Revista Mexicana de Cultura Política NA

Vol. 1 / No. 1 enero - abril 2012

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PARTIDO NUEVA ALIANZA Comité de Dirección Nacional Presidente: Luis Castro Obregón Secretaria General: Mónica T. Arriola Gordillo Coordinador Ejecutivo Nacional Político Electoral: Roberto Pérez de Alva Blanco Coordinadora Ejecutiva Nacional de Finanzas: Evelia Sandoval Urbán Coordinador Ejecutivo Nacional de Vinculación: Constantino González Alcocer Coordinador Ejecutivo Nacional de Asuntos Jurídicos: Fernando Medina Villarreal * * * Coordinador de Comunicación Social: Miguel Ángel Sánchez de Armas REVISTA MEXICANA DE CULTURA POLÍTICA NA Director: Miguel Ángel Sánchez de Armas Editora: María del Pilar Ramírez Diseño: Carlos Becerril, Samantha Escandón Ornelas Formación: Clara Narváez Perafán Ilustraciones: Dante Escalante Administración: Ariadna Salazar Noriega CONSEJO EDITORIAL Janette Góngora Soberanes Edgar Jiménez Cabrera Antonia Martínez Rodríguez Emilio Zebadúa González Revista Mexicana de Cultura Política NA es una publicación cuatrimestral del Partido Nueva Alianza, sin fines de lucro y distribución gratuita, registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, certificado de licitud de título 04-2012-013011335000-102, 30 de enero de 2012. Los textos son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Partido Nueva Alianza. Toda colaboración o correspondencia debe dirigirse a Durango 199, Col. Roma, México, DF 06700. Tel. (55)3685.8485 ext. 8480. Correo electrónico: revista@nueva-alianza.org.mx

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Í NDICE 7 Presentación ANÁLISIS

11 Cinco retos del proceso electoral mexicano 2011-2012 Leonardo Valdés Zurita 27 De la transición jurídica a la transición política José Woldenberg 39 Naturaleza de los partidos políticos Francisco José Paoli Bolio 51 La doble brecha de género Antonia Martínez / Antonio Garrido 81 Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre 99 Expropiación petrolera en México: un episodio de comunicación política Miguel Ángel Sánchez de Armas

CONTORNOS

119 El doctor Mora, teórico de la reforma liberal Arturo Arnáiz y Freg

LEGADO

141 Discurso de toma de posesión (1861) Abraham Lincoln

APUNTES

151 El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo José Miranda 163 Tipología del liberalismo mexicano Moisés González Navarro

MEMORIA

183 El discurso fúnebre de Pericles Tucídides

REPISA

194 211 213 219

Reseñas Novedades editoriales Acerca de los autores Lineamientos editoriales 5

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Presentaci贸n

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¿

Una revista más sobre política? Sí. ¿Se justifica? Por supuesto. Los cambios que ha vivido nuestro país en el ámbito político, en el político-electoral y, especialmente en la transformación ciudadana para ejercer un nuevo rol –con una definición política basada en información– dan señales claras de que la reflexión sobre estos temas no está, en modo alguno, agotada.

Los cambios que ha venido experimentando el marco normativo del sistema electoral, el multipartidismo, la pluralidad, la alternancia y el ejercicio de una nueva ciudadanía ofrecen facetas distintas de la política mexicana que quizá no se hubieran podido imaginar hace 20 años.

Los partidos políticos han sido juez y parte en estos cambios. En algunos momentos han sido los motores de los cambios, en otros han tenido que adecuarse para responder a las nuevas circunstancias políticas. Algunos afirmarán que los cambios han sido drásticos y otros tendrán la certeza de que han sido insignificantes. La sola existencia del debate es indicador de que los partidos tienen ante sí el reto de asumir nuevas responsabilidades ante la sociedad, ante sus militantes y ante sus pares para contribuir a la construcción de la democracia, una tarea que tiene senderos múltiples, quizá tantos como interpretaciones sobre cuál es el ideal o el modelo de democracia a seguir.

Nueva Alianza asume la complejidad de los nuevos escenarios que se presentan a los partidos y a la sociedad en el ámbito político, por lo cual propone la Revista Mexicana de Cultura Política NA para contribuir en la exploración de esos caminos diversos, algunos quizá sinuosos, para promover la reflexión sobre los valores y buenas prácticas democráticas.

Este nuevo foro de reflexión y análisis está dirigido a la militancia, a los simpatizantes y a todo aquel interesado en ejercer una nueva ciudadanía, que pasa necesariamente por la reflexión de los asuntos de la agenda pública que conforman el complejo entramado de la vida política nacional.

En esta primera entrega de Revista Mexicana de Cultura Política NA el lector encontrará textos harto indicativos de que uno de los puntos centrales en el análisis del rumbo de la democracia es su relación con el liberalismo. Dado que las tesis liberales están histórica y actualmente vinculadas a los derechos civiles, la reflexión sobre el liberalismo, su revisión histórica, la vigencia y el 8 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

estado actual de estos planteamientos son una exigencia, tanto como la percepción social sobre la situación de los derechos humanos y civiles.

De ahí que en este volumen inicial convivan textos como los de Leonardo Valdés Zurita, José Woldenberg y Francisco José Paoli Bolio que presentan distintas facetas del tema político-electoral y su relación con la construcción de la democracia, asociada a su vez, con el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes en contextos equitativos –construidos con normas e instrumentos electorales.

Textos clásicos del liberalismo mexicano como los de José Miranda, Moisés González Navarro y Arturo Arnáiz ofrecen una visión retrospectiva de las tesis liberales y permiten la confrontación de contexto actual con el de aquel en que surgió, se debatió y asentó en nuestro país la teoría liberal, además de renovar la oportunidad de gozar las plumas de estos tres analistas de la historia mexicana.

La revisión histórica se pone en contraste con la visión actual de las tesis liberales que propone Gabriel Quadri, su vigencia y la naturaleza cambiante que tienen en distintos momentos políticos. Otro tema político de actualidad lo constituye, sin duda, el análisis de la participación política de las mujeres: Antonia Martínez presenta los resultados de una investigación en la que se comparan Argentina y México, países que han legislado para hacer obligatorias las cuotas de género, con Chile y Uruguay, cuyos marcos normativos electorales carecen de dicha disposición, así como las repercusiones de tal obligatoriedad en la representación femenina y en el trabajo parlamentario.

Revista Mexicana de Cultura Política NA ofrece también a sus lectores pasajes ilustrativos que han conformado la cultura política; ha dispuesto para ello un espacio que incluirá textos representativos de la vida política en México y el mundo. Un ejemplo de ello es el análisis sobre el fenómeno de comunicación política que se produjo en la expropiación petrolera que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas en 1938.

El Partido Nueva Alianza, con esta publicación que pone en manos del lector, contribuye a la construcción de la crónica de la vida política de nuestro país y de las reflexiones que surgen acerca de ella.

Mónica T. Arriola Gordillo Luis Castro Obregón 9

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ANÁLISIS

Cinco retos del proceso electoral mexicano 2011-2012 Leonardo Valdés Zurita

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Resumen El Instituto Federal Electoral (IFE) como órgano encargado de arbitrar los procesos electorales, tiene en la elección federal 2011-2012 un gran reto organizativo y de respuesta al desarrollo democrático mexicano, pues por primera vez concurrirán quince elecciones locales con la elección federal, caracterizadas por una competitividad en aumento. El presente artículo analiza cinco retos que tendrá el IFE y la capacidad que tiene para enfrentarlos con la normalización que ha logrado para dar certeza jurídica y política a los procesos electorales: la actualización del padrón electoral, mantener los niveles de cumplimiento de la industria de la radio y la televisión para lograr el acceso equitativo de los partidos a los medios, lograr que el contexto de inseguridad no afecte la capacitación, instalación y desarrollo de la jornada, conseguir que el voto de los mexicanos en el extranjero en 2012 contribuya a consolidar nuestra experiencia de democracia transnacional y ofrecer resultados electorales oportunos y creíbles.

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L

os retos que enfrenta nuestra democracia son cambiantes en cada proceso electoral. El contexto social, la normatividad, los candidatos, las prioridades de los partidos políticos y las condiciones de la economía son factores que inciden en las contiendas. Desde mi óptica, el Instituto Federal Electoral (IFE) en el proceso electoral federal 2011-2012 debe enfrentar, al menos, los siguientes cinco grandes retos.

Primer reto: la actualización del padrón electoral Con base en las sugerencias planteadas por la Comisión Nacional de Vigilancia , los legisladores incluyeron en 2007-2008 modificaciones al COFIPE que contribuyen a mantener permanentemente actualizado el padrón electoral y a depurar las bases de datos correspondientes.

1

Dichas reformas incluyeron disposiciones que provocan una actitud cívica de los ciudadanos más comprometida con sus instrumentos electorales y se establecen medidas para que la credencial para votar sea más segura. Ahora la actualización del padrón electoral y la credencial para votar no sólo es una responsabilidad de la autoridad electoral y los partidos políticos, sino que se hizo corresponsables a los ciudadanos.

Tales modificaciones, en el marco del proceso electoral federal 2011-2012, son relevantes por dos factores: 1) el artículo Octavo Transitorio del COFIPE es determinante al señalar que en las elecciones federales de 2012 no podrán votar quienes tengan una credencial 03, y 2) las tendencias estadísticas de renovación de ese tipo de credencial indicaban que de seguir así, en enero de 2012 todavía se tendrían 7.9 millones de ciudadanos con registro 03 que no podrían ejercer su derecho constitucional al sufragio.

Para los integrantes del Consejo General era inadmisible una tendencia de este tipo. Aunque legalmente es claro que la actualización de la información es una corresponsabilidad entre el IFE, los partidos políticos y los ciudadanos, el 7 de julio de 2010 en el Consejo General se tomó el acuerdo de dar de baja de la 1 La Comisión Nacional de Vigilancia es la instancia dispuesta por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los partidos políticos participen en las actividades de validación del padrón electoral.

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lista nominal aquellos registros de ciudadanos que no hayan renovado su credencial al 31 de diciembre de 2010, y que, para estimular el interés por su renovación, ya no se podría considerar como un instrumento de identificación válido, ante la pérdida de vigencia.

La medida fue radical. Sin embargo, la consejera y los consejeros electorales consideramos que sería más drástico que estos ciudadanos llegaran al 2012 con una credencial para votar que no les permitiera emitir el sufragio, ni ser votados, 2 ni participar en las tareas de organización del proceso electoral.

A partir de este acuerdo, hemos llevado a cabo una auténtica cruzada para difundir en los medios de comunicación nacionales, electrónicos, impresos, redes sociales, en foros académicos y gubernamentales la importancia que tiene para nuestra democracia la renovación de la credencial 03.

Debe destacarse que en agosto de 2007, cuando inició el programa de renovación 03, se tenían 21.2 millones de estas credenciales, que representaban casi el 30% del total de registros en el padrón electoral (71.3 millones). En los cuatro años de intensos esfuerzos por abatir esta cantidad, aunque los logros son importantes, no son suficientes: al 26 de noviembre de 2011, todavía se tenían 5,397,158 registros 03 en el padrón electoral. Ello significa que 7 de cada 10 ciudadanos con la credencial 03 ya acudieron a renovar sus datos, y que de casi el 30% que representaban estas credenciales respecto del total del padrón electoral, ahora estos registros representan únicamente 6,4%.

La evolución de esta renovación de credenciales 03 se observa en la gráfica 1. Sin duda, haber logrado la renovación de 74,6% de los registros 03 es un hecho trascendente. Sin embargo, con base en los estudios estadísticos y demográficos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), por motivos diversos, será imposible renovar 2.7 millones de credenciales (cambio de domicilio al extranjero y fallecimientos, principalmente). Para las autoridades 2 La instrumentación de este Acuerdo implicó varias medidas: 1) disponer que en aquellas entidades donde no habría proceso electoral local la credencial para votar perdería incluso su carácter de documento de identidad y 2) que el IFE suscribiera convenios con los gobiernos estatales y autoridades federales, con el sector privado, y con las autoridades electorales locales conforme lo dispuso el recurso de apelación SUP-RAP-109/2010 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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G RÁFICA

1

EUM: Evolución de las credenciales 03, 2007-2011

Fuente: DERFE. Informe de avance sobre la renovación de las credenciales 03 y 09.Del 1 de enero al 26 de noviembre de 2011. Documento presentado a la Comisión del Registro Federal de Electores el 8 de diciembre de 2011.

electorales y quienes creemos en la universalización del sufragio, estos datos se leen de la siguiente manera: 2.7 millones de ciudadanos deberán acudir a los módulos del IFE para renovar su credencial, o se quedarán sin participar en las elecciones presidenciales y legislativas del 1º de julio de 2012, y el plazo para ello vence el 15 de enero de 2012.

Estoy convencido que garantizar el derecho constitucional al sufragio es una de las mayores responsabilidades que tiene el Instituto Federal Electoral y que el objetivo de las reformas de 2007-2008 era contribuir a la actualización y depuración de los instrumentos electorales para darle mayor transparencia y certeza a las elecciones en nuestro país.

También considero que dichos cambios institucionales incentivaron los factores para cumplir con dos de los principios centrales de una democracia moderna: la universalidad del sufragio y la igualdad del voto (un ciudadano, un voto). De hecho, podría decirse que se conformó un triángulo de certidumbre de la información registral: un lado lo conforma el IFE al asumir su responsabilidad constitucional con los derechos fundamentales; otro lado es el de los partidos políticos para verificar la autenticidad del universo de electores, su 15 Cinco retos del proceso electoral mexicano 2011-2012 Leonardo Valdés Zurita

ubicación y características demográficas, y el tercer lado del triángulo corresponde a los ciudadanos para participar en la organización de los procesos electorales, así como para votar y ser votados.

Con esta medida se logrará, periódicamente, una actualización masiva de los registros de aquellos ciudadanos que fallecieron o de quienes cambiaron de domicilio y no lo reportaron al IFE. No obstante, para contribuir a esos principios democráticos es necesario que los tres integrantes del triángulo hagan lo que les corresponde, y el IFE está haciendo su parte, es por ello que la actualización del padrón electoral es un gran reto para el proceso electoral federal 2011-2012.

Segundo reto: mantener los niveles de cumplimiento de la industria de radio y televisión Entre las reformas de 2007-2008 una de las de mayor trascendencia para la democracia de nuestro país fue el diseño de un novedoso modelo de comunicación. La creciente importancia de los medios de comunicación en la vida diaria y en la esfera pública, y el comportamiento de éstos bajo las reglas del mercado, aún en materia electoral, establecieron el fundamento “público y notorio” para las características de dicho modelo.

Este modelo, que constituye una de las modalidades de regulación más innovadoras en materia electoral en México y el mundo, garantiza el acceso equitativo de los partidos políticos y sus candidatos a los medios electrónicos. Fue la respuesta al reclamo de los ciudadanos para que las campañas electorales no fueran distorsionadas por la influencia del dinero en los medios de comunicación.

La instrumentación de esta disposición constitucional y legal implicó una importante inversión del Estado mexicano, pero, sobre todo, representó una transformación cualitativa de la autoridad electoral: el IFE se convirtió en administrador único de los tiempos del Estado en la radio y la televisión para efectos electorales, locales y federales, y los permisionarios y concesionarios de esa industria adquirieron el carácter de sujetos regulados por una autoridad electoral.

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Esto es una transformación profunda en materia electoral; pero no extraña en la economía. Tradicionalmente es el Estado el que interviene en las crisis económicas para regular, a través de mecanismos de autoridad, lo que el mercado, a través de la oferta y la demanda, ha sido incapaz de ordenar.

Dicho modelo ha probado su efectividad en 50 procesos electorales federales y locales de 2009 a la fecha, con niveles de cumplimiento que han promediado 97%, aún con la curva de aprendizaje de esta nueva relación entre la industria y la autoridad electoral.

En contraparte, es necesario reconocer que el modelo de comunicación política ha generado inconformidades de quienes se sintieron afectados por la intervención del Estado. De 2009 a 2011 el IFE ha sido objeto de innumerables cuestionamientos, por garantizar el acceso a los medios electrónicos de manera gratuita y equitativa, e impedir la adquisición de tiempos comerciales en radio y televisión para efectos electorales.

Con base en la experiencia de casi tres años, académicos, especialistas, legisladores y la autoridad electoral, identificaron aspectos que podrían ser corregidos en una reforma electoral para perfeccionar el modelo de comunicación política. Sin embargo, al no lograrse una reforma en este sentido para el proceso electoral federal 2011-2012, el IFE se abocó a ajustar diversos reglamentos y normatividades internas para contribuir a la mejor organización del proceso electoral, y uno de ellos es el Reglamento de Radio y Televisión.

Dicho reglamento tiene por objeto atender el mandato constitucional de ser administrador único de los tiempos del Estado para efectos electorales y construir una nueva relación de cooperación con la industria del ramo. En tal sentido, y en cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 14 de septiembre de 2011, llevamos a cabo la consulta pública más amplia entre una autoridad electoral y los medios de comunicación de la que se tenga registro.

Esta consulta representó solicitar, oficialmente, la opinión sobre una propuesta de reglamento a 2,319 concesionarios y permisionarios; a 5 organizaciones que los agrupan y a 21 instituciones públicas y organizaciones especializadas, publi17 Cinco retos del proceso electoral mexicano 2011-2012 Leonardo Valdés Zurita

car desplegados y generar un sitio en la página de internet del IFE para que los interesados conocieran directamente la información técnica en manos de la autoridad electoral.

Como resultado, al 14 de octubre de 2011 recibimos 406 respuestas (336 de concesionarios y 70 de permisionarios) que representan a 2003 emisoras de radio y televisión y de cinco organizaciones que agrupan a permisionarios y concesionarios (incluyendo a la CIRT, al Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas y al Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de Instituciones de Educación Superior, entre otros). También recibimos respuestas de la UNAM; IPN; Comisión de radio, televisión y cinematografía de la Cámara de Diputados; Dirección de Televisión Educativa de la SEP; Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación; Asociación Mexicana de Derecho a la Información, así como de ciudadanos independientes.

Nuestra intención es que el reglamento sea una oportunidad para construir una nueva relación entre la industria y el IFE, como institución del Estado. Este reglamento deberá, en el marco de la legislación vigente, imprimirle mayor dinamismo a las campañas en beneficio de la ciudadanía, así como contribuir a la equidad en las contiendas, favorecer el derecho a la información e impedir que los factores del mercado intervengan en las campañas electorales.

Considerando la logística para imprimir materiales y documentación propia de la jornada electoral (boletas, actas, urnas), así como la capacitación de los ciudadanos que serán autoridades para recibir el voto de sus vecinos, tanto a nivel federal (más de 80 millones) como local (45.6 millones, 57% del total), he señalado que las autoridades electorales estamos organizando la elección más grande y compleja de nuestra historia, y esto se vincula estrechamente con los alcances y complejidad del nuevo modelo de comunicación política.

Confiamos en que el compromiso de los medios electrónicos con el estado de derecho y la gobernabilidad permitirá mantener los niveles de cumplimiento en la transmisión de promocionales del 97%, en promedio, que logramos entre 2009 y 2011. El proceso electoral 2011-2012 ha comenzado y necesita de los medios de comunicación, de su colaboración, de su cooperación y de toda su buena fe. Por primera vez en la historia contemporánea de México se celebra18 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

rán, en un mismo año, 15 elecciones locales concurrentes con la federal. Esto implica un ejercicio de administración de los tiempos del Estado y de logística en general como nunca antes se ha experimentado.

No olvidemos que el modelo de comunicación política surgió de la inequidad y con el que se demuestra que es posible el uso de la radio y la televisión con fines electorales de manera equitativa.

Tercer reto: lograr que el contexto de inseguridad no afecte la capacitación, instalación y desarrollo de la jornada La historia de nuestro país demuestra la convicción de los mexicanos para vivir en paz y con estabilidad. Las elecciones federales de 1994 y las locales de 2010 y 2011 han ratificado que somos una nación comprometida con la democracia.

A nadie escapa que se han presentado factores de inseguridad y amenazas al pacto social en ciertos lugares del país, y que incluso algunos de ellos han impactado directamente los procesos electorales (como en Tamaulipas en 2010).

No obstante, las jornadas electorales han transcurrido sin mayores incidentes y con niveles de votación similares o incluso superiores a los experimentados previamente.

Por lo anterior, esperamos que, una vez más, todos los actores sociales distingan las actividades de la democracia, que son universales y en beneficio de la nación y la estabilidad política.

Cuarto reto: lograr que el voto de los mexicanos en el extranjero en 2012 contribuya a consolidar nuestra experiencia de democracia transnacional En la medida que garantizar el derecho al voto es un derecho fundamental que trasciende las decisiones del Estado y que los mexicanos puedan ejercerlo sin importar el lugar en que residan, es una prioridad para el IFE disponer las condiciones que hagan posible su ejercicio.

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Los cambios institucionales de 2005, que reconocieron el derecho al sufragio de las y los ciudadanos mexicanos residentes fuera del territorio nacional, son quizá de los mayores logros en términos de ampliación de derechos que ha vivido nuestra democracia, en lo que va del siglo XXI. Su participación en el primer ejercicio cívico trasnacional de 2006 demostró el interés de nuestros connacionales por mantenerse vinculados con los asuntos públicos de su país, por participar en la toma de las decisiones y por continuar ejerciendo su ciudadanía.

Lamentablemente los números no fueron los esperados. Las cifras fueron insuficientes para la expectativa creada. De un universo de 4.2 millones de 3 potenciales votantes , se recibieron 54,780 solicitudes de inscripción al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), resultando procedentes 40, 876. Conforme a lo dispuesto por la ley, el plazo para la recepción de sobres voto concluyó a las 8:00 horas del 1 de julio de 2006; se recibió un total de 33, 111 sobres voto, provenientes de 71 países del mundo, 479 no contaron con los requisitos legales, con lo cual 32,632 votos válidos fueron el resultado de la elección desde el extranjero en 2006, pero la experiencia no debe valorarse exclusivamente desde un enfoque cuantitativo. Para la democracia mexicana es trascendental que los resultados cuantitativos no sean el factor para medir el voto extraterritorial, sino la ampliación de un derecho fundamental a un mayor número de mexicanos.

Pasar de la evaluación cuantitativa del voto desde el exterior a la evaluación cualitativa de la democracia transnacional es una tarea de sensibilización y de derecho.

Conscientes de este compromiso, en el IFE decidimos redoblar los esfuerzos en esta segunda experiencia. Para ello, iniciamos los trabajos de planeación de 3 Universo basado en proyecciones realizadas en EUA y en México, carentes de pruebas contundentes sobre el número de potenciales electores con credencial para votar. Este dato se obtuvo de 3 fuentes: el estudio realizado por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) en 2004 a petición del IFE, las verificaciones nacionales muestrales 2000 y 2003 realizadas por la DERFE y una proyección de los mexicanos en el extranjero que contarían con credencial de elector: Marco General y Diagnóstico sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso Electoral Federal 2005-2006, elaborado por la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (COVE), p. 6.

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este ejercicio cívico con antelación, basados en una perspectiva realista, innovadora, eficiente y para el largo plazo. Es así que el Plan Estratégico del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, documento rector de los trabajos en la materia, es muestra del renovado enfoque con que el Instituto organiza sus actividades: guiados por una estricta planeación estratégica, modernización administrativa y austeridad presupuestaria. Soy un convencido de que con una adecuada planeación y coordinación se puede atender a más ciudadanos con menos costo.

El objetivo del IFE en materia del voto en el extranjero en 2012 es claro: superar los resultados obtenidos en 2006 y hacerlo de la mejor manera. Dicho de manera coloquial: hacer más con menos y para el largo plazo.

Para conseguirlo, hemos simplificado los procedimientos y flexibilizado los requisitos, a través de interpretaciones amplias y garantistas, respetando siempre el marco legal dispuesto por el legislador. Dos ejemplos de acciones garantistas implementadas son: 1. La posibilidad de votar desde el extranjero con la credencial con terminación 03. Este fue un acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto, como una medida excepcional para no limitar la participación de los ciudadanos resi21 Cinco retos del proceso electoral mexicano 2011-2012 Leonardo Valdés Zurita

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Evolución de solicitudes para el ejercicio del voto desde el exterior

dentes en otro país, ante la imposibilidad material de obtener o renovar la credencial para votar fuera del territorio nac/Murillo, R. (1970), El liberalismo en Veracruz. México: Cultura y Ciencia Política.onal.

2. La supresión del costo del envío de la solicitud de inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), que en esta ocasión, al igual que el envío del voto, y en general de todos los envíos, será cubierto por el IFE. Es claro que la votación extraterritorial implica mayores esfuerzos organizativos, involucra altos costos para su instrumentación y requiere de una elevada coordinación interinstitucional. En este sentido, para el ejercicio 2012, el IFE ha suscrito convenios de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Servicio Postal Mexicano, así como con diversas instituciones públicas y privadas que colaboran con el Instituto en la promoción y difusión de este derecho y los mecanismos para ejercerlo.

Asimismo, la difusión intensiva a través del uso de herramientas tecnológicas, redes sociales e internet, el uso de medios alternativos que permiten focalizar los 22 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

T ABLA

1

Diferencia entre 1º y 2º lugar (elecciones presidenciales) 1994

2000

2006

22,7%

6,41%

0,58%

mensajes, pero sobre todo, la vinculación con organizaciones académicas, de migrantes y ciudadanos en lo individual que colaboran a través de la Red de Promotores del Voto, han sido fundamentales para acercar el mensaje del IFE. A la fecha, los datos son alentadores. De acuerdo a las informaciones de la DERFE, al 16 de diciembre de 2011, se habían recibido 14,087 piezas postales, lo que equivale al 280% respecto de las 5,023 recibidas en el mismo periodo del proceso electoral 2005-2006.

Nuestro compromiso es continuar avanzando en el fortalecimiento de la democracia ciudadana que se merece nuestra nación con la participación y el voto de los ciudadanos mexicanos sin importar su ubicación geográfica o condición social.

Quinto reto: oportunidad y credibilidad de los resultados electorales La aceptación de las reglas electorales ha permitido que el incremento de la competitividad de los procesos electorales se diera dentro de los cauces legales.

La normalización de las condiciones para contender por el poder político ha derivado en un incremento en la competitividad electoral, en la disminución del margen de victoria entre la votación del primero y segundo lugar, y en la necesidad de tener información más oportuna sobre los resultados electorales.

La experiencia de 2006 demuestra que en materia de resultados la credibilidad de la elección se ha asociado a una mayor transparencia y oportunidad en la difusión de las cifras preliminares de la votación.

T ABLA

2

Diferencia entre 1º y 2º lugar (elección de diputados) 1991 38,05%

1994

1997

2000

2003

2006

2009

20,06%

12,15%

1,32%

7,59%

8,74%

8,74%

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Cuando las diferencias entre el primero y el segundo lugar eran amplias, no eran relevantes ni la oportunidad ni la transparencia: era evidente quién ganaría.

Sin embargo, en 12 años hubo una disminución de 22 puntos porcentuales entre la votación de las dos primeras fuerzas (ver tablas ).

El fenómeno de mayor competitividad tiene repercusiones diferentes cuando se trata de elecciones legislativas y presidenciales. Es claro que en el legislativo, la representación proporcional ajusta la cantidad de escaños a la votación recibida; pero en el caso del Ejecutivo, no existe tal posibilidad. Esto fortalece la importancia de los procedimientos en materia de recuento, que están, por mandato de ley, bajo la coordinación de miembros del Servicio Profesional Electoral (SPE).

Por tal motivo, en el proceso electoral 2011-2012 se impulsan las medidas que permitan garantizar certeza y precisión en los conteos rápidos del IFE y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Con apoyo de especialistas en informática y estadística, el IFE desarrolla las aplicaciones que posibiliten contar con cifras sobre la votación la noche de la jornada electoral. Para ello, se conformó un grupo de expertos para desarrollar los procedimientos estadísticos y logísticos a fin de que el IFE realice un conteo rápido el día de la jornada electoral, y otro comité de expertos para asesorar el PREP. En ambos grupos la premisa es transparencia y oportunidad, por lo cual en los dos se prevé la participación de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros del poder legislativo que designe cada fracción parlamentaria.

Estamos conscientes de que una mayor competitividad puede provocar que se recuente la votación en múltiples secciones, y que eso podría retrasar el cómputo distrital, pero dará mayor transparencia. Tenemos la experiencia de 2006 y 2009. En 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recontó 11,839 casillas, mientras que en 2009, en un plazo de 4 días el IFE recontó 42 mil 620 casillas.

La ventaja de hoy frente al pasado es que se cuenta con las disposiciones legales y normativas que posibilitan tomar esa decisión en los consejos distritales y locales.

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Recuento, transparencia y oportunidad serán las claves para que al concluir la jornada electoral, esa fiesta cívica se convierta en el regreso a la cotidianidad y el predominio de la gobernabilidad en los meses subsecuentes. En materia de resultados, oportunidad y transparencia serán nuestra mayor contribución a la gobernabilidad.

Para cerrar este artículo quiero destacar un aspecto central del Instituto Federal Electoral: es una institución del Estado Mexicano creada para arbitrar la competencia electoral con imparcialidad, legalidad y certeza. Así ha operado durante más de 20 años. Los logros que ha acreditado ante la opinión pública y la sociedad, están a la vista de todos los mexicanos y de la comunidad internacional. Por ello, que no quede duda, el IFE resolverá con éxito los cinco retos que he señalado y pasarán a formar parte de las experiencias de éxito del Instituto.

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ANÁLISIS

De la transición jurídica a la transición política José Woldenberg

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Resumen México ha sido escenario de un reacomodo histórico que ha operado en distintos planos y a diversas velocidades, lo que ha constituido una verdadera transición a la democracia, con lo que se asume que ésta ocurre en cambios graduales y sucesivos. Una pieza clave de dicha transición ha sido la modificación del marco jurídico que diera vida a una instancia organizativa y reguladora que garantizara el voto, así como otra encargada del aspecto contencioso, integrada al poder judicial. El edificio jurídico que da marco a los procesos electorales en México constituye un factor clave de la transición legal a la transición política en el camino a la democracia.

* Este texto recoge las palabras pronunciadas por el autor en la presentación de un conjunto de libros denominado “Una bibliografía para la transición jurídica”, originalmente publicado en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, en mayo de 2000. Se reproduce con autorización del autor.

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a política y la doctrina jurídica contemporáneas han entendido comúnmente por “transición democrática” la “salida” de un régimen autoritario hacia otro democrático. Los autores de referencia obligada, como Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter, Samuel P. Huntington o Albert O. Hirschman, por señalar sólo algunos, al hablar de “transición democrática” entienden, normalmente, varias cosas: en primer lugar un cambio paulatino, distinto al cambio que sobreviene por obra de una “revolución”; en segundo lugar un cambio negociado, es decir, gobernado o encauzado por acuerdos entre partes en conflicto, y en tercer lugar, a su vez, una negociación centrada en “las reglas del juego”, en las modalidades que rigen o regirán su convivencia presente y futura.

La transición, más allá de las muchas y variadas características que los diferentes autores le han atribuido, significa un esfuerzo político por instalar instituciones democráticas y hacerlas funcionar en contextos que las desconocían o que las habían abandonado.

El esfuerzo no se traduce generalmente en cambios bruscos y radicales, sino en transformaciones actuadas en distintas velocidades, según sea el escenario político y social en el que se presentan. Las transiciones se operan normalmente a través de cambios graduales y sucesivos.

La exigencia de un cambio democrático aparece con toda fuerza una vez que el pluralismo social se consolida. La existencia de múltiples intereses, visiones o formas de concebir los problemas de un país, se vuelve incompatible con un sistema político monocolor. Una sociedad compleja, como lo advertía hace mucho Lijphart, “necesita” a la democracia. La democracia no es un proyecto de iluminados, ni un tipo ideal académico, ni el programa de algún líder o de un solo partido: la democracia es una necesidad de la convivencia en sociedades complejas y plurales.

Eso supone un acomodo histórico: remover formas, instituciones, costumbres, prácticas y culturas para instalar y poner en marcha otras. Y esto es lo que ha ocurrido en México en las últimas dos décadas.

Es preciso reconocer el cambio político que ha ocurrido en nuestro país, reconocer que estamos embarcados en una transición histórica, de grandes di29 De la transición jurídica a la transición política José Woldenberg

mensiones, y que necesitamos ajustar las visiones y las previsiones a una nueva realidad social y política que aparece y se despliega ante nuestros ojos.

Hay que repetirlo: México está viviendo un enorme cambio político. Gobierno, partidos, sociedad organizada y opinión pública llevan varios años inmersos en ese proceso de transición democrática. Es un tiempo lo suficientemente largo –quizá veinte años– como para constituir en sí mismo un periodo histórico.

El tema de fondo es la profunda transformación de una sociedad que se modificó bajo el molde de un sistema político que no cambiaba con la misma rapidez: una vasta modernización económica, social y cultural que no tuvo en el inicio, y como contraparte, una modernización política. De modo que la tarea mexicana de los últimos años, sobre todo de los años noventa, fue la de ajustar las instituciones, las leyes y las prácticas políticas a la verdadera modernidad social. Nuestro país cambió, paulatina pero profundamente.

Frente a otras experiencias democratizadoras, como los casos latinoamericanos, asiáticos o de Europa del este, la situación mexicana tuvo la ventaja de contar con un marco republicano y constitucional que está vigente desde hace mucho tiempo, desde 1917 y aun antes. La pieza faltante en la maquinaria del sistema representativo era la pieza electoral: su organización, su marco jurídico, su institución reguladora. Dicha pieza debía cumplir dos funciones: por un lado, desterrar las prácticas fraudulentas que inutilizaban o distorsionaban el voto de los ciudadanos; por otro, permitir emerger sin cortapisas, sin restricciones artificiales, a la verdadera pluralidad política de la nación.

La presencia de partidos en plural, competitivos, con arraigo nacional, es así, en buena medida, un acicate y una creación de la transición misma. Hoy México cuenta con partidos nacionales fuertes que se expanden y que expresan diferentes visiones y sensibilidades acerca de la realidad del país. La pluralidad es un hecho que constatamos todos los días, en todas las regiones y en todas las esferas de la vida nacional: en el Estado nacional, en la opinión pública y aun en la familia.

El voto expresa cada vez más esa diferenciación de sensibilidades y racionalidades. Vivimos una multiplicación de actores políticos, de intereses, de pro30 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

yectos, y esa multiplicación, por fortuna, está encontrando un cauce civilizado, está encontrando en las elecciones un camino abierto y transitable.

Lo electoral fue el gran tema del debate político. El resultado fue la creación de instituciones totalmente nuevas, como el Instituto Federal Electoral, encargado de la ejecución y administración profesional de las elecciones federales en México, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La reforma de 1996 culminó con un edificio jurídico muy amplio, complejo, funcional y, sobre todo, productor de innumerables elementos de certeza. A partir de 1996 el Tribunal encargado de dirimir las controversias legales sufrió importantes modificaciones, expresión innegable de la transición jurídica –y ello está recogido en el tomo Justicia electoral en el umbral del siglo XXI, fruto del III Congreso Internacional de Derecho que organizaron el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el IFE–.

La iniciativa y las propuestas de los magistrados que lo componen ya no corre a cargo del presidente de la República, sino que fueron votados en la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; fue instaurado el control de constitucionalidad para que todas las leyes electorales del país quedaran ceñidas a los principios y los objetivos que 31 De la transición jurídica a la transición política José Woldenberg

enumera la carta magna. Fue reforzado también el control de legalidad; es decir, los actos de la autoridad administrativa pueden ser corregidos por el Tribunal en caso de duda o impugnación de alguno de los partidos, agrupaciones o ciudadanos.

Por otro lado, el Tribunal ya no estuvo limitado a atender los problemas de índole federal, sino que pudo ser recurrido por causa de conflictos locales; se trató de extender, sin cortapisas, el control de constitucionalidad a los actos de todas las autoridades electorales estatales, sin excepción. La calificación presidencial es plenamente jurisdiccional. Y finalmente, la ley agregó nuevos procedimientos de defensa, nuevas vías legales para encauzar los reclamos político-electorales tanto para los ciudadanos como para los partidos políticos.

La propia competencia electoral, las disputas entre los partidos, las elecciones cada vez más cerradas, los cada vez más agudos litigios poselectorales, revelaron con claridad la necesidad de remozar y establecer en definitiva un amplio, nacional, sistema de justicia electoral.

El edificio jurídico electoral de México no sólo extendió como nunca antes las facultades y el poder de la institución encargada del contencioso y la justicia electoral, sino que también decidió dar un giro radical, incorporándola al Poder Judicial, ampliando sus capacidades y sus posibilidades como institución de última instancia, garante de la legalidad. Lo que tenemos hoy es la obra más completa y también la más drástica, porque rompió con una tradición de casi dos siglos que optaba por sustraer al Poder Judicial de los asuntos electorales y que prefería una calificación política a una calificación rigurosamente jurídica.

Pero quizás eso no sea lo más importante. Hay otro elemento, menos visible, pero igualmente virtuoso en la reforma jurídica de 1996: su oportunidad.

Los últimos cinco años han sido los años de la democratización mexicana en su fase más intensa. Ha sido el momento de despegue de la competencia y disputa electoral: a partir de 1994 se ha expandido la presencia local y nacional de los partidos políticos en plural; en una magnitud nunca antes vista ha quedado de manifiesto un conjunto de realidades locales que habían evolucionado en forma muy diferenciada. Se ha puesto de relieve el nuevo papel que 32 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

juegan las elecciones locales y se ha consolidado el poder de los partidos a lo largo y ancho de todo el sistema político: en el Congreso de la Unión, en los gobiernos locales y en las legislaturas estatales.

Los viejos mecanismos que resolvían, o disolvían, los diferendos electorales serían absolutamente incapaces de asimilar y encauzar esta nueva, amplificada, vida pluralista. En un mundo con clara mayoría en los órganos de representación y en el órgano calificador de las elecciones, esos mecanismos solían ser funcionales y podían absorber los conflictos. Pero en un mundo con órganos divididos, esos mismos mecanismos estarían condenados al fracaso. Es decir: la reforma a las instituciones encargadas del contencioso electoral en 1996 llegó a tiempo.

El ejemplo más elocuente es, por supuesto, el del Colegio Electoral, esto es, la calificación de la elección presidencial en la Cámara de Diputados. Este mecanismo ya de por sí resultaba conflictivo y disruptivo. Pero con la permanencia de una mayoría electoral pudo, no obstante, resolver las difíciles calificaciones a los cargos de diputados y presidente que se le presentaron.

Sin embargo, el México de fin de siglo ya no es el reino de un tronco mayoritario, sino el de mayorías relativas. Ése es el desafío mayor de la política pluralista mexicana, y tiene un correlato natural, de imprevisibles consecuencias, en el caso de que la calificación siguiera corriendo a cargo de esos congresos, ahora sin mayorías absolutas previsibles.

De ahí la oportunidad de la reforma. Sustraer la calificación presidencial de cuerpos políticamente divididos fue un acierto, una verdadera anticipación, un ancla legal, en las elecciones de 1997, en las venideras, las del año 2000 y las que ocurrirán después. De ahí también la centralidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los partidos, las agrupaciones y los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal para corregir un dictamen, una decisión de la autoridad electoral.

De tal suerte que los actores políticos, para defender sus derechos, se ven obligados a echar mano de los argumentos jurídicos, de las rutinas procedimentales, de las armas de la ley, y ya no sólo de la descalificación o la movilización.

Esto ha venido ajustando las conductas, ha abierto una ruta para el aprendizaje democrático de todos los actores. Ha inyectado certeza, porque la materia 33 De la transición jurídica a la transición política José Woldenberg

que dio origen al litigio específico se delibera en múltiples espacios, se le examina en todas sus aristas, se argumenta y se contraargumenta, genera amplias discusiones públicas y cuenta con la última palabra -especializada– del Tribunal Electoral.

Por la existencia de este mecanismo, el IFE no es omnipotente, y puede ser corregido. En varias ocasiones el Tribunal ha enmendado algunas decisiones del Consejo General; un partido cuyas argumentaciones habían sido derrotadas en los circuitos internos del IFE, recurre, argumenta y puede demostrar el error ante el Tribunal. En otras muchas ocasiones el Tribunal confirma las iniciativas del IFE. Otras, merecen sólo una enmienda. Es decir: las decisiones de la autoridad administrativa están sujetas a un juego de pesos y contrapesos que multiplica la certidumbre y la protección de derechos de todos.

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Bibliografía para la transición jurídica José Woldenberg

Los libros que conforman la colección denominada “Bibliografía para la

transición jurídica” abarcan muchos y variados aspectos de los cambios legales que han acompañado a nuestra transición. La Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral que se articula en cuatro tomos: Democracia y representación en el umbral del siglo XXI ; Administración y financiamiento de las elecciones en el umbral del siglo XXI; Justicia electoral en el umbral del siglo XXI; y Ética y derecho electoral en el umbral del siglo XXI, recoge los muchos trabajos que fueron presentados en dicho acto realizado en marzo de 1998, en Cancún, * N. del Ed: José Woldenberg se ocupa en este apartado de la colección de libros denominada “Bibliografía para la transición jurídica”, el cual apareció originalmente como parte del texto que en este volumen se denomina “De la transición jurídica a la transición política” y que ahora se publica por separado para dar claridad a la lectura y destacar la vigencia de la reflexión realizada por el autor en el artículo principal.

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Esa claridad en los procedimientos, esa separación de competencias, esa alternativa legal con la que cuentan los partidos, es parte esencial del edificio democrático.

El segundo aspecto: la jurisdicción que este Tribunal adquirió en los procesos electorales locales es una garantía crucial. Con esta nueva atribución es posible corregir y adecuar las decisiones de las autoridades locales a los principios y al cuerpo coherente de la Constitución y de la ley.

Puedo decirlo incluso de una manera personal. El aprendizaje que he adquirido en este complejo sistema de equilibrios, de los diversos episodios de interacción, deliberación e intercambio con el Tribunal, es este: la autoridad electoral no debe buscar ni puede encontrar victorias políticas; por el contrario, debe aspirar a obtener solo, victorias legales, triunfos del derecho.

Quintana Roo, en el cual, muchos de los más destacados especialistas a nivel internacional abordaron los más diversos aspectos de la materia electoral.

Hay que destacar, por supuesto, el texto del maestro español Manuel Arango Reyes, un alegato brillante contra algunas tesis de moda y en el que explica la necesidad, las dimensiones y las implicaciones de la democracia representativa.

El tema de las transiciones políticas es abordado en el libro de José María Serna de la Garza, La reforma del Estado en América Latina: los casos de Brasil, Argentina y México, y en el trabajo colectivo coordinado por los doctores María del Refugio González y Sergio López Ayllón, Transiciones y diseños institucionales. En el primero, el autor retoma el método comparativo que ha caracterizado a muchos de los trabajos enfocados a las transiciones políticas, y analiza desde la perspectiva político-constitucional tres de los casos más emblemáticos de transiciones en América Latina.

En el segundo texto los varios trabajos contenidos analizan el tema de la transición desde su punto de vista conceptual, histórico, comparativo, constitucional y en relación con las perspectivas que enfrenta el Estado nacional desde la globalización y de la legitimidad .

35 De la transición jurídica a la transición política José Woldenberg

La suma de ambas instituciones, del IFE y del Tribunal Electoral, brinda un cúmulo de garantías, aseguran la certeza jurídica y la confianza política en cada fase del desarrollo electoral.

Este es sólo un ejemplo: el cambio político ha tenido traducción en múltiples cambios legales, y ha generado una renovada y vigorosa vida política que se refleja en la gran movilidad que presenta la participación institucionalizada de los ciudadanos. Hoy, además de tener un escenario en el que aparecen muchos nuevos partidos (actualmente existen once partidos políticos con registro), la pluralidad política del país encuentra en más de cuarenta agrupaciones políticas una vía de expresión inusitada hace apenas algunos años.

De la misma manera, en el pasado era impensable la diversidad y el equilibrio entre los diversos actores que caracteriza nuestra representación nacional. A

Al tema del cambio constitucional está dedicado el texto colectivo Hacia una nueva constitucionalidad, fruto de un seminario del mismo título organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en febrero de 1999.

En esta obra los muchos autores reflexionan en torno a la necesidad o no de reformar nuestro texto constitucional a la luz de los cambios que ha sufrido el país en los últimos años.

Destacan entre las publicaciones, los dos primeros números de Cuestiones Constitucionales, publicación semestral que desde 1999 se ha convertido en uno de los principales referentes de los estudiosos del derecho constitucional.

En el contexto de los equilibrios constitucionales se inscriben dos interesantes trabajos: Mecanismos constitucionales para el control del poder político, de la doctora Carla Huerta Ochoa, y El control del poder, de Diego Valadés. La primera de estas obras aborda el tema del control que ejercen los poderes del Estado entre sí desde un punto de vista de teoría constitucional, mientras que el segundo de estos trabajos analiza este tema tanto desde su perspectiva constitucional como política. Destaca en la obra del doctor Valadés el análisis realizado del “control como proceso” desde su perspectiva comparada de los casos de España, Estados Unidos y México.

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partir de 1997, como ya lo ha dicho el diputado Paoli , en la Cámara de Diputados es imposible la conformación de una mayoría parlamentaria sin la colaboración de al menos dos de los partidos representados en dicho órgano. Y es que la mecánica del cambio es precisamente esta: la presencia cada vez mayor de una diversidad de partidos políticos empuja cambios en la legislación electoral, lo cual genera escenarios de mayor competitividad, colocando a los partidos en condiciones cada vez mejores en la arena política y en el edificio del Estado, lo que los lleva a nuevas exigencias y a la introducción de nuevos cambios.

La centralidad que ocupó el aspecto electoral es comprensible y justificable si tomamos en cuenta el enorme rezago que acusábamos en esta materia; suelo 1 Francisco José Paoli Bolio. Diputado federal en la LVII Legislatura (1997-1999).

En un contexto más genérico se inscribe La ciencia del derecho durante el siglo XX, obra que compila los trabajos de reconocidos académicos de talla internacional que analizan de manera específica las características de las varias áreas del derecho en el siglo XX y sus previsiones para el futuro.

Por último, el tomo El derecho de Estados Unidos en torno al comercio y la inversión, fruto de la colaboración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el National Law Center for Inter-American Free Trade, representa un importante testimonio del análisis conjunto de dos sistemas jurídicos que, en el ámbito comercial, y dados los retos de la globalización, cada día interactúan con mayor intensidad.

En resumen, este conjunto de textos representa una parte muy importante del bagaje académico necesario para comprender nuestra cambiante realidad y para fijar, de alguna manera, el rumbo deseado. Esos aspectos son, como hemos visto, múltiples. Todos ellos son, sin duda, textos muy relevantes para comprender, desde un punto de vista prevalentemente jurídico, lo que hemos llegado a ser, el cambio y el lugar al que hemos arribado.

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decir que no partíamos de cero sino de menos diez. Sin embargo, este enorme acento en lo electoral oscureció, por mucho tiempo, otros temas importantes que deben colocarse en los primeros lugares de la agenda política, precisamente en virtud de que el litigio en torno a la legislación electoral empieza a solucionarse: el papel revitalizado del Congreso, el proceso legislativo, los mecanismos constitucionales para el control político entre los diversos poderes, la gobernabilidad democrática, la justicia, entre otros. Asuntos todos que en el contexto de otras transiciones habrían tenido desde el principio una indiscutible prioridad.

No obstante, todos esos cambios que ha traído la transición se han plasmado invariablemente en reformas legales. Por eso, en el estudio de la transición es necesaria una atención particular a los cambios jurídicos: las transiciones políticas implícitamente implican, transiciones jurídicas.

Es indispensable acompañar el proceso de cambio político con estudios que permitan comprender y orientar el rumbo de ese cambio. El estudio de nuestra transición no es algo de lo que hayamos carecido en nuestro país, pero esos trabajos nunca serán exhaustivos, de una vez por todas mientras nuevos cambios y nuevos temas sean planteados en nuestro proceso de reforma política. Es por ello que siempre serán necesarios, además de bienvenidos, trabajos que nos ayuden a comprender los sinos de nuestra transformación.

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ANÁLISIS

Naturaleza de los partidos políticos* Francisco José Paoli Bolio

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Resumen Desde 1977, en México, los partidos políticos están definidos como entidades de interés público. En la actualidad, dicha definición ha sido rebasada. A diferencia de otras organizaciones, los partidos políticos forman parte, tanto de la sociedad civil, por la forma en que se constituyen, como del Estado, por la naturaleza de los recursos públicos en los que se basa sus sostenimiento y por sus atribuciones y responsabilidades. Con base en el análisis de lo público y lo particular en los partidos políticos, en este artículo se propone que se definan como órganos auxiliares del Estado para promover la participación ciudadana en la vida democrática, en las decisiones públicas, en la integración de la representación nacional y en la formación del poder público.

* Este artículo forma parte del libro Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad coordinado por John Ackermam y publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se reproduce con autorización de su autor.

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I. Introducción. Algunas definiciones

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na discusión fundamental en la teoría política contemporánea es la de la naturaleza de los partidos políticos (PP). Algunos teóricos sostienen que son organizaciones privadas, de las llamadas voluntarias; otros consideran que son organismos públicos, parte del Estado, y, finalmente, hay quienes piensan que tienen naturaleza mixta, porque cumplen funciones privadas, sociales y públicas.

Tengo la impresión de que los PP pueden ser clasificados en cualquiera de los tres tipos, dependiendo de la caracterización política y jurídica que se hace en cada país. Si se revisan las condiciones en que surgen y se regulan los PP, pueden ser clasificados como organismos privados, sociales o públicos atendiendo las características que adoptan en función de las atribuciones y fines que la legislación y la práctica política les otorga. Porque como sostiene Manuel Martínez Sospedra: “Los partidos no se mueven en el vacío. Antes bien, se hallan insertos en la sociedad civil, que les sustenta, y compiten entre sí por el apoyo de esa misma sociedad civil, tanto en su actuación cotidiana como, muy 1 especialmente, con ocasión de los periodos electorales”.

Para empezar este análisis, repaso algunas concepciones de los partidos, desde la perspectiva sociológica y política general, sin considerar el marco jurídico, ya que en su origen los partidos no fueron formalmente regulados.

Estas definiciones iniciales se hacen en el marco de un sistema democrático, Edmund Burke (1770) ofrece el siguiente concepto: “Un partido político es un grupo de hombres unidos para fomentar, mediante acciones conjuntas, el interés nacional, sobre la base de algún principio determinado en el que todos 2 están de acuerdo”.

1 Introducción a los partidos políticos. Barcelona: Ariel; 1996, p. 115. En ella no caben los partidos únicos de los regímenes totalitarios. En este caso, los PP son claramente organismos del Estado.

Las definiciones nos ayudan a penetrar en el conocimiento de la naturaleza de los PP y su transformación en distintas etapas históricas.

2 Textos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1942, p. 289.

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Se trata de una definición temprana, que se ubica en el tiempo en que los PP están naciendo y son rechazados por sus posiciones sectarias y parciales. Burke supera ese prejuicio sobre los partidos, definiéndolos como defensores del interés nacional. Para Maurice Duverger: los partidos actuales se definen mucho menos por su programa o por la clase de sus miembros que por la naturaleza de su organización: un partido 3 es una comunidad con una estructura particular.

Se trata de una definición de un autor del siglo XX que tiene el propósito de estudiar a los PP europeos que ya tienen una estructura, una caracterización ideológica y una forma de operación.

Una definición más reciente la encontramos en el Handbook of Party Politics: Grupos autónomos de ciudadanos que tienen como fin hacer nominaciones de candidatos y contender en procesos electorales con la expectativa de ganar posiciones públicas de poder en las estructuras del Estado, y dirigir 4 desde ellas las instituciones públicas.

Este tipo de definiciones se dan en un esquema que supone una regulación jurídica y la existencia de instituciones políticas contemporáneas. El concepto es objetado por reduccionista, en vista de que los define como organismos hechos para competir en las elecciones, cuando se encuentran experiencias de PP que no tienen como propósito principal el concurso electoral, sino para lograr el reconocimiento al pluralismo, la tolerancia y lograr mejores niveles de vida. Tal es el caso de los partidos verdes que quieren lograr un ambiente limpio, no violencia y la preservación de la biodiversidad, aunque no pretendan conquistar posiciones amplias de poder. Los partidos verdes frecuentemente se vinculan o coligan con partidos mayores para lograr sus propósitos ambientales y ecológicos. Estas últimas apreciaciones nos ubican en un panorama actual en el que la sociedad civil organizada y plural tiene una presencia notable.

3 Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 11. Es una noción que tiene como referente principal la organización y no la ideología.

4 Editado por Richard S. Katz & William Crotty, específicamente tomado del artículo “What is a political party”, de John Kenneth White, quien cita la definición del politólogo Robert Huckshorn, Sage Publications, London, 2006, p. 5. La traducción de esa definición es mía ( FP).

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II. Los partidos en México en distintas etapas Paso ahora a revisar la naturaleza de los partidos en México, a la luz de las normas jurídicas que los definen, además de considerar sus características desde una perspectiva sociológica y política.

A partir de 1977 los partidos se constitucionalizan y definen en el artículo 41 de la Constitución Política como “entidades de interés público”. Los argumentos de la Exposición de Motivos que el presidente José López Portillo esgrimió para fundamentar la definición de los partidos como entidades de interés público fueron los siguientes: se les asignan en la reforma constitucional de 1977, los derechos de acceso a medios de comunicación, financiamiento para apoyarlos en su vida cotidiana, en las campañas electorales y la capacidad para intervenir en las 5 elecciones estatales y municipales.

El presidente López Portillo dijo en aquella exposición de motivos algo que es conveniente repasar ahora, para la redefinición que propongo inscribir en la Constitución sobre la naturaleza de los partidos políticos: Imbricados en la estructura del Estado como cuerpos intermedios de la sociedad que coadyuvan a integrar la representación nacional y la formación del poder público, el Ejecutivo Federal a mi cargo estima conveniente adicionar el artículo 41 para que en ese precepto quede fijada la naturaleza de los partidos políticos y el papel decisivo que desempeñan en el presente y en el futuro de nuestro desarrollo institucional...

El artículo 41 de la Constitución se ha reformado cinco veces desde 1977, en que se introdujo en él la definición de los partidos, dotándolos de nuevas atribuciones y, sobre todo, en la última década, de un subsidio mayúsculo. La segunda reforma fue hecha en 1990, estableciéndose que las elecciones constituyen una función estatal ejercida por los poderes de la Unión, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos; también se definen los principios funda5 López Portillo –en realidad, don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, que preparó ese documento– argumentó en la exposición de motivos de la reforma al artículo 41 constitucional en 1976: “El carácter de interés público... hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que éstos requieran en su acción destinada a recabar la adhesión ciudadana”.

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mentales que deberán observarse en la conducción de las elecciones: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Es en la segunda reforma que se menciona por primera vez el servicio profesional electoral y se crea el organismo que sustituye a la Comisión Federal Electoral, el sistema de medios de impugnación y un tribunal electoral, al que se llama autónomo, pero que se deja en la esfera del Poder Ejecutivo. También se establece que las sesiones de todos los organismos electorales colegiados serán públicas.

La tercera refordurante el periodo Salinas de Gortari en pone que la ley reglalas reglas para el fipartidos políticos y rales; al tribunal autóbre de Tribunal Fedeatribuye la máxima nal en materia elec-

ma se lleva a cabo del presidente Carlos 1993. En ella se dismentaria establecerá nanciamiento de los sus campañas electonomo se le da el nomral Electoral, y se le autoridad jurisdicciotoral.

La cuarta reforma se realiza también en el periodo de Salinas de Gortari en 1994.

En ella se habla por primera vez de que la organización de las elecciones es una función estatal, que debe realizarse a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos, según lo disponga la ley. Se introduce aquí la participación de dos poderes del Estado, y no sólo del Ejecutivo como se venía haciendo en disposiciones anteriores. A los principios mencionados en la reforma del año anterior se agrega el de independencia del organismo público, prescribiéndose que tendrá un desempeño autónomo en sus decisiones, y que su órgano superior se integrará por consejeras y consejeros ciudadanos nombrados por los poderes Ejecutivo y Legislativo y por representantes nombrados por los partidos políticos.

La última reforma del artículo 41 es la de 2007; en ella se refuerza notablemente la participación de los partidos políticos e inclina la caracterización de 44 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

ellos como órganos del Estado, a pesar de que repite la definición de los partidos como entidades de interés público. Esta última reforma agrega que la ley determinará las formas específicas que tendrá la intervención de los partidos en el proceso electoral. También prohíbe expresamente la intervención de organizaciones gremiales en la creación de partidos políticos y cualquier forma de afiliación corporativa en ellos. Prescribe de manera disimulada la autorización que deberá hacer la ley para que las autoridades electorales intervengan en los asuntos internos de los partidos. Esta reforma sostiene a nivel constitucional que prevalecerán los recursos públicos sobre los privados. Esa última disposición ya estaba prevista en la ley, pero al convertirse en norma constitucional, hace que los partidos políticos –lo diré con una expresión cuantitativa– sean más Estado que sociedad civil. Otro elemento de esta reforma que agrega argumentos para considerarlos como órganos del Estado, es que en la liquidación de los partidos que pierden su registro, los remanentes se adjudican a la Federación. La Constitución, en su artículo 63, señala que los PP pueden incurrir en responsabi6 lidad, como ocurre con otras entidades públicas. Finalmente, un factor muy importante de esta reforma para reconsiderar la naturaleza de los partidos, es la 7 adjudicación de la mitad del tiempo de Estado en la radio y la televisión.

III. Propuesta de nueva definición de los partidos políticos Después de la última reforma del artículo 41 constitucional, me parece muy claro que la caracterización de los partidos como entidades de interés público no se sostiene por insuficiente. Me explico un poco más. Existen muchas entidades de interés público que se encuentran ubicadas en el ámbito de lo privado; se 6 Este artículo fue adicionado inicialmente en junio de 1963 y después modificado en octubre de 1986. Se trata de una hipótesis muy pobre de responsabilidad, que se refiere a la ausencia de los representantes populares propuestos por los PP que no se presentan a tomar posesión de sus cargos, como ocurrió con algunos diputados panistas. La responsabilidad tendría que ser ampliada al uso indebido de recursos o propaganda política que los partidos promueven indebidamente en los medios de información masiva.

7 Esta participación garantizada a los partidos en los tiempos de Estado de la radio y la televisión se hace en la Constitución incorrectamente en términos reglamentarios, mencionando los minutos con que deberán contar para sus precampañas internas y en las campañas electorales. Las normas constitucionales, como es sabido, deben ser redactadas en términos muy generales; las disposiciones más específicas deben incorporarse en las leyes, y las más detalladas en los reglamentos.

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trata de organizaciones que buscan bienes públicos, como el medio ambiente limpio, la igualdad de género, combate a enfermedades graves, como el sida, y otras de ese tipo. Estas organizaciones, objetos sociales que contrastan notablemente con las estatales, que tienen los partidos, como responsables de integrar la representación nacional, la disposición de muy amplio financiamiento público que proviene de ingresos estatales (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos), utilización de tiempos del Estado en los medios de información (radio y televisión) y responsabilidades semejantes a las que se establecen para servidores públicos.

No sugiero que los partidos deban ser definidos lisa y llanamente como órganos del Estado, como lo hacen algunos teóricos que incluso han llegado a elaborar el concepto de “Estado de partidos”. No hay duda de que el Partido Comunista en la Unión Soviética, como consta en la Constitución de esa República desaparecida, era un órgano del Estado. Y en la práctica política de nuestro país, cuando se configuró y operó el llamado Partido de Estado, fue sin duda una parte integrante del mismo en la Constitución real, que no en la formal. Sin embargo, superada la etapa autoritaria y desmontado en gran medida el Partido de Estado, no puede definirse a los partidos como órganos del Estado, del mismo modo que lo son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero sí pueden ser definidos en un terreno que está más próximo al de los órganos constitucionales autónomos, que se regirían por una ley específica (el Cofipe), porque tienen personalidad jurídica y patrimonio propio garantizado por los subsidios que se hacen con recursos públicos, en dinero y en otras prerrogativas estatales de gran significación, como el tiempo del Estado en radio y televisión.

Los PP no formarían parte de la administración pública centralizada, sino descentralizada, como se expone adelante.

Coincido con José Woldenberg, cuando dice que los partidos “son parte de la sociedad civil y vínculo y expresión de y con la sociedad políti8 ca”. Sostiene también Woldenberg que los partidos políticos son articuladores modernos de muchas relaciones cruciales dentro del Estado y dentro 8 Ponencia en el libro Partidos políticos y sociedad civil, México, Centro de Estudios para la Reforma del Estado, A. C, 1995, p. 103.

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de la sociedad civil. Y estas funciones que realizan los partidos son de una naturaleza distinta de la que tienen entidades de interés de muchas personas en una sociedad, que eso es el interés público, porque lo son de interés para la sociedad en su conjunto y para el Estado. Los partidos están a caballo entre la sociedad civil y el Estado y, por tanto, pueden ser definidos como órganos híbridos que realizan tanto funciones como instituciones estatales como otras que más bien se ubican en la sociedad civil.

A esta altura de la exposición hay que tener en cuenta que Estado y sociedad civil están claramente en relación, y una parte importante de esa relación la construyen los partidos. Aquí resulta muy reveladora la expresión de la exposición de motivos de López Portillo-Reyes Heroles antes citada, que se refiere a que los 9 partidos están “imbricados en la estructura del Estado”.

Considero que la definición de los partidos como entidades de interés público no es adecuada, porque la acción, las prerrogativas y derechos de los partidos para “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público...” rebasa con mucho el de una entidad de interés público. Si uno busca qué organizaciones sociales caben en el concepto de interés público, va a encontrar cientos de agrupaciones que pretenden reivindicar derechos o impulsar bienes públicos, como la salud, la educación, el ambiente limpio, la igualdad de género, y muchas otras. Y así se puede constatar que, por las funciones estatales que ejercen, los partidos ya están más allá de las organizaciones mencionadas, que lo son exclusivamente de la sociedad civil: se trata de organismos cuyas funciones, recursos y financiamiento es fundamentalmente estatal.

La reforma que propongo es la redefinición de la naturaleza de los partidos políticos, para considerarlos ya no como entidades de interés público, sino de derecho público. Se trata de una nueva valoración jurídico-política de los partidos, a la luz de las nuevas reglas y de la pronunciada influencia de lo público 10 sobre lo privado, en términos de Norberto Bobbio.

9 “Imbricar”, dice el Diccionario de la lengua española, es “Disponer una serie de cosas iguales de manera que queden superpuestas parcialmente, como las escamas de los peces”.

10 Estado, gobierno y sociedad, Barcelona, Plaza y Janés, 1987.

47 Naturaleza de los partidos políticos Francisco José Paoli Bolio

Este autor dice al respecto que la primacía de lo público sobre lo privado “...significa el aumento de la intervención estatal para regular en forma coactiva 11 el comportamiento de los individuos o de los grupos subestatales”.

Esta expresión de Bobbio, “subestatales”, es muy indicativa, y puede servir para advertir la actual naturaleza de los PP. En la legislación mexicana se desta12 can figuras como la de las entidades “paraestatales” , es otra que se usa en nuestro sistema jurídico mexicano. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales define a éstas como parte de la administración pública, la cual, a su vez, se divide en dos ámbitos: el centralizado y el descentralizado; este último es el de 13 las entidades paraestatales, y en él se podría incluir a los PP. Se trata de inscribir y normar a los PP en el ámbito del derecho público.

Establecer la primacía de lo público sobre lo privado, no sólo en lo que atañe al financiamiento, sino en todas las atribuciones y responsabilidades de los partidos. La nueva definición de la naturaleza de los PP es una necesidad para obligarlos a tener un comportamiento democrático en su vida interior, en la toma de sus decisiones, en la elección de sus dirigencias y autoridades internas, y para que operen con transparencia y rindan cuentas, como lo hacen las diversas entidades estatales. Como resultado de esta nueva caracterización y responsabilización de los PP, se busca también rescatarlos del hoyo profundo de burocratización, corrupción, opacidad e impunidad en que han caído.

Como propuesta derivada de esta argumentación, sugiero que la definición de los partidos sea la de órganos auxiliares del Estado para promover la participación ciudadana en la vida democrática, en las decisiones públicas, en la integración de la representación nacional y en la formación del poder público.

11 Op. cit, p. 25.

12 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo lo. que la administración pública se divide en centralizada y “paraestatal”, y esta última incluye a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, instituciones auxiliares nacionales de crédito (que tienen su ley propia) y las instituciones de seguros y de fianzas y aun los fideicomisos. Los PP, dadas sus atribuciones, sus responsabilidades y su financiamiento, podrían ser mencionadas en él, aunque se diga que se regirán por el Cofipe y, en caso de establecerse, por la Ley de Partidos.

13 El artículo tercero de dicha Ley señala que “las universidades y demás instituciones de educación superior... se regirán por sus leyes específicas”.

48 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

El cambio de definición a nivel constitucional puede facilitar el que los partidos se democraticen, transparenten sus recursos, rindan cuentas y sobre todo, sean vigilados y controlados de acuerdo con el interés general de la nación: es decir, se evite en buena medida que caigan en posiciones sectarias defensoras de intereses privados, y, desde luego, de los poderes fácticos.

Sé que no es suficiente con el cambio legal para impulsar una democratización y responsabilidad de los PP, y que es necesaria una transformación de la cultura política de la mayoría de los mexicanos para que los partidos se organicen y se comporten como entidades transparentes obligadas a buscar el interés general o los bienes comunes de una nación. Pero creo que esta reforma contribuiría al impulso de una nueva cultura política que haga mejores esas instituciones.

IV. Bibliografía selecta Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad, Barcelona, Plaza y Janés, 1987.

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49 Naturaleza de los partidos políticos Francisco José Paoli Bolio

50 Revista Mexicana de Cultura PolĂ­tica NA Enero-Abril 2012

ANÁLISIS

La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez Antonio Garrido

Revista Mexicana de Cultura Política NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

51

Resumen El modelo democrático representativo liberal ha abierto el acceso a las mujeres a la representación descriptiva, especialmente mediante el mecanismo de las cuotas prescritas en los ordenamientos electorales sin que ello signifique necesariamente que la presencia femenina garantice la igualdad política o la implantación extendida de una perspectiva de género en la definición de políticas públicas o en las iniciativas de ley. En el presente ensayo se analizan los casos de representación femenina con la comparación de la composición de cuatro congresos nacionales, en los que dos de ellos tienen en el marco legal electoral la obligación de atender cuotas de género (Argentina y México) y los otros dos carecen de tal disposición (Chile y Uruguay), así como las repercusiones que dichas estructuras parlamentarias suponen en el impulso a iniciativas y proyectos de ley en materia de género.

52 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

I. Representación descriptiva y representación sustantiva

E

l modelo democrático representativo liberal ha garantizado el acceso de los grupos minoritarios a la arena pública con lo que los ha protegido pero, al mismo tiempo, con un evidente desequilibrio favorable a las opciones políticas mayoritarias. Con ello el modelo representativo liberal no ha asegurado la igualdad política, al mismo tiempo que no ha sido neutral en el tratamiento de los diferentes grupos e individuos presentes en la sociedad.

El modelo liberal –y sus construcciones políticas– ha identificado, además, igualdad con uniformidad. El resultado es que se han excluido tradicionalmente a los grupos más desfavorecidos del sistema y se han ignorado –como mínimo– los valores e intereses colectivos de los segmentos minoritarios a favor de los valores e intereses de la mayoría (Kymlicka, 2003: p. 73-80; Martínez, 2006: p. 34-35).

El cuestionamiento del principio de igualdad en la disputa del poder consustancial al pluralismo y de la neutralidad etnocultural del Estado liberal, el desarrollo de los estudios feministas, y la relevancia de los planteamientos multiculturalistas, con sus argumentos a favor del reconocimiento de derechos colectivos a grupos sociales con determinados rasgos, hace que las características de los representantes se haya convertido en un tema central en las discusiones sobre la calidad de la democracia política (Kymlicka, 2003). La construcción de la representación tradicionalmente se ha llevado a cabo a través de los partidos políticos, buscando que trasladasen, en mayor o menor grado, a los órganos representativos, las creencias y preferencias de los ciudadanos. Ahora se argumenta sobre la necesidad de construir la representación considerando, también, la dimensión simbólica; la que podríamos llamar dimensión de la empatía –en el sentido de ponerse en el lugar del otro y poder identificar mejor sus ideas en relación a ciertos temas; y, finalmente, asegurar la defensa efectiva de los intereses de los grupos más desfavorecidos, así como la presencia de todos los segmentos de la sociedad (Phillips, 1999). En la medida que se garantiza la igualdad a los grupos más desfavorecidos se consigue tanto que las decisiones sean más inclusivas como que las respuestas estén más acordes con las demandas de la población. El resultado es una mayor legitimidad del sistema. El 53 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

planteamiento es que cuanto más cercanos estén los órganos representativos a las características de la sociedad, y se potencie la presencia de los sectores desfavorecidos, se logrará, en primer término, incrementar la participación y la implicación de esos grupos en el proceso decisional, lo que redundará en incrementar la legitimidad del sistema (Young, 2000: p. 140-142).

La política del reconocimiento, política de la identidad o política de la presencia (Phillips, 1999: p. 248) incide en la dimensión simbólica de la representación, pero hay otras dos dimensiones de la representación igualmente relevantes: la dimensión descriptiva, esto es, el número y las características de los dirigentes políticos que acceden a los cargos, y la dimensión sustantiva, es decir, la introducción de prioridades y una agenda legislativa específica por parte de aquellos elegidos para los puestos representativos.

Si se modifican las bases de la conformación de los órganos representativos (representación descriptiva) se asegurará que los ciudadanos se involucrarán más en la gestión de los asuntos públicos, se potenciará la comunicación vertical y horizontal y, por tanto, habrá una mayor transparencia y accountability, se facilitará la receptividad de los representantes; y, todo ello, incidiría de forma positiva en la legitimidad del sistema (Phillips, 1999: p. 240-242). Asimismo, fomentar la presencia de representantes de dichos sectores en las instituciones contribuirá fuertemente a potenciar la comunicación horizontal entre los mismos representantes y ello incidirá positivamente en la elaboración de la agenda pública (Phillips, 1999: p. 245).

Estos argumentos normativos se transforman en el presente trabajo en algunas hipótesis para la investigación empírica: 1) la introducción de cuotas supone un incremento en la representación descriptiva de las mujeres; 2) el aumento en el número de representantes femeninas implicará un cambio en la agenda legislativa y en los temas abordados por los representantes políticos.

En este marco, el presente estudio pretende indagar sobre cómo ha impactado la vigencia de leyes de cuotas tanto en la composición (representación descriptiva/política de la presencia) como, sobre todo, en la producción legislativa (representación sustantiva/ política de la diferencia) en dos casos nacionales –México y Argentina– y comparar los resultados con otros dos países en los 54 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

que no hay ninguna legislación que potencie la presencia de la mujer en la arena parlamentaria –Chile y Uruguay. En los primeros apartados se analizará la primera hipótesis acerca del impacto de la legislación de cuotas sobre la representación descriptiva, y los datos confirman sólo parcialmente la hipótesis propuesta, pero sugieren que hay otras variables intervinientes (sistema electoral, mandatos de posición, etc.) que condicionan el resultado final. Por otra parte, en cuanto a la segunda hipótesis empírica, el impacto de las cuotas y el aumento en el número de mujeres legisladoras sobre la representación sustantiva en distintos ámbitos (desde la participación de las mujeres en los órganos y comisiones legislativas a la elaboración de políticas públicas, las asignaciones presupuestarias para el desarrollo de políticas de igualdad en México, el efecto de difusión de cuotas en el nivel subnacional de los estados federales y el papel comparativo de las mujeres respecto a los hombres en el impulso político de iniciativas y proyectos de ley con orientación de género) los resultados obtenidos son positivos y permiten sostener una relación entre la introducción de cuotas y el desarrollo de una agenda de género.

2. La aprobación de leyes de cuotas Uno de los ámbitos donde estos planteamientos han sido instrumentados de forma más general es la presencia de las mujeres en la vida política y,específicamente, la representación, a través de lo que se conoce, genéricamente, como modelo de cuotas. Esta política ha sido fruto globalmente de la confluencia de la movilización transpartidaria de las mujeres dentro de los distintos partidos latinoamericanos, del crecimiento del apoyo de las redes internacionales y de la propia presión de las organizaciones feministas y las femocracias institucionalizadas en los diferentes gobiernos (Norris y Lovenduski, 1993; Reynolds, 1999; Caul, 2001; Htun y Jones, 2002; Inglehart y Norris, 2000 y 2003; Dahlerup, 2003; Crocker, 2005; Jones, 2005; Araújo y García, 2006; Krook, 2006 y 2009; Tripp y Kang, 2008; Franceschet y Kroop, 2008; Jones, 2009; Franceschet et al., 2009).

Argentina fue el primer país latinoamericano en el que se aprobó una ley nacional para la inclusión de un mínimo de mujeres en las listas electorales de los partidos políticos (Molinelli, 1994; Jones, 1996; Tula, 2002; Marx et al., 2006 y 55 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

2007; Archenti y Tula, 2008; Franceschet y Piscopo, 2008; Driscoll y Krook, 2009). El proceso para contar con una ley de estas características comenzó en noviembre de 1991 cuando el Congreso de la Nación aprobó por una amplia mayoría, con el respaldo tanto del presidente Menem como de las dos principales fuerzas políticas del país (el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical), la ley 24.012, la llamada “Ley de Cuotas”o “Ley de Cupo Femenino”, que introducía distintas reformas en el Código Electoral. La sanción de esta nueva norma fue consecuencia de la resistencia de los partidos políticos mayoritarios a la introducción en sus cartas orgánicas o declaraciones de principios de cuotas femeninas. En general, y pese a los problemas suscitados en la implementación de la normativa, la aprobación de la Ley de Cuotas de 1991 tuvo un importante efecto “demostración” dentro y fuera del país (Jones, 1996; Krook, 2006 y 2009; Driscoll y Krook, 2009). En el ámbito interno la aprobación de esta modificación electoral tuvo diversas consecuencias. En primer lugar, la reforma constitucional de 1994, pactada entre el presidente Menem y algunos líderes de la UCR, incluyó en su artículo 37 la política de las acciones afirmativas y una disposición transitoria impidiendo cambios a la baja en el porcentaje de la cuota ya establecida; en segundo lugar, la modificación paulatina de distintas cartas orgánicas partidarias, que fueron introduciendo progresivamente a la mujer en los máximos órganos de decisión y dirección; en tercer lugar, entre 1992 y 2000 se aprobaron leyes provinciales extendiendo e incorporando la legislación sobre cuotas aprobada a nivel nacional prácticamente en todas las provincias, generalmente replicando la cuota del 30% pero también imponiendo porcentajes mayores. En el ámbito externo, la adopción de la Ley de Cuotas en Argentina tuvo un gran impacto en el resto de países de América Latina y siguieron este ejemplo en los años sucesivos diversos países: Bolivia (2001), Brasil (1997), Costa Rica (1996), Ecuador (1997), Honduras (2000), México (1996), Panamá (1997), Paraguay (1996), Perú (1997), República Dominicana (1997) y Venezuela (1997).

En el caso de México, la adopción de cuotas voluntarias en distintos partidos políticos precedió a la introducción de las cuotas legales. El primer grupo que introdujo un porcentaje de mujeres en sus órganos de liderazgo fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que aprobó una cuota del 20% de mujeres 56 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

en su dirección en 1990 y en sus listas electorales en 1992, un porcentaje que aumentó al 30% en 1993, gracias al compromiso con esta agenda de reforma de líderes del partido.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue la aprobación de una recomendación de no presentar más de 70% de candidatos del mismo sexo en su convención de enero de 1996.

El influjo de estas cuotas voluntarias determinó que en 1993, 1996 y 2002 se realizaran modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en relación con el acceso de las mujeres a las candidaturas partidistas y la adopción de políticas de acción (Peschard, 2003; Baldez, 2004; Reynoso, 2008). Por último, la ventana de oportunidad (policy window), en el sentido de Kingdon (1995), para la introducción de una reforma sobre esta materia se abrió con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la acción de inconstitucionalidad iniciada por dirigentes gubernamentales del Partido Acción Nacional (PAN) frente a una ley de cuota de género aprobada por la asamblea del estado de Coahuila. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de la cuota introducida en la ley electoral del estado de Coahuila y pocas semanas después los defensores del mecanismo de las cuotas, liderados por la priista Beatriz Paredes trasladaron la discusión al Congreso federal, donde un frente unido de mujeres de todos los partidos, junto al apoyo institucional mostrado por el Instituto Nacional de las Mujeres, se impuso a las objeciones y reticencias planteadas por algunos líderes panistas. La ley fue aprobada por 403 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones; casi todos los votos en contra o abstenciones correspondieron a diputados del PAN. El último avance en la evolución de la política de cuotas se produjo en el marco de la reforma electoral de 2007, que modificó nuevamente las disposiciones relativas a la representación de los géneros introduciendo el nuevo artículo 219.1, y estableciendo que las 57 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

candidaturas deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. De este modo, México tiene actualmente una de las legislaciones más avanzadas en materia de cuotas de género, dado que, como mínimo, el cuarenta por ciento de las candidaturas en las elecciones al Congreso de la Nación para las elecciones de 2009 debían estar ocupadas por mujeres y, adicionalmente, se especificaba que estas nominaciones deben cubrir las candidaturas propietarias y no las suplentes.

Paradójicamente, en Uruguay y Chile, pese a ser los dos primeros países de América Latina en reconocer el derecho de voto para las mujeres, no se ha aprobado una ley basada en el modelo de cuotas, hasta la reciente modificación uruguaya en 2009. En Uruguay sólo algunos partidos de la izquierda, todos ellos miembros de la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, como el Partido Socialista (PS) en 1992, Nuevo Espacio en 1998 y la Vertiente Artiguista en 2006, habían acogido las cuotas voluntarias, mientras que los distintos proyectos de ley presentados en la Cámara de Representantes y en el Senado de la nación han fracasado en su intento de introducir la cuotificación (Johnson, 2008). Ni la iniciativa presentada en 1988 por una diputada del Partido Colorado (PC) y bajo los auspicios de una organización no gubernamental, el Consejo Nacional de Mujeres, ni el proyecto introducido por diputados de Nuevo Espacio y Frente Amplio en 1992 prosperaron. Finalmente, en mayo de 2006 mujeres representantes de la coalición EP-FA-NM presentaron simultáneamente en la Cámara de Representantes y en el Senado sendos proyectos de ley con una propuesta de una cuota mínima de un tercio de candidatos del mismo sexo y la inclusión de un mandato de posición para hacer efectiva la aplicación del cupo establecido, así como disposiciones relativas a las garantías del cumplimiento de esta normativa por parte de los distintos partidos, la Corte Electoral y las Juntas Electorales. Este proyecto de ley fue aprobado, pese a las reticencias de muchos legisladores de distintos partidos, en el Senado, en mayo de 2008, por una abrumadora mayoría de 28 votos a favor de 30, y fue confirmado por la Cámara de Diputados con la aprobación de la Ley No. 18476, de 3 de abril de 2009.

58 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

Chile es el único de nuestros cuatro casos de estudio que no ha aprobado aún una legislación de este tipo. Este resultado es paradójico, puesto que en Chile las mujeres han obtenido en tiempos recientes importantes éxitos en su participación en el poder ejecutivo, tanto asumiendo el cargo más relevante de la nación, la presidencia, en el caso de Michelle Bachelet, como dirigiendo diversos ministerios bajo la presidencia de Ricardo Lagos y alcanzando la paridad en el desempeño de carteras ministeriales con la propia Bachelet. Sin embargo, tan importantes avances no se han extendido al ámbito del poder legislativo y aún no se ha aprobado ninguna legislación específica en relación con cupos electorales, por lo que en la actualidad sólo funcionan en algunos partidos las cuotas voluntarias (Franceschet, 2008).

3. La presencia efectiva de mujeres en los parlamentos latinoamericanos Las políticas de acción positiva y, concretamente, el modelo de cuotas, que asigna un porcentaje mínimo de escaños o bancas para ser distribuidos entre mujeres ha tenido un notable, aunque desigual, impacto en el número de éstas que han accedido a las asambleas legislativas de la región (Reynolds, 1999; Htun y Jones, 2002; Dahlerup, 2003; Krook, 2006 y 2009; Araújo y García, 2006; Jones, 2009). No obstante, la tabla siguiente muestra en una perspectiva comparada este avance en relación a otras áreas geográficas: América Latina tiene el mayor porcentaje de mujeres en sus asambleas legislativas, con la excepción de los países nórdicos, que duplican o triplican la representación femenina del resto de áreas del mundo.

En Argentina la primera aplicación de las cuotas en las elecciones de renovación parcial de la Cámara de Diputados de 1993 supuso el acceso de un significativo número de mujeres a este cuerpo legislativo, aumentando el porcentaje de las mismas de 5,4 por ciento en los comicios precedentes de 1991 a 14,4 por ciento. El cambio en el Senado fue, incluso, mucho más pronunciado y aumentó del 4,1 por ciento en 1999, antes de aplicarse el mecanismo de las cuotas, al 36 por ciento en 2001, año en el que se renovaba en su totalidad esta cámara en cumplimiento de la reforma constitucional de 1994 y, desde entonces, todas las provincias tienen representantes femeninas entre sus delegaciones. A partir de 59 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

T ABLA

1

Representación femenina en asambleas legislativas por área geográfica (2008) C ÁMARA

DE

SENADO

DIPUTADOS

PARLAMENTO (AMBAS

CÁMARAS)

Países nórdicos

41,4%

—

—

América

21,7%

20,1%

21,4%

Europa - OSCE (incluyendo países nórdicos)

21,1%

19,9%

20,9%

Europa - OSCE (excluyendo los países nórdicos)

19,2%

19,9%

19,3%

Asia

18,3%

16,5%

18,1%

África Sub-sahariana

17,9%

20,6%

18,2%

Pacífico

12,9%

31,8%

14,9%

9,7%

7,0%

8,6%

Países Árabes

Fuente: Inter-Parliamentary Union (www.ipu.org, 2008).

dichas elecciones el número de mujeres que se ha incorporado al Congreso argentino ha venido experimentando un “crecimiento sostenido”, como puede observarse en las siguientes tablas: un incremento de más de 30 puntos porcentuales para la Cámara de Diputados entre 1991 y 2005, una etapa en la que el porcentaje de mujeres parlamentarias pasó del 5% inicial precuota a más del 35%, y un aumento de casi 40 por ciento en el caso del Senado entre 1999 y 2005.

En México, las mujeres han pasado a tener una mayor presencia en las listas electorales pero en aquellos puestos en los que no saldrán electas y/o ocupando puestos de suplente. Esto es, las cúpulas de los partidos han cumplido la letra de la ley pero no su espíritu, de forma que, como se observa en los siguientes cuadros, la equidad de género todavía está lejos de ser lograda en México. Y quizás ello sea lo que explique que también la normativa que, en otros ámbitos, se refiere a la protección de la mujer sea bastante residual en el caso mexicano (Cardaci y Sánchez, 2005). El aumento de la representación femenina en la Cámara de Diputados de México también ha sido sostenido, pero mucho me60 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

T ABLA 2

Argentina. Presencia de mujeres en las Cámaras C ÁMARA

DE DIPUTADOS

C ÁMARA

DE SENADORES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

1985-1987

95,7

4,3

93,5

6,5

1987-1991

95,3

4,7

93,5

6.5

1989-1991

94,5

5,5

91,3

8.7

1991-1993

94,6

5,4

91,3

8.7

1993-1995

85,6

14,4

95,8

4,2

1995-1997

72,0

28,0

93,9

6,1

1997-1999

71,6

28,4

93,9

6,1

1999-2001

71,6

28,4

95,9

4,1

2001-2003

70,4

29,6

63,9

36,1

2003-2005

65,7

34,3

56,9

43,1

2005-2007

64,6

35,4

58,3

41,7

2007-2009

60,0

40,0

61,1

38,9

2009-2011

58,4

41,6

62,5

37,5

Fuente: Elaboración propia.

nos significativo y acusado que en el caso de Argentina: del 8,8 por ciento en 1994 al 23 por ciento en 2003 y 2008 en la Cámara de Diputados y del 12,5 por ciento al 18 ó 19 por ciento en el Senado, según la elección de referencia, entre 2003 y 2009. También el número de candidaturas sufrió un significativo aumento en México para las elecciones de 2003: 22 por ciento en el caso del PAN, 10 por ciento en el caso del PRI y 12 por ciento en el del PRD. En los anteriores comicios los incrementos en el número de candidaturas femeninas habían sido sensiblemente menores, entre el 2 y el 6 por ciento en el caso del PAN y del 2 al 4 por ciento entre 1994 y 1997 en el caso del PRD, por ejemplo; incluso, en las elecciones de 2006 se produjo un retroceso en el número de candidaturas femeninas: el 9 por ciento en el caso del PRD, el 1 por ciento en el del PRI y el 3 por ciento en el caso del PAN. 61 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

T ABLA

3

México. Presencia de mujeres en las Cámaras C ÁMARA

C ÁMARA

DE DIPUTADOS

DE SENADORES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

1991-1994

91,2

8,8

1994-1997

87,5

12,5

1994-1997

85,9

14,1

1997-2000

85,2

14,8

1997-2000

82,6

17,4

2000-2003

84,4

15,6

2000-2003

84,0

18,8

2003-2006

81,3

18,8

2003-2006

77,4

22,6

2006-2009

83,6

18,4

2006-2009

77,0

23,0

2009-2012

80,5

19,5

2009-2012

71,9

28,1

Fuente: Elaboración propia.

Estas cifras tienen una correspondencia también con los datos sobre candidatas. Desde la perspectiva de los partidos, analizando la ratio o relación G RÁFICO

1

Relación de género de los candidatos en México, 1994-2006

Fuente: Huerta García y Magar (2006: 180), con datos del IFE.

62 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

T ABLA

4

Chile. Presencia de mujeres en las Cámaras C ÁMARA

DE DIPUTADOS

SENADO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

1989-1993

94,2

5,8

98

3

1993-1997

92,5

7,5

98

3

1997-2001

89,2

10,8

95

5

2001-2005

85,8

14,2

95

5

2005-2009

84,2

15,8

95

5

2009-2013

80,8

19,2

98,1

1,9

Fuente: Elaboración propia.

entre el número de candidatas respecto al número de candidatos, la tendencia hacia una disminución de la preponderancia masculina ha sido bastante acusada: en 1994 los partidos tenían de 5 (PRD) a 11 (PAN) más candidatos que candidatas, en tanto que esta proporción se redujo drásticamente hasta 2 homT ABLA

5

Uruguay. Presencia de mujeres en las Cámaras C ÁMARA

DE DIPUTADOS

SENADO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

Porcentaje sobre el total

1984-1989

100,0

0

1989-1994

93,9

6,1

95,4

4,6

1994-1999

92,9

7,1

35,0

6,5

1999-2004

87,9

12,1

90,3

9,7

2004-2009

88,9

11,1

90,3

9,7

2009-2014

85,9

14,1

87,1

12,9

100,0

0

Fuente: Elaboración propia.

63 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

bres candidatos por cada mujer candidata en 2003 y 2006. Por otro lado, se equilibró esta relación entre los tres partidos principales, ya que el PAN pasó de ser el partido con menos candidatas en 1994 (más de 11 hombres por mujer) al grupo con más candidatas en 2003 y 2006 (entre 1,7 y 2 hombres por mujer TABLA 6

Porcentaje de mujeres en los parlamentos de América Latina PAÍS

% DE MUJERES ANTES DE

% MUJERES DESPUÉS

% MUJERES

DE LA INTRODUCCIÓN P E N Ú L T I M A

LAS CUOTAS

DE CUOTAS

% MUJERES ÚLTIMA

ELECCIÓN

ELECCIÓN

31

35

PAÍSES CON CUOTAS ARGENTINA

6

28

BOLIVIA

11

12

BRASIL

7

6

7

9

COSTA RICA

14

19

35

39

REPÚBLICA DOMINICANA

12

16

16

20

4

17

15

25

9

23

ECUADOR HONDURAS

11,5

17

MÉXICO

19

23

23

28

PANAMÁ

8

11

10

17

PARAGUAY

3

3

PERÚ

10

17,5

2,5

10

17,5

29

PAÍSES SIN CUOTAS CHILE

-

-

15

19

COLOMBIA

-

-

13

8

EL SALVADOR

-

-

9,5

17

GUATEMALA

-

-

9

12

NICARAGUA

-

-

21

15

URUGUAY

-

-

12

12

VENEZUELA

-

-

10

18

Fuente: Jones, 2005; International Idea (www.quota-project.org, 2008); Inter-Parliamentary Union (www.ipu.org, 2008).

64 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

respectivamente). En el PRI y PRD el descenso en esta proporción ha sido más suave y progresivo, como muestra la gráfica. En las recientes elecciones de 2009, no incluidas en el gráfico, esta relación se ha situado en los siguientes parámetros: 1,47 en el caso del PAN; 1,6 en el caso del PRD y 1,93 en el del PRI. En cambio, en los casos estudiados que no han incorporado políticas de acción positiva, la incorporación de la mujer a la política parlamentaria apenas ha experimentado avances. Por ejemplo, en Chile, pese a tener como presidente a una mujer, Michelle Bachelet, y a haber constituido gabinetes paritarios, el hecho de que no se haya desarrollado, y aplicado, una ley de cuotas hace que las mujeres sólo ocupen 19 por ciento, actualmente, de los escaños en la Cámara de Diputados, lo que supone un aumento progresivo de 10 por ciento desde las primeras elecciones celebradas tras la redemocratización. En el Senado la perspectiva es aún mucho más desalentadora, ya que esa cifra se reduce drásticamente.

En Uruguay, el porcentaje de mujeres en la Cámara de Representantes apenas ha superado en dos elecciones, en 1999 y 2004, la cifra del 10 por ciento, y en el Senado se ha registrado una pauta similar, situándose el mayor contingente femenino también alrededor del 10 por ciento en 2004. Uruguay es, por tanto, una de las democracias con menores tasas de representación parlamentaria femenina del continente.

El contraste en términos de representación femenina entre los países de América Latina que han incorporado cuotas de género en sus legislaciones y aquellos que no lo han hecho es elocuente, como refleja la tabla 6.

4. Las consecuencias políticas de las leyes de cuotas: estructuras parlamentarias, políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género Como se ha precisado en las páginas precedentes, el número de mujeres se ha ido incrementando en las instituciones parlamentarias, si bien hay distinto tipo de factores que inciden, negativamente, en que las asambleas legislativas reflejen, en menor medida, la composición de la sociedad. Hay, sin embargo, diferencias en el número de diputadas y senadoras en los distintos países 65 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

analizados y, más allá de ellos, en el resto del continente. Y esta diferenciación se refleja inevitablemente también en la presencia de mujeres en las comisiones parlamentarias. Es ésta una cuestión relevante para analizar, ya que tan importante es el incremento del número de mujeres en las cámaras de representantes como establecer cuáles son las áreas de decisión, al interior de dichas instituciones, en las que se está en escenarios de igualdad. En este sentido, se observa cómo en aquellos países donde no se ha implantado una ley de cuotas el porcentaje de mujeres presidiendo comisiones es muy reducido: sólo 5 mujeres frente a 31 hombres presidían comisiones en Chile antes de las últimas elecciones (el 13,8 por ciento), mientras que en Uruguay son únicamente 4 mujeres frente a 22 hombres (apenas un 15,4 por ciento). En contraste, en los países donde se han aprobado leyes de cuotas, como Argentina, el porcentaje de mujeres presidiendo comisiones es mucho mayor, 38 por ciento, y son 19 mujeres por 33 hombres las que ocupan dichos cargos; en el caso de México sólo 19 por ciento de las comisiones legislativas están dirigidas por mujeres. Antes de la entrada en vigor de la ley de cupos, ninguna mujer había participado como miembro de comisiones relevantes como las dedicadas a Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Finanzas o Vivienda. En 1992, de las 34 comisiones permanentes de la cámara sólo una de ellas (Familia y Mujer) estaba presidida por una mujer. El número de mujeres presidentas de una comisión parlamentaria permanente se incrementa paulatinamente a 3 en 1994, 4 en 1996 y 9 en 1998.

Si desagregamos el número de comisiones presididas por mujeres según la temática de las mismas, de acuerdo a la tipología de Skard y Haavio-Mannila (1985) que clasifica éstas en comisiones de producción, reproducción y preservación del sistema, observamos que aún las mujeres aparecen recluidas predominantemente en comisiones de reproducción (política social, familiar, sanitaria, educativa, de vivienda, medio ambiente, cultura, etc.) y comisiones de preservación del sistema (reforma política y administrativa, política exterior y defensa, apoyo a grupos de interés y minorías, etc.), mientras que esta presencia se reduce considerablemente en la presidencia de las comisiones de producción (política económica, fiscal, laboral, industrial, energética, etc.), que abordan las cuestiones más relevantes de la agenda política. El porcentaje de mujeres presidiendo comisiones de reproducción, que son las que abordan cuestiones más propias de la agenda de igualdad, es de 46,6 por ciento del total en 66 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

Argentina, 27,3 por ciento en México, 7,69 por ciento en Uruguay y cero por 1 ciento en Chile . Este dato indica que la política de cupos y cuotas se traslada a la representación interna de las cámaras legislativas. En cambio, en el caso de las comisiones de producción, la distribución es claramente distinta y estos porcentajes disminuyen al 26 por ciento en Argentina y al 11,8 por ciento en México, mientras que en los países que no aplican cupos, paradójicamente, las mujeres que presiden este tipo de comités legislativos suponen un porcentaje mucho más significativo: 42 por ciento en Uruguay y 33 por ciento en Chile. Las cifras relativas a las comisiones de preservación del sistema son intermedias: 42,8 por ciento de estas comisiones están presididas por mujeres en Argentina, 25 por ciento en Chile, 21 por ciento en México y ninguna en Uruguay.

Se deduce, por tanto, de los datos observados un incremento de la mujer en la arena legislativa y una tendencia a concentrarse en aquellas instancias más relacionadas con el desarrollo de la agenda de la igualdad. Asimismo, la mayor participación de mujeres en las cámaras legislativas se ha transformado en la introducción de una agenda de género en los trabajos legislativos y en una mayor aprobación de medidas, programas y leyes con orientación de género, como expresa bien el caso argentino, donde se han elaborado numerosas leyes como las que se refieren a la protección contra la violencia familiar (Ley 24.417), la institución del Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres (Ley 24.785), la sanción de la ley de participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales o ley de “cupo sindical femenino” (Ley 25.674), la reforma laboral en relación con la figura del despido discriminatorio por razón de raza, sexo o religión (Ley 25.013) o de estímulos al empleo estable y la incorporación de incentivos para el empleo femenino (Ley 25.250) y la reforma penal relativa a los delitos contra la integridad sexual (Ley 25.087) entre otras.

Menor ha sido la producción legislativa en el caso de México, donde sólo en las últimas Legislaturas ( LIX Legislatura, 2003-2006, y LX Legislatura, 20062009) se ha promovido una legislación en materia de género, como refleja la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de 1 Los datos de Chile no incluyen los referidos a las últimas elecciones en este epígrafe, como se observa en la Tabla 7.

67 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

TABLA 7

Presidencias de comisiones por mujeres en cuatro democracias latinoamericanas (2008) PAÍS

TOTAL

COMISIONES DE PRODUCCIÓN

COMISIONES DE COMISIONES DE REPRODUCCIÓN

PRESERVACIÓN DEL SISTEMA

M ARGENTINA MÉXICO CHILE URUGUAY

H

19

33

36,5%

63,5%

M

H

6

17

26,1%

73,9%

8

34

2

15

19%

81%

11,8%

88,2%

5

31

13,9%

86,1%

4

22

15,4%

84,6%

4 33,3%

3 42,85%

M 7 46,6%

3 27,3%

8 66,6%

4 57,15%

0 0%

H 8 53,4%

8 72,7%

20 100%

1 7,69%

M 6 42,9%

3 21,4%

1 25%

H 8 57,1%

11 78,6%

3 75%

12

0

6

92,3%

0%

100%

Fuente: Elaboración propia.

junio de 2003, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de agosto de 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de febrero de 2007, o la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de enero de 2008.

Por supuesto, en los avances respecto de las políticas de igualdad en Argentina han desempeñado un papel muy relevante, junto al aumento de mujeres en los órganos de deliberación legislativos, la Cámara de Representantes y el Senado, los organismos estatales de cariz feminista o femocracias de nivel nacional, especialmente el Consejo Nacional de la Mujer, creado en 1992 (aunque desde 1987 funcionó una subsecretaría nacional de la mujer) y adscrito actualmente al Ministerio de Desarrollo Social, y otras instituciones más especializadas como la Representación Especial para los Temas de la Mujer en el Ámbito Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por sólo mencionar dos ejemplos diversos. En el caso de México, la creación de organismos de feminismo institucional se acompasó a la 68 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

legislación de cuotas y sólo en noviembre de 2000 se aprobó la ley que dio origen al Instituto Nacional de las Mujeres, que entró en funcionamiento en marzo de 2001, muy tardíamente en comparación con otros casos, como el argentino, lo que limitó el impacto comparativo de este tipo de femocracias sobre la producción legislativa en defensa de la mujer en México y explica el menor número de iniciativas de este tipo registradas. En el mismo periodo se fueron creando en México distintas instituciones como la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, el Parlamento de Mujeres o el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres, que también están desarrollando un destacado papel en la promoción y el diseño de políticas de género.

La relativa ausencia de mujeres en las cámaras legislativas de Uruguay y Chile no se ha traducido, sin embargo, en una carencia o ausencia de políticas públicas de igualdad y de legislación sobre temas de género, dado que la intervención de otros actores políticos (como el poder ejecutivo y femocracias como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) uruguayo o el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) chileno, (creados en 1987 y 1991 respectivamente) ha contribuido a compensar el déficit de representación femenina en las asambleas representativas. El papel de las femocracias institucionales, como el Consejo Nacional de la Mujer (Argentina), el Instituto Nacional de las Mujeres (México), el SERNAM (Chile) o el INAMU (Uruguay), en el impulso de políticas de igualdad e iniciativas con orientación de género es importante. Sin embargo, estas instituciones gubernamentales no disminuyen el peso relativo de las acciones políticas de las legisladoras feministas en las asambleas parlamentarias de la región. El problema, en el ámbito de las consecuencias políticas de la mayor representación femenina en las asambleas de América Latina, es probar empíricamente que existe una diferencia en la actividad legislativa y parlamentaria, en las propuestas avanzadas, en los temas abordados, en el estilo de liderazgo y, en definitiva, en la forma de hacer política desarrollada por las mujeres que ocupan dichos cargos electivos.

En los estrechos límites de este ensayo no podemos analizar las diferentes consecuencias políticas derivadas de la introducción de cuotas de representación femenina en las asambleas legislativas de América Latina. No obstante, presentaremos algunos resultados preliminares sobre la incidencia de este 69 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

aumento de legisladoras en América Latina sobre tres aspectos complementarios a los dos ya mencionados (participación de las mujeres en los órganos legislativos y elaboración de políticas públicas), analizando su progreso en alguno de nuestros casos de estudio donde se han introducido la legislación de cuotas: el crecimiento sostenido y continuado de las asignaciones presupuestarias para el desarrollo de políticas de igualdad en México, el efecto de difusión de estas cuotas en el nivel subnacional de las asambleas provinciales argentinas y el papel comparativo de las mujeres respecto a los hombres en el impulso político de iniciativas y proyectos de ley con orientación de género en Uruguay. Indudablemente, la extensión de estas evidencias parciales a un más amplio número de casos es una tarea prioritaria para futuras investigaciones sobre los efectos del aumento de mujeres en los parlamentos latinoamericanos. Por ello, concluiremos apuntando hacia algunas de las direcciones en las que podría orientarse el análisis comparativo.

En primer lugar, un sector muy significativo en el que la mayor presencia de mujeres legisladoras se ha traducido en un cambio notable hacia la equidad de género es en el ámbito presupuestario. El caso de México es una magnífica ilustración, ya que allí se han desarrollado destacadas actuaciones en esta materia desde la LVII Legislatura (1997-2000) y, especialmente, en las legislaturas LVIII (2000-2003) y LIX (2003-2006). En estos dos periodos de trabajo parlamentario, la Comisión de Equidad y Género creó en su seno una subcomisión de presupuesto, lo que incrementó la capacidad de esta Comisión para negociar con otras Comisiones dentro de la cámara y, en concreto, con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, se impulsó decididamente el análisis de los recursos presupuestarios desde una perspectiva de género mediante la desagregación del gasto etiquetado para mujeres, un instrumento que permitió confirmar que a mitad de la primera década de este siglo el gasto en políticas de igualdad no llegaba al uno por ciento del gasto programable del presupuesto federal. Pese a ello, el crecimiento del presupuesto con orientación de género ha sido continuado: de los 2418 millones de pesos destinados a estos fines en el presupuesto publicado por la SHCP para 2006 a 3482,7 millones en 2007, 5602 millones en 2008 y 7441,5 en 2009 (véase el gráfico que muestra los recursos destinados a 70 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

políticas de género en el proyecto de presupuesto, el decreto de presupuesto y en el presupuesto publicado por la SHCP). El aumento de los recursos para la igualdad se incrementó, por ejemplo, en términos reales más de 55 por ciento entre 2007 y 2008, con un aumento de casi 2000 millones de pesos entre un presupuesto y otro (CEAMEG, 2009: 11). En estos años crecieron las asignaciones presupuestarias y los recursos financieros destinados a programas de salud para mujeres, educación, apoyos al empleo femenino, institucionalización de la perspectiva de género y a la prevención y sanción de la violencia de género.

A lo largo de la LX Legislatura (2006-2009) la implementación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la puesta en marcha del Programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), contribuyeron a la consolidación del presupuesto de género. En segundo lugar, el efecto de difusión o de “bola de nieve” en la adopción de estas iniciativas de mejora de la representación legislativa femenina no sólo se ha producido entre los países de toda el área o región sino a nivel interno en aquellos con una estructura federal en su ordenación territorial. Así, en Argentina, entre 1992 y 2000 se 71 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

aprobaron a nivel provincial legislaciones sobre cuotas que se extendieron prácticamente al conjunto de los distritos de la nación, con determinadas excepciones como Entre Ríos o Jujuy. Este efecto contagio supuso, asimismo, la progresiva extensión de las reglamentaciones adoptadas a nivel central para asegurar la efectividad en el cumplimiento de las normas aprobadas: la introducción de precisos mandatos de posición y la incorporación de mecanismos de suplencias que considerase obligatorio mantener el sexo del candidato en los casos de relevos y reemplazos. También supuso, obviamente, un notable crecimiento en el porcentaje de mujeres en casi todas las Legislaturas provinciales, con incrementos por encima de los treinta puntos (en Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe) y veinticinco puntos porcentuales (Córdoba, Chaco, La Pampa o San Luis) en 2 diez años, entre 1991 y 2003-2007. El crecimiento medio ascendió desde 9,7 por ciento previo a la introducción de la legislación de cuotas a un porcentaje de mujeres legisladoras de 27,85 por ciento en 2005 y 29,38 por ciento en 2007.

Por último, ¿hace una diferencia el hecho de que los representantes sean hombres o mujeres en la orientación y el sesgo de los proyectos de ley presentados? Este es el tipo de análisis que hará avanzar nuestra comprensión sobre el comportamiento político real de las legisladoras y sobre la verdadera utilidad práctica de introducir legislación de cuotas que incremente la representación de la mujer en las asambleas parlamentarias de la región.

Hasta ahora, en relación con este asunto esencial, sólo disponemos de algunas evidencias parciales e incompletas. Los primeros estudios sistemáticos y comparados sobre la actuación legislativa de las mujeres han mostrado que, en efecto, promueven más activamente que sus compañeros varones una agenda de género. Este análisis ha sido efectuado, por ejemplo, en el caso de Uruguay con resultados concluyentes. Así, del conjunto de iniciativas políticas presentadas durante la XLVI Legislatura, en el periodo entre febrero de 2005 y marzo 2 En los estados mexicanos la implantación de la legislación de cuotas ha registrado resultados desiguales, del mismo modo que la extensión de esta política había sido desigual, encontrándose casos en los que el aumento es importante, situado alrededor del 20 por ciento, como en Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Quintana Roo, Yucatán o Zacatecas y otros donde apenas si se ha apreciado o experimentado cambio alguno, como en el Estado de México, por ejemplo.

72 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

G RÁFICO

2

Millones de pesos

Presupuesto con orientación de género en México, 2006-2009

Fuente: CEAMEG, Avances en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados con relación al presupuesto público para la igualdad de género, Cámara de Diputados, México, 2009.

de 2008, se habían aprobado un tercio de los proyectos con contenido de género, una proporción similar, apenas ligeramente más baja, al resto de iniciativas debatidas, que registraron una tasa de aprobación del 37 por ciento.

Del total de iniciativas con contenido de género, 18,5 por ciento fueron presentadas por el poder ejecutivo y más del 80 por ciento por el poder legislativo.

De los proyectos cuya iniciativa correspondió al Congreso, 50 por ciento fueron presentados conjuntamente por legisladores y legisladoras, mientras que el resto se distribuyeron en una proporción muy semejante entre hombres (27 por ciento) y mujeres (23 por ciento). Ahora bien, si consideramos que en dicha legislatura las mujeres representaban menos del 15 por ciento del total, la tasa promedio por cada mujer parlamentaria era de 0,28 por sólo 0,05 para el caso de los hombres, lo que representa un claro contraste en cuanto a qué colectivo promovió con mayor intensidad los temas de género en la agenda parlamentaria.

73 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

Un análisis más exhaustivo fue realizado en relación con la actuación parlamentaria de los legisladores y las legisladoras de la XLV legislatura (Johnson, 2006). El resultado fue que las mujeres eran más activas que sus colegas masculinos en todos los ítems estudiados: exposiciones verbales, exposiciones escritas, pedido de informes y proyectos de ley. En cuanto a la distribución temática de los actos realizados por las legisladoras, el estudio revela que se centraron especialmente en los temas de reproducción (42,8 por ciento de su actividad), por usar el mismo criterio que empleamos al estudiar la representación en Comisiones, y en menor medida en los temas de producción (26,1 por ciento) y de preservación del sistema. Del mismo modo, los datos empíricos refuerzan la tesis de que las mujeres legisladoras tienen una mayor tendencia que sus colegas varones a presentar iniciativas con contenido de género: promovieron el 53,6 por ciento de las exposiciones verbales sobre esta temática por el 39,3 por ciento de los legisladores masculinos y 7,1 por ciento conjunto; fueron responsables de 22,7 por ciento de los proyectos de ley presentados con orienG RÁFICO

3

Iniciativas y proyectos con orientación de género en Uruguay, febrero 2005-marzo 2008 Iniciativas de género (valores absolutos)

Total iniciativa presentadas

Iniciativas de género presentadas

Total iniciativas convertidas en ley

Iniciativas de género convertidas en ley

Fuente: http://www.parlamento.gub.uy/externos/parlamenta/genero2.html

74 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

tación de género por el 18,2 por ciento de los legisladores varones y 59,1 de proyectos presentados conjuntamente por hombres y mujeres; únicamente en las exposiciones escritas los legisladores superaron notoriamente (64,7 por ciento) a las legisladoras (35,3 por ciento). Para ponderar correctamente estos datos hay que considerar que en dicha legislatura sólo 11,5 por ciento de los/las representantes eran mujeres, lo que supone tasas promedio por cada mujer parlamentaria de iniciativas de género notablemente superiores a las de sus colegas varones.

El mismo estudio, examinando los datos relativos a las iniciativas de género presentadas pero desagregadas por formaciones políticas, confirma las conclusiones de investigaciones previas respecto a la influencia de las variables “conciencia feminista” y “partido político” en el trabajo legislativo. En Uruguay las mayores tasas de actividad feminista se concentraron en las legisladoras del Frente Amplio (6,8 iniciativas cada una de promedio), que duplicaron los registros de las mujeres del Partido Nacional (3,3) y del Partido Colorado (3,7). No obstante, la variable decisiva fue la previa “militancia feminista” o la “conciencia de género” de las legisladoras frentistas, cuya trayectoria como activistas antes de ejercer su rol como representantes tuvo una incidencia más pronunciada que el propio signo político partidario.

5. Conclusiones En este estudio nos habíamos propuesto analizar un caso de representación permanente en los órganos legislativos latinoamericanos de un grupo con una característica cultural y social determinada y sometido históricamente a discriminación, las mujeres. Hemos descrito el largo y difícil proceso que ha conducido a la adopción de leyes de cuotas en dos casos, Argentina y México, y los problemas para que se produzca un desarrollo similar en países con una más larga tradición democrática, como Uruguay o Chile. La investigación nos ha deparado algunas conclusiones preliminares acerca de dos órdenes de cuestiones.

En primer lugar, aun cuando hemos comprobado empíricamente la incidencia positiva de la legislación de cuotas sobre el incremento de la presencia de las mujeres en la arena parlamentaria, también hemos corroborado que esta influencia no es directa sino que depende de otras variables intervinientes como 75 La doble brecha de género Ma. Antonia Martínez / Antonio Garrido

el tipo de sistema electoral del país, la inclusión de determinados mandatos de posición o mandatos de orden que especifiquen el lugar que las mujeres han de ocupar obligatoriamente en las listas electorales, y el recurso de las feministas a los tribunales para que apliquen estrictamente la legislación vigente dado que el cumplimiento voluntario de la normativa por parte de los partidos no es un mecanismo adecuado para la efectiva puesta en práctica de lo establecido por estas leyes de cuotas.

En segundo lugar, hemos iniciado el análisis del impacto de la mayor presencia femenina en las asambleas parlamentarias, un estudio que necesita una investigación más pormenorizada y sistemática, a la vez que comparada. En este ámbito nuestras conclusiones son aún tentativas y parciales pero apuntan a una mayor presencia de las mujeres en los puestos de decisión legislativos y al creciente interés por incluir en la agenda política los temas de género, así como al efecto difusión de esta normativa no sólo a nivel internacional sino también subnacional –un ámbito de estudio donde las investigaciones también podrían desarrollarse en el futuro, especialmente en México y Argentina (Alles, 2009; Archenti y Tula, 2009)– y al incremento sostenido de los presupuestos con orientación de género en estos países, una tendencia paralela al mayor número de políticas de género.

Por último, se pusieron de relieve las diferencias en el impulso de iniciativas y proyectos de ley sobre temas de género entre legisladores y legisladoras, una discusión que merece ser extendida a nuevos casos que corroboren si la inclusión de las mujeres en estos órganos representativos tiene un efectivo impacto político más allá de lo simbólico y más allá de la simple política del reconocimiento o política de la identidad (Phillips, 1995 y 1999) y si estamos avanzando, definitivamente, de la representación descriptiva a la representación sustantiva, de la política de la presencia a la política de la diferencia.

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ANÁLISIS

Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre

Revista Mexicana de Cultura Política NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

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Resumen El pensamiento liberal mexicano ha estado presente en el ideario y en la acción política de momentos clave de la historia de México. La justicia, la libertad y la soberanía son conceptos que dieron sentido a la acción política del movimiento de Independencia, de la Reforma y la Revolución. En la actualidad, los partidos políticos, como agrupaciones sociales que convocan y organizan una parte sustantiva de la acción política de la población tienen la tarea pendiente de actualizar y definir los valores liberales, de los que todos dicen ser herederos, a partir de la relación sociedad-Estado y de momentos históricos específicos, en vista de que son ésos los elementos que pueden otorgar significado real al ideario y los valores en las sociedad contemporánea y darle por tanto singularidad a una propuesta política partidista como la que plantea Nueva Alianza.

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Introducción

M

omentos fundamentales de nuestra historia han estado marcados por las tesis liberales, especialmente en lo que se refiere a valores que han permanecido a lo largo de los años. Aunque es riesgoso disociar los aspectos económico y político del liberalismo, para efectos del análisis que las ideas liberales tienen en la construcción actual de la vida democrática mexicana, podemos identificar hitos del pensamiento liberal que corresponden a contextos históricos específicos que marcaron de manera definitiva el rumbo del país: las ideas de libertad y soberanía que promovieron el movimiento de Independencia y la Reforma liberal juarista; los derechos civiles y políticos que defendió la Revolución Mexicana –que abren la puerta a la democracia como se le define en los Estados nacionales contemporáneos– y otros valores como libertad de expresión, derechos humanos o igualdad democrática.

Durante la Reforma, la amenaza a la soberanía se hizo presente. Los conservadores menospreciaban la capacidad de los políticos locales para sacar adelante al país y trajeron de vuelta el fantasma del invasor, del poder extranjero. La guerra de Reforma entrañó importantes cambios jurídicos que apuntaban a la conformación de un Estado fuerte, sólido, donde las ideas de justicia, igualdad y ciudadanía estuvieran garantizadas en un marco legal. La comprensión de esta propuesta vino después, pues el apoyo popular del momento descansó especialmente en la amenaza de la vuelta al pasado, con la pérdida de la independencia ganada y con ello, de la libertad.

Después de restaurada la República vino la etapa del desarrollo, en la que nuevamente las libertades se perdieron merced al ejercicio del poder. En la etapa previa al inicio de la lucha armada, el liberalismo tuvo en Ricardo Flores Magón y en el periódico Regeneración una muestra extraordinaria de la defensa de los derechos civiles con el arma de la palabra escrita.

La fuerza de la defensa de los derechos y las libertades en nuestro país encuentra base en la historia, pero no impide la llegada de épocas de aletargamiento o de circunstancias que van modificando de tal modo la concepción y la percepción del ejercicio de los derechos, que pueden llegar a ser irreconocibles.

83 Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre

Las grandes transformaciones que ha experimentado nuestro país en cuanto los derechos que anunció el liberalismo desde hace más de 200 años obligan a un examen. Los partidos políticos enarbolan muchas de las ideas que desde los campos de batalla, las tribunas de los Congresos o los periódicos liberales se propagan y promueven en nuestro país por más de dos centenarios, sin que hoy podamos decir que son iguales. Los partidos mismos han abandonado quizá la tarea de definir cuáles son las particularidades de los idearios que ofrecen a sus militantes y a la ciudadanía que intentan representar.

En el escenario multipartidista que vive México, el Partido Nueva Alianza se distingue por ser el primer partido que nace después de la reforma de 2003, perfilada para enfrentar la crisis fiscal de 2002 y por ser heredero del trabajo de grupos ciudadanos de análisis sobre la situación política del país. Dichos grupos hicieron énfasis especial en recuperar importantes valores de la tradición liberal mexicana como la justicia y la democracia, para lo cual era importante redefinir la relación de la ciudadanía con el Estado y con los partidos políticos.

Las estrategias para enfrentar la crisis fiscal son de la mayor relevancia política porque no son sólo la expresión del modelo económico que se adopta sino que manifiestan el lugar que ocupan las condiciones de vida de la población dentro de la concepción de un modelo de desarrollo. Tal modelo impone, irremediablemente, las condiciones en las que se ejercen libertades y derechos.

Libertad y soberanía Tres siglos de vida colonial, de condiciones muy duras para los indígenas y en general para la gente del pueblo, explican por qué el liberalismo tuvo el apoyo de las masas. Cuando en el horizonte del pueblo mexicano se colocó la posibilidad de una vida donde el ejercicio de derechos y libertades desconocidos hasta ese momento era posible, el proceso de adoctrinamiento parecía innecesario. Las ideas liberales podían proclamarse de la manera más sencilla, porque la mayoría de la población, la que no estaba cerca de la esfera de poder, lo que anhelaba fervientemente era la libertad. Si alcanzarla significaba que tenía que quitarse el

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yugo español, así se haría. Y se hizo. El precio era alto y el pueblo mexicano eligió pagarlo. Fue necesario, claro, que la posibilidad se expresara de manera clara en voz alta.

Jesús Reyes Heroles propuso que “uno de los méritos de los liberales mexicanos fue hacer coincidir la persecución de sus fines con necesidades concretas de amplios grupos de población” (1985). Este fenómeno se observa con nitidez en el alzamiento popular por la Independencia. La opresión que vivía la población indígena era asfixiante, de tal modo que la disposición a hacer frente al gobierno virreinal fue tan determinante como las ideas de la Ilustración que adquirían forma en la revuelta a que convocaban los insurgentes, en una de las más tempranas manifestaciones liberales de la historia mexicana.

Los dos aspectos fundamentales que Reyes Heroles distingue en el liberalismo, el económico-social y el político-jurídico, quedan resumidos en las acciones que tomó Hidalgo en diciembre de 1810: el día cinco decreta el reparto de tierras a los pueblos indígenas y al día siguiente declara abolida la esclavitud y las gabelas. La distinción temática, útil para fines de comprensión, se ve en esta realidad como un todo, ámbitos vinculados estrechamente como han estado siempre a lo largo de nuestro desarrollo histórico.

Varios autores han establecido la diferencia importante que existe entre el liberalismo europeo y el mexicano. Mientras el primero se edifica en construcciones racionales animadas por intereses económicos, el segundo va adquiriendo forma al calor de la acción política, a raíz de lo cual obtuvo en distintos momentos el arropamiento de las masas. En Utopías mexicanas, Gastón García Cantú (1978) recoge la respuesta de Miguel Hidalgo al edicto de la Inquisición que lo señaló como “apóstata de la religión”, por lo cual la iglesia consideraba que la declaración de guerra que se hacía contra Fernando VII iba igualmente dirigida contra ella: Unámonos todos los que hemos nacido en este dichoso suelo; veamos desde hoy, enemigos y extranjeros, enemigos de nuestras prerrogativas, a todos los que no sean americanos. Establezcamos un Congreso que se componga de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que dicte las leyes benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo: ellos 85 Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre

entonces nos gobernarán con la dulzura de padres, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero; fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso libre de las riquísimas producciones de nuestros feraces países, y a la vuelta de pocos años disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que el Soberano Autor de la naturaleza ha derramado sobre este vasto continente.

Hidalgo daba así carta de naturalización al liberalismo, con la introducción de dos elementos ajenos a la tradición europea: el religioso y un nacionalismo gestado a la sombra de una invasión extranjera. Con el primero justificaba como derecho divino la libertad de gozar de las riquezas naturales que ofrecía lo que hasta entonces era llamado Nueva España. Un movimiento de insurrección auspiciado por los criollos en defensa de sus propios intereses que no se veían satisfechos por los peninsulares se ha dado como interpretación políticamente válida del movimiento insurgente, pero el componente de masas no podía ignorar que éstas necesitaban una esperanza para hacerla propia, una ambición lo suficientemente sólida para unirse a los objetivos económicos y políticos de los criollos. Una de tales esperanzas era sin duda poder salir de las condiciones miserables en que vivían los indígenas con el reparto de tierras necesario y justo, pero también la posibilidad de ejercer nuevas libertades; ejercicio amenazado y reprimido no sólo por una autoridad aplastante sino una autoridad extranjera, segundo elemento que daba más fuerza a un llamado hacia las libertades individuales y que debía pasar por la libertad política que era preciso disputarle a un poder foráneo. De allí la significación y el simbolismo de nombrar “Palacio Nacional” al edificio que ocupó Miguel Hidalgo en Guadalajara, nombre que no alcanzaba a abandonar la tradición monárquica que formaba parte de la interiorización del poder como hasta entonces se le había conocido, por lo que conjugaba el vocablo palacio con una idea de ejercicio de gobierno propio, es decir, ajeno a los dictados de una autoridad vista como extraña y exhibida como invasora.

La defensa de una nación libre estuvo más nítidamente perfilada por Morelos, quien casi apenas iniciado el movimiento revolucionario de Independencia señaló en el decreto de Aguacatillo, en noviembre de 1810, la creación de un nuevo gobierno en el que a excepción de los europeos “avisamos, no se nombrarán en 86 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

calidades de indios, mulatos ni castas, sino todos generalmente americanos” (Morelos, 1810 citado en Timmons, 1996). Se anunciaba así una nación libre que no hacía distinciones de raza.

Esta misma conjugación de la necesidad de una nación libre como premisa para ejercer las libertades civiles está presente en las precisiones políticas que hizo Morelos en el Congreso de Chilpancingo (Teja, 1935, citado en Silva Herzog, 1967): Quiero que hagamos la declaración de que no haya otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos; que no haya privilegios ni abolengos, que no es racional, ni humano, ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado; que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario; que se declare que lo nuestro ya es y para nuestros hijos, que tengan una fe, una causa y una bandera, bajo la cual todos juremos morir, antes que verla oprimida, como lo está ahora y que cuando ya sea libre, estemos listos para defenderla.

La guerra de Independencia mexicana fue la más larga de América Latina, once años de una insurrección sostenida explican suficientemente que hubiera momentos en que el ánimo insurgente decayera, especialmente después de la muerte de Morelos en 1915. Y aunque la sobrevivencia de la guerra independentista se ha explicado desde el punto de vista de los líderes, es preciso buscar los motivos del sostenimiento de una lucha que no ponía a esos líderes a la vista y en contacto con toda la resistencia. El haber vislumbrado un mundo donde era posible el ejercicio de derechos civiles y políticos se hizo presente en las masas que apoyaban el movimiento y ése era un resorte lo suficientemente poderoso para catapultar la lucha armada cuando ya se creía muerta.

En esos ideales liberales es posible encontrar la respuesta a la resistencia que mantuvo con vida Vicente Guerrero en las montañas del sur y Serafín Olarte en Veracruz. El acta de defunción de la guerra de Independencia no pudo ser extendida gracias a la resistencia militar de estos dos hombres, cuando el movimiento parecía extinguirse. La gesta de Vicente Guerrero es muy conocida, no 87 Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre

así la de Serafín Olarte, indígena originario de Coyuxquihui, Papantla en el estado de Veracruz, quien mantuvo un foco guerrillero desde 1813 hasta 1921 y resistió ocho ataques realistas. A lo largo de esos años Olarte tuvo el apoyo popular: en 1919 intentó tomar Papantla sin lograrlo. El ejército realista se volcó contra los habitantes que habían dado su apoyo a Olarte y quemó medio pueblo como castigo por respaldar al indígena insurgente. La convicción independentista de Olarte no decayó. Fue apresado en 1921, el mismo año en que fueron firmados los Tratados de Córdoba que dieron por finalizada la guerra. Olarte no pudo ser testigo del triunfo del movimiento por el cual luchó, pero es digno de análisis el sostenimiento no sólo militar sino el de un ideal que prometía una vida distinta para los indígenas, merced al ejercicio de libertades no conocidas hasta entonces y de la pertenencia a una nación independiente del poder invasor al que se atribuían las condiciones particularmente difíciles de los indígenas. Episodios como éste son los que muestran las “fibras populares” que, según Reyes Heroles (1985) tocaba el liberalismo mexicano.

Durante esa época hay un continuo ir y venir entre la acción política y las teorías que le daban respaldo. En el caso de Fray Servando Teresa de Mier es válido suponer que además de su sólida formación teórica, su adhesión a la causa de la Independencia también se cultivó en las celdas en las que fue confinado por el Santo Oficio, en las que purgó condenas acusado de blasfemia, despojado de sus libros, sus escritos y hasta de su grado de doctor y que ello, combinado con sus reflexiones sobre la situación del país, le hayan llevado a participar activamente en la política como diputado del segundo Congreso Constituyente, el lugar con la mejor caja de resonancia para sus propuestas liberales, con las que defendió fervientemente la libertad. Las trayectorias personales de los líderes liberales son una interesante veta de estudio que revela muchos aspectos de la actuación política de estos personajes.

En Teresa de Mier vuelve a aparecer el componente extranjero como una amenaza a la libertad nacional recién adquirida y no por cuenta de España, de cuyo yugo México acababa de liberarse, sino de los Estados Unidos. Señala Jesús Silva Herzog (1967, p. 59) que “fray Servando fue el primer mexicano que observó el peligro que para nuestro país representaba la vecindad con los Estados Unidos”.

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Más tarde, con la reforma liberal impulsada por Juárez que entrañaba concepciones más complejas del Estado y del ejercicio del poder en una nación soberana -quizá por ello menos al alcance de la población en general- se observa un viraje en la respuesta popular. La implicación de igualdad jurídica para todos los ciudadanos con la promulgación de la Ley de Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios, no era del dominio público, como tampoco lo era la comprensión del fortalecimiento del Estado con la secularización de la sociedad mediante la nacionalización de los bienes del clero y la separación de la iglesia y el Estado.

Las masas se desdibujan en la disputa entre liberales y conservadores que culminó en una guerra durante la Reforma Liberal. Estos enfoques antagónicos sobre la conducción del país se dirimieron militarmente. Sin embargo, la soberanía fue de manera constante un elemento aglutinador del apoyo popular. La convicción liberal de que México podía darse a sí mismo un gobierno frente al empecinamiento conservador de poner en manos extranjeras la conducción del país sirvió para fortalecer el anhelo de independencia y el apoyo a esta causa.

Reyes Heroles (1985, p. 134) identifica que en un rejuego entre bases teóricas y acciones tanto liberales como antiliberales, el liberalismo pudo acceder a compartir el poder con el conservadurismo y llevar sus ideas a los congresos y a la confección del marco jurídico fundamental sobre el que se construyó nuestro país como nación. Señala así un segundo gran momento del liberalismo que ya no es sólo acción, ni exclusivamente un “sentir” sino que se comienza a tejer un cuerpo teórico, si bien determinado por el rumbo un tanto errático de una nación que intenta encontrarse a sí misma: Se trata de las luchas, los triunfos y las derrotas que mantienen al país fluctuante por un largo periodo entre dos órdenes: el colonial que no se liquida con la Independencia y el que podríamos llamar secularizante, moderno, laico, democrático, liberal, que no nace con ella. Por supuesto que las ideas que por convicción u obedeciendo a intereses de grupos, sectores o clases se manejan, son las que dan la clave de este periodo. Sólo una consideración superficial puede caracterizar esta época como simple anarquía. Más superficiales son las explicaciones de ella, que se conforman con encontrar las causas de los trastornos en caudillos, aspirantismo, dominio 89 Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre

de los trepadores, para usar vocablos de frecuente empleo en ese entonces. Pobre de un pueblo que tuviera que explicar cincuenta años de su historia con la existencia de meras pasiones y ambiciones personales

Esta discusión que parece un tanto olvidada en nuestro país o por lo menos superada, tiene la mayor vigencia en la política. No sabemos hasta qué punto las decisiones políticas están vinculadas a un ideario y cuándo responde a la coyuntura, al momento, a la ocurrencia o, como anota Reyes Heroles, a las pasiones y las ambiciones personales.

La fuerte confrontación entre liberales y conservadores previa a la guerra de Reforma, se dio en no pocas ocasiones al calor de la disputa política. Pasajes en los que los ideales, los derechos y la corrección política pasan a segundo plano, porque antes y ahora ocurre un fenómeno bien señalado por José María Luis Mora desde 1827: “el peligro no está en el depositario del poder, sino en el poder mismo […] los pueblos de Hispanoamérica no han peleado precisamente por la independencia sino por la libertad, no por variar de señor sino por sacudir la servidumbre, y muy poco habrían adelantado con deshacerse de un extraño si habían de caer bajo el poder de un señor doméstico” (Mora citado en Krauze, 2000). Esto, es preciso reconocerlo, forma parte del debate político.

No es posible ignorar este ingrediente irracional, pero a todas luces humano, de la disputa: los políticos lo hacen con la mira puesta en el poder, mientras que el pueblo actúa en relación al empeño más cercano y reconocible.

Es importante identificar cómo las diferencias entre el racionalismo y el pragmatismo en el ideario liberal no se manifiesta sólo entre pensadores y políticos; existen también distintos niveles de representación de un mismo ideario.

Mientras para unos, sean políticos o pensadores, la lucha es por la independencia, para las capas mayoritarias es una lucha por la libertad. Esta diferencia, que puede adquirir un nivel de simbolismo o reducirse a una bandera política, no por afán de simplificarla sino por una facilidad de comprensión popular, se observó durante la Reforma liberal.

Las reformas impulsadas por la Ley Juárez que suprimían los fueros de la iglesia y los militares y la Ley Lerdo que afectaba los bienes, provocaron una agresiva reacción. Estos cambios fundamentales para cimentar un Estado fuerte 90 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

no podían ser fácilmente comprendidos por la población. Resultaba difícil concitar el apoyo popular ante medidas que afectaban a una institución cercana a los sentimientos religiosos populares.

Liberales de la época ofrecieron argumentos que se quedaron en el debate político pero no ganaron calle. Ponciano Arriaga (citado en Silva Herzog, 1967), auspiciador de la Constitución de 1857 formuló de esta manera su postura: “Si se quiere que la reforma de la sociedad preceda a la libertad religiosa, basta examinar lo que el exclusivismo católico ha producido en 300 años para perder toda esperanza. Ese exclusivismo produjo la miseria, la abyección y la esclavitud; fue un elemento de la dominación colonial y contrario tenazmente a la independencia”. El planteamiento en tribuna para conseguir los cambios legislativos era puntual: la afectación que se causaba a la iglesia católica no era un acto de agresión sino la construcción del derecho de elegir en materia religiosa. No había una traducción fácil para promover entre el pueblo estas medidas, como no fuera limitar la riqueza del clero.

Presentaba una dificultad similar la instauración del Registro Civil y la secularización de los cementerios; la iglesia había estado por siglos cerca de dos momentos fundamentales en la vida del pueblo: el nacimiento y la muerte. La propuesta de dar certeza jurídica a la población, la idea de no tener feligreses sino ciudadanos no resultaba una bandera popular sobre todo cuando era cuestionada agriamente desde los púlpitos. A diferencia de la percepción que provocaba enajenar los bienes del clero, eliminar las cuotas por los diferentes servicios eclesiásticos resultaba un beneficio inmediato que celebraba el pueblo.

La soberanía nacional percibida como un valor muy preciado volvió con fuerza durante la Reforma, tanto en el riesgo que suponía la inclinación conservadora a poner en manos extranjeras el gobierno, como en el hecho de que se culpó a la iglesia católica por haber perdido dos millones cien mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, al haberse negado a proporcionar apoyo económico al ejército.

En ese mismo tenor se ubica la postura de otro pensador liberal y colaborador cercano de Juárez, Melchor Ocampo, quien se opuso al Tratado de Paz, Amistad y Límites con los Estados Unidos por considerarlo abusivo. Sus razo91 Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre

nes tuvieron eco popular cuando proclamó que era preferible “morir que vivir esclavos del invasor”. Frases heroicas como esta, pronunciadas en el lugar y el momento adecuados, tienen un efecto multiplicador del apoyo popular. La defensa de la soberanía llegó a su punto culminante con el Segundo Imperio y la resistencia del gobierno itinerante de Juárez. La posibilidad de un gobierno de extranjeros se hizo realidad de nueva cuenta en el país, cuyo rechazo por parte de la población se tradujo en respaldo para Juárez y fortaleció, como valor, la libertad.

Justicia y democracia Como ha sucedido en distintos episodios de la historia universal, los gobiernos autoritarios terminan por despertar enérgicas formas de rebeldía. La entronización de Porfirio Díaz en el poder hizo aflorar también severas críticas a su régimen. Folletos, libros y un sector importante de la prensa crítica recogieron el pensamiento liberal de la etapa previa a la Revolución. Luis Cabrera, Emilio Vázquez Gómez, Filomeno Mata y José Vasconcelos externaron sus críticas a la administración porfirista. El régimen desató una furiosa persecución contra quienes eran considerados sus enemigos, lo cual no impidió que las críticas arreciaran.

Nuevamente, la situación que “tocaba las fibras” se hacía presente con los problemas agrarios, pues constituyó uno de los principales reclamos; las políticas de despojo, la grave pobreza de los jornaleros y los peones acasillados, y los abusos que se cometían en las tiendas de raya favorecieron primero la inconformidad y después la participación para lograr un cambio de gobierno.

Libros y periódicos no eran productos de amplio consumo popular pero eran, sin duda, excelentes medios de difusión para la época. El periódico Regeneración se manifestó por primera vez en 1903 en contra de la reelección. Esta consigna, recogida años después en el libro de Francisco I. Madero La sucesión presidencial en 1910 fue la tesis que animó a la postre el movimiento maderista.

El porfirismo dio vida a una variada prensa de oposición. El número de periódicos alcanza varias decenas, entre ellos los muy conocidos El Diario del 92 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

Hogar, El Ahuizote, El Hijo del Ahuizote, El Demócrata, El Antireeleccionista y El Independiente. Hubo otros, muchos, cuyos nombres no vienen fácil a la memoria como El Chinaco, El Paladín y El Colmillo Público. Los clubes antireeleccionistas tuvieron en la prensa opositora a una aliada sin par. El caso de Regeneración es emblemático no sólo de la lucha magonista sino de una convicción sólida de la importancia de la prensa para lograr un cambio social. La represión porfirista fue tan férrea como la persistencia de los hermanos Flores Magón, Praxedis Guerrero, Juan Sarabia y Librado Rivera por sostener con vida a Regeneración. La persecución al periódico es símbolo de la acometida contra las libertades en su conjunto y no sólo contra la libertad de expresión y el periódico. También anticipa funciones que hoy se esperan de la prensa y de los medios informativos en general.

Varios de los liberaMexicana se agruparon Liberal, hecho que conberales con una lucha apuntaba a la disputa un partido político. En reció el primer número neración, ligado estredel magonismo y del represión del régimen posturas de Flores so que opera de forma dad en su conjunto.

les de la Revolución alrededor del Partido jugaba ya las tesis lipolítica franca que por el poder desde agosto de 1900 apadel periódico Regechamente a la lucha Partido Liberal. La fue radicalizando las Magón, en un procesimilar para la socie-

En sus primeros escritos Flores Magón denunciaba la injusticia y la corrupción administrativa del régimen. De hecho, el lema inicial de Regeneración fue “Contra la mala administración de la justicia”. Poco más tarde, en el número 20 publicado cuatro meses después de la fundación, el subtítulo era “Periódico independiente de combate”. La persecución de que fue objeto Flores Magón y las cuatro ocasiones en que fue encarcelado injustamente fueron modificando su postura, hasta que en 1903 se pronuncia contra la reelección presidencial, para más tarde hacerlo abiertamente por la insurrección.

93 Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre

Roger Bartra afirma atinadamente que Regeneración no fue el periódico del que se sirvió el magonismo, sino que fue el magonismo mismo, porque la lucha de Ricargo Flores Magón y del Partido Liberal tenía como sostén la propaganda y la educación cívica. Actualmente se le menciona poco, pero el planteamiento fundamental que hoy le da signo a la vida política no sólo de México sino del mundo fue profusamente puesto en práctica hace más de cien años por el magonismo: la propaganda. Por ello, los miembros del Partido Liberal desplegaron un gran activismo para impartir conferencias, organizar reuniones, organizar clubes y darle, entre todas esas actividades, un lugar privilegiado a la prensa liberal.

El distanciamiento político e ideológico que marcó el magonismo respecto a los caudillos de la Revolución lo mantuvo también al margen de la participación en el poder una vez que concluyó la fase armada. Este mismo hecho fue el que mantuvo la mirada crítica de Regeneración hacia el ejercicio del poder. Las páginas de Regeneración no sólo denunciaron los abusos de Porfirio Díaz y promovieron su caída del poder, también fueron blanco de sus análisis ácidos Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza y Francisco Villa.

Esta negativa a la complacencia con el poder fue la que llevó una vez más a Ricardo Flores Magón a la cárcel y posteriormente a la muerte en 1922. La postura crítica fue una consecuencia del apoyo permanente a las causas populares, las cuales no vio plenamente colmadas Flores Magón al término de la etapa armada. Este hecho lo podemos ver hoy como el anuncio anticipado de lo que se le pide a los medios: ser el fiel de la balanza en la ponderación del ejercicio del poder.

Uno de los escritos tempranos de Regeneración –enero de 1901– ensalza la figura de Benito Juárez, denosta a Porfirio Díaz y aboga por los derechos civiles (Bartra, 1977, p. 82): Volvimos a aspirar un soplo de libertad, bajo el gobierno del Benemérito de las Américas pero murió el coloso, el que encarnaba las aspiraciones nacionales, porque él había sostenido nuestra bandera en la época de prueba (…) Triunfó Tuxtepec; su programa de regeneración política lo acreditó y le abrió los brazos de todos los mexicanos. No reelección, moralidad admi94 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

nistrativa, sufragio libre, libertad de prensa, supresión de las alcabalas, supresión del timbre, etcétera, etcétera, formaban ese halagador programa.(…)

Veinticuatro años llevamos de esperar a que se cumpla el programa y en balde hemos esperado. Las cosas siguen como antes, con el agravante de haber perdido la libertad de sufragio, la libertad de prensa, la libre manifestación de ideas, en lo que se refiere a asuntos políticos, y de haberse reformado la Constitución en el sentido de que haya reelección indefinida y de haber dado cabida, en un programa que se decía liberal y regenerador, a ese odioso espectro que se llama política de conciliación.

Armando Bartra (1977) reconoce en Regeneración al heredero de la tradición del periodismo político de la generación liberal de la Reforma y señala que el periodismo “y más particularmente el periodismo político, ha sido la principal y casi única expresión de un pensamiento teórico propiamente mexicano (…) los pensadores mexicanos difícilmente se han encontrado en condiciones de sentarse a preparar estratégicamente largos y sesudos trabajos; la brevedad y oportunidad del escrito periodístico de uso táctico se ha acomodado más a las posibilidades de una ‘cultura nacional’, en su más auténtico sentido”. Este mismo fenómeno lo podemos ver cien años después, cuando los medios son el foro de debate al que concurren políticos, académicos, analistas y simples opinadores.

Actualidad del liberalismo Valores como la responsabilidad, la transparencia, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el bienestar social, elecciones justas y limpias o la representación democrática, que son tenidos como buenos y necesarios pueden encontrar su antecedente en las ideas que los pensadores mexicanos externaron en alguno de los momentos clave que se señalan.

Los partidos políticos son los instrumentos sociales por excelencia para la representación democrática y sus valores, además de ser los depositarios del deber de llevar a los órganos deliberativos o ejecutivos los compromisos y responsabilidades que adquirieron con sus seguidores. La oferta que los partidos ofrecen a sus militantes y simpatizantes, expresada en sus plataformas, tiene variaciones, sin duda; a pesar de ello, los valores fundamentales asociados con la vida democrática los suscriben prácticamente todos.

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¿Cómo se racionaliza la herencia liberal en la actualidad? ¿Tiene manifestaciones concretas la diversidad doctrinal del liberalismo hoy en día? Es posible que el pragmatismo político y partidista haya colocado en un lugar marginal algunos de los valores del liberalismo: otros en cambio continúan con plena vigencia.

En la reforma política que ha sido motivo de una acalorada discusión tanto en los foros públicos como institucionales, la definición teórica de la forma en que los cambios político electorales repercuten en la concepción de Estado, irremediablemente ha cedido terreno al cálculo de poder.

La inmediatez de la lucha política o la militancia en torno a ciertos derechos desplazó por mucho tiempo un análisis integral del liberalismo mexicano, su desarrollo y la forma en que se manifestaba en el México contemporáneo, en el contexto de la participación política ciudadana o partidista.

Se asumía como políticamente correcto defender algunos principios generales como el de la democracia, la justicia o la libertad de expresión, tan generales que no parecía haber distinción entre las distintas siglas partidistas. Centros de reflexión como el Grupo San Ángel, que no encontraban espacio propicio para su contribución en los partidos políticos desplegaron un trabajo de participación ciudadana muy relevante por el pluralismo y apertura que les caracterizó. Este tipo de experiencias fueron las que precedieron a la creación de un nuevo partido que ofrece no sólo un nuevo espacio de participación sino, de manera fundamental, una propuesta del nuevo liberalismo mexicano que concibe el ejercicio de derechos y libertades, como los que aquí se han analizado, a partir de una nueva relación entre sociedad y Estado determinada por el contexto socio-político nacional e internacional.

La actualidad de los valores liberales no está en los valores mismos, cuyo enunciado no se ha modificado sustancialmente, sino en la naturaleza de la relación entre la sociedad y el Estado que les da corporeidad. Los elementos de dicha relación son el nivel de participación de la sociedad y la responsabilidad del Estado frente a las viejas y nuevas problemáticas sociales. Por su naturaleza, los partidos políticos forman parte de ambos elementos y por tanto están involucrados en la definición de las demandas sociales que deben ser atendidas,

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en el tipo de gestión pública que se considera satisfactorio a tales demandas y el marco legal que regula la actuación de sociedad, Estado y partidos.

Nueva Alianza se suma al mapa político mexicano dentro de la competencia partidista con la reivindicación de los ideales liberales. Plantea espacios nuevos de participación para la ciudadanía y para una militancia que tiene historia en la lucha social y es, especialmente, un partido que está abierto a considerar el contexto en el que se produce la relación sociedad-Estado porque nació justamente a partir de una revisión de la naturaleza de dicha relación.

Volver sobre los ideales liberales tiene más sentido que nunca porque es revisar la pertinencia de la vinculación entre la realidad y su construcción racional, por lo que se refiere al edificio democrático. “El racionalismo político no acepta la realidad tal y como es: si acaso la construye deductivamente. Y con el tiempo –primero con las utopías, y posteriormente, de la Ilustración en adelante– imagina una sociedad ‘ideal’, o en todo caso guiada por ideales. Y es el racionalismo el que establece que sin ideales no puede haber democracia” afirma Giovanni Sartori que (2009, p. 24) en una reflexión que recuerda a la de Reyes Heroles en el sentido de que la evolución de una sociedad no está compuesta sólo del encadenamiento de hechos asociados a la acción política, sino que, como ocurrió con el liberalismo mexicano, fue definida en torno a ciertos principios.

La defensa por los derechos y las libertades tiene distintos énfasis, sentidos o interpretaciones según el momento histórico. Los ideales para la construcción de la democracia se construyen en torno a los reclamos sociales de mayor significado. En la sociedad mexicana actual, el valor de la libertad no existe genéricamente sino que cobra sentido cuando se le asocia con derechos como el de la educación o la conservación de la riqueza de nuestro territorio. En el mundo globalizado que habitamos actualmente el significado de la soberanía no es territorial, hoy es más importante, por ejemplo, la soberanía energética y la posibilidad de contar a mediano plazo con energía renovable porque de ello depende nuestro futuro.

Tan importante es defender derechos civiles alcanzados en el pasado como identificar los ámbitos en los que se expresan hoy en día los valores de nuestra 97 Actualidad del liberalismo: apuntes para una reflexión Gabriel Quadri de la Torre

tradición liberal. Es difícil hablar de justicia si no se plantea como premisa el desarrollo sustentable, no sólo como discurso sino como acción política, para hacer tangible y notorio el cuidado ambiental. No podemos negar que la vulnerabilidad de la biodiversidad nos impacta como nación, pero algunas de sus repercusiones afectan en primera instancia a determinados grupos de población, generalmente los que menos recursos tienen para hacerles frente.

Poner al día los valores del liberalismo no puede ser un ejercicio conceptual reduccionista sino percibir cómo nuevas necesidades, producto de la sociedad moderna en que vivimos, se asocian al ejercicio de derechos ciudadanos que deben salvaguardarse. La acción y la reflexión política deben enfocar su atención en ello.

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ANÁLISIS

Expropiación petrolera en México: un episodio de comunicación política Miguel Ángel Sánchez de Armas

Revista Mexicana de Cultura Política NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

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Resumen La expropiación de la industria petrolera que realizó el presidente Lázaro Cárdenas en marzo de 1938 tuvo repercusiones de diversa naturaleza en el desarrollo de la vida nacional mexicana. La expropiación dio corporeidad a postulados revolucionarios adicionados de una importante carga ideológica con la que se revitalizaron procesos de identidad nacional y se promovió la adhesión popular en torno a la figura de Lázaro Cárdenas. La guerra de propaganda que desató la decisión de expropiar es, quizá, una de las aristas menos estudiadas de este episodio de la historia de México que ofrece, con la perspectiva que da el tiempo, importantes lecciones en este enfrentamiento desigual –en recursos financieros, conocimiento del campo propagandístico y aliados políticos en el escenario internacional– entre las acciones de comunicación emprendidas por el gobierno mexicano y las que promovieron las empresas petroleras de Estados Unidos con el apoyo de su gobierno. El presente trabajo analiza las características de estas campañas y el contexto que definió el éxito de la acción gubernamental mexicana.

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a expropiación de la industria petrolera extranjera en marzo de 1938 fue un momento clave en la vida de la nación posrevolucionaria. Por su carga simbólica propició la cohesión ideológica en el proceso de formación de una nueva identidad nacional anclada en los postulados de la Revolución y la Constitución de 1917. En el orden político, fortaleció al régimen y potenció a la corriente denominada “cardenismo” como una renovación ideológica y programática de los principios revolucionarios que fue la vuelta de tuerca de un proyecto de independencia basado en el control de las riquezas nacionales. En lo económico, proveyó una fuente de ingresos que habría de ser esencial para el desarrollo futuro del país y su inserción en la modernidad del siglo XX. En otro sentido, la expropiación desató una crisis que por momentos puso a México y a los Estados Unidos al borde de un conflicto armado. Las repercusiones de la medida configuraron uno de los episodios de mayor tensión en una relación históricamente difícil y se tradujo en uno de los momentos más dramáticos de la historia latinoamericana además de tener implicaciones mayúsculas tanto para la industria petrolera internacional como para la Revolución Mexicana.

El decreto expropiatorio lanzó ondas expansivas a los mercados financieros y prendió focos rojos en las cancillerías de un mundo que se aprestaba a una guerra mundial. Como consecuencia, y en paralelo al conflicto económico y 1 político derivado de la expropiación, se desató una intensa guerra de propaganda, quizá la faceta menos estudiada de aquel episodio. Las empresas petroleras –aliadas con sectores poderosos de la economía y la política tanto en México como en sus países de origen– buscaban debilitar y derrocar al gobierno del general Cárdenas y sustituirlo con un régimen favorable a sus intereses. El cardenismo montó su defensa en el ensanchamiento del apoyo político interno al

1 El señalamiento de Lorenzo Meyer es pertinente para los efectos de este trabajo: “La definición clásica de guerra implica la hostilidad armada entre dos o más unidades políticas que, generalmente, son Estados; sin embargo, el concepto también se puede extender y aplicarse a una situación de hostilidad, conflicto, oposición o antagonismo entre fuerzas físicas, mentales o sociales”.

Meyer, Lorenzo (2010, 11 de febrero). “México y sus guerras”. Reforma, p. 13.

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régimen mediante acciones de propaganda que fortalecieran la idea de combatir al imperialismo norteamericano para salvaguardar los recursos nacionales.

En el presente trabajo se examinan cuatro facetas de la campaña de propaganda antimexicana desatada a raíz de la expropiación: los corridos, el carácter ideológico de la propaganda, la guerra que se libró en la prensa y la política interior y exterior.

1. Los corridos del petróleo Mediante hábiles acciones de propaganda que operaron sobre el extendido antiyanquismo de la idiosincrasia mexicana, el cardenismo pudo insertar en el imaginario colectivo la idea de que las dificultades del año 1938 eran consecuencia de una venganza de los gringos por la expropiación y no producto de políticas económicas equivocadas o de la lucha de facciones desatada por la proximidad de la sucesión presidencial. El resultado fue el fortalecimiento y no la deslegitimación del gobierno entre los sectores populares, gran parte de la clase media y una fracción de la inteligencia, principalmente de la izquierda.

La expropiación rápidamente se hizo tema de corridos, la expresión musical, generalmente anónima, que a la manera de los juglares difunde entre el pueblo hazañas y sucesos relevantes, y que de acuerdo a Merle Simmons (1953), es el mejor instrumento para conocer y entender el sentir colectivo del pueblo mexicano.

Año de mil novecientos / del treinta y ocho a contar / sucedió lo que enseguida / yo les vengo a relatar. / El día dieciocho de marzo, / fecha de gran sensación / nacionalizó el petróleo / el jefe de la Nación.

Este género de expresión popular históricamente incorpora el sentimiento antiyanqui en muchos momentos de nuestra historia. Una perspicaz interpretación es de Lewis Gannett, quien al reseñar The Wind that Swept Mexico de Anita Brenner, escribió: “Sea que la revolución avance o retroceda […] la mayoría de los mexicanos se han acostumbrado a que Estados Unidos esté en contra. […] Están seguros de que la revolución avanzará, pero que sea suavemente o con la fuerza de un huracán, dependerá en gran medida de la actitud de los Estados Unidos. El pueblo mexicano identifica instintivamente a la contrarre102 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

volución con la influencia norteamericana” (Glusker, 1988). Yerguin (1991) consigna que un diplomático inglés involucrado en el enfrentamiento de las petroleras con el gobierno de México, explicó a su gobierno en una nota que “el único tema en que los mexicanos de todas las clases están totalmente de acuerdo es en la convicción de que es un principio inalterable de la política estadounidense evitar el desarrollo económico y la consolidación política de su país”. El historiador norteamericano contemporáneo Richard Fagen (1979) propone que dada nuestra condición de país repetidamente humillado por los Estados Unidos y al mismo tiempo dependiente económicamente de este país, “México ha desarrollado una cultura política muy sazonada por el antiamericanismo… o por lo menos asentada en un gran escepticismo respecto a los motivos y acciones de los Estados Unidos”. En una carta fechada el 2 de julio de 1938 en Ciudad Victoria, Marte R. Gómez confiaba a Jaime Torres Bodet, a la sazón encargado de negocios de la Embajada de México en Francia: “Cuando la radio transmitía el mensaje presidencial y en las conciencias penetraba la idea de que algo grande acababa de ocurrir, un ranchero de Matamoros se volteó para decirme: Ya el Presidente se fajó los pantalones; dígale que no se los afloje y aquí nosotros o nos morimos a balas o nos morimos de hambre, pero no nos rajamos”.

Durante la guerra de 1847, el pueblo cantó con ánimo rebosante de odio hacia los norteamericanos: 103 Expropiación petrolera en México: un episodio de comunicación política Miguel Ángel Sánchez de Armas

Los yankees malvados / no cesan de hablar / que habrán de acabar / con esta nación.

Y durante la primera guerra mundial, un olvidado trovador entonó al son de la vihuela: Y por esos ambiciosos / nuestra Patria idolatrada / recordará el pueblo entero / que siempre ha sido ultrajado / no una sino varias veces / por esa gente ilustrada.

Inexactos como pudieran ser respecto al detalle histórico, los corridos sin duda reflejaban con un alto grado de certeza los temas y la inclinación del pensamiento popular, y recogían la verdad como el pueblo la percibía. Los cronistas musicales estaban cerca del pueblo y buscaban adecuar sus canciones al ánimo del auditorio al que iban dirigidas. Dice Simmons (1953): La mayoría de los compositores de corridos viajan de pueblo en pueblo cantando sus propias composiciones y las de otros en las plazas y en las cantinas. Las exigencias de su profesión les mantienen en estrecho contacto con las corrientes de opinión, lo que justifica nuestra creencia de que los corridos, cuando son adecuadamente interpretados, son importantes documentos sociales e históricos.

Mucho antes de la expropiación, los petroleros ya eran tema de corridos.

Entre 1923 y 1924 se registran varias composiciones que se refieren al intervencionismo norteamericano a favor de las empresas aceiteras y en contra del gobierno de Álvaro Obregón: Los petroleros han jurado / boycotear (sic) a este gobierno, / el gringo es muy desgraciado / y es nuestro enemigo eterno.

En los campos petroleros alrededor de Tampico, en los años veinte, los trabajadores cesados expresaban así su descontento: Los cesados en Tampico / y también los repatriados / quieren comer puros gringos / crudos y también asados.

El cardenismo hizo de la expropiación un potente y cuasi-religioso símbolo nacionalista que permeó el fervor popular. Identificó el acto expropiatorio con el rescate de la Patria, la operación de las instalaciones con la recuperación 104 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

del mando sobre la nación y el enfrentamiento a los poderosos barones del petróleo con la reafirmación de los valores nacionales: el triunfo del David católico sobre el Goliat protestante. El petróleo fue colocado en el altar patrio al lado de la Guadalupana. En su estrategia de comunicación y movilización de masas, el cardenismo también operó exitosamente en el frente religioso, terreno de la iglesia católica. Hubo una tregua en el enfrentamiento en torno a la “educación socialista”. El clero mexicano se sumó al cardenismo y declaró desde el púlpito que la ayuda para el pago de la deuda adquirida era una medida patriótica. Bajo la firma de Luis M. Altamirano, arzobispo titular de Bizia, coadjutor de Morelia y secretario del Comité Episcopal, la revista Christus del 31 de junio de 1938 publicó una nota titulada “Los Católicos Mexicanos y la Deuda Petrolera”: Aunque no ha sido necesaria ninguna exhortación para que los católicos mexicanos contribuyan generosamente con el Gobierno de la República a pagar la deuda contraída con motivo de la nacionalización de las empresas petroleras; juzgando que es oportuno expresar la actitud uniforme y reflexiva del Episcopado Mexicano en asunto tan importante, el Comité Episcopal, en nombre de dicho Episcopado, declara que no solamente pueden los católicos contribuir para el fin expresado en la forma que les parezca más oportuna, sino que esta contribución será un testimonio elocuente de que es un estímulo para cumplir los deberes ciudadanos la doctrina católica, que da una sólida base espiritual al verdadero patriotismo.

2. Propaganda e ideología Contrariamente a una idea bastante generalizada, la expropiación, con toda esta simbología, no fue una medida extraordinaria nacida en la trinchera de la defensa de la Patria y al calor del asedio de un poderoso enemigo. Se trató más bien de un hecho predecible y en sintonía con la lógica política del régimen cardenista –urgido de consenso interno– que tuvo la inteligencia política y la audacia para reconocer y operar –dada la naturaleza estratégica del petróleo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial– en una ventana de oportunidad.

Se debe estudiar desde la perspectiva de una acción para generar cohesión y apoyo político internos y no sólo como una acción económica. Llama la atención 105 Expropiación petrolera en México: un episodio de comunicación política Miguel Ángel Sánchez de Armas

el que casi en paralelo al enfrentamiento con los empresarios norteamericanos e ingleses del petróleo, el gobierno de Cárdenas, por conducto del general Francisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, realizaba una difícil negociación con los concesionarios suecos y estadounidenses de la telefonía, y pese a que también se trataba de un sector estratégico con grandes capitales invertidos e interés diplomático de gobiernos extranjeros, este enfrentamiento fue solucionado, si no amigablemente, sí con cierta conformidad de las partes y sin que adquiriera las dimensiones de conflicto internacional que tuvo el caso del petróleo.

En la expropiación fueron factores de naturaleza política interna y simbólicos, más que económicos, los que modularon el desarrollo del conflicto. En 1938, México ya no era uno de los principales productores de petróleo y de acuerdo con los conocimientos geológicos de la era sus reservas se encontraban en agotamiento. El mantenimiento de las instalaciones productivas por parte de las empresas había sido escaso en años anteriores. Tanto los estadounidenses como los ingleses habían trasladado el centro de gravedad de su interés a otras zonas del mundo que prometían rebasar ampliamente las riquezas del subsuelo mexicano. La proximidad de una guerra mundial había alterado la geopolítica y por ende las prioridades estratégicas. El conflicto con el sindicato era ciertamente una incomodidad desde el punto de vista industrial, pero las empresas, como se vería con el tiempo, siempre pudieron disponer de los recursos para satisfacer las demandas económicas del gremio y el gobierno de Cárdenas nunca perdió la capacidad de encauzar la movilización sindical hacia acuerdos de naturaleza menos radical que la expropiación.

Para las empresas, el problema de fondo era el temor de que el ejemplo se extendiera a los campos petroleros de Venezuela, en donde ya de diciembre de 1936 a enero de 1937 se había registrado la primera gran huelga de la industria en aquella nación. Ceder a las demandas de los trabajadores mexicanos era mandar un mensaje que pondría en riesgo las operaciones en Sudamérica. Para el gobierno mexicano, una solución de medio camino entre las partes no habría bastado para generar el efecto simbólico necesario para impulsar una movilización popular que blindara al régimen contra una creciente oposición política doméstica y cada vez mayores presiones externas.

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En este contexto, además de las acciones jurídicas, políticas y diplomáticas, las empresas petroleras pusieron en marcha una campaña de propaganda para generar el rechazo a la medida del general Cárdenas con la intención de volcar a la opinión pública internacional en contra de ella.

La petrolera norteamericana Standard Oil de Nueva Jersey organizó lo que hoy llamaríamos un “cuarto de guerra” en sus oficinas corporativas del Rockefeller Center de Nueva York y contrató para dirigirlo a uno de los publicistas más hábiles y aguerridos de la época, Steve Hannagan. Desde ese cuartel se diseñaron y ejecutaron campañas de propaganda anticardenista y se organizó el cabildeo en el Congreso, en la Casa Blanca y entre grupos de presión mexicanos e internacionales adversos al gobierno de Cárdenas. La inglesa Royal Dutch Shell tomó por su cuenta promover el desprestigio de México en Europa y fue cabeza de lanza de acciones legales para incautar el petróleo mexicano en los mercados internacionales bajo la acusación de que se trababa de un producto robado.

Además de hundir al cardenismo, las campañas buscaron la derogación del decreto de expropiación, ya fuese mediante presiones políticas y económicas, o por la vía de la intervención armada. Para impulsar tal propósito compraron plumas, espacios y prestigios en la prensa de Estados Unidos, en la de México y en la de naciones europeas. Numerosos diarios norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes y de otros países daban por cierta la movilización de una fuerza expedicionaria para meter en cintura a los volátiles mexicanos, al estilo de la campaña antivillista del general Black Jack Pershing en 1916 o como una reedición de la toma del puerto de Veracruz por el almirante Fletcher en 1914.

En el escenario internacional, las empresas expropiadas buscaban crear la idea de que en México operaba un régimen confiscatorio (procomunista o profascista según el caso) que al tomar los campos petroleros había comprometido el abastecimiento de combustibles de los Estados Unidos y sus aliados en vísperas de la guerra y por lo tanto era una riesgo para la seguridad nacional de estas potencias. Otra vertiente fue que el país estaba en vías de convertirse en un enclave del fascismo en América, en donde el nacionalsocialismo construía una plataforma bélica para atacar a Estados Unidos.

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Al interior de México, las campañas tuvieron por meta persuadir a la población de que el general Cárdenas y su gobierno eran notoriamente incompetentes, estaban destruyendo la economía del país y colocándolo en riesgo de una invasión.

Pero la verdadera preocupación de las empresas petroleras no eran las pérdidas económicas –con el tiempo se revelaría que el valor de las instalaciones industriales era en realidad una fracción de lo que reclamaban y la producción del hidrocarburo había descendido notablemente– sino la posibilidad de que el ejemplo de México cundiera en la región, se exacerbaran el nacionalismo y el antiimperialismo y se desatara una ola de expropiaciones en América Latina.

Como ha observado el profesor de la Universidad de Texas, Jonathan C. Brown (1993), autor de Petróleo y revolución en México, “en el escenario internacional las petroleras eran los árbitros supremos del mercado” y nunca antes ningún país había logrado imponer su soberanía sobre sus propios hidrocarburos sin haber sufrido graves consecuencias internas e internacionales.

Fue entonces una lucha ideológica la que el cardenismo libró. El gobierno mexicano operó contracampañas que fueron particularmente exitosas si se considera el contexto político de la época y la desigualdad de recursos de que disponían las partes. El presidente Cárdenas tenía una sólida experiencia en la movilización de masas y en 1938 había concretado la corporativización de las diversas fuerzas sociales mexicanas. Para la contraofensiva propagandística tenía a su servicio un aparato de comunicación: el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), organismo con rango de secretaría de Estado, dotado de fuerza política y recursos técnicos, si bien no de medios económicos equiparables a aquellos de los que disponían las petroleras.

La Standard Oil y la Royal Dutch Shell tenían bolsillos muy profundos, en tanto que México era un país al borde de la quiebra. Tuvieron a su servicio expertos formados en las escuelas de propaganda de la Primera Guerra Mundial; en México los operadores se habían formado en la práctica del activismo político. Las petroleras pudieron financiar campañas internacionales; México tenía problemas para enviar personeros a buscar apoyo social y político en Estados Unidos y en Europa. Las petroleras subvencionaron publicaciones im108 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

portantes en ambos países; México imprimió unos cuantos folletos que se distribuyeron selectivamente, si bien en varios idiomas. Las petroleras insertaban sus mensajes en producciones de cine de amplia distribución; México produjo no más de quince películas de propaganda con algunas copias en inglés y francés. ¿Cómo explicar, en este contexto, que la propaganda de las petroleras no hubiera logrado generar amplias corrientes populares de opinión pública ni en Estados Unidos ni en México mientras que las campañas mexicanas fomentaron movilizaciones masivas que el propio embajador norteamericano de aquella época reconoció nunca haber visto antes?

No hay una respuesta unívoca ni sencilla. Existe una multiplicidad de factores que deben analizarse para arrojar luz sobre la pregunta. Pero un hecho clave radica en la diferencia intrínseca de la propaganda de las partes. La mexicana estaba basada en una ideología y en una visión de nación, en tanto que las petroleras nunca pudieron apelar a nada más que la defensa de sus intereses económicos.

Cárdenas fue un propagandista en el más amplio sentido de la palabra y un eficaz agitador, seguramente el más capaz en una generación de caudillos notables por sus habilidades en la movilización de masas. Ciertamente, hay una discusión y puntos de vista encontrados sobre la equivalencia de los términos “propagandista” y “agitador”. Plekhanov (citado por Kenez, 1985) escribió que “un propagandista presenta muchas ideas a una o a pocas personas; el agitador presenta sólo una o unas pocas ideas, pero lo hace a una gran masa de personas”. Lenin (ibíd.) abunda en esta distinción, al igual que Michels (1991): “El propagandista opera principalmente mediante la palabra impresa; el agitador, mediante la palabra hablada”. En realidad, como apunta Kenez (1985), es una discusión fútil que no arroja luz sobre la materia ya que es imposible diferenciar en la práctica al agitador del propagandista. En consecuencia no tengo reparo en utilizar ambos términos indistintamente y me parece que con justicia se pueden aplicar para describir esta faceta del Divisionario de Jiquilpan.

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3. La guerra de la prensa Naturalmente fue en la prensa de Estados Unidos y de Gran Bretaña, los dos países afectados, en donde la expropiación tuvo mayores espacios. En las planas de grandes diarios metropolitanos y de los regionales, y en las revistas informativas que comenzaban a circular (en 1938 Time estaba en su quince aniversario) se siguió puntual y abundantemente la información del insólito espectáculo de una nación tercermundista enfrentada sin vacilar, y con éxito, al poder de los consorcios petroleros. Con el tiempo, las publicaciones periodísticas serían la artillería pesada de las ofensivas de propaganda enderezadas contra el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Mucha de la información que aparecía sobre la expropiación tenía su origen en Nueva York, en Washington, en Chicago o en Los Ángeles, a partir de declaraciones de políticos, diplomáticos y hombres de negocios extranjeros o con datos proporcionados por la Standard Oil y demás empresas expropiadas. Otras fuentes fueron las agencias cablegráficas que también transmitían desde México. El periódico que cubrió el evento de manera más directa, consistente y sistemática fue The New York Times a través de su corresponsal, Frank L. Kluckhohn, y sus notas eran frecuentemente retomadas por otros medios. Hubo visitas de enviados especiales, desde luego, entre ellos Anita Brenner, del New York Times Magazine; Betty Kirk, del diario Christian Science Monitor, y Adamatios Theophilus Polyzoides, de The Los Angeles Times. El 28 de marzo, diez días después de la expropiación, The New York Times publicó una nota de seis párrafos dando cuenta de la visita de 118 representantes de la California Press Association a México y su recorrido de dos semanas por el país. La “nota” fue la declaración de un ex gobernador de California que estuvo con la delegación, en el sentido de que “el misterio de la expropiación es saber si México va a conseguir el dinero para pagar por las propiedades tomadas”.

Otra cobertura que ocupó espacios y contribuyó a la desinformación sobre la medida expropiatoria fue la de “interés humano” sobre la suerte de los empleados extranjeros. Si bien no se registraron casos de violencia física en contra de ellos o de sus familias durante la toma de las instalaciones en diversos puntos del territorio, algunos incidentes se inflaron desproporcionadamente y dieron la 110 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

idea de una inminente persecución que evocaba a la que sufrieron los extranjeros durante el alzamiento de los bóxers en China a principios de siglo. El 22 de marzo, el New York Times publicó una nota de primera plana, firmada por Kluckhohn, con la cabeza “35 americanos huyen de la zona petrolera mexicana; británicos en éxodo – Salen apresuradamente del Istmo de Tehuantepec luego de amenazas de muerte a extranjeros – Se reporta la detención de un ciudadano – Se dice que un ejecutivo de una subsidiaria de la Standard fue detenido por trabajadores en Tampico”. En el cuerpo de la información se afirma que los estadounidenses y británicos fueron objeto de amenazas, pero no se precisa cuándo y cómo tales amenazas tuvieron lugar. El supuesto incidente fue reproducido por otros diarios y se generó un ambiente de alarma por la seguridad de aquellos ciudadanos. Pero en los informes de la embajada norteamericana el incidente apenas si se menciona como una fricción pasajera, y los propios involucrados poco después aclararon que nunca fueron objeto de amenazas y que el supuesto “enfrentamiento” había sido en realidad una discusión acerca de los tiempos y la forma en que algunas oficinas debían ser entregadas a los representantes acreditados del sindicado. Ni el New York Times ni Kluckhohn aclararon posteriormente la información.

Otro tema desplegado por los diarios que alentó la consternación entre el público norteamericano, fue el de las ventas de petróleo mexicano a las potencias del Eje después de la expropiación, pero sin aludir al boicot de las petroleras que obligó al gobierno de Cárdenas a buscar urgentemente mercados en Europa y Asia y, desde luego, sin hacer mención de que empresas estadounidenses como la Standard Oil tenían años proveyendo de combustible a Japón, a Alemania y a Italia. De esta manera se atizaba la sensación de que los mexicanos habían gravitado hacia la esfera de influencia del fascismo y se fortalecía el percibido antiyanquismo del gobierno de México.

Además de la falta de contexto histórico, las informaciones servidas por la prensa estadounidense a sus auditorios frecuentemente tenían como fuente única a las empresas expropiadas y no incorporaban la versión de los mexicanos. Por ejemplo, casi invariablemente se reproduce la cifra de entre 400 y 450 millones de dólares como valor de las instalaciones expropiadas que las propias empresas dieron a conocer en el primer momento, pese a que desde 1935 el Departa111 Expropiación petrolera en México: un episodio de comunicación política Miguel Ángel Sánchez de Armas

mento de Comercio de Estados Unidos había situado el valor en 69 millones de dólares y el gobierno de México en 64 millones.

Se destacaba el daño infligido a las empresas sin mencionar que muchas concesiones habían sido obtenidas por medios ilegales o inmorales, y sin hacer mención de las ganancias obtenidas durante los años de operación, el control absoluto sobre los volúmenes de producción, la evasión fiscal y las condiciones de los trabajadores, que si bien mejores que las de otros grupos, eran inferiores a las de sus homólogos extranjeros.

Al reseñar las manifestaciones que siguieron al 18 de marzo, las informaciones dan mayor importancia a incidentes como el abucheo de turistas norteamericanos y las consignas antiyanquis, incluso sugieren un acarreo de participantes, en tanto que minimizan el hecho evidente del amplio soporte popular que la medida desató, algo que historiadores como Albert Michaels y el propio embajador Josephus Daniels no pudieron menos que notar. “Una ola de entusiasmo desbordante recorrió el país”, escribió Daniels. Y no escapó a su ojo de periodista y diplomático profesional, que el entusiasmo popular fue compartido por los mexicanos más allá del petróleo, convencidos de que debían formar un sólido frente único. Michaels (1970) juzga que durante un breve interludio, “Cárdenas había logrado la unidad por la que había luchado desde su elección”.

Otro tema que no fue incorporado con el valor informativo que sin duda tenía, fue la reiterada promesa del gobierno cardenista de que las empresas serían compensadas de manera justa y equitativa conforme a la ley mexicana, lo que se tradujo en informaciones sesgadas que no daban al lector elementos claros de juicio. Como dato interesante, los hábitos personales de austeridad, trabajo y honradez del presidente Cárdenas sí encontraron espacio en muchas de las informaciones... al mismo tiempo que se hacía hincapíe en sus simpatías “procomunistas” o “prosocialistas”. En un artículo de Frank Kluckhohn –el corresponsal del New York Times que sería expulsado del país por lo sesgado y prejuiciado de sus despachos– se alaba a Cárdenas por su alejamiento de las clases aristocráticas y su cercanía con el pueblo y se le describe como “un hombre de buena voluntad” quien sin embargo estaba empeñado en programas que estaban llevando al país hacia un “Estado totalitario”.

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Aunque la mayoría de los comentarios editoriales fueron desfavorables a México, se registran excepciones. El 10 de abril de 1938, el periodista Bertram D. Hulen en el New York Times se congratuló de que las relaciones oficiales entre México y los Estados Unidos hubiesen salido airosas de la tormenta ocasionada por la expropiación. Adamatios Theophilus Polyzoides, de The Los Angeles Times, viajó a México y reportó que entre el pueblo privaba en realidad una fuerte corriente de simpatía hacia Estados Unidos, que Japón y Alemania eran muy poco admiradas, que los principales diarios coincidían en que México pagaría su deuda petrolera y que ésta era un asunto doméstico y no internacional. Después de desmarcarse de la corriente periodística que proclama la suficiencia de unas cuantas semanas para escribir un libro de análisis, Polyzoides informa que México está en paz porque trabaja intensamente y que “las diversas fuerzas vitales desatadas por la revolución están de alguna manera bajo control”. En el New York Times Magazine, Anita Brenner elogió los programas sociales del presidente Cárdenas que permitieron que muchos mexicanos “comprendieran por primera vez que eran ciudadanos con derechos” y dieron a los campesinos la primera esperanza de una vida segura y con comodidades. Bruce Rae, editor adjunto del New York Times, entrevistó al

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presidente Cárdenas y recogió la invitación personal del Primer Mandatario a las empresas para buscar en forma conjunta un arreglo. Randall Pond escribió en la revista católica Commonweal que “cualquier norteamericano que haya conocido aunque superficialmente los métodos de las empresas petroleras en su propio país, bien puede imaginarse lo que una llamada ‘nación atrasada’ debe sufrir cuando uno de los más poderosos monopolios internacionales deja caer todo su peso para obtener el oro negro”. Y añade que los pueblos que guardaron silencio durante mucho tiempo “ahora revelan cómo hombres y mujeres fueron drogados, alcoholizados o asesinados para despojarlos de sus terrenos petroleros”.

Hugh Morgan (1984) tiene un juicio implacable: La prensa norteamericana examinó a la presidencia de Lázaro Cárdenas a partir de sus propios prejuicios, y sus informaciones raramente fueron nutridas por el entendimiento de la dinámica de la sociedad mexicana o por el conocimiento de la historia de México. Los periodistas, al no poder apartarse de su chauvinismo, dieron a sus notas un tono hipócrita. Determinaron qué era verdadero desde el punto de vista de los valores culturales, actitudes y creencias preconcebidas estadounidenses, de tal suerte que al escribir sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en el cardenismo necesariamente se referían sólo a aquello que podía interesar a los lectores estadounidenses.

4. Política exterior y política interior La expropiación petrolera de 1938 fue sin duda el episodio cimero en la construcción del nacionalismo mexicano después de la Revolución y uno de los sustentos ideológicos y programáticos del moderno Estado mexicano. En materia de política exterior, redefinió la naturaleza de la relación con los Estados Unidos y con Inglaterra e influyó en las determinaciones jurídicas sobre los recursos naturales en los países de América Latina. Fue un paradigma en el sentido de que contuvo casi todos los elementos que después se encontrarían en otras manifestaciones nacionalistas, muchas de las cuales se modelaron más o menos conscientemente en la experiencia mexicana. Al mismo tiempo fue particularmente dramática precisamente por haber sido el primer suceso de esa naturale114 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

za: la expulsión de empresas petroleras extranjeras de un país subdesarrollado en nombre de la soberanía nacional. El ejemplo mexicano facilitó la consumación de expropiaciones en otras latitudes.

En mayo de 1938 Cuba promulgó una ley que reservó al Estado los derechos sobre los recursos minerales, limitó a treinta años las concesiones e impuso una tasa del 10% a la producción; en agosto siguiente Costa Rica intentó nacionalizar los servicios de luz, transporte y telefonía; en Colombia la producción petrolera fue declarada de utilidad pública y por lo tanto sujeta a expropiación; en 1939 Chile organizó un monopolio gubernamental para la distribución y venta de petróleo; en 1941 Ecuador promulgó una ley minera basada en la de México; Brasil nacionalizó la industria petrolera y decretó la propiedad estatal sobre los depósitos de carburo y las refinerías; Uruguay expropió seis refinerías angloamericanas y en 1949 Argentina incorporó preceptos constitucionales nacionalistas en materia de recursos del subsuelo.

Raúl Benítez (1990) nos recuerda que el ejemplo mexicano al resto de los países del tercer mundo fue notable en los años de la posguerra. La expropiación de 1938 es el antecedente de la nacionalización del petróleo en Irán en 1949, en Perú en 1968 y en Venezuela en 1976; de las minas de estaño en Bolivia en 1952; de las empresas fruteras pertenecientes a la United Fruit en Guatemala, de 1951 a 1954; de la nacionalización del Canal de Suez en 1956 en Egipto; de la nacionalización de las empresas mineras de cobre y salitre en 1971 en Chile; y de los tratados que regresaron el Canal de Panamá a la soberanía de aquel país en 1977. En lo que respecta al Canal de Suez, hay testimonios de que a solicitud del gobierno egipcio, el presidente Adolfo Ruiz Cortines nombró como embajador a uno de los actores de la expropiación, Alejandro Carrillo Marco, con la misión expresa de compartir con el régimen de Gamal Abdel Nasser aspectos políticos y legales de la expropiación mexicana que pudieran servir de sustento a la nacionalización del canal.

Sin duda una de las razones de que la expropiación se insertara en el imaginario popular de la manera en que lo hizo, en un corte transversal que abarcó a todas las clases y grupos sociales, tiene que ver con las peculiares características

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que colorean los sentimientos de los mexicanos hacia Estados Unidos, una mezcla de resentimiento, rencor, desconfianza y admiración que genéricamente se traduce en antiyanquismo.

Un observador extranjero escribió a su gobierno: “Sea lo que sea que los empresarios locales piensen del presidente Cárdenas, su audaz golpe a los principales intereses extranjeros en el país no puede sino ser fuente de gran satisfacción para muchos ciudadanos mexicanos de todas las clases”. Este rasgo del carácter mexicano era tan evidente que ni León Trotsky dejó de percibirlo. Según este dirigente soviético exiliado en México, el sentimiento antiamericano y antibritánico demostrado por el pueblo mexicano durante el conflicto con los sindicatos petroleros había sido fomentado por agentes alemanes.

Para Randall Pond, la expropiación de las empresas extranjeras propició entre los mexicanos un nivel de unidad no visto “desde la invasión francesa de 1862”. La Iglesia y la Universidad –instituciones que por diferentes razones habían tenido choques con el gobierno de Cárdenas– apoyaron abiertamente la medida en contra de las empresas extranjeras. Se reeditaba lo acontecido en 1916 con la “expedición punitiva” del “laureado general” Pershing, según documenta Allen Rosenberg (citado por Aguirre, 2010): “Aquello fue la guerra de guerrillas en su máxima expresión. Éramos los invasores extranjeros. Todos estaban en contra nuestra... aunque no estuviesen a favor de Villa”.

Pero el respaldo a la expropiación no fue unánime. Varios caudillos revolucionarios hicieron pública su insatisfacción con la medida, lo mismo que grupos de la clase media y de la intelectualidad. En la revista Hoy del 26 de mayo de 1938, Rodulfo Brito Foucher calificó de “terror mexicano” a las políticas del cardenismo. La reacción contraria más radical fue la de Saturnino Cedillo, el hombre fuerte de San Luis Potosí, quien desconoció al gobierno de Cárdenas el 15 de mayo y calificó a la expropiación de acto “antieconómico, antipolítico y antipatriótico”.

La estrategia de movilización del cardenismo, traducida en acciones de propaganda a cargo del DAPP logró su objetivo interno. Si bien las manifestaciones que siguieron al 18 de marzo y las de los meses siguientes fueron alentadas o abiertamente organizada por el gobierno, la participación popular en ellas fue 116 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

mucho más allá de cualquier “acarreo” y se convirtieron en una corriente de nacionalismo incondicional que amalgamó a todas las clases sociales y se volcó en un masivo apoyo popular al régimen. Sin duda la expresión más conmovedora fueron las filas de gente del pueblo en ciudades y pueblos y a las puertas del Palacio de las Bellas Artes en la capital de la República para entregar modestas prendas, animales y dinero como óbolo para la causa.

Cárdenas y sus aliados –en particular la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– lograron levantar en la sociedad mexicana una ola de entusiasmo y apoyo a la medida expropiatoria como no se había visto en México desde el triunfo de Madero sobre la dictadura de Porfirio Díaz. La concentración organizada por la CTM en apoyo a la nacionalización, el lunes 21 de marzo, fue uno de los momentos culminantes del cardenismo, del nacionalismo y del proceso revolucionario en general. La expropiación fue declarada por Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la CTM, como el verdadero principio de la independencia política de México.

Y como se apuntó antes, la Iglesia Católica apoyó a la expropiación tanto a través de sus representantes como en su revista mensual Christus.

El petróleo se había convertido en un símbolo de la dependencia y sometimiento al vecino que en una guerra alevosa había despojado a México de la tercera parte de su territorio. Explotado por manos extranjeras y expoliada aquella riqueza en beneficio del imperio, el petróleo encarnaba el sojuzgamiento a los Estados Unidos. Cuando Lázaro Cárdenas lo expropia en 1938, no había transcurrido aún una generación desde la toma de Veracruz. La resistencia popular al desembarco de marines que sin declaración de guerra tomaron el puerto en abril de 1914 y el sacrificio de jóvenes cadetes de la Academia Naval en defensa del suelo patrio, eran historia reciente. La toma del puerto había confirmado que Estados Unidos por todos los medios impondría su voluntad al pueblo de México.

En el imaginario popular, pues, petróleo y soberanía se hicieron sinónimos sin transición. De nueva cuenta la Patria llamaba a la heroica resistencia contra el invasor yanqui. En 1938, Cárdenas con la expropiación recuperaba el honor y la dignidad nacionales.

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CONTORNOS

El doctor Mora, teórico de la reforma liberal Arturo Arnáiz y Freg

Revista Mexicana de Cultura Política NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

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La República Mexicana gasta catorce millones de pesos en sostener soldados que la tiranicen sin defenderla.

Cada mexicano debe preguntarse diariamente a sí mismo si el pueblo existe para el clero o si el clero ha sido creado para satisfacer las necesidades del pueblo.

José María Luis Mora (1835).

N

o tuvo el doctor Mora en su apariencia física nada que lo singularizase.

Vivió en el tiempo en que el influjo del romanticismo impedía conceder calidad intelectual sobresaliente a los hombres que no tuviesen el aire desmedrado de un anacoreta. Pero una tuberculosis prematura le permitió adquirir sin esfuerzo el color macilento que los escritores de la época sólo obtenían mediante un régimen austero.

Hardy, el agente del gobierno inglés que lo conoció en la tertulia de la librería de Ackermann, cuenta con ufanía conmovedora que cuando Mora tenía apenas treinta y cinco años mostraba ya “toda la palidez y el desfallecimiento que son tan comunes en los hombres de gran talento y de conocimientos literarios”.

Enfundado en un frac de corte tubular, podemos verlo en el óleo que conserva nuestra Biblioteca Nacional como recuerdo del influjo determinante que tuvo en su fundación. Es el mismo frac que ponía iracundo a su pintoresco enemigo don Basilio Arrillaga, quien no acertó nunca a explicarse la repulsión de Mora por el traje talar a que su condición de teólogo borlado le daba derecho.

Anónimo y de recursos limitados, el pintor dejó en el cuadro la figura de un adusto caballero oprimido por cuello descomunal en el que, al estilo de Lord Byron, se arrolla una corbata negra. La frente es alta, estrecha y surcada de arrugas prematuras. Una boca enérgica emerge de la sombra azulosa de su recia barba europea cuidadosamente afeitada. Aunque la mirada apunta cierta inten* El presente texto fue publicado originalmente por El Colegio de México en el Vol. 5, No. 4, de Historia Mexicana en abril-junio de 1956, y se reproduce con su autorización.

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ción osada y dominante, no hay en los ojos de este mal retrato ni un vestigio de aquella intensidad luminosa que impresionó a Melchor Ocampo cuando hace un siglo lo visitó en París. Y es que, por gracia del tosco pincel, el rostro expresivo del encantador de almas a quien José Bernardo Couto consideraba el más ágil de los conversadores de su tiempo, ha quedado congelado en una seca y anodina estampa de notario.

Es en sus obras y en los testimonios de sus contemporáneos donde podemos hallar los rasgos que fijan su actitud y definen la hondura de su huella.

En los manuscritos donde ha quedado su letra dura y chaparra, brillante de marmaja, podemos seguirlo en plena labor creadora. Veloz y profundo a un mismo tiempo, su mano era dócil a la potencia generosa de su pensamiento. Las ideas le brotaban en venero impetuoso, rebelde a la puntuación.

Enemigo de bromas y chocarrerías, tenía un valor sereno que marca con acento de veracidad sus afirmaciones políticas. No se dejó vencer por rencores pequeños. Fue un precursor; pero, por su actitud ante la vida, estuvo siempre más cerca de Rousseau que de Voltaire. Se pareció a Juan Jacobo en la zozobra y en los modos de expresión. Para explicar su desaliño escribió una vez: “Yo no tengo tiempo de ocuparme de palabras cuando he logrado expresar claramente mi pensamiento.”

Para vencer y mantenerse a flote sobre el escurridizo y pantanoso suelo político de México, ha sido en todo tiempo necesario mostrar las calidades del tezontle: porosidad y dureza. A Mora le faltó la primera. Fue demasiado firme en sus ideas para que pudiese alcanzar victoria en el escenario de su época.

La valentía con que atacó a las dos clases privilegiadas que dominaban la nación y la agudeza con que describió a sus contemporáneos más visibles, lo llenaron de enemistades. Pocos escritores han visto sus obras juzgadas con mayor hostilidad; pero es interesante la unanimidad con que hasta sus más enconados adversarios reconocen sus capacidades superiores.

Don José María Tornel, antiguo compañero de colegio a quien Mora pulverizó sin misericordia, pues entre otras cosas verdaderas le dijo que se había echado a cuestas la librea de cuantos habían querido ocuparlo como lacayo, opinaba que los escritos del consejero de Gómez Farías “manifiestan suficiente121 El doctor Mora, teórico de la reforma liberal Arturo Arnáiz y Freg

mente hasta donde avanza el extravío de la razón de un gran talento que no ha aprovechado las sabias lecciones de la experiencia”. Aunque los dos habían estado juntos en los bancos de San Ildefonso, tuvieron estilos de vida diferentes.

Fue inevitable que chocaran y no se comprendiesen. En tanto que Mora entendió la existencia como un “atreverse a tener razón contra la iniquidad de su siglo”, Tornel estuvo siempre atento a sacar provecho, a veces excesivo, de las “sabias lecciones” experimentales.

Movido también por resentimiento personal, el indigesto don José María Bocanegra llamaba a los libros de Mora “una sátira que presenta las cosas y los hombres en caricatura y no una relación fiel e imparcial que pueda como tal transmitirse a la posteridad con el saludable fin de la historia”. Por su parte, el doctor Arrillaga, después de citarlo “ante el tribunal de la sana crítica, de la religión católica y de la verdadera política”, llama a sus producciones nada menos que “máquina infernal, completa y bien montada”.

Para impugnar a Mora, don Basilio usó los mismos achaques de bufonería erudita gratos a don Carlos María de Bustamante. Así, después de relatar el cuento de “Chúpate ésa” y la dramática “Historia de una mujer tuerta que se peleaba con otra que no lo era”, pedía que Mora fuese llevado, urgentemente, a un manicomio: “¿Cómo anda, pues, libre nuestro doctor por las calles de París? ¿No hay allí almas caritativas?” Satisfecho de lo que consideraba abrumadora victoria sobre el sentencioso reformista, interpolaba reflexiones en verso tan afinadas como ésta: Esta águila tan real ya paró en humo y es nada; por su cabeza fatal, sin ojos y desplumada yace muerta en un corral.

Y todo sin perjuicio de que, en el último párrafo de sus Cartas, elogie las felices disposiciones y talentos de que el doctor Mora se halla adornado. “Talentos que reconoce muy superiores a los suyos, y de que desea haga usted un uso más digno este su afectísimo Basilio Arrillaga.”

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Pero, juzgando con nuestros propios elementos, ¿podríamos encontrar una colección de semblanzas de mexicanos del siglo XIX que pueda compararse a la que Mora incluye en su Revista política? ¿Quién ha acertado mejor a dar en una sola frase la descripción cabal de nuestros tipos más complejos?

Repasemos definiciones: Lorenzo de Zavala: “Hombre poco delicado en todas las líneas, pero muy especialmente en materia de dinero.”

José María Fagoaga: “Todos han acabado por respetarlo, por reconocer en su persona un ánima republicana con lenguaje monárquico.”

Y hablando de retratos, habría que preguntar también: ¿hay alguno que supere al de José Bernado Couto, arquetipo de políticos moderados? “Los principios políticos de Couto son de progreso; pero en razón de su carácter, se prestará más fácilmente a sostener las reformas hechas que a proponer las que están por hacer: el sí en él es siempre difícil y muchas veces vacilante; el no, es constantemente firme, y pronunciado con resolución.”

Por algo la inolvidable marquesa Calderón de la Barca tomó la galería dibujada por Mora como guía principal para orientarse ante las notabilidades mexicanas de 1839. Al releerla y hacer su cotejo, se vio obligada a confesar que el retratista “usaba la pluma sin temor y, al parecer, con imparcialidad”.

Cuando relata a sus amigas de Norteamérica la honda impresión que causó el folleto en que don José María Gutiérrez de Estrada propuso el establecimiento de una monarquía constitucional en México –motivo por el cual tuvo que permanecer oculto y ausentarse más tarde del país–, la Marquesa copia emocionada la silueta que Mora había trazado cinco años antes: “A pesar de la gentileza de su carácter, las convicciones políticas de Gutiérrez de Estrada son tan firmes y tan puras que nunca cedería en lo que considera ser una obligación, aun en el caso de que sus más íntimos amigos trataran de influir sobre él y de que militaran las más poderosas consideraciones.” La esposa del Ministro de España tuvo que agregar después: “Se diría que el autor ha previsto las actuales circunstancias.”

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Por lo que hace a su doctrina política, Mora fue un liberal que se mantuvo oscilante entre Adam Smith y Jeremías Bentham.

Como en México no existe ni existía entonces gran industria, se preocupó por los intereses de la propiedad territorial con un empeño exclusivista que lo aproxima mucho a los fisiócratas.

Reconocía que la nación se hallaba empobrecida por la acumulación de propiedades en un corto número de manos; pero aunque aconsejó que las tierras fuesen divididas en pequeñas porciones y le pareció urgente que se encontrase un mecanismo para que la propiedad pudiese ser transmitida con facilidad, advirtió los peligros que podría acarrear una distribución graciosa: “Cuando las tierras se dan a hombres que no las han adquirido por su trabajo e industria, sino por una concesión gratuita de la ley –decía–, jamás saben apreciarlas ni sacar de ellas el partido de aquellos cuyos hábitos de laboriosidad les han proporcionado lo necesario para comprarlas y verlas como propias.”

Dotado de un altivo individualismo, no creyó en la importancia de las masas, a las que consideraba dotadas de “un movimiento maquinal, en todo semejante al instinto de los animales”. Conocía el inestable equilibrio social de México; pero se negó a admitir que los males alcanzasen remedio si se utilizaba la violencia.

Su táctica política, forma curioso contraste con la de don Antonio López de Santa Anna. Mientras Su Alteza Serenísima recomendaba a sus ministros: “Firmeza y buenos trancazos lo componen todo”, oímos afirmar a Mora: “Los efectos de la fuerza son rápidos, pero pasajeros; los de la persuasión son lentos, pero seguros.” ¿No está aquí ya el “¡venceréis, pero no convenceréis!” unamunesco?

Con un optimismo muy a la moda europea de 1830, creyó en el progreso: “La mejora diaria y progresiva que se advierte en todas las obras humanas es una prueba demostrativa de que la perfectibilidad de sus potencias no tiene término.”

Cuando, como era natural, tuvo que afrontar el eterno problema de hacer compatibles la libertad y el orden, se decidió sin reticencias por el orden.

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Consideraba que las convulsiones públicas sólo por excepción son medio de progresar. En su opinión, había que reformar los abusos no tocando a las personas sino cuando fuese necesario.

Vivió en el México de las militaradas y los cuartelazos cotidianos y, si es verdad que no tardó en convencerse de que todas las rebeliones mexicanas reconocían un origen civil, observaba que los militares se habían levantado con el derecho de ejecutarlas y eran los que las hacían más atroces.

Ante la ruina gela guerra permanen“El despotismo mishorrores es preferible tina, a una lucha inrra fratricida.”

neral provocada por te, llegó a exclamar: mo con todos sus a una discordia intesterminable, a una gue-

Al seguir la evolunemos que aceptar militares mexicanos de un cuidadoso exatitos cuartelarios.

ción de sus ideas, teque su aversión a los no fue sino resultado men de manías y ape-

Mora carecía inicialmente de toda prevención contra los soldados y sus jefes.

Cuando el ejército profesional encabezado por Iturbide consumó la Independencia, no escatimó elogios a esa “tropa aguerrida, pronta a sacrificarse por la libertad de su patria”.

Más tarde, sin embargo, tuvo que convencerse de que las ambiciones de los hombres de uniforme, su deseo de hacer fortuna y sus hábitos de insubordinación y de falta de respeto a las leyes, eran el principal obstáculo para la vida fecunda del país.

Fueron los jefes los que le merecieron más atenta vigilancia, porque sabía muy bien que en México las tropas siempre son de quien las manda.

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En cada revuelta, después de tratada la paz entre los representantes de las dos fracciones del ejército, había una catarata de inmoderados ascensos para los vencedores. Simultáneamente se hacía la destitución de los vencidos, a los que –por ser la milicia una clase privilegiada– el espíritu de cuerpo obligaba a mantener en el disfrute de sus sueldos.

Pronto las obligaciones que por este concepto tuvo que soportar el presupuesto nacional fueron abrumadoras, y cada nuevo régimen las hacía aumentar. Ante el extraño espectáculo, alguien escribió esta reflexión zumbona y angustiada: Diez veces me he pronunciado contra el poder nacional, y apenas soy general.

La milicia, decía Mora en 1836, deriva su poder especial del ejercicio de la fuerza bruta en veintiséis años de guerras civiles. “Leyes, magistraturas, gobierno, personas y cosas, fondos públicos y particulares, todo ha estado más o menos pero realmente sometido al poder militar, ejercido bajo diversas denominaciones y formas.”

En todo tiempo las mejores voces de habla castellana han coincidido en muchas afirmaciones fundamentales. La actitud de Mora se identifica literalmente con el grito simultáneo de Mariano José de Larra: “¡Siempre bayonetas en todas partes! ¿Cuándo veremos una sociedad sin bayonetas?”

En estas zonas de América, tierras de Espíritu que no acaba de encontrarse, la vista del poder tiránico ejercido por los vencedores ha producido muchas veces en la población de las ciudades la idea de que, por sus fines directos y sus métodos, los pretorianos provienen de países de barbarie. Y es que esa atribución ideal de orígenes exóticos resulta el único medio de alcanzar una explicación a la conducta de nuestros mandones con alfanje.

En México, para darnos la silueta de don Antonio López de Santa-Anna, Mora tuvo que llamarlo “Atila de la civilización mexicana”. Describiendo a Rosas, muchos años después, Sarmiento dijo en la Argentina: “El caudillo que en

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las revueltas llega a elevarse, posee sin contradicción, y sin que sus secuaces duden de ello, el poder amplio y terrible que sólo se encuentra hoy en los pueblos asiáticos...”

Pero Mora no se limitó a señalar los males que la clase militar provocaba en la República. Había sido sacerdote y conocía como muy pocos los hábitos del clero católico que, heredero de las riquezas que se acumularon durante la Colonia, tenía, aparte de su legítima influencia espiritual, un significado decisivo en lo económico y en lo político.

Quizá por haber salido del santuario, sus golpes fueron mas certeros. Se sintió rodeado de un pueblo en el que era casi imposible establecer las bases de la moral pública, porque constantemente hacía confusión entre los deberes sociales y los religiosos.

Reprobaba que en un país agobiado por la miseria hubiese príncipes de la Iglesia que, como el obispo de Puebla, gozaban de una renta de más de ochenta mil pesos anuales, vivían rodeados de una verdadera corte y disfrutaban de una 1 consideración personal “mayor que la de un soberano de las orillas del Rhin”.

Había visto la ingerencia excesiva de los eclesiásticos en los negocios públicos, y por esto le pareció necesario que se dedicasen a cumplir, sin rebasarlas, sus honrosas obligaciones de auxilio espiritual. Consideraba intolerable la propensión que en todas partes tenían a dominar la sociedad civil y a “mezclar los sucesos de la tierra con las cosas del cielo”.

La abolición de los privilegios del clero y de la milicia le pareció una necesidad “real, ejecutiva y urgente”.

1 Sobre este mismo punto escribe la marquesa Calderón de la Barca en su libro Life in Mexico: “Si yo me viese precisada a escoger un empleo aquí, me decidiría sin vacilar por el de Arzobispo de México, que me parece la posición más envidiable del mundo, para quienes deseen vivir tranquilos, cómodamente, y rodeados de universal adoración. Es un Papa, sin las molestias del pontificado, y con la décima parte de su responsabilidad, cuando mucho. Es objeto aquí de una veneración superior a la que en la adelantada Roma se profesa a Su Santidad y, a la manera de los reyes del buen tiempo viejo, es infalible. Su sueldo anual importa unos cien mil duros, y si se le antojara vender nada más que los dulces que le mandan las monjas de toda la República, disfrutaría de una buena renta. Su Palacio de la capital, su carruaje sibarítico, sus magníficos caballos y sus mulas de suave andar, sugieren ideas de perfección en materia de conforte. La verdad es que el conforte, desconocido en México por la gente común y corriente, se ha refugiado en el Palacio Episcopal.”

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Desde 1830 afirmaba que era necesario desamortizar los bienes eclesiásticos con objeto de reparar la bancarrota de la propiedad territorial, aumentar el número de propietarios y obtener cantidades que bastarían para hacer el pago de la deuda pública una vez que ésta hubiese sido clasificada y consolidada.

Una de las más intensas luchas de su vida la libró contra el monopolio que el clero ejercía sobre la educación pública. Para él, los establecimientos de educación superior, que en nuestro país estaban servidos por eclesiásticos, no eran otra cosa que un lazo tendido a la imprevisión de la juventud. “Todo el empeño de los catedráticos –escribe– consiste en que los alumnos sean cristianos sin cuidarse primero de hacerlos hombres, con lo cual se consigue que no sean lo uno ni lo otro.”

Le parecía que esas escuelas eran el origen del charlatanismo, “que es la plaga general de la República”. Llegaba incluso a admitir que por eso era posible encontrar más sensatez entre los hombres que no habían recibido semejante educación.

En su mismo estilo literario comprobamos que la enseñanza impartida en los colegios, memorística y dogmática, predisponía a la pedantería. Con todo y que Mora supo vigilarse, en sus escritos abundan las frases de claro matiz escolar, doctorales y rotundas. “Esto es una verdad demostrada, más clara que la luz del mediodía”, o bien, “se ha dicho y repetido hasta el fastidio que...”

No ignoraba que su posición era compartida entonces sólo por una minoría.

Sabía que el programa político del partido del progreso era –como de hecho ha sido siempre en México– impopular entre los grandes núcleos. Pero su confianza en la nobleza de sus miras era tal, que estaba seguro de que la repulsión de los indecisos debía desaparecer ante los resultados que las reformas brindarían.

Con esa su habitual y severa actitud de guía que se sabe seguido con recelo, explicaba: “El pueblo de México ama y desea tenazmente la libertad; pero por ciertas contradicciones e inconsecuencias que se advierten en su carácter nacional, está tenazmente adherido a instituciones y prácticas esencialmente incompatibles con ella.”

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Enemigo de la aplicación de la violencia y escéptico en cuanto a la eficacia de los movimientos colectivos, se propuso destruir los privilegios de militares y eclesiásticos mediante una revolución incruenta realizada desde arriba. Fracasó en el intento porque careció de tiempo para preparar a los espíritus, y porque su brazo ejecutor flaqueó en una hora decisiva.

En 1833 actuó como consejero de don Valentín Gómez Farías y tomó parte muy considerable en la resolución de los problemas de gobierno mientras el honorable médico jalisciense estuvo encargado del poder ejecutivo.

A Mora corresponde el honor de haber puesto las bases de la enseñanza laica en México, al disponer con la propia mano el decreto justamente célebre del 19 de octubre de 1833. A él se debieron también no sólo la definición de los principios fundamentales del partido liberal, sino toda una serie de medidas orientadas a su aplicación inmediata, pues, como él mismo dice, en la administración de Farías “se hablaba poco y se procuraba hacer mucho”.

Si México ha logrado evadir en algunas etapas de su historia el penoso espectáculo que ofrecen las dictaduras latinoamericanas típicas, es porque los reformistas han logrado desvincular el esfuerzo unido del clero y del ejército.

Por la severa disciplina a que están sometidos, ambos cuerpos imprimen a sus hombres una como intolerancia esencial que dejó en otro tiempo honda huella en los destinos nacionales.

El liberalismo pudo existir entre nosotros como régimen estable, desde el día en que se logró que un ejército no profesional, improvisado y jacobino, permaneciese en guardia frente a la jerarquía eclesiástica. Esto se vio muy claramente al triunfo del Plan de Ayutla, y la lección fue tan convincente que, todavía hoy, siempre que en este país las sotanas y los solideos andan en amable compañía con los sables y las charreteras, sentimos que, nuevamente, parece quedar en peligro la libertad.

Mora vio esto con penetración, y es por ello por lo que en su Revista política no disimula el papel importantísimo que había asignado a la guardia cívica de los diversos estados de la federación, frente a la milicia tradicionalista que hacía impracticables las reformas.

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Abundante habría sido la cosecha si Gómez Farías hubiera podido sostenerse en el poder; pero don Valentín no procedió con la decisión que el momento demandaba y, en lugar de apoderarse del turbulento Santa Anna y hundirlo en un presidio, le faltó resolución en la hora precisa y permitió por su pusilanimidad el desencadenamiento de la venganza del partido ultramontano que acabó con las reformas hasta entonces conseguidas.

Cuando se ha emprendido y comenzado un cambio social –escribía Mora, desilusionado–, es necesario no volver los ojos atrás hasta dejarlo completo, ni pararse en poner fuera de combate a las personas que a él se oponen, cualquiera que sea su clase; de lo contrario, se carga con la responsabilidad de los innumerables males de la tentativa que se hacen sufrir a un pueblo, y éstos no quedan compensados con los bienes que se esperan del éxito.

¿Por qué no se apoderó Gómez Farías del presidente López de Santa Anna?, se pregunta Mora, y él mismo nos entrega la respuesta: “Porque el paso era inconstitucional, y porque no se supusiese en el Vicepresidente una ambición de mando que no tenía.” “Famosa razón por cierto –dice con indignación mal reprimida–, famosa razón que ha mantenido a lo más la reputación del señor Farías en un punto muy secundario, y ha hecho recular medio siglo a la nación, haciéndola sufrir sin provecho los males de la reforma, los de la reacción que la derribó, y los que le causarán las nuevas e inevitables tentativas que se emprenderán en lo sucesivo para lograr aquélla.”

Vencidos los reformadores por la soldadesca, no tardó Mora en conocer el gran número de adversarios que su influjo en el gobierno de Gómez Farías le había granjeado. Y antes que solicitar clemencia o abjurar de sus convicciones políticas, resolvió salir por determinación propia al ostracismo, a pesar de la poderosa influencia que para impedirlo ejercieron sus amigos.

En sus escritos de destierro vemos que su devoción por la libertad de comercio no sufrió mengua. Consideraba que el interés individual y no la protección siempre ruinosa de los gobiernos es lo que debe fijar la inversión de los capitales y determinar la industria de un país. Puso en la acción enardecida de la política razón fría y aguda reflexión. Su liberalismo está matizado de un claro acento 130 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

libresco. En los escritos de su primera juventud lo vemos citar a sus maestros europeos en grandes parrafadas, y no pocas veces brota victoriosa su pedantería. Así, después de un largo trozo del “sabio Bentham”, afirma desafiante y satisfecho: “la lectura e inteligencia de Bentham no es para semisabios ni entendimientos vulgares”.

Entre sus autores predilectos exhibía desde Turgot y Montesquieu hasta el buenazo de Benjamín Franklin; pero quizá porque la gracia frívola de Voltaire resultaba incompatible con su acento doctoral, se empeñó porque a lo largo de toda su obra pareciese como que lo ignoraba. Evitó cuidadosamente toda chocarrería que pudiese destruir la unidad dramática de sus afirmaciones. A más de un siglo de distancia, nos resulta muy fácil encontrarle omisiones y defectos. Fue la suya una filosofía para propietarios, y de acuerdo con ella admitió desde luego la necesidad de un gobierno de tipo oligárquico.

Consideraba que el derecho de ciudadanía no debía prodigarse: “Habrá, si se quiere –decía con ingenuidad–, propietarios ineptos y perversos, pero nadie se atreverá a decir que esto sea propio de la mayoría de su clase”; “lo mismo decimos de los proletarios –agregaba–; no faltarán algunos que tengan la capacidad necesaria para desempeñar los puestos públicos y sufragar para ellos, pero la generalidad siempre carecerá de estas prendas, y las leyes no deben atenerse a lo que suceda por un fenómeno o caso raro, sino a lo que, siendo común y frecuente, está en la naturaleza de las cosas”.

Pero si su desdén por los trabajadores tiene ahora detalles cercanos a la comicidad, conserva, en cambio, plena vigencia su protesta por el abandono con que la generalidad de los habitantes del país habían desde entonces dejado el acto de las elecciones en poder de “los facciosos o de los aspirantes más descarados”.

Pensaba que sin algún grado de opulencia ningún pueblo puede ejercer ciertas virtudes sociales que hacen honor a los que las tienen. En realidad, y quizá sin que se lo propusiese concretamente, se convirtió en un campeón de los intereses de las clases medias.

Quiso ver en el mando a un grupo selecto, una aristocracia de la inteligencia que debía dirigir los servicios sociales y los administrativos. En la excesiva rique131 El doctor Mora, teórico de la reforma liberal Arturo Arnáiz y Freg

za del clero de su tiempo vio no sólo un obstáculo económico, sino también político, y como llegó a ser un antimilitarista convencido, dejó a los reformistas mexicanos un verdadero breviario de la libertad civil, “Catecismo político” lo llamaba él, usando uno de sus curiosos resabios eclesiásticos.

Aunque afirmó varias veces que el oro que se adquiere sin trabajo no hace más que dar lustre a la miseria del que lo posee, no se libró de incurrir en las mismas caídas del liberalismo clásico. Su interés por los obreros no llegaba más allá de un deseo piadoso por mejorar su suerte en lo más indispensable. Creía, sí, que había que tratar desigualmente a los desiguales; pero su simpatía estuvo en este caso al lado de los más afortunados.

Me temo mucho que si se le hubiese obligado a exponer los orígenes de su desdén por la clase trabajadora, habría contestado, como Cobden, que no le eran agradables “porque no tenían ninguna educación”.

Vivió en los años en que el socialismo vegetaba, aun en Europa, como una fuerza estrictamente académica. Nada extraño resulta que su individualismo intransigente haya tenido una clara tendencia hacia la formación de una fuerte minoría civil, enemiga del clero y del ejército y que, por elegancia, debía mantenerse cuidadosamente apartada de las masas populares.

Es el suyo un optimismo en descenso. Directamente influido por las generosas afirmaciones del Barón de Humboldt, hablaba primero del suelo de México como del “más feraz del universo”. Pero en los últimos años de su vida se encaminaba hacia el escepticismo en todas las líneas.

En sus escritos notamos una visible gradación. Al mirar desde el destierro el panorama mexicano tuvo que confesar con una angustia muy semejante a la de Alamán: “Nada se ha conseguido. Nuestros esfuerzos han sido inútiles, el mérito ha sido olvidado, la virtud abatida, la inhabilidad colocada en altos puestos y desatendidos los clamores de un pueblo reducido a la miseria y a la opresión.”

En el 48 no sólo supo de nuestra gran derrota, sino que desde Londres le tocó presenciar la revolución comunista que incendiaba el continente europeo.

Entristecido ante la primera crisis del liberalismo, escribió a Gómez Farías en

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una carta inédita que ahora se conserva en Austin: “Las cosas por acá van mal, y el socialismo y el comunismo han perjudicado más el principio republicano que los esfuerzos de todos los reyes juntos.”

Aunque puede juzgarse extraño, todavía hoy existen grupos a los cuales su ideario político parece demasiado progresista. No faltan continuadores de sus adversarios que, para situarlo históricamente, le reprochan como defecto fundamental su tuberculosis (Planchet).

También se intenta explicar su lucha contra el poder abrumador que entonces tenía la Iglesia, insistiendo en sus relaciones con la masonería. No es posible negar que Mora actuó dentro de las logias escocesas en puestos de responsabilidad; pero los que encuentran el origen de su posición política en manejos de sociedades secretas, ocultan la opinión que de las logias llegó a tener el reformador guanajuatense, sobre todo después de la pintoresca fiebre masónica que padecimos durante el gobierno de don Guadalupe Victoria. “Si no tienen por objeto la beneficencia pública que les dé algún interés –decía–, no son otra cosa que una ridícula y despreciable reunión de locos mansos, que se entretienen y pasan el tiempo en hacer gestos extraños, movimientos irregulares y contorsiones extravagantes.”

Recientemente hemos visto también a escritores afectos a los esquemas demasiado simples que, quizá por no haber llegado a la comprensión de la misión histórica del liberalismo mexicano, utilizan un cómodo mecanismo que les permite afirmar que todo lo que en México no ha estado dentro del “partido militar” pertenece a lo que llaman el “partido burocrático”. Y es así como resulta ahora que el más decidido adversario de nuestra empleomanía estuvo afiliado –en opinión de estos caricaturistas– al grupo de los buscadores profesionales de puestos públicos.

Mora fue uno de los escritores mexicanos que sintieron urgencia de tomar la pluma después de haber leído a don Carlos María de Bustamante. Desde 1825 empezó a organizar los elementos de la refutación que años más tarde publicó incompleta en París bajo el título de México y sus revoluciones.

Porque tenía demasiadas cosas importantes que decir, no permitió que su mensaje quedara ahogado por datos accesorios. Sus obras históricas tienen un 133 El doctor Mora, teórico de la reforma liberal Arturo Arnáiz y Freg

andamiaje documental que nunca peca por exceso. Un potente espíritu crítico le permitía llegar a los hechos esenciales y someter a ellos las ocurrencias secundarias. Por desgracia, esta capacidad de sacrificar el lastre –forma de valentía y decoro literarios– es cada día menos frecuente entre nuestros historiadores.

Fue de los que todavía creyeron en la imparcialidad y se esforzaron por lograrla, “porque a fuerza de intentarlo –decía– llegan los hombres a alcanzarla, al menos por aproximación”. Estaban lejanos los tiempos en que llegaría a aceptarse la diatriba histórica como expresión fundamental del género.

De las obras del licenciado Bustamante tenía, con razón, muy triste concepto. Le parecía que en ellas hay, sin duda, hechos verdaderos y documentos importantes, pero que están de tal manera entrelazados con fábulas y patrañas, que “se expondrían mucho quienes bebieran en las aguas de esta fuente sin haberla depurado”. A la Historia de los antiguos mexicanos la llamaba “colección de fábulas insulsas”, y al Cuadro histórico, “copilación de entusiasmos, odios, falsedades y dicterios”. En este punto su postura es idéntica a la de don Lucas Alamán, pero hay una diferencia que no carece de significación: Mora expresó en vida de don Carlos María su opinión adversa, mientras el prudente Alamán espero a que su buen amigo muriese para atacarlo sin misericordia.

Y ¿cuál fue su actitud frente al problema siempre presente de nuestro difícil equilibrio racial?

Mora perteneció a la ultima generación mexicana que exhibió informaciones de “limpieza de sangre” para entrar en las escuelas de enseñanza superior. Todavía bajo el dominio colonial, tuvo que demostrar que era español por los cuatro costados y descendiente de cristianos viejos y de limpia generación, “sin mezcla de ninguna mala raza de judíos, moros o mulatos”.

Realizada la independencia, vivió el mismo extraño conflicto que afrontó la minoría europea de aquellos días. Separados de la metrópoli, los blancos de mirada más certera empezaron a medir la situación que tenían que desafiar frente a la abrumadora y casi impenetrable mayoría india. Hubo muchos que no pudieron dominar el temor, y Mora fue uno de ellos. Los indios no despertaron en él ninguna simpatía. Extremando su criollismo, afirmaba que el México independiente nada tenía de común con los habitantes del antiguo sultanato de 134 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

Tenochtitlán. Y la admiración que sentía por la figura histórica del Conquistador le hizo decir con entusiasmo muy comprensible: “El nombre de México está tan íntimamente enlazado con la memoria de Hernán Cortés, que mientras él exista no podrá perecer aquella.”

Pero con todo no pudo sustraerse al influjo de la presencia muda de los indios. Aunque aseguraba que el fondo del carácter del mexicano es todo español, “pues no ha podido ser otra cosa”, reconoce acentos diferenciales y admite como característica general frente a los peninsulares “la índole suave y moderada de los que han nacido bajo el cielo mexicano”. Y es que cuando se vive en estas tierras, puede no tenerse lo indio en la carne, pero siempre se le lleva como huella profunda en el espíritu.

Cuando se inició en 1810 la insurrección, Mora estudiaba en San Ildefonso y tenía dieciséis años escasos. Español de sangre, nacido, como Alamán, de gente acomodada en la intendencia de Guanajuato, vio a su familia arruinada bruscamente por los sublevados. No sintió admiración por Hidalgo, pero en sus escritos sobre la guerra de Independencia lo vemos producirse* con serenidad, sin que su penetrante sentido panorámico se haya visto ensombrecido por rencores personales. De los mexicanos de su siglo, es quizá el único que en este juicio histórico acertó a encontrar el justo medio: “La revolución que estalló en 1810 ha sido tan necesaria para la consecución de la independencia, como perniciosa y destructora para el país”.

Es evidente que, al expresar su desagrado ante el papel que la “milicia de sotana” desempeñó en la guerra civil, reprocha, mirándolos reunidos en uno solo, los males de las dos clases privilegiadas que en sus días impedían el establecimiento de instituciones libres en la República. Pero no por ello dejó de reconocer que “a veces un mediano cura podía ser un general de muchísima importancia”. Así lo admite expresamente al hablar de los talentos militares de don José Mariano Matamoros.

El amplio conocimiento que llegó a tener de la vida de Morelos le permitió elogiarlo sin reservas. Como magistrado y como jefe militar lo consideraba un * N. del Ed.: Se respeta el vocablo original, aunque el sentido de la frase sugiere que José María Luis Mora se pronunció con serenidad acerca de la figura de Hidalgo.

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hombre extraordinario. Le parecía que en él las prendas morales excedieron a todas las otras. Admirado de la fuerza intuitiva de su pensamiento, escribió: “Sin conocer los principios de la libertad pública, Morelos se hallaba dotado de un instinto maravilloso para apreciar sus resultados.”

La semblanza de don Félix María Calleja del Rey es una de las más impresionantes. Con la seguridad elegante que alcanzan los más sagaces conocedores de hombres, Mora destaca en la vida de Calleja un factor fundamental, su desmedida ambición. Y así, después de hacer una rápida e iluminadora revista de la actuación militar y política del primer Conde de Calderón, concluye: “Acaso no abrigó jamás en su alma un sentimiento generoso, pues aun en la defensa de la causa de su patria es casi cierto que no vio otra cosa que una ocasión ofrecida por la casualidad a las medras de su fortuna y a la satisfacción de sus miras ambiciosas.”

En uno de sus ensayos hay una larga alusión a Iturbide, que sirve para seguirlo en el proceso de quemar resentimientos cuando éstos no le parecían ya sostenibles desde el punto de vista de la veracidad histórica.

Mora sufrió persecuciones y fue encarcelado en 1822 por la actitud valerosa que asumió frente al Emperador en la tribuna del primer Congreso Constituyente, y si todavía hoy cuesta no poco trabajo situar a don Agustín I en el escenario de su tiempo, parecería natural esperar que él fuese cerradamente hostil a su memoria. No oculta, ni podría ocultar, los errores de Iturbide como jefe de tropas realistas en el Bajío, pero reconoce que las resistencias de los peninsulares sólo pudieron destruirse a golpes de generosidad. Al hablar del Plan de Iguala –obra maestra de política, sin la cual la independencia de México no habría podido conseguirse en mucho tiempo–, alude al humanitarismo con que en ese documento quedaron a salvo los derechos de los españoles y declara: “el ilustre Iturbide hizo en grande lo que Nicolás Bravo no pudo hacer sino en pequeño”.

Mora fue un federalista convencido. No obstante las profecías de los que comprendieron que el centralismo es de hecho el único régimen aplicable entre nosotros, no aceptaba que la artificiosa división federal pudiera convertirse en origen de peligros graves.

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Reconocía, es verdad, que nuestra federación se hizo de un modo inverso a la de los Estados Unidos del Norte. Mientras allá diversos estados independientes se constituyeron en una sola nación, en México, por el contrario, una entidad indivisa y única se fraccionó en estados hasta cierto punto soberanos.

Mirándolo bien, esa consideración histórica daba a su federalismo un aspecto especial. “¿Quién podrá dudar –decía– que si en el Norte los Estados Unidos dieron la ley al gobierno federal, en México el gobierno federal debe dársela a los estados?”

Después de leerlo con cuidado, se hace necesario admitir que la adhesión al federalismo formó parte esencial de su vasto programa de hostilidad al caudillaje. Lo vemos escribir satisfecho: “Gracias al sistema federal ningún partido ni persona ha podido hacerse dueño de toda la República, ni mandar en jefe a la nación.”

Y contrariando directamente el vaticinio del doctor Mier, dejó escrito: “No tenemos motivo para temer y sí mucho para confiar de los estados de la República.”

Era aquél el tiempo en que no pocos hombres de buena fe esperaban, para la realización de su programa político, las ventajas que la América de habla castellana debía recoger de un proceso continuado de parcelación en unidades cada vez menores. Un miope fervor regionalista de claras raíces españolas provocó la balcanización de estas comarcas.

Cuando con angustia de ángel tutelar Simón Bolívar reclamó unión a los pedazos dispersos del antiguo imperio, Mora comentó irónicamente: “Reunir las fuerzas de naciones esparcidas en un continente vastísimo, de población muy escasa, separadas por centenares de leguas, por desiertos inhabitados y por montañas y Cordilleras inaccesibles, es el mayor de los delirios.”

Desde que México se hizo independiente, cada una de nuestras generaciones afronta al llegar a la madurez el deber de revisar y rectificar la actitud que en los primeros años tuvo ante los Estados Unidos.

Ha habido en esto como un movimiento pendular. Hoy, sorteadas muchas divergencias, estamos felizmente en una hora de aproximación sincera; pero en 137 El doctor Mora, teórico de la reforma liberal Arturo Arnáiz y Freg

otros tiempos las cosas fueron diferentes. A la generación del doctor Mora le tocó andar los caminos en sentido opuesto.

A pesar de la brusca irrupción de los norteamericanos en el Golfo de México, y a pesar de que las proposiciones de compra presentadas por Poinsett debieron servir de enérgica advertencia, la mayor parte de nuestros estadistas no acertaron a medir el peligro, sino hasta que los anglosajones habían iniciado ya la digestión de nuestras comarcas fronterizas. Mora fue uno de los que todavía en 1830 creían que nuestros vecinos “nada podrían emprender por tierra”, pues, separados de México por inmensos arenales y desiertos inhabitados, “la menor resistencia seria bastante para rechazarlos”.

La impresión que la derrota del 48 le produjo fue tan honda, que al enterarse de la mutilación del mapa mexicano escribió una reflexión que da la medida de su escepticismo: “Todo tratado de paz que se haga entre México y los Estados Unidos, de parte de esta última nación, no es sino una tregua que prepara para lo sucesivo los avances de una nueva invasión.”

Ha cumplido ya más de cien años el Tratado de Guadalupe y, con excepción de La Mesilla, conservamos todavía la porción restante de nuestro territorio.

Una inteligente política basada en conveniencias mutuas borra gradualmente resentimientos anteriores. ¡Ojalá que el péndulo no vuelva a moverse en mucho tiempo!

Cuando se repasa la vida del doctor Mora, se hace necesario aceptar que en política le faltó el sentido de la oportunidad. Tuvo sólo una agitada y tempestuosa ocasión de influir decisivamente en los destinos nacionales. Fracasó en 1833, y su existencia adquirió desde entonces un duro perfil de cosa malograda.

Como ocurre con muchos profesores que caen en la política, fue un revolucionario de tono académico; no quiso desprenderse nunca del acento magistral.

Soberbio y altanero, confió más en la fuerza del raciocinio que en la de la emoción. Alejado de las aulas, se ocupó de dar con la línea recta de su vida la última de sus lecciones.

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Veía los problemas nacionales con valerosa serenidad. Frente a la etapa más convulsiva de nuestra historia política, no quiso evadirse por la cómoda salida de los cuentos abracadabrantes al estilo de Bustamante, ni por la ruta, también fácil, del llanto y las carcajadas de Alamán.

Supo dirigir con eficacia la acción de muchos hombres valiosos; pero no encontró camino para llegar a las mayorías incultas. Quizá porque buscaba eco, puso tanto interés en la labor educativa.

Su figura seca y llena de sobriedad nada tiene de pintoresca. Le odiaron muchos, pero ninguno dejo de respetarlo. En México se adelantó con muchos años a su tiempo. Aunque estaba bien informado de las corrientes europeas, no se limitó a ser un trasplantador servil, sino que supo observar lo mexicano con agudeza tal, que todavía hoy, cuando leemos sus escritos, asalta como insistente ritornelo la frase justa de la Marquesa Calderón: “Se diría que el autor ha previsto las actuales circunstancias.”

Sintió muy bien que había vivido en un país que, a merced de los jefes militares, no tenía de República sino el nombre. Y aunque advertía la velocidad con que lograban ascender los que “se echaban la vergüenza a las espaldas”, no pudo ser político porque –hombre diáfano– le faltó aptitud para el engaño y para la adulación interesada.

Fue el suyo un heroísmo casi silencioso. Agobiado por la tuberculosis y lejos de la patria, sabemos que en los días finales llevó con dolor su soledad. Pero aunque le flaqueaba el cuerpo, hacía la defensa de sus afirmaciones con tanta vehemencia, que Melchor Ocampo recogió en una visita hecha en la adolescencia la impresión de que era “un apóstol demasiado ardiente para creerlo desinteresado en sus doctrinas”.

En la primera parte de su vida, y por haber nacido de “una familia muy decente”, vivió como rentista; pero esto no impidió que se adhiriese al partido del progreso “desde que pudo pensar”.

Aunque veía los males de México más bien en las cosas que en las personas, describió en sus rasgos característicos a los autores de las calamidades públicas, no sin recomendar que la fidelidad de los retratos no se atribuyese a la destreza del pincel, sino a lo marcado de las facciones.

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Después de que fracasó el amplio plan de publicaciones que se proponía realizar en la Librería de Rosa, sus cartas se convirtieron en su mejor medio de expresión. Muchas de las más importantes no han sido publicadas todavía. A través de ellas podemos seguirlo en sus años de pobreza.

En el destierro, pronto quedaron agotados los restos escasos de su fortuna personal, y hubiera perecido si la amistad de la familia Lizardi no le hubiera brindado durante más de seis años, “por sólo un efecto de patriotismo”, cincuenta pesos cada mes.

Pero si esas buenas gentes, que no habían recibido de él favor alguno, acudieron en su auxilio, en cambio, con excepción de Couto, ninguno de sus amigos de México lo ayudó en nada. En una carta a don Valentín Gómez Farías escribe decepcionado: “Me habrían visto perecer en la miseria con la mayor sangre fría.”

El 14 de julio de 1850 murió en París. Ninguno de los suyos estuvo junto a él.

Fue su sirvienta mexicana Juana Nava la que le cerró los ojos. A ella dejó la herencia que en las últimas horas la buena mujer se atrevió a solicitarle: su retrato pintado al óleo en Londres en sus días de embajador, el mejor retrato de su vida.

Juana Nava permaneció en Francia hasta el fin de sus días, pues no pudo ser repatriada por cuenta del gobierno mexicano. Pero, muerto ya don José María Luis, el cariño que sentía Juana por la memoria de su amo le impedía tolerar que la más leve capa de polvo empañara su efigie. Para contemplarlo limpio y reluciente, todos los días lavaba la tela con estropajo y con jabón. A su celo debemos atribuir la pérdida definitiva del más fiel retrato que de Mora nos quedaba.

Con razón decía el ilustre teórico de la Reforma que el tiempo todo lo borra y hace olvidar.

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LEGADO

Discurso de toma de posesi贸n (1861) Abraham Lincoln

Revista Mexicana de Cultura Pol铆tica NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

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Ciudadanos de los Estados Unidos:

C

umpliendo con una costumbre tan antigua como el gobierno mismo, me presento a ustedes para dirigirles la palabra y prestar el juramento prescrito por la Constitución de los Estados Unidos antes de tomar posesión del cargo de presidente.

No creo necesario discutir ahora todos aquellos asuntos administrativos que no tienen interés particular; por lo que me limitaré a manifestar que entre los habitantes del Sur predomina, al parecer, el temor de que con la nueva administración republicana peligrará la paz y la seguridad personal, sin que a mi modo de ver haya fundamento alguno para abrigar semejante inquietud.

En mi concepto no hay motivos para pensar así, y esto podría probarse hasta la evidencia, pues sin ir más allá, en todos los discursos del que ahora tiene el honor de dirigirles la palabra se podrá haber comprendido que no tengo intención de intervenir directa o indirectamente en el asunto de la esclavitud en los estados donde existe, pues no creo que tenga derecho para hacerlo, ni me inclino tampoco a ello. Los que me eligieron no ignoraban que yo había hecho esta declaración, y la prueba es que en el programa que me presentaron al ofrecerme sus votos, aparecía el siguiente acuerdo: El mantenimiento de los derechos de los estados, y especialmente el de que cada uno de aquellos se rija por sus propias instituciones, es esencial para con* N. del Ed. Buena parte de la historia de la humanidad se encuentra en los discursos de hombres y mujeres a los que se considera excepcionales por actos extraordinarios en su tiempo y en su circunstancia. Ésta es la razón por la que Revista Mexicana de Cultura Política NA trae a la memoria, por su contribución a la cultura política, los discursos de figuras públicas destacadas.

Es el caso de Abraham Lincoln, décimosexto presidente de Estados Unidos, de 1861 a 1865, de quien en esta ocasión se incluye su memorable discurso de toma de posesión. Lincoln asumió la presidencia en un contexto de grave conflicto político entre los estados del norte y los del sur -que habían declarado su independencia- que llevaría a la guerra civil que duró toda su primera presidencia. La historia ha dado un gran reconocimiento al presidente Lincoln por su conducción de la difícil situación política, en la que logró conservar la unión y abolir la esclavitud, motivo de la disputa entre el norte y el sur. Además de ello, es poco sabido que Lincoln consideraba a México “la más importante nación en las relaciones internacionales de Estados Unidos” y por ello apenas asumido el cargo nombró como embajador a México a un popular político de su círculo íntimo: Thomas Corwin, cabeza de la oposición a la guerra con México. ¿Por qué Corwin? El investigador

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servar el equilibrio de nuestro sistema político, y reprobamos la ilegítima invasión por la fuerza armada, de cualquier estado o territorio, considerándola como el más grave de los crímenes.

Yo apruebo en un todo esta declaración, y al hacerlo así, puedo asegurar que la tranquilidad y el bienestar de todos no se verá de ningún modo en peligro con el nuevo Gobierno. Debo añadir, de paso, que todos los estados serán protegidos con arreglo a los principios constitucionales y a las leyes, siempre que lo reclamaren por justa causa.

Al prestar el juramento que me impone mi cargo, es mi ánimo observar estrictamente la Constitución y las leyes, y mientras yo no recomiende otras nuevas al Congreso, creo que será mejor para todos conformarnos y regirnos por aquellas normas legales que no han sido anuladas.

Setenta y dos años hace que tomó posesión el primer presidente bajo nuestra Constitución nacional; durante este período, quince presidentes distintos, todos ciudadanos tan distinguidos como ilustres, han representado al poder ejecutivo del Gobierno a través de muchos peligros, pero siempre con feliz éxito; y a pesar de esto, y con tales precedentes, entro en el desempeño de mis elevadas funciones con tanta desconfianza como temor de que me falten las fuerzas necesarias en la situación presente.

La separación con que sueñan algunos estados de la Unión, que no era hasta hace algún tiempo más que una simple amenaza, es ahora, según parece, un plan resuelto. A mi juicio, la ley universal de la Constitución supone que la Unión de Jeffery Auer sugiere que no había en Estados Unidos en aquel momento un político mejor calificado para representar a su gobierno en el vecino país. “En los cuarenta, el coloso del norte se había apropiado de la tercera parte del territorio mexicano; en los cincuenta, todos los embajadores acreditados ante la nación despojada fueron sureños, esclavistas, acólitos del destino manifiesto, y ni uno de ellos ajeno a la idea de que otras porciones del territorio mexicano debían integrarse” a las estrellas de Old Glory. Corwin recibió instrucciones precisas para garantizar a Benito Juárez la amistad y el apoyo del gobierno de Abraham Lincoln, particularmente frente a la intención confederada de anexar territorio mexicano: “Dará usted seguridades al gobierno de México de que el Presidente no tiene, ni tendrá, simpatía alguna hacia tales designios”. Y para subrayar la importancia que se concedía a las relaciones entre los dos países, la directriz añadía: “Sea observador y utilice todos los recursos a su alcance para contrarrestar cualquier intento de reconocimiento (diplomático) a la Confederación, y asegure a México que la actual organización política en los Estados Unidos es la mejor garantía para su integridad, unidad e independencia”.

143 Discurso de toma de posesión (1861) Abraham Lincoln

los estados ha de ser perpetua, por más que no se exprese esta palabra en la ley fundamental de todos los gobiernos nacionales.

Si se cumplen todas las disposiciones establecidas en la Constitución federal de nuestro país, la Unión existirá siempre, pues no es posible destruirla sin suprimir el instrumento que es la base de nuestro sistema político.

Aun suponiendo que los Estados Unidos no fueran un gobierno propiamente dicho, sino una asociación de estados, con carácter contractual solamente, ¿podrá anular el pacto una de las partes sin la aprobación y el consentimiento de las demás?

La Unión es mucho más antigua que la Constitución; se formó en 1774 por los artículos que todos conocemos; trece estados distintos se comprometieron a observarla en 1778; y por último, en 1787, uno de los principales objetos al revisar la Constitución, fue formar una Unión todavía más perfecta. Si aquélla deja de observarse por uno o varios estados y se considera que hay el derecho de hacerlo, entonces la Unión sería menor que antes, porque la Constitución habrá perdido el elemento vital de su perpetuidad. Se sigue de aquí que ningún estado puede separarse legalmente de la Unión por su propia iniciativa; que todas las órdenes y acuerdos que así lo prevengan se deben considerar nulos y de ningún valor ni efecto, y que los actos de violencia cometidos en un estado o varios estados contra la autoridad de la Unión constituyen una insurrección o una revolución, según las circunstancias de dichos actos.

Opino, por lo tanto, que según lo dispuesto en la Constitución y las leyes, la Unión es inquebrantable, y en este concepto, no perdonaré esfuerzo alguno para que se cumplan fiel y lealmente las leyes en todos los estados. Haciéndolo así, habré cumplido con mi deber, y persistiré en mi resolución mientras me sea posible, a no ser que mi soberano y señor natural, que es el pueblo americano, disponga lo contrario retirándome el poder en debida forma. Confío en que no se interpretarán mis palabras como una amenaza, sino como firme propósito de defender y mantener constitucionalmente la Unión, pues de este modo no será necesario recurrir a las violencia ni verter sangre, si no se pone a la autoridad nacional en la obligación de hacerlo.

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Haré uso del poder que se me confiere para conservar y defender los bienes y propiedades pertenecientes al Gobierno, así como también para recaudar los impuestos; mas en todo lo que no se refiere a esto, no habrá invasión de fuerza armada contra el pueblo en ninguna parte.

Donde la hostilidad a los Estados Unidos fuese tan marcada y universal que impidiera que los ciudadanos residentes continuaran en el desempeño de sus funciones, no se tratará de reemplazarlos con extranjeros, pues el hacerlo así, mientras el gobierno tenga un derecho legal para disponer que los funcionarios sigan en sus puestos, sería tan irritante como impracticable, y parece mejor suprimir por lo pronto tales destinos. En una palabra, el pueblo podrá vivir en todas partes con esa tranquila seguridad, tan favorable y necesaria para la reflexión.

Seguiremos la política indicada, a no ser que la experiencia o acontecimientos imprevistos aconsejen alguna modificación o cambio; pero en todos los casos y sean cuales fueren las exigencias, haré cuanto estuviere de mi parte para mantener la paz civil dentro de los límites de la prudencia, dando una solución pacífica a los disturbios que ocurriesen a fin de restablecer nuestras fraternales afecciones y simpatías.

Que haya personas en un punto u otro que tratan de disolver la Unión a toda costa y que buscan un pretexto para hacerlo, es cosa que ni afirmo ni niego; si existen en realidad esas personas, no es necesario que yo les dirija la palabra. Pero esto no quita que hable a los verdaderos amantes de la Unión.

Antes de entrar a discutir un tan grave asunto como lo es el de la destrucción de nuestro sistema nacional, con todos sus beneficios, recuerdos y esperanzas, ¿no sería prudente averiguar por qué lo hacemos? ¿Quién se atrevería a dar un paso tan osado mientras los males que nos aquejan no sean reales y verdaderos, 145 Discurso de toma de posesión (1861) Abraham Lincoln

mientras no tengamos la seguridad de que al huir de unos no nos afligirán otros peores? Todos aseguran que estarán contentos con la Unión si se mantienen los derechos constitucionales; ¿será cierto, pues, que se ha negado algún derecho escrito en la Constitución? Yo creo que no, y felizmente la humana inteligencia es tal, que ninguno tendría la audacia de hacerlo.

Cítenme un solo caso en que se haya negado alguna de las disposiciones escritas claramente en la Constitución; si por la mera fuerza de los números despojase una mayoría a la minoría de cualquier derecho constitucional expresamente consignado en la Constitución, se justificaría la revolución desde el punto de vista moral, pero aquí no existe este caso. Todos los derechos vitales de las minorías y de los individuos están tan bien asegurados por la Constitución, que nunca se promueven controversias acerca de ellos, y es de desear que así sea, porque no es dable hacer ninguna ley orgánica con una disposición especialmente aplicable a cada una de las cuestiones que pueden ocurrir en la administración práctica.

Nadie puede prever ni hay documento alguno que contenga artículos escritos para resolver todas las cuestiones posibles. ¿Deberán ser entregados los esclavos fugitivos por la autoridad nacional o por la del Estado? La Constitución no lo dice de una manera terminante. ¿Deberá el Congreso proteger la esclavitud en los territorios? La Constitución tampoco lo dice expresamente.

De algunos puntos como éstos nacen nuestras controversias constitucionales, dando lugar a que nos dividamos en mayorías y minorías. Si estas últimas no ceden, la mayoría o el gobierno deben cesar; no hay alternativa, para que éste continúe en el poder sin la conformidad de ambas partes. En este caso, si una minoría prefiere separarse antes que ceder, sienta un precedente que ha de perjudicarle a su vez, pues de su seno mismo saldrá otra minoría cuando la nueva mayoría rehúse aceptar lo que aquélla desea.

Todos los que ansían la desunión comprenden muy bien esto, pero yo pregunto: ¿hay tan perfecta identidad de intereses entre los estados para formar una nueva Unión que produzca sólo la armonía e impida otra nueva separación?

Hablaremos con franqueza: la idea dominante de la separación es la esencia de la anarquía.

146 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

Una mayoría sujeta a las limitaciones constitucionales y que cambie fácilmente conforme a los cambios de la opinión popular es el verdadero soberano de un pueblo libre; el que la deseche cae en la anarquía; la unanimidad es imposible; rechazando el principio de la mayoría, sólo queda ya el despotismo.

Una parte de nuestro país cree que la esclavitud es conveniente, y que es preciso extenderla, mientras que la otra opina que es un mal y debe suprimirse; y he aquí el gran caballo de batalla que da origen a tantas disensiones, a pesar de que la ley relativa a los esclavos fugitivos y la referente a la supresión del tráfico de negros están hoy en vigor, como todos saben.

Esta cuestión es difícil de resolver satisfactoriamente para todos, pero aún lo sería mucho más separándose los estados, pues por una parte el tráfico de aquellos, suprimido ahora imperfectamente, se haría de nuevo con mayor actividad, y, por otra, los esclavos fugitivos, que se devuelven ahora con frecuencia, no se entregarían entonces.

Físicamente hablando, no podemos separarnos; no podemos aislar nuestras respectivas secciones sin levantar entre ellas una barrera inexpugnable; un marido y su mujer están en el derecho de divorciarse alejándose después uno de otro, pero las diferentes partes de la Unión no pueden hacer esto; deben permanecer unidas y continuar sus relaciones, ya sean éstas amistosas u hostiles. ¿Será posible que esas relaciones sean más ventajosas o satisfactorias después de la separación que antes? ¿Podrán los extraños hacer tratados mejor que los amigos de las leyes? ¿Podrán observarse mejor aquellos que éstas? Supongan que se va a la guerra; la lucha no ha de ser eterna, y cuando después de grandes pérdidas por ambas partes sin conseguir beneficio alguno, cese la contienda, todo serán dificultades respecto a la conducta que se deba observar.

Este país, así como sus instituciones, pertenece al pueblo que lo habita, y cuando éste crea que el gobierno existente no es lo bastante bueno, puede modificarlo en virtud de su derecho constitucional, aun cuando para ello tenga que apelar a la revolución.

Yo no recomiendo enmienda alguna, pero reconozco el derecho del pueblo en este punto, y en vez de oponerme lo apoyaría, sobre todo en las actuales circunstancias si se viera precisado a tomar alguna determinación en tal sentido.

147 Discurso de toma de posesión (1861) Abraham Lincoln

El jefe de la nación recibe su autoridad del pueblo, mas no se le ha conferido derecho alguno para fijar las condiciones con que deben separarse los estados; el pueblo puede hacer esto si quiere; el poder ejecutivo no tiene nada que ver con ello; su deber es administrar el gobierno que se le confió, transmitiéndolo sin tacha a su sucesor. ¿Y por qué no ha de haber una confianza ciega en la justicia del pueblo?

En nuestras actuales disensiones, ¿quieren decirme si hay alguno que crea que no esté de su parte la razón? Si el que rige los destinos de las naciones favoreciese al Norte o al Sur, la razón y la justicia resplandecerían por el juicio de este gran tribunal que se llama el pueblo americano.

Mientras que el pueblo vigile y sea virtuoso, ninguna administración, por mala que sea, podrá perjudicar gravemente al gobierno ni al país en el corto espacio de cuatro años.

Compatriotas: les recomiendo con el mayor encarecimiento que mediten tranquilamente sobre este punto; nada se pierde por exceso de reflexión. Una resolución precipitada, que la mayor parte de las veces produce fatales consecuencias, no se hubiera tomado ciertamente pensándolo antes con patriótica serenidad; y si es preciso, nada se pierde con reflexionar dos veces, rectificando lo que pida el buen sentido.

Si se admitiera que ustedes, los que están descontentos del gobierno tienen toda la razón, aun en este caso no habría motivo fundado para precipitarse.

La inteligencia, el patriotismo, la religión y una firme confianza en ese Dios tan poderoso que siempre dispensó sus favores a este país, es todo cuanto necesitamos para resolver satisfactoriamente nuestras diferencias. Y a ustedes, compatriotas, los que están descontentos, permítanme que les diga que sólo de ustedes depende la paz o la guerra civil.

El gobierno no los atacará. Estén seguros.

No habrá conflictos sin que sean ustedes los agresores; no existe ningún precepto divino ni humano que los autorice a destruir el gobierno, en tanto que yo estoy ligado por un juramento solemne, según el cual debo preservarlo, protegerlo y defenderlo.

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Voy a concluir: no somos enemigos ni debernos serlo; somos amigos; y aunque se hayan dejado algunos dominar en un momento por la c贸lera, no por esto se deben desatar los amistosos lazos que nos unen para el bien com煤n.

149 Discurso de toma de posesi贸n (1861) Abraham Lincoln

150 Revista Mexicana de Cultura PolĂ­tica NA Enero-Abril 2012

APUNTES

El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo José Miranda

Revista Mexicana de Cultura Política NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

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Raíces e influjos

A

una realidad y una teoría europeas del Medioevo suelen remontar algunos los orígenes concretos del liberalismo: a la realidad políticosocial que suele denominarse Estado estamental, y a la teoría correspondiente, de fundamento teológico y jusnaturalista, que afirma el origen popular inmediato del poder y la limitación de la autoridad real.

Nada habría que objetar a ese enlace si se limitase al caso de una sola nación europea, Inglaterra, en donde aquella realidad medieval, gracias al triunfo del estado llano sobre la monarquía, evolucionó decididamente hacia la democracia. Pero ¿no habría que rechazar tal nexo en el caso –precisamente contrario– de casi todas las demás naciones europeas, Francia, España, etc., donde la derrota o el sometimiento del estado llano por la monarquía llevó las cosas al puerto opuesto, es decir, al absolutismo, cerrando con ello toda posibilidad de desenvolvimiento paulatino hacia lo que hoy conocemos con el nombre de liberalismo? Si entre las dos situaciones –el régimen estamental y el régimen liberal– sólo cabe el enlace en Inglaterra, no ocurre así con la conexión entre las dos doctrinas –la teológica medieval y la liberal moderna–, pues además de tener un sustrato ideal común, fueron acercadas por el pensamiento jusnaturalista del siglo XVII, que tendió un recio puente entre ellas. Sin embargo, el hecho de haber sido aprovechada la teológica por una corriente política especial, la liberal católica, y la circunstancia de seguir muy apegada a los supuestos teórico-reales del Medioevo, la han colocado en una posición distante y apartada de la que ocupa el liberalismo dieciochesco, eminentemente antropocéntrico, y por ello laico.

Pero, sea como fuere, no puede negarse que México participó tanto de la realidad medieval como de la doctrina teológica del derecho natural, y que por lo tanto una y otra se incorporaron más o menos a su tradición, y deben ser contadas entre los elementos que la forman.

* El presente texto fue publicado originalmente por El Colegio de México en el Vol. 5, No. 4, de Historia Mexicana en abril-junio de 1956, y se reproduce con su autorización.

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La situación medieval española se transfiere no poco a México en los años inmediatamente posteriores a la Conquista: aquí, como en la Península, el estado llano opone sus derechos propios (libertades) tanto individuales como colectivos a los del rey y de las autoridades reales. Pero además, en esa situación introducen la conquista y la colonización un nuevo elemento, una pretensión de autonomía y de respeto para la obra de dominio y creación realizada: el conquistador y el colono tratan de erigir en derecho propio, en heredad intocable, lo ganado y edificado con su esfuerzo y sacrificio. Ésta y no otra es la raíz inicial del espíritu criollo, que se va hinchiendo a medida que crece y se diferencia la obra y a medida que el agravio sucede al agravio –que el agravio primero del no reconocimiento del derecho propio es seguido de agravios todavía más escocedores como la desconfianza y la preterición.

Aún más que la situación medieval, trascendió a México la doctrina derivada de ella. Y si aquella situación no prevaleció ni en México ni en España, sí se sostuvo en cambio esta doctrina, del mismo modo que allende el Atlántico; puede considerarse como imperante, acá y allá, hasta mediados del siglo XVIII, pues las teorías propugnadoras del cesarismo nunca pudieron opacarla, ni siquiera durante el breve tiempo en que gozaron de refrendo oficial.

Pero, a fin de cuentas, por mucha participación que se conceda a toda esa tradición institucional y doctrinal en el alumbramiento del liberalismo, éste, en los países que atravesaron por un largo período de monarquía absoluta, se divorcia por completo de dicha tradición y se coloca, teórica y prácticamente, en una posición casi antitética a ella. De un orbe humano cuyo centro era Dios, pasamos a un orbe humano cuyo centro es el hombre mismo; de una sociedad concebida como un organismo y cuyas partes eran las clases –nobleza, clero, estado llano– o las corporaciones –iglesias, universidades, concejos, gremios–, a una sociedad concebida como un agregado y cuyas partes son los individuos; de un Estado cuyo principio era el orden y cuya norma la intervención en todas las actividades humanas, a un Estado cuyo principio es la libertad y cuya norma el laissez faire, y de un gobierno y un derecho cuyas bases eran el privilegio y el particularismo, a un gobierno y un derecho cuyas bases son la igualdad y la generalidad.

153 El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo José Miranda

El liberalismo estaba implícito en el racionalismo dieciochesco, en esa fuerza o corriente espiritual denominada la Ilustración que trastornó todos los fundamentos de la vida; corriente o tendencia producida por la pujanza y el auge de la burguesía, el desarrollo de la ciencia y de la técnica, el progreso de la industria y el comercio, y los anhelos de reforma política y social. Otra raíz fundamental del liberalismo fue el sentimiento, un sentimiento elemental o ingenuo, nada intelectual, que se formó con odio y amor: con odio a la opresión del antiguo régimen y con amor a la libertad natural, a la “suelta” del individuo para que pudiese desarrollar plenamente sus facultades encadenadas por el absolutismo civil y religioso; sentimiento alimentado también por la esperanza en un risueño porvenir de los individuos y las colectividades. Tal sentimiento fue lo que del liberalismo llegó a los hombres comunes y dio a éste, al menos incidentalmente, el apoyo necesario para elevarse al poder. La participación decisiva de los artesanos, los militares de baja graduación y los obreros mejor retribuidos de las grandes ciudades, y sobre todo de las capitales, en las revoluciones francesas, españolas e hispanoamericanas es cosa hoy bien probada.

Al calor de las ideas y el espíritu de la Ilustración, que España prohija moderadamente, germina en el siglo XVIII la conciencia liberal mexicana: la libertad de comercio e industria comienza a abrirse paso; el latitudinarismo religioso aflora de mil maneras; la Inquisición pierde gran parte de su autoridad y se esfuerza en vano por atajar la circulación de los libros prohibidos; el mundanismo, o la libertad o relajamiento de las costumbres, cunde a ojos vistas; la ciencia lidia airosa por los fueros de su independencia; y los dogmas políticos revolucionarios reciben creciente adhesión, como lo muestran muy a las claras los escritos que inspiran y la agitación y los complots que provocan.

Al descender a la calle para afrontar los grandes problemas nacionales, el liberalismo mexicano comienza a diferenciarse del europeo, pues si éste puede atacar desde un principio el problema del régimen político, el mexicano se ve obligado a atacar antes el de la independencia nacional, cuyo logro se consideraba como paso obligatorio o condición previa para el establecimiento de un verdadero régimen liberal, ya que no podía considerarse como tal el ofrecido por los revolucionarios hispanos. A objetivo diferente, argumentos diferentes, o diferentemente presentados. Si los mejores y más eficaces tienen que provenir 154 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

del arsenal teórico-legal español, a ellos se recurrirá. Al enemigo se le contestará con sus propias armas: con toda la tradición teórico-institucional hispana –cortes, concejos, fueros–, que sacarán a relucir Verdad, Villaurrutia, etc., y más profusamente que nadie el padre Mier, y con todos los principios liberales modernos, de origen francés, admitidos por las Cortes de Cádiz, que esgrimirán sobre todo Talamantes, Morelos, Rayón y Quintana Roo. España y Francia son los dos países que más influyen a la sazón en los liberales mexicanos: la Metrópoli suministra lo necesario para la justificación legal; pero cuando se trata de la justificación teórica moderna y de levantar un edificio constitucional, se acude a Francia; ahí están para mostrarlo los hilos doctrinales con que Talamantes urde su discurso sobre el principio de la nacionalidad y las ideas sobre las cuales descansan los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán. Cuando se puede, no dejará de blandirse lo propio, como la historia patria, muy traída a colación en el Acta de Independencia y en el Manifiesto del Congreso de Chilpancingo, ni de aprovecharse lo recibido pero ya incorporado, como el juicio de residencia y los concejos o municipios, instituciones coloniales que fueron incluidas en el referido código político.

Lograda la Independencia, el entusiasmo y la preocupación que ella ha acaparado se dirigen al régimen liberal, a sus principios y organización. Acompaña entonces al liberalismo cierto fervor popular. Nímbanse líderes y seguidores de una radiante fe, de un desbordado optimismo en los destinos de la colectividad y del régimen. Quien se haya acercado, como lo ha hecho el profesor Reyes Heroles, a los folletos y periódicos de ese momento, podrá percibir muy bien tal exaltación pública. No hay años iguales a éstos en la historia del liberalismo mexicano.

155 El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo José Miranda

Desde 1821 hasta 1824, España seguirá compartiendo con Francia el ascendiente sobre los liberales mexicanos. En ningún otro período su influjo será mayor: la Constitución de Cádiz y los Diarios de Cortes, los escritos de Jovellanos, Martínez Marina y Flores Estrada, y la literatura menor, como los folletos polémicos, andan en manos de todos, y gran parte de las obras de autores extranjeros más aceptados aquí nos llegan en versiones castellanas, a veces mutiladas o comentadas, hechas en la Península. Estando vigente todavía la Constitución de Cádiz, y habiéndose decidido en el Plan de Iguala que la nación se revistiese de una forma política muy semejante a la española –católica, monárquica y centralista–, no es de extrañar que el nexo ideológico político con la antigua Metrópoli fuese todavía tan fuerte. Sin embargo, como la esencia teórica del liberalismo español era francesa, y francesa también era casi toda la literatura política traducida que se recibía de la Península, el gran predominio de la teoría gala siguió subsistiendo; pero si antes los oráculos eran un Montesquieu o un Rousseau, ahora lo será un Benjamín Constant, cuyas doctrinas sintonizarán perfectamente con el carácter ponderado del liberalismo mexicano.

Es de advertir, empero, que las ideas anglosajonas hacen alguna competencia a las francesas: que el utilitarista Bentham y el individualista Paine figuran entre los escritores políticos más estimados y son citados frecuentemente como autoridades. Percíbese ya en este período que el liberalismo mexicano comienza a adquirir carácter (la personalidad de que habla Reyes Heroles), a tener conciencia de su peculiaridad –situación, probabilidades, límites, etc., particulares–, y procura seleccionar los alimentos que se le ofrecen, con la vista puesta en una asimilación provechosa. Desde entonces empieza a perfilarse uno de los rasgos del liberalismo mexicano: su realismo o antidogmatismo; rasgo que recibe, en definitiva, del carácter nacional, y que tiene su origen en la idiosincrasia indígena.

En 1823, los derroteros republicanos y federalistas que toma el régimen liberal le obligan a reorganizar su sistema doctrinario, recurriendo a otras fuentes teóricas y a otros apoyos institucionales. La presidencia de la ideología política esencial le será conservada a Francia; pero la rectoría de la ideología política formal le será quitada a España, quien será sustituida en ella por los Estados Unidos.

156 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

Al promulgarse la Constitución de 1824, el Congreso mexicano declaraba, en solemne manifiesto, que felizmente la Nación había tenido “un modelo que imitar en la República floreciente de nuestros vecinos del Norte”, y exhortaba a los ciudadanos a elevarse al grado “de virtudes cívicas y privadas que distinguen a ese pueblo singular”; y todavía, al cerrar el discurso, exaltaba la figura de Washington, contraponiéndola a las de Marat y Robespierre, quienes –decía– invocando los mismos principios que aquél, habían inundado “en llanto y sangre a la nación más ilustrada de la tierra”. Hacíase esta concesión al país del cual se habían tomado dos piezas importantes del sistema político: la República y la Federación; mas los que así declamaban, recurrían casi siempre, cuando se trataba de fundamentar juicios u opiniones, a autores franceses, y proponían como textos, para las cátedras recién creadas de derecho público, economía política y legislación, obras de Constant, Say y Bentham, respectivamente. Ningún tratadista político ejerce entonces mayor influjo sobre los principales hombres de Estado mexicanos que el autor del Adolfo; en Zavala y Prisciliano Sánchez el gran ascendiente ejercido por Constant es patentísimo, y Mora se allega tanto a él que cabría llamarlo el Constant mexicano.

Entre la caída de Iturbide y el pronunciamiento de la Acordada, el entusiasmo y el optimismo iniciales se han ido poco a poco apagando, y todo el largo período que se extiende desde ese último acontecimiento hasta la Revolución de Ayutla va a transcurrir bajo el signo de la desilusión y el escepticismo, cuando no del pesimismo. Los continuos cambios de un sistema a otro, las luchas incesantes por el poder (con los obligados levantamientos y cuartelazos), las infortunadas guerras internacionales, el constante forcejeo con la Iglesia y las endémicas crisis económicas del Estado y el Gobierno, todas estas llagas van minando paulatinamente las fuerzas del liberalismo mexicano hasta dejarlo casi exhausto, con sólo los ánimos y bríos necesarios para ir tirando.

Por todos lados suenan las lamentaciones y se escucha casi como letanía la voz de la decepción. Son abundantísimos los botones de muestra. Escojamos dos.

El presidente del Congreso manifestaba en 1845:

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Agobiada la Nación bajo el peso enorme de las desgracias que la oprimen desde el principio de su existencia; víctima de las continuas acciones y reacciones políticas, en que siempre se le ha prometido la destrucción de los abusos, el goce de la libertad verdadera, y todos los bienes de la sociedad civil, sin que jamás haya visto realizadas tan solemnes promesas; empobrecida, ultrajada, burlada sin cesar por las facciones fratricidas, que han usurpado alternativamente el nombre de la patria para desgarrar sus entrañas con mano impía…

Y Antonio Madrid había declarado al abrirse las sesiones del Parlamento en 1839: Cuando reciente todavía el suceso de la Independencia, hacíamos los primeros ensayos del uso de nuestra libertad política, podíamos entregarnos a dulces ilusiones y concebir las más lisonjeras esperanzas… Pasaron ya esos días como un sueño agradable... Hoy, por desgracia, nuestra situación es muy diversa. En lo pasado no encontramos sino duras lecciones y amargos desengaños, de que ojalá supiésemos siquiera aprovecharnos; apenas percibimos en lo porvenir remotos motivos de consuelo, débiles por cierto y muy insuficientes, si han de compararse con el grado de congoja y aflicción a que nos vemos reducidos.

Y con todo, o precisamente por ese todo que resumen las palabras “desgracia” y “adversidad”, el liberalismo criollo se vuelve en estos momentos más y más mexicano; comienza a darse cuenta o a adquirir cabal conciencia de sus concretos problemas. Aunque para estos días de decepción no faltaban teorías europeas, como las doctrinarias y las neoteológicas, éstas sólo hallaron eco en el exiguo grupo de los monárquicos. La mayoría de los liberales mexicanos, todavía atenidos más que nada a las doctrinas de la escuela constitucionalista o liberal de Benjamin Constant y Alexis de Tocqueville, vuelve decididamente la espalda a las cuestiones políticas abstractas y extrañas, y enfila la proa hacia las concretas y propias, en cuyo tratamiento y solución aprovecha todo lo que cree conveniente, venga de donde venga, de dentro o de fuera. En los libros, como por ejemplo de Mateo Ortiz, Mariano Otero y Zavala, y en los escritos menudos de la época, podrá comprobarse el cambio temático a que nos referimos.

158 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

A los gravísimos problemas generales o nacionales con que la realidad atosiga en estos años al liberalismo criollo, vienen a unirse los que cabría llamar suyos propios, los peculiares del nuevo régimen. Y éstos no pueden ser más agudos; completan con sus tintes sombríos el ya lobreguísimo panorama. Si se hubieran hecho estas dos preguntas: ¿han prendido en el país el liberalismo y la democracia?, y ¿han aumentado las asistencias o los apoyos del liberalismo?, los dirigentes liberales habrían tenido que contestar negativamente a ambas. Pero creían saber muy bien a qué se debía esto, y nos dirían que al atraso del pueblo en general y a la incomprensión de algunos ciudadanos en particular, adheridos en mala hora al liberalismo, pues entrando en él sin entenderlo, o entendiéndolo de manera simplista y exaltada, dejáronse arrastrar por el sentimiento o la pasión, perturbando la marcha del liberalismo con irreflexivas actuaciones, que provocaban y alimentaban la anarquía y rebajaban el prestigio del nuevo régimen ante las personas sensatas. La oposición aquí señalada entre libertadsentimiento y libertad-conocimiento produjo una profunda división en la familia liberal, complicando más las cosas, y es la causa de la tirantez polar que ha existido históricamente en su seno: del polo de la libertad sin orden –o anarquía– al polo del orden sin libertad –o dictadura. A la conciencia de los anteriores problemas se añadió la de éste. También las amargas experiencias sirvieron para que los liberales se percataran a fondo de él.

Debido a tan dolorosas y reiteradas lecciones, que el realismo antes señalado impidió que cayeran en saco roto, los liberales mexicanos traspusieron la mitad del siglo sabiendo muy bien dónde les apretaba el zapato.

Semejanzas y diferencias De los dos tipos generales de liberalismo –anglosajón o tradicionalista y francolatino o racionalista–, el mexicano pertenece indudablemente al segundo: surge de pronto, deriva de unos principios o supuestos, su régimen tiene como base un documento escrito –la Constitución–, y su desarrollo es irregular y convulsivo. A estos rasgos comunes de todo el grupo tipológico se reducen sus semejanzas con el liberalismo francés; pues en pasando de ahí, casi todo es distinto: es distinta sobre todo la carga íntima o la médula real, los problemas fundamentales a que uno y otro se abocan, el lado dramático del liberalismo en 159 El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo José Miranda

ambos países. Francia no tuvo que vérselas con una Iglesia absolutista, ni tuvo militarismo político, ni un pueblo miserable e inculto, ni un sistema económico atrasado y paupérrimo; México, sí. En cuanto a los expresados problemas, no podía haber mayor distancia entre los dos liberalismos: si el francés se hallaba en los cielos, el mexicano se hallaba en los infiernos. Cierto es que en tan incómodo lugar no se encontraba solo, pues le acompañaban los países que en el citado tipo hacían grupo con él, un grupo en verdad familiar, que por muchas, aunque quizá no muy buenas razones, compartía el mismo destino: España y los pueblos hispanoamericanos. Al liberalismo español es, por consiguiente, entre los europeos, al que más se aproxima el mexicano.

En el retablo mayor de los problemas españoles contemplamos casi los mismos que en el de los mexicanos.

Ocupaba su centro el problema económico-social que los liberales hispanos atacan muy limitadamente, abandonando su resolución a los individuos, a cuyo mejoramiento tratan de contribuir por medio de la educación, panacea general de los liberales del siglo pasado. La verdad es que tan magno problema no les preocupó mucho; sus mismos principios le vedaban abordarlo en el campo teórico y en el real. Algo hicieron al tratar de reducir el poder de la Iglesia mediante la desamortización; mas, de intento o no, malhadadamente, les salió el tiro por la culata, pues como dijo un político español contemporáneo, la desamortización sólo “sirvió para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”. En México ocurrió igual en la práctica, aunque en un aspecto, el de los agricultores indígenas, hubo empeoramiento, al pretenderse aplicar a sus tierras comunales las reglas de la propiedad individual. Pero, en la teoría, los liberales mexicanos tuvieron mayor sensibilidad para la cuestión social y se acercaron más a ella: allá por los veintes el jalisciense Severo Maldonado proponía el reparto de todas las tierras baldías y el establecimiento de una fuerte contribución territorial a fin de acabar con el latifundismo y el monopolio de la riqueza, y unos dos decenios después, otro jalisciense, Mariano Otero, hacía una crítica acerba de la situación social del país y sostenía que las leyes debían “garantizar a cada individuo, con el menor esfuerzo posible, la satisfacción de sus facultades de hombre”.

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Muy cercano a este problema se hallaba el político, o sea, aquel que afectaba más íntimamente al liberalismo en cuanto régimen o rectoría de un pueblo, régimen que en oposición al absolutista, por él derrocado, debía levantar los poderes públicos sobre cimientos democráticos. Hoy nos damos cuenta de que con pueblos pobrísimos y analfabetos, como el español y el mexicano de entonces, el problema resultaba irresoluble. Diéronle la misma solución ambos liberalismos: elaboraron una fachada de democracia, hábilmente montada sobre un tinglado electoral que respondía perfectamente a los requerimientos del gobierno; tan perfectamente en España, que ningún ministerio perdió durante el siglo pasado las elecciones por él convocadas. Y si hubo movimiento en la cumbre política, se debió a las fuerzas que reemplazaron a la opinión pública –ejército, clero y monarquía, en España– y a las disensiones entre los cabecillas.

Desarrollóse así la vida política en una atmósfera terriblemente viciada, de cuartelazos, pronunciamientos, motines, intrigas, atmósfera donde pululaban a sus anchas los ambiciosos y los aventureros. Aquí como allí el maleamiento del ambiente político es la consecuencia directa de haberse frustrado, por imposibilidad según entendemos, la recta solución democrática.

El tercero y último de los problemas que más resaltan en el retablo, es el religioso. So capa de defensa de los sagrados dogmas, la Iglesia católica se convirtió en principal baluarte del absolutismo. Tanto en México como en España, los liberales hicieron magnos esfuerzos para convencerla y apaciguarla. Adujeron que el liberalismo no perjudicaba a la religión, sino, al contrario, la beneficiaba, poniendo a la Iglesia en su sitio y alejándola de tratos mundanos que la dañaban; y fueron difiriendo la introducción de la libertad religiosa y el atenuamiento de la riqueza del clero, que tanto reforzaba su enorme poder social. Pero ni con llamamientos al buen sentido, ni con concesiones que entrañaban una seria mutilación para el liberalismo, lograron sus directores nada; no les quedó otra salida que recurrir a la fuerza y a la violencia. En las terribles contiendas que con los partidarios de la Iglesia hubieron de librar, consiguieron los liberales mexicanos todo lo que se proponían: la libertad religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado y la desamortización de los bienes eclesiásticos; los españoles sólo una parte: la libertad religiosa, vergonzantemente declarada, y la desamortización de gran parte de las propiedades de la Iglesia. Aun con separa161 El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo José Miranda

ción y desamortización plena, la cuestión no quedaba enteramente resuelta. La Iglesia, dada su organización y el imperioso ascendiente que sobre millones de ciudadanos ejercía, continuaba siendo un Estado dentro del Estado y todavía se hallaba en condiciones de perturbar la vida política nacional. Todo dependía de su actitud hacia los gobiernos; en realidad todo dependía de si, conforme querían los liberales, la Iglesia convertía en norma de su conducta el mantenimiento de la más exquisita neutralidad política.

He aquí las semejanzas existentes entre la problemática liberal mexicana y la española. En ellas hallamos la razón del aprovechamiento de la experiencia española por México, como la muestran la Ley de desamortización y otras medidas de gobierno dictadas acá, y la referencia que a las lecciones hispanas hacen continuamente los políticos mexicanos. Lo contrario, es decir, el aprovechamiento por España de las experiencias de México, no ocurrió porque España, madre orgullosa, desdeñó durante casi todo el siglo XIX las experiencias de los hijos recién emancipados.

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APUNTES

Tipología del liberalismo mexicano

Moisés González Navarro

Revista Mexicana de Cultura Política NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

163

I

E

n este esbozo de una tipología del liberalismo mexicano se relacionan las ideas de las facciones políticas con los intereses de las facciones de la clase dominante. El liberalismo se divide en individualista y social; el primero pone la libertad al servicio de la propiedad, específicamente de la territorial (con José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala, Luis de la Rosa, José María Lafragua, etc.); de la industria con Lucas Alamán y Esteban de Antuñano y del comercio sobre todo de los extranjeros de los puertos con Miguel 1 Lerdo de Tejada. En la protección a la industria y al comercio se sigue un camino sinuoso entre el liberalismo y el proteccionismo, en efecto, el tamaulipeco Plan de la Lola se transforma en el arancel Ávalos, éste en el arancel Ceballos, en fin, el plan de Ayutla lo hace bandera permanente del liberalismo. Éste sirve a los intereses de la clase media con Joaquín Fernández de Lizardi (vocero de los artesanos) y con Ponciano Arriaga (defensor de los pequeños 2 propietarios agrícolas).

Una de las mayores aspiraciones del liberalismo individualista es la desamortización de las propiedades comunales. Antes de que Miguel Lerdo de Tejada dictara la ley federal de 1856 ya varios estados habían iniciado la de las comunidades indígenas. El temor que produjo la rebelión de Sierra Gorda de mediados del XIX añadió un nuevo impulso a la desamortización de la propiedad indígena. En efecto, el gobernador michoacano Juan B. Ceballos, para impedir que la guerra de castas se propagase a Michoacán se propuso “quitarles la fuerza que en comunidades pueden oponer, por medio de la ejecución de la ley 3 de repartimientos de tierras”.

* El presente texto fue publicado originalmente por El Colegio de México en el Vol. 5, No. 4, de Historia Mexicana en abril-junio de 1956, y se reproduce con su autorización.

1 González Navarro, 1970a, pp. 101-102; 1977, pp. 250, 276. N. del Ed. En este artículo se respetó la forma en que el autor de este texto clásico del liberalismo señaló las notas a pie de página (Revista Mexicana de Cultura Política NA).

2 J. J. Fernández de Lizardi, 1940, p. 34; González Navarro, 1971, pp. 117-122.

3 González Navarro. 1977, p. 143.

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Culmina así el camino de Mora en 1833 cuando dio una base filosófica a la transformación de la sociedad estamental en clasista, sustituyendo la distinción de indios y no indios por la de pobres y ricos, extendiendo a todos los bene4 ficios de la sociedad. Precisamente cuando se inició la aplicación de la Ley Lerdo se registraron varios ataques a las haciendas, principalmente en Michoacán, Querétaro, Veracruz y Puebla; de inmediato el secretario de Gobernación José María Lafragua condenó estas sublevaciones porque los pueblos de indios confundían la libertad y el progreso con el ataque a la propiedad y “la división de los 5 bienes ajenos”. Es oportuno recordar en este momento que cuando se discutió el famoso voto particular de Ponciano Arriaga muchos también se alarmaron, pese a que Francisco Zarco insistió en que nada tenía que ver con “delirios comunistas” porque en México era facilísimo mejorar a los trabajadores sin ata6 car en lo más mínimo el derecho de propiedad .

Pero fue inaplicable el lema de Garnier Pagés, que recordó José J. González a fines de ese año de 1856: alargar el vestido de los proletarios sin cortar el de 7 los propietarios. La imputación a Juan Álvarez de haber ordenado el asalto de ese mes de diciembre de 1856, a varias fincas de españoles en el hoy estado de Morelos, corrobora la imposibilidad de conciliar los intereses de la clase dominante y la dominada dentro del marco jurídico del liberalismo individualis8 ta . Esta proclama de Juan Álvarez, uno de los mejores ejemplos del liberalismo social, significa la libertad al servicio de la clase dominada, para liberar la de la esclavitud lograda, dijo Álvarez, con deudas hasta la octava generación.

El liberalismo individualista se consolida con la Reforma, no el social. Por un camino político antitético, Maximiliano, se registra un nuevo esfuerzo en pro del liberalismo social. La política social del imperio está teñida de paternalismo y aun de oportunismo; por un lado permitió a los sureños de Estados Unidos que se establecieran en México con sus esclavos, pero dos meses después, el primero de noviembre de 1865, liberó a los peones endeudados, inspirado en un 4 González Navarro, 1971, pp. 15-16.

5 González Navarro, 1964a, II, pp. 302-303.

6 Zarco, 1857, II, p. 76.

7 Reyes Heroles, 1961, III, p. 655.

8 González Navarro, 1971, pp. 150-151.

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bando colonial de 80 años atrás, y al mismo tiempo se anticipó a una constitución revolucionaria medio siglo posterior.

La creación de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas fue irónicamente criticada por Francisco Pimentel porque con la misma razón, debería 9 fundarse una junta protectora de los ricos. Esta Junta despertó ciertas esperanzas de la clase dominada: el comandante militar de San Luis de la Paz informó en 1865 al mariscal A. Bazaine que los indios vivían en la miseria. El presbítero de Zumpango de la Laguna solicitó en 1865-1866 que la junta recabara del propietario de una hacienda 40 mil pesos para aplicarlos a los pobres de la parroquia.

El alcalde de Santiago Tianguistenco en esos mismos años solicitó que, de acuerdo a la ley de desamortización, se repartieran entre los pobres unos terrenos que habían estado destinados al culto católico. Un vecino de la capital solicitó ayuda del Consejo General de Beneficencia en 1865; uno de Atzcapotzalco (se decía descendiente de un rey prehispánico) pidió una pensión porque su avanzada edad no le permitía trabajar. El subprefecto político de Tlalpan se quejó en 1866 de las injusticias cometidas contra los obreros de las fábricas de 10 hilados y tejidos; para remediarlas, pidió un reglamento laboral: esta petición es similar a una de 1892; en el segundo caso Matías Romero respondió que los males de la clase obrera escapaban a la acción del Estado, política congruente 11 con la tesis de Ignacio Vallarta de 1856. Pintoresca e indicadora de una sociedad estamental que se agrieta, es la petición de los vecinos de los pueblos de Huixquilucan y Ayatusco de que se les ponga una autoridad de su misma raza. Específicamente agrarias son varias peticiones de algunos pueblos jaliscienses para que el Archivo General de la Nación les expidiera los títulos necesarios para defender sus derechos frente a las haciendas colindantes. Semejante es la queja de los vecinos de Ahualulco, San Luis Potosí, porque 12 la hacienda de Bocas se negaba a venderles tierras de labor. Aunque desconocemos el resultado de estas peticiones y quejas, son claros sus límites. Cabe recordar que Justo Sierra calificó de “socialismo de estado” la liberación de los 9

Pimentel, 1984, p. 76.

10 Alfieri Gallegos y González Zamora, 1977, pp. 3, 13, 18, 35, 40.

11 González Navarro, 1969, II, pp. 381-382.

12 Alfieri Gallegos y González Zamora, 1977 p. 3, 24, 34, 42.

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peones por Maximiliano en 1865, disposición aquí incluida como un buen exponente del liberalismo social. De cualquier modo, al triunfo de la Reforma y el Imperio, México emerge con la fachada de un país republicano, federal, liberal y democrático. En lo económico la consagración del derecho absoluto de propiedad, de trabajo, de usura, de empresa, el interés individual como motor exclusivo de la economía y el anhelo de producción ilimitada configuraron algunos de 13 los elementos del capitalismo moderno que el Porfiriato hizo en parte realidad.

II La historia oficial niega la continuidad del liberalismo y el Porfiriato porque no toma en cuenta que la Reforma puso las bases jurídicas que permitieron el desarrollo capitalista de éste. Por eso conviene ahora estudiar con algún detalle a Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto (jacobinos), Justo Sierra (positivista), José López Portillo y Rojas (católico liberal), y ya enlazados con la Revolución Mexicana, a Francisco I. Madero (hacendado espiritista) y el anarquista Ricardo Flores Magón. Pese a sus diferencias políticas no separa a los cinco primeros ningún elemento estructural, a diferencia del último.

Comenzar con Ignacio Ramírez permite enlazar con la mitad del XIX. Las ideas juveniles de Ignacio Ramírez tienen un marcado radicalismo verbal. En efecto, en su célebre Don Simplicio aceptó el robo por indigencia, el derecho a cultivar las tierras ociosas y el deber del Estado de alimentar a los hijos de los 14 agricultores indígenas y de los artesanos. En el constituyente de 1856 quería que el poder público se fundara en el privilegio de los menesterosos, de los 15 ignorantes, de los débiles, es decir, que fuera “la beneficencia organizada”. Sin embargo, como la Constitución de 1857 puso la libertad al servicio de la propiedad, el resultado fue, en buena medida, el contrario. Anticipa la teoría de la plusvalía cuando explica que el mundo moderno se caracteriza por el derecho del capitalismo a apropiarse de todas las ganancias libres. En la lucha de clases los desvalidos se encontraban en mejor situación que antes porque la ilustración 13 Zamacois, 1876-1882, XVIII, A, p. 543; González Navarro, 1971, p. 32 14 Reyes Heroles, 1961, III, pp. 656, 671.

15 Zarco, 1857, I, p. 665.

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y la libertad habían acabado por declararse neutrales. Critica el privilegio del capitalista de que sólo él tase los repartos; considera la plusvalía un elemento esencial del capitalismo porque únicamente el capitalista puede agregar a su propio trabajo “un trabajo acumulado”, en suma, los capitales se forman por medio de una esclavitud disfrazada. Sin embargo, no era pesimista porque los operarios tenían la esperanza de llegar a ser capitalistas porque los capitales circulaban, por eso era preciso cuidarlos gravándolos lo menos posible. Como por fortuna en México “el capitalista no era enemigo del jornalero”, los liberales ofrecían a los capitalistas las garantías que la Constitución de 1857 “atesoraba” para ellos.

En 1867 rechaza las condenaciones religiosas de la usura, porque no pasan de buenos deseos.

Y en 1871, al analizar la usura con un criterio puramente económico, sin relación con la moral o la religión, acepta la tesis de que la libertad de la usura es una consecuencia “de la libertad que tienen todos los ciudadanos para disponer de su propiedad”; como todo precio nace de un contrato y los contratos son una necesidad individual “por lo mismo la usura debe existir y debe ser libre”. Del mismo modo que se especula con los enfermos y con los muertos podía especularse con los necesitados: la ley sólo puede precaver y reprimir ciertos abusos. Acepta la usura aunque reconoce que hay más dignidad en un esclavo insolente que en un jornalero del campo y que en un obrero asalariado por un industrial (consecuencias necesarias del mutuo entre clases desiguales) en nombre de la libertad, pero también propugna se establezcan montepíos municipales que limiten “los estragos de la usura extraña”. En su opinión, la usura agrícola había disminuido, por el contrario, habían aumentado la mercantil y la industrial. Si en México todavía preocupaban los excesos de los hacendados y de las casas de empeño, escribe en 1871, era porque aún no se conocían los males de la gran 168 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

industria. La solución a esos abusos era el derecho de asociación de los desvalidos para que pusiera precio a su trabajo y se proporcionaran socorros mutuos.

En suma, el mutuo gratis sería la perfección moral si el comercio fuera obra de la naturaleza y no del arte, cuyos productos “se resisten a las donaciones y a los préstamos desinteresados”.

El futuro ministro de Porfirio Díaz anticipa en 1871, año de la fallida revuelta de la Noria de Díaz contra Juárez, el programa económico del Porfiriato cuando pide facilidades para los mineros extranjeros, ferrocarriles y puertos, en suma, que México entre a la edad del vapor o “edad científica”. Rechaza, por supuesto, la propiedad comunal y defiende la privada, porque los comunistas olvidan que la riqueza se forma con el trabajo acumulativo. Aunque rechaza la tesis de Proudhon de que la propiedad es un robo, nace de él; muy necesaria tenía que ser la propiedad para que, pese a su origen sacrílego, el universo entero la santificara. Elogia a Malthus porque sin hipocresía explicó que la miseria de los trabajadores impedía su multiplicación y facilitaba su muerte, aunque también en este punto confía en que la asociación salve a los obreros. Agradece a Smith y a Bentham su defensa de la libertad individual.

Como la mayoría de los liberales tuvo una actitud ambivalente frente a Estados Unidos; en 1865 protesta “solemnemente” contra la anexión de México a Estados Unidos, con el disfraz de protectorado. Años después exalta a Estados Unidos como la “república modelo”, en la que coexisten la libertad y la lucha de razas, la monogamia y la poligamia, la libertad individual y el comunismo, la teocracia y la democracia.

Hasta entonces habían fracasado los ensayos por proteger a los desvalidos porque era “utópico” mantenerlos en perpetua tutela, máxime que ninguna sociedad tenía por fundamento socorrer la indigencia (dice olvidando, lo que propugnó en el constituyente de 1856); todos los esfuerzos que se intentaran para remediar la indigencia eran buenos con tal que no atacaran “el principio de no intervención de la autoridad en la producción y en el consumo”. Rechaza al socialismo por su alianza con el cuerpo administrativo. No encuentra en la Constitución ningún artículo que obligue al Estado a dar ocupación a los trabajadores que la necesiten, ni partida presupuestal destinada a ese fin; el derecho al trabajo 169 Tipología del liberalismo mexicano Moisés González Navarro

sólo podría realizarse por medio del comunismo y el Congreso no estaba facultado para decretar esa revolución social ni la nación la deseaba. El único derecho al trabajo reconocido por la Constitución consistía en que el individuo se ocupara en lo que le agradara y como le agradara. Se opone al socialismo porque contraría la dignidad humana y la independencia del individuo pero, afortunadamente, era irrealizable como lo demostrara la caída del clero, cuya propiedad “tenía mucho de socialista”. De cualquier modo no había nada que temer, pues los mismos parisienses de la Comuna acabarían por convertirse en propietarios.

Con estos antecedentes no es de extrañar como se plantea en 1875 “¿Qué hacemos con los pobres?”, problema difícil, dice, pero puramente humanitario porque del mismo modo que el médico nada podía hacer con los enfermos incurables, para quien sólo podía ofrecer en el mercado un trabajo que nadie acepta, no se podía inventar en su favor un cambio forzado. A la pregunta “¿Qué hacemos con los pobres?”, los comunistas respondían inventando la “pobreza general”, la teocracia “la pobreza sin redención de las castas”; el feudalismo con la esclavitud. La democracia, incapaz de abolir por completo la pobreza, suprime la esclavitud y las castas e inventa la “igualdad de derechos en favor de los proletarios”; el librecambismo abría el mercado de todas las naciones en favor principalmente de los desvalidos. Como de todos modos había pobres, en su favor algunos países protegían ciertas industrias nacionales, rechaza esta solución porque era más “inclinado al cálculo que al sentimentalismo de aparato. La economía política no es un sanalotodo”. Deploraba la suerte de los desgraciados, pero cree “insensato sacrificarles las instituciones sociales. Y si los pobres hacen una revolución al día siguiente sólo habrá un cambio de ricos”.

No era, sin embargo, pesimista: los pobres con la instrucción y la libertad podrían cambiar de profesión, mejorar con las cajas de ahorros, las instituciones comunistas privadas, y “el extenso campo de la emigración”. Con la instrucción los pobres tenían “la posibilidad de llegar a la altura de maestros y directores”, escapando de la abyección de “ser siempre pobres”. Otra salida eran los “medios irregulares del crimen y de la guerra, que es otro crimen”. En opinión del

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Nigromante la mayor parte de las desgracias y de los delitos los originaba la miseria. En suma, el “populacho” en la Colonia y todavía en 1874 “tenía hambre 16 y sed de justicia”.

Guillermo Prieto escribió en 1871, de manera semejante, que el trabajo era una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda, ley fatal que algunos vanamente habían intentado cambiar “bajo el disfraz de una irreflexiva filantropía”; los aduladores de las malas pasiones del vulgo presentaban al capital como enemigo del trabajo como si pudieran ser antagónicos a “la raíz y al árbol, la semilla y el fruto”. Prieto rechaza al socialismo y al comunismo como “herejes de la economía política”. Además de herejes eran blasfemos, porque pretendían modificar la “previsión del Creador”. La escuela economista, en cambio, consideraba al hombre tal como es, sus aparentes contradicciones concuerdan y armonizan con la libertad. El derecho del trabajo sólo exigía del Estado “la seguridad del goce de los bienes que el hombre se procure”. Rechazaba, por tanto, convertir al Estado en tutor universal facultado para aumentar o disminuir tareas y salarios, quimera que Francia intentó en 1848 con los talleres nacionales.

Prieto aceptaba, en cambio, la comunidad de artesanos que difería del socialismo en que era voluntaria: “El amo no existe, su igual que guarda el orden fue 17 elegido por él”.

Al iniciarse el Porfiriato, casi medio siglo después que Lorenzo de Zavala, Prieto viajó a Estados Unidos. Al igual que el yucateco comparó ambos países; como primera diferencia advirtió que el protestantismo no se mezclaba con los gobiernos, los norteamericanos nacieron libres, los mexicanos “poco menos que esclavos”. Los hispanoamericanos veían al banquero que despide al mendigo de su puerta, pero no al que envía cientos de miles para las bibliotecas, las escuelas y las casas de beneficencia, en marcado contraste con las donaciones mexicanas que por presión se hacían a la hora de la muerte. El sistema mexicano dulcifica las costumbres, socorre pero no regenera, como el más frío pero también más inteligente norteamericano. La beneficencia y la educación situaban al pueblo de 16 Ramírez, 1889, I, pp. 139, 155, 312-313; II, pp. 9, 14-15, 17, 54, 59, 62, 83, 90, 99-101, 109, 114-116, 126, 131, 156, 161, 174, 214, 217, 220, 239, 243, 246, 378-379, 394, 414, 418, 471, 541, 544.

17 Prieto, 1871, pp. 12-13, 28-39, 319.

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Estados Unidos entre los más civilizados, ambas se sostenían con donaciones de particulares. La riqueza estaba mejor repartida en Estados Unidos que en México, allá no había hambre y en apariencia no había pobres porque los mendigos no ejercían su profesión, como en México, mostrando llagas ni deformidades: tocan algún instrumento musical y colocan un cuartillo de hoja de lata para que allí quien guste le deje algunos centavos, los viciosos, no los pobres, piden con disimulo porque “la policía tiene ojos de lince”. El anciano norteamericano se 18 acicala para disimular su vejez, el mexicano “se cuelga un rosario”. *

El pacífico Fidel se enardece cuando se trata de castigar a la “chusma”: le complace que la artillería hubiera rechazado a 10 mil insurrectos de Chicago dejando “ríos de sangre entre montones de cadáveres... todo quedara en paz”.

Pero el combate al “veneno socialista” no lo confiaba sólo a las armas, también a las asociaciones, faz de la confraternidad. Destaca el sentimiento de igualdad, tan contrario a la educación latina mexicana donde había un molde para los pobres y otro para los ricos, uno para los tontos y otro para los hábiles, raíces de la rivalidad y de la casta. Mientras en México un criado y un cochero honrados, un cocinero hábil y un cargador puntual, estaban reducidos a la condición de animal doméstico, en Estados Unidos era “un hombre”. Las criadas, perezosas y ladinas, no hablaban a la señorita de la casa como a igual pero la adulaban y se convertían en su cómplice y “el nene de la casa no la pedirá en matrimonio, pero la seducirá como un vil y se le lanzará con infamia de la casa, aunque lleve consigo algo muy allegado a la familia”.

México, según Prieto, había dejado el comercio exterior a los alemanes, fondas y modas a los franceses, el pequeño tráfico a los indios y el trabajo a la gente ordinaria y mal vestida, porque en cuanto el artesano tenía siquiera chaqueta y más de dos camisas “piensa en el club y en ser por lo bajo protestante, o regidor, o cuando menos francmasón”. Sin embargo, se irrita al ver en Washington la estatua del general Worth vencedor de México en la guerra del 47, la “más villana de todas las violaciones”; rechaza que sea un monumento no a la conquis18 Prieto, 1877-1878, II, pp. 380, 382, 544, 548; III, pp. 50-55, 98-100, 199. * N. del Ed. El autor se refiere al pseudónimo utilizado por Guillermo Prieto para firmar sus colaboraciones en el periódico El Siglo XIX, donde tenía una columna llamada “San lunes de Fidel”.

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ta de México sino a un general que cumplió con su deber: “déjeme a mí con mis pelados maldecir hasta la quinta generación a todos los piratas y a todos los conquistadores”.

Pese a cierta actitud benévola para los ricos norteamericanos los califica sobre todo a sus grandes compañías, de tener intereses opuestos a los de la comunidad, de ser “aristócratas del peor género”.

Critica la solapada cuestión del sur, irritada la máquina de opresión de la tarifa, y la proscripción de los negros; y que la madre casi no exista para el indio mexicano, destrozada por la tuberculosis desde la más tierna infancia, la máqui19 na de “moler maíz es toda una regeneración para la raza indígena” y no se debe perdonar medio para adoptarla, tesis que emparenta con la del Nigromante que 20 hace del asno “el verdadero redentor del indio”.

Prieto al igual que Zavala, admira a Estados Unidos, pero también tiene un profundo resentimiento por el 47. Cuando en 1888 volvió a escribir sobre economía desconfió de la beneficencia porque muchos se resignarían con su holganza lucrativa, por esta razón se había dejado libre al sentimiento religioso este cuidado “nobilísimo”. Rechaza la inquisición “que se permiten los bienhechores antes de soltar el óbolo bendito”, y No obstante lo expuesto, no nos ha parecido digno de discutirse si al niño sin arrimo alguno, al ciego, al demente debería acudir el socorro oficial y no nos atrevemos a dar una opinión decisiva por no haber estudiado lo bastante la 21 materia.

Cabe añadir, sin embargo, que en un conflicto de los sombrereros de la ciudad de México a mediados de 1875, tanto él como Francisco T. Gordillo 22 fueron designados delegados por los trabajadores, para dirimirlo. Acaso influyó en esta elección su imagen de hombre bondadoso, no sus ideas.

19 Prieto, 1877-1878, I, pp. 117-203; II, pp. 191, 403, 535, 569; III, pp. 69, 161, 214, 217.

20 Ramírez, 1889, I, p. 312.

21 Prieto, 1888, pp. 180-181.

22 Leal y Woldenberg, 1980, p. 208.

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Justo Sierra, probablemente el más notable teórico del Porfiriato, señaló que el amor al prójimo era el núcleo de los principios de Gabino Barreda, esas máximas divinizadas por el cristianismo habían demostrado que “podían ser humanizadas por la ciencia”. Barreda, en su informe sobre el catecismo moral de Nicolás Pizarro adaptó el cristianismo a la moral burguesa: defendió el capital como el “justo orgullo de la humanidad”; repartirlo tal vez permitiría que los ricos se fueran al cielo, pero los demás hombres quedarían en un verdadero infierno.

Ese consejo (“pesadilla, más que utopía”) no lo seguirían los ricos, gracias a él los pobres mirarían a los ricos como injustos detentadores de su riqueza cuando en realidad ésta y el trabajo eran funciones indispensables para la vida, lo conveniente era reglamentar la propiedad, no destruirla, incorporar a los proletarios al movimiento social no enervarlos, “convirtiéndolos en parásitos forzosos de los capitalistas”. Por su parte, Manuel Ramos, inspirado en Spencer, rechazó en 1877 las medidas gubernamentales en favor de los incapaces, porque dejaban a la posteridad “un triste legado de ignorantes, perezosos y criminales”. Quienes por el placer de hacer el bien beneficiaban a los incapaces eran culpables de 23 perjudicar a la sociedad. Los propagandistas de Porfirio Díaz señalaron otra cara de esta moneda: la teoría de Darwin tenía su más perfecta aplicación en Porfirio Díaz: “El más apto para la lucha por la existencia es el que 24 vence en ella”. Justo Sierra en sus escritos juveniles considera que es deber del gobierno mexicano fomentar la iniciativa individual preparándola por medio de la instrucción pública, la colonización y los ferrocarriles. Esta tarea era urgente porque, contra una opinión tan generalizada como inexacta, México era pobre por la mezquindad de la irrigación agrícola, en marcado contraste con Estados Unidos, hijos del trabajo, de la libertad, del protestantismo, del océano y del Missisipi. Los hacendados deberían abrir sus tierras al colono, comenzando por el indígena, pero siempre respetando la ley de la oferta y la demanda. Urgía desamortizar la propiedad territorial, para acabar con su natural

23 González Navarro, 1970b, p. 10.

24 Velasco, 1889, p. 13.

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consecuencia la servidumbre que, de hecho, existía en México. Quiere que el desarrollo económico se base en las industrias “naturales” del país (la minería y 25 la agricultura) no en las artificiales.

Ante la urgencia de la colonización no duda, el 4 de enero de 1876, en vista de la falta de baldíos, en que se expropie por causa de utilidad pública, aun “sin indemnización previa”, es decir, pide se suspendan los efectos del artículo 27 constitucional. Poco después insiste en nombre del método científico en su programa liberal-conservador, o sea conservador de las libertades adquiridas por el aumento de facultades en el poder central. Inspirado en José de Maistre quiere que, como a los niños y a los locos, al pueblo mexicano se le nombren tutores y curadores, porque la última intentona revolucionaria de Miguel Negrete, escribe en junio de 1879, le confirmaba en la idea de que el pueblo mexicano era un loco y un niño. Al igual que Mora casi medio siglo antes, está convencido de que 26 “vale más el peor gobierno que la mejor revolución”.

Sierra también por razones “científicas” defiende al capital extranjero, para restablecer el crédito nacional, lo hace con pasión en la Cámara de Diputados al discutirse la deuda inglesa en noviembre de 1884. En algunas ocasiones interpreta la historia con un criterio próximo al materialismo histórico, al señalar que la demanda de brazos, no los monarcas ni la iglesia, fueron los verdaderos emancipadores del siervo feudal, confía que lo mismo ocurra con el “feudalismo mexicano”, al parecer disminuida su juvenil ilusión de que bastaría invitar a los hacendados a que lo hicieran. De todos modos, insiste en que la paz, condición del progreso, únicamente puede ser obra del capital extranjero porque sólo la paz puede darles seguridad. La paz es preferible a todo, “porque es la condición del advenimiento del período industrial”; la única excepción era que algún go27 bierno significara “obstrucción resuelta al progreso moderno”.

Se opuso tenazmente tanto a la “reacción” colonial como a la socialista. En los países “latinos” casi todos los escritores incurrían en el error de hacer depender la felicidad de la acción de los gobernantes: el socialismo, “desviación del 25 Sierra, 1948, IV, pp. 142, 183, 237, 321.

26 Sierra, 1948, IV, pp. 146, 207, 221, 247, 264, 344.

27 Sierra, 1948, IV, p. 364; V, pp. 105, 202; VII, pp. 140, 219.

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sentido moral causado por la pobreza”, era contrario al liberalismo, éste se originaba “en el desarrollo normal y espontáneo de la conciencia humana”. Desde su juventud aclaró qué no defendía las preocupaciones de los ricos, “mil veces peores y de todas maneras más inexcusables que las de los obreros”, sólo quería que éstos se convencieran de que el sistema industrial era “un producto de la naturaleza humana actual”, el progreso sólo era posible en relación directa de “la naturaleza humana, y no más aprisa”. Con la autoridad de Spencer añade que si los obreros tuvieran ideas menos extraviadas por sus preocupaciones de clase, aceptarían que no había mejores formas de organización industrial porque eso era impracticable. Sin embargo, la “ciencia” de Sierra era fugaz; su fe de 1875 en los dogmas de Spencer, en 1893 se convierte en desencanto ante una civilización que ha podido producir progreso pero no felicidad; por eso entonces se inspira en León Tolstoi, Henry George y León XIII, y acepta las reformas belgas sobre la responsabilidad de los patrones en caso de accidentes y el reconocimiento legal de los sindicatos, pero, como los demás liberales, se acerca a la iglesia “por justo horror a la revolución social”. El liberalismo antiguo que negaba al Estado la facultad de obligar al patrón a asegurar contra la miseria final a los obreros inutilizados ya era una reliquia. Waldeck Rousseau representaba al liberalismo nuevo (“no moderado sino moderador”) y considera que los derechos individuales estaban en razón directa “de su carácter social”.

De todos modos, en la matanza de Río Blanco reaccionó igual que Prieto ante la de Chicago. Se volvió contra los obreros orizabeños, porque estaban contaminados de ideas colectivistas –“quiméricas e irrealizables”– a no ser que la sociedad moderna cayera en ruinas, razón por la cual pretendieron destruir violentamente los abusos que padecían, en vez de solicitar la acción de la 28 justicia.

Sierra consideró en su juventud que tanto obreros como patrones no eran bastante previsores ni bastante inteligentes. El 13 de enero de 1875 juzgó la asociación una necesidad fisiológica, al grado de que, según él “la especie humana llegará a formar una gran asociación mutualista”; ésta se desviaba de su obje-

28 Sierra, 1948, IV, pp. 55-56, 311-312, 372; V, p. 169; VII, pp. 69, 144, 170.

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to cuando pretendía sobreponerse. Rechazó que el hambre originara las nueve décimas partes de los crímenes en México, sus causas verdaderas eran el vicio 29 y la holgazanería.

Al igual que Prieto, Sierra admiraba y rechazaba a Estados Unidos, cuando salió del país de la libertad le “parecía que la recobraba al salir de él”. Regresó contento a la tierra “de las horribles chozas de adobe” (él no vivía en ellas) satisfecho de que a México le tocara el papel de cantar como a las cigarras de la fábula. Pero al iniciarse el Porfiriato había escrito que, conforme a la teoría de Darwin, México tenía todas las probabilidades de ser devorado por Estados Unidos. Cuatro años después la probabilidad se convirtió en una realidad, nor30 mal dada la debilidad mexicana. El caso mexicano formaba parte de un fenómeno mundial que haría del siglo XX un sindicato de naciones fuertes “para explotar a las que no lo son”, escribe en 1900 perdida la ilusión en que el librecambismo sería la base de la paz universal, aplaza su ilusión para el siglo XXV. No es extraño, por tanto, que incluso aplauda la invasión europea de China, y que lo haga sin remordimientos porque la caridad cristiana no había 31 sido formulada para las naciones sino para los individuos.

José López Portillo y Rojas tal vez fue, pese a la oposición de los católicos conservadores (para quienes era imposible “unir lo blanco con lo negro”), el escritor católico más importante del Porfiriato. Separa la religión de la política pero considera al cristianismo la base de la libertad; cristianos y liberales debe32 rían entenderse en el “terreno de la fraternidad y del amor”.

En López Portillo y Rojas también es posible rastrear ciertas afinidades con el materialismo histórico. Más eficaces que las prédicas religiosas y morales en la abolición de la esclavitud, fueron las demostraciones estadísticas de que el trabajo esclavo es poco productivo y fecundísimo el del hombre libre. Del mismo modo, no fue el progreso de las ideas sino el tráfico internacional el que ha vetado las aventuras guerreras. Ante la amenaza socialista a las bases mismas de 29 Sierra, 1948, IV, pp. 306, 311, 360.

30 Sierra, 1948, IV, p. 39; VI, pp. 189, 193; VII, p. 39; VIII, p, 136.

31 Sierra, 1948, V, p. 330; VII, pp. 27, 341.

32 González Navarro, 1957, p. 676; López Portillo y Rojas, 1909, p. 130.

177 Tipología del liberalismo mexicano Moisés González Navarro

la sociedad (estado, familia, etc.) los defensores del statu quo se enfrentaron a las “turbas” proletarias ya no invocando las cosas “altas y bellas del mundo de ultratumba y de penas y premios postvitales”, sino la Economía Política para defender la propiedad y el orden. Thiers, desde 1848, inició esa defensa, lo siguieron entre otros Federico Bastiat y Paul Leroy Beaulieu; este último demostró que el “progreso beneficia más a los desheredados que a los ricos”. No profetiza, sin embargo, la abolición de la pobreza, cosa inasequible para la humanidad, sino que se limita a anunciar la “tendencia” a corregir las asperezas y nivelar “en lo posible los goces fundamentales de la vida”. Afortunadamente no era el moralista quien explicaba estos cambios, porque las ideas reinantes sobre la “lucha por la vida” y el “triunfo de los más aptos” no dejaban coyuntura para disquisiciones abstractas, tampoco lo hacía el jurista porque cada uno entiende la justicia a su modo, sino el economista, a quien se tenía que escuchar porque “habla el lenguaje propio de estos momentos históricos”.

López Portillo y Rojas temía los movimientos “desordenados y criminales” de obreros y mineros, quienes al pretender obtener por medio de la violencia ventajas más o menos justificadas, se entregaron a reprobables excesos, por lo que fueron reprimidos con medidas “sumamente severas”. Por fortuna el analfabetismo preservaba contra el contagio de las ideas disolventes. Pero no teme un estallido revolucionario rural, pese a las denuncias sobre la “esclavitud” de los indios en México, como en un artículo de Carlos Malato. Esa denuncia, si algo tenía de real, sólo sería en parte muy pequeña, y en lugares muy apartados y a espaldas de la ley. De cualquier modo, la legislación podría perfeccionarse con el fraccionamiento de los terrenos nacionales (particularmente en las fronteras), la irrigación, la difusión de la pequeña propiedad, el Homestead, y el “amor manso y bueno que baja de los ricos a los pobres, y sube de los pobres a los ricos”.

Según López Portillo y Rojas no hay diferencia entre cristianismo y socialismo; explica aquél por el entusiasmo ascético de los primeros siglos, pero al pasar el cristianismo a la legalidad “tuvo que conformarse con las exigencias de la realidad viviente”. De cualquier modo, Santo Tomás de Aquino puso de acuerdo las sanas doctrinas de Aristóteles sobre la propiedad con el misticismo de los primeros Padres de la Iglesia. El Estado sólo podía intervenir en una 178 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

esfera limitada; proteger a mujeres y niños en los talleres, crear cajas de ahorro, indemnizar en los accidentes, establecer pensiones obligatorias de retiro, construir buenas habitaciones, sanear las fábricas. Estas medidas podrían aliviar parte de los sufrimientos de los obreros, pero no impedir el pauperismo ni establecer una Arcadia donde no haya “hambre, desnudez y desamparo”.

La raíz de esa desigualdad perpetua eran las diferencias entre inteligentes y necios, trabajadores y holgazanes, previsores y despilfarrados, morigerados y viciosos. Como México no había podido salir del régimen militar del que habla 33 Spencer, todavía era necesario un Estado fuerte.

No temía la violencia rural pese a que había señalado desde 1898 el peligro de la heterogeneidad racial. Las clases rurales eran el “nervio” nacional, nada tenían en común con la incuria indígena (con su rencor reivindicativo y “pasión feroz por la tierra”) ni con la soberbia europea, pero tampoco con la astucia mestiza, todos esos elementos disímbolos estaban destinados a mezclarse para formar “un gran pueblo”. Conocedor de la vida rural señala que los ricos no daban nada, o casi nada, en los templos. Los pobres, en cambio, ofrecían una 34 buena cosecha de monedas de cobre.

Aunque criticó la filantropía “soberbia y fría” de los ricos, “que más rebaja que obliga al necesitado”, de cualquier modo, los pobres sufrían menos entonces que antes, no obstante que los ricos eran “insaciables” y “crueles”. En fin, pese a que en México era inconcebible el éxito de un levantamiento popular se debía persuadir a los desheredados de que la pobreza no es una injusticia social, sino una creación de la naturaleza y una de tantas pruebas a que está sujeta una criatura; de que los pobres que saben serlo, valen más que los ricos que conforme la ley divina no son dueños absolutos de sus bienes sino sólo administradores de ellos.

Apoya la idea de Andrew Carnegie de que los ricos deben invertir sus sobrantes racionales en beneficio de la sociedad en que viven, no esperar la muerte

33 López Portillo y Rojas, 1910 pp. 3-4, 49, 75, 83-92, 122, 251-279, 297-302, 340, 352, 361.

34 López Portillo y Rojas, 1898, pp. XIX-XXVI, 236.

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para hacerlo. Augusto Comte mismo había reconocido la necesidad de que una autoridad espiritual estableciera un freno religioso, porque el estado no sólo se debía basar en la fuerza no lo digo como creyente convencido, ni adepto de una religión gloriosa, que profeso y confieso con orgullo, sino como simple juez imparcial de las co35 sas. Así se podrá atajar el avance del socialismo.

Ramírez y Prieto expresan la consolidación del liberalismo, Sierra y López Portillo y Rojas su crisis. De hecho, ya se habían registrado algunas reformas legales dentro de eso que Sierra llamó el paso del liberalismo antiguo al nuevo, o del individualista al social, en el vocabulario aquí usado. En efecto, en 1896 el gobierno federal dictó una ley a favor de los labradores pobres y diez años 36 después el chihuahuense, en beneficio de los tarahumaras. Conviene recordar que la ley chihuahuense fue juzgada socialismo de Estado por sus autores, no liberalismo social, denominación de cuño reciente. Independientemente de nombres, el Plan del Partido Liberal, también de 1906 (la más completa obra del liberalismo social hasta entonces), fue superado por el Plan de San Luis de Madero en lo agrario porque el “Apóstol de la Libertad” propugnó la restitución de las tierras arrebatadas a los indígenas con el pretexto de la ley de desamortización.

Flores Magón sobrepasó a Madero, entre otras cosas, porque propugnó el aumento de los salarios por el Estado; Madero condenó la violencia porfirista en Río Blanco, pero rechazó que el pueblo quisiera pan, sólo quería libertad, con 37 ella conquistaría el pan.

Ricardo Flores Magón confesó su anarquismo en 1908 a su hermano Enrique y a Praxedis Guerrero, pero les pidió que, por táctica, siguieran el “timo” del 38 liberalismo a los no anarquistas. Se desenmascaró hasta mayo de 1911 cuando condicionó la alianza con el triunfante Madero a la entrega al proletariado de la tierra y los instrumentos de labranza, condición que, por supuesto, Madero no

35 López Portillo y Rojas, 1910, pp. 22, 195, 344-347.

36 González Navarro, 1957, pp. 192, 275-276.

37 González y Navarro, 1957, pp. 336, 376, 380; Valadés, 1960.

38 Flores Magón, 1973, p. 260.

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aceptó. Como tampoco aceptó el manifiesto del 25 de septiembre de ese año, que propugnaba la abolición de la propiedad privada y la destrucción del capi39 tal, la autoridad y el clero.

Aunque con la Constitución de 1917 triunfa el liberalismo social continúa la lucha con el individualista, porque los abogados ligados al Porfiriato utilizan el artículo cuarto (a nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión industrial o trabajo que le acomode, siendo lícitos) contra el 123, para oponerse a la legislación laboral. A partir de la primera Ley Federal del Trabajo de 1931 la lucha de clases se manifiesta entre el zigzagueante populismo y el liberalismo económico de la burguesía.

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MEMORIA

El discurso fúnebre de Pericles Tucídides*

Revista Mexicana de Cultura Política NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

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I

L

a mayor parte de quienes en el pasado han hecho uso de la palabra en esta tribuna, han tenido por costumbre elogiar a aquel que introdujo este discurso en el rito tradicional, pues pensaban que su proferimiento con ocasión del entierro de los caídos en combate era algo hermoso. A mí, en cambio, me habría parecido suficiente que quienes con obras probaron su valor, también con obras recibieran su homenaje –como este que ves dispuesto para ellos en sus exequias por el Estado–, y no aventurar en un solo individuo, que tanto puede ser un buen orador como no serlo, la fe en los méritos de muchos.

Es difícil, en efecto, hablar adecuadamente sobre un asunto respecto del cual no es segura la apreciación de la verdad, ya que quien escucha, si está bien informado acerca del homenajeado y favorablemente dispuesto hacia él, es muy posible que encuentre que lo que se dice está por debajo de lo que él desea y de lo que él conoce; y si, por el contrario, está mal informado, lo más probable es que, por envidia, cuando oiga hablar de algo que esté por encima de sus propias posibilidades, piense que se está cayendo en una exageración. Porque los elogios que se formulan a los demás se toleran sólo en tanto quien los oye se considera a sí mismo capaz también, en alguna medida, de realizar los actos elogiados; cuando, en cambio, los que escuchan comienzan a sentir envidia de las excelencias del que está siendo alabado, al punto prende en ellos también la incredulidad.

Pero, puesto que a los antiguos les pareció que sí estaba bien, debo ahora yo, siguiendo la costumbre establecida, intentar ganarme la voluntad y la aprobación de cada uno de ustedes tanto como me sea posible. * N. del Ed. Tucídides (460 a.C.-400 a.C.), historiador y general ateniense que participó en la Guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. La obra clásica de Tucídides donde narra este enfrentamiento militar –Historia de la Guerra del Peloponeso– incluye el texto que aquí se reproduce; se trata de un documento histórico valioso porque expone importantes conceptos sobre la política ateniense, la democracia y la guerra. En la tradición ateniense, durante el entierro de los soldados caídos en la guerra, un hombre destacado era elegido para pronunciar el discurso en honor de los muertos, tarea que le fue encomendada a Pericles (495 a.C.-425 a.C.), reconocido político y orador. Tucídides recrea en el capítulo II dicho discurso. La versión del discurso fúnebre de Pericles que se reproduce aquí tiene como base la traducción realizada por el lingüista y filósofo Antonio Arbea.

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II Comenzaré, ante todo, por nuestros antepasados, pues es justo y, al mismo tiempo, apropiado a una ocasión como la presente, que se les rinda este homenaje de recordación. Habitando siempre ellos mismos esta tierra a través de sucesivas generaciones, es mérito suyo el habérnosla legado libre hasta nuestros días. Y si ellos son dignos de alabanza, más aún lo son nuestros padres, quienes, además de lo que recibieron como herencia, ganaron para sí, no sin fatigas, todo el imperio que tenemos, y nos lo entregaron a los hombres de hoy.

En cuanto a lo que a ese imperio le faltaba, hemos sido nosotros mismos, los que estamos aquí presentes, en particular los que nos encontramos aún en la plenitud de la edad, quienes lo hemos incrementado, al paso que también le hemos dado completa autarquía a la ciudad, tanto para la guerra como para la paz. Pasaré por alto las hazañas bélicas de nuestros antepasados, gracias a las cuales las diversas partes de nuestro imperio fueron conquistadas, como asimismo las ocasiones en que nosotros mismos o nuestros padres repelimos ardorosamente las incursiones hostiles de extranjeros o de griegos, ya que no quiero extenderme tediosamente entre conocedores de tales asuntos. Antes, empero, de abocarme al elogio de estos muertos, quiero señalar en virtud de qué normas hemos llegado a la situación actual, y con qué sistema político y gracias a qué costumbres hemos alcanzado nuestra grandeza. No considero inadecuado referirme a asuntos tales en una ocasión como la actual, y creo que será provechoso que toda esta multitud de ciudadanos y extranjeros lo pueda escuchar.

III Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos; más que imitadores de otros, en efecto, nosotros mismos servimos de modelo para algunos. En cuanto al nombre, puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría, y no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado democracia; respecto a las leyes, todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares; en lo relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus 185 El discurso fúnebre de Pericles Tucídides

méritos que por su categoría social; y tampoco al que es pobre, por su parte, su oscura posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo.

Tenemos por norma respetar la libertad, tanto en los asuntos públicos como en las rivalidades diarias de unos con otros, sin enojarnos con nuestro vecino cuando él actúa espontáneamente, ni exteriorizar nuestra molestia, pues ésta, aunque inocua, es ingrata de presenciar. Si bien en los asuntos privados somos indulgentes, en los públicos, en cambio, ante todo por un respetuoso temor, jamás obramos ilegalmente, sino que obedecemos a quienes les toca el turno de mandar, y acatamos las leyes, en particular las dictadas en favor de los que son víctimas de una injusticia, y las que, aunque no estén escritas, todos consideran vergonzoso infringir.

IV Por otra parte, como descanso de nuestros trabajos, le hemos procurado a nuestro espíritu una serie de recreaciones. No sólo tenemos, en efecto, certámenes públicos y celebraciones religiosas repartidos a lo largo de todo el año, sino que también gozamos individualmente de un digno y satisfactorio bienestar material, cuyo continuo disfrute ahuyenta a la melancolía. Y gracias al elevado número de sus habitantes, nuestra ciudad importa desde todo el mundo toda clase de bienes, de manera que los que ella produce para nuestro provecho no son, en rigor, más nuestros que los foráneos.

V A nuestros enemigos les llevamos ventaja también en cuanto al adiestramiento en las artes de la guerra, ya que mantenemos siempre abiertas las puertas de nuestra ciudad y jamás recurrimos a la expulsión de los extranjeros para impedir que se conozca o se presencie algo que, por no hallarse oculto, bien podría a un enemigo resultarle de provecho observarlo. Y es que, más que en los armamentos y estratagemas, confiamos en la fortaleza de alma con que naturalmente acometemos nuestras empresas. Y en cuanto a la educación, mientras ellos pro-

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curan adquirir coraje realizando desde muy jóvenes una ardua ejercitación, nosotros, aunque vivimos más regaladamente, podemos afrontar peligros no menores que ellos.

Prueba de esto es que los espartanos no realizan sin la compañía de otros sus expediciones militares contra nuestro territorio, sino junto a todos sus aliados; nosotros, en cambio, aun invadiendo solos tierra enemiga y combatiendo en suelo extraño contra quienes defienden lo suyo, la mayor parte de las veces nos llevamos la victoria sin dificultad. Además, ninguno de nuestros enemigos se ha topado jamás en el campo de batalla con todas nuestras fuerzas reunidas, pues simultáneamente debemos atender el mantenimiento de nuestra flota y, en tierra, el envío de nuestra gente a diversos lugares. Sin embargo, cada vez que en algún lugar ellos se trenzan en lucha con una facción de los nuestros y resultan vencedores, se ufanan de habernos rechazado a todos, aunque sólo han vencido a algunos; y si salen derrotados, alegan que lo fueron ante todos nosotros juntos.

Pero lo cierto es que, ya que preferimos afrontar los peligros de la guerra con serenidad antes que habiéndonos preparado con arduos ejercicios, ayudados más por la valentía de los caracteres que por la prescrita en ordenanzas, les llevamos la ventaja de que no nos angustiamos de antemano por las penurias futuras, y, cuando nos toca enfrentarlas, no demostramos menos valor que ellos que viven en permanente fatiga.

Pero no sólo por éstas, sino también por otras cualidades nuestra ciudad merece ser admirada.

VI En efecto, amamos el arte y la belleza sin desmedirnos, y cultivamos el saber sin ablandarnos. La riqueza representa para nosotros la oportunidad de realizar algo, y no un motivo para hablar con soberbia; y en cuanto a la pobreza, para nadie constituye una vergüenza el reconocerla, sino el no esforzarse por evitarla.

Los individuos pueden ellos mismos ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados y de los públicos; no por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente. Somos los únicos que tenemos más por inútil que por tranquila a la persona que no participa en las 187 El discurso fúnebre de Pericles Tucídides

tareas de la comunidad. Somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. Y esto porque también nos diferenciamos de los demás en que podemos ser muy osados y, al mismo tiempo, examinar cuidadosamente las acciones que estamos por emprender; en este aspecto, en cambio, para los otros la audacia es producto de su ignorancia, y la reflexión los vuelve temerosos. Con justicia pueden ser reputados como los de mayor fortaleza espiritual aquellos que, conociendo tanto los padecimientos como los placeres, no por ello retroceden ante los peligros.

También por nuestra liberalidad somos muy distintos de la mayoría de los hombres, ya que no es recibiendo beneficios, sino prestándolos, que nos granjeamos amigos. El que hace un beneficio establece lazos de amistad más sólidos, puesto que con sus servicios al beneficiado alimenta la deuda de gratitud de éste. El que debe favores, en cambio, es más desafecto, pues sabe que al retribuir la generosidad de que ha sido objeto, no se hará merecedor de la gratitud, sino que tan sólo estará pagando una deuda. Somos los únicos que, movidos, no por un cálculo de conveniencia, sino por nuestra fe en la liberalidad, no vacilamos en prestar nuestra ayuda a cualquiera.

VII Nuestra ciudad, Atenas, tomada en su conjunto, es norma para toda Grecia, y que, individualmente, un mismo hombre de los nuestros se basta para enfrentar las más diversas situaciones, y lo hace con gracia y con la mayor destreza. Y que estas palabras no son un ocasional alarde retórico, sino la verdad de los hechos, lo demuestra el poderío mismo que nuestra ciudad ha alcanzado gracias a estas cualidades. Ella, en efecto, es la única de las actuales que, puesta a prueba, supera su propia reputación; es la única cuya victoria, el agresor vencido, dada la superioridad de los causantes de su desgracia, acepta con resignación; es la única, en fin, que no les da motivo a sus súbditos para alegar que están inmerecidamente bajo su yugo.

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Nuestro poderío, pues, es manifiesto para todos, y está ciertamente más que probado. No sólo somos motivo de admiración para nuestros contemporáneos, sino que lo seremos también para los que han de venir después. No necesitamos ni a un Homero que haga nuestro panegírico, ni a ningún otro que venga a darnos momentáneamente el gusto con sus versos, y cuyas ficciones resulten luego desbaratadas por la verdad de los hechos. Por todos los mares y por todas las tierras se ha abierto camino nuestro coraje, dejando aquí y allá, para bien o para mal, imperecederos recuerdos.

Combatiendo por tal ciudad y resistiéndose a perderla es que estos hombres entregaron notablemente sus vidas; justo es, por tanto, que cada uno de quienes les hemos sobrevivido anhele también bregar por ella.

VIII La razón por la que me he referido con tanto detalle a asuntos concernientes a la ciudad, no ha sido otra que para hacerles ver que no estamos luchando por algo equivalente a aquello por lo que luchan quienes en modo alguno gozan de bienes semejantes a los nuestros y, asimismo, para darle un claro fundamento al elogio de los muertos en cuyo honor hablo en esta ocasión.

La mayor parte de este elogio ya está hecha, pues las excelencias por las que he celebrado a nuestra ciudad no son sino fruto del valor de estos hombres y de otros que se les asemejan en virtud. No de muchos griegos podría afirmarse, como sí en el caso de éstos, que su fama está en conformidad con sus obras.

Su muerte, en mi opinión, ya fuera ella el primer testimonio de su valentía, ya su confirmación postrera, demuestra un coraje genuinamente varonil. Aun aquellos que puedan haber obrado mal en su vida pasada, es justo que sean recordados ante todo por el valor que mostraron combatiendo por su patria, pues al anular lo malo con lo bueno resultaron más beneficiosos por su servicio público que perjudiciales por su conducta privada.

A ninguno de estos hombres lo ablandó el deseo de seguir gozando de su riqueza; a ninguno lo hizo aplazar el peligro la posibilidad de huir de su pobreza y enriquecerse algún día. Tuvieron por más deseable vengarse de sus enemigos, al tiempo que les pareció que ése era el más hermoso de los riesgos. Optaron 189 El discurso fúnebre de Pericles Tucídides

por correrlo, y, sin renunciar a sus deseos y expectativas más personales, las condicionaron, sí, al éxito de su venganza. Encomendaron a la esperanza lo incierto de su victoria final, y, en cuanto al desafío inmediato que tenían por delante, se confiaron a sus propias fuerzas. En ese trance, también más resueltos a resistir y padecer que a salvarse huyendo, evitaron la deshonra e hicieron frente a la situación con sus personas. Al morir, en ese brevísimo instante arbitrado por la fortuna, se hallaban más en la cumbre de la determinación que del temor.

IX Estos hombres, al actuar como actuaron, estuvieron a la altura de su ciudad.

Deber de quienes les han sobrevivido, pues, es hacer preces por una mejor suerte en los designios bélicos, y llevarlos a cabo con no menor resolución. No sólo oyendo las palabras que alguien pueda decirles deben reflexionar sobre el servicio que prestan –servicio que cualquiera podría detenerse a considerarse ante ustedes, que muy bien lo conocen por propia experiencia, señalándoles cuántos bienes están comprometidos en el acto de defenderse de los enemigos–; antes bien, deben pensar en él contemplando en los hechos, cada día, el poderío de nuestra ciudad, y prendándose de ella. Entonces, cuando la ciudad se les manifieste en todo su esplendor, paren mientes en que éste es el logro de hombres bizarros, conscientes de su deber y pundonorosos en su obrar; de hombres que, si alguna vez fracasaron al intentar algo, jamás pensaron en privar a la ciudad del coraje que los animaba, sino que se lo ofrendaron como el más hermoso de sus tributos. Al entregar cada uno de ellos la vida por su comunidad, se hicieron merecedores de un elogio imperecedero y de la sepultura más ilustre. Ésta, más que el lugar en que yacen sus cuerpos, es donde su fama reposa, para ser una y otra vez recordada, de palabra y de obra, en cada ocasión que se presente.

La tumba de los grandes hombres es la tierra entera: de ellos nos habla no sólo una inscripción sobre sus lápidas sepulcrales; también en suelo extranjero pervive su recuerdo, grabado no en un monumento, sino, sin palabras, en el espíritu de cada hombre.

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Imiten a éstos ahora ustedes, cifrando la felicidad en la libertad, y la libertad en la valentía, sin inquietarse por los peligros de la guerra. Quienes con más razón pueden ofrendar su vida no son aquellos infortunados que ya nada bueno esperan, sino, por el contrario, quienes corren el riesgo de sufrir un revés de fortuna en lo que les queda por vivir, y para los que, en caso de experimentar una derrota, el cambio sería particularmente grande. Para un hombre que se precia a sí mismo, en efecto, padecer cobardemente la dominación es más penoso que, casi sin darse cuenta, morir animosamente y compartiendo una esperanza.

X Por tal razón es que a ustedes, padres de estos muertos, que están aquí presentes, más que compadecerlos, intentaré consolarlos. Puesto que han ya pasado por las variadas vicisitudes de la vida, deben de saber que la buena fortuna consiste en estar destinado al más alto grado de nobleza –ya sea en la muerte, como éstos; ya en el dolor, como ustedes–, y en que el fin de la felicidad que nos ha sido asignada coincida con el fin de nuestra vida. Sé que es difícil que acepten esto tratándose de sus hijos, de quienes muchas veces se acordarán al ver a otros gozando de la felicidad de que ustedes mismos una vez gozaron. El hombre no experimenta tristeza cuando se lo priva de bienes que aún no ha probado, sino cuando se le arrebata uno al que ya se había acostumbrado. Pero es preciso que sepáis sobrellevar vuestra situación, incluso con la esperanza de tener otros hijos, si es que están aún en edad de procrearlos. En lo personal, los hijos que nazcan representarán para algunos la posibilidad de apartar el recuerdo de los que perdieron; para la ciudad, entretanto, su nacimiento será doblemente provechoso, pues no sólo impedirá que ella se despueble, sino que la hará más segura, ya que nadie puede participar en igualdad de condiciones y equitativamente en las deliberaciones políticas de la comunidad, a menos que, tal como los demás, también él exponga su prole a las consecuencias de sus resoluciones.

Y aquellos de ustedes que han llegado ya a la ancianidad, tengan por ganancia el haber vivido felizmente la mayor parte de su vida, consideren que la que les queda ha de ser breve, y consuélense con la fama alcanzada por éstos sus hijos.

191 El discurso fúnebre de Pericles Tucídides

Lo único que no envejece, en efecto, es el amor a la gloria; y cuando la edad ya declina, no es atesorar bienes lo que más deleita, como algunos dicen, sino recibir honores.

XI Y en cuanto a ustedes, hijos o hermanos, aquí presentes, de estas víctimas de la guerra, veo grande el desafío que tienen por delante, porque solamente aquel que ya no existe suele concertar el elogio de todos; a duras penas podrán conseguir, por sobresalientes que sean sus méritos, ser considerados no ya sus iguales, sino incluso sus cercanos émulos. La envidia de los rivales la sufren quienes están vivos; el que, en cambio, ya no representa un obstáculo para nadie, es honrado con generosa benignidad.

Y si, para aquellas esposas que ahora quedan viudas, debo también decir algo acerca de las virtudes propias de la mujer, lo resumiré todo en un breve consejo: grande será su gloria si no desmerecen su condición natural de mujeres y si consiguen que su nombre ande lo menos posible en boca de los hombres, ni para bien ni para mal.

XII En conformidad con nuestras leyes y costumbres, pues, queda dicho en mi discurso lo que me parecía pertinente. Ahora, en cuanto a los hechos, los hombres a quienes estamos sepultando han recibido ya nuestro homenaje. De la educación de sus hijos, desde este momento hasta su juventud, se hará cargo la ciudad. Tal es la provechosa corona que ella impone a estas víctimas, y a los que ellas dejan, como premio de tan valerosas hazañas. Cuando los más preciados galardones que una ciudad otorga son los que recompensan la valentía, entonces también posee ella los ciudadanos más valientes.

Y ahora, después de haber llorado cada uno a sus deudos, pueden marcharse.

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REPISA

Revista Mexicana de Cultura PolĂ­tica NA, Vol. 1 / No. 1 Enero-Abril 2012

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RESEÑA

Enrique Krauze R EDENTORES: IDEAS Y PODER EN AMÉRICA LATINA

México: Random House Mondadori, 2011, 583 pp.

Rafael Figueroa Hernández* Como toda selección, la que hace Enrique Krauze de once hombres y una mujer para personificar el poder y las ideas sobre el poder en América Latina, es discutible. ¿Por qué no Flores Magón? Se preguntarán unos. Otros agregarían a Sandino. Unos dirían que no es Hugo Chávez el emblema del hombre que busca reducir la historia de su país a su biografía personal como afirma Krauze sino Fidel Castro. La verdad es que hay tantas historias de las ideas del poder en América Latina como reflexiones sobre el tema se ensayen. Lo valioso del libro de Krauze, siempre impecablemente escrito y abundantemente documentado como suelen ser sus entregas, es que dispara esa reflexión propia y, para quien no tiene ninguna, hace una propuesta interesante y llena de argumentos.

Krauze tituló al libro Redentores y no líderes, porque, desde su punto de vista, las ideas políticas encarnadas en las vidas de José Martí, José Enrique Rodó, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Octavio Paz, Eva Perón, Ernesto Che Guevara, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Samuel Ruiz, el Subcomandante Marcos y Hugo Chávez se presentan como una misión, como una tarea de tintes religiosos, donde los personajes redimen más que educar, guiar o ejercer un liderazgo de tipo convencional. Es posible, sin embargo, que surja la duda sobre la pertinencia de llamar redentor a varios de los personajes escogidos. * Investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana.

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El autor identifica el comienzo de la historia moderna de las ideas revolucionarias en América Latina con José Martí, escritor que hizo de las ideas políticas y la literatura una sola cosa. Martí es quizá, entre todos los personajes abordados por Krauze, el emblema del redentor, con una vida dedicada a la defensa de sus convicciones, por las cuales pisó la cárcel por primera vez siendo casi un niño, en una época en que las penurias acortaban irremediablemente la infancia y llevaban con urgencia a la adultez. El sentido revolucionario y una cierta dosis de azar llevarían a Martí a ser un migrante, pues fue deportado a Madrid, piso tres años tierras mexicanas y estuvo en Guatemala. Quizá fue así como se gestó y maduró su latinoamericanismo, porque en todos los lugares a los que llegó tuvo discrepancias con los gobernantes derivadas de su aguda observación sobre la situación imperante. Señala Krauze que Martí pensó en ir a Honduras y a Perú, y lo cita: “Es muy duro, vagar así, de tierra en tierra, con tanta angustia en el alma, pero en esa misma alma hervía una certeza: Llevo mi infeliz pueblo en mi cabeza y me parece que de un soplo mío dependerá un día su libertad” (p. 23).

El latinoamericanismo de Martí se consolidó con la distancia. Quiso el destino que arraigara precisamente “en las entrañas del monstruo”, aunque antes de ello todavía intentó asentarse en Venezuela, de donde fue expulsado por el presidente Antonio Guzmán Blanco. En todos los lugares que pisó Martí, las ideas revolucionarias y la creación literaria fueron el combustible con que alimentó el trabajo periodístico. Krauze señala la riqueza de sus crónicas, publicadas en el diario argentino La Nación, como fuente primaria para el estudio de un decenio en la vida americana; en ellas registró “la inauguración del Puente de Brooklin, el ajetreo de un domingo en Coney Island, las modas de la Quinta Avenida, las diversiones (bailes, trineos, regatas, boxeo, baseball), los rufianes y crímenes de Nueva York, la muerte de Jesse James” y otros acontecimientos de la época como la inauguración de la Estatua de Libertad y el simbolismo que adquirió para los migrantes.

Hace hincapié Krauze en la importancia del trabajo periodístico de Martí; refiere que esas crónicas que comenzaron a aparecer con regularidad en La Nación, eran publicadas más tarde en 20 diarios hispanoamericanos. El valor de ese trabajo, que abrevó de la libertad de prensa estadounidense, lo manifiesta Krauze con una imagen por demás reveladora: “Martí ha dejado de pensar en 195

términos abstractos o magisteriales y se dirige al lector. Es decir: vierte el vino viejo de la mejor tradición literaria del castellano (los poetas y dramaturgos del Siglo de Oro y el barroco que conocía al dedillo por su estancia en España) en el odre nuevo del periodismo norteamericano. En este sentido, es el primer escritor moderno de América Latina” (p.27).

Esa libertad que defendió y vivió en Estados Unidos fue tan aleccionadora que Martí rechazaba tajantemente la idea de una libertad cubana patrocinada por ese país, porque la libertad, desde su punto de vista, sólo puede ser conquistada por el interesado. Pero no sólo eso, con un realismo al que la historia le daría la razón, se preguntaba “Y una vez en Cuba los Estados Unidos, ¿quién los saca de ella?”

Martí fue, quizá como buen escritor, observador implacable y analista político activo y mordaz. No hacía concesiones en la idea de libertad. Lo mismo le dolía y luchaba por la libertad cubana que señalaba las amenazas a la democracia que veía en la vida americana. El tramo final de su vida fue de gran activismo político, sin dejar la pluma revolucionaria, que a la postre fue su mejor legado.

Su figura y su memoria han sido adoptadas por distintos grupos. “¿De quién será Martí al final de la historia?” se pregunta Krauze y él mismo responde: “De unos, de otros, y de la literatura española”.

Otro hombre de letras ligado al pensamiento nacionalista hispanoamericano y crítico de la cultura estadounidense fue el uruguayo José Enrique Rodó. Su vida, signada también por el sentido revolucionario que imprime el conocimiento en una época en que, en Uruguay, quizá al igual que en muchas otras latitudes latinoamericanas, era necesario, como afirmó el propio Rodó al fundar la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales en 1895 “sacudir el marasmo en que yacen por el momento las fuerzas vivas”.

Cuando Estados Unidos derrota a España en el conflicto de liberación de Cuba, Rodó escribió Ariel, opúsculo que Krauze llama “homilía moral dedicada a los jóvenes”, porque deseaba la liberación de Cuba, pero lo entristecía la humillación de España y, al igual que Martí, veía el anuncio de un nuevo imperio, acaso más rudo que el español. Ariel, dice el autor, “fue el producto natural de ese impacto. Llegó en el momento oportuno: expresó un desencuentro entre las 196 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

dos Américas que venía gestándose a lo largo del siglo XIX y profetizó otro que duraría casi todo el siglo XX”. Ariel, señala Rodó en el ensayo, “es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad”.

Krauze hace notar la ambivalencia que ha caracterizado las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Recelo y admiración, rechazo y acercamiento.

Refiere una reflexión que hacía Walt Whitman en 1864: “¿No es de verdad extraño? México es el único país al que realmente hemos agredido, y ahora es el único que reza por nosotros y nuestra victoria, con oración genuina”. El autor encuentra que independientemente de las circunstancias políticas (en aquel momento la intervención francesa), existe una razón ideológica que nos hace mirar a Estados Unidos como la “patria universal de las libertades y la democracia”.

El curso de la historia haría que las mentes más reflexivas de América Latina fueran corroborando la ambición imperial de Estados Unidos, a veces velada y por tanto, más peligrosa, y que consolidaran con ello no sólo un sentir hispanoamericano sino también un acendrado antiamericanismo. Krauze subtitula a este capítulo dedicado a Rodó, la homilía hispanoamericana, pues considera que Ariel “aportó la idea de la unidad cultural que, a la postre, sería la más activa, influyente y longeva. Y quizá la única que sigue viva” (p. 53) Ariel significó una sacudida en el ambiente intelectual latinoamericano de la época. Se publicó no sólo en el natal Uruguay de Rodó, también en Santo Domingo, en Venezuela y en México. Unos lo aceptaron con admiración y otros (como Unamuno) pusieron distancia, pero el sentir general era el de sumarse a este coro latinoamericano en la búsqueda de sí mismo. Sobre el texto de Rodó, cita Krauze a Alfonso Reyes “a él, en un despertar de la conciencia, debemos algunos la noción exacta de la fraternidad americana” (p. 54). La contribución de Rodó a la construcción del latinoamericanismo fue más grande y más consistente que la propia ideología de Rodó, según lo describe Krauze, pues temía y rechazaba una revolución obrera que consideraba radical y prefería la vía reformista que podía ofrecer el liberalismo moderado.

El tercer José del que se ocupa Enrique Krauze en Redentores es Vanconcelos, al que llama caudillo cultural. El desempeño intelectual de Vasconcelos tuvo 197

como telón de fondo la Revolución Mexicana, lo cual fue en sí mismo un logro nada desdeñable, al igual que el de otros miembros del Ateneo de la Juventud, dado el clima de revuelta e inestabilidad que trajo consigo la lucha revolucionaria. Vasconcelos llevó a la Universidad de México, como rector, y después a la Secretaría de Educación conceptos que anidaron por años en su obra. “El rector Vasconcelos diseñó el emblema de la Universidad: un mapa de América desde el río Bravo hasta la Patagonia cuyo contorno recorre una frase de obvias resonancias arielistas: Por mi raza hablará el espíritu. El mapa, a su vez protegido por dos águilas magníficas y tenía como fondo los volcanes del Valle de México. «No he venido –dijo– a gobernar la Universidad sino a pedir a la Universidad que trabaje para el pueblo»” (p.77).

El indigenismo de Vasconcelos quedó plasmado en los muros de la Secretaría de Educación, a través de la obra de Rivera, Orozco y Siqueiros, dando al público ya no un texto sino una muestra visual para rescatar el “orgullo cultural por las raíces” como señala Krauze. Su fracaso en la participación de la elección por la gubernatura de Oaxaca de 1924 quizá trajo como buen resultado la dedicación a su obra, el producto más inmediato a su fallida intervención como candidato fue La raza cósmica que desde el punto de vista de Krauze “lleva el mensaje iberoamericano de Ariel a un extremo delirante”. No cejó en sus afanes políticos y fracasó nuevamente como candidato presidencial. Este hecho y episodios trágicos en su vida amorosa lo llevarían a redefinir el rumbo de su obra y la vuelta a la religiosidad. Según Krauze “Vasconcelos nunca perdonó a México haberle fallado (…) un país que, a su juicio, había perdido tanto perdiéndolo” (p. 103).

La cuarteta de personajes que conforman la primera parte del libro, se cierra con José Carlos Mariátegui, el sociólogo y político marxista, autor de Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, quizá su obra más famosa.

Krauze refiere interesantes polémicas entre intelectuales de la época que retratan la importancia política e ideológica que adquirieron, como la que Vasconcelos tuvo con Leopoldo Lugones y más tarde Mariátegui con el escritor José Mariano de la Riva Agüero. En las definiciones políticas, ideológicas y literarias, el periodismo jugó un papel fundamental. Mariátegui, al igual que mu198 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

chos intelectuales de entonces, tuvo en las páginas de los diarios el instrumento de expresión que acompañaba su trabajo teórico y político.

El latinoamericanismo y el indigenismo de Mariátegui destacan por su filiación marxista, consolidada por el acercamiento directo con teóricos marxistas europeos, tesis que confrontó con su historia peruana. Afirma Krauze que “sólo en Europa Mariátegui se descubrió americano”.

Mariátegui, Vasconcelos, Martí y Rodó aparecen como las figuras que dan sentido y claridad a la noción de Hispanoamérica, pero se creó una especie de hermandad entre más personajes que contribuyeron a edificar el legado del orgullo hispanoamericano como Raúl Haya de la Torre, colega y amigo de Mariátegui, quien recibió de Vasconcelos la bandera que fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Las figuras de Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso y otros son recurrentes porque tenían como punto de unión las publicaciones que albergaron sus ideas.

La segunda parte del libro está dedicada a un solo personaje y es la más extensa del volumen, 160 de las 550 páginas: Octavio Paz; el poeta y su aguda mirada sobre la soledad de la sociedad mexicana. En este capítulo Krauze rinde amplísimo homenaje a su amigo y colega de muchos años, con quien colaboró por varias décadas y nadie mejor que él para descifrarlo. Paz fue como un observatorio de la realidad mexicana, a la que analizó desde muy joven. Para Octavio Paz, la Revolución Mexicana fue punto de quiebre, punto de partida del México moderno y sacudida fundacional, quizá el poeta expresaba el asombro que esta etapa de la historia dejó para siempre en Octavio Paz Solórzano, su padre.

En El laberinto de la Soledad Paz dedica un capítulo a la reflexión sobre la importancia de la Revolución en la construcción de la cultura mexicana. Este interés no es gratuito; sobre los primeros textos del poeta, observa Krauze que “el joven Paz tiene claro que el radicalismo político debía compaginarse con la modernidad cultural” (p.157). El mexicanismo de Paz con toda seguridad creció acompañado de la universalidad de su cultura y su conocimiento. Toda opción estética en Paz es al mismo tiempo una toma de decisión política. En un lugar, igual de privilegiado, se ubica el amor y cómo lo vive el poeta, sus cartas a Elena Garro, su Helena, van más allá de la expresión de sentimientos, es el enamoramiento del amor, el amor que se mira a sí mismo.

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El tumulto de sucesos de la época exigía a cada momento una toma de posición. Paz vivía intensamente el mundo que le había tocado, lo reflexionaba y actuaba o escribía acerca de ello. Lo mismo sobre la guerra de España, las purgas estalinistas, los fines de Los Contemporáneos, la institucionalización de la cultura, la política mexicana y sus muy diversos giros, su rompimiento con el marxismo, sus filias y fobias ideológicas. Toda observación o sentencia de Paz adquiría mayor trascendencia a medida que su talla como poeta aumentaba. La renuncia que Octavio Paz presentó al gobierno mexicano como embajador en la India reprobando los actos de represión y la matanza de estudiantes magnificó la crítica que cayó sobre la administración de Gustavo Díaz Ordaz por el manejo de la revuelta estudiantil, a la que no supo dar cauce.

Krauze admite que Paz se había vuelto reformista, aunque lo califica como “peculiar socialista libertario”. Esas posturas de Paz generarían en no pocas ocasiones un encendido debate con grupos de la izquierda mexicana, las tribunas eran las publicaciones culturales o los foros literarios. Los antagonismos no eran personales, reflejaban distintas lecturas políticas e ideológicas sobre el acontecer nacional. En 1990 le fue entregado el Premio Nobel de Literatura, una distinción que sin duda otorgaba al poeta un peso político insoslayable.

El debate no amainó, al contrario. México vivía hechos que provocaban reacciones encontradas como la sublevación de Chiapas. Paz inicialmente se pronunció en contra por su rechazo a la violencia, el rechazo se fue matizando al tiempo que, según Krauze, fue decayendo su esperanza en el régimen modernizador.

La tercera parte del libro, denominada iconos revolucionarios, está constituida por un dueto harto extraño: los argentinos Eva Perón, la “madona de los descamisados”, y el Che Guevara, el “santo enfurecido”, conforme los nombres dados por Krauze. Una, que arribó a las mieles del poder, lo libó con el aliento de los pobres, lo exhibió como en una comedia romántica y lo vistió de rosa con clasificación para toda la familia, especialmente las más pobres. La muerte llegó temprano al rescate de los excesos, pero nadie duda de que en la historia de América Latina el poder que consiguió Eva Perón sea único. Krauze

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narra ejemplos: “La idolatría llegó a extremos de histeria. La gente le escribía para ‘estar en su pensamiento’. ‘Es como estar en el de Dios’, decía una enferma de polio” (p.303).

Aclamada por unos, despreciada por otros, Eva Perón no desperdició el tiempo breve que la vida le dio como redentora de los pobres. Krauze trae también a la memoria historias oscuras de la primera dama argentina. La novela rosa que protagonizó sustentada en el asistencialismo estuvo alejada de conceptos como la democracia y la justicia; sólo se refociló en un populismo que a la distancia es mítico por incomprensible.

En otro extremo, el también argentino Ernesto Guevara, a quien Krauze concede un perfil casi mesiánico, llegó a colmar las ansias de redención que exigía el antiamericanismo imperante en América Latina. El intervencionismo estadounidense en América Latina fue la tierra fértil que hizo prender la semilla revolucionaria del Che Guevara, quien abrevó de las tesis educativas de Aníbal Ponce, de los textos publicados por Mariátegui en Amauta y de otras lecturas marxistas que le proveyó Hugo Pesce y que le llevaron a participar con los rebeldes cubanos encabezados por Fidel Castro. Una vez que triunfó la revolución cubana, el mundo de la organización política y administrativa de la nueva realidad socialista de Cuba resultó pequeño para los anhelos revolucionarios del Che. El ímpetu revolucionario lo llevo a elegir Bolivia, donde no había las condiciones políticas para desarrollar y proteger una guerrilla local, lo cual hizo presa fácil al Che, quien dejó como legado no sólo su sentido revolucionario latinoamericanista sino, con una actitud digna ante la inminencia de su muerte, la figura mítica que es en el heroísmo del continente y del mundo. Una figura que animó y sigue animando en muchos la esperanza de un amanecer distinto para América Latina.

La cuarta parte de Redentores está dedicada a dos novelistas del boom latinoamericano: Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. ¿Por qué no incluir en esta selección a Julio Cortázar? ¿O Carlos Fuentes? si son igualmente importantes para las letras latinoamericanas. Fuentes además, en el mismo tenor que Vargas Llosa no ha rehuido externar sus opiniones sobre todos los temas que le parecen relevantes, incluido, por supuesto, el político. La explica201

ción quizá sólo se encuentre en la universalidad que han alcanzado el colombiano y el peruano, ganadores del Nobel, aunque es sólo una idea que se puede aventurar sin comprobación y sólo queda, como explicación verdadera, el privilegio de la selección del investigador.

Es difícil asociar la obra de García Márquez con un cuerpo de ideas sobre el poder, y no deja de resultar extraña su inclusión en el libro, la suya, parece más bien una larga crónica de la vida de una Colombia que tardó en sumarse a la mundialización y a la globalización. Más allá de la relación de García Márquez con líderes y gobernantes, como su muy conocida amistad con Fidel Castro, el poder que definitivamente ha ejercido el escritor, casi una tiranía, es sobre las palabras, a las que ha domeñado lo suficiente para fascinar a todo el mundo con sus descripciones simples y a la vez maravillosas. En ellas, tal vez, como señala Krauze, se ha ocupado de la representación del poder, pero este tema ha sido parte de su larga crónica. El género en el que García Márquez ha estado más en contacto con la política ha sido el periodismo, sin embargo, su verdadera influencia, su verdadera repercusión en Latinoamérica ha sido como novelista.

Vargas Llosa, en cambio, ha tenido a la política como motivo constante de reflexión, ha vivido y estado inmerso en ella, con un abuelo prefecto, un tío presidente y un país que daba mucho para analizar. Con una breve y juvenil militancia comunista que lo alejó de la política de izquierda, y el realismo socialista que lo hartó suficiente para buscar otros horizontes literarios, Vargas Llosa fue definiendo su postura política y acelerando su producción literaria, para beneficio de las letras latinoamericanas, pues publicó su primera novela Los jefes a la edad de 21 años.

En ese proceso de definición política e ideológica su contacto y rompimiento con la revolución cubana fue determinante; lo fue también para delinear relaciones con sus pares latinoamericanos. Lejos de representar un obstáculo, este episodio se convirtió en acicate político y literario. Polemista, Vargas Llosa se ha confrontado públicamente con Neruda, Carpentier y el mismo García Márquez, tiene en poco a la inteligencia latinoamericana, a la que acusa de haberse “convertido en guardiana de la más rígida ortodoxia, impidiendo que 202 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

la opción democrática –la preferida por nuestros pueblos– adquiriera una expresión original propia, adaptada a las complejas realidades de nuestras sociedades” (p. 417).

Vargas Llosa no sólo se pregunta “¿En qué momento se jodió Perú?” como lo hace su personaje de Conversación en La Catedral, sino que reflexiona sobre posibles respuestas en otros países y responde a veces con lo que mejor sabe hacer: escribir novelas. Allí está para atestiguarlo, por ejemplo, La fiesta del Chivo. Krauze provoca a sus lectores: afirma que como presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, Vargas Llosa “ha dado grandes batallas por la democracia latinoamericana”.

Dos personajes asociados al estado de Chiapas aparecen en el quinto apartado de Redentores: Samuel Ruiz García y Rafael Guillén Vicente, mejor conocido como el Subcomandante Marcos, ambos vinculados a la lucha de los indígenas, uno desde la religión y el otro, primero como guerrillero y después como revolucionario de la conciencia, según lo interpreta Krauze, quien asegura que el desempeño de estos dos personajes está relacionado, pues el radicalismo de la diócesis fue el que dio cabida a la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El autor deja a resguardo la memoria de Samuel Ruiz, pues afirma que “no existe evidencia de su apoyo explícito a la violencia, aunque sí de su apoyo a los activistas armados de Slop, grupo de catequistas voluntarios reclutados por la Diócesis que trabajaron por años en coordinación con el EZLN. Krauze se adhiere a la idea de que la irrupción del EZLN en enero de 1994 finalmente fue positiva porque hizo cobrar conciencia de la problemática indígena. Sobre el Subcomandante Marcos interpreta que dejó pasar la oportunidad de convertirse en líder de la izquierda y “prefirió aferrarse a su mito, hasta que el mito comenzó a agotarse”.

El cierre de la pasarela de personajes del poder y la política en América Latina lo deja Krauze al mandatario venezolano Hugo Chávez, “el caudillo posmoderno”, seducido por la sacralización de la historia y por las figuras de héroes, a imagen de las cuales construyó su “conspiración revolucionaria”, con lo que se fue convirtiendo, según Krauze, “en una criatura del realismo mágico”, que tomó como bandera la figura de Bolívar.

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El autor presenta a Chávez como un líder sin ideología genuina, construida artificialmente al abrigo de las circunstancias y del ejercicio del poder.

‘Yo no conozco el marxismo, nunca leí El capital, no soy marxista ni antimarxista’ había dicho Hugo Chávez en 1995. Decía la verdad.

Chávez, en efecto, no era marxista ni conocía al Marx incómodo, al Marx crítico del poder. Marx criticaba la supeditación de la sociedad civil al líder único.” (p. 497).

Y añade Krauze, para criticar al gobernante con sus propias afirmaciones.

En 1995 Chávez no era marxista. Ya en la presidencia, el posmarxismo internacional lo ha cobijado e inspirado. Chávez es ahora el paladín del ‘socialismo del siglo XXI’, un socialismo que saca la ‘poesía del pasado’, que no ‘entierra a sus muertos’ ni cobra otra conciencia de su ‘propio contenido’, salvo en el propósito de emular los fallidos experimentos históricos del socialismo real mediante el uso de una ‘acumulación primitiva del capital’ que no tuvieron esos países: la del petróleo. Marx, el crítico del poder, tampoco habría sido chavista (íbidem).

Krauze ve en Chávez un remedo de líder, un dirigente mesiánico que ha construido una nueva vía: el “personalismo autoritario mediático y posmoderno”, en su intento por ser el “héroe del Siglo XXI”, que tiene en Fidel Castro al padre terrenal y a Bolívar como el padre infinito. El héroe cuya vida es la historia misma de su país. Se pregunta el autor “¿qué capítulo escribirá ahora el redentor enfermo?”.

Terminada su revisión, presentada su visión de doce redentores, Krauze se pregunta “¿Democracia o redención?”; él supone que América Latina está inclinada hacia la democracia pero también la ve prendida a la “nostalgia del orden perdido”.

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RESEÑA

Quinto Tulio Cicerón

B REVIARIO DE CAMPAÑA ELECTORAL Barcelona: Acantilado, 2009, 86 pp.

Rafael Figueroa Hernández El poder es quizá uno de los bienes más permanentes y codiciados a lo largo de la historia. Así lo muestran las cartas que Quinto Tulio Cicerón escribió a su hermano mayor Marco Tulio cuando éste decidió postularse como candidato al consulado romano en el año 63 a.C., en ellas Quinto aconseja a Marco cómo conducirse para triunfar en la contienda por la magistratura de más alto rango en el gobierno romano durante la época de la República.

La actualidad de estos textos milenarios los han puesto nuevamente en circulación en una traducción de Alejandra de Riquer, en forma de libro, al que se le ha dado el nombre Breviario de campaña electoral, un título atractivo, especialmente para la clase política de casi cualquier lugar del mundo en los tiempos que corren. Las cartas son el equivalente moderno de las propuestas de un asesor o coordinador de campaña, conocedor y observador del complejo ambiente político, como lo fue Quinto de la Roma antigua, anterior al Imperio.

Marco Tulio, el mayor, recibe de su hermano un trato deferente en sus cartas.

Quinto presenta sus consejos no como algo nuevo sino sólo como ideas ordenadas con método que pone a consideración de Marco porque le pueden ser útiles. Una de las primeras ideas, de actualidad y plena vigencia, que señala Quinto es que las cualidades de cualquier hombre, así sean muchas, pueden sucumbir a la apariencia, por los pocos meses de que se dispone, en el lapso de 205

la campaña, para mostrarlas. Esto es, que durante la campaña, cuando un hombre está expuesto al escrutinio público puede ofrecer una imagen, real o no, poco conveniente.

Los hermanos Tulio Cicerón recibieron buena educación, con destacados maestros; Marco era un reconocido abogado y destacó también como filósofo, escritor y orador. Quinto, por su parte, había sido formado en Roma y en Atenas, sin embargo, eran descendientes de una familia plebeya. Tener presente esta condición es la primera advertencia que Quinto hace a su hermano, asumirse como el homo novus que era la denominación que se daba a quienes no pertenecían a la nobleza y que, como en el caso de los Cicerón, cuando tenían aspiraciones de acceder a un cargo de alto rango, eran considerados advenedizos. Quinto recomienda a Marco compensar la condición de homo novus estando siempre bien preparado y echar mano de los recursos de la oratoria que le eran reconocidos, con discursos siempre muy bien estructurados.

Quinto aborda un tema que sigue vigente hoy día: el de las deudas políticas.

Afirma que durante su campaña, Marco debe hacer ostentación de la gran cantidad de amigos de alta condición social que posee, pues eso hará una diferencia con los otros homo novus, incluso los de otras condiciones sociales, colegas, ciudadanos a los que ha defendido y alumnos. Además de mostrar esas amistades, debe trabajar por tenerlas cerca, “para que aquellos que te deben algo y aquellos que desean debértelo se den cuenta de que no van a tener más oportunidad que ésta, los unos, de demostrarte su agradecimiento, y, los otros, de convertirse en deudores tuyos”. Como se ve, el juego de complicidades y favores que se pagan y se deben no es exclusivo de las sociedades actuales; en la política de la República romana, muy bien observada por Quinto, era moneda corriente.

La conveniencia de ganar la simpatía de los nobles es señalada como un punto a tener en cuenta para escalar políticamente. Es importante, dice Quinto, que las personas de la categoría a la que su hermano deseaba ingresar lo consideraran digno de dicha posición.

Las cartas de Quinto se asemejan a otros textos que han sido retomados por los estrategas políticos de la sociedad contemporánea, como el muy leído de 206 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

Sun Tzu, El arte de la guerra, porque señala lo que un candidato debe hacer con potenciales enemigos: debe neutralizarlos; una fórmula que sugiere Quinto Tulio con Gneo Pompeyo, uno de los políticos más poderosos de la historia romana, es atraerlo como amigo, o al menos, para que durante la candidatura, “nuestra candidatura” dice a su hermano, no sea un adversario.

En lo que parece un antecedente de la importancia que en política tienen las tesis actuales de liderazgo y el carisma del que hablaba Max Weber, el consejero electoral propone potenciar las cualidades que colocan al candidato en una posición superior a sus oponentes nobles, pues la nobleza, asegura, no es garantía de triunfo sin la fuerza propia que poseía Marco. En las elecciones para elegir al consulado fueron rivales de Marco Tulio dos nobles –Publio Galga y Lucio Casio– sobre quienes pesaban acusaciones graves. “Un hombre activo, emprendedor, honrado, elocuente, bien considerado por los jueces, debe desear tener un par de rivales como éstos: asesinos ambos desde la infancia, ambos depravados, ambos en la miseria”, anota Quinto en la carta a su hermano, en una premisa útil hasta nuestros días, donde los defectos de un candidato potencian las virtudes del otro, o, al menos, lo hacen ver mejor y más elegible, del mismo modo que los errores del contrincante pueden ser usados para resaltar los aciertos propios.

En pocas líneas, Quinto Tulio advierte al hermano la conveniencia de hacer lo que hoy se llamaría un “análisis stakeholder” con la finalidad de revisar quiénes son sus aliados y quiénes sus enemigos. Estarían a su favor, los que tenían deudas con el candidato y quienes desean obtener de él algún favor. Entre sus adversarios estarían los nobles descendientes de cónsules que intentaron alcanzar el puesto al que aspiraba Marco Tulio y no lo lograron. Siendo Marco un homo novus, estos candidatos fracasados lo verían con malos ojos por el hecho simple de no admitir verse sobrepasados en honor.

También estarían entre sus enemigos aquellos que se vieron afectados por Marco en las causas judiciales. Y, remata Quinto, tendría que revisar la fidelidad de los amigos que creía tener por haber otorgado su apoyo a Pompeyo para incrementar su gloria. Una premisa que persiste en la competencia política actual, donde la sola elección de un grupo o aliado político acarreará por sí misma 207

otros aliados, lo mismo que enemigos. Así, cuanto más alto es el cargo al que se aspira, es más recomendable advertir los intereses adversos a tal aspiración.

“Una candidatura a un cargo público debe centrarse en el logro de dos objetivos: obtener la adhesión de los amigos y el favor popular” señala Quinto en su Breviario; afirma que es conveniente que la adhesión provenga de las buenas relaciones establecidas con anterioridad, reafirmar y cultivar los vínculos más sinceros (recuérdese que el tamaño de la ciudad y el círculo cerrado al que pertenecía la clase política romana permitía que las relaciones de amistad tanto como las de enemistad se hicieran evidentes con facilidad). Aconsejaba también, sin embargo, cultivar amistades entre personas ilustres o de alto rango con la finalidad de incrementar la dignidad del candidato, pues aunque ellas no hicieran esfuerzo alguno por hacerle propaganda, el lazo que mostraban era más que suficiente para aumentar las virtudes de quien aspira a un cargo, le proporcionaría garantías en la protección de la ley (si los amigos eran magistrados, por ejemplo) y amigos para conseguir el voto de las centurias, que eran agrupaciones de ciudadanos en edad militar y encargados de la elección de los cónsules. Roma llegó a tener hasta 193 centurias que se dividían en cinco clases, diferenciadas por la riqueza de sus miembros, 88 de ellas eran las más adineradas, con lo cual, la relación dinero y poder, todavía hoy en debate, era tema común en la Roma antigua, pues los más ricos eran quienes manejaban los hilos políticos de la República.

Quinto distinguía tres recursos de los que se podía beneficiar un candidato, porque son los que inclinan a los hombres a otorgarle su apoyo: los beneficios, las expectativas y la simpatía sincera; como consejero electoral, Quinto Tulio establecía la necesidad de analizar detenidamente cómo valerse de ellos.

“En los más pequeños beneficios los hombres encuentran motivo suficiente para apoyar a un candidato” escribe el autor, esto es, no sólo los que con anterioridad han recibido un beneficio sino todos aquellos que saben que no recibirán de otro candidato una atención como la que éste les ha otorgado a otros de su misma clase. Por lo que se refiere a los que tienen ciertas expectativas es necesario hacerles sentir que el candidato es el mejor preparado y dispuesto a ofrecerles apoyo. El tercer recurso es el de los partidarios incondicionales con quienes conviene reforzar los vínculos de simpatía.

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Esta tipología del electorado no está lejana de la visión con la que hoy se distinguen los públicos diferenciados de una candidatura. El voto duro de los simpatizantes o militantes de un partido político; las expectativas que crean distintos grupos ante la oferta de los candidatos y sobre la cual se construyen actualmente tanto las plataformas electorales como los mensajes destinados a persuadir a los votantes, especialmente a los indecisos.

Una observación curiosa y atinada de Quinto Tulio respecto a tareas que hace un candidato y que no haría un hombre común en una situación que no sea la de una campaña: la de buscar y aceptar, con dignidad, la amistad de distintas personas. Afirma Quinto que el intento de relacionarse con muchas personas podría parecer improcedente en otro momento y sólo en campaña se da como una tarea natural, lo cual debe ser pertinentemente aprovechado por el candidato. De ello, pueden derivar vínculos y amistades duraderas, sobre todo, cuando, como era el caso de Marco Tulio Cicerón, habría pocos que rehuyeran entablar amistad con él.

Aconseja asimismo asegurar la adhesión de todas las centurias con amistades numerosas y diversas, para lo cual señala la conveniencia de brindar atenciones “a los senadores, a los caballeros romanos y a cuantos hombres emprendedores e influyentes haya en todos los (…) estamentos”. La ventaja de no cultivar sólo a los niveles más influyentes, sino a todos y sobre todo a los jóvenes, es que se debe reconocer el empeño que ponen en la búsqueda del voto propagando las noticias y acompañando al candidato.

La mayoría de los consejos que propone Quinto para conducir una campaña exitosa se basa en las relaciones que establece el candidato y en la amistad, advierte, sin embargo, a su hermano que debe saber distinguir a sus amigos para prevenir traiciones y señala como un acto de sabiduría no confiarse fácilmente. Es decir, sabe que en la política romana, donde había también muchas muestras de corrupción, no era aconsejable pretender que la amistad era un valor que se producía en grandes cantidades, y un hombre inteligente no podía confiar a ella su futuro político.

Con un estilo sencillo, directo y sereno, este libro breve reúne los consejos de Quinto Tulio en catorce apartados, donde va desgranando cuál considera es 209

la mejor forma de lograr un triunfo. Muchos de esos consejos parten del conocimiento del ambiente político de la época pero otros son el producto de la observación de las reacciones humanas y quizá por ello es tan vigente el texto.

Afirma que los hombres “prefieren una mentira a una negativa” y a partir de este supuesto el candidato debe saber que los hombres esperan promesas de sus candidatos. Cabildeo, plataforma electoral, análisis stakeholder, discurso, propuestas y muchos conceptos más que hoy son objeto de trabajo de expertos en política y marketing, están esbozados de una manera sencilla, amena y muy aleccionadora en este libro que más de dos mil años después parece recién escrito.

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N OVEDADES EDITORIALES

ELECCIONES 2012: EN BUSCA DE EQUIDAD Y LEGALIDAD

John M. Ackerman (coordinador) Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM A partir de la premisa de que previamente a las elecciones federales de 2012 se debían subsanar los vacíos legales identificados en los procesos electorales de 2009-2010, un grupo de expertos en derecho laboral analizó los aspectos más relevantes y vulnerables del actual sistema de regulación político-electoral mexicano para proponer soluciones concretas, con la finalidad de encauzar y consolidar la democracia.

El resultado es el libro Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que 27 autores, coordinados por John Ackerman analizan temas como la regulación de la intervención de los medios de comunicación en los procesos electorales, el control de la utilización de recursos para promover la imagen pública de los gobernantes y el fortalecimiento de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, entre varios más, muy pertinentes para estudiar el proceso electoral de 2012.

ÚLTIMAINSTANCIA. REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICO ELECTORALES

Núm. 0, Año 2, agosto-octubre, 2011. Última instancia, revista trimestral de estudios jurídicos electorales, nace como un nuevo espacio editorial amplio, plural, profesional y académico, que dará cabida a todas las voces dentro del enorme andamiaje construido a lo largo de 20 años de historia electoral en México, para que expresen sus puntos de vista, reflexiones o análisis sobre la ciencia en esta materia.

Emilio Zebadúa presentó así el primer número de la publicación especializada que él dirige, “como uno de los primeros pasos para edificar un nuevo espacio que se alimentará de la experiencia de quienes conforman esta propuesta editorial”.

El tema político-electoral en México tiene con Última instancia un nuevo foro de análisis, que adquirirá gran intensidad a lo largo del 2012, y, en forma igualmente relevante, en la etapa previa a la jornada electoral como en la etapa posterior.

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LA VÍA

ALGO VA MAL

Edgar Morin Ed. Paidós, España, 2011

Tony Judt Ed. Taurus, España, 2010

El autor del denominado “pensamiento complejo”, introducido en su obra maestra El método, nos presenta ahora esta audaz y detallada propuesta como una alternativa para la humanidad, que hoy transita por los inciertos senderos de la globalización, la occidentalización y el desarrollo. La unificación tecnológica y económica del planeta está acompañada de conflictos étnicos, religiosos y políticos, los cuales podrían llevarnos a una sucesión de catástrofes en cadena. Este es un destino probable si no conseguimos cambiar de “vía”.

“Hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy”, comienza diciendo este magnífico pensador contemporáneo. Tony Judt desafía, provoca a las nuevas generaciones de nuestra sociedad, que se oponen a la forma actual de vida y expresan su honda preocupación por el mundo que van a heredar. Nos invita, como hombres y mujeres libres, a oponernos a los males de nuestra sociedad y a enfrentar el mundo presente. Algo va mal es un inestimable obsequio para las futuras y actuales generaciones de ciudadanos comprometidos.

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Acerca de los autores Arturo Arnáiz y Freg (1915-1982) Economista que se convirtió en investigador y docente de Historia hasta llegar a ocupar un lugar como miembro numerario en la Academia Mexicana de Historia de 1956 a 1980. Ejerció la tarea docente en El Colegio de México, la UNAM y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Impartió numerosas conferencias en instituciones educativas de México y de Estados Unidos. Es reconocida su aportación a la reconstrucción de la cultura mexicana del siglo XX, con su archivo personal y la donación de 35 mil volúmenes que hizo a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada que hizo a la Secretaría de Educación Pública.

Antonio Garrido Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Conferenciante y profesor de distintos programas de postgrado en Universidades de España, Italia, México, Perú y Argentina. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia e investigador en proyectos de diversas instituciones. Autor en libros colectivos e individuales.

Moisés González Navarro Abogado por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México y estudios de posgrado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, conferencista en casi todas las universidades de México, 213

y profesor visitante en las de París, Londres, Toronto y Melbourne. Miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 1981 y autor de 29 libros individuales y 32 en coautoría.

Antonia Martínez Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Catedrática de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y directora del Centro de Estudios de México en la Unión Europea del Instituto Universitario e Investigación Ortega y Gasset, donde también es profesora-investigadora. Fue profesora en la Universidad de Salamanca y ha impartido cursos de posgrado en varias universidades españolas y en la Fundación Oscar Arias, San José de Costa Rica; en la Escuela de Gerencia Continental, en Lima, Perú; en la Universidad Católica del Uruguay; en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina; en el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz; en la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones del Perú y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica de México, entre otras. Ha publicado trabajos en más de una veintena de libros y cincuenta revistas especializadas. En 2004 fue asesora en el Departamento de Análisis y Comunicación Política en el Gabinete del Presidente del Gobierno de España. Su trabajo se centró en el análisis electoral, de la opinión pública y en las campañas electorales.

José Miranda Doctor y licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Madrid. Realizó estudios de Historia y Ciencias Políticas en las universidades de París, Berlín y Tübingen. Ejerció la docencia en las universidades de Madrid y Chile. Desde su llegada a México fue catedrático en El Colegio de México, también impartió cursos en la Escuela Nacional de Antropología y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue investigador del Instituto de Derecho 214 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

Comparado y del Instituto de Investigaciones Históricas. Se especializó en Historia de México y entre sus libros más destacados están: Vitoria y los intereses de la conquista de América, El tributo indígena en la Nueva España durante el Siglo XVI y Las ideas y las instituciones políticas mexicanas.

Francisco José Paoli Bolio Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Sociología por la Universidad de Nueva York y licenciado en Derecho por la UNAM ha ocupado diversos cargos académicos en las universidades Iberoamericana, la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco de la que fue rector. Ha desempeñado cargos políticos como representante popular: fue diputado federal en las Legislaturas LV y LVII, representante en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. De 2002 a 2005 fue Subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación. Suman más de 30 sus ensayos y proyectos de investigación y es autor de una veintena de libros publicados individualmente o en coautoría, entre los más recientes La Cámara de Diputados en la LVII Legislatura y Conciencia y Poder en México.

Gabriel Quadri de la Torre Ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Economía y candidato a doctor en Economía por la Universidad de Texas, en Austin, EU. Ha sido director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial; director de EcoSecurities México y Centroamérica y desde 1998 es director asociado de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S.C. En el sector público se ha desempeñado como Jefe de Financiamiento Externo en el Banco de México; director de Planeación Ecológica en el Departamento del Distrito Federal; director general de Normatividad y posteriormente Presidente del Instituto Nacional de Ecología. Académico del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable de El Colegio de México y de otras instituciones de educación superior. Autor de libros, ensayos y otros textos en materia de medio 215

ambiente y desarrollo sustentable, así como colaborador en diversos medios de comunicación. Candidato presidencial del Partido Nueva Alianza para la elección federal 2012.

Miguel Ángel Sánchez de Armas Doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla, España y Diplomado en Estudios Avanzados por la misma institución, maestro en Ciencias de la Comunicación por la Universidad UPAEP y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Ejerce el periodismo desde 1968 y publica semanalmente la columna Juego de Ojos en medios mexicanos y de España, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Es miembro del Consejo Editorial Consultivo de la agencia informativa nacional Notimex. Es profesor-investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP – Puebla. Autor de varios libros, entre ellos: Apuntes para una historia de la televisión mexicana (dos tomos); El enjambre y las abejas: ensayos sobre democracia y comunicación; De reporteros (en coautoría) y En estado de gracia: conversaciones con Edmundo Valadés. Desde agosto de 2011 es coordinador nacional de Comunicación Social del Partido Nueva Alianza.

Leonardo Valdés Zurita Doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología por El Colegio de México y licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac. Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas científicas y especializadas en temas político-electorales, autor de más de 30 capítulos en libros colectivos y ha coordinado la publicación de ocho libros. Ha presentado más de cien ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales. Fue profesor titular en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, donde también ocupó diversos cargos académicos y directivos. Desde 2005 es profesor titular de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. En 1998 formó parte del grupo de especialistas que estudiaron las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero. Fue Consejero Electoral del Consejo General 216 Revista Mexicana de Cultura Política NA Enero-Abril 2012

del Instituto Electoral del Distrito Federal. Fue Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral, institución en la que, desde 2008, fue elegido como Consejero Presidente por la Cámara de Diputados.

José Woldenberg Doctor en Ciencias Políticas, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por la UNAM. Tiene una larga y reconocida trayectoria sindicalista y partidista. Fue presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática y consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral del que después fue consejero presidente. Su trabajo académico, de investigación, periodístico y en los cargos públicos ha estado vinculado al tema político-electoral de México. Es profesor e investigador en la UNAM, director de la Revista Nexos y desde 2008 consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Conferencista en diversas instituciones de educación superior y autor de artículos, ensayos y libros, entre los que destacan La construcción de la democracia (2002), El cambio democrático y la educación cívica en México (2007) y Cultura mexicana: revisión y prospectiva (coord.) (2008).

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Lineamientos editoriales para autores La Revista Mexicana de Cultura Política NA acepta colaboraciones de miembros del partido, simpatizantes y ciudadanos interesados en el debate del tema político, mismas que serán puestas a consideración del Comité Editorial, y cuya presentación debe atender los siguientes lineamientos: 1.

Las colaboraciones deben ser inéditas. El Comité Editorial evaluará artículos o ensayos publicados cuando así lo amerite la relevancia del contenido, tratamiento o aportación, y esté debidamente autorizada la publicación por los editores originales.

2.

La extensión de las colaboraciones no debe exceder de 25 cuartillas, incluyendo la bibliografía. La medida de una cuartilla son 32 líneas, escritas en fuente Arial de 12 puntos. Si el documento contiene gráficos, se incluirán en el cuerpo del texto en el lugar específico en que deben aparecer.

3.

Incluir resumen de un máximo de 150 palabras en inglés y en español.

4.

Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a las normas de estilo editorial de la American Psychological Association (APA).

5.

Se solicita a los autores anexar una ficha que contenga nombre, grado académico, institución a la que pertenecen y una síntesis curricular de entre 50 y 100 palabras.

6.

Las propuestas de ensayos y artículos pueden ser enviadas a revista@nueva-alianza.org.mx 7.

Los trabajos se someterán a revisión de estilo.

8.

El Consejo Editorial se reserva el derecho de seleccionar los trabajos recibidos para su publicación.

9.

No se devuelven originales.

10.

Las situaciones no consideradas en los presentes lineamientos serán resueltas por la dirección de la revista y por el Comité Editorial.

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