EL CAMINO DE NORMA PIÑA

En 1988, Piña era secretaria proyectista en un tribunal colegiado en el que Luis María Aguilar era magistrado. Veintisiete años después, la opinión favorable de Aguilar –entonces Presidente de la Corte– al Presidente Enrique Peña Nieto, fue crucial para la nominación de Piña como Ministra.

Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo, que votaron por Piña para la presidencia, fueron sus compañeros en la UNAM y en el Instituto de la Judicatura, también en la década de los 80.

En 1992, Piña ingresó a la Corte como secretaria de estudio y cuenta del Ministro Luis Fernández Doblado, uno de los que pasaron a retiro forzoso por la reforma judicial de Ernesto Zedillo en 1994. Después de la reforma, Piña trabajó para Olga Sánchez Cordero –en esa época la única Ministra– hasta que en 1998 ganó un concurso para jueza de Distrito.

Pero más que de Sánchez Cordero, Piña es heredera de Margarita Luna Ramos, que en 2004 fue la primera juzgadora federal de carrera nombrada a la Corte desde la reforma zedillista. Cuatro años menor, Piña es su amiga y fue su colega en un tribunal colegiado en el año 2000, al que llegó tras ganar otro concurso de oposición, prueba por la que Luna no tuvo que pasar, porque todavía le tocó ser designada por la Corte.

El contexto en el que Luna y Piña ingresaron a la Corte, sin embargo, no puede ser comparado.

La primera llegó cuando el tribunal aún era dominado por Ministros como Mariano Azuela, Guillermo Ortiz, Juan Díaz Romero y Genaro Góngora, que habían protagonizado el salto a la independencia de la Corte desde 1995, pero que habían dedicado su vida a un Poder Judicial más acotado en el alcance de sus fallos, preocupado por la técnica del juicio de amparo, y hacia las mujeres, todavía condescendiente y hasta hostil.

Cuando Piña pronunció su discurso de toma de posesión, en enero de 2016, la Corte era otra. Habían pasado cinco años de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que la mayoría de los ministros aprovechó para empoderar al tribunal de una manera inimaginable apenas en la década anterior.

“La carrera judicial confiere una cierta rudeza, lo cual se hace particularmente conspicua como mujer en el mundo judicial, en el que la igualdad de género no es un presupuesto, sino que ha tenido que ser ganada por las acciones y constante desempeño de cada mujer que lo integra en los diversos niveles de responsabilidad”, dijo Raúl Mejía, quien coordinó la ponencia del Ministro José Ramon Cossío en los tres años que fue compañero de Piña en la Primera Sala.

Mientras la atención pública suele concentrarse en casos de interés para el Ejecutivo, sobre todo en el sexenio de Andrés Manuel López

La Presidenta De La Corte Y La 4t

En asuntos de interés para el actual Gobierno, Norma Piña votó por

INVALIDAR:

Reforma a Ley de Industria Eléctrica para favorecer a CFE. Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil.* Compra de medicamentos vía UNOPS. Consulta para enjuiciar a ex Presidentes. Pregunta de ratificación en revocación de mandato de AMLO. Superdelegados Prisión preventiva forzosa en delitos fiscales. Prisión preventiva forzosa en general. Omisión de nombramientos en Cofece. Decreto interpretativo sobre propaganda electoral. Derecho de partidos políticos a devolver financiamiento público. Venta anticipada de todo bien sujeto a extinción de dominio.* Uso discrecional de ahorros por austeridad.* Candado de 10 años a funcionarios para pasar a sector privado.* Prolongación de la presidencia de Arturo Zaldívar.

Y POR AVALAR: Decreto de uso de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. Reducción de tiempos de Estadoa radio y televisión abiertas. Ley de Remuneracionesde los Servidores Públicos.** Ministra ponente del proyecto de sentencia. ** Votó por sobreseer la demanda, porque se reformó la ley.

LA CARRERA DE LA PRIMERA MUJER EN SER PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE TIENE PROFUNDAS RAÍCES EN EL PODER JUDICIAL. ELLA HA SIDO PARTE DEL NÚCLEO DURO DE MINISTROS QUE HAN APOYADO SENTENCIAS QUE BUSCAN CAMBIAR LA REALIDAD DE LA SOCIEDAD MEXICANA. Obrador, Piña ha sido parte del núcleo duro de ministros que han apoyado sentencias que buscan cambiar radicalmente la realidad de la sociedad mexicana, incluso en temas que la Constitución no menciona.

Piña ha votado a favor, y en algunos casos fue ministra ponente, de asuntos como: la declaratoria general para obligar al Gobierno a expedir permisos de autoconsumo recreativo de mariguana; el cambio de género en el acta de nacimiento de menores de edad, sin supervisión judicial; el divorcio super exprés, incluso al día siguiente de la boda; el derecho de las ex esposas a reclamar pensión a la sucesión del marido, aunque no se les hubiera incluido en el testamento; la prohibición vía judicial del cultivo de maíz transgénico y la inconstitucionalidad de la interdicción de adultos legalmente declarados como incapaces.

Cuando sus colegas de la Primera Sala resolvieron, en febrero de 2022, que la prisión preventiva se tiene que revisar cuando el acusado cumple dos años internado, Piña fue la única disidente, pero con una postura aún más favorable a los reos.

“El criterio adoptado impone un plazo mínimo de dos años de prisión preventiva oficiosa para que esta sea revisable, lo que implica un grave retroceso en el reconocimiento del derecho a la libertad personal dentro del marco del proceso penal acusatorio y oral que no puede sustentarse en el mandato constitucional sujeto a interpretación, el cual claramente busca restringir en mayor medida la prisión preventiva”, afirmó, en un largo voto particular. En 2008, cuando la Cor-

Reto En Dos Frentes

Llegar a la Presidencia de la Corte es un logro histórico para Norma Piña, pero, paradójicamente, el cargo la deja fuera durante cuatro años de la Primera Sala, el semillero de las ideas más radicales en el tribunal desde que llegaron a ella Cossío a principios de 2004, y Arturo Zaldívar al inicio de 2010. Los presidentes sólo participan en el Pleno, escenario de ocasionales debates para la historia, pero de largas temporadas para el tedio.

La Presidencia puede ser traicionera y desgastante para quienes la ocupan, máxime tratándose de jueces que no tienen experiencia administrativa.

El problema no es la Corte, sino el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), te avaló la despenalización del aborto en la Ciudad de México, Luna Ramos afirmó que, al no estar mencionado el tema en la Constitución federal, los estados son libres para regularlo. Esta postura de modestia judicial es, actualmente, inconcebible en la mayoría de los asuntos que discute la Corte. En septiembre de 2021, cuando el Pleno por fin declaró inconstitucional por unanimidad la penalización del aborto, Piña tuvo una objeción al proyecto: “No comparto que se hable de una vertiente femenina de la dignidad. Me parece que si hablamos de la dignidad como principio fundamental de que emanan los derechos humanos, postular una vertiente femenina no sólo es poco adecuado, sino en expansión interminable desde hace casi 30 años, integrado ya por más de 950 juzgados y tribunales, además de casi 50 mil empleados y 67 mil millones de pesos de presupuesto.

Arturo Zaldívar, antecesor de Piña, tuvo la suerte de una reintegración casi total del CJF en 2019, el primer año de su presidencia, y pudo mantenerlo bajo control, pero varios presidentes anteriores enfrentaron conflictos con consejeros que no les eran afines, filtraciones a la prensa, escándalos de corrupción o agotamiento que los llevó a delegar funciones administrativas en subalternos.

Piña deberá lidiar, además, con los ataques constantes de López Obrador al peligroso. No es adecuado porque la dignidad, en este sentido, es justamente el fundamento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, pues ambos compartimos la misma dignidad en tanto seres dotados de las mismas características básicas: sensibilidad, conciencia de sí mismos como seres individuales, persistentes en el tiempo y racionalidad; y es peligroso porque sugiere que hay una diferencia fundamental en la dignidad entre hombres y mujeres, lo que, históricamente, ha llevado a cimentar la subordinación de las mujeres a los hombres”. El año pasado, la Ministra estuvo en el grupo de cuatro que consideró posible inaplicar el artículo 19 de la Constitución, que ordena la prisión preventiva forzosa para algunos delitos graves. Dejar de aplicar un mandato expreso de la Carta Magna por ser contrario a derechos humanos es, hasta ahora, la última frontera que la Corte no se ha atrevido a superar, pero falta ver por cuánto tiempo.

Poder Judicial, a los que Zaldívar nunca quiso contestar directamente, y con el presunto plagio de la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, un escandalo inédito para el cual la Corte simplemente no parece tener argumentos legales ni herramientas políticas para reaccionar.

“No dudo que los atributos de la Ministra le ayudarán mucho en la presidencia, pero queda por ver cuál es su visión ya no sólo judicial, sino y también la política y administrativa”, expresó Raúl Mejía. “Creo que reforzará de manera clara el principio de división de poderes y la independencia y autonomía, por lo que dejará una Corte y un Poder Judicial en una mejor situación de la que los encontró”.

“Los ministros (de carrera) saben que el criterio jurídico de un órgano colegiado es variable, frente a lo cual es importante la continuidad y la certeza, como expresión de la racionalidad del criterio jurídico personal. La ministra Piña no sólo logró esa racionalidad en sus decisiones, sino que les ha conferido y ha transmitido de manera clara sus conceptos de Constitución y de ley, así como de los derechos de igualdad y libertad, como base de esta racionalidad”, agregó Mejía.