincydes), que surgió al amparo del gobierno de Alfaro. En Guadalajara, hasta antes de la pandemia, este compacto grupo de empresarios se reunía periódicamente para planear sus estrategias de contención ante los cambios y nuevas fuerzas políticas. La sede de sus reuniones era, según un empresario participante, el Hotel NH de la plaza comercial Punto Sao Paulo, donde también se reúne Alfaro con su gabinete. El cónclave se conoce como el “Foro Sao Paulo”. Desde el Foro Sao Paulo se vigiló el desarrollo de varias iniciativas para hacer frente al gobierno de Morena, desde Coincydes hasta los movimientos con base social para manifestar la inconformidad de este sector empresarial en las calles. Coincydes, dice su ideario, es un puente de comunicación entre sectores productivos y el gobierno del estado. A través de ese organismo el grupo de empresarios jaliscienses apoyó a Alfaro en su discurso contra López Obrador por la crisis de abastecimiento de gasolina en los primeros días de 2019. Además, cabildeó con el sector privado de Guanajuato su apoyo al convenio firmado entre ambos gobiernos para resolver el conflicto por la presa El Zapotillo, destinada a abastecer de agua a León, a los Altos de Jalisco y a la Zona Metropolitana de Guadalajara. En Coincydes están representados los más fuertes intereses económicos del estado. Es el símbolo del factor de poder económico, pero sobre todo de blindaje frente al gobierno federal, según expresó el propio Alfaro. “Jalisco debe blindar y defender sus intereses”, aseguró el mandatario en una reunión con el pleno de Coincydes en enero de 2019. Este organismo es operado por César Salvador de Anda Molina, empresario del sector avícola con participación en el grupo Innova Alimentos. La actual presidenta municipal de Tepatitlán es su prima hermana María Elena de Anda Gutiérrez, quien contendió por MC y antes fue diputada en la LVI Legislatura. En Coincydes también participan Juan Arturo Covarrubias Valenzuela y José Luis González Íñigo, ambos con amplio reconocimiento en la iniciativa privada estatal. El segundo preside la Fundación Social del Empresariado Jalisciense.

Covarrubias es vicepresidente nacional de la Coparmex, propietario de agencias automotrices (Motormexa), así como uno de los principales proveedores de patrullas para los municipios y gobiernos estatales, según consta en los registros de compras y adquisiciones de esos niveles de gobierno. También patrocina Extra Arbolado Urbano, AC. En la Coparmex no accedieron a dar la entrevista desde Jalisco. Según registros en Compranet, entidades públicas le han otorgado al Grupo

Motormexa Guadalajara 22 contratos por 26.2 millones de pesos, 80% de los cuales se adjudicó de manera directa. La Comisión Nacional del Agua en Jalisco, la presidencia municipal de Autlán de Navarro y la Comisión Federal de Electricidad del área de Occidente son los principales clientes de Motormexa de Guadalajara. Cuñado de Covarrubias, González Íñigo es dueño de la empresa Sésamo de Jalisco (Sesajal), dedicada a procesar productos del campo y principalmente enfocada a la exportación.

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El Informador

P O L ÍT ICA desarrollado grandes obras a nivel local e internacional. En la elección presidencial de 2018 ese conglomerado de empresarios apostó por la coalición Por México al Frente, que postuló para presidente al panista Ricardo Anaya y a Enrique Alfaro para gobernador. Después del triunfo de López Obrador, el grupo estrechó su alianza con Claudio X. González, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y con Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex. Ellos se encargaron de difundir enfáticamente las irregularidades en las que incurrió Carlos Lomelí, el llamado superdelegado en Jalisco, rival de Alfaro en la elección y dueño de Lomedic.

La rebelión se agota

Mauro Garza. Oposición desde Coparmex

Con una larga trayectoria en organismos empresariales locales y nacionales, González Íñigo se ha convertido prácticamente en el ideólogo de Coincydes, tanto por su ascendencia entre los hombres de negocios como por su añeja amistad con Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Fue por conducto de Romo que en julio del año pasado este grupo de empresarios solicitó al gobierno mayor acceso a la banca de desarrollo. En ese “mecanismo” y vínculo también se cuenta Carlos Álvarez del Castillo, dueño del diario El Informador, el único propiedad de empresarios tapatíos que sobrevive. Hace mancuerna con otro de los integrantes del grupo, Aurelio López Rocha, con quien participa en el World Trade Center en negocios de logística para importación y exportación. Otro integrante del núcleo es Luis Germán Cárcoba, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. También lo son los hermanos Raymundo y Armando Gómez Flores, propietarios del consorcio inmobiliario GIG y otras empresas. Exaccionistas de Banca Cremi, los Gómez Flores forman parte de la lista de empresarios beneficiados por la reprivatización bancaria en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y, después, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). En la ola privatizadora de Salinas de Gortari, la familia Gómez Flores también adquirió los activos de Minsa, con la que buscó competir con Maseca, de Roberto González Barrera. En 1999, en su libro Fobaproa, expediente abierto, López Obrador narró cómo

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los Gómez Flores, “los neobanqueros”, participaron en el rescate bancario. Raymundo Gómez Flores es padrino de registro del gobernador Alfaro y ha sido su mentor político desde el inicio de su carrera. Ese grupo incluye además al presidente de la Coparmex Jalisco, Mauro Garza, y el de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Xavier Orendáin. Por su parte, José Medina Mora (hermano del exministro Eduardo Medina Mora) vio recientemente congeladas sus cuentas bancarias y las de la empresa familiar que encabeza, Compusoluciones, en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, en contra de su hermano. Desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación señaló en varias revisiones de cuentas públicas irregularidades en los contratos otorgados a Compusoluciones. Los principales desarrolladores inmobiliarios de la zona metropolitana de Guadalajara forman parte del mismo núcleo de intereses: La familia Leaño, dueña de la Universidad Autónoma de Guadalajara y accionista de Andares, la principal plaza comercial, asentada en la zona más acaudalada de Zapopan. La desarrolladora inmobiliaria Tierra y Armonía Construcción fue fundada por Juan José Herrejón Hernández, tío de Enrique Alfaro. Esta compañía fue invitada en mayo pasado a la comisión para reactivar la economía jalisciense. Otro empresario cercano al gobierno de Alfaro es el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana, quien con su despacho Gómez Vázquez International ha

Pese a los antecedentes, González Íñigo, expresidente de la Coparmex, ha buscado acercarse al gobierno federal. La primera reunión tuvo lugar el 26 de junio del año pasado en Palacio Nacional y asistieron 46 empresarios jaliscienses. Según algunos participantes, estuvo cuidadosamente planeada. En la cabecera, junto al mandatario, se ubicaron los operadores de la reunión, Alfonso Romo y González Íñigo. Y en las siguientes posiciones más cercanas al presidente: César de Anda, Carlos Álvarez Bermejillo, Raymundo Gómez Flores, Manuel Romo Muñoz y Carlos Álvarez del Castillo. La segunda reunión con López Obrador fue el 12 de julio, en Guadalajara, con un auditorio más numeroso en las instalaciones de la Canaco. En Jalisco, Claudio X. González, Coincydes y el referido núcleo empresarial desarrollan una estrategia para lograr una base social. Promueven y patrocinan la agrupación antilopezobradorista llamada X Ciudadanos, que ha organizado y participado en todas las movilizaciones contra el actual gobierno federal. El líder de X Ciudadanos es Pablo Medina. Quienes participan en este movimiento deben leer un libro que guía sus pasos políticos, trabajan en células (aseguran tener más de 200) y se coordinan con Chalecos MX; Gilberto Lozano y agrupaciones de inconformes como las que marcharon el 1 de diciembre de 2019. El pasado 7 de julio, en una reunión virtual (modalidad obligada por la pandemia) con Coincydes y más de 250 empresarios, Alfaro habló de evitar el enfrentamiento con el gobierno federal en el tema de la pandemia, escuchó las quejas por la falta de claridad en la reactivación de las actividades productivas en la entidad (apenas en un nivel de entre 30 y 40%) y presumió la baja en los índices de delitos de “seguimiento especial”.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

os recorridos por el avión presidencial, con 20 meses de distancia, sirven de referente al discurso presidencial sobre el lujo y la ostentación de quienes lo antecedieron… aunque con diferencias en la decoración, la disposición y hasta las ropas de cama. El 2 de diciembre de 2018, un día después de tomar posesión y uno antes de enviar el avión presidencial a un hangar en Victorville, California, el gobierno de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda, convocó a reporteros a un recorrido por el Boeing Dreamliner 787-8, matriculado como TP-01, la aeronave que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado como ejemplo de “ostentación”, “derroche” y “fantochería”. Ya desde 2016, siendo presidente del Consejo Nacional de Morena, López Obrador lanzó aquel espot con el que popularizó la frase: “Ese avión no lo tiene ni Obama”, que debió ser bajado por orden de las autoridades electorales, pero que él mantuvo en discursos, variando luego la frase a: “No lo tiene ni Trump”, hasta su campaña de 2018, cuando solía prometer en cada mitin: “No me subiré al avión presidencial”. Adquirido al finalizar la administración de Felipe Calderón, recibido en la de Enrique Peña Nieto, el avión presidencial costó, a crédito, 127 millones de dólares (la deuda se seguirá pagando hasta 2027, si no se vende), además del hangar de mil millones de pesos, cuya edificación fue adjudicada a Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista consentido del peñismo e identificado como constructor y financiero en el reportaje de Aristegui Noticias, La casa blanca de Peña Nieto.

Los escenarios Blanca la casa, blanco el hangar, blancas las oficinas presidenciales aledañas… El recorrido del 2 de diciembre de 2018 permitía observar el avión –desmantelado como la Residencia Oficial de Los Pinos, el otro símbolo abierto al conocimiento público un día antes– que tenía cubiertos sus sillones que se adivinaban cómodos bajo las mantas café que los resguardaban. No había ahí cojines ni tablets. Descubierta la alcoba presidencial, su cama king size estaba sin colchón ni ropas; vacío el baño privado y sin los enseres para la higiene ni el perfume del jefe de Estado, cuyos sillones exclusivos se advertían sin las decoraciones que, en el nuevo recorrido, el del 27 de julio pasado, fueron colocadas para la ocasión.

Germán Canseco

PRES I DEN CI A /R EP O RTA J E G RÁ F IC O

Las

dos caras del avión presidencial En la exhibición del avión presidencial José María Morelos y Pavón realizada el 27 de julio último, la aeronave lució en su interior equipo y accesorios de lujo que no tenía el 2 de diciembre de 2018, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –recién asumido el poder– la presentó a los medios de comunicación. Dos versiones de la costosa aeronave y un show mediático. 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Octavio Gómez

2 DE DICIEMBRE DE 2018

Germán Canseco

2 DE DICIEMBRE DE 2018

27 DE JULIO DE 2020

Y es que ese día la Presidencia de la República convocó al nuevo recorrido para mostrar “cómo se malgobernaba el país”; con “exceso”, según el presidente López Obrador. La compra del avión fue, a su parecer, “un acto de prepotencia”, “oneroso y ofensivo”, dijo. Para la segunda visita la alcoba presidencial ya tuvo colchón y ropas de cama; el baño, follajes, incluso kleenex y toallas. Dispuesta ahí, la caminadora, banda sin fin que hace 20 meses no estaba. Hubo, en la segunda vuelta, cojines que, como las almohadas de la recámara, destacan por su aspecto atigrado en el dorado, café y amarillentos tonos en las rayas.

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Los sillones estaban descubiertos, con cojines dispuestos en el despacho presidencial, así como macetas decorativas con orquídeas y follajes frente a “la silla” utilizada en cada vuelo. Por toda la nave se veían encendidas las tablets y pantallas. Aunque en el recorrido de diciembre de 2018 López Obrador dijo que lo abrieron para mostrar “la extravagancia”, la posición oficial hoy es que “en aquella ocasión se presentó para ver cómo se iba a ir (a Victorville, California). Ahora, el objetivo era conocer las condiciones de la aeronave, por eso estaban a bordo todas las pantallas encendidas, así como la tripulación, incluidos los sobrecargos”.

Así, el coronel Francisco Enríquez Rojas, director de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (la nave está a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana), rechaza que el recorrido del 27 de

Octavio Gómez

PRES I DEN CI A /R EP O RTA J E G RÁ F IC O

julio haya implicado gasto en la decoración para un espectáculo armado para la ocasión. “Lo que se hizo fue encender todos los electrónicos (pantallas y tablets), y lo que

27 DE JULIO DE 2020

ahí se ve es parte del equipamiento del avión, no hubo gasto para eso.” A casi 20 meses de su estancia en el hangar de California –que implicó un costo cercano a 1 millón 200 mil dólares–,

Germán Canseco

la aeronave está de regreso en el hangar presidencial, con un sorteo alusivo que apenas ha logrado vender 25% del boletaje y, oficialmente, con nuevas ofertas de compra. 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Benjamín Flores

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expuestos

SARA PANTOJA

os días previos a la reapertura parcial de los comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de tres meses de emergencia sanitaria, cientos de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzaron a vivir días aciagos a causa del covid-19, ese “enemigo invisible” que se sumó a la inseguridad y la violencia cotidianas. En la esquina del Eje Central y Madero, la calle peatonal y comercial más transitada de la Ciudad de México, un uniformado apenas podía disimular su cansancio tras su cubrebocas y una careta que, además de protegerlo del inclemente sol dominical, le provocaba sopor.

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Su trabajo era controlar el acceso a esa arteria, de ahí sus advertencias a los transeúntes que merodeaban el lugar: “No puede pasar”, les decía. “Disculpe, no hay paso”, gritaba a los impetuosos ciudadanos. “No se puede, todo está cerrado”, insistía en su interminable letanía. La escena se repetía en las calles aledañas a principios de julio, dice el uniformado, de unos 33 años, quien pide el anonimato por temor a represalias. Luego añade: “La gente nos maltrata porque no los dejamos pasar, se ponen pesados y nos insultan. Y eso me molesta, pero tengo que aguantarme porque aquí me dejaron y no me puedo mover. “Por la pandemia”, dice, “mandaron a muchos compañeros enfermos a su casa y ahora somos menos, por eso nos toca que-

darnos 24 por 24 horas. Nos traen la choclaya (comida) y nos la comemos parados en la calle, cuidando que la gente no nos tome fotos; luego dicen que no trabajamos. Ya estamos muy cansados.” Datos de la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la SSC, dirigida por Omar García Harfuch, reflejan la salud mental de los policías capitalinos a raíz de la pandemia: 46% solicita ayuda para manejar el duelo por la muerte de un familiar o compañero; 29%, ansiedad o miedo; 10%, depresión, 5%, estrés laboral o postraumático; 4%, problemas de pareja; 3%, trastornos de la personalidad; 2%, conflictos familiares, y sólo 1% solicita orientación psicológica. Después de los trabajadores de la Se-

C OR O NAV I R U S /S O C I E DAD Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México son de los más vulnerables al covid-19, ese enemigo invisible que ya se ha llevado a más de 60 de sus compañeros. Ellos salen todos los días a la calle a dar seguridad a la ciudadanía y a enfrentar la criminalidad y la violencia. Algunos dicen que lo hacen con miedo; otros, simplemente que el virus no existe. Como sea, cumplen sus jornadas extenuantes de 24 por 24 horas. Muchos de ellos lamentan que a veces, sobre todo en este tiempo de pandemia, la ciudadanía los agrede.

Foto Policía Bancaria

cretaría de Salud y los del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, los de la SSC son los más afectados por el virus en el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuya administración admitió que el 28 de abril había 49 casos confirmados de policías contagiados y 12 defunciones; un mes después sumaban 131 confirmados y 40 fallecimientos. El 29 de julio había ya 90 casos positivos activos, más de 500 recuperados y 60 defunciones, según la SSC. No obstante, en una tarjeta informativa emitida el 15 de julio, el gobierno central informó que iban 62 “lamentables bajas” en esa dependencia que cuenta con más de 85 mil trabajadores operativos y administrativos.

Godínez Sainz. Enfrentar al “enem igo

invisible”

“Es nuestro trabajo” En un sondeo realizado a uniformados, uno de ellos destaca una situación “fuera de lo común” desde que empezó la pandemia: “Antes había más emergencias de robos, asesinatos y violaciones. Ahorita lo que se da más es la violencia física, las agresiones, los conflictos entre la gente… “En las tiendas que abren las 24 horas y en los supermercados la gente se aglomera, muchos quieren ingresar sin cubrebocas. Y cuando se conflictúan con los dependientes, tenemos que intervenir. Algunos sí se ponen violentos, pero les hacemos entender la magnitud de la situación.” Eso se debe, dice el uniformado con 10 años de antigüedad, a que muchas personas han estado bastante tiempo en confinamiento, hay problemas de pareja y violencia. “Todo eso lo tenemos que atender, a veces hasta llegamos al Juzgado Cívico y al Ministerio Público”. Otro compañero, con 35 años de servicio, comenta que aun cuando no están en hospitales atendiendo a pacientes con covid-19, los policías tienen contacto directo con los ciudadanos sin saber quién tiene el virus y quién no. Eso genera temor. Para mí, dice, la situación es complicada. Por fortuna estoy bien; “es cuestión de mentalizarse”. De acuerdo con la SSC alrededor de 2 mil 600 trabajadores, entre operativos y administrativos, están confinados o con trabajo en casa debido a su condición de vulnerabilidad. El 19 de marzo pasado el gobierno capitalino publicó en su Gaceta Oficial un acuerdo dirigido a los servidores públicos para informar quiénes podrían ausentarse de su trabajo por razones de salud pública. 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Octavio Gómez

Policías capitalinos. Secuelas psicológicas

La medida benefició a madres o padres que tuvieran a su cargo hijos pequeños, pero no fue extensiva para los trabajadores de la SSC, por su “actividad esencial”, por lo que debían solicitar la autorización a la dependencia. Sin embargo, una uniformada que es madre de varios menores que viven con su abuela materna desde que empezó la pandemia, comenta: “Nosotros no nos podemos quedar en casa para no contagiarnos. Tenemos que salir a las emergencias o si los ciudadanos acuden con nosotros, tenemos que intervenir. Es nuestro trabajo”. Y agrega con nostalgia: “Todos los días, cuando regreso a casa, pienso en que ojalá nunca me vaya a dar el covid porque mis hijos están muy chiquitos. Por eso, aunque nosotros estamos 100% expuestos, debemos tomar todas las medidas de protección y pensar que no va a pasar nada”. Pese a que sus superiores les proporcionan cubrebocas, caretas, guantes y gel antibacterial para su protección, a cinco meses de la pandemia, con más de 8 mil 800 fallecimientos en la CDMX y más de 72 mil 300 casos confirmados acumulados, algunos policías no creen en la pandemia. “Le voy a decir la verdad”, dice uno de ellos: “El covid no existe. Si existiera, todo el mundo estuviéramos muriendo minuto por minuto, cosa que no lo estamos viendo. En realidad, una epidemia, pandemia o como se le llame, arrasa con todo el mundo. Entonces no lo estamos viviendo, por eso yo digo que no existe”. –Entonces, ¿no tiene miedo de contagiarse? –se le pregunta. –No, eso depende de cada uno, de su

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forma de vivir y de pensar. A veces nos entra el nerviosismo porque andamos en la calle. En mi caso no pienso eso porque en realidad no existe el virus.

Doble estrés El 29 de julio pasado, un video grabado en la estación Pino Suárez, de la Línea 2 del Metro, se hizo viral en redes sociales. Se trata de la trifulca en la que participaron 15 policías y personal de seguridad de ese servicio de transporte con más de 30 presuntos vendedores informales conocidos como “vagoneros”. Todos se olvidaron de la sana distancia. Situaciones de ese tipo se repiten de manera cotidiana a lo largo de la ciudad, lo que genera estrés laboral o postraumático a los efectivos de la SSC. Sin embargo, con la emergencia sanitaria las cosas se complicaron. “De marzo a la fecha este estrés es doblemente expuesto porque los policías tienen que convivir con este enemigo invisible que es el covid-19”, explica a Proceso Miguel Godínez Sainz, director ejecutivo de Salud y Bienestar Social de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la SSC. Cuenta que tras el inicio de la pandemia la secretaría habilitó un servicio de call center con 61 psicólogos para atender a los policías contagiados o sospechosos, a quienes se mantuvo aislados. El servicio se extendió a todos los uniformados. Incluso se llegó a dar atención psicológica a 270 elementos por semana. Según los terapeutas, la principal demanda era asesoría por el duelo tras la pérdi-

da de algún familiar o compañero de trabajo, seguido de orientación por ansiedad, depresión, estrés laboral o postraumático, problemas de pareja, trastornos de personalidad, conflictos familiares y para buscar equilibrio emocional. Los primeros casos de covid-19 en la CDMX detonaron el miedo entre los uniformados ante la enfermedad: “¿Cómo enfrentarlo?, ¿qué hacer?, ¿cómo protegerse?, ¿cómo hacer las detenciones para no contagiarse?”, señala el entrevistado. Y añade: “A los uniformados no les preocupa tanto el contagio, sino la vulnerabilidad de su familia, sus padres con enfermedades crónico degenerativas y sus hijos pequeños”. No obstante, recuerda que aun cuando el policía lo es por vocación, quien diga que no tiene miedo, miente: “El miedo no se va a borrar nunca. Aumentó ahorita. Es una realidad porque, además de enfrentar el delito e inhibir la delincuencia, surge la pandemia, que es un enemigo invisible al cual se tiene que enfrentar”. En el caso de las detenciones, detalla Godínez, si la situación lo permite, si no hay violencia y el delincuente ya está sometido y esposado, los policías deben darle un cubrebocas y preguntarle si tiene algún síntoma o si ha estado en contacto con alguna persona infectada. De resultar positivo se toman las medidas sanitarias correspondientes y se manifiesta en la hoja de remisión. Hasta la fecha se han hecho más de 600 interrogatorios. El funcionario de la SSC agrega que en todas las instalaciones de la dependencia se aplican filtros sanitarios para detectar casos sospechosos. Además, en los comedores hay sana distancia y horario escalonado para evitar aglomeraciones. El propósito es que se cuiden, a sus compañeros y a su agrupamiento. Sobre las agresiones, los agentes saben que deben ser reiterativos y no perder la cabeza. Y cuando algún ciudadano se sale del orden, se le arresta. El pasado 17 de junio la SSC anunció la creación de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica, en la que 35 policías operativos, psicólogos de formación, ofrecen ayuda especializada con “idioma policial” para apoyar a sus compañeros para que estos, a su vez, puedan atender mejor las situaciones de crisis entre los ciudadanos; intentos de suicidio, por ejemplo. La dependencia da servicio gratis las 24 horas los 365 días a los uniformados, sus familiares y a la ciudadanía en general. “Sabemos que si el policía se encuentra bien en su entorno psicológico, laboral, personal y familiar, estará en mejor condición para aplicar su trabajo en la calle. Queremos que la Ciudad de México tenga la mejor policía del país”, concluye Godínez. (Con información de Miguel Dimayuga.)

ES TAD O S En un balance del primer año de gobierno de Miguel Barbosa Huerta en Puebla, politólogos y analistas consideran que no ha conseguido consolidar su administración por los frecuentes cambios en su gabinete, por su afán de concentrar en sí mismo todas las atribuciones y en gran medida también por su afán de banalizar los temas que más preocupan a la población.

GABRIELA HERNÁNDEZ

Foto Gob. Puebla

UEBLA, PUE.- En el primer año de su gobierno, Miguel Barbosa Huerta ha captado en diversas ocasiones los reflectores por sus polémicas frases y su abierta confrontación con periodistas, empresarios y actores políticos locales y federales. En su discurso de toma de protesta, el 1 de agosto de 2019, el mandatario ofreció que sería “el más equilibrado de los poblanos”. Sus dichos lo contradijeron pronto. “Los castigó Dios”, dijo en alusión a la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle. “Si ustedes son ricos, tienen riesgo; si son pobres, no. Los pobres estamos inmunes (al covid-19)”, dijo en conferencia de prensa el 25 de marzo, y “la vacuna contra el coronavirus es un plato de mole poblano con guajolote”, aseveró en un acto público el 14 de marzo. Ambas expresiones se volvieron virales. El politólogo Juan Luis Hernández Avendaño señala en entrevista que precisamente esta “banalización” discursiva es uno de los rasgos que han marcado el estilo de gobierno de Barbosa Huerta en su primer año y le han dificultado gobernar con la sociedad; precisamente una de las principales críticas que se hizo al gobierno de Moreno Valle. El también director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla apunta que estos errores de comunicación que cometió en un principio Barbosa y que marcaron su narrativa, sin duda han tenido un impacto en la forma en la cual los poblanos han asumido los riesgos de la pandemia.

Puebla, un año

de pleitos y dislates 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Los pleitos Hernández Avendaño considera que Barbosa ha tratado de reproducir en Puebla algunos elementos discursivos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, agrega, ha asegurado que existe un Bloque Amplio Opositor (BOA) poblano, que busca hacer fracasar a su gobierno. Como integrantes de este BOA ha ubicado al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz; a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; al rector de la Universidad

Covid. Riesgo clasista

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Eduardo Miranda

nemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), señala a Proceso que el gobierno de Barbosa se ha caracterizado por las contradicciones, pues su lema de campaña fue la reconciliación, pero ha tenido una postura “exacerbada” de confrontación. La catedrática considera que su estilo de gobernar se ha caracterizado por “no cuidar las formas” y no tener empacho en mostrar su enojo, en regañar, reclamar y agredir públicamente. “Es una forma de hacer política que no se había visto ni con gobiernos priistas”, comenta Aguilar, quien señala que esto ha generado que la crispación social que ya existía en Puebla desde los comicios de 2018, en cierta medida prevalezca, lo mismo que la percepción de persecución y revanchismo político. Indica que hasta ahora el gobierno de Barbosa se muestra igual de autoritario que el de Moreno Valle. “La diferencia entre uno y otro –señala– es que Moreno Valle cuidaba su discurso, el papel que le correspondía en la estructura del gobierno y las formas; con Barbosa hay una concentración pública en él, él es el gobierno, y no parece importarle cuidar esa parte de la comunicación social.”

Fernando Camacho / Procesofoto

Claudia Ramón Pérez, catedrática investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, dice a la reportera que si bien el primer año de la administración barbosista tiene que analizarse con la salvedad que ha implicado la contingencia para todos los gobiernos, igual ha dejado ver su desempeño en la crisis. Aunque reconoce que el mandatario ha tratado de reorientar su estrategia con medidas “adecuadas”, como convocar a un pacto comunitario para enfrentar la contingencia, coincide en que el modelo de comunicación que tiene Barbosa con la sociedad, no contribuye a solucionar problemas. Aunque en el discurso el mandatario dice respetar y escuchar, la académica sostiene que, en la práctica, Barbosa abre constantes frentes. El caso más reciente, indica Ramón Pérez, es el diálogo que sostuvo con los principales empresarios de la entidad para analizar una posible fecha de reactivación de la economía, del cual excluyó a los líderes de cámaras empresariales a los que acusó de asumir una posición de “rivalización” contra su persona. Al mismo tiempo, expone que el mandatario evade mecanismos de transparencia sobre el manejo de recursos y licitaciones, con lo cual la ciudadanía carece de información para medir su desempeño. No en balde, señala, en las evaluaciones sobre el desempeño de los gobernadores frente al covid-19, Barbosa aparece entre los peor calificados, y Puebla se ubica entre las entidades con más contagios y muertes en el país. Lidia Aguilar Balderas, coordinadora de la maestría en Ciencias Políticas de la Be-

de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez; a su exoperador político y exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla; a la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, y a varios líderes empresariales. A los rectores de universidades públicas y privadas que se inconformaron con la Ley Estatal de Educación los acusó de ser “conservadores” que quieren preservar sus canonjías, a los dirigentes de cámaras empresariales les ha reclamado que no han dado “ni un kilo de frijol” para apoyar a la gente durante la pandemia y a los panistas los califica de “radicales y marginales”. El mandatario lo mismo regaña públicamente a los asistentes a eventos, que a los reporteros y a sus colaboradores. “Poblanos de ende (sic) dejarán de ser”, les soltó a los participantes en un acto público el 8 de agosto de 2019, cuando apenas arrancaba su gobierno, que será de cinco años. Igualmente descalificó al subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell; dijo que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, es un “chocante”; ha acusado que el gobierno federal manipula cifras sobre la ocupación hospitalaria, y al IMSS, de retrasar sus reportes sobre la pandemia. Mientras afirma ser leal a López Obrador “hasta el último suspiro”, en distintos

ES TAD OS

Accidente fatal. “Castigo divino”

foros se ha quejado de no haber recibido ningún apoyo de la federación para atender la contingencia. Aguilar Balderas indica que esta postura pública de Barbosa pareciera más de un gobierno de oposición, no del mismo partido que el gobierno federal. Cuando el Comité Estatal de Participación Ciudadana, apoyado por asociaciones civiles, pidió al gobernador transparentar los recursos aplicados en la estrategia contra el covid-19, acusó a sus integrantes de ser parte del “morenovallismo más puro” y dijo que ese órgano debe ser renovado. A su vez, la alcaldesa morenista Rivera Vivanco presentó una controversia constitucional contra el gobierno estatal en la cual acusa al gobernador de violentar la autonomía del ayuntamiento por querer imponer al titular de Seguridad. Además, la edil interpuso una denuncia por violencia política de género contra Barbosa. En tanto que el rector de la BUAP tramitó un amparo con el que, aseguró, trata de evidenciar una presunta persecución política que sufren él y su familia por parte del mandatario, pues el gobierno estatal presentó una denuncia contra su hija Luz Andrea Esparza por supuesto lavado de dinero. Otros actores políticos, como el diputado local José Juan Espinosa; la esposa de éste, la senadora Nancy de la Sierra, y la

diputada federal panista Verónica Sobrado, han acusado también al mandatario. Hernández Avendaño menciona que el conflicto entre Barbosa y Rivera Vivanco deriva de la misma composición de Morena, como movimiento de “agregación de intereses” y perfiles discordantes, que sirvieron para ganar la campaña presidencial, pero que al ser gobierno se desencuentran. Esto, apunta, igual se refleja en la composición del gobierno estatal, en donde se congregaron intereses, entre ellos algunos expriistas financiadores de la campaña y exmorenovallistas como Gerardo Islas y Marcelo García Almaguer, que operan con el barbosismo “para salvarse de posibles juicios”. Lo mismo ocurre en medios de comunicación que en el pasado fueron morenovallistas y ahora están al servicio de Barbosa, anota.

“Gobierno en construcción” Hernández Avendaño considera que, a un año, el gobierno de Barbosa no ha acabado de asentarse y de establecer sus bases de legitimidad. Con nueve cambios de secretarios en el gabinete –en una de las dependencias, la Secretaría de Administración, con tres

titulares en dicho periodo– es de suponer que el gobierno no ha terminado por tomar los hilos de procesos fundamentales. “Es un gobierno, que aún está en construcción”, sostiene el académico al señalar que en este sentido el aterrizaje de la 4T en Puebla ha sido “caótico”, pues no se percibe rumbo y apenas ha llegado a dibujar algunos proyectos de gobierno. Añade que el gobierno no ha terminado de adquirir la legitimidad que le podría dar, por ejemplo, llevar a tribunales a funcionarios de administraciones pasadas, no como chivos expiatorios sino con procedimientos institucionales contra los que se enriquecieron con la corrupción o violaron los derechos humanos durante el morenovallismo. “Ha habido esbozos y amagos, pero nada firme hasta ahora”, añade el analista. El único encarcelado es Eukid Castañón, considerado uno de los más característicos representantes del morenovallismo, pero los delitos que se le imputan hasta ahora surgen de una demanda presentada por su expareja sentimental. También, menciona Hernández Avendaño, se ha anunciado la posibilidad de reabrir el caso Chalchihuapan, el más emblemático de violación a derechos humanos durante la administración panista, pero nada se ha concretado. Por otra parte, el politólogo expone que Barbosa ha dado continuidad a prácticas de autoritarismo, como la subordinación del Legislativo y la designación a modo de los titulares e integrantes de órganos autónomos. En el caso del nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señala que la Ibero Puebla dio seguimiento al proceso y pudo confirmar que recayó en el candidato del Ejecutivo. Los académicos coinciden en que la seguridad ha sido uno de los pocos renglones en los que el gobierno estatal ha tenido avances. “La captura de una decena de líderes delincuenciales que operaban en la entidad es un avance, pero aún no puede verse con claridad esto, por el confinamiento a que ha obligado la pandemia”, comenta Hernández Avendaño. En tanto que Aguilar Balderas también menciona la mano firme que hasta ahora ha mantenido el gobierno de Barbosa ante las amenazas de un grupo político como Antorcha Campesina. Hernández Avendaño advierte que con cuatro años por delante habría que esperar que el gobierno de Barbosa sea capaz de aprender y acabe por construir las bases de legitimidad democrática de su gobierno, sin alimentar el discurso de polarización. “A nadie nos conviene que lleven al fracaso a la 4T, porque eso abriría la puerta al Bolsonaro mexicano”, remata. 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

Denise Dresser

“Presidencialismo performativo”

odo el evento es un magnífico montaje. En un enorme hangar de dimensiones descomunales, el avión presidencial es expuesto como un símbolo de los excesos del pasado. Parado frente a él, y minúsculo en contraste, Andrés Manuel López Obrador dedica una conferencia mañanera a mostrarlo de nuevo, en todo su terrible esplendor. Los periodistas pasean por su pasillo central, constatan los lujos, toman fotografías de las sábanas y las toallas. Y el presidente se vuelve el maestro de ceremonias, el atizador de los agravios, el removedor del rencor. En campaña permanente, se encarga de recordar por qué ganó y tantos indignados lo apoyaron. La aeronave es un insulto al pueblo de México, y tiene razón. Pocos objetos engloban una era de derroches como el Dreamliner que tanto costó y tanto sigue costando. El avión ilustra la portada de un panfleto político. Agitprop puro. Su sola exhibición basta para que el país se ponga a pensar en las penurias del PRI y sus acompañantes del PAN. La Casa Blanca. Aquel viaje a Gran Bretaña con más de 400 invitados. La Estafa Maestra y el Gobierno Espía y los gobernadores gandallas. La frivolidad constante y la corrupción indignante. El avión presidencial carga con las pesadillas de un país gobernado por ladrones, que se pasearon impunemente en él. Al enfatizarlo, AMLO obtiene lo que quiere: controlar la narrativa y dominar el discurso. Al exhibir otra vez el avión, así, de pronto la conversación pública cambia. Ya no se centra en los retos

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del presente sino en los atropellos del pasado. Ya no se enfoca en los problemas producidos por la pandemia, sino en los daños infligidos por el peñanietismo. Cada mañana, López Obrador inaugura una nueva obra, un nuevo espectáculo, repleto de actores centrales, extras eventuales, luces, cámaras y acción. Bienvenidos al Circo de la Cuarta Transformación. Bienvenidos al mundo del “presidencialismo performativo”, como lo ha denominado José Ramón Cossío y sobre cuyas variantes escribe Anne Applebaum. Una nueva forma de hacer política inaugurada en Rusia en la última década, emulada por Trump en los últimos años, desplegada por líderes en otras latitudes e imitada por López Obrador desde que llegó al poder. El universo poblado por políticos que utilizan los gestos, los símbolos, los mensajes mediáticos, la resignificación de las palabras y la reapropiación de la historia para arengar al pueblo. La constelación de quienes concentran el poder y lo despliegan para crear distractores ante las crisis sanitaria y económica de nuestra era. La política como camuflaje para esconder lo que está ocurriendo debajo del vestuario y atrás del telón. En México, eso significa hablar del avión para no hablar de la militarización. Hablar del avión para no hablar del lugar cada vez peor que ocupamos a nivel mundial por muertes y contagios del coronavirus. Hablar del avión para no hablar de la contracción económica que está llevando a millones más al desempleo y la po-

breza. Hablar del avión para no hablar de las pérdidas de 600 mil millones de pesos de Pemex en lo que va de 2020. Hablar del avión para no hablar de las evaluaciones críticas del Coneval sobre el mal desempeño de los programas sociales, o la escasez de medicamentos por la falta de previsión para comprarlos a tiempo, o los estragos causados por el huracán Hanna. Prácticas que no se tocan cuando el avión domina la discusión, y parecidas a las de gobiernos previos, que también cometieron errores pero no lograron ocultarlos con tanta habilidad. Temas y prácticas que la 4T considera legítimas, pero eso no las hace legales, aceptables, o normales. Detrás de muchas decisiones tomadas o decretos anunciados hay derechos laborales puestos en jaque, disposiciones constitucionales violadas, vidas afectadas, amparos interpuestos. Pero eso no parece quitarle el sueño al presidente, porque el objetivo de todo lo que hace es político y electoral. Tiene poco que ver con la contención del coronavirus o con la recuperación económica. Tiene poco que ver con impedir la pauperización o frenar el desempleo. Tiene mucho que ver con ganar la elección de 2021 y mantener la Presidencia en mano de Morena tres años después. Por eso el presidente actúa como actúa, escenifica como escenifica. Su papel no es gobernar sino teatralizar. No es el titular del Poder Ejecutivo sino el curador de una galería. Y cada día hay una nueva exhibición: ayer fue el avión, mañana será Lozoya o Peña Nieto.

ANÁLI S I S Ernesto Villanueva

Lozoya: ¿Conveniente olvido de Fertinal?

La meta es transmitir mensajes y siempre son los mismos. Este gobierno es austero y bueno, los anteriores fueron dispendiosos y malos. Este gobierno es honesto y moral, los anteriores fueron corruptos y amorales. Este gobierno es humanista y respetuoso de los derechos humanos, los anteriores fueron militaristas y represores. Este gobierno cuida al pueblo, los anteriores se dedicaron a exprimirlo. A partir de esas ideas fundacionales –machacadas en la mañanera– el presidente procede a armar montajes con un afán pedagógico. Imágenes que valen más que mil palabras. El avión lujoso junto al vuelo en avión comercial a Washington. El aeropuerto austero de Santa Lucía junto al aeropuerto faraónico de Texcoco. Emilio Lozoya indiciado junto a tantos más impunes. Pemex revitalizado junto a Pemex saqueado. Para acompañar cada cuento siempre habrá declaraciones, videos, giras, diatribas, tuits, trending topics en Twitter orquestados por la red AMLOve y material provisto por el gobierno para apoyar a un presidente que sí actúa, pero cada vez más sobre un escenario, y cada vez menos en la realidad. La 4T continuará proveyendo distractores para que López Obrador pueda satisfacer a los habitantes del país paralelo que ha creado. Ese México donde todo va bien, la pandemia ya fue domada, la corrupción no existe, la violencia desciende y el presidente no merece la crítica sino un Óscar por la mejor actuación del año. O

as imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) a Emilio Lozoya se han enfocado prácticamente en dos rubros, Agronitrogenados y Odebrecht, y han dejado fuera el tema de Fertinal que, como es de conocimiento público, fue presuntamente parte de ese daño patrimonial al Estado. ¿Olvido o conveniencia política? Mathieu Tourliere, acucioso reportero de Proceso, documentó –cumpliendo con el rigor periodístico de veracidad– esta historia que tiene implicaciones legales. Existen varios elementos que sustentan la participación de Lozoya en el caso Fertinal. Veamos. Primero. Es conveniente recordar que la adquisición de Grupo Fertinal se llevó a cabo a lo largo del año 2015 y concluyó en enero de 2016. Durante este periodo Emilio Ricardo Lozoya Austin era director general de Pemex. Pemex contrató dos créditos para obtener los recursos necesarios para la compra de Grupo Fertinal. El quid del asunto no es que durante la gestión de Lozoya como director general de Pemex se concretó la compra de Fertinal, sino que se hizo al margen de la ley, como lo sostiene Martha Edith Rodríguez Costa, abogada general de Pemex, quien señaló textualmente el 5 de marzo de 2019: “Los créditos se tramitaron y obtuvieron bajo la premisa de que Fertinal era solvente, cuando que en opinión de los expertos técnicamente se encontraba en quiebra”, por lo que consideró que dichos créditos podrían constituir un delito.

Más todavía, la abogada general de Pemex apuntó que: “Según opinión de los expertos, Fertinal se recibió con una producción inferior a 70% de la capacidad de diseño; un flujo mensual neto negativo de 12.2 millones de dólares americanos; capital de trabajo negativo de 30 millones de dólares americanos (frente a un requerimiento positivo de 30 millones de dólares americanos); y necesidades apremiantes de CAPEX”. Segundo. La denuncia que hizo Pemex, donde involucra a Emilio Lozoya, no fue producto de generación espontánea. Se apoyó, además de sus propias investigaciones, en el reporte de auditoría previamente hecho público por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el que concluyó: “La adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., y subsidiarias (GP FER) no es un negocio rentable para Petróleos Mexicanos (Pemex)” y “la Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron la compra de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., y subsidiarias (GP FER), aun cuando en septiembre de 2015 un despacho externo realizó el due diligence financiero en el cual se determinó, entre otros cuestionamientos, que las revaluaciones de maquinaria realizadas en siete años parecían altas”: 690 millones de dólares; “asimismo, indicó que sin la revaluación, el capital contable de GP FER sería negativo”.

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Y más adelante el reporte de la ASF señaló: “Destaca el hecho de que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tuvo conocimiento, en el periodo de compra, de las deficientes condiciones operativas y financieras de dichas empresas. Las consultoras Strategy& y Pricewaterhouse Coopers, S.C. (PwC), habían identificado que Fertinal, antes de ser adquirida, presentaba Rendimiento sobre capital (ROE) en niveles mínimos o por debajo de los comparables, situación que se debía a la baja rentabilidad de la empresa en los últimos años; mientras que para la de Pro Agro, la empresa consultora Booz & Co. estimaba que ‘la probabilidad de destruir valor económico era alta’, sin que lo anterior hubiera revertido la decisión de adquirirlas”. Tercero. La compra de Fertinal se hizo a un altísimo sobreprecio en perjuicio del erario, donde presumiblemente hubo daño patrimonial al Estado, habida cuenta de que Pemex, con Lozoya como director general, compró Fertinal incluidos sus adeudos con Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, entre otros, según consta en el Memorándum de Entendimiento vinculante y el convenio de confidencialidad. En efecto, el Consejo de Administración de Pemex aprobó –con voto en contra del doctor Carlos Elizondo Mayer– comprar Grupo Fertinal por 635 millones de dólares. El precio real de Fertinal se estimaba en 15 millones de dólares y eso sin descontar el costo de los créditos contraídos por Pemex para la adquisición de Fertinal, pero se compró por 203.4 millones de dólares (ASF 514-DE y 492-DE). Y además para pagar los adeudos de Fertinal ¿casualmente? a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca que se hicieron anticipadamente (práctica que no es precisamente la común en el gobierno), Pemex contrató diversos créditos de los que obtuvo recursos para saldar el adeudo de referencia. Cuarto. Como se puede concluir de

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lo expuesto en líneas anteriores existen claros indicios de presuntas afectaciones al Estado mexicano, de presuntos ilícitos y delitos. Por ello, ¿cómo es posible que la Fiscalía General de la República haya dejado fuera los presuntos actos delictivos en los que pudo haber incurrido Lozoya en la compra de Fertinal? ¿La denuncia de hechos de la abogada general de Pemex y las conclusiones de la ASF no tuvieron valor alguno, como para ser ignoradas de plano por la FGR? ¿No es raro que raudo y veloz Lozoya, a cargo de Pemex, haya endeudado a la empresa estatal para pagar anticipadamente los adeudos de Fertinal a las empresas de Azteca que, como es entendible, no son ajenas a Ricardo Benjamín Salinas Pliego? ¿No cabe la posibilidad de que ese “olvido” de la FGR de judicializar el caso Fertinal fue precisamente por estar como parte de esta trama empresas relacionadas con Salinas Pliego o se debe pensar que se trató de una simple coincidencia y que no tuvo ningún trasfondo ajeno a derecho? ¿No se incurre con esta omisión hasta ahora en la privatización de los recursos del erario y en la socialización de las pérdidas que, de manera reiterada, el presidente López Obrador ha cuestionado que “no somos iguales” que los gobiernos anteriores? Se ha dicho que cuando hay una extradición sólo se puede judicializar a la persona extraditada por los delitos claramente señalados por el país solicitante, pero hay que recordar que presumiblemente en este caso, Lozoya por su propia voluntad decidió acogerse a la jurisdicción mexicana, donde por tal virtud, puede ser imputado de los presuntos delitos en los que pudo haber incurrido sin tener que sujetarse a un universo predeterminado; pero hasta ahora la FGR ha guardado un silencio sobre Fertinal, que es de llamar la atención, por decir lo menos. O @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com

a profunda militarización de la vida pública del país va en contrasentido de una política democrática de fortalecimiento institucional de los gobiernos civilistas mexicanos que se conformaron al término del proceso revolucionario del siglo pasado. Las acciones recientes en la implementación del control total del sistema aduanero y de la actividad portuaria están redefiniendo ámbitos que trascienden la influencia notable del sector castrense, convirtiendo a los generales y al almirantazgo en factótum político y económico cuyo control presidencial será inútil para cualquier acción correctiva en el futuro inmediato. La nueva relación político-militar… con AMLO. Con la creación de la Guardia Nacional el gobierno actual renovó esquemas de simulación en el nuevo trato con las fuerzas armadas y su uso político. Con mecanismos tramposos en las normas legales (como el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que militarizó el control y formación del nuevo cuerpo policial por todo el sexenio) y los márgenes discrecionales del nuevo autoritarismo presidencial (como el decreto del 11 de mayo de 2020), las definiciones del régimen confeccionan y justifican sus propias creaciones, según conviene al presidente: un organismo policial que termina siendo una extensión de las fuerzas armadas donde el componente civil es accesorio. Peor aún, como en el caso de la subordinación formal a

AN Á L IS IS Erubiel Tirado

Aduanas y puertos: nueva fase militar Para Asier, quien se estrena como adulto en un país y un mundo difíciles pero con un futuro que, estoy seguro, será promisorio.

“…el Ejército no puede ser utilizado para suplir la incapacidad de los gobiernos civiles.” Andrés Manuel López Obrador. Zócalo, DF, 17 de agosto 2006 (citado por Proceso)

una dependencia civil (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), su titular quedó reducido a un valor de papel decorativo o, cuando más, de “chivo expiatorio”, cuando la ocasión lo amerite, en caso de proteger la responsabilidad de mandos militares ante eventuales fracasos o violaciones a los derechos humanos. Ahora, con la coartada de la corrupción, bajo el esquema de un supuesto control civil gubernamental, se justifican los cambios administrativos en el sistema aduanal y portuario (el más reciente, en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 25 de julio). Se relega la autoridad civil, cuyos titulares terminan en un papel decorativo, independiente de los perfiles de eficiencia u honradez cuya importancia presidencial es sólo retórica y sólo atribuible como mérito a los militares. La amplia presencia castrense en la vida social y política del país, ahora disfrazada de “actividades generales” (las “específicas”, según ya se perfila en la narrativa castrense, son las de defensa), no es militarización porque así lo dice ¡el general secretario de la Defensa! (Excélsior, 6 de julio), pese a que la realidad muestra lo contrario. Fractura civilista. El tour de force militar actual es significativo por su impacto en el quiebre del principio de supremacía civil que, de modo singular, se forjó en las primeras décadas posteriores a la revolución y se consolidó hacia la segunda mi-

tad del siglo pasado. El presidencialismo mexicano lo hizo bajo las premisas autoritarias, clientelares y de corrupción política de un sistema que apartó a generales y marinos de puestos de gobierno y representación popular. Con el populismo militarista actual, se ha pasado de un patrón de privilegios e influencias castrenses (de impunidad y de carácter económico) a un escenario de presencia militar en el gobierno que fue propio de un contexto previo a su domesticación civilista con el antiguo PRI. En el sexenio actual se presume de la extensión de 13 actividades civiles importantes a cargo de militares (El Universal, 25 julio. Ver Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2020-2024, Diario Oficial, 24 de junio). En el caso particular del control total de la administración portuaria del país, independientemente de que se trata ahora de la recompensa económica faltante a los altos mandos de la Marina (luego del trato obsequioso en términos presupuestales y financieros que este gobierno le ha dado a la Sedena), la militarización se hace evidente por: 1) el autoritarismo presidencial que, sin importar el marco legal y regulatorio, impone su decisión por encima de las leyes, 2) la extensión de presencia en espacios de gobierno bajo una coartada o pretexto de seguridad justificada con el mito de la incorruptibilidad y eficiencia militares, y 3) la deliberada ignorancia u omisión de la importancia estratégica de la experiencia acumulada y el valor agregado de

la marina mercante mexicana, sobreponiendo el interés militar sobre la eficiencia técnica y administrativa civil. En efecto, tanto para la apropiación militar de las aduanas y puertos debieron haberse aprobado previamente por el Congreso de la Unión al menos nueve leyes. Por añadidura, ya se hicieron los primeros nombramientos de almirantes en activo (25 de julio) en dos administraciones portuarias integrales, cuya legalidad queda en entredicho y cuestiona la superioridad civilista que, hoy por hoy, ha sepultado el presidente. Estas decisiones se enmascaran con prejuicios sobre la eficiencia militar y el mito de la incorruptibilidad (El Universal, 29 de julio) ignorando que ha habido presencia y responsabilidad castrense en aduanas y los puertos, y que su desempeño no es ajeno al escenario caótico y corrupto que hoy presentan (empezando por la seguridad). Militares y marinos son parte del problema, antes que la solución (ver Raymundo Riva Palacio: “Ganaron (otra vez) los militares”, El Financiero, 24 de julio; y, Ricardo Raphael de la Madrid, “Jiménez Espriú vs. López Obrador”, El Universal, 23 de julio). En lo administrativo, de acuerdo con los informes de labores de la dependencia de los últimos años, la gestión de marinos no tuvo el mismo dinamismo en comparación con responsables civiles de la marina mercante. En el escenario actual, es preocupante el saldo de esta nueva fase militarista 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020

acarreando la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De hecho, la reticencia de la SCT logró posponer la reforma legal, cuya aprobación era inminente en diciembre pasado y que formalizaría la apropiación militar del sistema portuario. Sin reforma legal, la pandemia y la presión norteamericana, cuya agenda de seguridad ha estado acompasada por la Secretaría de Marina desde hace dos sexenios, terminaron por doblar a un presidente sin claridad estratégica. “Operacionalidad” (sic) y rendición de cuentas. Utilizando el lenguaje militar mexicano y con el esquema del gobierno actual con la Guardia Nacional, es posible advertir las características y alcances del dominio castrense en el país. Bajo un estricto criterio conceptual, crear un cuerpo paramilitar para tareas policiales constituye un paradigma que diluye la responsabilidad de su mala actuación derivada de acciones u omisiones legales así como por violaciones graves a los derechos humanos. La dualidad legal de dependencia de la Guardia Nacional oscila entre la formalmente definida por la Constitución y su ley respecto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pero, como ya se advirtió, debido a un poderoso artículo transitorio (así lo calificó el titular de la Sedena) la Guardia Nacional en su formación, entrenamiento, logística y operativamente sólo depende del Ejército. Pero en el momento de asumir responsabilidades legales, la Sedena evade, la

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Comandancia General de la Guardia Nacional hace lo mismo y la SSC dirige la mirada a los militares. Queda claro que es el estamento militar es el que no se debe tocar ni cuestionar (ver ejemplo de transparencia de la GN, en UIA, Programa de Seguridad Ciudadana: 2020, p. 27-35). En mayor o menor medida, y sin menos regulación normativa (y confusa) como la que observa la Guardia Nacional, este mecanismo de dilución en la rendición de cuentas ya se refleja en materia de aduanas y puertos. Las dependencias que las administran y gestionan legalmente, Hacienda y Comunicaciones y Transportes, están siendo desplazadas de facto por la Sedena y la Marina, respectivamente, pero sin asumir los costos legales y menos políticos de los eventuales fracasos por sus decisiones operativas y administrativas. La extrapolación, por auto de fe presidencial, de que la disciplina y obediencia militares junto con la percepción de honradez son sustitutos del estado de derecho y garantía de eficiencia gubernamental, está consolidando el país que criticaba Andrés Manuel López Obrador sobre la incapacidad de los gobiernos priistas y panistas por apoyarse en el sector castrense. Las recientes decisiones presidenciales, al confeccionar estadios de impunidad militar donde la Sedena y la Semar son legal, administrativa, presupuestal y políticamente irresponsables, significan la caída de un principio de estabilidad y gobernabilidad, de graves consecuencias para todos. O

uatro ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaban de rechazar el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara que, de aprobarse, hubiera abierto las puertas para que las demás entidades federativas transitasen hacia la interrupción legal del embarazo (ILE). Vale la pena recordar los antecedentes. En 2017 un grupo de trabajo coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres elaboró el Informe de Alerta de Violencia de Género para Veracruz, que concluyó que era necesario emprender acciones legislativas que garantizaran los derechos de las veracruzanas, entre otras cosas la reforma del Código Penal para despenalizar el aborto hasta la decimosegunda semana de gestación. Tal propuesta fue desechada, por lo cual se promovió un amparo y el juez de distrito lo concedió, y ordenó al Congreso legislar conforme a las recomendaciones. El Congreso de Veracruz se inconformó. El amparo llegó a la Primera Sala de la SCJN y le tocó al ministro González Alcántara hacer el proyecto de sentencia. Dicho proyecto sostenía que Veracruz debía modificar su regulación restrictiva de aborto, y lo fundamentaba en la Constitución mexicana y

AN Á L IS IS Marta Lamas

El aborto vuelve a escena

en las obligaciones que tiene México, derivadas de tratados internacionales, como la CEDAW y la Convención Belem do Pará, que establecen que los Estados deben tomar todo tipo de medidas legislativas para reformar leyes discriminatorias contra la mujer. De manera contundente el proyecto señalaba que “la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo vía tipificación penal se traduce en una injerencia en la autonomía de las mujeres que lacera y restringe sus derechos humanos”. Además González Alcántara desmontaba lo que muchas personas pensaban que era un obstáculo insalvable: la reforma a la Constitución estatal que protege la vida desde el momento de la concepción, que se aprobó con Duarte como gobernador en 2016. González Alcántara argumentaba que las reformas al Código Penal son compatibles con la protección a la vida contemplada en la Constitución del estado de Veracruz. La protección a la vida desde el momento de su inicio es un valor general que admite excepciones (que van desde aceptar la legítima defensa hasta el aborto). Todos los países que tienen despenalizado el aborto (como los europeos) también tienen consagrada la defensa de la vida en sus constituciones. El ministro desarmaba jurídicamente la creencia acerca de que la protección a la vida impide legalizar el aborto, y señalaba que no

era un impedimento para que el Congreso veracruzano cumpliera con el mandato de reformar el Código Penal. Sin embargo, los otros cuatro ministros de la Primera Sala (Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat) no aprobaron un proyecto que se perfilaba como un precedente importante. ¿Por qué tal rechazo? Mi primera impresión fue la de pensar que las presiones políticas de la derecha lo habían frenado. Sin embargo, el coordinador jurídico de GIRE, Alex Alí Méndez, me explicó que la decisión de la Corte se debe a un tema de forma relacionado con lo que se reclamó en la demanda de amparo y a la manera en que la Corte ha venido resolviendo asuntos similares. Aunque González Alcántara había hecho todo para salvarlo, el tema era de orden procesal. En su intervención los ministos y ministras que votaron en contra tuvieron cuidado de aclararlo, sostuvieron que su rechazo al proyecto no era un pronunciamiento en contra de los derechos de las mujeres. En suma, la decisión del pasado miércoles obedece únicamente al estudio de los elementos procesales del juicio de amparo. ¿Qué lección deja esta experiencia? La de que hay “reglas del juego” jurídico que no deben saltarse. O sea, si la forma en que se pide algo no cumple con ciertos requisitos, es desechada, más

allá de que el tema sea justo y necesario. Las organizaciones impulsaron una estrategia sin duda novedosa, obtuvieron un buen resultado con el juez de Distrito pero que, a la luz del historial de decisiones de la Corte, implicaba desconocer sus propios precedentes. Me parece que el cuestionamiento aquí debe hacerse al Congreso de Veracruz, que teniendo una sentencia que les ordenaba legislar a favor de las mujeres prefirieron ir en contra. No es la Corte quien se pronuncia contra los derechos de las mujeres, es el Congreso que se niega a reconocer la autonomía reproductiva de las mujeres. Si el Congreso no hubiera impugnado la decisión del juez no estaríamos hablando de la decisión de la Corte sino de una legislatura que entiende que su papel en una democracia también es promover, proteger y garantizar los derechos humanos como lo ordena la Constitución. Es evidente que la lectura acerca de la votación va a tener una interpretación política desafortunada. Yo misma me deprimí cuando supe el resultado. Pero lo ocurrido remite a que en el campo jurídico el fin no justifica los medios, sino que los medios cuentan, ¡y mucho! El saldo positivo de lo ocurrido es la espléndida argumentación del ministro González Alcántara, que puede ser retomada en los próximos procesos que seguramente vamos a tener. ¡La marea verde avanza!

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Black Lives Matter,

antes y

después del asesinato de Floyd

Ben Fleibeman

La frase de un mensaje que circuló hace ya siete años en las redes sociales, que sencillamente proclamaba el derecho de la población afroamericana a existir pese a la hostilidad del sistema estadunidense, cobró la dimensión de movimiento al convertirse en lema de las protestas por el asesinato de George Floyd en mayo pasado en Mineápolis.

INTER NACI ONA L /E S TA DO S U N I DO S DIEGO COURCHAY Ambos residían en el lugar y Martin, de 17 años, estaba desarmado. En California, Alicia Garza supo de la absolución de Zimmerman de todo cargo el 13 de julio. Reaccionó con un mensaje en Facebook: “Personas negras. Yo los amo. Los amo. Nuestras vidas importan”. Tras leerla, su amiga Patrice Cullors compartió el mensaje acompañándolo de un hashtag: #BlackLivesMatter. Al poco tiempo la activista Opal Tometi ofreció construir plataformas en las redes donde activistas pudieran unirse en torno al nuevo lema. Las semillas del movimiento fueron sembradas por tres mujeres, dos de ellas identificadas como queer –Garza está casada con un activista transexual–, posicionando desde el principio las temáticas de representación de género en el centro del movimiento. Al igual que otro movimiento que se inició con un hashtag, el #MeToo (“yo también”) contra el acoso y el abuso sexual, la frase de Garza tuvo que esperar a que la coyuntura la transformara en un fenómeno social. A diferencia de #MeToo, que tras ser creado en 2006 tardó una década en difundirse mundialmente, su mensaje sólo debió esperar un año. Y otra muerte. En 2014, en la ciudad de Ferguson, Misuri, un policía disparó y mató a Michael Brown, un afroamericano de 18 años. Desde varias ciudades del país cientos de personas viajaron para unirse a las protestas, retomando el modelo de los “Viajeros de la libertad”, quienes en los sesenta viajaban al sur de Estados Unidos para desafiar la segregación racial que continuaba

en los estados conservadores, pese a ser declarada ilegal por la Suprema Corte. Para DeRay Mackesson, un profesor que manejó casi mil kilómetros hasta Ferguson, lo que surgió de forma casi espontánea fue una “increíble red de personas negras que lo hicieron sin jerarquía, sin haber estudiado cómo organizarse, sin necesidad de haberlo leído todo”, recordó en entrevista con The New York Magazine. A la distancia lo considera el punto de partida del nuevo movimiento contra el racismo en Estados Unidos. El mensaje creado por Garza, Cullors y Tometi cobró fuerza, de forma independiente y en otras partes del país. Ese sería el patrón en adelante: resurgir como el lema que tras cada nuevo caso de racismo convoca para exigir justicia, en la mayoría de los casos por otra muerte a manos de policías; haciéndose “viral”, periódicamente, generando nuevos grupos locales y sin quedar confinado a las redes ni dentro de una organización rígida. “Black Lives Matter (BLM) ha tratado específicamente de no ser sólo una organización, sino de ser realmente un movimiento”, explica en entrevista la especialista en cambio social Leslie Crutchfield, autora de Cómo ocurre el cambio: por qué algunos movimientos sociales tienen éxito y otros no. “Este tipo de movimientos permiten que sean las bases las que los impulsen; el poder dentro del movimiento se descentraliza y se disemina a los capítulos locales, a los afiliados locales. En el caso de BLM se ven marchas, protestas y manifestaciones que surgen de forma independiente en ciudades y pueblos del país.” AP photo / Jacquelyn Martin

200 metros en línea recta de la Casa Blanca, cruzando el vecino parque Lafayette, tras la reja de más de dos metros erigida para mantener a raya las protestas, 16 letras amarillas en el asfalto de la Calle 16 declaran de una acera a la otra: Black Lives Matter (“las vidas negras importan”). Siete años antes esta frase era apenas el fragmento de un mensaje en la red social Facebook de una activista, en la costa opuesta de Estados Unidos. En Washington DC, desde el pasado 2 de junio, es el nuevo nombre de las dos últimas manzanas de la arteria que conduce hacia la residencia presidencial, designada plaza Black Lives Matter por parte de la alcaldesa Muriel Bowser. “Hay personas que anhelan ser escuchadas y vistas, y que su humanidad se reconozca, y tuvimos la oportunidad de enviar ese mensaje alto y claro en una calle muy importante de nuestra ciudad. Ese es el mensaje para el pueblo estadunidense: la humanidad negra y las vidas negras importan”, dijo Bowser en conferencia de prensa. Ahí convergen a diario los manifestantes desde que estallaron las protestas en la capital, como ocurrió a lo largo de Estados Unidos a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo, en Mineápolis, Minnesota. Floyd murió asfixiado tras pasar ocho minutos y 46 segundos bajo la rodilla del policía que lo retenía, pese a que clamaba “no puedo respirar”. Se le acusaba de la presunta falsificación de un billete de 20 dólares. Black Lives Matter, las tres palabras que denuncian la violencia mortífera contra los afroamericanos, y que ahora pueden leerse desde el cielo de Washington, también adornan camisetas y tapabocas, y forman el lema más reconocible durante las manifestaciones en varias ciudades del mundo. Su tránsito de las redes a las calles es la historia de un movimiento cuya expansión se basa en una forma de organizarse y concebirse que ha venido a renovar los reclamos históricos que quedaron inconclusos tras los logros de los derechos civiles de los sesenta y setenta.

De un hashtag a un lema En el verano de 2013 un caso ocupaba los noticiarios de Estados Unidos: el juicio en Florida de George Zimmerman. En febrero de ese año este hombre mató de un tiro al estudiante de preparatoria Trayvon Martin, durante una confrontación en el condominio donde Zimmerman era parte de un grupo de vigilancia vecinal.

Bowser. Protestas bienvenidas

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AP photo / Mark Lennihan

gras”, “justicia económica” y retirar fondos a la policía y al sistema carcelario para asignarlos a estrategias de educación, justicia restaurativa y programas de empleo. En paralelo siguieron creciendo los capítulos locales en el país, unidos por sus principios rectores.

Tormenta perfecta para el cambio

Nueva York. Pinta frente a la Torre Trump

Para el escritor e historiador Jelani Cobb, profesor de la Universidad de Columbia, esto emparentó en un inicio a BLM con el movimiento contra la desigualdad económica Ocupa Wall Street, surgido en 2011. Ambos nacieron caracterizados por el rechazo a los liderazgos jerárquicos y centralizados, y a menudo rompiendo con los líderes sociales de la generación anterior. La necesidad del surgimiento de BLM durante el mandato del primer presidente afroamericano de Estados Unidos retrató las limitaciones del cambio que se esperaba de él: “Obama, siendo un joven organizador comunitario en Chicago, determinó que podía lograr un cambio más efectivo a través de la política electoral; Garza pertenece a una generación de activistas que han examinado las circunstancias de su presidencia y han llegado a la conclusión opuesta”, escribió Cobb en la revista New Yorker.

Otro modo de organizarse “No había duda de qué se trataba este fin de semana: la defensa de los cuerpos negros, la celebración de su resiliencia colectiva y la construcción de un movimiento como nunca se había visto”, escribió en The Nation el organizador comunitario Mark Winston Griffith al recordar la primera convención del Movimiento por las Vidas Negras, que reunió bajo un mismo techo movimientos surgidos a lo largo del país en torno a BLM y organizaciones afines. “Ha surgido una nueva generación de agentes de cambio negros: personas que organizan jóvenes, homosexuales y personas transgénero, mujeres, inmigrantes,

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personas con capacidades diferentes y otras comunidades negras. ‘Las vidas negras importan’ ha sido su grito de guerra.” Griffith, quien lleva décadas trabajando con comunidades afroamericanas en los barrios centrales de Brooklyn, en Nueva York, proviene de la línea de activistas que desde su organización local comparten los valores del movimiento y sus enfoques para lograr el cambio. “Aunque creemos en trabajar con los funcionarios electos, también creemos que la confrontación es necesaria y apropiada cuando se requiere. Hay un cliché que dice que el poder no concede nada si no lo exiges. Y nosotros lo creemos. Entendemos que ese cambio social no va a suceder por sí solo, que las personas en el poder no van a renunciar a él a menos que haya fuerzas que exijan que ese cambio se produzca”, dice a Proceso. Al centro de su estrategia local, al igual que para BLM, está que el poder reside en las personas, el rechazo a los liderazgos centralizados y a la participación electoral en la política. “Queremos construir localmente instituciones que se basen en la creación de consensos y en el ejercicio de la democracia basada en las voces pequeñas, elevadas y ampliadas, de modo que esas pequeñas voces se vuelven mucho más fuertes”, explica. De la convención inaugural a la que acudió derivaron con el tiempo las bases de una plataforma común: una visión para las vidas negras, demandas políticas para el poder negro, la libertad y la justicia. Entre sus demandas se establece: “Poner fin a la guerra contra las personas ne-

La actual pandemia de covid-19 reafirma las desigualdades raciales. En el país con el mayor número de fallecidos por la enfermedad, los afroamericanos han muerto a una tasa de 50.3 personas por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la tasa de 20.7 personas para la población blanca, según el Laboratorio de Investigación APM. En este contexto, y con el mayor índice de desempleo desde los treinta, el asesinato de Floyd prendió fuego a un polvorín y convirtió a BLM en un movimiento mundial. “Mucha gente nunca había oído hablar de BLM hasta ahora, y piensa que es algo nuevo que está sucediendo debido a George Floyd. En 2015, cuando BLM cobraba impulso, todavía era visto como radical y marginal. Los que sabían que existía se preguntaban: ‘¿Es sólo una extensión de las Panteras Negras y esos grupos más extremistas?’ Desde fuera se tenía esa percepción en 2015 y 2016”, dice Crutchfield. Las protestas han cambiado esta percepción. En junio la encuestadora Civiqs encontró que el apoyo a BLM había pasado de 46 a 52%. El mismo mes una encuesta de la Universidad de Monmouth mostró otra cifra al alza: 76% de los estadunidenses calificaba el racismo y la discriminación como “un gran problema”. Eran 51% en 2015. “La oportunidad para BLM y sus aliados es saber cómo construir sobre la base de esa empatía, en este momento, y tratar de avanzar y cambiar las normas y actitudes sociales”, concluye Crutchfield. Lo que está en juego, explica, es dar esos pasos que faltan para la culminación del movimiento por los derechos civiles. Si lo conseguido hace más de medio siglo fue el fin de la segregación legal –tras la consecución de la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto–, lo que atañe al presente es el racismo y la segregación enraizada en las normas culturales y sociales. “El movimiento puede llevar a Estados Unidos al siguiente nivel, que es luchar contra el racismo sistémico y crear una verdadera equidad e igualdad, no sólo porque es ilegal discriminar sino porque los corazones y las mentes de los estadunidenses han cambiado”, dice. Es la diaria demanda de los manifestantes de la plaza Black Lives Matter. Sólo una reja los separa de la Casa Blanca. O

I NTER NA C I O NA L /C O LO M B IA Colombia vive una etapa de violencia selectiva perpetrada por terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y sus aliados políticos –entre ellos, el ala más radical del gobernante partido Centro Democrático–, quienes aprovechan la pandemia para asesinar con impunidad a quienes les resultan incómodos. Sus principales blancos son exintegrantes de las FARC, líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Un informe reciente revela que este tipo de muertes se incrementaron 20% durante los primeros siete meses de este año, respecto a igual periodo de 2019.

Una

“venganza

RAFAEL CRODA

OGOTÁ.- En medio de la pandemia de covid-19, Colombia vive la peor etapa de un fenómeno de violencia sistemática y selectiva contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los victimarios –terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y sus aliados políticos– tienen dos objetivos en común: evitar que los acuerdos de paz con las FARC lleguen a los territorios y sembrar el terror entre los líderes comunitarios involucrados en su implementación. Sólo entre el 1 de enero de este 2020 y el pasado 26 de julio fueron asesinados 171 dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, casi seis a la semana en promedio, cifra superior en 20% a la registrada en el periodo correspondiente de 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Además, entre el 1 de enero y el pasado 13 de julio cayeron 36 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a vida civil. Más de cinco al mes, en promedio. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC han sido asesinados 219 exinte-

Reuters / David Estrada

genocida”

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Gabriel Aponte / Getty Images for Concordia Summit

Arango. “¿Por qué tanto escándalo?”

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Xinhua / Jhon Paz

grantes de esa antigua guerrilla y 976 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. En el transcurso de este año, al menos uno de ellos ha muerto cada día, pese a que en el primer semestre de este año, como resultado de la parálisis de actividades por la pandemia, en Colombia se redujeron 14% los homicidios y el país registró su tasa más baja de ese delito en 46 años: 23.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, considera que el gobierno del presidente Iván Duque ha creado un “ambiente propicio” para que, en medio de la pandemia, continúe “esta masacre que tiene una caracterización política”. Ese ambiente, explica, se genera por el desinterés del gobierno y los obstáculos del gobernante partido Centro Democrático (CD) para aplicar los acuerdos de paz con las FARC. Duque y el CD –fundado por el expresidente Álvaro Uribe– hicieron de su oposición al pacto de paz con las FARC su principal bandera política. Y desde su llegada al poder, en agosto de 2018, han puesto toda clase de trabas para evitar cumplir los principales puntos de ese acuerdo, que puso fin a un conflicto armado interno de 52 años. El ala más radial del CD incluso prometió “hacer trizas” el pacto. González Posso plantea que no es que exista un “centro asesino” que pague a todos los sicarios que matan líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC: “Pero sí hay una ideología que promueve la justicia a mano propia y el asesinato”, asegura. “Es una ideología que desconoce los acuerdos de paz y la justicia y que está por la continuidad de mecanismos armados para solucionar los conflictos”. Entonces, agrega, “esos discursos del odio repercuten en las regiones y propician el fenómeno de violencia sistemática y con

Duque. Ambiente propicio

patrones definidos contra los liderazgos locales que trabajan por los acuerdos”. El presidente de Indepaz dice que con los acuerdos emergió en los territorios un poder social, comunal, indígena y campesino “que es un obstáculo para grupos armados, para latifundistas, para políticos corruptos y choca con la orientación de la política del gobierno, que es fundamentalmente de ocupación territorial militar”.

Movilización virtual En Colombia las voces de alerta sobre el repunte de asesinatos de dirigentes comprometidos con la implementación de los acuerdos con las FARC provienen de la oposición, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, algunos líderes de opinión y el movimiento Defendamos la Paz, que aglutina a una amplia gama de dirigentes políticos, sociales, académicos, artistas y activistas humanitarios. El 26 de julio, ante la imposibilidad de realizar protestas presenciales por la emergencia sanitaria, Defendamos la Paz organizó una movilización virtual que incluyó una transmisión en vivo durante todo el día de documentales, testimonios, entrevistas, exhibiciones plásticas y presentación de informes sobre los homicidios. La consigna de la protesta –“El silencio ya no es una opción”– refleja, según los organizadores, “la decisión de sectores cada vez más amplios de colombianos de impedir que la masacre continúe invisibilizada y agazapada en medio de la pandemia de covid-19”. El mismo 26 de julio un sicario asesinó al líder agrario José Arcila en el apartado caserío El Jaguar, municipio de Corinto, en el departamento de Cauca, donde se han registrado 229 homicidios de líderes sociales en los últimos cuatro años, más que en cualquier otra región del país. Dos días después, en el municipio de Patía, Cauca, la ambientalista afrocolom-

biana Yaneth Mosquera sobrevivió a un atentado explosivo, pues el artefacto que sus agresores lanzaron contra la vivienda donde pernoctaba golpeó en un vehículo estacionado afuera y estalló. Los mecanismos para sembrar el terror entre los dirigentes sociales no sólo incluyen el asesinato. El programa Somos Defensores documentó que en el primer trimestre de este año ocurrieron 14 atentados, ocho desapariciones forzadas, 115 amenazas y ocho detenciones arbitrarias –por parte de autoridades locales presuntamente coludidas con cacicazgos regionales– contra activistas humanitarios y líderes comunales. Las víctimas de esas agresiones y homicidios eran hombres y mujeres que trabajaban por hacer valer decisiones judiciales sobre restitución de tierras robadas por terratenientes a comunidades campesinas o que promovían el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en las zonas cocaleras. Varios de los asesinados encabezaban movimientos indígenas o campesinos contra la minería ilegal por el desastre ambiental que ésta causa en zonas protegidas, o bien habían denunciado a políticos corruptos en apartadas zonas rurales en las que estos suelen tener a su servicio a las fuerzas del orden y a grupos criminales. Andrés Chica, líder social de Tierralta, quien huyó de la zona tras sufrir amenazas, dice que los asesinatos de dirigentes comunales se han recrudecido en la pandemia porque los terratenientes, los grupos narcoparamilitares y los políticos corruptos que lucran con los presupuestos para enfrentar la emergencia actúan hoy con mayor impunidad. “El crimen y la política van muy de la mano en las regiones y los narcoparamilitares tienen presencia entre congresistas” a quienes les financiaron sus campañas, sobre todo en la bandada del gobernante CD”, asegura Chica.

I NTER NA C I O NA L /C O LO M B IA Un informe presentado el 27 de julio por Indepaz, el movimiento Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, que congrega a 15 organizaciones sociales, identifica como responsables de esta ola de homicidios a sicarios, narcoparamilitares, disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz y se dedican a negocios ilícitos, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de la fuerza pública. El informe documenta caso por caso y sus autores tienen presencia en todo el territorio nacional, en especial en las zonas más apartadas, donde ocurre la mayoría de las agresiones. Los grupos narcoparamilitares más activos son las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como el Clan del Golfo, los Caparrapos y La Mafia, que tienen relaciones de negocios con los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Varios de ellos actúan en alianza con terratenientes que se niegan a restituir predios robados a campesinos, con políticos involucrados en casos de corrupción y actividades criminales y con caciques locales. Para el arzobispo de Cali, Óscar Darío Monsalve, la masacre de líderes sociales y exguerrilleros es parte de una “venganza genocida” contra los acuerdos de paz que firmó con las FARC en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos. Para el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el asesinato reiterado de líderes sociales en Colombia no se ajusta a la definición de genocidio, pero muchos de los homicidios “constituyen crímenes de guerra porque son cometidos por actores del conflicto armado”, como las AGC, las disidencias de las FARC y el ELN. “Y todos estos homicidios constituyen gravísimos abusos frente a los cuales el gobierno colombiano tiene una obligación, conforme al derecho internacional, de tomar medidas para prevenir estos crímenes y asegurarse que los responsables sean llevados ante la justicia”, señala Vivanco. Según datos de la ONU, la tasa de impunidad en los casos de homicidios de dirigentes sociales se sitúa “en torno a 95%”; la Fiscalía General de la Nación, en cambio, afirma que ha aclarado 58% de los casos. Para González Posso el manejo de las estadísticas que ha hecho el gobierno sobre este fenómeno es “lamentable, pues lo que intenta es ocultar sus fallas en prevención, contención y no impunidad de los autores materiales y sobre todo intelectuales de estos crímenes”. El gobierno afirma que sólo hay 405 “casos confirmados” de asesinatos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos desde 2016 y que esos datos son

los que reporta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Pero el propio exrelator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, ha dicho que esa cifra “no representa el universo total” de los homicidios, porque los informes son parciales y hay varios casos en proceso de verificación.

Gobierno con otros datos El 20 de julio, al rendir ante el Congreso un informe de su segundo año de gestión, Duque aseguró que durante su gobierno se han reducido en 35% los homicidios de líderes sociales, lo cual no está sustentado en ninguno de los informes sobre el fenómeno. Por el contrario, según la base de datos de Indepaz, durante el gobierno de Duque (del 7 de agosto de 2018 al 15 de julio pasado) fueron asesinados 573 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 25% más que en lapso igual del último tramo del gobierno de Santos. Para la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien está investigada por la Corte Suprema de Justicia por el presunto ingreso de dinero del paramilitarismo a su campaña al Congreso en 2002, la principal razón de los homicidios de líderes sociales es el control territorial que buscan ejercer grupos armados ilegales. Forst, en cambio, ha mencionado que el conflicto agrario está en el centro del problema y que miembros de “la policía y el ejército” se encuentran entre los perpetradores de los asesinatos. Según el exrelator, los mayores riesgos los corren los líderes sociales que defienden “el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente

frente a los intereses de grupos criminales y actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales”. Luego del crudo diagnóstico de Forst, presentado en marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la ministra colombiana del Interior, Alicia Arango, afirmó que en su país son asesinadas más personas por robo de celulares que por ser líderes sociales. “No entiendo por qué tanto escándalo cuando lo que quiero decir es que en Colombia matan a mucha gente”, aseguró. La oficina local de la ONU señaló en un informe ante el Consejo de Seguridad del organismo, el 3 de julio, que la protección a la vida “está en primer lugar de las prioridades para la construcción de la paz en Colombia” y alertó sobre los asesinatos de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes en medio de la emergencia por covid-19. “La paz no puede ser otra víctima de la pandemia”, apunta el informe. Pero en Colombia no pasa un día sin que ocurra una agresión contra dirigentes sociales. La noche del 29 de julio un grupo armado mató en el resguardo indígena Ñambi Piedra Verde, suroccidente del país, al exgobernador del territorio, Fabio Alfonso Guanga. En el ataque, también fue asesinada la indígena Sonia Bisbicus, de 24 años, y dos menores de edad resultaron heridos de gravedad. Y el 30 de julio la ONG Global Witness publicó un informe en el que ubica a Colombia como el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con 64 activistas de esas causas asesinados en 2019, la tercera parte del total global, lo que atribuyó “a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a la falta de protección de campesinos en la pugna por sus tierras”. AP photo / Fernando Vergara

Informe preocupante

Acuerdo de paz. Desmovilización bajo fuego

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Eduardo Miranda

El T-MEC

La ofensiva contra el binomio cultura-alimentación Primera de dos partes JORGE SÁNCHEZ CORDERO* Patria: tu superficie es el maíz, tus minas, el palacio del Rey de Oros, y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros “La Suave Patria”, de Ramón López Velarde

a alimentación es cultura y no simplemente una necesidad biológica. Las sociedades han privilegiado empero las prácticas culinarias por sobre la exigencia biológica; así, las tradiciones milenarias le han dado a la alimentación significados prescriptivos. El ser humano se identifica por lo que come, pero este aserto entraña más que un aforismo, toda vez que el alimento –una experiencia cultural cotidiana– es el que determina al ser humano. Las sociedades con una cultura en común no sólo comparten los mismos hábitos en lo que respecta a la alimentación, sino que custodian ensamblajes relativos a tradiciones alimentarias. Si se atiende al hecho de que los valores culturales, sujetos a lentos procesos evolutivos, determinan las elecciones vitales, la idiosincrasia de las colectividades se explica entre otros factores por sus elecciones en ese aspecto. El alimento es una noción holística que arraiga a una sociedad al ámbito en donde ésta se afinca. Por lo mismo, las prácticas culinarias y de alimentación pertenecen a una cultura viviente que se crea y se transfigura en respuesta al entorno natural y comunitario. La historia ha documentado de manera prolífica las múltiples implicaciones que el factor alimentario ha tenido en la formación de los

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seres humanos, truismo que difícilmente requiere de demostración en sus aristas religiosas y sociales. Los procesos modernos de producción alimentaria han provocado mutaciones importantes en el vínculo entre cultura y alimentación. En una primera vertiente se encuentra el hecho de que en el pasado la actividad humana fundamental era el cultivo de la tierra, así que los individuos consumían lo que cosechaban. Era ésta una manifestación de ese vínculo generador de ritos y significados y que, además, proveía a las personas de un sentimiento de pertenencia. En la historia de México esa simbiosis ha cumplido una notable función social en los periodos de crisis económica. La siembra de maíz les permitía a las pequeñas unidades sociales mitigar la hambruna. Sin embargo, la ciencia y la tecnología trastocaron esa simbiosis, lo que derivó hacia una nueva vertiente: la producción dejó de ser local y adquirió un carácter comercial. De la misma forma, las consecuencias de avances científicos, como la creación de pesticidas y la hibridación, debilitaron ese vínculo entre cultura y alimento y aminoró la capacidad de discernimiento de las sociedades acerca de lo que consumen. Una tercera vertiente que disipa esta simbiosis milenaria es la revolución biogenética, al grado de que las sociedades modernas termina-

E NS AYO ron por ignorar lo que comen. La tecnología de la modificación genética permitió el desarrollo exponencial de la agroindustria, aunque lo hizo bajo el razonamiento de que el apoyo financiero al campo debe disminuirse, si no es que eliminarse. Esta última es una de las premisas que el T-MEC incorpora en el rubro de agricultura (artículos 3.4 y 3.6) con el argumento de que es la eficiencia en la producción lo que compensa el rezago de otros sectores agrícolas. Estados Unidos ha propugnado esta vertiente al considerar el alimento como un producto comercial, y en forma reiterada ha sostenido que los argumentos culturales de otra índole, como los religiosos y sociales, tienen como propósito camuflar intencionalidades proteccionistas. La élite ultraliberal mexicana condescendió de manera ortodoxa con esta premisa y la plasmó con puntualidad en el T-MEC, lo que en los hechos entraña un laurel para los Estados Unidos. Esta postura no causa sorpresa, puesto que ha sido la constante de México en los foros comerciales. Lejos de provocar perplejidad, es proverbial que el país reivindique postulados diametralmente opuestos en otros foros internacionales. La función cultural del alimento quedó, pues, fuertemente disminuida cuando las sociedades transitaron de la parcela a la fábrica, de una forma de vida a un negocio. Así, la multifuncionalidad de la agricultura y sus características esenciales quedaron totalmente relegadas. Esta tercera vertiente dista mucho de alcanzar un consenso internacional mínimo, salvo en la ideología de los mandarines mexicanos. De hecho, ninguno de los modelos se asume en forma ortodoxa en el ámbito mundial. Sociedades de algunos países desarrollados, como los que integran la Unión Europea (UE) y como Japón, participan de la convicción que asocia la producción alimentaria tradicional con la seguridad sanitaria. Más aún, el uso de aditivos en alimentos procesados y las nuevas prácticas de producción alimentaria son vistas con gran suspicacia en esas naciones. La importación de alimentos y la seguridad sanitaria generan gran inquietud en sociedades como las descritas. Ante ello se constituyó Leader+, que es el acrónimo francés de Liason entre Actions et Développement de l’Économie Rurale, con más de 25 años de presencia en la UE. Es un instrumento de desarrollo, y no de promoción política, que intenta movilizar la energía y los recursos de las personas y organizaciones locales para que contribuyan al desarrollo vinculados a su cultura. Este modelo es impulsado por la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural, conocida como Cork 2.0, y constituye uno de los ejes de Política Agrícola Comunitaria (CAP por sus siglas en inglés). La diferencia entre los modelos analizados aquí no puede ser más obvia: el estadunidense es de franca exclusión, esquematizado con verticalidad desde la cúspide hasta el basamento social con propósitos mercantilistas, en tanto que el europeo impulsa la innovación y la integración social. De acuerdo con este último modelo, la administración de la tierra es vital para la interacción de la sociedad con el medio ambiente, en la que la preservación de paisaje y los recursos naturales, así como de los legados culturales, es fundamental. Más aún, bajo ese mismo esquema la innovación y las soluciones científicas tienen que asegurar los recursos naturales en beneficio de las generaciones futuras. El CAP sostiene que la agricultura no puede reducirse a la mera producción y comercialización, sino que debe cumplir funciones socioculturales y ambientales. En México los campesinos y las comunidades recurren con frecuencia a la hibridación del maíz nativo para adaptarlo a la gran variedad de microclimas existentes en el territorio nacional, lo que es motivo de pundonor y parte sustantiva del conocimiento tradicional mexicano.

La Organización Mundial de Comercio El parteaguas en la producción agrícola mundial es la Ronda de Uruguay; así se le conoce a la octava serie de negociaciones comerciales multilaterales que se efectuó de 1986 a 1994 y cuyo mandato se extendió hasta el 2000. El mayor de los éxitos de esta Ronda fue precisamente la fundación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su ambición era, entre otras,

liberalizar el sector agrícola. No se requiere de mucha imaginación para percatarse de que la arquitectura de la OMC es una creación estadunidense. Uno de los asuntos más sensibles en la liberalización de la agricultura fue el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS Agreement, por sus siglas en inglés, que entró en vigor en 1995) en armonía con los intereses de las farmacéuticas trasnacionales fabricantes de pesticidas, hormonas y transgénicos, entre otros productos. El SPS introdujo el mecanismo de evidencias científicas para evaluar los riesgos sanitarios y eliminó el criterio concerniente a que la percepción social fuera la que los determinara, para evitar así medidas sanitarias con claros visos proteccionistas. Con ello resolvió en favor del comercio en la tensión de éste con los argumentos culturales y neutralizó cualquier otro alusivo a las tradiciones, aun cuando estuvieran enraizadas en fundamentos sociales relacionados con el factor alimentario y las seguridades sanitarias. Con estos fundamentos se resolvió el célebre precedente Beef hormones en la OMC, que confrontó a los Estados Unidos y Canadá con la UE, que hizo valer medidas sanitarias ante la importación de carne con hormonas. Fiel a la SPS, el T-MEC adoptó la premisa general consistente en que sólo las medidas sanitarias y fitosanitarias se puedan basar en principios científicos (Artículo 9.6). Este modelo acusa una clara deficiencia en cuanto al supuesto bienestar previsto y cuya prédica se redujo a una retórica vacua, con la consecuente pérdida de tradiciones milenarias e identidades. El SPS se asocia al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés), otro de los ejes de la liberalización e incorporado al texto del T-MEC. De hecho es uno de los vértices fundamentales de éste (Capítulo 20), que explica la aprobación sigilosa y con inhabitual diligencia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación, DOF, del 1 de julio de este año). El T-MEC integra en su articulado los postulados de la OMC en cuanto al libre tránsito de los productos agrícolas, que México ya había aceptado sin cortapisas, especialmente en el caso de los granos (Artículo 3.9). Más aún, incorpora el llamado Nafta Agrícola, que deberá ser adaptado ahora al T-MEC y que México había suscrito furtivamente, después de lo cual permaneció celosamente guardado en el escritorio de un funcionario. Este acuerdo jamás se sometió al escrutinio del Senado de la República. La única salvedad en el Capítulo 3 del T-MEC relativo a la agricultura es la contenida en el punto 10 del Anexo 3-B, que regula las excepciones comerciales en este rubro entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la simple compulsa entre este anexo y el suscrito entre Canadá y Estados Unidos (Artículo 3.A.4 del Anexo 3.A) evidencia la asimetría en la protección del mercado interno mexicano de granos, ante la estupefacción canadiense.

Epílogo Si bien es cierto que el fenómeno de la regionalización crea oportunidades, no es menos cierto que conlleva anomias. México enfrenta ahora encrucijadas de alta complejidad, como el hecho de compatibilizar las obligaciones internacionales ya adquiridas: las concernientes al Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología de la Convención sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos que se deriven de su utilización, por no mencionar la legislación secundaria relativa al T-MEC, cuando ni Estados Unidos ni Canadá han ratificado estos protocolos. El caso es que México está impedido de concertar acuerdos que sean incompatibles con el Protocolo de Cartagena, pues eso constituiría una reducción en el nivel de protección previsto en ese instrumento. El T-MEC crea en México una disfunción entre la sociedad y la acción gubernamental, así como entre la ley y la cultura. Sin tener legitimidad democrática alguna, los mandarines mexicanos decidieron el futuro alimentario de la nación a costa de los procesos y conocimientos tradicionales mexicanos. *Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.

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Octavio Gómez

Proyecto Chapultepec: En lugar de despojo, un gran debate JUDITH AMADOR TELLO

sí como el proyecto Tren Maya, la creación del Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec va porque va. Se trata de una “orden presidencial”, un proyecto depredador por su impacto ecológico, ilegal y violatorio de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y de los derechos ciudadanos, que contraviene el principio de la planeación participativa. Así lo describen el sociólogo Pablo Gaytán, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), y el abogado Víctor Juárez, cofundadores del Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, con el escritor y ecologista Eduardo V. Farah y Sergio González, miembros de Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, entre otros activistas y vecinos del bosque. Los integrantes se unieron también

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para cuestionar, en su momento, la construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, y de los Cetram (Centro de Transferencia Modal) en las afueras del Metro Chapultepec, que contemplaba una megatorre, así como del parque Líbano, ubicado en Polanco, frente al Auditorio Nacional. Videasta y colaborador en diversas publicaciones, Gaytán explica vía telefónica a Proceso que el proyecto no se ha abierto a la planeación participativa pues es una iniciativa presidencial, “una orden” de Andrés Manuel López Obrador y una “iniciativa unipersonal” de su director ejecutivo, el artista Gabriel Orozco. La primera etapa del plan global consiste en la construcción de una “calzada flotante” para unir la segunda sección del bosque con el Complejo Cultural Los Pinos. Gaytán indica que la obra ya fue licitada a la empresa Fredel Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V., cuya propiedad atribuye al exdelegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo. Fredel obtuvo la obra de 310 metros de largo por 12 de ancho, con una pro-

puesta presupuestal de 187 millones de pesos. Según el periódico Reforma (12-julio-2020), quedan pendientes dos obras más con un costo de 759 millones y los estudios previos para el resto del proyecto, 263 millones. El presupuesto aprobado para este 2020 al complejo es de mil 668 millones de pesos. En febrero pasado, entrevistado por Proceso (2257) en su casa, Orozco describió que el “titánico” proyecto –que abarca 800 hectáreas y podría llegar a costar 10 mil millones de pesos en total al final del sexenio– unirá las cuatro secciones del bosque con igual número de puentes, a cargo del arquitecto Benjamín Romano (autor de la torre Reforma, considerada uno de los mejores rascacielos del mundo). Orozco mencionó también la creación de un centro de cultura ambiental que estará unido al Museo de Historia Natural, al Lago Menor y un estacionamiento, que se transformaría en centro de exposiciones, así como “un posible jardín botánico”. Además de un espacio para la “expresión de nuestro mundo contemporáneo”, al cual no quiso llamar de arte contempo-

C U LT UR A C ULT URA Si en los años sesenta la creación de los museos nacionales de Antropología y de Arte Moderno en el bosque fue justificada para acercar la cultura a los sectores populares, hoy el Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec pugna por la descentralización y la discusión abierta, denunciando incluso ilegalidades. Y hace crecer la exigencia de varios colectivos de artistas para transferir los recursos de este complejo multimillonario hacia museos, creadores e iniciativas autogestivas, frente a la pandemia.

ráneo para no dar pie a que se diga “que es mi museo, y no es mi museo, es para todos”. Sería a la manera de un kunsthalle (sala o galería de arte) o al estilo del Palais de Tokio en París, Francia, que cuenta con un pabellón para jóvenes artistas. Gaytán afirma que el Frente Ciudadano pretende encaminar su trabajo en las cuestiones legales, culturales y ecológicas del proyecto. Destaca que el bosque es uno de los últimos “pulmones” que brinda oxígeno a la Ciudad de México y hay una serie de variedades arbóreas que están en peligro. Preocupa al frente que Orozco plantee convertir el Jardín Botánico, ubicado entre el Museo de Arte Moderno (MAM) y el Lago Mayor, en el pabellón de arte. Y es que, subraya, Chapultepec ya tiene bastante infraestructura: el propio MAM, los museos de Historia Natural, el del Niño, los nacionales de Historia y de Antropología (por citar sólo algunos); a éste, ejemplifica, bien podrían dedicarse parte de los recursos para arreglar las goteras que, por falta de mantenimiento, existen desde hace tiempo, como se ha denunciado en los medios reiteradamen-

te. Pregunta con qué criterio se considera la necesidad de dos pabellones o espacios más, que bien podrían estar en Azcapotzalco, en el Bosque de Aragón o en la alcaldía Tlalpan: “Están contraviniendo el principio de la planeación participativa que plantea la propia Secretaría de Cultura (SC). En ningún momento se ha consultado a la ciudadanía, a los vecinos y a los usuarios (15 millones al año) cuáles son nuestros deseos frente al bosque. Cómo podemos participar en un diagnóstico. De hecho no hay diagnóstico, si lo hay no lo han dado a conocer.” Subraya que el proyecto es decisión del presidente y hace retroceder en décadas las políticas culturales. Le resulta ofensivo para la comunidad artística y cultural por el presupuesto que, “de manera opaca”, se está otorgando al proyecto de un solo artista, cuando hay escasez de recursos para la cultura tanto a nivel federal como en la Ciudad de México. Ya no se diga en las entidades del país, donde considera que la crisis por la pandemia será peor. Recuerda que, incluso, varios colectivos de artistas –como el Frente Pro Museos– han solicitado a través de cartas a López Obrador, transfiera los recursos del Complejo Chapultepec para museos, creadores e iniciativas autogestivas, a fin de que puedan superar la crisis económica derivada de la pandemia por el covid-19. Ve una incongruencia entre el proyecto “personal” de Orozco, en una época en la cual “habíamos superado los egos o el personalismo artístico del creador individual del siglo XX, que ya no debería existir”, con el Programa Sectorial de Cultura que quiere acercar las expresiones a la gente, disminuir la distancia entre su ubicación y las actividades culturales: “Hoy lo que necesitamos son artistas colectivos, con capacidad de descentralizar los proyectos y la infraestructura.

No que los pobres o marginados vayan a Chapultepec, donde sigue concentrándose todo, sino que la oferta cultural llegue a las colonias y barrios populares.” Como ejemplo menciona la casa en Tlalpan que perteneció al general Arturo Durazo Moreno, entonces jefe de la policía, “producto del despojo de 10 hectáreas en la zona del Ajusco”. Reparando las instalaciones, convertirla en un gran centro cultural para los pueblos y habitantes del sur de la Ciudad de México, “tendría un gran impacto y contribuiría a la descentralización”.

Proteger el ecosistema Se le pregunta qué es lo que sí hace falta en Chapultepec para brindar un mejor servicio a sus 15 millones de usuarios. Explica entonces que se llaman Frente por la Defensa y Mejora del Bosque pues buscan la preservación de las especies arbóreas y el ecosistema natural. Para ello debe haber una política de contención de la fauna nociva “natural y en términos culturales, porque hay de los dos tipos”. Mantener los ahuehuetes y mejorar la conservación del Jardín Botánico, en lugar de sustituirlo por un pabellón de arte. “Lo que no necesitamos es un puente peatonal flotante, asfixiante, que cumple sólo con las aspiraciones paisajísticas posmodernas de un artista. “Para una persona que sobrepasa los 60 años caminar casi 400 metros va a ser difícil, aspirando gases contaminantes que vienen de abajo hacia arriba del Periférico y las partículas suspendidas de arriba hacia abajo. Es un atentado a la salud de los paseantes, turistas y usuarios que transiten por la zona. Además, se va a exterminar determinado número de árboles.” En este sentido, señala que se afectarán entre 180 y 300 árboles, básicamente eucaliptos y fresnos. El domingo 26 de julio, el frente realizó un censo simbólico de los árboles de la segunda sección. El profesor universitario insiste en la necesidad de un diagnóstico de la infraestructura, museos y sitios culturales, para conocer sus necesidades y “crearles las condiciones salariales y económicas para que se mantengan los procesos de investigación de académicos y artistas… Estamos en tiempos de austeridad, lo más lógico y racional es que el presupuesto de un proyecto unipersonal se transfiera a los museos y sus trabajadores”. Otro punto es la creación de la Bodega Nacional de Museos y Colecciones. Que reiteró la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, porque “todos los museos están rebasados en su capacidad”. Y hasta aventuró que sería una “bodega visitable”, en

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la cual la gente podrá conocer los procesos de conservación y restauración de la obra artística. Gaytán advierte los riesgos de tener la obra concentrada, por el cuidado, atención y conservación que requeriría, “está para pensarse en términos de sentido común”, además la mayoría de los museos tienen sus propias bodegas. Insiste en que el Proyecto Chapultepec debe ser motivo de un gran debate entre las distintas comunidades involucradas, sobre la serie de puentes, si es que los creadores jóvenes aceptan sólo la idea del arte contemporáneo y qué piensan los promotores culturales, arquitectos, urbanistas, sociólogos, economistas, porque “en todo caso es un tema transdisciplinario”.

Despojo y plusvalía El temor mayúsculo del Frente es que, al final, se impongan los intereses económicos, turísticos y comerciales. Le llama “el asfalto verde” porque destruiría parte del bosque con propuestas como el museo de la Gastronomía y la venta de productos ahora llamados “orgánicos”. Igualmente, los de la “hidrainmobiliaria”. En ese sentido recuerda la torre Chapultepec I, donde se alojan el hotel Ritz-Carlton Ciudad de México con ofici-

El Frente, en movimiento

nas y departamentos, que destacaba en sus anuncios su vista de 180 grados hacia el Bosque de Chapultepec. Lo mismo el proyecto Reforma Colón, en Paseo de la Reforma, del Grupo Empresarial Kaluz, propiedad de Antonio del Valle, a cargo del despacho de arquitectos Sordo Madaleno. Según La Jornada del 25 de marzo pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum dio luz verde a 17 desarrollos inmobiliarios en Paseo de la Reforma, como una medida

Museo Tamayo: Cuando la IP entró a Chapultepec NIZA RIVERA

l Museo Tamayo Arte Contemporáneo es una visita obligada de la Ciudad de México, a la par de sus similares nacionales de Antropología e Historia y de Arte Moderno; su viabilidad se cuestionó en su momento al tener espacio en un lugar privilegiado como Chapultepec y con ello la entrada de la iniciativa privada (IP) al bosque emblemático de la capital del país. “No hay ningún interés detrás, ni político ni de imagen ni para mediatizar la crítica ni para nada…” , apuntó el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo en mayo de 1981 (Proceso 237), días previos a la apertura, al defender la participación de las empresas Televisa y Grupo Alfa de Monterrey, que lograron edificar su sueño. El recinto, proyectado desde 1979 por los arquitectos Teodoro González de León (1926-2016) y Abraham Zabludovsky (19242003), se realizó después de tres negati-

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vas de presidentes de la República, según le confiara a este semanario: Gustavo Díaz Ordaz, quien confundió turismo con cultura; Luis Echeverría Álvarez, quien entusiasmó al artista pero al final le salió “con que siempre no”; y José López Portillo, quien fue claro con un “no hay dinero”, aunque sí concesionó un terreno en el Campo Azteca de golf de Chapultepec, privilegiado con la ubicación y vecino de los museos de Antropología y de Arte Moderno. La idea, sin embargo, pintaba color de rosa: Tamayo donaría cerca de 300 obras de su colección particular (100 suyas y 200 de otros artistas), que logró comprar a lo largo de una década, y que se montarían en el edificio de 4 mil m2, dividido en seis salas: cuatro para ese acervo, una para exposiciones temporales y una específica para la propia producción del pintor oaxaqueño, entre ellas la serie emblemática de las Sandías. “Toledo, Felguérez, Carrillo, Peláez, Rojo –dijo a Proceso–. Hasta un Cuevas va a ha-

para afrontar el impacto económico de la emergencia sanitaria. A decir de Gaytán hay todo un proyecto para establecer un corredor turístico, inmobiliario y comercial, desde avenida Hidalgo –donde está el Museo de Arte Kaluz (también de Del Valle)–, que incluye “embellecer” y convertir el Bosque de Chapultepec, que ha sido tradicionalmente un paseo popular para todas las familias, en un concepto “hípster” (que Wikipedia identifica con una subcultura de jóvenes

ber… Se han portado tan generosamente que hasta me dijeron que si yo quería, ellos le darían el museo al gobierno.” –¿Y por qué no lo aceptó? –se le interrogó. –Porque resultaría muy costoso para el gobierno administrar el museo. De nómina mensual sólo será 1 millón de pesos. Y el gobierno, como me lo dijo el presidente (Echeverría Álvarez), no tiene dinero. En un principio se dijo que la concesión a la IP sería por 100 años, más una cláusula estableciendo que de no tener el uso merecido, la nación podía quedarse con todo… y finalmente así sucedió. Y es que año y medio después de la apertura, Los picassos de Picasso en México, una magna muestra ampliamente publicitada por Televisa –a la cual el público, para entrar, hacía largas filas en torno al museo–, centró su atención en el pintor español, y la obra de Tamayo fue minimizada. “Alharaquienta (y por lo mismo distorsionante) publicidad”, afirmó la crítica de arte Raquel Tibol (1923-2015) en su columna de arte en este semanario (Proceso 316), y denunció que el Grupo Alfa había desaparecido del patronato del Museo Tamayo, AC.

C U LTU RA de clase media alta, vinculados a la gentrificación, que es la expulsión de los barrios populares y tradicionales de sus habitantes originales, para repoblarlos con gente de mayor poder adquisitivo e incrementar la plusvalía.). La academia, dice Gaytán, le llama gentrificación, “nosotros le llamamos blanqueamientos por despojo”.

Vecino de la colonia San Miguel Chapultepec, Víctor Juárez puntualiza que la obra es ilegal pues no cumplió con los procedimientos jurídicos establecidos por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, que obliga a toda iniciativa para intervenir en Chapultepec a ser presentada ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema). Dicha dependencia le debe dar forma de plan de manejo y presentarla al Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, integrado por Antonio Azuela de la Cueva, Francisco Urbano Barnés Regueiro, María Cristina García Cepeda, Adriana Lobo Almeida, Víctor Márquez Cravioto, Marcos Mazari Hiriart y Leonora Rojas Bracho. “Este consejo lo analiza, lo evalúa, pero sobre todo lo abre a la consulta ciudadana,

a los legisladores y a quien quiera opinar. Una vez que se recogen las opiniones de todos los interesados, se integran o no –es opcional– al plan de manejo del bosque, al nuevo, y se le regresa a la Sedema.” Si hubo cambios la secretaría los publica en la Gaceta de la Ciudad de México, y “ya es norma”. A partir de entonces ya se pueden hacer las licitaciones para las obras: “En este caso, la iniciativa del presidente, coordinada por la Secretaría de Cultura y dirigida por el ciudadano Orozco, tendría que haber ido, una vez que estuviera completa en estos 16 meses (desde su anuncio el 2 de abril de 2019) a la Sedema, para que ésta le diera forma en el nuevo plan de manejo.” Pero no fue así. El mismo Consejo Rector (único en responder a sus cartas, dirigidas al presidente y a Orozco, como se consigna en su sitio en internet) les escribió el martes 14 de julio de 2020, que hasta esa fecha el artista y su equipo han presentado adelantos de sus trabajos, pero “se trata de proyectos aislados, de diferentes escalas y grados de avance, sin la articulación física, ambiental, social y financiera que permite un programa de manejo”. Pese a no cumplir con las disposiciones legales, se hicieron las licitaciones para el puente flotante y la reforestación de la tercera sección:

Detalló que en el recinto había algunas piezas de la colección cedida por Tamayo, “algunos cuadros de colecciones particulares y del propio artista”, y de Pablo Picasso 38 pinturas, 16 esculturas, 52 dibujos, 40 grabados en metal (aguatinta y aguafuerte), dos linóleos y 20 litografías. En total, 168 piezas, de las cuales 124 procedían del Museo Picasso de París (que aún no se había inaugurado), 15 de la Biblioteca Nacional de Francia, 14 pertenecían a Marina Picasso, 11 a colecciones particulares de Nueva York y cuatro de Maya Ruiz Picasso. La relación del artista con la iniciativa privada se fracturó. Hacia 1985, de Tamayo sólo quedaba el nombre del museo. El 22 de julio, la misma Tibol consignó en la edición 455: “El vigoroso artista de 86 años de edad, en la plenitud de sus facultades, entregado con intensidad a su trabajo creativo, pero con la salud resentida por las tensiones que lo impulsaron a solicitar tal audiencia con autoridades nacionales (el presidente y el secretario de Educación), ha comentado entre sus íntimos que de no lograrla antes de fin de año se declarará en huelga de hambre.” Artistas e intelectuales oaxaqueños, una

entre industria privada y pública”, se renomsemana después, manifestaron en encuesta braron dos salas: la Sala 1 como “Carlos con Proceso su adhesión al pintor: Hank Rhon”, y la 4 como Angélica Fuen“Hizo un pacto con el diablo, se metió tes Téllez”. Cuando los medios de comunien la boca del lobo y se puso en manos del cación dieron la noticia, los nombres fueron mercader. Pero hay que defenderlo porque desplazados a un punto más discreto. O es el artista vivo más grande de México.” A dos semanas del Mundial de Futbol México 86, el artista confió estar dispuesto a hacer un gran escándalo “apoyado en la opinión pública, si el problema del museo no se resuelve”, y el 23 de julio Televisa decidió renunciar a la concesión estatal por 100 años para administrarlo. Desde entonces la tarea está a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en coordinación con La Fundación Olga y Rufino Tamayo. Sin embargo, en 2012, tras una remodelación del recinto y bajo la figura de El recinto. La apertura feliz “nuevo modelo económico

Ilegalidades

“¿Cómo pueden hacer obras no autorizadas? Aunque sea proyecto de quien sea, no es ‘mi jardín’, es un bien público y está normado.” Señala otra irregularidad, o “trampa”: encargar el proyecto a un ciudadano que no es funcionario, no tiene atribuciones pero toma las decisiones y se le asignan 10 mil millones de pesos: “Yo puedo ir al Congreso local, a la Cámara de Diputados o a la de Senadores, a exigir a cualquier funcionario responsabilidad sobre lo relacionado con su encargo, pero no le puedo exigir a un particular, ¿entonces cuál es el mecanismo de rendición de cuentas?” Por otra parte, el 27 de julio pasado se publicó en el diario El Universal, que vecinos de la cuarta sección temen que el destino de 75 hectáreas de esa área sería la construcción de viviendas para la Guardia Nacional. Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, el diputado Gerardo Fernández Noroña había alertado sobre proyectos de privatización. López Obrador informó el 2 de abril de 2019 que la cuarta sección, con las áreas que pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde estaba la antigua fábrica de armas, se sumaba al proyecto, pero añadió que la seguridad estará a cargo de la Guardia Nacional “y va a haber de todas las modalidades de protec-

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ción, va a haber policía montada, guardabosques, y todo lo que se va a necesitar”. Juárez considera que toda la información que ha circulado es muy ambigua, que la zona que se incorpora no es

aprovechable, pues la mayor parte son barrancas. En cuanto a las instalaciones militares, hay varias edificaciones, algunas de uso habitacional. Se había dicho que todo sería trasladado a Puebla, pero allá

El zoológico humano FEDERICO ÁLVAREZ DEL TORO *

vilidad: esta condición deriva en patologías y padecimientos que se expresan físicamente y a actual experiencia global humana del llegan a matarlos, al producir químicos adveraislamiento en un área restringida, llamasos en su organismo. da socialmente “casa” (para los animales ¿Cómo podríamos reconocer el lenguaje “jaula”), ha llevado a la reflexión. Sin embargo, corporal en el humano y en el animal que sea en el pasado, diversas instancias sociológicas, indicador del encierro como emanación en científicas, y especialmente los estudiosos del dolencias físicas o emocionales? Los signos corcomportamiento humano y animal en situacioporales del estrés en el mundo animal son obsernes de cautiverio, publicaron y externaron, con vables en los zoológicos por especialistas, pero escrúpulo, la sospecha de una supuesta critambién por un público atento. Es común obsersis en el futuro que hoy es nuestro presente. var un trastorno conductual, sobre todo en maPrecursor de este análisis conductual fue míferos y felinos, cuando se les ha ubicado en un el zoólogo y etólogo británico Desmond Moárea confinada a un espacio o extensión que el rris (1928), autor de El mono desnudo (1967) y animal aprende rápidamente. Al encerrarlo, casEl zoológico humano, libro editado en 1969 que tramos su capacidad exploratoria y la puesta en creó revuelo por aquellos años y hoy se revejuego de sus instintos en la búsqueda de alimenla como adelantado a su época. Morris planto o de otros congéneres de su especie, con fines tea que el hombre no es más que un animal de socialización y reproducción. encerrado en un zoológico social, vulnerable a El animal se mueve en círculos o recorre respuestas de desconcierto o de locura en conuna y otra vez el camino trazado por sus prodiciones que restringen su libertad y albedrío. pias huellas, en una especie de hipnótica ruta Si bien muchos humanos han sufrido hoy minimalista que expresa una búsqueda de salidesesperación por el confinamiento de varias da hacia cualquier parte, pero de forma repetisemanas, imaginemos lo que el encierro atemtiva, sin llegar a nada… poral produce en los animales silvestres, acosEn la familia de aves específicamente referitumbrados a moverse en extensos territorios. da como los psitácidos (Psittacidae), guacamaPor tierra, jaguares y tapires recorren selyas loros se quitan las plumas con el pico y se vas, llanuras y horizontes de kilómetros sin fin; provocan lesiones, siendo el estrés y la desesel águila “arpía” (Harpia harpyjaen) surca las peración los que desembocan en la autodesselvas centroamericanas; y las aves migratotrucción de su plumaje. Después de un largo rias, los cielos de una estación a otra, recotiempo, el organismo animal empieza a prorriendo mares y continentes. Concibamos lo ducir cortisol y adrenalina, sustancias tóxicas, que significa para tales organismos y seres, provocando así envenenamiento. En el comporacostumbrados a su libertad, el carecer de motamiento humano, el encierro incrementa neurosis y violencia o es precedido por la depresión. Cuando recluimos a alguna especie en un determinado espacio cercado de un zoológico, ya sea para su estudio o con fines de exhibición, ello conlleva a los responsables encargados de su bienestar físico y emocional a seguir un proceso más complejo, pues desde el primer momento los animales empiezan a sufrir estrés por más que tratemos de reproducir su hábitat natural. De allí que se impulsaran programas de “enriquecimiento” en los Todo está interconectado zoológicos destinados a crear am-

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no se han visto las instalaciones receptoras y al final “todo son especulaciones” pues no se conoce el Plan Maestro. Por lo pronto el frente avanzará con la denuncia por la ilegalidad de las obras del puente flotante y la reforestación. O

bientes, juegos y estímulos para los animales en cautiverio; no obstante, pronto esa recreación termina por agotar sus posibilidades, y como hay especies que son demasiado inteligentes, después de pasado cierto tiempo, se aburren. De unos años a esta parte ha cobrado auge global el concepto de la desaparición de los zoológicos, al comprobarse que la mayoría de los parques urbanos –incluidas las reservas– carece de condiciones de prosperidad para los animales, y donde la bioética –como ciencia de procuración del bienestar humano y animal– es poco tomada en cuenta. La pandemia de 2020 nos devuelve al punto de partida como seres biológicos vulnerables y susceptibles de desaparecer, incluso como especie. En el encierro obligado, las personas pasan por todo tipo de contrastes emocionales, inseguridad, preguntas, miedo, ira, incertidumbre ante el futuro y el derrumbe de esperanzas y expectativas de vivir en paz o con mejoramiento de condiciones. Por un lado, se tambalea la soberbia occidental, que ha basado su forma de vida únicamente en el materialismo exagerado y enfermizo; el mercado ha privilegiado intereses económicos y políticos por encima de los elementos esenciales de la convivencia amigable, la calidad del aire, la pureza del agua, la salud, y el sistema de supervivencia de la naturaleza. El desarrollo cultural y el espiritual, que habían sido relegados, se visibilizan ahora también como esenciales, verdaderos soportes para el bienestar humano en situaciones normales o de crisis. Las palabras impermanencia y desprendimiento parecían olvidadas de nuestro vocabulario cotidiano. Si algo bueno habrá dejado esta experiencia para el mundo en la conciencia colectiva, todavía no podemos adivinarlo; aunque una cosa es cierta y es que esperamos no regresar a nuestra condición anterior de abuso sobre nosotros mismos, yendo en pos de la supervivencia de organismos externos de los que depende la salud global. Como las culturas orientales antiguas afirmaban, con sabiduría, todo está interconectado y ligado por un mismo destino. O

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* (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1953). Creador artístico y académico, fundador del Festival del Mar en Boca del Cielo, Chiapas, donde cuida y libera con la comunidad tortugas laúd, golfina y toro. Ha dirigido el ZooMAT, creado en la capital de ese estado por su padre, Miguel Álvarez del Toro, en 1942.

Sonia Madrigal

C U LT UR A

Arte OTRAFERIA | mx BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

unque no era su propósito, la edición dedicada a México de La Otra Feria que estuvo en línea del 24 al 29 de julio, resultó una plataforma para ubicar el dinamismo y diversidad de los modelos de promoción del arte contemporáneo que existen actualmente en nuestro país. Concebida por el diseñador web argentino Diego Trulls, La Otra Feria es un proyecto digital de periodicidad mensual que inició en abril. Concentrada en sus dos primeras ediciones en la escena argentina, la correspondiente a julio se concentró en México con 31 galerías (OTRAFERIA | mx), además de algunas de Argentina, Chile y Perú. Como modelo ferial la propuesta es débil en su calidad profesional: no ubica a los organizadores ni menciona los objetivos feriales, la selección es por invitación sin transparentar criterios, no cuenta con una estrategia de comunicación ferial, la información de las galerías es incompleta, y no se incluyen datos sobre los artistas. Sin embargo, todas las obras tienen el precio publicado, la participación no tiene costo, y en caso de que haya ventas el organizador sólo recibe una comisión de 15%. A pesar de las carencias, la respuesta de México fue positiva. Además de galerías que asisten a ferias de reconocido prestigio como Hilario Galguera, Alfredo Ginnochio, Quetzalli y Alterna, los distintos modelos de espacios que aceptaron la invitación destacan por el profesionalismo de su operación. El rango de precios fue muy amplio: desde una serigrafía de 46x46 cms de Damien Hirst por

Madrigal. Impresión digital

5 mil 700 dólares (aproximadamente 131 mil pesos) en la Galguera, hasta un pequeñísimo –y muy divertido– aromatizante en forma de pino intervenido pictóricamente por Luciana Christiansen, que la Galería Progreso vendía por 70 dólares (aproximadamente mil 610 pesos). Al margen de las galerías en las que sobresalieron obras tan finas como los paisajes celestes en grafito del artista emergente José Ángel Santiago en la Quetzalli (47 mil 700 pesos), y las espléndidas esculturas dobladas, colgantes y pintadas de Marela Zacarías en la Alterna (7 mil 500 dólares), lo más sugerente de la feria fue la reunión de espacios gestionados por artistas –en su mayoría millenials– tanto de carácter comercial como de investigación y experimentación. Entre ellos, la Galería Mal de Ojo, en Ciudad Neza, destaca por su misión y concepto. Fundada por la fotógrafa Sonia Madrigal y el artista multidisciplinario Tonatiuh Cabello, el proyecto tiene el objetivo de empoderar la identidad de creadores que han crecido en zonas periféricas de la Ciudad de México, como Ecatepec, Chalco, Atizapán, Iztapaluca. Con obras que definen como “chácharas de autor” y la exigencia de que los artistas de la galería mantengan y manifiesten un pensamiento periférico, entre las piezas que presentan se distinguen las

espléndidas fotografías de circunstancias encontradas por Sonia Madrigal durante sus trayectos en Metro de Neza a CDMX (mil dólares), los Destapadeos de Cabello –figuras de San Judas Tadeo con cabeza de destapador, por 200 dólares–, y algunos desprendimientos de grafﬁtis intervenidos por Augusto Castellanos (500 dólares): http://mald3ojo.com/ chacharadeautor/. De Oaxaca, el espacio que opera el colectivo Yope Projects con la intención de crear estéticas oaxaqueñas diferentes, presenta dos atractivas piezas neo-pop: una luminosa pintura de Jou Morales (7 mil pesos) y una litografía expresionista y a color con soldados y gigantes de Trilce Zúñiga (3 mil pesos): https://www.instagram.com/ yopeprojects/?hl=es-la https://www.instagram.com/ otraferiadearte/ https://www.otraferia.com/. O

Teatro Teatro Nacional de Grecia ESTELA LEÑERO FRANCO

ue emocionantísimo participar como espectador distante en la transmisión de la tragedia griega Los persas, de Esquilo, que presentó

Teatro Nacional de Grecia el 25 de julio al atardecer en el emblemático Teatro de Epidauro. En ese espacio abierto observamos, mientras iniciaba la historia, cómo el sol se ocultaba tras las montañas y de un naranja enrojecido llegaba la oscuridad para quedar iluminado, únicamente, el escenario donde hace dos siglos y medio se presentaban las obras de los trágicos griegos. El Festival de Atenas y Epidauro que se realiza año con año desde 1954, transmitió en vivo Los persas, dirigido por Dimitris Lignadis. En un teatro con capacidad para 13 mil espectadores, se colocaron, en las gradas de piedra, más de 10 mil personas, que difícilmente cumplieron los protocolos establecidos. Teatro Nacional de Grecia, con su gran experiencia en llevar a escena a sus clásicos, continuó por este camino y trajo al presente Los persas, con una dramaturgia respetuosa de la obra, un vestuario que mezcla leyenda y modernidad, una dirección sobria y dinámica, con movimientos coreografiados de gran belleza, y una exultante interpretación actoral. Aún a distancia y al aire libre pudimos contemplar su energía, su potencia expresiva y la tensión dramática generada a lo largo de toda la tragedia. No había descanso tanto en la intención como en la propuesta estética y de contenidos. El vestuario de Eva Nathena combina las camisas blancas con letras griegas bordadas de color negro o rojo, según el significado, con las faldas clásicas y las sandalias. La iluminación de Christina Thanasoula es exacta y el ritmo va siempre hacia arriba. Esquilo habla en esta obra sobre los persas, los vencidos, donde, a través de la derrota y la compasión, se engrandece a los griegos que han salido triunfantes. Los persas (472, a. C.) es el drama más antiguo que ha sobrevivido en su totalidad hasta nuestros días, y trata sobre la

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"Los Persas" de Esquilo

Batalla de Salamina, una guerra en la que el autor participó. A diferencia de las tragedias escritas por los clásicos griegos, esta historia está muy cercana al presente en el que fue escrita, y el día de la función se escucharon momentos en el que el público interrumpía, con sus aplausos, cuando se enaltecía a su pueblo. En Los persas el coro tiene una predominancia, así como los monólogos de los protagonistas: la reina Atossa, que experimenta un sueño premonitorio del desastre y es madre de Xerxes, el guerrero que pierde la batalla; el mensajero que trae la noticia; el fantasma de su esposo el rey Darío, ya muerto, que señala a la soberbia de su hijo como la principal causa de la derrota, y Xerxes que regresa desgarrado y responde a los cuestionamientos del coro. Éste no está formado por ancianos, es un grupo de hombres que representa la voz del pueblo. El director crea una coreografía musical y corporal poderosa. Juega con el movimiento grupal del coro y lo contrasta con los individuos; el coro genera sonidos, cantos, voces y movimientos reiterativos amplios o pequeños, con instrumentos musicales clásicos, bastones o camisas al aire, cuya visual es asombrosa. Fue significativo que el Festival de Atenas y Epidauro, uno

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de los más antiguos de Europa, decidiera realizar esta transmisión y llevar a un gran público tan excelente espectáculo. El Festival Internacional Cervantino podría aprovechar esta circunstancia, y llenar su plataforma de propuestas internacionales de compañías de envergadura para compartir grandes espectáculos que, de otra forma, sería dificilísimo traer. Ahora es cuando. O

Cine Cine de pandemia JAVIER BETANCOURT

l admirado Jean-Pierre Melville (1917-1973) comentaba que el oficio de cineasta era uno de los más

peligrosos del mundo; el autor de Samurai (1967) se refería a todas esas contingencias, creación, producción y distribución comercial de las que depende una película. Ahora nos topamos con un comentario apocalíptico suyo, citado un tanto fuera de contexto, en la revista francesa de cine Positif: En el año 2020 el cine desaparecería. Pero no, el cine sobrevivió ya dos guerras mundiales, campos de concentración, bombas atómicas, y siempre resurgió con nueva fuerza. También consuela, un tanto, saber que en la época isabelina, durante las temporadas de peste, los teatros permanecían cerrados por más de dos años. Y a la necesidad de sobrevivencia del empresario y dramaturgo Shakespeare se debe el poema “Venus y Adonis”, un best-seller erótico escrito para hacer dinero; posteriormente, el bardo regresaba a la escena con ímpetu renovado. Un tema intrigante es la respuesta de los creadores de cine ante la pandemia, sobre todo de los nuevos talentos; el sitio FilminLatino, que propone una gran selección de largometrajes documentales y de ficción, en su sección de cortos gratis incluye varios asociados a la experiencia del quedarse en casa, el miedo, la soledad, la incertidumbre. No cabe duda de que el cine quedará marcado temáticamente por muchos años con la catástrofe del coronavirus,

"Carta a mi madre" de Roberto Rosales

se abrirán nuevas vetas creativas del melodrama a la tragedia; pero lo atractivo de estos primeros trabajos que pueden descubrirse en FilminLatino es la espontaneidad y la premura por expresar una experiencia inédita que resuena en lo privado y lo público, que activa y desactiva fobias, que descubre la concatenación entre el mundo interno y externo. Unos aprovechan para dar un mensaje positivo, un tanto abrupto, sobre la soledad, la familia y la oportunidad de solidaridad; Encierro, de Emi Villanueva, apunta a la fragilidad del adolescente y al riego que corre si se desconecta de su entorno social; Carta a mi madre, de Roberto Segoviano, busca una forma de consuelo para la madre del autor que perdió a un hermano por el virus; Entre otras noticias, de Rodrigo Sánchez, acumula propuestas optimistas de amor y solidaridad. Pero el mensaje pesa en el cine. Más elaborado es Resiliencia, de Roberto Rosales, que presenta el monólogo, puramente visual, de un individuo que padece el encierro y no haya cómo mantenerse quieto, donde Rosales juega con lo grotesco en intimidad. Estupendos, más experimentales: Solo, de Carlos Eduardo Romero, cuya temática es el terror de la soledad, la disociación de la personalidad, y sugiere la creatividad como forma de salud. En Trayectos, Verónica Marín Cienfuegos construye un excelente diario autobiográfico, análisis profundo de sí misma y su mundo interno. Uno de los mejores, Pánico en la radio, de Emir Tachi, da el brinco creativo gracias al empleo de una metáfora muy divertida, la de la invasión del mosquito peludo, y de lo que desata en un personaje sujeto a manías y fobias. Tachi entiende que la distancia frente a la experiencia inmediata permite abrir nuevos espacios de reflexión profunda. O

C U LT UR A

Pero 5 por Cinco evita este problema, quizá porque desde el comienzo –salió al aire el 6 de mayo– grabó, editó y montó con equipo profesional. Conductores e invitado aparecen en recuadros que indican que no se encuentran de manera presencial en el mismo recinto y, sin embargo, la limpieza de la producción es notable. Con la participación de la Dirección general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. O

Libros Televisión “5 por Cinco” FLORENCE TOUSSAINT

lanetas, satélites, lunas; las eras del mundo, los primeros humanos, animales en peligro de extinción, áreas naturales protegidas; plantas diversas y sus propiedades, los mapas… son algunos de los temas que aborda el programa de TV UNAM llamado 5 por Cinco. Cada capítulo presenta profusión de datos en voz de dos jóvenes conductores sumamente agradables, y en la conversación con el especialista invitado. La postproducción incluye dibujos animados. Los textos provienen de una extensa investigación que toca los ámbitos de la ciencia, la literatura, la sociología, la tecnología, el cine. Es un conocimiento extenso, no compartimentado. Los vínculos entre las disciplinas se manifiestan en la serie que es pactada como una aventura. La pesquisa no para en lo bibliográfico que apoya las alocuciones, existe una búsqueda de imágenes extensa, variada, con lo cual el programa se viste visualmente, se

vuelve ágil y hace que la atención permanezca clavada en la pantalla. Se llama 5 por Cinco porque está dividido en cinco partes, en cada una se responde a una de las preguntas planteadas: qué es, cuál es su historia, cómo cambiaron, cuál es el uso y desarrollo de la tecnología, cuáles las palabras del experto. También porque en cada tema se buscan los cinco primeros ejemplos, aquellos que destacan por su interés o por lo explicativo de sus argumentos. La serie está a cargo, en pantalla, de Michelle Carrillo y Julián Nazará, dos estudiantes universitarios entusiastas que, con su vehemencia, contagian al espectador de la relevancia del tema. Ella participó ya en El perímetro de México, una zaga en la cual dos grupos de jóvenes recorrieron el país siguiendo el perímetro geográfico, uno saliendo del norte, el otro del sur. Hoy que debido a la pandemia todo tiene que hacerse a través de plataformas digitales y en conexiones virtuales; la televisión ha sufrido en su calidad, pues no en todos los casos se pueden sortear los cortes, el congelamiento, los barridos, el sonido entrecortado. En ocasiones estos defectos son tan agudos que la molestia lleva al cambio de canal.

Uso del cuarto poder JORGE MUNGUÍA ESPITIA

l Premio Xavier Villaurrutia es un reconocimiento que otorga un jurado integrado por escritores con el patrocinio de la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, y la Sociedad Alfonsina Internacional. Para el año 2019 se le concedió a Enrique Serna por la novela El vendedor de silencio (Ed. Alfaguara; México, 2019. 488pp.). En esta novela Serna cuen-

ta la historia del periodista Carlos Denegri, quien gozó de gran influencia desde mediados de los años cuarenta hasta su muerte, a principios de los setenta. Trabajó en el periódico Excélsior y tuvo un programa televisivo; con sus entrevistas, reportajes, opiniones y columnas influyó en la política. Denegri era un periodista de investigación y a través de ella obtenía información privilegiada que vendía. También ofrecía sus espacios para promover o cuestionar a políticos o instituciones. El carácter sensacionalista que usaba cautivaba a los lectores, ante los que tenía gran ascendencia. Se convirtió en un portavoz de los grupos poderosos y logró la aceptación de un amplio público. La enorme importancia alcanzada y el dinero obtenido le permitieron relacionarse con empresarios, artistas y políticos. Asimismo, acentúo su prepotencia y soberbia, que le trajeron serios problemas en su vida profesional y afectiva. En El vendedor de silencio Serna ha hecho una profunda disección de la forma de gobierno en México para indicar su carácter tiránico y oligárquico. Igualmente muestra cómo en el proceso de subordinación y engaño los poderosos recurren al cuarto poder para ocultar componendas e imponer voluntades. Esos medios de comunicación mantienen una autonomía relativa, pero a través del dinero muchos son comprados y utilizados. En este proceso de perversión no salen inmunes, porque llegan a ser víctimas de los embustes y viven en el temor de ser descubiertos. En El vendedor de silencio Enrique Serna, con prosa enérgica, cuenta aspectos oscuros de la historia de nuestro país que ayudan a la comprensión del pasado, e iluminan el presente. O

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Chris Esqueda

El esclavismo en

“Mongo Blanco”,

novela de Carlos Bardem

XIII.- En África

-P

edro, cuéntame ese sueño que tanto se repite. –Claro, doctor, anoche mismo lo volví a soñar. Casi siempre igual desde hace más años de los que recuerdo. –¿Nada cambia en él? –Sí, alguna cosa, algún detalle… Personajes aparecen y desaparecen, a veces hablan, hablo más. O menos… Pero es siempre muy parecido. –Cuéntamelo. –Estoy en un barco negrero, un bergantín… O uno de aquellos hermosos clippers que compré en Baltimore. ¿Sabes que esa ciudad era la capital mundial del abolicionismo? Siempre me hizo gracia la ironía de

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comprar allí los mejores barcos para la trata. ¡En fin…! Atracado en puerto, abarloado junto a otros, miles de otros barcos. Como si fueran un reflejo infinito en un espejo… A latigazos, atados de a dos y engrilletados, salen los negros a cubierta. Lloran, otros tascan con odio los dientes. O cantan con tristeza. El contramaestre azota aire y espaldas con el látigo. Los negros murmuran en sus lenguas, chorreando sudor y sangre. Maffa, maffa!, gritan algunos alzando las cadenas al cielo… –¿Maffa? –Significa “holocausto” en suajili, una de las lenguas de los negros africanos. Se sienten víctimas. –Sigue. –Los muleques, los críos, lloran, hipan y tiemblan pese al calor de mil demonios, parecido al africano. Las mujeres lloran,

rabiosas por el dolor de sus hijos. Todos hieden a sudor rancio y mierda. Los olores del miedo, doctor. –Sigue. –Entonces yo me cuelgo como de una jarcia para ver mejor. Estepa, siempre me pregunto qué hace aquí Estepa. –¿Tu padrastro? Al parecer en los sueños pesan más las obsesiones que la lógica y los tiempos de ésta. Así que ahí está él, Jacinto Estepa. –Sí y no. Es el mismo. Ríe fuerte y bromea con unos marineros. Pero distinto. No es él, ni siquiera se parece a él, pero es Estepa. Me ve, escupe sobre cubierta, maldice y señala a una fila de bozales. ¿No le regalas unos a tu madre? Siempre me pregunta eso. –¿Y te molesta?

ES P E C TÁLCIBU UL RO L OS A comienzos de julio, el actor y guionista madrileño Carlos Bardem (1963) presentó su libro más reciente, Mongo Blanco, durante la asturiana Semana Negra de Gijón, España, donde recibió el Premio Espartaco a Mejor Novela Histórica de este magno festival fundado en 1988 por Paco Ignacio Taibo II para premiar narrativa policiaca, de ciencia ficción, fantasía y novelas históricas. Las 607 páginas de Mongo Blanco acaban de aparecer en nuestro país, publicadas por la Colección Popular del Fondo de Cultura Económica (FCE), número 798, en formatos digital e impreso. Licenciado en historia, de familia de actores de cine (su hermano es Javier Bardem), declaró hace un año –cuando dio a conocer la novela en su país– que la temática del “mongo” (rey) Blanco le surgió cuando encontró un pie de página que mencio-

–Sí. –Continúa. –Los negros gimen, guiñan por el sol y el sudor que les entra en los ojos y no pueden enjugarse por andar atados. Simões ordena usar bombas y mangueras para darles un agua, ¡bañen a los bozales! Lo primero es quitarles el olor a muerte de la bodega. Luego afeitarlos de cualquier cabello, por las liendres. Después otra agua, esta vez dulce. Simões dejó la trata, hacía años que no traía sacos de carbón, bozales, negros, piezas de Guinea, esclavos, muleques y mujeres, guerreros mandingas, flojos bubis, altivos koromantis o dóciles yolofes. Pero aquí está, preparando la mercancía para llevarla al tablado donde se subastarán los esclavos entre los hacendados y dueños de ingenios. Muchos pujan a pie del estrado, opinando como entendidos. Otros, en los coches, fuman y disimulan riendo las obscenidades que les susurran sus emperifolladas amantes. Entonces siempre veo cómo uno de los bozales, al contacto con el agua, estalla en mil mariposas azules, irisadas, que vuelan en bandada entre los palos, vergas y masteleros antes de deshacerse en el cielo azul de Bahía. Porque estoy, estamos, en Bahía, sé que es Bahía, aunque no lo parece. También es Recife. Las mariposas giran y giran y sus alas centellean como turbonadas. Vuelan en círculo y se ríen, aunque las mariposas no tienen boca ni ojos, alrededor del cuerpo ahorcado de una antena de aquel Nicolasillo Gamero que se mató en San Telmo y que ahora, con la cara en paz, orina como una fuente. Una mariposa enorme se posa sobre la lengua negra e hinchada de mi compañerito, que la enrosca como un camaleón y se la traga. Ahora la mariposa revolotea a través de sus ojos abier-

naba a Pedro Blanco Fernández de Trava (Málaga, 1795-Génova, 1854) como “el gran negrero malagueño” del siglo XIX, según señaló al diario catalán La Vanguardia: “Lo de malagueño me llamó la atención, ya que yo, que he dedicado años a estudiar la historia de nuestro país, nunca había oído hablar de este personaje. Ahí surgió la necesidad de comprender.” Las aventuras de Blanco son recreadas en diálogos con un joven psiquiatra de una institución mental, donde el esclavista termina sus días. Los primeros 12 capítulos están contenidos en el apartado inicial de tres, “Málaga”; “África” abarca del decimotercero al 20 y, finalmente, con la sección “La Habana”, Mongo Blanco suma 25. El FCE entregó en exclusiva un adelanto de la obra, seleccionado por Proceso (RP).

tos y espantados de colgado. Yo estoy muy lejos para verlo, pero lo veo. O sueño que lo veo. Y sudo a chorros, como si mi alma fuera agua de mar. Todos, trepados de jarcias y amuras, sudamos como si hubiera que devolver al mar un peaje de agua y de sal por no habernos matado. Siempre lo siento así. Una alcabala por habernos dejado piratear con beneficio (¡habrá comisión para todos, Pedrinho!, me grita Simões) entre África y el Brasil, destino de los bozales que llevamos en bodega. No han muerto tantos, no más de lo normal. Y, además, hemos hecho dos presas. Napoleón era un pirata terrestre… Napoleón nos da la espalda mientras mira hacia Francia desde Santa Elena. Sire, Sire!… Mérel le grita, pero el emperador no se gira, inmóvil, sólo vemos la espalda de su capote gris marengo y de su bicornio de fieltro negro… Putain! La putain de sa mère!, masculla sollozando el bueno de Mérel mientras lo señala… Dos presas. Un pequeño cutter inglés y una goletilla holandesa, desvalijadas de su carga. Una hundida por

capricho del capitán, poco amigo de herejes y luteranos. La otra desarbolada y dejada a capricho del océano, también porque éste fue el designio de Simões, sentencia que dio serio y, según él, al dictado de ese san José al que iríamos a agradecer, tan pronto atracáramos en Bahía, al patrón de los negreros. A veces cambia algún detalle, pero es casi igual lo que sueño. Nunca averigüé por qué. Yo nunca fui de santos ni iglesias. Aunque según Óscar soy hijo de Changó. ¡Aché! –¿Cómo sigue? –Pues la proa del bergantín de Simões se desclava y se abre como una enorme boca bajo el bauprés, vomitando toneladas de arroz, de marfil, de oro… no, de oro, no, olas de aceite de palma. Huele a eso, a aceite de palma y a carne quemada por los carimbos con que los marcan. Un infierno creado por los diablos blancos para los condenados negros… Y yo soy uno. Los negros van siendo herrados al rojo por sus dueños. Los hay sumisos, pero otros hacen muecas furiosas al ser quemados. Las mujeres aúllan de dolor por encima de las órdenes, los gritos y los tambores. Algunas cantan y bailan como en trance, arrastrando los pies y girando las cabezas, con los ojos en blanco… Y a mí esta locura me causa paz. Un ejército de mulatos mal vestidos y negros semidesnudos se apresuran a cargar en veloces carretas a esclavos y mercancías. Don Joaquín Gómez toma del ala su sombrero y se destoca para saludarme, sonriéndome con su cara quemada por el ácido, con su cara con agujeros en vez de ojos y boca… –¿Don Joaquín Gómez? –Sí, el negrero santanderino que fue mi mentor cuando me instalé por primera vez en La Habana. El negrero más rico de Cuba en su tiempo. De él aprendí mucho y

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para él hice mis primeros viajes. Un abolicionista le echó ácido en la cara a la salida de misa, era muy de misas, muy creyente, en la catedral de La Habana. ¿Sigo? –Sigue, por favor. –Yo no recuerdo cómo pero ya no estoy en la jarcia. Ni con Simões. Camino entre la multitud de un día de Reyes en La Habana, el verdadero carnaval de la negrada. Un cabildo de congos, con su rey, reina y portaestandarte, disfrazados con las galas de los nobles y soldados españoles, me arrastra como un río por la calle Obispo hasta la Plaza de Armas. Siempre el mismo recorrido. Allí, bajo el balcón del Palacio de Gobierno, se juntan a otros cabildos y todos gritan ¡Viva el rey! ¡Viva el rey Fernando VII!, mientras el gobernador y mujeres que son calaveras pintadas les arrojan monedas. Me escapo de allí. Ahora camino descalzo sobre una hierba recia, mientras bebo cachaza… Estoy en el Jardín de las Delicias de míster Reeves. Me rodean sus filhas, suas meninas. Muchísimas. Hermosas y tentadoras como diablos, bailan casi desnudas a mi alrededor, abanicando el aire con sus túnicas de fino algodón. Enseñan pechos llenos con pezones puntiagudos, piernas largas de caderas rotundas y tobillos finos. Las cría como caballos de carreras, las cruza para que, como éstos, tengan ancas fuertes y tobillos finos. A nadie le gustan las mujeres con los tobillos gordos… Esto me lo explica amablemente, mientras sorbe su té en una loza finísima, el cabrón del capitán Denman… Le pregunto por qué me odia, por qué me persigue incansable con su West Africa Squadron, y sonríe, ¡maldito bastardo estirado!, we are sportsmen, aren’t we, míster Blanco? ¡Los ingleses en la tierra, Pedrito!, ruge una calavera pelada con pelucón empolvado. La de mi padre… Tambores, panderos y birimbaos las mueven como vientos. Se me enroscan como serpientes. Me clavan ojos verdes, azules. Sonríen con dientes blancos, perfectos, grandes perlas irisadas en sus bocas de labios gruesos. La entrepierna me arde… Mujeres niñas, niñas amujeradas, ninguna parece mayor de 15 o 16 años. También hay meninos, apolos de piel oscura, ojos claros y vergas descomunales, que gotean por sus cabezas púrpura como mitras de obispo. Son los monstruos divinos de míster Reeves, otro anglosajón protestante amigo del progreso y de la ciencia. Las chicas y los chicos se cierran sobre mí, se enroscan entre ellos, frotándose, tocándose, penetrándose con vergas, lenguas y dedos. Toco, muerdo, entro en vaginas y culos mientras también me toman una y otra vez y de mil formas… Quiero hablar, pero la excitación sólo me permite gemir. Y ahí me suelo despertar, doctor. (…) O

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COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

econocido a nivel internacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) cumple 45 años en este 2020 difícil para la humanidad por el covid-19, y su director Alfredo Loaeza resalta: “Pero la escuela siempre ha resuelto las vicisitudes con su espíritu de comunidad y su conciencia de la importancia que juega en la cultura nacional.” El CCC fue fundado el 15 de julio de 1975. El documentalista Carlos Velo recibió la primera titularidad, con un consejo directivo presidido hasta su muerte en 1983 por el destacado cineasta Luis Buñuel. Por teléfono explica Loaeza, sonidista, asistente de dirección y gerente de locaciones: “Surgió la necesidad de contar con un centro que habilitara los oficios del cine: Dirección, guion, fotografía, edición, sonido, producción, en fin. No fue concebida como una escuela de intelectuales o cinéfilos o académicos. Que Carlos Velo fuera el primer director fue determinante para perfilar la misión y la esencia con un enfoque humanista, que cree en el cine de autor y posee una altísima especialización. Cada una de las personas que entran pasan por distintas especialidades y las ejecutan.” Después de Velo, el responsable del CCC (organismo de la Secretaría de Cultura federal) fue el realizador Alfredo Joskowicz, quien con su experiencia como alumno en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, “logró aterrizar un plan de estudios”. Les siguieron Eduardo Maldonado, Gustavo Montiel, Ángeles Castro, Henner Hofmann y Marco Julio Linares. Hacia 2005, el centro recibió el Premio a la Excelencia Académica en el Festival de Escuelas de Cine de Tel Aviv, Israel. Ha obtenido más de 700 galardones y reconocimientos nacionales e internacionales, y es parte de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión y de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Loaeza (DF, 1977) evalúa la escuela tras cuatro décadas y media: “Sería falsamente optimista si dijera: ‘No, ¡pues todo está increíble!’. Es una época en la cual estamos enfocados a usar la imaginación para seguir realizando cine. Es muy significativo que ocurra el 45 aniversario en estas condiciones, porque nos mueve a encontrar maneras de conectar con nuestra comunidad en todos los

Cortesía CCC

E S P EC TÁC UL O S ámbitos: en lo educativo y en la producción cinematográfica, porque la cantidad de minutos de historias que se producen en el CCC al año, es más que en cualquier casa productora.”

Sus personalidades

El CCC en 45 años,

metáfora de la resistencia El Centro de Capacitación Cinematográfica, como plantel, no sólo ha formado a varias generaciones de cineastas destacados, sino que en cantidad de minutos filma más historias al año que cualquier otra casa productora. No obstante, ha sufrido embates incomprensibles, como el de Vicente Fox, que quiso eliminarlo. Su titular Alfredo Loaeza habla de mantener su conexión con la comunidad en este año fatídico, y evalúa su historia al lado de los directores Natalia Beristáin, Jorge Michel Grau y Jorge Fons.

El reconocido Carlos Carrera, egresado del plantel, recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1994 por su cortometraje El héroe, y Elisa Miller se convirtió en la primera mujer mexicana cineasta en obtener la misma en 2006, por su cortometraje del CCC Ver llover. Dos estudiantes han recibido el Foreign Student Academy Award (Premio Estudiantil Extranjero) de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Estados Unidos: Javier Bourges, con El último fin de año, y Rodrigo Plá, con El ojo en la nuca. En 2015, La parka, de Gabriel Serra, fue nominado al Oscar en cortometraje documental. Ahora otro corto, Crescendo, de Percival Argüero Mendoza, es semifinalista del Oscar Estudiantil. En la lista de alumnos del CCC aparecen el cinefotógrafo Rodrigo Prieto, nominado al Oscar varias veces, la última por El irlandés, de Martin Scorsese. El diseñador de arte Felipe Fernández del Paso, ganador de un Oscar por la película Frida. Y el cinefotógrafo Gabriel Beristain, quien obtuvo el Oso de Berlín en 1986 por Caravaggio. Entre 2011 y 2012, la ópera prima El lugar más pequeño, de Tatiana Huezo, recibió cerca de 50 reconocimientos alrededor del mundo. El coronavirus no paró las clases de los 196 alumnos del CCC; fueron impartidas por Zoom, y este mes de agosto comenzará el siguiente semestre: “Están pospuestos los rodajes –cuenta Alfredo Loaeza–, aunque ya hay protocolos de salud. El Comité de Seguridad de la Producción Audiovisual, que varios profesionales del cine conformaron, y del cual es parte el CCC, ha creado un manual, producto de los profesionales más destacados de la industria audiovisual. “Lo sensato es esperar a que existan las condiciones. El semáforo es nuestro referente principal. En septiembre podríamos coordinar días presenciales y días virtuales, y en los dos últimos meses del año se verá el avance de los dos rodajes que se pausaron.”

Ópera Prima El CCC creó el proyecto Ópera Prima en 1988, con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), que permite el debut de egresados, en un concurso de se-

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Cortesía CCC

la primera vez sólo lo hice al CCC y no me aceptaron. Fue un patadón al ego juvenil, pero me aseguró las ganas de que quería estudiar cine. Al año siguiente regresé y apliqué a las dos escuelas. La verdad es que ahí si fue un bolado, y aunque yo seguía avanzando en el proceso del CUEC, terminé en el CCC. Ahí los astros se alinearon. Además, caí en una generación donde la mitad éramos mujeres, y eso ha marcado, sin duda, el camino que he tomado como cineasta.” La hija de los actores Julieta Egurrola y Arturo Beristáin creó en 2009 su compañía productora Chamaca Films, que ha producido series, películas y cortometrajes mexicanos. Dirigió junto a Hiromi Kamata la serie Historia de un crimen: Colosio, de Netflix, y algunos episodios de El presidente, de Amazon Prime. Sus recuerdos en el CCC, dice, son luminosos: “Es un momento de mi vida que recuerdo con muchísima calidez, con muchísimo trabajo, con estar metida en la escuela 12 horas al día. Son años que rememoro profundamente productivos y formadores. Es un lugar al que he regresado a dar clases. Lo que ahí sucede en cuanto a la formación me importa mucho, en fin. Siento que uno no deja de ser cececera.” También repasa cuando Vicente Fox presentó su iniciativa para desaparecer la escuela: “Me acuerdo que 10 estudiantes, de generaciones distintas, nos prendimos

lección dentro de la escuela, con la producción de un primer largometraje de ficción. Y desde 1997, este programa se efectúa con el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine). Hacia 2009 se abrió Ópera Prima Documental. A marzo de 2020 se han producido un total de 35 películas, 25 de ficción y 10 de documental. Entre las de ficción destacan: El secreto de Romelia (1988), de Busi Cortés. La mujer de Benjamín (1991), de Carlos Carrera. La orilla de la tierra (1994), de Ignacio Ortiz. Por si no te vuelvo a ver (1997), de Juan Pablo Villaseñor. Somos lo que hay (2010), de Jorge Michel Grau. Se encuentra en postproducción Masacre en Teques, de Rodrigo Hernández, y se paró el rodaje de Vergüenza, de Miguel Salgado. Del rubro Ópera Prima Documental surgió El lugar más pequeño (2011), La revolución de los alcatraces (2012), de Luciana Kaplan, y Tiempo suspendido (2015), de Natalia Brushtein, entre otras. Se halla en postproducción La frontera invisible, de Mariana Flores, y se paró el rodaje de Juntas somos fuertes, de Tania Claudia Castillo. Oblatos, el vuelo que surcó la noche, del CCC, dirigido por Acelo Ruiz Villanueva, está nominado a Mejor Largometraje Documental en la 62 entrega del Ariel –que será virtual el próximo 20 de septiembre–. Cabe destacar que 14 de las 46 producciones nominadas para esta estatuilla son dirigidas por egresados del centro. El CCC ha enfrentado obstáculos muy difíciles, y Loaeza, también productor, comenta:

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“Ya sean con crisis económicas o políticas o por una pandemia, rápidamente nos adaptarnos a las circunstancias.” A decir suyo, el momento más complicado fue en noviembre de 2003, cuando Vicente Fox como presidente planteó, con el argumento de escasez de recursos presupuestarios, en el artículo segundo transitorio del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, que el Ejecutivo Federal iniciara el proceso de desincorporación entre las modalidades de “disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación” del Imcine, los Estudios Churubusco y el CCC (Proceso 1411). Exclama: “¡Me parecía incomprensible! Entonces yo era estudiante del CCC. Alumnos de la escuela, la comunidad cinematográfica y muy particularmente la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión salieron en defensa del centro, y se detuvo.” Termina el autor de 10 cortos, como Locaido, el héroe: “Con los recortes de ahora tampoco voy a azuzar un fuego cuando el mundo enfrenta una pandemia muy fuerte. Para hacer cine hay que estar, mínimo, vivos.” En www.filminlatino.mx, el plantel ofrece una selección especial de largometrajes y cortometrajes que han cumplido de 10 hasta 40 años. Y para recordar a Andrea Gentille (fallecida el pasado 18 de julio), estudiante y luego subdirectora de producción ahí, se incluye su documental La neta, no hay futuro en el canal de YouTube del centro.

Natalia Beristáin La directora de los largometrajes No quiero dormir sola (2012) y Los adioses (2017), Natalia Beristáin (DF, 1981), estudió en el CCC y platica por WhatsApp: “Las únicas dos opciones eran el CCC y el CUEC. Efectué el examen dos veces,

Cortesía CCC

Loaeza. Frente a la crisis

muchísimo y nos movimos. Organizamos una conferencia de prensa, llegaron muchos medios, y al día siguiente logramos convocar a buena parte de la comunidad cinematográfica, sobre todo actores y actrices. Fuera de la Cámara hubo un plantón, nos dejaron entrar y se habló del problema. Los presupuestos y la visión que desde los gobiernos se tienen sobre estos espacios, no están a la altura de lo que son.” Para Beristáin, es “mega simbólico” el cumpleaños 45: “Hay como un lado de resistencia ante la adversidad ahí muy clara.”

Jorge Michel Grau Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, cumple 10 años. Es la número 17 del proyecto Ópera Prima. El British Film Institute (BFI) la incluyó entre las mejores 10 películas de horror del presente siglo. Además, es uno de los primeros largometrajes mexicanos con una versión hecha en Estados Unidos, y tiene la extraordinaria particularidad de que tanto la original, como la producción norteamericana fueron selección del Festival de Cannes: Es la historia de caníbales modernos en plena Ciudad de México, que enfrentan el problema de alimentarse cuando el jefe de la familia muere. Grau (DF, 1973) narra por teléfono: “Yo quería estudiar cine. Me incliné por el CCC debido a consejos, y porque al investigar me llamó la atención que todo

Espíritu de comunidad

J. Raúl Pérez

E S P EC TÁC UL O S mundo participaba en los cortometrajes de otras generaciones. Al final iba a dirigir por lo menos tres cortometrajes. Y afortunadamente pude entrar. Ver procesos y acercamientos con miradas muy distintas me enriqueció mucho. Y de pronto empecé a tener maestros a los que admiraba y me gustaba mucho su obra.” El además realizador de la película 7:19 sigue: “Como estudiante accedes a ese concurso de Ópera Prima con el solo hecho de haberte titulado con un corto como tesis y haber participado en alguna otra ópera prima de otro estudiante. Es un camino para debutar, posee sus limitaciones de presupuesto, pero ofrece otras tantas que te enriquecen, como la libertad absoluta de temática, la libertad absoluta de discurso y la propuesta estética.” Finaliza: “Una particularidad de la escuela es que se sabe adaptar a la tormenta para nunca parar de filmar en grupo, en equipo. Siempre hay políticas públicas donde el CCC no necesariamente está en el radar. Lamentablemente no es un problema contra el centro, sino contra los procesos artísticos en este país. Se debe defender a toda costa la proFons. La relación gobierno-educación ducción cultural de México como identidad, memoria y cohesión del tejido social. Que en este tiempo el CCC cum- quieran, puedan y deban, lo que les sirva pla 45 años es como una metáfora a la para lo que van a hacer.” Expone su experiencia como maestro: resistencia.” “Ha sido muy interesante. El profeJorge Fons sor en el aula aprende mucho más de lo que enseña. El saber o la experiencia que Entre los maestros del CCC se encuentran uno aporta tuvo pleno sentido y valor Carlos Bolado, Simón Bross, Carlos Carre- en el momento de los hechos, en el ayer. ra, Felipe Cazals, Nicolás Echevarría, José En el presente, lo más valioso es la fuerLuis García Agraz, Beatriz Novaro, Igna- za de la infinita aspiración de hacer todo, cio Ortiz, Jorge Fons y Marina Stavenha- de cambiar todo, de transformar todo. Y gen, entre otros. eso lo traen ellos. Los alumnos. Y si no lo Fons (nacido en Tuxpan, Veracruz, traen, habemus un problema al que hay en 1939) escribe por correo electrónico que entrarle.” para Proceso que la labor del CCC ha sido –¿Cree que ha sido valorado el CCC por extraordinaria: los gobiernos? “Ahí se han podido formar muchísi–En nuestro país, la relación entre el mos jóvenes realizadores, guionistas, fo- gobierno y la educación ha sido pérfida tógrafos, sonidistas, productores que y triste. Han hecho muy poco y bastanahora enriquecen las filas de la industria te mal. La consecuencia es que somos un nacional.” pueblo que no sabe pensar. Y eso no les ha Al realizador de Los albañiles, Rojo ama- importado o, más bien, les ha alegrado benecer y El callejón de los milagros se le pre- neficiarse con ello. gunta por qué ofrece clases en el CCC: Calibra los 45 años de esta institución “Para estar en contacto con los jóve- formadora de cineastas: nes que aspiran a convertirse en cineas“Que se ponga el tapaboca, que guarde tas. Saber cómo piensan, qué quieren, qué la sana distancia, que continúe las clases se traen, y poner en la mesa lo que uno por internet, que le cantemos las Mañanisabe, lo que uno ha visto, lo que uno ha ex- tas, que digamos ¡salud! y que cumpla 100 perimentado, para que ellos tomen lo que más.”

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Proceso

Pérez vía remota: “Todo se puede con dedicación”

BEATRIZ PEREYRA

La historia de un

renacido Su carrera ha crecido con el siglo –debutó en 2002– y hoy que está en la cúspide, Óliver Pérez, el pitcher zurdo que aprendió a dominar a los bateadores cuyas habilidades también están en la mano izquierda, supo aprender de las caídas y continuar hasta convertirse en el lanzador mexicano con más temporadas jugadas en las Grandes Ligas. En entrevista, el propio pelotero es quien reflexiona sobre los acontecimientos que lo habían desahuciado del mejor beisbol del mundo. 74

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de octubre de 2010. Último juego de la temporada. Los Mets de Nueva York enfrentan en casa a los Nacionales de Washington, ambos en el sótano de la División Este de la Liga Nacional. El mexicano Óliver Pérez entra a lanzar la entrada 14 de un juego empatado a una carrera. Hace 27 días que el zurdo no ha salido del bullpen. Desde mayo no está en la rotación de abridores. Ni como relevista lo usan. Toda la temporada se ha tragado los abucheos de los fanáticos neoyorquinos que le reclaman sus desastrosas actuaciones. Tras ponchar al primer bateador, Pérez, el primer pelotero culichi en llegar a las Grandes Ligas, regala la primera base con un golpe. Incapaz de tirar strikes, liga dos bases por bolas. Casa llena. Otra base por bola. Entra la carrera de caballito. Treinta lanzamientos, de los cuales sólo 11 fueron strikes. Óliver Pérez abandona el terreno de juego bajo una lluvia de reclamos. Pizarra final: Washington 2-1 Mets. Al final de la temporada, los Mets corrieron al manager Jerry Manuel y al gerente general Omar Minaya, el responsable de haberle dado un contrato por tres años y 36 millones de dólares a Óliver Pérez, el pitcher zurdo que estaba cumpliendo su quinta temporada con el equipo –novena en las Mayores– y a quien, desde que firmó por ese monto, se le volteó el santo de espaldas. Al mexicano también le dieron las gracias. A la directiva de los Mets no le importó pagarle los 12 millones de dólares que aún le debían con tal de que se fuera. No habría un 2011 para Óliver Pérez en Nueva York, donde la prensa lo trajo a periodicazos y los reporteros le revolotearon todos los días como avispas con aguijones punzantes. “Fue muy doloroso. Así estés ganando millones, que lleguen y te digan: ‘Ya no te queremos aquí, ¡vete del equipo! Es muy feo’. Te sientes el ser más pequeño de la Tierra; te quieres esconder porque piensas que todos te miran con odio. Yo pude haber dicho: ‘Me voy, tengo un contrato’… Pero no soy conformista, me aguanté esa temporada y, al terminar, seguí preparándome”, narra Óliver. 26 de julio de 2020. Tercer juego de una temporada atípica por la pandemia de covid-19. Los Indios de Cleveland reciben a los Reales de Kansas City en duelo de equipos de la División Central de la Liga Americana. El mexicano Óliver Pérez entra a lanzar en la séptima entrada del juego que los locales van ganando 8-2. El

DE PO RT E S

Esfuerzo y perseverancia Los 671 juegos en los que Pérez ha participado –195 como abridor y 476 como relevista– y las mil 441 entradas que ha lanzado le han servido para aprender que más vale maña que fuerza, que en el beisbol no todo es gozo y que las caídas sirven para aprender a levantarse; que los sacrificios tienen recompensas, y que si hay que bajar a las Ligas Menores ahí volverá a picar piedra. “Es un honor haber jugado todo este tiempo. No ha sido fácil lo que he pasado. Me he preguntado los últimos meses qué tan importante es este récord. Todos los mexicanos que hemos pisado Grandes Ligas debemos ser un ejemplo para las nuevas generaciones, demostrar cómo somos. Decirle a la niñez que a base de esfuerzo y dedicación se logra todo, aunque haya tropiezos.” Este año, Pérez debería estar festejando el inicio de su temporada 19 en las Mayores, pero el descalabro que sufrió lo dejó fuera durante 2011. Ese año lo pasó con Harrisburg, el equipo de los Nacionales de Washington en la categoría AA donde entrenó al lado de muchachitos de entre 18 y 20 años que lo veían de abajo hacia arriba por tratarse de un ligamayorista. Ahí, entre chamacos, Pérez se reconstruyó con la ayuda de Rafael Arroyo, El Paisa, el catcher de bullpen de los Mets, de quien primero se hizo amigo y ahora ambos se dicen hermanos. Con su experiencia en el manejo de pitchers, aunque nunca jugó en Grandes Ligas, Arroyo, un mexicoestadunidense nacido en Los Ángeles, se echó a cuestas los problemas de Óliver.

Arroyo fue testigo de cómo, con los Mets, la recta de Pérez perdió velocidad. Si acaso llegaba a las 89 millas. Él cree que extravió la seguridad y la confianza. No importó que Óliver llegara temprano, que entrenara fuerte y siempre estuviera listo para subir al montículo. La fortuna lo abandonó. Juntos empezaron a entrenar con pesas rusas y aparatos de gimnasio, a llevar una mejor alimentación y a analizar en largas conversaciones por qué no podía corregir el rumbo. “Tenía tendinitis en la rodilla derecha (la pierna con la que aterriza después de cada lanzamiento). Uno debe caer con la punta del pie hacia adelante y el mío caía horizontal. Al momento de girar el pie, la rodilla se torcía. Imagínate eso durante 100 picheos, quién sabe en cuántos juegos. Un día tenía que tronar. Fueron tres años muy difíciles (de 2008 a 2010). Eso me pasó por no decir que no estaba bien; yo insistía en jugar”, cuenta Pérez. Por esta razón alteró su mecánica de lanzamiento. Por más que intentó no pudo salir del bache. Los Mets le pidieron que se fuera a Ligas Menores a tratar de componerse. El jugador, pensando en que para tener derecho a una pensión debe acumular 10 años de servicio en Grandes Ligas, ejerció su privilegio de rehusarse. Su agente, Scott Boras, famoso por conseguirle a sus clientes contratos multianuales a cambio de millones de dólares, le aconsejó que no aceptara salir del roster de 25. Cuando los Mets lo dejaron en libertad, se fue junto con Arroyo, primero a Phoenix y luego a Culiacán. En medio del apapacho familiar trató de salir adelante. Antes del inicio de la temporada 2010 de la Liga Mexicana del Pacífico entrenó para estar en forma y jugar con los Tomateros,

pero también ahí lo abuchearon. Seguía sin encontrar la zona de strike y le caían a batazos. “Tuve que empezar de cero. No tenía equipo y fue cuando me agarró Washington en 2011 para ir a las Menores. Volví a sentir el gusto del juego. Estaba con puro chamaco y también me sentía chamaco (tenía 29 años). Eso me motivó. Me decían líder y me copiaban cómo entrenaba. Tuve buena temporada y eso me ayudó para que Seattle se fijara en mí en 2012.”

El gran apoyo

AP photo /Kathy Willens)

zurdo forma parte del cuerpo de relevistas, lo que en el beisbol se conoce como “pitcher situacional”. Se ganó un contrato para este año porque en 2019 rebasó las 55 apariciones: participó en 67 juegos. Después de que su compañero Carlos Carrasco acepta un doble, el manager Terry Francona manda a Pérez a poner orden. Poncha a dos rivales, y al tercero lo obliga a rodar hacia la primera base. Quince lanzamientos, nueve fueron strikes. Óliver Pérez abandona el terreno de juego y en el dugout sus compañeros lo felicitan. Pizarra final: Kansas City 2, Indios 9. Con esta actuación Pérez se convirtió en el primer pelotero mexicano en llegar a 18 temporadas en las Grandes Ligas. De aquel espigado jugador que debutó con los Padres de San Diego el 16 de junio de 2002 a los 20 años y 305 días queda una pálida sombra. Ya no es aquel tirador de rectas de 97 millas por hora capaz de ponchar a 239 rivales en una temporada.

Mets. Desastre

En su afán por ayudar a Óliver, Rafael Arroyo buscó videos de cuando jugaba para San Diego. Quería entender por qué su recta había perdido velocidad. Descubrió que, para compensar el dolor en la rodilla, el culichi se agachaba y eso cambiaba el ángulo de su brazo y le restaba fuerza. Costó mucho corregirlo. El entrenamiento con las pesas rusas, salir a correr en Camelback Mountain, en Phoenix, y perder algunos kilos también ayudó. “Agarró fuerza y confianza, aumentó la velocidad de sus rectas y comenzó el rumor de que Óliver ya estaba en forma y listo para regresar. Seattle le dio la oportunidad de ser relevista y estuvo muy bien porque al tener que enfrentar a menos bateadores y hacer menos pitcheos podía tener disparos de más de 97 millas”, dice Arroyo. En junio de 2012, justo 10 años después de su debut en Grandes Ligas, Pérez regresó a San Diego, ahora con los Marineros de Seattle, para enfrentar al equipo que le abrió las puertas por primera vez. “Fue ver cómo el juego da vueltas. Todo era perfecto. Estuvo ahí su familia. La confianza es muy importante en este juego. Cuando uno no está pichando regularmente, empieza a dudar; no tienes control de la pelota. Físicamente no estás bien; tampoco en lo mental ni en lo anímico, pero cuando ajustas todo camina”, explica el excatcher, ahora preparador físico de otros ligamayoristas mexicanos, como Luis Cessa y Julio Urías. Dos temporadas con Seattle, una y media con Diamondbacks de Arizona, unos meses con Astros de Houston, dos más con los Nacionales de Washington, donde se convirtió en un zurdo especialista en dominar bateadores zurdos. La idea fue del coach Spin Williams, con quien Pérez coincidió en sus inicios ligamayoristas con los Piratas de Pittsburgh. Él lo recomendó para que los Nacionales lo tuvieran en Ligas Menores en 2011. El consejo no pudo ser mejor: “Tienes un brazo muy bueno. Lanzas muy bien contra los zurdos, vete al bullpen y aprende

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tipo de ajustes que él mismo inventa. Pérez cree fervientemente que tanto a su recta como al slider le puede hacer variaciones si, por ejemplo, antes de tirar a home hace una pausa, más corta o más larga, según a quien esté enfrentando o, por el contrario, si tira rápido; a veces levanta la pierna, tira por arriba o por abajo. Dice que está leyendo a los bateadores y quiere romperles el ritmo. Un día, en un juego en Culiacán le tocó enfrentar a un jugador que le sacó 13 veces la pelota de faul. Fastidiado por no poder sacar el out, antes de soltarle una recta de 94 millas, Con Arroyo. Trabajo en equipo y rehabilitación Pérez levantó la pierna derecha y la dejó suspendida en el aire durante tres segundos. Lo bateadores tenemos mucha información, ponchó. Improvisó una ocurrencia a ver si hay que estudiar las situaciones a las que así dominaba al rival. “Quiero que no entren al ritmo o esme enfrento. tán esperando la recta, pero le quito fuerEl lanzador de rectas za y les rompo el timing. Siempre pienso en cómo disminuir la posibilidad de que En 2012 Pérez comenzó a lanzar su recta me den un contacto sólido. Poco a poco lo en el punto de lanzamiento vertical más fui inventando. A veces un bateador te da alto de su carrera. Para ponerlo en térmi- 10 fauls y tienes que improvisar esas conos más simples: dejó de agacharse –ya sas”, comenta. sin la lesión en la rodilla– y enderezó la A Pérez sólo le falta jugar y ganar en espalda. Esa mecánica la mantuvo hasta una Serie Mundial para irse sin deudas 2017. Ese año bajó el ángulo de su brazo con el beisbol. Ha pasado todos los otoños izquierdo para “acostarse” y ser más incó- de su carrera viendo estos juegos en la temodo frente a los zurdos. levisión. No quiere retirarse sin el deleite Más allá de las estadísticas avanzadas, de tener un anillo de campeón, brincotear su propia experiencia lo lleva a hacer otro en el terreno de juego mientras lo papelitos de colores le lluevan y mojarse con champaña en el vestidor. “Algo que me gustaría es ser el pelotero más viejo en Grandes Ligas. Cuando subí en 2002 era el más joven de toda la liga; quiero que me toque estar cuando debute un jugador nacido en 2002”. Antes de Pérez, quien el 15 de agosto cumplirá 39 años, el pelotero con más campañas en las Grandes Ligas en este 2020 es el dominicano Albert Pujols. Con 40 años, está cumpliendo su temporada número 20. El hoy primera base de los Angelinos de Los Ángeles debutó en abril de 2001 con los Cardenales de San Luis. “Vamos año por año. Trato de cuidarme más, comer más sano porque si tengo peso de más me duelen las rodillas, los tobillos, la espalda. Ahora pienso en llegar a la temporada 20. Quién sabe si en 2021 tendré contrato. No hay otro mexicano en ningún deporte que haya estado tantos años activo, aunque cuando me levanCleveland. La cúspide to ya me duele todo.” O AP photo /Bruce Kluckhohn

cómo dominar a los zurdos”. Con Washington se quedó en las campañas de 2016 y 2017. Las estadísticas enseñan que, a partir de 2012, cuando el promedio de velocidad de su recta era de 94 millas por hora (con picos de hasta 97), Pérez comenzó a retar a los bateadores zurdos poniéndoles la pelota en el centro del plato y ya no en la esquina de adentro, como solía hacerlo. La tasa de jonrones que acepta por cada nueve entradas también disminuyó, algo que es paradójico porque la tendencia en Grandes Ligas es que los lanzadores cada vez reciban más cuadrangulares. Pérez también dejó de usar regularmente su sinker, un arma con la que los zurdos dominan a los bateadores derechos. A partir de 2018, cuando llegó con los Indios de Cleveland, se nota claramente cómo Óliver Pérez comenzó a tirar más el slider y a depender menos de su recta de cuatro costuras. Al volverse un especialista en zurdos, descubrió que esa pichada es con la que domina a los zurdos. Identificó que podía prolongar su carrera si hacía estos cambios. “Hay que estudiar todo lo que puedas enfrentar. Ahorita tenemos todas las estadísticas. Los equipos te dan de todo y hay que aprovecharlo porque eso ayuda cuando subes a la loma. Tiene lógica: me dijeron que el porcentaje de que me batearan el slider es más bajo que si tiro rectas. Por eso lo tomé. Todos, pitchers y

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D EP O RT E S

Ante omisiones de la Conade,

Guevara y Moctezuma Barragán. Dificultades

RAÚL OCHOA

na Gabriela Guevara lleva 20 meses al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y no hay evidencia de que haya turnado algún documento oficial con su programa nacional en la materia –a lo que está obligada por ley– ni hay visos de que lo hará, con lo que incurre en desacato. Y aun cuando en su artículo 9 la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) condiciona a la Conade a elaborar un diagnóstico, definición de objetivos y metas, formulación de estrategias y el diseño de políticas que aseguren la participación efectiva del sector privado en la actividad deportiva nacional, la titular de la comisión no ha hecho su tarea. Ante esta omisión, la SEP incluyó en su Programa Sectorial de Educación 20202024 (PSE) un proyecto que prácticamente fija los lineamientos del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, que aún se desconoce. En su programa sectorial plasmado en 127 páginas, de acuerdo con lo publicado

Como la Conade no ha dado a conocer su Programa Nacional de Deporte, la SEP decidió involucrarse de lleno en tareas encomendadas por ley a la institución que dirige Ana Gabriela Guevara y la incluyó en su Programa Sectorial de Educación 2020-2024; le dedica 30 de las 127 páginas del documento. En sus 20 meses de gestión, la exvelocista se ha limitado a promover programas transversales en algunas áreas, lo que va en detrimento del deporte nacional… sin dejar de lado su desacato a la ley. en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 6 de julio, la SEP plantea en el diagnóstico y desarrollo la parte correspondiente que pudiera sentar las bases para la aplicación de la política pública en el ámbito deportivo. Y aunque en la LGCFD se establece que, en coordinación con la SEP, corresponde a la Conade integrar el programa nacional, Guevara se ha limitado a promover programas transversales en algunas áreas. Lo grave de esa omisión es que estamos a dos

meses de que empiecen a definirse las partidas del presupuesto fiscal para 2021. Consultado al respecto, el presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro Social (PES), adelanta a Proceso que presentará un punto de acuerdo en nombre de toda la comisión. Exasperado por el desacato de Guevara a la ley, comenta: “Aun cuando habrá quien no quiera, vamos a decir que, como la Conade no da muestras de tener un plan

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Octavio Gómez

Benjamín Flores

la SEP le hace la tarea

para el rumbo del deporte en México, la SEP ha tomado la iniciativa y pone mucha atención al tema de la cultura física y deporte”. El legislador del PES comenta también que promoverá un amparo por omisión contra la titular de la Conade, pues considera que ella ha incumplido lo que determina la ley. La falta de este programa, sostiene, “es un problema gravísimo para el deporte nacional, pues define las acciones prioritarias para el desarrollo de la cultura física y el deporte en el sexenio, pero también especifica la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los grupos sociales interesados en la práctica del deporte”.

De mensajes y omisiones La historia de este episodio se activó el 19 de julio último. Ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo circular un videomensaje en torno a las víctimas de covid-19 y prometió becas, pensiones y créditos a quienes han perdido a algún familiar durante la pandemia. En su alocución de siete minutos enumeró 10 compromisos, entre ellos la promoción de la salud entre la población, reducir el consumo de comida chatarra, fomentar la actividad física e impartir una materia de educación para la salud. También expuso que se dará “mayor importancia a la medicina preventiva y a promover el ejercicio físico y el deporte”,

sociales. El Comité Olímpico Mexicano publicó en su cuenta de Twitter el mismo 19 de julio: “El presidente Andrés Manuel @lópezobrador dijo que promover el ejercicio físico y el deporte es uno de sus compromisos a cumplir; #ThomasBach, titular del COI. Así se pronunció en la sesión del organismo y lo ratifica hoy, como aliados para enfrentar el #COVID-19”. Ante la omisión de la titular de la Conade, la SEP estructuró su programa sectorial que incluye objetivos y estrategias en materia de cultura física y deporte, así como los parámetros, objetivos prioritarios, líneas de estrategia y los estándares para las metas. En su PSE 2020-2024, la dependencia encabezada por Estaban Moctezuma aborda el tema de apoyos para la actividad física y el deporte en las escuelas, programas del deporte de alto rendimiento y de ayuda al deporte olímpico y no olímpico. SEP la En 30 de sus 127 hojas el de rial Secto ama Progr documento se refiere a la acestablecer e impartir en el nivel básico de tivación física y el deporte, un caso inédiescolaridad la materia de educación para to si se considera que la SEP sólo abordaba la salud, así como “atender con prioridad” ese rubro en un par de párrafos de la parte las enfermedades crónicas, tales como la correspondiente al deporte. diabetes, la hipertensión, los padecimienOtro dato singular: en los puntos más tos renales, el tabaquismo, el alcoholismo importantes de la política deportiva, la y la drogadicción, mediante el deporte. SEP se saltó a la Conade en el glosario, por A partir de entonces comenzó a circu- lo menos en el rubro de las siglas y acrólar información alusiva al tema en las redes nimos, donde sí son incluidos el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el ConseVargas Contreras. Recurso contra Guevara jo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En lo referente a las acciones, el PSE aborda el deporte en general, complementado con cuadros gráficos que indican las líneas de estrategia, así como con los responsables de promover esas actuaciones, entre los que menciona a la propia Conade únicamente para darle una responsabilidad específica: “En este contexto, la SEP y la Conade trabajarán conjuntamente en el diseño y la implementación de programas…”, se indica en el documento.

Miguel Dimayuga

El desaire de Moctezuma

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Para nadie son desconocidas las desavenencias entre los titulares de la SEP y la Conade. Basta un caso: el 13 de diciembre de 2018 la exatleta tomó protesta como directora del organismo sin la presencia de Moctezuma; el encargado de protocolizar

DE P O RT E S el acto fue el entonces subsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla. En el apartado “Deporte para todas y todos”, el PSE sostiene: “En nuestro país la práctica de actividades deportivas y recreativas por parte de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es limitada, lo que repercute en problemas de salud que afectan tanto el desarrollo físico como mental. El sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en grandes preocupaciones de la sociedad en que vivimos… “Debido a la omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno durante años, la población mexicana carece de programas efectivos que estimulen la actividad física y la práctica del deporte. Asimismo, la falta de coordinación entre diferentes instancias encargadas del deporte en el ámbito federal resultó en políticas fragmentadas, poco coherentes y sin visión de largo plazo. Es por ello que la presente administración promoverá la cultura física y el deporte mediante programas y acciones que propicien la práctica regular de actividades físicas en el ámbito escolar…” Y en “los objetivos prioritarios” se habla de garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México, con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. En su lista de estrategias destacan las siguientes disposiciones: “Estrategia prioritaria 5.1: Fomentar las actividades físicas, deportivas y lúdicas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional como medios para el aprendizaje y la integración de la comunidad escolar… “Estrategia prioritaria 5.2: promover la participación de todos los grupos sociales en los programas de cultura física y deporte, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, para propiciar la cohesión social.” La Estrategia 5.4 plantea promover la cultura física como medio para alcanzar el bienestar a partir de la práctica regular de actividades físicas, e “impulsar proyectos deportivos de alto rendimiento en las disciplinas olímpicas y no olímpicas, que propicien la consolidación y continuidad del talento deportivo”. Y en el rubro de “Acción puntual”, el apartado 5.4.1 indica: coordinar programas para la detección de talentos deportivos desde educación básica”; el 5.4.2: “Seleccionar a los talentos deportivos, con base en criterios avalados por el Sinade, para concentrarlos en Centros de Alto Rendimiento estatales y conformar preselecciones juveniles rumbo a eventos internacionales”. No es todo: la Estrategia prioritaria 5.4.3 pretende incentivar la creación y utiliza-

ción de infraestructura deportiva pública, que cumpla con los criterios de seguridad, funcionalidad, equidad y sustentabilidad para apoyar la consolidación del deporte, disciplinas olímpicas, paralímpicas y no olímpicas. La Estrategia 5.4.4 pretende fortalecer el desarrollo del deporte universitario para contribuir al alto rendimiento en disciplinas deportivas de interés nacional y mejorar los resultados en torneos internacionales. La lista sigue: Estrategia 5.4.5: promover las disciplinas no olímpicas en los sectores público, social y privado para apoyar la consolidación del deporte como parte de la cultura nacional en los sectores de la población. La 5.4.9 prioriza la contribución al desarrollo de programas de deporte de alto rendimiento mediante el acceso a servicios de medicina deportiva para equipos nacionales con miras a la participación en Juegos Olímpicos y en Juegos Paralímpicos.

Colgándose medallas ajenas Una fuente consultada, que pide el anonimato, explica que los anteriores rubros no forman parte del PES: “No es un programa sectorial de educación. ¿Por qué se va más allá de eso?”. Como sea, dice, “la SEP ya le levantó la canasta a Ana Gabriela Guevara o sim-

plemente ya acotaron a la directora de la Conade”. Y advierte: “El programa nacional sirve de base para la proyección financiera del siguiente año fiscal, en el que, además, se realizarán los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya se fue el mes de julio y el paquete presupuestal debe entregarse en septiembre”. Ernesto Vargas afirma: “En este momento el deporte en México se desarrolla sin estrategias, sin objetivos, sin metas y sin diagnóstico. Esto hace más que imposible superar los problemas que ya se vienen arrastrando desde hace muchos años. (La falta del programa) lo hará más difícil. Hay una continuidad de ‘más de lo mismo’. Y pudiera ser peor con la señora Guevara. Es urgente tomar medidas en favor de los deportistas”. El 28 de julio, el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados aprovechó para responder con dureza el tuit que ese día publicó el organismo: “#comunicadoCONADE. A un año de (los Juegos) Panamericanos Lima 2019. México logró su mejor actuación fuera del país”. “Se lo deben a la administración anterior, no a ustedes. Un medallista panamericano no se hace en 10 meses. Dejen de hacer el ridículo y ya entreguen un plan que dé certeza a los atletas”, añadió el legislador. Denuncia en redes sociales

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En torno a “Chihuahua. Sube la intensidad de la guerra por el agua” Señor director:

n relación con el reportaje “Chihuahua. Sube la intensidad de la guerra por el agua”, firmado por Patricia Mayorga –quien no solicitó la postura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) previo a la aparición del texto– y publicado el 26 de julio en el semanario bajo su dirección, me permito hacer las siguientes precisiones. México y Estados Unidos comparten un cauce internacional y a partir de criterios técnicos –que toman en cuenta el área de captación y los compromisos para sus respectivas poblaciones– establecieron en el Tratado de Aguas de 1944 las bases para una repartición equitativa del agua. Dicho acuerdo es altamente benéfico para nuestro país, dado que México recibe por el río Colorado casi cuatro veces la cantidad de agua que entrega por el río Bravo. En el caso de la cuenca del río Bravo, a pesar de que Estados Unidos y México tienen un área semejante, se estableció que dos terceras partes del agua –proveniente de los llamados ríos tributarios (Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas)– son para México y sólo una tercera parte para Estados Unidos. A la fecha las presas ubicadas en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León ya han contribuido con los volúmenes de agua que les corresponde; es decir, ya han aportado del flujo de sus ríos la tercera parte establecida en el Tratado. Sin embargo, esto ha ocurrido sólo parcialmente en Chihuahua. La aseveración que se hace en el reportaje, en el sentido de que nuestro país está obligado a “entregar una gran cuota de agua al vecino del norte”, no refleja realmente lo que ocurre: se trata de una cuenca compartida de la que México recibe agua en proporción de dos a uno. Desde diciembre de 2019 la Conagua ha mantenido un proceso de diálogo constructivo con los agricultores, los tres órdenes de gobierno y los legisladores, a fin de implementar una estrategia integral para el cumplimiento del Tratado, informando puntualmente a la sociedad de las medidas implementadas y de los volúmenes de las presas involucradas, con el propósito de avanzar en su cumplimiento. La información sobre el avance de las entregas de agua es pública en ambas naciones, y darla a conocer es responsabilidad de la Comisión Internacional de Límites y Agua (https:// cila.sre.gob.mx/cilanorte/) y de su contraparte en Estados Unidos, la International Boundary and Water Commission (https://www.ibwc.gov/home. html), y así lo han hecho. Falta a la verdad el señalamiento de que la Conagua ha asumido un discurso cambiante y que incumple su palabra aprovechándose del

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confinamiento por la contingencia sanitaria para abrir las presas. Por el contrario, su actuar se ha apegado en todo momento a la estrategia integral que –regida por criterios técnicos y legales– garantiza la continuidad de las actividades productivas, la protección de las personas y su patrimonio, así como la atención de los compromisos internacionales. La información ha sido pública en todo momento y, sin embargo, ello no se refleja en la investigación. Para cumplir el Tratado de Aguas de 1944, México debe entregar a Estados Unidos, en cada ciclo de cinco años, un total de 2 mil 158.5 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, lo que equivale a un promedio de 431.7 Mm3 por año. Al 18 de julio del presente año se han entregado mil 652.5 Mm3 del quinquenio que concluye el próximo 24 de octubre. Ello implica que en menos de 100 días se deben entregar 506.1 Mm3, cantidad superior al compromiso total de un año. México no puede esperar la eventualidad de que lluvias extraordinarias ocurran en Chihuahua para que esta entidad aporte la cantidad de agua que le corresponde. Por tratarse de un compromiso internacional, se deben tomar las medidas necesarias para su cumplimiento en tiempo y forma. Si bien los elementos para atender el Tratado deben ser eminentemente técnicos y basados en estudios de especialistas en diferentes ámbitos de infraestructura hídrica, el tema se ha contaminado con visiones partidistas oportunistas que presentan argumentos carentes de rigor científico para polarizar a la opinión pública. A esos actores Conagua les ha hecho invitaciones, en repetidas ocasiones, para reflexionar sobre el uso que se ha dado al agua para exacerbar posiciones encontradas e incluso ha planteado la proximidad de “las guerras por el agua”. Por el contrario, la postura de este gobierno, acorde a lo promovido por la UNESCO, es que en los ámbitos internacional, nacional y local el agua es un factor de unión y no de división; es un vehículo para colaborar por el bienestar de las personas y no para disputar por intereses distintos al agua. Con la petición de publicar estas líneas para abonar a la información pública veraz y objetiva que evite confusiones entre sus lectores, aprovecho para enviarle un cordial saludo. Atentamente, José Solís Juárez, coordinador general de Comunicación y Cultura del Agua, Comisión Nacional del Agua

Respuesta de la reportera Señor director:

especto de los señalamientos que hace José Solís Juárez, coordinador general de Comunicación y Cultura del Agua de la Conagua,

en el reportaje recopilo lo que ha sucedido desde enero para tratar de reflejar el conflicto y el contexto social. La Conagua ha emitido comunicados y ha dado ruedas de prensa durante el conflicto que ha tendido con los productores, principalmente los de la región centro-sur de Chihuahua, por la extracción de agua de las presas La Boquilla, Luis L. León (El Granero) y Francisco I. Madero. En el reportaje, la versión de la dependencia está basada en la documentación de los comunicados emitidos y en datos hemerográficos que tienen consignadas las versiones de la Conagua. Asimismo, entrevisté al delegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, como representante del gobierno federal en la entidad y quien ha participado en dichos conflictos en diferentes ocasiones. El mismo De la Rosa confirmó que habían cambiado las declaraciones sobre el destino del agua extraída de las presas La Boquilla y El Granero en diferentes momentos entre enero y marzo. El agua de las presas chihuahuenses se ha destinado al pago del Tratado Internacional de Aguas, pero otra parte, declararon en medios de comunicación, irá a municipios de Tamaulipas y Coahuila. En junio la información se concentró en la urgencia de pagar el adeudo del tratado. El delegado del Bienestar precisó en entrevista con Proceso que parte de las primeras extracciones de agua de las presas sí iban a Tamaulipas y Coahuila, pero en el camino aplicaron el Acta 234 del mismo Tratado Internacional, para que la totalidad fluyera para el pago de la cuota quinquenal, que debe cumplirse el 24 de octubre. El 14 de mayo la Conagua informó que, debido a la oposición de agricultores de la entidad y de actores políticos, cambiaría la estrategia que había planeado para la extracción del agua de la presa La Boquilla a fin de cubrir el envío de agua a Estados Unidos. Esto último se supo después de que se dejó correr la versión, desde enero, de que el agua efectivamente iba a Tamaulipas, principalmente, e incluso a Nuevo León. Y sí, hay actores políticos de todos los partidos, que han aprovechado la situación con fines partidistas. Acerca de la inconformidad del señor José Solís sobre el párrafo que dice: “(…) El organismo se comprometió el pasado febrero a no sacar más agua de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, pero

PA LA BRA D E LE CT OR

no cumplió su palabra y aprovechó el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus: el 25 de marzo abrió las compuertas de ese embalse y la gente, enardecida, incendió vehículos oficiales y tomó carreteras”, me permito añadir que el pasado 11 de febrero la dependencia federal emitió el Posicionamiento de Conagua y gobierno de Chihuahua sobre el seguimiento de acuerdos para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, en el que informa una serie de compromisos que se hicieron para buscar soluciones que beneficien a todos. Destaco dos de los cinco puntos del posicionamiento: “La presa La Boquilla no será abierta por Conagua antes del próximo ciclo agrícola”. Y “tanto la Conagua como el gobierno de Chihuahua continuarán trabajando para encontrar, junto con los usuarios, una solución en conjunto para atender los compromisos de México en el marco del Tratado de Aguas de 1944”. Sin embargo el 25 de marzo, dos días después de que en Chihuahua se decretó el confinamiento por covid-19, se abrieron las compuertas de La Boquilla por la mañana y esa acción desató una serie de actos violentos contra unidades de la Conagua y contra elementos de la Guardia Nacional. La gente salió a protestar con cubrebocas.

Que la Secretaría de Bienestar resolvió a medias su problema Señor director:

e agradezco haber publicado (en su revista del pasado 12 de julio) mi queja contra la Secretaría de Bienestar por el caso de la pensión de adultos mayores que me corresponde. Dieron una respuesta parcial a mi problema, pues aunque reactivaron mi pensión, sólo me

la están pagando a partir de este mes de julio, cuando pasó más de un año desde que me dejaron de dar ese beneficio, mismo tiempo que estuve insistiendo para que se resolviera este problema. Necesito que me sea cubierta la cantidad de esta pensión que no recibí durante ese tiempo. Atentamente, María de la Luz Castro González

Atentamente, Patricia Mayorga

Denuncia el encarcelamiento injustiﬁcado de su hijo Señor director:

i hijo, Fernando R.M., se encuentra privado injustamente de su libertad desde el 23 de febrero pasado, acusado de asesinar a su amigo Gerardo Sosa Cravioto (QEPD), hijo del político hidalguense Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se trata de un caso fabricado, con evidencia sembrada, sin datos de prueba objetivos que lo señalen como responsable y con violaciones al debido proceso por parte de la Policía de Investigación, del Ministerio Público y de la juez de control. Mis condolencias, mi comprensión, mi solidaridad y mis oraciones para todos aquellos que han perdido a un ser querido, y para quienes pasan o han pasado por una experiencia tan terrible como la que actualmente atraviesa nuestra familia. Reciban un abrazo del corazón a la distancia, Dios los bendiga. Atentamente, Fernando C.R.C., padre del imputado. (El denunciante se identificó plenamente ante Proceso) 2283 / 2 DE AGOSTO DE 2020