El Consejo aprueba la estrategia canaria de soberanía alimentaria

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la Estrategia Canaria de Soberanía Alimentaria con el fin de “avanzar hacia un modelo agroalimentario más competitivo, sostenible y resiliente, sustentado en la necesidad de reducir la dependencia externa de insumos agrarios y pesqueros”. Fruto de una “intensa” participación con entidades públicas y privadas, gestores políticos, empresas alimentarias y organizaciones del sector primario, el documento busca “garantizar la viabilidad económica, social y medioambiental del sector primario, así como de las zonas rurales y marítimas”.

Asimismo, se orienta hacia otro objetivo global: combatir el cambio climático mediante su incorporación a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a través de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Esta estrategia “actúa de manera integral en todo el sistema agroalimentario, desde la producción hasta el consumo”. Entre sus propósitos, se encuentran el de “reducir la dependencia exterior de insumos agrarios o pesqueros y facilitar el acceso a los recursos esenciales de la actividad productiva”.

Además, se ha dado luz verde a la creación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2021-2027 (RIS3 ampliada), “una hoja de ruta para el desarrollo”.

El órgano colegiado ha avalado 75 subvenciones concedidas de forma directa por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, durante el cuarto trimestre de 2022, por un importe total de 1,3 millones de euros.

Un decreto declara de interés público de Canarias la asociación benéfica ONG Ser Humano, por entender que sus fines esta- tutarios tienden a promover el interés general de la comunidad autónoma y por el beneficio que para la sociedad reporta su actividad. Se inscribió en 2007. Se ha autorizado una transferencia de crédito por valor de 255.000 euros para incrementar el presupuesto disponible para las nuevas instalaciones en La Palma de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y, con ello, impulsar la economía azul en la Isla Bonita. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo tramitó el traspaso crediticio por medio de la Aciisi, con la intención de impulsar el desarrollo y crecimiento de una economía oceánica sostenible, “tanto centrada en la producción sustentable, la protección efectiva y el progreso equitativo, como basada en una relación estrecha entre la acuicultura frente a la costa y las energías renovables marinas”.

Ubicado en el puerto de Tazacorte, el Centro de Biodiver- sidad Marina y Economía Azul de la Plocan realiza desde poco después del inicio de la erupción en Cumbre Vieja un “seguimiento continuo” de las nuevas condiciones del litoral, junto a futuros proyectos para el desarrollo sostenible alrededor de los recursos oceánicos.

Se ha consignado un gasto de 35.437.179,48 euros para la contratación del suministro de energía eléctrica de los edificios administrativos autonómicos. Quedan excluidos los inmuebles integrados en el contrato de colaboración público-privada de eficiencia energética. El pre- supuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), asciende a 35.437.179,48 euros en la anualidad 2023. Existe el crédito presupuestario preciso en las cuentas autonómicas para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, sujeta a “regulación armonizada al ser su valor estimado superior a 215.000,00 euros, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y en la orden HFP/1499/2021”.

Se han tomado en consideración dos proyectos de ley para la constitución del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas, por un lado, y del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Santa Cruz de Tenerife, por otro. Se ha decidido solicitar, con carácter urgente, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre su contenido.

El departamento primero del Tribunal de Cuentas ha comunicado al Servicio Canario de la Salud (SCS) la apertura del procedimiento de reintegro por alcance por el caso Mascarillas, una presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública canaria que se remonta a los meses iniciales de la pandemia de la COVID. Así lo informaron ayer fuentes del órgano fiscalizador, que explicaron que la apertura de este procedimiento, a instancias de la Fiscalía, podría terminar con la orden de devolver al erario público las cantidades desviadas irregularmente.

En noviembre, el director del SCS, Conrado Domínguez, presentó su dimisión a raíz de su imputación por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En esta causa se investiga un contrato firmado en los meses iniciales de la pandemia, por el cual el Servicio Canario de la Salud abonó cuatro millones de euros a la sociedad RR7 por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió. La empresa RR7 era una firma dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario.

El procedimiento penal, paralelo al abierto por el Tribunal de Cuentas, observó graves irregularidades en el expediente por el que se pagó por adelantado cuatro millones de euros a esa empresa que trató de importar una partida de un millón de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y que fueron interceptadas y destruidas por Aduanas. Meses después, con los cauces de importación ya más normalizados, el SCS “revivió” el contrato adjudicado a RR7. Tampoco llegó el segundo envío.