COVID Crisis Exposes the Need for a Legalization of the Nation’s Immigrants

P EOPLE of G OD june/july2020

Friday, May 15, 2020–The coronavirus pandemic has brought our nation suffering and pain and has shown us that we are all mortal. The virus knows no boundaries and can attack any person, regardless of their ethnicity, race or nationality. My prayers are with all who have been harmed by this crisis.

The pandemic has also revealed that immigrant workers, who dwell on the margins of society, are present on the front lines of this battle, risking their own well-being to serve the nation at a time of crisis.

They are health-care workers and first responders helping victims of the virus to survive. They are agricultural workers laboring in America’s fields, meatpacking plants, and canneries, ensuring that we maintain our food supply. And they are employees at the local grocery store or restaurant and food delivery persons, bringing food to our tables.

The large majority possess tenuous legal status or are without legal status. They include Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) and Temporary Protected Status (TPS) recipients, temporary workers on time-limited visas, and the undocumented. Without their hard work, our state and nation would be in a more precarious position today.

In New Mexico, immigrants work in vital industries and help keep our economy afloat. According to a recent report by several New Mexico immigrant rights organizations, there are over 15,000 immigrant-owned businesses in the state. Immigrants—both legal and undocumented—pay $393 million in state and local taxes a year. Nearly 22 percent of the employees in the restaurant industry in New Mexico are foreign-born.

Nationally, at least one-half of farmworkers and one-third of workers in America’s meatpacking and poultry plants are undocumented. They have been classified as essential workers, but toil in dangerous working conditions. We would not have food in our stores at this critical time without them.

Nevertheless, legal and undocumented workers have been unable to obtain governmental assistance to help survive this crisis. Legal immigrants are afraid to access unemployment payments and other public services because of the public charge rule recently adopted by the Trump administration.

DACA and TPS recipients, who contribute as essential workers in the health-care and food industries, have been unable to get their work authorizations extended, leaving them unable to support their families.

Moreover, mixed-status families—which include at least one undocumented person—have been excluded from direct cash payments under the CARES Act. In New Mexico, two-thirds of immigrants live in mixed-status families.

Undocumented workers do not qualify for Medicaid and fear receiving treatment for COVID-19, leaving them at higher risk for contracting the virus. Undocumented workers also are not eligible for direct cash payments or unemployment insurance.

Ironically, the importance of immigrant workers to our state and nation has been tacitly confirmed by the Trump administration, which excluded medical workers and agricultural laborers from its shortsighted ban on the issuance of green cards. They also saw the wisdom of excluding from the ban hard-working immigrants already in the country and all workers on temporary visas. Yet they take every opportunity to scapegoat immigrants, divide their families, and exploit the pandemic to deny them their rights, including the right to asylum.

The inconsistency—or should I say hypocrisy— of our immigration system in this country is being exposed by this crisis. At the same time, some of our leaders attempt to score political points on the backs of immigrants, while our country benefits from their life-saving work. As a moral matter, this cannot stand.

My hope is that one outcome of this crisis is that, as a nation, we see the contributions of immigrants with new eyes and develop a greater appreciation for their contributions to our society.

Rather than relegating them to a hidden underclass, we should bring them out of the shadows by putting them on a path to citizenship. They have earned it.

Most Reverend John C. Wester Archbishop of Santa Fe

june/july2020

LA PANDEMIA MUESTRA QUE LA LEGALIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES ES NECESARIA

Reverendísimo John C. Wester, Arzobispo de Santa Fe

La pandemia del coronavirus ha traído a nuestra nación gran sufrimiento y dolor y nos ha mostrado que todos somos seres mortales. El virus no respeta fronteras y puede atacar a cualquier persona, sin importar su etnia, raza o nacionalidad. Mis oraciones acompañan a todos los que han sido perjudicados por esta crisis.

La pandemia también ha revelado que los trabajadores inmigrantes, que viven al margen de la sociedad, están presentes en el frente de esta batalla, arriesgando su propio bienestar para servir a la nación en este tiempo de crisis.

Ellos son los trabajadores de la salud y socorristas que ayudan a las víctimas a sobrevivir ante el ataque del virus. Son los trabajadores agrícolas que trabajan en los campos, en plantas empacadoras de carne y conservas de Estados Unidos, asegurando que el abastecimiento de alimentos se mantenga. Son empleados de la tienda de comestibles o restaurante local y repartidores de alimentos, llevando comida a nuestras mesas.

La gran mayoría posee un estatus legal tenue o no tiene estatus legal. Entre ellos se encuentran los beneficiarios de la Acción Diferida por Llegadas Infantiles (DACA) y quienes gozan de Estatus de Protección Temporal (TPS), los trabajadores temporales que cuentan con visas por tiempo limitado y los indocumentados. Sin su gran trabajo, nuestro estado y nación estarían en una posición todavía más precaria hoy en día.

En Nuevo México, los inmigrantes trabajan en industrias vitales y ayudan a mantener nuestra economía a flote. Según un informe reciente de varias organizaciones de derechos de los inmigrantes de Nuevo México, hay más de 15,000 empresas que son propiedad de inmigrantes en el estado. Los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, pagan 393 millones de dólares en impuestos estatales y locales al año. Casi el 22 por ciento de los empleados de la industria de los restaurantes en Nuevo México han nacido en el extranjero.

A nivel nacional, al menos la mitad de los trabajadores agrícolas y un tercio de los trabajadores de las plantas empacadoras de carne y aves de corral de Estados Unidos son indocumentados. Ellos han sido clasificados como trabajadores esenciales, sin embargo, trabajan en condiciones peligrosas. Sin ellos, no tendríamos comida en nuestras tiendas en este momento crítico.

Sin embargo, trabajadores legales e indocumentados no han podido obtener la ayuda del gobierno para sobrevivir a esta crisis. Los inmigrantes legales temen solicitar pagos por desempleo y otros servicios públicos

debido a la regla de la carga pública recientemente adoptada por la administración de Trump. Los beneficiarios de DACA y el TPS, que contribuyen como trabajadores esenciales en las industrias de la salud y la alimentación, no han podido conseguir que se amplíen sus autorizaciones de trabajo, dejándolos imposibilitados de mantener a sus familias.

Además, las familias de estatus mixto -que incluyen al menos una persona indocumentada- han sido excluidas de los pagos directos en efectivo otorgados por la Ley CARES. En Nuevo México, dos tercios de los inmigrantes viven en familias de estatus mixto.

Los trabajadores indocumentados no son elegibles para recibir beneficios de Medicaid y temen recibir tratamiento para el COVID-19, lo que los deja en mayor riesgo de contraer el virus. Los trabajadores indocumentados tampoco tienen derecho a pagos directos en efectivo ni a seguro de desempleo.

Irónicamente, la importancia de los trabajadores inmigrantes para nuestro estado y nación ha sido claramente confirmada por la administración de Trump, que excluyó a los trabajadores médicos y agrícolas de su miope prohibición de recibir Green Cards -tarjetas de Residencia-. También vieron la ventaja de excluir de la prohibición a los trabajadores inmigrantes que ya están en el país y a todos los trabajadores con visas temporales. Sin embargo, aprovechan todas las oportunidades para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios, dividir a sus familias y explotar la pandemia para negarles sus derechos, incluido el derecho de asilo.

La inconsistencia - o debería decir hipocresía – del sistema de inmigración en este país está siendo expuesta por esta crisis. Al mismo tiempo, algunos de nuestros líderes intentan ganar puntos políticos a espaldas de los inmigrantes, mientras el país se beneficia de su trabajo que salva vidas. Como una cuestión moral, esto no puede continuar.

Mi esperanza es que un resultado de esta crisis sea que, como nación, veamos las contribuciones de los inmigrantes con nuevos ojos y desarrollemos un mayor aprecio por sus contribuciones a nuestra sociedad.

En lugar de relegarlos a una clase baja oculta, debemos sacarlos de las sombras poniéndolos en el camino de la ciudadanía. Se lo han ganado.

Reverendísimo John C. Wester Arzobispo de Santa Fe

june/july2020