Dossier observatorio - revista 10

Dossier Revista 10

JULIO 2012

OBSERVATORIO DEMOCRAC OBSERVATORIO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

Pág. 17-18

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Diseño editorial ETM Pág. 28

Diagramación Tatiana Pardo Contacto: denuncias@defensores.net

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CIA Y DERECHOS HUMANOS Observatorio y Fondo Latinoamericano de Defensores/as de Derechos Humanos, Democracia y Sociedad Civil Sistema integral de protección y promoción de los derechos humanos y la democracia en las Américas • •

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Defensores.net: Observatorio Latinoamericano de Democracia y Derechos Humanos http://defensores.net/ Fondo de Defensores/as: Fondo de apoyo y asistencia directa a defensores/as de derechos humanos y democracia en las Américas (disponible 2013) Revista Nueva Política: Medio informativo en línea para la sociedad civil http://issuu.com/nuevapolitica.net Campus Virtual REDLAD: Plataforma de empoderamiento y capacitación en línea para OSC http://tomasmoro.net/campusVirtuales/course Talleres Presenciales en apoyo a grupos vulnerables: Talleres en Venezuela, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Republica Dominicana, Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Perú Redlad: Plataforma de intercambio y activismo de la sociedad civil en Latinoamérica y el caribe. http://www.redlad.org Actividades de Incidencia y cabildeo regional

Gracias al apoyo y financiamiento de la Unión Europea bajo Proyecto de la Comisión Europea “Fondo para defensores de Derechos Humanos e impulse de una alianza Latinoamericana para la promoción, defensa e impulso a la sociedad civil” EIDHR/2011/266-780 de la A.C. Consorcio Desarrollo y Justicia

OBSERVATORIO DEMOCRAC OBSERVATORIO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

OBSERVATORIO DEMOCRATICO

Coordinación del Informe: Alvaro Briceño Apoyo en levantamiento de información: Valentina Briceño-Strocchia y Pablo J. Innecken *Con aportes de Rocío Rius y Marta Gaba.

Tras cincuenta años de una traumática alternancia entre gobiernos civiles y militares Argentina hoy muestra una estabilidad inédita de su régimen democrático. Pese a los avances que el retorno de la democracia significó en materia de derechos políticos, persisten severos déficit en otras dimensiones de la ciudadanía.

En la más reciente elección presidencial, la presidenta argentina, Cristina Fernández, logró su reelección con un triunfo sin precedentes desde el retorno de la democracia al país, más del 53 por ciento de votos y 36 puntos de ventaja sobre el segundo candidato más votado, el socialista Hermes Binner.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia participó con observación electoral apoyada a través de varias organizaciones miembro como FAVIM Acción Ciudadana, la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) y el programa Joven Argentina quienes manifestaron unas elecciones tranquilas sin grandes contratiempos y con irregularidades leves que no transgredieron el proceso electoral.

La debilidad de los partidos en Argentina y la carencia de liderazgos vienen marcando la realidad política del país generando un clima crisis del sistema de partidos políticos.

En cuanto a Derechos Humanos, se cono-

cen intentos por restringir las libertades fundamentales, por ejemplo la ley para declaró de interés público el papel para diarios escritos. Con ella, se creó un control estatal sobre el papel que usan los medios escritos. El más reciente Informe de Free-

dom House sobre Libertad de Expresión incluyó a Argentina en los países con prensa “parcialmente libre”, algo que preocupa

seriamente a los medios de comunicación del país.

En materia de Derechos Humanos, la justicia argentina juzgó y condenó en histórico fallo a los exdictadores Jorge Videla y Reynado Bigone a 50 y 15 años de cárcel, respectivamente, así como a otros altos responsables de graves violaciones de DDHH. Diversos medios de comunicación se han hecho eco sobre la situación de amenazas e intimidación de pueblos indígenas del norte del país por motivo de tierras e intereses empresariales en tala de árboles.

La práctica de la expropiación sin utilizar los mecanismos constitucionales y legales existentes para este fin está siendo utilizada desde el Ejecutivo.

Cristina Kirchner anunció la expropiación de la empresa española de hidrocarburos Repsol, la cual administraba a la anteriormente privatizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), medida ha sido considerada arbitraria, e incluso ha sido considerada ilegal en el país y por la Unión Europea.

CIA Y DERECHOS HUMANOS * Con aportes de María Eugenia Rojas Valverde.

Si bien, Bolivia ha logrado consolidarse como un país de elecciones libres se sostienen aún grandes desigualdades. El presidente Evo Morales llegó al país mediante el sufragio popular, gracias al apoyo de los pueblos indígenas y diversos movimientos populares y ha sido considerado el primer presidente indígena electo en país. En el ámbito electoral ha habido avances significativos en cuanto a la organización de elecciones y en el ámbito local se cumplen 26 años de vigencia de la Democracia Municipal.

Un avance fundamental se dio a partir de 1997 con la creación de la Ley de Cuotas electoral, que señalaba que al menos 30 de las mujeres tenían que acceder a la representación política nacional. En el ámbito indígena, cada vez más las organizaciones campesinas e indígenas se han robustecido, exigiendo el respeto a sus derechos y el acceso a toma de decisiones. La gran marcha popular indígena vivida hace unos meses a raíz de la presunta construcción de una carretera que atravesaría la región indígena del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) demostró que la población indígena no se siente representada ni identificada con el gobierno de Evo Morales, al cual se le ha acusado de servir más a los intereses de sus aliados de Brasil, Venezuela y Ecuador que a las necesidades del pueblo boliviano.

En materia de independencia judicial, el Presidente Morales por decreto, tomó el control del Poder Judicial y luego lo consolidó con las recientes elecciones judiciales, las cuales arrojaron denuncias de irregularidades durante y previo al proceso, traducidas en supuesta designación a dedo de los candidatos, obstaculización de los observadores, poca información, poca propaganda (casi inexistente en muchas zonas), problemas con la instalación de centros electorales, poca seguridad del material electoral. Lo más relevante fue el resultado de la elección la cual resultó en un alto número de votos nulos y en blanco los cuales sumaron más del 60.3% de los votos, cuyo resultado indica que realmente existió un rechazo mayoritario de Bolivia a la elección y una posible reprobación de la gestión del Presidente Morales.

Recientemente, en materia de Derechos Humanos, se han denunciado casos de

brutalidad policial y exceso de autoridad. Sobresalen los casos de violencia en contra de los manifestantes indígenas en defensa del TIPNIS en 2011, y en semanas recientes con la agresión de cientos de personas con discapacidad que se encontraban en una marcha pacífica hacia el Palacio de Gobierno por motivo de una ley que resta 4 de cupo laboral estatal a este segmento de la población boliviana.

En abril, más de 200 indígenas amazónicos se enmarcan en nuevas manifestaciones pacíficas desde la ciudad de Trinidad hasta llegar a La Paz para rechazar nuevamente la construcción de la carretera y la supuesta consulta a los pueblos indígenas que se pretende realizar. Las marchas pacíficas, las cuales cuentan con el apoyo sector médico, educativo y de juntas de vecinos y organizaciones ciudadanas de todo el país, han sido catalogadas por el vicepresidente Álvaro García Linera como atentados contra la democracia boliviano, sin embargo, señaló que es un derecho y no la obstaculizarán.

En junio, en medio de la IX Marcha Indígena a favor del TIPNIS, los manifestantes, ubicados en una vigilia cerca de sede de gobierno fueron atacados por efectivos policiales quienes repelieron la vigilia con granadas de gases lacrimógenos, chorros de agua y tratos inhumanos contra mujeres, hombres, niñas y niños. El Observatorio de Género: Coordinadora de la Mujer y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, alertaron sobre el tema.

Los hechos, generaron un manifiesto final de la Marcha, la cual propone conformar un Consejo Nacional de Defensa del TIPNIS y convoca a todo el pueblo boliviano a unificar esfuerzos para nutrir y plantear una iniciativa Legislativa que busca dejar sin efecto la Ley 222 o “Ley De Consulta A Los Pueblos Indígenas Del Territorio

Indígena Y Parque Nacional Isiboro Sécure – Tipnis” la cuál consideran no ha sido aplicada correctamente ni incluye mecanismos reales de consulta popular.

La fuerza policial, ha entrado también en huelga en el país, la huelga se ha extendido por toda Bolivia, en tanto que la marcha indígena retrasó su ingreso a capital para evitar que se les vincule con un supuesto complot para derrocar a Evo Morales. Ante ello el pasado 26 de junio, siete organizaciones sociales bolivianas se organizaron para crear un Estado Mayor y activar una vigilia permanente para defender lo que ellos consideran la democracia boliviana, la Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y Juntas Vecinales son 3 organizaciones que integran la iniciativa que busca apoyar al gobierno de Evo Morales bajo consignas como “Democracia sí, golpe no”.

Próximamente, se redactará una nueva Ley de Organizaciones Políticas con base en lo descrito en la Constitución actual boliviana, se espera que la nueva ley respetará la equidad de género. Será obligatorio que la designación de candidatos de los partidos políticos respeten la equidad de género mediante la alternabilidad. Además, según el Presidente del Tribunal Supremo Electoral boliviano (TSE), Wilfrido Blanco se prevé que los militantes de los partidos políticos elijan a sus candidatos bajo ciertos parámetros. El organismo electoral busca mayor participación ciudadana a lo interno de los partidos políticos y además, para ello elaborarán reglamentos para las elecciones internas o primarias en contiendas políticas.

En junio, finalmente el legislativo ha aprobado el Proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres,

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con la labor de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), miembro de la Red, y su Directora Ejecutiva María Eugenia Rojas, quienes han trabajado desde hace vario tiempo en el tema de violencia política contra la mujer y solicitando la creación de una legislación pertinente.

ACOBOL, llevaba años luchando por la promulgación de la ley (cuyo atraso tardó 12 años).

En materia de migración, hace algunos meses, Brasil denunció que militares bolivianos amenazaron a ciudadanos brasileños ubicados en la frontera boliviana, exigiéndoles abandonar el territorio en un plazo no mayor a 90 días. Brasil ha visto el hecho como discriminación contra los migrantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que Bolivia fue uno de los países de la Región en donde ocurrió el mayor número de agresiones

contra periodistas y medios de comunicación en 2011, contabilizando un total de 23 casos denunciados. De hecho, el país se ubicó en el primer lugar en cuanto a detenciones y agresiones durante coberturas realizadas en lugares públicos.

Actualmente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Gobierno mantienen conversaciones debido a reclamos de derechos que han hecho parlamentarios de oposición, Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado, dijo en Suiza que algunos de los temas que exigen los parlamentarios son precisamente los mismos que el organismo desea proponer en el país. Los parlamentarios solicitan una amnistía política ya que se sienten perseguidos políticamente por el oficialismo.

En el tema de expropiaciones, el mandatario Evo Morales expropió a la filial de Red Eléctrica Española (REE) y además,

autorizó la toma militar de la sede de la Red Eléctrica Internacional, ubicada en Cochabamba. Los hechos han sido cuestionados y catalogados de injustificados.

No se puede concluir este análisis de actualidad sin mencionar la realización en junio del 42° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizado en Cochabamba, Bolivia. La Asamblea no pasó inadvertida gracias a la participación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien junto a Evo Morales fueron los únicos presidentes asistentes a la cita.

Correa realizó una serie de discursos de ataque a las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el exceso de tiempo brindado para sus intervenciones ha sido objeto de crítica en diversas partes del mundo.

El fin de la dictadura de Augusto Pinochet significó un duro retorno a la democracia en Chile, la cual, exitosamente ha ido en ascenso posicionando hoy al país como uno de los más democráticos de América Latina y el Caribe. Las presidencias de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han traído además un crecimiento económico significativo y una mayor inserción del país en el sistema de comercio internacional. Chile ha sido eficaz en la reducción de la pobreza durante este periodo.

La elección de Sebastián Piñera, que rompió la hegemonía de la Concertación, ha profundizado en las políticas económicas de mercado. Hay críticas de la necesidad de mejorar los programas sociales y la falta de mejores condiciones laborales para agricultores y mineros, una mayor distribución de la riqueza. En meses recientes se ha criticado duramente la privatización de la enseñanza municipal, lo que ha creado una serie de manifestaciones multitudinarias en reclamo por mayor presupuesto para la educación pública y en contra de la privatización de la educa-

ción. El anterior gobierno de la presidenta Bachelet fue particularmente importante por la profundidad de las políticas sociales a favor de la paridad de género, la disminución de la brecha social y la protección de los sectores más desfavorecidos. Se consiguió gobernar con una posición de centro izquierda balanceada o moderada que le permitió un gobierno mesurado, con grandes avances en derechos humanos pero sin dejar de lado las tendencias económicas que la globalización exigía.

Los principales problemas que enfrenta el país en la actualidad en materia de dere-

chos humanos, se han realizado amplias movilizaciones sociales sobre todo en la Patagonia chilena (sur del país), en rechazo a lo que perciben como aislamiento gubernamental, carencia de servicios y ausencia de políticas públicas para su desarrollo. Poblaciones indígenas también son objeto de discriminación y violencia policial.

Revista

CIA Y DERECHOS HUMANOS Brasil viene experimentando dos décadas de mejoras políticas, económicas y sociales. Una vez vencido el fantasma del militarismo y luego de una continuidad de buenos gobiernos y efectivas políticas públicas, el país se ha convertido en una potencia económica y política regional y mundial. Luego de un proceso de rescate democrático iniciado con la inesperada presidencia de Itamar Franco y luego continuada por los Presidentes Fernando Henrique Cardozo, Luis Ignacio (Lula) Da Silva and Dilma Rousseff.

Sin embargo, en el tema de promoción democrática y de respeto a los Derechos Humanos, el país sigue debiendo, se mantiene el apoyo a gobiernos autoritarios en la región, se sigue irrespetando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al punto de suspender el pago de cuotas, favoreciendo la quiebra de la Organización de Estados Americanos. De hecho, el país le adeuda a la OEA US$ 6.3 millones, condicionando sus cuotas a la eliminación de la facultad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de emitir medidas cautelares de protección de derechos humanos.

De hecho, se ha manifestado el interés de Brasil y Ecuador por coincidir en la creación de un nuevo ente de Derechos Humanos a nivel de la Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR) los cuales serán abordados este lunes durante su visita oficial.

La acelerada industrialización está llevando a un deterioro evidente del medio ambiente brasileño y esto ha generado descontento y apatía en un importante sector de la población ha sido frecuentemente ignorada por el gobierno e incluso ha rechazado medidas cautelares del Sistema a favor de estos grupos.

A inicios de febrero, organizaciones como Amnistía Internacional, denunciaron que la comunidad indígena Laranjeira Ñanderu corría peligro de ser desalojada de su hogar ancestral y trasladarse a una zona pequeña sin acceso adecuado a re-

curso hídrico, sombra o lugar para cultivar. La comunidad indígena se ubica en la región Mato Grosso do Sul, zona con mayor densidad de población indígena del país, ubicados en pequeñas comunidades siendo las más pobres de Brasil. En este momento, la orden de desalojo permanece suspendida por un recurso de apelación, sin embargo, el futuro es incierto para la comunidad indígena.

Hace pocos meses, la presidenta Rousseff viajó a Cuba por primera vez en su mandado, sin embargo, la agenda fue en su totalidad relacionada a aspectos económicos y comerciales, dejando completamente de lado el tema de la democracia y derechos humanos, ignorando de hecho el tema del fallecimiento del preso político cubano Wilman Millar. Tampoco la mandataria, acudió a encuentros con la disidencia cubana.

En recientes semanas, Navi Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó la muerte del periodista Décio Sá y denunció una dramática propensión al alza de los asesinatos de periodistas en el país. Según, la organización “Campaña por un Emblema de Prensa” (PEC), Brasil se ha convertido en el segundo país más peligroso del mundo para periodistas, ubicado después de Siria. También en este tema, la organización Reporteros Sin Fronteras, ubicó al Brasil en el puesto número 99 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

El país, cuestionado por actitudes con-

sideradas contrarias a la protección de la cuenca del río Amazonas, fue sede de la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas conocida como Río+20, un encuentro internacional organizado por el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de Naciones Unidas celebrado del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro. En el marco de la reunión se dio también el Foro de Partes Interesadas (actores sociales) y la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental y en Defensa de los Bienes Comunes con miles de representantes de organizaciones. Se cuestiono que la cumbre estuvo enfocada en aspectos económicos y estudios más que en propuestas concretas respecto al medio ambiente.

Recientemente, Brasil, Túnez y Estados Unidos promovieron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la resolución que sobre libertad de expresión en Internet. Luego de objeciones de China y Cuba la resolución fue finalmente aceptada en lo que se considera un documento histórico en pro de los derechos humanos.

Con respecto al dilema paraguayo luego de la destitución del presidente Lugo, el gobierno brasileño ha sido uno de los soportes principales para la suspensión de Paraguay de la UNASUR y el MERCOSUR. Al mismo tiempo, el gobierno apoya el ingreso de Venezuela al MERCOSUR.

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Colombia, un país cuya historia reciente ha estado marcada por serios conflictos sociales, guerrillas, grupos paramilitares, carteles de la droga y un clima de inseguridad ciudadana bastante agudo y ejemplificado en continuas desapariciones, muertes violentas, secuestros, amenazas y persecuciones.

Se observa una reducción significativa de la violencia política de años anteriores. En la actualidad persisten los escándalos por narcotráfico, problemas con cárteles y mafias, denuncias por tráfico de influencias, guerrillas, grupos paramilitares, asesinato de políticos, periodistas, el homicidio de candidatos políticos, líderes y lideresas de organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, el funcionamiento del sistema de justicia es puesto a prueba en juicios justos contra la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.

Las elecciones locales desarrolladas en Colombia el 30 de octubre de 2011 fueron monitoreadas por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia a través del aporte de la Misión de Observación Electoral de MOE- una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, sin afinidad partidaria y sin fines de lucro que promueve la democracia en Colombia- y con el respaldo de FAVIM Acción Ciudadana de Argentina.

La ciudadanía siente que la participación ciudadana se realiza con dificultad. Los principales resultados arrojados por la observación demostraron la existencia de gran cantidad de lugares de votación inadecuados en términos de espacio fí-

sico e infraestructura disponible, falta de control adecuado sobre la propaganda electoral y un abstencionismo electoral muy alto.

Colombia, sigue siendo un país donde la democracia se representa en elecciones limpias pero cuyos niveles de violencia deterioran y lesionan cada vez más el tejido social, cohíben la participación ciudadana en la toma de decisiones y aceleran una inseguridad justificada que impide una consolidación democrática a plenitud y un respeto real de las libertades fundamentales y derechos humanos.

Se debe hacer un esfuerzo en la aplicación efectiva de las medidas cautelares de protección a víctimas y sentencias brindadas por entidades internacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Romeo Langlois, periodista francés, secuestrado por las FARC mientras cubría una operación del ejército en materia de

narcotráfico fue liberado después de una campaña internacional en la que participaron personalidades, entidades de DDHH y gobiernos.

En otro de los temas de actualidad, la Ley de Reforma de la Justicia promovida por el Ejecutivo fue unánimemente negada por el Senado por “inconveniencia general”. Este instrumento de justicia implicaba una reforma constitucional para una salida negociada al conflicto armado de medio siglo con las FARC y el ELN, y también con los agentes del Estado colombiano que hubieran cometido crímenes, quienes serían sometidos a una instancia jurídica especial. José Miguel Vivanco, Director para Latinoamérica de Human Rights Watch previamente se manifestó preocupado por ese “Marco Jurídico para la Paz”.

Un informe sobre Derechos Humanos presentado por William Hague, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, indica que el gobierno británico lamenta el empeoro de la situación de los defensores de Derechos Humanos en Colombia. Si bien, señala los significativos compromisos adquiridos por el presidente Santos, se indica que los esfuerzos no han sido suficientes.

CIA Y DERECHOS HUMANOS Costa Rica es un país considerado ejemplo de democracia y respeto a los Derechos Humanos, la abolición del ejército desde hace más de 60 años es un referente internacional en temas de paz, eso ha permitido una de las estabilidades democráticas de mayor duración en la región. Sede de la Corte y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPaz).

En el ámbito político, los últimos 10 años han observado la aparición de nuevos partidos políticos, que han creado una Asamblea Legislativa bastante heterogénea en términos ideológicos, lo cual ha lentificado aún más la aprobación de leyes, pero ha consolidado aún más esquemas de democracia, rendición de cuentas y control político. El gobierno de Laura Chinchilla ha continuado muchas obras del anterior gobierno de Arias, apoyando programas de incentivos para evitar la deserción escolar y creación de proyectos para el cuidado de adultos mayores.

Sin embargo, la ciudadanía costarricense si bien no se enfrenta a serios problemas de índole democrático o en materia de violación de derechos humanos, vive una serie de problemas que van en aumento: la brecha social, la crisis del sistema de seguro social y de salud (Caja Costarricense de Seguro Social), la inseguridad ciudadana (en exacerbado aumento), tráfico internacional de drogas, aumento de la oleada de inmigrantes, alto costo de la vida e inflación y aumento de la deuda externa. El respaldo a la gestión de Chinchilla ha caído grandemente sobre todo por la situación económica que enfrenta el país. En materia de derechos humanos el país se encuentra sumamente avanzado, no obstante, han surgido grupos de presión en defensa de derechos de minorías sexuales, poblaciones indígenas y campesinas y de apoyo a iniciativas como la fertilización in vitro (prohibida en el país).

En meses pasados, protestas indígenas en la zona sur del país dieron como resultado un acuerdo importante en el cual los educadores de las escuelas de varias zonas indígenas serían indígenas y en esos centros educativos se enseñaría los dialectos nativos y la historia indígena.

También en la zona sur, en la localidad de San Isidro del General de Pérez Zeledón, los vecinos anunciaron un plebiscito revocatorio de mandato contra el alcalde

del municipio, el plebiscito fue acogido por el Tribunal Supremo de Elecciones y realizado de manera inédita en el país.

Finalmente, el alcalde tuvo que dejar su cargo a pesar de su negativa.

El Estado costarricense, afronta en la actualidad una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la prohibición desde el año 2000 de la fecundación in vitro, la demanda fue interpuesta por 9 parejas que desean utilizar el método. El gobierno respondió recientemente a la Corte que “El Estado entiende que tiene el deber de proteger el derecho a la vida desde la concepción” y por ello se opone a la fecundación.

Además, hace un par de meses, la Defensoría de los Habitantes de la República, emitió una serie de recomendaciones al gobierno en materia de aprobación de leyes de poblaciones discriminadas. Entre ello, urge a la Asamblea Legislativa retomar el tema de la fertilización in vitro, la unión de hecho de personas del mismo sexo, autonomía de pueblos indígenas y derechos de personas con discapacidad y adultos mayores.

Actualmente, grupos de la comunidad gay, lesbiana y transexual se ha manifestado en marchas como “marcha de los invisibles” y “marcha de la diversidad” con el fin de dar a conocer su interés por la creación de una legislación en materia de uniones entre parejas del mismo sexo con la posibilidad de acceder a pensiones y seguro social. El nombramiento del diputado y pastor protestante Justo Orozco en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, ha generado grandes manifestaciones en contra de lo que se considera una jornada en pro del conservadurismo y entierra aún más la posible aprobación del proyecto de ley sobre uniones de hecho en parejas del mismo sexo, un proyecto que la presidenta ha catalogado como no urgente en el país.

Actualmente, la aprobación por parte

de la presidencia de un proyecto de ley sobre delitos informáticos, ha levantado la opinión pública sobre todo porque se modifica el numeral 288 del Código Penal (que data de 1970) e incluye la pena de cárcel para quién sustraiga o publique información respecto a “secretos políticos”, según el ejecutivo, se refieren a secretos diplomáticos del país, sin embargo, la opinión pública indica que la ley es escueta y no explica que corresponde a secretos políticos, se argumenta que en otros países la frase es atribuida a secretos de defensa y al no existir ejército en Costa Rica, carece de validez incluir eso en la ley. Igualmente, periodistas han calificado la ley como una violación a la libertad de divulgación de la información, sobre todo con respecto a actos de corrupción en las esferas gubernamentales.

El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, indica que la ley puede ser modificada con el fin de aclarar todos los términos que se presten a confusión.

El artículo 288 aprobado en 1970 indicaba “Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas políticas o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”, la adición aprobada incluye “o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado”.

A pesar de las confusiones o conflictos, en materia de libertad de prensa, el Índice de Freedom House, cataloga a Costa Rica como líder en América Latina incorporándolo en la posición más elevada en la región en el puesto 27, seguido por Uruguay en el 52. El Índice mide a 197 países. También, el Índice de Democracia de Economist Intelligence Unit, que incluye un ranking de más de 167 países basado en más de 60 indicadores, ubica a Costa Rica y Uruguay en excelentes posiciones y proponiéndolas como líderes en la región de América Latina.

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*Aportes de Valentina Briceño-Strocchia y Joel Brito.

El ambiente político cubano se caracteriza por una opresiva dictadura de más de cincuenta años. Esta realidad se muestra en la aguda crisis social, ideológica, política y económica en el país. En materia de reformas económicas, se ha ralentizado el proceso de despidos masivos y reducción de empleados estatales que afectaría a más de 1 millón de empleados públicos, anunciado por el gobierno. En materia política y social, a manera de acallar a los que exigen justicia y respeto por los derechos humanos, el gobierno castrista y sus autoridades recurren a la agresión física y psicológica.

El resultado es la persistente e incrementada represión de la libertad de pensamiento, expresión y asociación que tiene como principales víctimas a defensoras/ es de DDHH, denunciantes y opositores.

Este totalitarismo político viene apoyado a través de varios medios de coerción como, por ejemplo, constantes actividades de “repudio” de opositores por parte de bandas apoyadas por el gobierno que ponen en peligro la integridad física de activistas. Además, ha escalado la persecución y encarcelamiento masivo de gente en Cuba en los últimos meses de 2012.

El Centro de Información de Hablemos Press (CIHPRESS) con sede en La Habana es una organización de periodistas independientes y de defensoras/es de derechos humanos que publica Informes Mensuales de Violaciones de DDHH. CIHPRESS reportó que en el mes de Abril de 2012 registró 340 arrestos por motivos políticos efectuados por la policía política del estado, 343 en Mayo y 411 este último mes de junio. A su vez, reporta que estos casos forman parte de un total de 2.669 arrestos acumulados a partir de Enero de este año. Los arrestos se han venido presentando en diferentes regiones del país contra defensoras/es de DDHH, periodistas independientes, activistas pacíficos y opositores.

De manera tal, se evidencia la conducta de un régimen totalitario y su uso de la fuerza militar y política en diversos aspectos de la vida en la isla. Por ejemplo, dada su labor informativa, 33 Grupos de Periodistas Independientes (documentados) han sido detenidos y reprimidos.

Las autoridades castristas además han ordenado el desalojo de cientos de familias actuando con violencia desmedida y sin presentar órdenes de desalojo firmadas por un juez en la mayoría de los casos. Así también, se ha reportado un incremento en el número de agresiones contra activistas pertenecientes a las Damas de Blanco que han sido tratadas con aumentada violencia por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en los meses recientes.

Con respecto a juicios y encarcelamiento contra opositores y activistas de DDHH, dos juicios fueron realizados en junio.

El 19 de junio, Bismark Mustelier Galán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue condenado a dos años de cárcel bajo el supuesto cargo de Desorden Público. Una treintena de activistas intentó mostrar su apoyo en la vista oral del juicio, pero fueron detenidos. El otro juicio aconteció el 25 de junio donde el activista Ángel Frometa Lovaina, miembro del Movimiento de Resistencia y Democracia en Guantánamo, afiliado a la UNPACU, fue condenado a dos años de privación de libertad por los supuestos delitos de Atentado y Desobediencia. Ésta es la quinta sentencia contra un miembro de la anti-Castro Unión Patriótica de Cuba en cinco meses.

En el mes de febrero, se cumplieron dos años de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo. Y las autoridades cubanas impidieron a integrantes de las Damas de Blanco ingresar a un edificio para realizar un acto conmemorativo por la muerte del activista. Este año, el tema

de los prisioneros políticos ha cobrado nuevamente otra de sus víctimas con la muerte hace algunos meses del joven Wilman Villar Mendoza muerto tras una huelga de hambre de 56 días debido a las condiciones inhumanas y degradantes a la que son expuestos los presos políticos en la isla. Igualmente, el Señor José Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), exprisionero de conciencia ha sido nuevamente arrestado sin causa penal por parte de la policía política cubana, se desconoce su paradero y su condición.

Según explica la bloggera y periodista Yoani Sánchez (a quien le ha sido negado el permiso de salida de Cuba más de diez veces), que Villa Marista, centro principal de operaciones del Ministerio del Interior (cubano), se constituye de los calabozos más temidos en el país. Allí, la persona detenida pasará semanas incomunicada/o, sin derecho a abogado y enfrentándose a la presión psicológica que ejercen sus oficiales. De ésta parecieran sólo salvarse los que pertenecen al núcleo duro del gobierno. Por otro lado, los activistas recurren a huelgas de hambre para exigir responsabilidad por parte de las autoridades del gobierno frente a amenazas contra la integridad física y psicológica. En el caso de la defensora de DDHH Damaris Moya Portieles, ella empezó una huelga de hambre el 3 de junio como protesta a las amenazas de violación sexual hacia su hija de cinco años por parte de oficiales de la Seguridad del Estado. La prolongada demanda de responsabilidad oficial resultó en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la

CIA Y DERECHOS HUMANOS aprobación de medidas cautelares a favor de Moya Portieles y su hija el 12 de junio. Tras lograr que se le asegurara la protección de integridad física de la menor por parte de la directora del centro de educación, la defensora depuso su huelga el 22 de junio.

En materia de difusión de información de acontecimientos y violaciones de DDHH, las redes sociales y el Internet ofrecen una frágil e importante capa de protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Según Amnistía Internacional, la persecución de bloggeros, el constreñido y controlado acceso a la web más el bloqueo de páginas web pone en verdadero riesgo a esta capa protectora. A su vez, se reporta que hay un grupo creciente de periodistas y críticos del gobierno que se suman a la peligrosa labor de difundir información sobre abusos contra los DDHH. Luis Felipe Rojas, periodista y bloggero así explica que continúa su esfuerzo informativo a pesar del miedo porque: “No creo que un tweet mío vaya a salvar a nadie de la prisión, pero sí lo salva de la impunidad.” Y del olvido.

En abril, la visita del papa Benedicto XVI, generó gran expectativa internacional y serias presiones para una apertura democrática en la isla. Si bien, el papa fue recibido plenamente, la represión contra la sociedad civil aumentó. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), el mes de abril registró aproximadamente 402 detenciones arbitrarias por razones políticas, dichos disidentes fueron arres-

tados por horas e incluso días en cuarteles policiales.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) indica que existen más de 50 presos po-

líticos confinados en cárceles y en condiciones lamentables. Se cita el caso de José Daniel Ferrer coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, arrestado a inicios de abril. Se contabilizan 15 excarcelados bajo

licencias pero esto no implica el indulto de sus condenas.

Con motivo de la visita del papa. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia lanzó una petición internacional de apertura al diálogo democrático y respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales en conjunto con Foro 2000, Eastern Europe Studies Centre (EESC), la Fundación Hispano Cubana, Directorio, UN Watch , People in Need y el Movimiento Mundial por la Democracia. El documento tuvo un apoyo masivo y contó con la adhesión de personalidades como el Nobel de la Paz el Arzobispo Desmond Tutu, los ex presidentes latinoamericanos, Luis Alberto Monge Álvarez (Costa Rica, 1982 - 1986), Alfredo Cristiani (El Salvador, 1989 - 1994), Armando Calderón Sol (El Salvador, 1994 -1999), el Canciller Checo, Karel Schwarzenberg, su Alteza Real el Príncipe Hassan bin Talal, y la ex Primer Ministro canadiense Ministro Excma. Kim Campbell.

Además, el documento fue firmado por disidentes, defensores de la democracia y activistas de derechos humanos como Martin Palous, Director de la Biblioteca Vaclav Havel, en Praga, el filósofo y escritor francés André Glucksmann, el escritor católico y teólogo Michael Novak, el Dr. Alaksandr Milinkievic de Bielorrusia (Premio Sajarov 2006), varios disidentes chinos importantes, 14 miembros del Parlamento lituano, 36 diputados del Parlamento Europeo y un grupo importante de parlamentarios mexicanos

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Rafael Correa, como presidente de Ecuador desde el 2006, contando en años anteriores con un gran apoyo popular hacia su gestión. En el 2008 aprobó una nueva Constitución Política de la mano de una Asamblea Constituyente con el fin de consolidar su poder, eliminar la independencia de las instituciones y lograr su reelección.

La democracia ecuatoriana se ha visto consolidada gracias a elecciones pacíficas manipuladas por el ejecutivo sin saldos de víctimas ni revueltas, sin embargo, aumentan cotidianamente las denuncias de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, la parcialización del gobierno hacia las políticas chavistas y el apoyo prácticamente ciego del presidente Correa hacia su homologo venezolano. Es claro ejemplo de un retroceso democrático en Ecuador, la censura de medios de comunicación y la manipulación del sistema judicial para dictar sentencias que han favorecido al oficialismo en detrimento de la oposición, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la transparencia en la gestión pública.

En meses pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno ecuatoriano medidas cautelares de protección para los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez así como para Emilio Palacios, todos del diario El Universo y juzgados por Correa. El gobierno de Panamá, ofreció asilo a Carlos Pérez.

A raíz de esto, el gobierno ecuatoriano, a través del canciller Ricardo Patiño ha anunciado que las medidas solicitadas por la CIDH son “inejecutables”, además, se solicita a la entidad interamericana fundamentar su pedido de medidas cautelares de protección. El gobierno ecuatoriano, pide además al gobierno panameño justificar las razones de la concesión de asilo a los enjuiciados.

Medios de comunicación internacionales como La Nación de Argentina, han dado a conocer además, que la ex jueza Móni-

ca Encalada, quien fue jueza competente en el juicio contra El Universo, denunció haber recibido amenazas y presiones por parte del gobierno de Correa durante el juicio, igualmente solicitó medidas cautelares para ella y su familia a la CIDH. También, columnistas como Fabricio Febres, han denunciado en el país la existencia de sobornos y negocios corruptos en la administración pública. Así como el otorgamiento de contratos a dedo a empresas afines al gobierno, la construcción de lujosas mansiones a los altos funcionarios de gobierno, el uso del avión presidencial y recursos del gobierno por parte de diputados del oficialismo y sus familias.

Luego de una presión internacional intensa el Presidente Rafael Correa finalmente retiro los cargos contra El Universo, pero ha dejado en evidencia el control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes, entre los cuales parecieran serviciales el Poder Judicial y el Poder Legislativo. No obstante, el tema no acaba, el gobierno estadounidense destacó con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el caso de César Ricaurte, periodista que asegura recibir amenazas de muerte por las críticas que ha expuesto ante la CIDH en contra del gobierno del presidente Correa y lo que considera violaciones a la libertad de prensa.

A pesar de esto, parece ser que el gobierno continúa en su jornada por el cierre de medios. El día de junio de 2012, radio Cosmopolita “La Pantera 960 AM”, medio que operaba en Ecuador desde hace casi 60 años, fue clausurada y sus equipos decomisados por parte de la policía

nacional ecuatoriana y .la Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador, la emisora era conocida por programas como “La Hora de las Organizaciones Sociales” en la que se denunciaba acciones irregulares presentes en el país. Igualmente sucedió con Radio Morena, sobre la que cuatro delegados de la Superintendencia de Telecomunicaciones, arribaron con una delegación de más de siete patrullas y veinte policías que lanzaron gases lacrimógenos para anular la transmisión de la emisora. La intendencia pretendía, según el director de Radio Morena, cobrar $853 mensuales por la concesión. Todo ello, se genera en un contexto de cierre de más de 8 medios clausurados solamente en junio, en especial, se reporta el cierre de medios tales como los canales televisivos Telesangay, Lidervisión y las radios El Dorado, Líder y Net. También, se ha criticado la persecución de organizaciones de la sociedad civil, tales como FUNDAMEDIOS, una organización ecuatoriana que se especializa en temas de observación de medios, promoción de la libertad de prensa y expresión, fortalecimiento de la sociedad civil, libertades informativas, periodismo y capacitación, se encuentra realizando un proyecto de monitoreo de los gastos publicitarios del gobierno para elevar la imagen del presidente. Funcionarios de la organización han sido víctimas de acoso e incluso amenazas de muerte.

Otro de los tópicos de actualidad importantes, lo es una ley impulsada por Correa, en la que busca la censura previa de medios durante la cobertura electoral con el fin de “evitar la manipulación

CIA Y DERECHOS HUMANOS política de los medios”. La Corte Constitucional ecuatoriana tuvo que escuchar por 4 horas a sectores de prensa y oposición luego de cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el proyecto. Es preciso aclarar que la Corte frenó la aplicación de un “Código de Democracia” propuesto por el oficialismo y que contenía medidas que se considera, violaban la libertad de prensa. La nueva reforma establece por ejemplo que los medios se abstendrán de promover directa o indirectamente cualquier forma de mensaje que incida a favor o en contra de candidatos, ideologías, opiniones, tesis políticas o preferencias partidistas.

La subjetiva interpretación del postulado

puede prestarse para nuevas violaciones a la libertad de prensa y expresión, según lo considera la Unión Nacional de Periodistas (UNP).

En la Asamblea General de la OEA, realizada en Cochabamba en junio de 2012, Correa brindó un discurso basado en ataques director contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, calificándolos de ser representativos de intereses ocultos, no democráticos y sesgados. El Presidente ecuatoriano, cuestiono también el rol contralor de las organizaciones de la sociedad civil, la idea de la coopera-

ción internacional y la validez de estándares internacionales de derechos humanos como por ejemplo la despenalización de los delitos de opinión. Dichas declaraciones han sido además, parte de una idea liderada por Venezuela para desprestigiar y traer abajo la independencia de la CIDH. Hace pocos días, la Corte Constitucional levantó la suspensión temporal de la aplicación del Código de la Democracia, una legislación propuesta por Correa a principios de 2012 y que incluye restricciones a la cobertura periodística de la campaña electoral. La ley fue objeto de demanda por parte de partidos políticos y medios de comunicación al aducir que amenaza la libertad de prensa y expresión.

El país con mayor densidad poblacional de toda América continental muestra una dinámica histórica marcada en los 80 por la confrontación gobierno-insurgencia, violencia, guerra civil y deterioro masivo de la calidad de vida. Luego de los procesos de paz, el país ha retomado una senda democrática y pacifista que se ha vislumbrado en acciones como la institucionalización de grupos insurgentes como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el cual el logró mediante elecciones limpias acceder al poder gubernamental. Se puede afirmar que El Salvador ha logrado llegar a la alternancia pacífica del Poder.

No obstante, persisten serios problemas a lo largo del país: alta tasa de criminalidad, inseguridad ciudadana, desigualdad social y económica, rápida industrialización y deterioro ambiental, surgimiento de maquilas a gran escala en detrimento de profesionalización, exclusión social, crecimiento de las maras y grupos violentos, hacinamiento poblacional, contaminación, dependencia extraordinaria de remesas y de la estabilidad del dólar.

El 11 de marzo de 2012, se realizaron elecciones legislativas y municipales para elegir a los 84 congresistas de la Asamblea Legislativa y los 262 alcaldes municipales de la nación. Se incluyó por primera vez la figura del “candidato independiente”

para aquellas personas que se postulen pero no pertenecen ni representan a ningún partido político. El resultado arrojó un gane del liberal partido Alianza Republicana Nacionalista-Arena (partido de oposición actualmente) con 33 diputados frente a 31 del oficialista FMLN. El Tribunal Supremo Electoral se mostró fortalecido y da cara a una serie de procesos electorales democráticos que no hubieran sido posibles de realizar con la presencia de grupos armados, guerrillas y conflictos ideológicos que permearon el desenvolvimiento de la nación durante los 80. Aún así, la cantidad de trámites solicitados para la inscripción de observadores internacionales así como el poco

interés del ente por acreditar a organizaciones interesadas en asistir le restó respaldo al proceso.

El reciente estudio “La Polis Amenazada: (In)seguridad ciudadana y democracia en América Latina y el Caribe”, presentado esta semana por el Instituto Brookings en la Organización de Estados Americanos (OEA), indica que El Salvador es uno de los países en donde la alta tasa de criminalidad es un peligro latente para la democracia y la estabilidad del país. Además, se indica que luego de Honduras, el país es el 2° en la región con mayor cantidad de muertes violentas por cada 100 mil habitantes En materia de democracia y transparen-

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cia una serie de organizaciones sociales pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional el nombramiento de dos militares como ministros de la República admitiendo que contraviene la separación de poderes. La acción ha sido catalogada como fuera de plazo por el ente judicial. También, se ha cuestionado la elección de funcionarios de segundo grado (Fiscal General, Magistrados y Tribunal de Ética) con base en aritméticas legislativas cuya elección no correspondía al Congreso saliente sino al recién electo.

También, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, alertó el supuesto nombramiento de diferentes funcionarios de segundo grado como Fiscal General, Magistrados y Tribunal de Ética de forma incongruente por parte la Asamblea Legislativa. Organizaciones como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) solicitaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspender los nombramientos realizados por considerarlos ilegales, la razón primordial expuesta es que se admite que di- cha competencia es potestad d e l o s

parlamentarios electos al momento de asumir funciones tal y como ha sido siempre. Se argumenta además, que quedan vulnerados el principio de sincronía y el principio de legitimidad popular indirectas establecidos en la Constitución Política. Las demandas presentadas ante la Sala de lo Constitucional indican que la elección magistrados, cuyas labores cesan el 30 de junio, no podían ser nombrados por la legislatura que finalizó el 30 de abril, ya que solamente se podía renovar un tercio de la Corte tal y como lo habían ya realizado los parlamentarios ahora salientes en el 2009.

Sobresale también, el tema de la inobservancia de la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por la Sala de lo Constitucional la elección de los magistrados en 2006 y 2012, sobre la cual la Asamblea Legislativa realizó actuaciones que le permitieran inobservar la declaratoria (a través del Decreto 743) e incluso, reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), el decreto transitorio permitió que el pleno de la CSJ sesionara con ocho miembros y sin necesidad de convocatoria del presidente del órgano. Igualmente, se buscó la creación de una Comisión que investigara la elección de 2009. Con el fin de apoyar estas acciones se presentó un recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia el 20 de junio, cuya resolución dada menos de 24 horas después, admitió la demanda en cuestión. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador está integrada por quince magistrados propietarios y quince suplentes, electos para un período de nueve años, con una renovación de un tercio de sus miembros cada tres años. Todo ello, causó la creación de dos Cortes paralelas: una sin presidente, formada por los cinco magistrados electos en 2006 y los cinco electos en

2012, quienes instalaron una denominada “Corte legítima” y otra formada por los 8 magistrados salientes y su presidente constitucional, quienes acatando la declaratoria de inconstitucionalidad, han solicitado a sus respectivos suplentes, tomar sus cargos hasta que la elección se haga de manera legítima y constitucional.

La Iglesia Católica salvadoreña, ha manifestado que la sentencia de la Sala, se ha emitido basada en el uso legítimo de sus potestades, atribuidas en el artículo 183 de la Constitución Política de El Salvador que establece que “la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio…”. Al respecto, se han llevado a cabo marchas ciudadanas que han aglutinado incluso a más de 10.000 personas quienes exigen a los diputados el acatamiento del fallo de la Sala de la Constitucional y a su vez, solicitan una nueva elección de magistrados.

El asunto es tan grave que ya la subsecretaria de Estado para asuntos hemisféricos de los Estados Unidos manifestó que la situación obstaculiza las inversiones y las relaciones de cooperación.

Siguiendo el tema legal, se creó un Instituto de Acceso a la Información Pública con el fin de asegurar este derecho, sin embargo, el Presidente de la República, Mauricio Funes, devolvió las ternas de los candidatos a comisionados para integrar el Instituto por considerarlos poco idóneos para integrarlo, y destacó el problema de falta de presupuesto para su puesta en funcionamiento. Por lo tanto el Instituto no ha entrado en funcionamiento, dichas medidas han sido cuestionadas por la prensa y la sociedad civil organizada.

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CIA Y DERECHOS HUMANOS *Con aportes de Hugo Maúl.

Luego de un enfrentamiento interno terrible, inseguridad, militarismo y fragilidad democrática, Guatemala ha venido construyendo poco a poco un sistema elecciones periódicas y una búsqueda de la institucionalidad. El país sin embargo, tiene un punto a favor y es la organización en recientes años de una sociedad civil fuerte y comprometida, sobre todo grupos juveniles que se están esforzando por fortalecer la participación ciudadana, el arraigo democrático y una cultura de respeto a los derechos humanos.

El país eligió presidente en 2011, en una histórica segunda vuelta electoral, acompañada de una gran madurez política y democrática tanto por los candidatos y sus respectivos partidos, como por parte de la ciudadanía y el Tribunal Supremo Electoral como ente fiscalizador del proceso. Guatemala consolida con esta jornada, un triunfo democrático marcado por una masiva asistencia a las urnas, una cantidad ínfima de irregularidades denunciadas y un proceso pacífico de elección de autoridades gubernamentales.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia participó con una misión de observación electoral acreditada por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. La misión compuesta por más de 10 miembros de distintos países de la región, se encargó de hacer una visualización in situ de la situación previa y durante la jornada electoral, por ello el 7 artículo versará específicamente sobre la percepción desarrollada por la Misión de Observación de la Red. La Misión tuvo participación tanto en la primera vuelta electoral (11 de septiembre de 2011) como en la segunda (6 de noviembre de 2011). La observación se logró meses previos a las elecciones, con visitas a Guatemala del 11 al 17 de Mayo de 2011 y del 01 al 08 de agosto de 2011, luego con la Observación realizada en días previos en ambas vueltas electorales, la Observación desarrollada el mismo día de las elecciones y la recolección de información posterior mediante las redes locales adscritas a la Redlad. Finalmente, la Red logró recibir información de 149 observadores nacionales en diversos puntos del país, lo que cataloga la observación como nacional ya que abarcó gran cantidad de territorio.

A pesar del triunfo democrático, los re-

tos del nuevo gobierno no son para nada fáciles. Cifras recientes indican que la pobreza y la violencia han crecido a niveles preocupantes. Se mantiene la exclusión social del sector indígena y femenino, falta de oportunidades de empleo, problemas de seguridad social, necesidad de abastecer con servicios básicos de salud como agua potable y centros médicos, ampliar la cobertura y calidad de la educación primaria y secundaria, disminuir la brecha social, educacional, generacional y digital, dinamizar la economía, aumentar las exportaciones y atraer mayores volúmenes de inversión extranjera directa son algunos de los grandes retos que tiene el gobierno.

Uno de los desafíos de que tuvo que enfrentar el gobierno hace pocos mese, fue el de socorrer a los pobladores de Monte de los Olivos, en la zona de Petén, quienes viven con temor de sufrir agresiones y asesinatos por parte de soldados de Belice. La zona se encuentra en disputa por ambos estados. La Prensa Libre indicó que más de 150 familias de muy escasos recursos de la etnia indígena qeqchí, solicitan la protección del gobierno guatemalteco.

Otro de los casos en materia de derechos humanos lo es la demanda que la Comisión Internacional de Juristas formuló en contra de Guatemala por motivo de prórrogas otorgadas a concesiones en petróleo y proyectos hidroeléctricos, que según la Comisión de juristas, violenta los derechos humanos en materia ambiental.

A inicios de mayo, se instauró un estado de sitio en Barillas (Huehuetenango), comunidad en donde existe un gran malestar por un proyecto hidroeléctrico. Más de 200 personas encapuchadas libraron incidentes que ocasionaron el estado de sitio, inclusive campesinos atacaron con

armas blancas y de fuego a los militares.

El gobierno de Otto Pérez Molina ha instaurado una serie de medidas inéditas para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Las medidas han sido cuantiosas e importantes, sin embargo, intelectuales han indicado que la tendencia a imponer “mano dura” pero no a prevenir el delito y atacar las causas que lo originan.

Recientemente, en el 14 aniversario del asesinato del obispo Juan Gerardi, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) denunció amenazas de militares disconformes con la sentencia de 2001 que causó la condena de militares por el delito de ejecución extrajudicial.

Con respecto al medioambiente, la organización Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, externó su preocupación por la mina Marlín ubicada en San Marcos por los graves daños de degradación ambiental y contaminación de recursos acuíferos que se han ocasionado, así como conflictos sociales en áreas circundantes.

En temas laborales, el 1° de mayo miles de trabajadores se manifestaron a favor de más prestaciones para la clase laboral económicamente activa, de la cual más de del 70 (5.8 millones de guatemaltecos) carece de todos los beneficios laborales.

Así lo afirma la CGTG (Central General de Trabajadores de Guatemala).

Recientemente, se ha dado una movilización estudiantil generalizada en todo el país, los estudiantes exigen la renuncia de Cynthia del Águila, Ministra de Educación. Desde mayo, se percibe un conflicto por la existencia de nuevas reformas al currículo de la carrera de maestros de educación primaria. Las escuelas normales donde se da dicha carrera, han permanecido ocupadas por los estudiantes

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por más de 40 días, algunos centros de enseñanza han sido desalojados pero en otros la ocupación estudiantil persiste. El gobierno ha convocado a los estudiantes a clases pero el conflicto persiste. Hace pocas semanas, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advirtió que los enfrentamientos entre autoridades gubernamentales y estudiantes

son acciones que atentan la incipiente democracia del país.

Finalmente, el país vive una militarización de la seguridad nacional que es catalogada de transitoria por el presidente Otto Pérez Molina quien aumentó la presencia de militares en las calles como parte de su política de “mano dura” contra el crimen. Corrientes advierten de la importan-

cia de pasar de una mano dura a una mano inteligente con el fin de prevenir brotes de violencia y contener un militarismo expansivo que se vuelva incontrolable sino que sirva únicamente para repeler la delincuencia y el crimen organizado.

(Basado en informe de Yasmina Tippenhauer y Carta para la Reconstrucción democrática de Haití).

Haití recuerda insoslayablemente la experiencia de la esclavitud, la experiencia unificadora de la plantación1, la presencia de esclavos y descendientes de esclavos en la sociedad americana, la herencia cultural africana transcultural y a menudo “amulatada”, y un gran movimiento de migraciones permanentes.

El terrible terremoto del 12 de enero del 2010, que arrancó brutalmente la vida a 300.000 haitianos, que hirió a millares de personas, que obligó a vivir en la calle a más de 1.600.000 personas y a provincias a unas 600.000 transformó por completo todas las esferas del país.

La incipiente democracia haitiana se vio igualmente lesionada por lo que no es posible hablar de democracia sin hablar de la reconstrucción pos terremoto del país.

La era posterior a la catástrofe telúrica ha sido marcada por la acción de ONGs extranjeras con visiones de reconstrucción propias, ocasionando inflación humanitaria, la dependencia del pueblo hacia las donaciones y la poca inversión real en el país asistido. Todos los actores de la reconstrucción, tanto nacionales como internacionales, deben respetar los principios de gobernabilidad y de estado de derecho, en particular lo que se refiere a la gestión sana y transparente y a la lucha contra la corrupción.

A pesar de ello, números estudios internacionales recuerdan que es el país con el mayor índice de pobreza del continente, deserción escolar y desempleo. Igual-

mente, con un sistema de justicia a prueba que debe juzgar al ex-dictador Duvalier, por crímenes contra la cosa pública y los Derechos Humanos.

Igualmente, Amnistía Internacional revela la necesidad urgente de crear un plan nacional para abordar la crisis de vivienda que sufre el país, a raíz de la gran cantidad de población haitiana que aún vive en campamentos. No obstante, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde el terremoto de 2010, la cantidad de damnificados en campamentos disminuyó a 421 mil; la organización estima que el 73 de los haitianos ubicados en campamentos luego del terremoto ya no viven en esos sitios. De lo más de 1550 campamentos solamente quedan 600, indicó la OIM. Sin embargo, el inicio de la época lluviosa ha ocasionado la reaparición de epidemias de cólera en el país.

En meses pasados, Mariano Fernández, Jefe de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití) expresó su preocupación por el funcionamiento democrático del país, hizo un llamado al consenso entre los poderes del

estado, catalogando la situación como de estancamiento político y parálisis institucional que no reflejan los compromisos adquiridos frente a la sociedad civil haitiana e impide el relanzamiento de la economía y la consolidación democrática.

Resulta preocupante como Haití no logra estabilidad de su gobierno y continúen las luchas internas por poder entre el Presidente de la Republica y el Primer Ministro. Tampoco logra las capacidades básicas para llevar adelante los proyectos en ciudades y zonas rurales y arrancar su economía. Al mismo tiempo, la ayuda internacional sólo hace avances modestos mientras los más de US 5 billones de ayuda internacional prometida no encuentran camino para ser efectivos.

Alrededor de 600,000 personas continúan viviendo en campos de desplazados expuestos a enfermedades como el cólera.

Con todo este panorama, viene dando la vuelta al mundo la idea del presidente Michel Martelly de reinstaurar las Fuerza Armadas Nacionales-FADH (disuelto en 1994).

CIA Y DERECHOS HUMANOS *Con Aportes de Lorena Herrera Estevez

El mundo entero volteó sus ojos a Honduras en 2009, a raíz de un golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya y conformó un gobierno de transición. Luego de un periodo de crisis política, económica y social, el presidente Porfirio “Pepe” Lobo ha venido revirtiendo el aislamiento internacional que sin duda ha afectado a la población hondureña.

Tuvo la difícil tarea de construir un gobierno de unidad nacional, conciliar a una nación dividida entre detractores y defensores de la deposición de Zelaya, a la vez que lograr la legitimidad internacional y sacar a flote la economía hondureña gravemente lesionada por los acontecimientos.

Fue particular, el apoyo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en tres aspectos que marcan la honduras contemporánea: primero el papel de la Red como actor de buena voluntad procurando una salida no violenta al conflicto interno, segundo la Misión Electoral de la Redlad en las elecciones presidenciales, como una de las pocas misiones internacionales, en coordinación con observadores locales, que observaron, vigilaron, legitimaron y apoyaron el proceso electoral desde el inicio. En tercer lugar, el apoyo extenso brindado por la Redlad para el reingreso de Honduras como miembro de la Organización de Estados Americanos y el reconocimiento internacional de la legitimidad del gobierno hondureño.

Hace algunos meses, el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, indicó que la creación de una Ley de Indulto y Conmutas ayudaría a reducir la mora judicial penitenciaria en el país, cuyas cárceles superan el 62% de su capacidad con reos sobre hacinados y sin condiciones adecuadas.

La Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) exhortó ya al gobierno a adaptar los centros penales que no reúnen las condiciones mínimas que garanticen estándares de calidad de vida a los reclusos y condiciones de seguridad, aspecto constatado durante la visita de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH. Se destaca que el uso de la mano dura contra el crimen ha generado abusos contra los reclusos y extensión de penas que han exacerbado las condiciones deplorables de las cárceles.

Un tema de actualidad lo es el decreto ejecutivo para regular a los medios de comunicación y revisar su propiedad, ante lo cual muchos advierten el riesgo de este tipo de normas contra la libertad de expresión. Cabe resaltar que más de 20 periodistas han sido asesinados en 2011 en el país, al punto que el Informe de Freedom House incluye a Honduras en un país sin prensa libre. La organización Reporteros sin Fronteras ha condenado enérgicamente casos específicos de amenazas contra periodistas defensores de derechos humanos.

Del mismo modo, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con el Despacho de la Primera Dama de la República, se encuentra impulsando la ley contra explotación y tráfico humano, entendiendo que la trata de personas es grave en el país y ha aumentado en los últimos años El tema de Derechos Humanos es tan

complejo en el país que organizaciones como la Plataforma de Derechos Humanos, han indicado que no dan abasto con la cantidad de denuncias de violaciones en el país. Estas declaraciones son respaldadas por CIPRODEH (Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos) quienes contabilizan violaciones contra periodistas, abogados, campesinos, homosexuales y mujeres. Aseveran que el gobierno no brinda la atención requerida y por ello la mayor parte de los atentados quedan impunes. Kathleen Fitzpatrick, Subsecretaria Adjunta de Estado de los Estados Unidos, manifestó hace pocos meses, su preocupación por la gama de desafíos en Derechos Humanos que tiene el país.

Pero sin lugar a dudas, el tema que genera más preocupación es el de la violencia. Honduras se sitúa como el país del mundo con mayor número de muertes violentas con 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cada hora y media se contabiliza una nueva muerte violenta en este país. De hecho, hace más de 5 meses, se dio el asesinato del ex asesor de la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde. Con el fin de revertir la situación de violencia, el presidente Porfirio Lobo ha enviado operativos militares es ciudades con el fin de combatir el crimen organizado y los homicidios perpetrados en el país, todo esto bajo la estrategia denominada Operación Relámpago.

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Aportes de Valentina Briceño-Strocchia y Cirila Quintero.

Luego de casi 70 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Presidencia de la República, México llevó en el 2000 a la presidencia a un candidato de la oposición, proveniente del Partido de Acción Nacional (PAN) dando con ello un gran paso en su camino a la democracia, consiguiendo el respeto al voto y logrando que un porcentaje importante de ciudadanos ejerciera su derecho al voto con la expectativa de cambiar al país.

Sin embargo, once años después, la democracia plena, entendida como un avance en la democracia política y un mejoramiento social de la ciudadanía, está aún lejana para México. Así lo demuestran los porcentajes de abstencionismo en las últimas elecciones.

En Derechos Humanos, el país está haciendo avances importantes como la creación de un Reglamento a la Ley de Migración en la cual se pretende dar derechos básicos a la población migrantes, así como garantizar su certeza jurídica.

Los legisladores han manifestado que los inmigrantes son vulnerables debido a que no poseen un documento de identidad que les de definición jurídica y certeza jurídica que lo defienda ante explotación por parte de policías, soldados, bandas de traficantes de personas.

Sin embargo, en un país tan extenso, el trabajo es aún más grande. Hace algunos meses, se dio finalmente la liberación de la activista Lucila Bettina Cruz Velázquez, en Oaxaca. Su arresto se dio luego de que el 13 de abril de 2011, un grupo de personas supuestamente encabezadas por Cruz, tomaron las oficinas de la paraestatal CFE impidiendo el paso del personal de la institución”. Amnistía Internacional manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los cargos contra la activista hayan sido creados falsamente para evitar que continúe con su trabajo de activista.

Otro de los casos suscitados, lo es el de la muerte de más de 40 personas perdieron la vida en la Penal de Apodaca y Topo Chico. Grupos de la sociedad civil claman a las autoridades investigar lo aconteci-

do, así como la fuga de 30 presos previo al fallecimiento del otro tanto.

En el tema de libertad de prensa, el asesinato de la periodista Regina Martínez en Veracruz ha traído nuevamente la cuestión a primera plana. La Red Nacional de comunicación y Defensoras de Derechos Humanos en México condenaron el asesinato de la periodista, la cual había en meses pasados, publicado noticias y artículos sobre el alto nivel de violencia y narcotráfico presentes en Veracruz y había dado a conocer la existencia de 35 cuerpos arrojados en una fosa en septiembre de 2011. La comunicadora llevaba más de 30 años denunciando el narcotráfico y la corrupción. Freedom House, catalogó por segundo año consecutivo al país como No libre en materia de libertad de expresión y prensa.

De hecho, Javier Hernández del Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó la preocupación internacional que se vive con respecto a la situación de los derechos humanos de periodistas en México.

Al respecto, el Senado dio visto bueno y la Cámara de Diputados aprobó unánimemente la llamada Ley de Víctimas que obliga al gobierno mexicano a velar por la protección de víctimas de algún delito o personas que hayan sufrido alguna violación de sus derechos humanos.

Con respecto a los derechos de los niños, en Centro de Derechos Humanos de la Monta Tlachinollan manifestó su preocupación por el uso de mano de obra infantil en las zonas agrícolas de México.

Los niños contratados como jornaleros en estados como Sinaloa, Sonora, More-

los, baja California y Michoacán es incluso alarmante.

México enfrentó una jornada electoral presidencial el 1° de julio. Los meses de campaña presidencial en México fueron polémicos a lo largo del proceso y más aún a la hora de los resultados electorales.

Según datos oficiales, las elecciones de 1 julio de 2012 anunciaron como ganador a Enrique Peña Nieto candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El candidato Andrés Manuel López Obrador miembro de Movimiento Progresista (MP) perdió por 6,62 de los votos y promovió la invalidez de los resultados y solicitó reconteo argumentando supuesta violación a principios constitucionales. La revisión del 99,3 de las urnas electorales y el recuento de más 68 millones de paquetes electorales ordenado por el Instituto Federal Electoral (IFE) concluyó el 6 de julio de 2012. Ésta estableció que Peña Nieto obtuvo 38,2 de los sufragios y López Obrador le siguió con un 31,56 de los votos. El tercer lugar fue de Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional (PAN) con 25,42 de los sufragios.

Ya en el 2000, este partido había roto la hegemonía de 70 años en el poder del PRI. López Obrador anunció que impugnará los resultados oficiales.

A raíz de alegaciones de compra de votos a nivel de gobernaciones y falta de transparencia, se han dado manifestaciones de protesta en el país. En materia de atención al sector indígena, el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan observó que los pueblos indígenas fueron una vez más relegados de las agendas y discursos de los políticos. El enfoque electo-

CIA Y DERECHOS HUMANOS ral se basó en la necesidad de reformas económicas de carácter macroeconómico y polémico así como la acrecentada crisis con el narcotráfico.

México es un país de más de cien millones de habitantes amenazado por el narcotráfico que impacta por lo menos tres frentes: la democracia, la integridad física de las personas y la economía. Desde el punto de vista democrático, un estado permanente de inseguridad y violencia disminuye la credibilidad en el sistema, inspira desconfianza y hace que se dificulte la consolidación de la democracia.

En términos de costo humano, el narcotráfico ha cobrado más de 50,000 vidas en los últimos seis años, lo que tuvo un efecto importante en el ámbito electoral.

Además, en un país con un alto índice de pobreza, el crimen organizado y el tráfico de drogas también vulnera la necesidad de generar empleos dado que agrede contra grandes y pequeños comerciantes, empresas y negocios y contribuye a

la violencia social.

Con un nivel de violencia que supera el de algunos países en conflicto, ésta muestra distintas caras y una que causa extrema preocupación es la del feminicidio.

Los registros oficiales de defunción evidencian que cuatro a cinco mujeres son asesinadas a diario en el país. La Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados y el Observatorio del Feminicidio han documentado que alrededor de 4,500 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en los últimos seis años. La violencia asociada con redes del crimen organizado se une entonces a una violencia histórica contra la vida, la salud y la seguridad de mujeres en México, como lo evaluó Ana Güezmes la directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana.

En discusión de la realidad de defensoras/es de DDHH, La Red Nacional de

comunicación y acción urgente de Defensoras de DDHH en México reporta el asesinato de 19 defensoras de derechos humanos a partir del 2010 hasta hoy. En un comunicado condenó el asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos humanos María Edy Fabiola Osorio Bernaldez del 31 de mayo de 2012. También condenó las amenazas de muerte y agresiones por actores gubernamentales y empresariales a la defensora de los derechos humanos Blanca Velázquez e integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT). Además, hace un llamado porque se implemente de inmediato un sistema de protección de personas defensoras de DDHH y periodistas. Cabe destacar que México fue catalogado como país No libre en materia de libertad de expresión y prensa por segundo año consecutivo por Freedom House. De hecho, es considerado uno de los países más peligrosos en donde ejercer el periodismo.

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Luego la nefasta era del conflicto interno armada a través de los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA (80 y 90) y de los terribles escándalos de corrupción, nepotismo y clientelismo durante el período fujimorista (1991-2000), sobrevino el gobierno de transición de Paniagua y luego una vuelta a la democracia con el mandato de Alejandro Toledo, quien logró un restablecimiento del sistema democrático y de pacificación peruana a través de acciones tendientes a fortalecer los esquemas de transparencia política y sacar a flote la delicada economía del país.

Continuó el gobierno de Alan García con medidas de atracción de inversiones extranjeras, profundización en el comercio internacional y continuación de las políticas ejecutadas por el gobierno de Toledo.

El 10 de abril de 2011 Perú vivió una de los procesos electorales más democráticos de su historia contemporánea que dio a conocer a Ollanta Humala como nuevo presidente.

Humala demostró un carácter de izquierda militar muy afín a Hugo Chávez y sus políticas.

Sin embargo, en esta campaña presidencial, se le vio mesurado, conciliador a favor de los derechos humanos, la democracia, el comercio internacional, apertura económica y la empresa privada, acorde con las nuevas tendencias internacionales de apertura económica y convivencia democrática, lo cual ha tenido continuidad en su ejercicio de la Presidencia.

Actualmente, el gobierno continúa por la senda moderada, no obstante, se han dado controversiales acontecimientos como la posible solicitud de indulto por parte de los Fujimori, cambios y bajas en su gabinete presidencial.

Una auditoría internacional al Proyecto de más de 4.800 millones de dólares Conga

(Cajamarca) que había generado serias manifestaciones en contra, fue aceptada por el gobierno y por la empresa minera, lo que se espera repercuta en cambios del proyecto y mayor aceptación del mismo por la población. Cinco periodistas que cubrían protestas públicas contra el proyecto minero fueron agredidos por la policía el 4 de julio. Cinco personas mu-

rieron y decenas fueron heridas durante las manifestaciones. Perú se convierte en un país signado por la polarización en el tema minero.

El gobierno peruano viene haciendo uso de declaratorias de estado de emergencia por 30 días, lo que incluye la prohibición del derecho de los ciudadanos a las reuniones públicas.

En otro orden de ideas, es importante resaltar que partidos políticos como Gana Perú y el Partido Popular Cristiano se manifestaron recientemente a favor de la eliminación del sistema de voto presidencial de las listas de candidatos al parlamento.

Una medida apoyada por el gobierno que va en dirección de la independencia de poderes.

La democracia en Perú, muestra amplios signos de recuperación, es preciso que se consolide una estructura social que impida el resurgimiento de grupos beligerantes como Sendero Luminoso que atenten contra la paz social y el desarrollo democrático. Parece ser que la senda democrática cuenta con preponderancia en el país. Los avances del país han sido evidenciados incluso en el plano comercial. Hans Alldén, jefe de la delegación europea que negocia el Acuerdo Comercial con la Unión Europea indicó que los avances del país en materia de derechos humanos han incidido grandemente en el interés de la UE por consolidar el tratado comercial. Alldén, aplaudió también, la decisión del gobierno de crear un Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

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CIA Y DERECHOS HUMANOS Nicaragua junto con Venezuela, son dos de los países a nivel mundial que han sufrido mayor retroceso democrático en los últimos años. Desde la llegada al poder de Daniel Ortega, han aumentado dramáticamente las denuncias por corrupción, clientelismo, nepotismo, populismo demagogo, violaciones a la libertad de prensa, expresión, asociación y reunión, grandes vicios de inconstitucionalidad, poca separación de los poderes públicos, acciones dictatoriales, persecución de la oposición, brecha social engrandecida, aumento de los flujos de emigración hacia otros países, retrocesos en salud, educación y economía.

Un país que vivió en 2011 uno de los procesos electorales más corruptos, poco transparentes y fraudulentos del año a nivel internacional. Las denuncias previo, durante y posterior al proceso han sido expuestas por organizaciones como Transparencia Internacional, la Unión Europea y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

La reelección de Daniel Ortega se ha dado en medio de escándalos de fraude altamente reiterados. El informe de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que incluye información de Hagamos Democracia y el Movimiento Puente, reveló las siguientes deficiencias existentes en momentos previos a la elección: • Candidatura inconstitucional de Daniel Ortega.

• Magistrados del CSE (Consejo Supremo Electoral) de facto y con períodos vencidos.

• Problemas con el Calendario electoral.

• Politización y arbitrariedad en la entrega de Cédulas de Identidad.

• Limitaciones para la verificación ciudadana.

• Reglamento de Observación Electoral con limitaciones y dificultades para acreditar la observación internacional y nacional.

• Utilización de los bienes del Estado para realizar propaganda partidaria.

• Rechazo arbitrario e ilegal de Fiscales Nacionales.

• Impugnación ilegal de candidaturas a diputados.

• Violencia y persecución política, así como amenazas e intimidaciones.

• Padrón electoral inflado y no público.

• Reelección ilegal de la Jefa de la

Policía.

Por su parte Ética y Transparencia (capítulo nicaragüense de Transparencia Internacional) indicó las siguientes anomalías: • Previo a la elección no era posible ubicar una sola escuela u oficina donde no hubiera campaña proselitista a favor del oficialismo • El registro en padrones carecía de controles lo que daba pie a la inscripción de extranjeros y menores. Se estima además, que 100,000 empleados públicos y allegados al FSLN recibieron de forma declarada por el CSE un segundo documento de votación de manera preferencial, en un 80% de los casos el primer documento no fue solicitado ni recibido.

• Las oficinas de la estructura gubernamental de emisión de documento de votación estuvieron cerradas hasta tres meses antes de la elección con lo que a un aproximado de 250.000 no les fue entregado su documento de votación, negándoseles su derecho al sufragio.

• El Padrón Electoral no fue auditado y no existen controles sobre su uso por lo que se estima gran cantidad de extranjeros y difuntos inscritos en los padrones.

• El gasto del FSLN en propagan superó 15 veces a todos los partidos de oposición juntos.

Posteriormente, con la proclamación ilegítima de Daniel Ortega como presidente, se ha desatado una campaña de desprestigio y persecución contra organizaciones que criticaron las serias deficiencias presentadas. El Movimiento Autónomo de Mujeres ha sido una de las organizaciones perseguidas.

El 3 de diciembre, miles de manifestantes nicaragüenses caminaron pacíficamente solicitando nuevas elecciones y exigien-

do transparencia en los procesos electorales. Sin embargo, la situación permanece estática.

Luis Yáñez-Barnuevo, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Nicaragua anunció recientemente un retroceso democrático en el país, luego de las votaciones de noviembre. La Misión indicó la urgencia de una reforma electoral general en el país con el fin de asegurar elecciones transparentes.

En noviembre de 2012, se realizarán las elecciones municipales en el país. Ante ello, Roberto Bendaña de Hagamos Democracia, concluyó que no existen las garantías necesarias para realizar elecciones transparentes y seguras, por lo que nuevamente gran cantidad de organizaciones no podrán acreditarse como observadores electorales. Indicó que, las autoridades han inobservado todas las recomendaciones realizadas por la Misión Electoral de la Unión Europea. Se espera pues, un nuevo proceso fraudulento.

También, ha sido criticada la propuesta del presidente Ortega de triplicar los concejales en todo el país. Aumentar de 2.178 concejales a más de 6.534 lo cual ha levantado críticas sobre lo que se concibe como un excesivo nombramiento en puestos de elección popular y una artimaña para que el FSLN controle a los habitantes a través de concejales leales al oficialismo.

Sobre derechos humanos, el país ha enfrentado recientemente serios desafíos en el sistema carcelario. Hace pocos meses, 10 presos y 5 vigilantes resultaron heridos luego de un motín ocurrido en la cárcel Puertas de la Esperanza, en el norte nicaragüense. En este motín el director de la penal fue golpeado y secuestrado por los reos por un intervalo de más de 6 horas.

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A raíz del incendio carcelario en Honduras, muchos intelectuales han denunciado el precario sistema carcelario nicaragüense en donde según El Nuevo Diario, sólo en 8 cárceles del país con capacidad para 4.700 reclusos, existen más de 8200 privados de libertad, generando una tasa promedio de hacinamiento del 73.5.

Otro de los problemas de derechos humanos que arrastra el país, se manifiesta en las constantes denuncias de brutalidad policial, de acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) sólo en la localidad de Juigalpa se han contabilizado más de 104 señalamientos de abuso autoridad, actos violentos e ilegales cometidos por la Policía Nacional de Chontales.

Hace pocos meses, grupos de organizaciones homosexuales protestaron en las

afueras del parlamento en contra del nuevo Código de Familia que establece que la familia está únicamente conformada por un hombre y una mujer. Sin embargo, Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos anunció que el país promovería en las Naciones Unidas un instrumento jurídico internacional a favor de los derechos de los homosexuales.

Actualmente, el tema en boga es el de la reducción de la cooperación que ingresa al país por parte de Estados Unidos, año con año, el Departamento de Estado estadounidense otorga a Nicaragua dispensas, “waivers” o excepciones para poderle otorgar ayuda financiera. La Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, dejó claro que la situación hacía muy poco probable la otorgación de las dispensas de propiedad y de transparencia fiscal en

el año 2012, lo cual suspendería toda la ayuda financiera de Estados Unidos a Nicaragua, y además pondría en riesgo los préstamos y donaciones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otras.

Lastimosamente, Nicaragua posee serios problemas económicos y la falta de transparencia política le genera aún más pérdidas a este país centroamericano que requiere de medidas urgentes y necesarias en temas prioritarios como salud y educación. De hecho, se contabiliza un aumento en las denuncias de negligencia médicas y mala praxis, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es consciente de la necesidad de mejorar el sistema médico y de salud del país.

La Democracia en Panamá se ha logrado consolidar poco a poco y el país se perfila como un ejemplo regional de elecciones libres y transparentes. Los últimos gobiernos panameños han invertido mucho en infraestructura, carreteras, atracción de inversiones, sector de servicios financieros y demás.

El pasado de prácticas antidemocráticas, denuncias de narcotráfico, corrupción, gobierno militar y violaciones de derechos humanos perpetradas durante la época Manuel Antonio Noriega quedó en el pasado.

Sin embargo, el país se continúa enfrentando a una brecha social en aumento, falta de oportunidades de empleo, aumento en el costo de la vida, problemas sociales relacionados con el tráfico de drogas y un aumento de la deuda externa. La mayor preocupación del presidente Ricardo Martinelli es precisamente la economía y la reactivación de sectores productivos en especial el de servicios y el agrícola. Lamentablemente se cuestiona que el gobierno ha venido reduciendo algunos espacios democráticos, la violencia policial y la inobservancia de libertades parece recrudecerse contra sectores vulnerables como las poblaciones indígenas.

Sobre derechos humanos de pueblos indígenas, se ha denunciado con gran difusión el caso de la protesta indígena de

los Ngäbe-büglé, habitantes de Chiriquí y Bas del Toro, quienes bloqueron la Carretera Panamericana en manifestación pacífica contra la creación de proyectos hidroeléctricos y mineros que los obligaría a dejar sus tierras. Luego de las manifestaciones, que han durado varias semanas, se ha puesto evidencia la brutalidad policial en la que según Amnistía Internacional y medios de comunicación panameños y costarricenses, más de 40 indígenas han resultado heridos y 2 fallecidos en manos de la policía. Los casos han sido denunciados y documentados por gran cantidad de organizaciones sociales.

Otro de los casos importantes, es la preocupación de sectores políticos como el Ex Presidente Martín Torrijos, quienes señalan que la oposición está siendo víc-

tima de espionaje telefónico.

Igualmente, el interés del Presidente Martinelli por reactivar una Sala Constitucional en el país, es visto como una estrategia para declarar la reelección y perpetuarse en el poder. Por estos motivos, se está creando un frente de partidos de oposición que pretende enfrentar el creciente poder del Ejecutivo, dicha alianza opositora denominada “Frente por la Democracia” ha firmado ya una serie de compromisos, cabe destacar que representantes de partidos importantes como el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el Panameñista (PPa) y el Partido Popular (PP) han suscrito los acuerdos, a los que también se han adscrito sindicados, organizaciones sociales y grupos de presión que se han integrado luego de las manifesta-

CIA Y DERECHOS HUMANOS ciones en contra de la reactivación de la Sala V sobre Garantías Constitucionales.

También, figuras importantes como el ex presidente Martín Torrijos (2004-2009) han manifestado su preocupación por la supuesta utilización de la Corte Suprema de Justicia para perseguir adversarios políticos del presidente en ejercicio, de hecho, Torrijos tiene una demanda penal el magistrado fiscal Abel Zamorano quien lleva un caso en el que el ex presidente es investigado por un escándalo de sobornos. La realidad democrática panameña en la actualidad es incluso calificada como “de pique” por parte de medios de comunicación internacionales como Wall Street Journal de las Américas, cuyo artículo argumenta una tendencia autoritaria en el presidente Martinelli. La Cámara de Comercio de Panamá, ha expresado también, su preocupación por el debilitamien-

to de la instituciones democráticas en el país aduciendo los peligros que esto genera para la seguridad jurídica en la atracción de inversiones.

Declaraciones de Roberto Troncoso, ex presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos opinó que mantiene buenas expectativas sobre la libertad de expresión en el país. No obstante, el gremio de periodistas se mantiene vigilante de sus derechos, así lo manifestaron cerca de 1500 personas que marcharon el 2 de mayo exigiendo se detengan casos de acoso judicial por la difusión de denuncias ciudadanas. También, Genaro López de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CONUSI) manifestó que solamente un 15% de los trabajadores del sector público y privado del país se encuentra sindicado.

Si bien persisten retos, deficiencias, pe-

ligros e incertidumbres, el gobierno panameño ha sido un aliado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al punto que apoya a un grupo de 12 países que presentarán un proyecto de resolución de apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto es apoyado por Belice, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Chile, México, Perú, Colombia, Honduras y Panamá y otros países en momentos en que países aliados a Venezuela manifiestan el desmantelamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El país debe sin duda alguna convertirse en ejemplo del respeto a los derechos humanos y valores democráticos, por lo que es fundamental un cambio en las actitudes gubernamentales y un reajuste inmediato de políticas que demuestren el respeto fiel a la democracia real y efectiva.

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La República Dominicana ha presentado una vida política variable en cuanto a actividad democrática. Los recientes procesos electorales municipales de 2010 si bien no han arrojado esquemas de violencia generalizada, si han presentado la denuncia de múltiples anomalías e irregularidades. Al país le falta mucho en materia de democracia plena, rendición de cuentas y acceso ciudadano a la toma de decisiones.

En elecciones sostenidas este 2012 resultó electo Danilo Medina Sánchez, como Presidente Electo de la República, quien se comprometió públicamente con Amnesty International a llevar adelante lo necesario para el respeto de los DDHH. Medina forma parte del el Partido de la Liberación Dominicana, por lo que se espera continuidad de sus políticas públicas.

En materia electoral, es notoria la negativa de la Junta Central Electoral (JCE) a la llegada y acreditación de Misiones Electorales y su observación del proceso. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia presentó la documentación necesaria para la acreditación de una Misión Electoral, sin embargo, fue denegada sin motivo o razón alguna por parte de la JCE. EL movimiento cívico Participación Ciudadana tampoco fue acreditado para la elección y ha denunciado en reiteradas ocasiones su preocupación por lo que considera un interés de la JCE de controlar la observación electoral. Incluso, acusan al ente electoral de persecución judicial.

En el caso de los Derechos Humanos, violencia policial y desapariciones han

sido sistemáticamente denunciadas por organizaciones internacionales. El cargo de Ombudsman de DDHH sigue vacante después de once años de haber sido aprobado. Si bien, el país ratificó recientemente la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, según la Procuraduría General, más de 289 personas murieron por brutalidad policial sólo en 2011, los niveles de violencia policial llegan en ocasiones al punto de significar el 10 de los homicidios totales del país.

También la Apatridia, niños y niñas de padres haitianos nacidos en República Dominicana pero a quienes se les ha negado la nacionalidad dominicana exacerbado por componentes de xenofobia, discriminación racial e intolerancia étnica. La apatridia ha sido condenada en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras entidades.

Se debate una Ley General de Migración y un decreto ejecutivo para tratar el tema pero no se conoce a profundidad el efecto que tendrán las iniciativas. Freedom House incluyó al país dentro de los

países “parcialmente libres” en libertad de expresión.

Se ha señalado un aumento de la violencia doméstica y la delincuencia en la isla, la violencia contra la mujer ha ido en aumento también. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un 24 de las mujeres dominicanas de edades entre los 14 y 49 años han sufrido abusos, además, más de 600 mujeres han sido asesinadas en los últimos años, la mayoría por cuestiones de violencia doméstica.

Diversas organizaciones de trabajadores se unieron para exigir el cumplimiento del Sistema de Seguridad Social y el Código de Trabajo en un país donde más del 58% del sector informal no está integrado al sistema contributivo ni de seguro social.

Sin embargo, el país ha sido recientemente felicitado por la CIDH por dar un paso firme en materia de derechos humanos al haber abolido permanentemente la pena de Muerte, sin lugar a dudas, este hecho significa un triunfo para los derechos humanos en la región.

Revista

CIA Y DERECHOS HUMANOS Paraguay ha sobresalido por ser el segundo país con mayor crecimiento económico del mundo en el 2010. En el aspecto político, los intentos de golpe de estado y abuso de poder del aparato militar de Lino Oviedo durante los 90, marcaron la historia del país y aseguraron que a la postre, se buscara una mayor consolidación democrática en el país.

En el 2008, el ex sacerdote Fernando Lugo logra llegar a la presidencia acabando con más de 60 años de gobierno del Partido Colorado. Lugo, de centro izquierda, ha continuado con políticas de reducción de la pobreza, aumento de las exportaciones e incentivo de sectores productivos.

Lugo llegó al poder gracias a la Alianza Patriótica para el Cambio, conformada por más de 31 partidos políticos, movimientos y coaliciones. Es importante recordad que Fernando Lugo subió como figura nacional gracias al apoyo que daba a los reclamos de campesinos y agricultores que pedían una mejor distribución de las tierras.

Hasta inicios de 2012, Paraguay era considerado un país con un gobierno democrático consolidado, no obstante, cualquier país padece el riesgo de caer en una crisis institucional y democrática cuyas causas pueden ser arrastradas, intermitentes e incluso espontáneas.

El 15 de junio de 2012, cerca de 17 personas murieron durante el desalojo de la inca Morumbí (Departamento de Canindeyú, Paraguay), ocupada desde mayo por cerca de 100 campesinos que reclamaban por la falta de tierras para la agricultura, la finca, propiedad de un ex senador del Partido Colorado fue ocupada además por campesinos del sureste paraguayo, quienes protestaron por la existencia de terratenientes brasileños y paraguayos que impedían la distribución

equitativa de las tierras. A raíz de los lamentables sucesos, dimitieron de su cargo Carlos Filizzola (Ministro del Interior) y Paulino Rojas (Comandante de la Policía).

Este hecho desencadenó una crisis sin precedentes. El Presidente Fernando Lugo, nombró de Ministro de Interior a una persona que no contaba con el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, gran aliado del gobierno, y la alianza opositora que llevó a Lugo al poder se vio sumamente debilitada. Luego de eso, fue aprobada por parte de la Cámara de Diputados, un pedido de juicio político para destituir a Lugo. La petición de juicio política, presentada por el opositor Partido Colorado el día miércoles 20 de junio, fue aprobada por 76 diputados, uno en contra y tres ausencias, esto como consecuencia de la brutal matanza de campesinos y policías en Curuguaty.

Finalmente, el juicio fue llevado a cabo y el juicio político, llevado a cabo constitucionalmente por el Senado paraguayo, decidió por mayoría abrumadora la destitución de Lugo. Es fundamental aclarar que la legislación paraguaya prevé la destitución presidencial y la ejecución del juicio político para ese efecto. Fernando Lugo aceptó de inmediato la destitución y Fernando Franco, vicepresidente asumió el cargo.

No obstante, días después de su aceptación, Luego tachó de injusto el juicio político y argumentó que tuvo menos

de 24 horas para preparar su defensa.

Los gobiernos de Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay calificaron de golpe de Estado el derrocamiento e incluso países como Argentina retiraron a su Embajador en el Paraguay. El país, ha sido formalmente expulsado del Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) y suspendido de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), esta última ha creado un Grupo de Alto Nivel para estudiar el caso. El Secretario General de la OEA, ha descartado la suspensión de Paraguay de la organización y más bien, se procederá a crear una misión de acompañamiento electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Manifestantes a favor y en contra de la destitución han realizado importantes marchas en el país, la fuerza pública ha reprimido violentamente a los manifestantes en diversos casos. Partidos de izquierda crearon el “Frente por la Defensa de la Democracia” como forma de apoyo al presidente destituido. El 25 de junio, Lugo creó un gabinete de “restauración democrática” con ex ministros y personas cercanas y ha iniciado con movimientos sociales afines una planificación de manifestaciones pacíficas a través del movimiento “Paraguay Resiste”. El tema sigue dando de qué hablar y su desenvolvimiento es impredecible.

OBSERVATORIO DEMOCRAC OBSERVATORIO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS *Aportes de Valentina Briceño-Strocchia y Jackeline Sandoval

Cuando nos referimos al término democracia, recordamos un marco constitucional donde se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales, la libertad de pensamiento y su derecho a ejercerla a través de la libertad de expresión y de opinión, la participación ciudadana y la separación de los Poderes Públicos y por supuesto ausencia de presos políticos.

Por lo tanto decir que en Venezuela existe un gobierno democrático es difícil de creer y mucho menos de vivir, cuando observamos día a día la persecución contra los factores democráticos que hacen vida en el país tales como: Iglesia, medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada, estudiantes, periodistas, empresarios y funcionarios públicos que han emitido una opinión contraria a los intereses del Poder.

Por eso más que en democracia, los que residen en la República Bolivariana de Venezuela, insisten en que actualmente libran una lucha por el respeto a sus instituciones democráticas y a la Constitución. Se libra una lucha constante por sobrevivir (157.808 homicidios en 12 años) ante tanta inseguridad, que pareciera es una política de estado cuando vemos las cifras de muertos semanales, y la ausencia de políticas eficaces para combatirla, cuando observamos la cantidad de fallecidos intramuros ( mínimo 1 diario) , cuando observamos la impunidad que alcanza al 97 por ciento de casos no resueltos por las instituciones llamadas a hacerla, cuando contabilizamos que en 12 años han pasado por nuestras cárceles 170 presos políticos y sin mencionar las 402 expropiaciones de empresas privadas sin haber mediado un debido proceso , esa es nuestra triste realidad de una mal llamada democracia solo por que ejercemos el derecho al sufragio.

Venezuela se ha convertido en un país cuyo gobierno autoritario irrespeta cualquier principio democrático y amenaza constante a sus ciudadanos, un gobierno que se ha convertido en cómplice de

grupos terroristas, guerrilleros y ligados al narcotráfico que al mismo tiempo critica el intervencionismo pero es el mayor intervencionista en los asuntos internos de numerosos países de la región.

En los últimos años, el gobierno ha impulsado leyes bastante controversiales como la Ley de Cooperación Internacional para regular y frenar el accionar de Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley Habilitante que dotó al presidente de la posibilidad de gobernar sin controles mediante decreto legislativo. Se han dado además, gran cantidad de expropiaciones de empresas pero también de los terrenos de pequeños agricultores y ganaderos. Aumentan las denuncias de violación de libertades individuales, de persecución de la sociedad civil, de represión violenta de las manifestaciones pacíficas, de procesos judiciales poco transparentes y manipulados, de presos políticos en deplorables condiciones sanitarias y físicas. Es notable la represión a medios de comunicación que critiquen la acción gubernamental.

Hace unos meses, se desarrollaron las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal grupo de oposición en Venezuela. La asistencia a las primarias fue masiva e histórica. A pesar de las intimidaciones previas y la actitud del gobierno por ignorar los comicios, el desarrollo y desenvolvimiento final fue exitoso.

Posterior al proceso, el gobierno ha pretendido violentar las reglas electorales establecidas previamente entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la MUD, quienes habían acordado que se realizaría una quema de los cuadernos de votación

en los cuales se marca o señala las personas que han emitido el sufragio, por ser esta una elección interna. Esto con el fin de proteger el carácter secreto del voto, la identidad de los votantes y asegurar la transparencia, libertad e integridad del proceso electoral. Sin embargo, con una eficiencia y celeridad nunca vista, la Sala Constitucional venezolana emitió una sentencia por una solicitud fraudulenta en un pequeño municipio en Yaracuy, a menos de 13 horas de acabados los comicios electorales. Dicha sentencia, con errores de forma y fondo, prohíbe la quema de los cuadernos de votación a nivel nacional y exige se los de a custodio al General Ministro de la Defensa, caracterizado por su fidelidad política con el Presidente Chávez.

Igualmente, se ha recrudecido la persecución religiosa contra la comunidad judía venezolana (reducida a la mitad desde el ascenso de Chávez al poder) y la Iglesia Católica, sobre todo por la militancia del candidato opositor vencedor, Henrique Capriles a lo interno de grupos de la Iglesia y por motivo de su ascendencia judía.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia asistió como Observadora al proceso de primarias de la MUD y presentó un amplio informe al respecto en el cual señala entre otras cosas la preocupante participación del Poder Judicial en la campaña política partidista y la posible persecución de representantes de la MUD. Se destaca la participación de los electores en los comicios. Dentro de los criterios de observación internacional se observó un proceso que, pese a sus complicaciones y limitaciones, se reflejó en una elección libre en Venezuela. El In-

CIA Y DERECHOS HUMANOS forme sugiere que se realice una auditoría al Registro Electoral para evitar problemas a los votantes, que en algunos casos denunciaron no haber podido ejercer su derecho por no aparecer en las listas de votación. Además, se felicita la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) por su comportamiento ejemplar.

Sin embargo, se denuncia que algunos oficiales de la Milicia Nacional Bolivariana se mostraban amenazantes y poco colaboradores.

Recientes acontecimientos, demuestran la precaria condición de salud que vive el presidente Chávez, el cual se encara nuevamente a comicios presidenciales donde busca su reelección. El país ha dado de que hablar por el anuncio de Chávez de retirar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo que se concibe como un evento que puede exacerbar la continua violación de Derechos Humanos que denuncia la población venezolana.

El canciller Nicolás Maduro, manifestó la necesidad de desmontar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicando que sirven a los intereses norteamericanos. Esto en años donde la CIDH se ha manifestado contra la provisionalidad de jueces fiscales, restricciones legales contra derechos humanos, ataques contra la libertad de expresión, asesinatos, hostigamiento, persecuciones contra defensores de derechos y organizaciones sociales, procesos judiciales arbitrarios contra periodistas. Además, desde 2002, el país le ha negado el ingreso a misiones de observación de la Comisión.

El clima de tensión no se ha hecho esperar. La plataforma Un Mundo Sin Mordaza, que aboga por la libertad de expresión expresó su rechazo ante las constantes violaciones de derechos humanos que se vive en el país. De igual manera, una veintena de organizaciones de la sociedad civil, han solicitado la liberación de todos los presos políticos que existen en el país y el desistimiento inmediato de esta po-

lítica de miedo e intimidación. La organización Justicia y Proceso ha afirmado que en Venezuela no existe la división de poderes y el poder ejecutivo ejerce su control sobre los demás poderes.

Sobre libertad de prensa y expresión, el Instituto Prensa y Sociedad contabiliza más de 50 violaciones a la libertad de prensa en lo que va de 2012. El Colegio Nacional de Periodistas ha manifestado la trágica situación que vive la prensa en Venezuela. Freedom House ha catalogado nuevamente al país como “no libre” en el tópico. Según medios como El Carabobeño, en 2011 hubo más de 224 denuncias de violaciones a la libertad de prensa y expresión. Desde el 2000, la organización Espacio Público contabiliza más de 2000 violaciones documentadas.

En su Reporte Mundial de 2012, Human Rights Watch (HRW) declaró que el debilitamiento del sistema democrático bajo el régimen de Hugo Chávez ha resultado en un ambiente altamente precario para los DDHH y sus defensoras/es. El reporte establece que la falta de independencia del poder judicial ha permitido la sistemática violación de la libertad de expresión y de prensa así como la libertad de asociación de los trabajadores por parte del gobierno. El encarcelamiento de personas por su orientación política ha incluido desde abogados defensores hasta jueces. El Programa Venezolano de Acción (PROVEA) denuncia que los asesinatos extrajudiciales por parte de agentes de seguridad continúan gozando de impunidad. Con una taza de crimen violento desenfrenada en Venezuela, las organizaciones de DDHH explican que los que aplican de la ley o no quieren o no pueden aplicarla con eficacia. Este debilitado sistema de derecho complica la labor de los grupos defensores de DDHH que carecen de un marco estable al cual acudir.

El Ejecutivo Nacional anunció recientemente el retiro de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo cual pone en riesgo la protección de los DDHH. Amnistía Internacional consideró

que tal retiro desprotegerá aún más a los que sufren de violaciones de DDHH y que además viola el artículo 31 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Las denuncias de persecución a ONGs de derechos humanos presentan un patrón de agresión hacia los miembros y sus familiares. Casos recientes son los ataques a El Observatorio Venezolano de Prisiones (caso: Marianela Sánchez Ortiz) y a Control Ciudadano (caso: Dra. Ana María Abreu de San Miguel). Estas amenazas están en directa violación del derecho de las organizaciones de derechos humanos a realizar su labor sin miedo a represalias establecido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los DDHH. En este ambiente se desarrolla hoy en día la campaña electoral por la presidencia de Venezuela para las elecciones del 7 de octubre de 2012. En esta ronda electoral está postulado el ahora presidente Hugo Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUD) quien gobierna desde 1999 y el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski por la Mesa de la Unión Democrática (MUD). Capriles Radonski fue electo con el 65% de los sufragios para ser el único otro candidato presidencial durante las elecciones primarias de la oposición venezolana el 12 de febrero de 2012.

Hasta ahora, se han presentado múltiples denuncias de ventajismo electoral a favor de Hugo Chávez ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No se conocen investigaciones a este respecto. Se ha hecho un llamado ante la Asamblea Nacional (AN) que se investigue bajo la Ley Anticorrupción el posible uso de recursos del Estado para promover la candidatura del actual presidente.

Tampoco se conocen investigaciones en este sentido. En relación a los medios, por una parte la política en marcha es silenciar a Globovisión y por la otra es promover la red medios públicos favorables al gobierno, que incluye a casi la totalidad de los medios radioeléctricos del país. El 28 de junio de 2012, 48 horas antes de la iniciada la campaña electoral, el Tribunal

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Supremo de Justicia (TSJ) decretó un embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la empresa Globovisión Tele, C.A. La televisora, crítica de Hugo Chávez, pagó Bs. 24.425.216,40 por el caso de la transmisión de los hechos de la cárcel del Rodeo en junio 2011. La televisora fue sorprendida sin haber sido oída y sin respeto a los trámites.

Además de una atmósfera altamente politizada, la realidad social venezolana se enfrenta con una inseguridad inimaginable en muchos países y un ritmo de armamentismo alarmante. Con respecto a la extrema inseguridad y su cotidianidad, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) informó de forma extraoficial que se registraron 2.305 homicidios sólo en el Área Metropolitana de Caracas, capital del país, durante el primer semestre de 2012. Esta cifra demuestra un aumento de más del doble de los caídos durante el primer semestre de 2011. También se reportó un incremento de asesinatos de uniformados en este primer semestre de 2012 con respecto al de 2011.

Como tema de preocupación internacional, BBC Mundo reportó que en comparación con el período de 2002 y 2006, se ha visto un crecimiento del 77% de importaciones de armas en los países sudamericanos en el período de 2007 a 2011. La gravedad del asunto se entiende a partir de los altos índices de violencia y homicidios que impactan la región puesto que las importaciones legales y el uso ilegal de las armas están estrechamente conectados en el aumento de la inseguridad.

Venezuela es uno de los países con mayor incremento de armas. El Sipri informa que dado un aumento en sus importacio-

nes de armas del 555, Venezuela pasó de ser el importador número 46 del mundo a la posición número 15. a realizar su labor sin miedo a represalias establecido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los DDHH. En este ambiente se desarrolla hoy en día la campaña electoral por la presidencia de Venezuela para las elecciones del 7 de octubre de 2012. En esta ronda electoral está postulado el ahora presidente Hugo Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUD) quien gobierna desde 1999 y el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski por la Mesa de la Unión Democrática (MUD). Capriles Radonski fue electo con el 65 de los sufragios para ser el único otro candidato presidencial durante las elecciones primarias de la oposición venezolana el 12 de febrero de 2012.

Hasta ahora, se han presentado múltiples denuncias de ventajismo electoral a favor de Hugo Chávez ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No se conocen investigaciones a este respecto. Se ha hecho un llamado ante la Asamblea Nacional (AN) que se investigue bajo la Ley Anticorrupción el posible uso de recursos del Estado para promover la candidatura del actual presidente.

Tampoco se conocen investigaciones en este sentido. En relación a los medios, por una parte la política en marcha es silenciar a Globovisión y por la otra es promover la red medios públicos favorables al gobierno, que incluye a casi la totalidad de los medios radioeléctricos del país. El 28 de junio de 2012, 48 horas antes de la iniciada la campaña electoral, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó un embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la empresa Globovisión Tele, C.A.

La televisora, crítica de Hugo Chávez, pagó Bs. 24.425.216,40 por el caso de la transmisión de los hechos de la cárcel del Rodeo en junio 2011. La televisora fue sorprendida sin haber sido oída y sin respeto a los trámites.

Además de una atmósfera altamente politizada, la realidad social venezolana se enfrenta con una inseguridad inimaginable en muchos países y un ritmo de armamentismo alarmante. Con respecto a la extrema inseguridad y su cotidianidad, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) informó de forma extraoficial que se registraron 2.305 homicidios sólo en el Área Metropolitana de Caracas, capital del país, durante el primer semestre de 2012. Esta cifra demuestra un aumento de más del doble de los caídos durante el primer semestre de 2011. También se reportó un incremento de asesinatos de uniformados en este primer semestre de 2012 con respecto al de 2011.

Como tema de preocupación internacional, BBC Mundo reportó que en comparación con el período de 2002 y 2006, se ha visto un crecimiento del 77 de importaciones de armas en los países sudamericanos en el período de 2007 a 2011. La gravedad del asunto se entiende a partir de los altos índices de violencia y homicidios que impactan la región puesto que las importaciones legales y el uso ilegal de las armas están estrechamente conectados en el aumento de la inseguridad.

Venezuela es uno de los países con mayor incremento de armas. El Sipri informa que dado un aumento en sus importaciones de armas del 555, Venezuela pasó de ser el importador número 46 del mundo a la posición número 15.

Revista

CIA Y DERECHOS HUMANOS *Con aportes de Luis Fernando Calabria

La democracia uruguaya es un claro ejemplo latinoamericano en cuanto a consolidación y buenas prácticas. La democracia ha llevado un proceso de consolidación óptimo y hay un buen balance de independencia de las instituciones. El país ha llevado gobiernos de diversa tendencia ideológica y ha demostrado madurez política.

El gobierno de inspiración socialista con combinación con políticas de mercado de Tabaré Vázquez elevó notablemente el grado crecimiento económico del país, aminorado la brecha social, digital y económica y fortalecido programas de asistencia ciudadana en materia de disminución de la pobreza, inversión en educación y salud. La elección posterior de José Mujica ha generado cierto estancamiento del país, pero la estabilidad continúa.

Hoy Uruguay se concibe como un ejemplo regional e internacional en materia de consolidación democrática, rendición de cuentas, elecciones limpias, instituciones gubernamentales sólidas, participación ciudadana en la formulación de la ley y la ejecución de proyectos. Uruguay es, según Freedom House, uno de los dos países de América Latina en donde se la prensa es libre y la libertad de expresión existe y se ejerce.

Recientemente, ha sido puesta a prueba la institucionalidad y el estado de derecho debido al apoyo político sin base legal al ingreso de Venezuela al Mercosur, medida presidencial abierta y ampliamente

criticada en el país, incluso desde la Vicepresidencia del Gobierno.

Si bien Uruguay está comparativamente bien posicionado en los estándares internacionales que miden la satisfacción ciudadana a nivel latinoamericano, igualmente existen riesgos. Las demandas ciudadanas sobrepasan las posibilidades que el Estado puede ofrecer en un mundo dinámico y cada vez más cargado de incertidumbres. Los 8 años de crecimiento económico continuos no acaban totalmente los problemas en educación, seguridad pública, inequidad y desigualdad geográfica y social.

En actualidad, el sistema educativo uruguayo fue fuertemente criticado debido a que según estadísticas nacionales, si bien el 88 de los niños y niñas de más escasos recursos terminaban la educación primaria, sólo un 10,7 terminaba la secundaria. En contraste, el 78 de la población más adinerada concluía la enseñanza secundaria. A raíz de estas críticas, los representantes de los partidos políticos del congreso, suscribieron un llamado Pacto Educativo con el fin de dar seguimiento e impulso al tema educativo en el país,

creando universidades, un instituto de evaluación de calidad educativa y otra serie de impulsos para la educación y contra la deserción escolar.

No obstante, el país ha sido felicitado por instancias como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien argumenta que el país es un ejemplo de respeto a las libertades fundamentales y derechos humanos.

Amerigo Incalcaterra del Alto Comisionado, indicó que el Estado ha asumido una importante responsabilidad sobre los crímenes cometidos por la dictadura de los 70 y 80, además, se ha logrado una reevaluación de la situación penitenciaria del país luego de que en 2009 la ONU manifestara su preocupación por la situación de los reos uruguayos.

Los desafíos pasan por generar consensos ciudadanos y políticos que permitan modificar la matriz educativa para amortiguar los cambios sociales a la vez que instrumentar procesos económicos que distribuyan mejor la riqueza, sin afectar el Estado de Derecho ni la seguridad jurídica.

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