El largo camino hacia la

El largo camino hacia la transición energética III

Ana Laura Barrón analaura.barron@ethos.org.mx

Especialista en Derecho Financiero por la UNAM. Investigadora en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Transición energética: mode-

lo ‘contracíclico’ vs. realidad ‘procíclica’

La disminución de la demanda energética en algunos sectores con motivo de la pandemia puede ser una oportunidad para transitar a un sector energético más sustentable y socialmente responsable a través de medidas con un horizonte de largo plazo. Para ello, es fundamental priorizar a las energías renovables como parte de un plan integral de recuperación económica post COVID-19, en línea con las recomendaciones de los expertos y organismos internacionales. Por lo tanto, valdría la pena reflexionar acerca de ¿Qué está haciendo México para avanzar en la transición energética? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar en el futuro inmediato? y ¿Cuáles son las recomendaciones específicas en materia de financiamiento? ¿Es posible conciliar el interés estatal de rectoría en las actividades estratégicas con el fomento a la competencia y el desarrollo económico sustentable? ¿Los participantes en el mercado cuentan con garantías en igualdad de condiciones con las empresas estatales? Son muchas preguntas que giran sobre el mismo eje. De momento, me concentraré en dar una propuesta que, de manera general, pretende aportar los elementos necesarios –mas no suficientes– para dar al sector energético un enfoque de sustentabilidad ‘multidimensional’ (algo ya por sí, pleonástico), y así sentar las bases para acelerar una transición energética efectiva, justa y resiliente hacia el futuro más próximo. Sostenibilidad y resiliencia son dos conceptos fundamentales del desarrollo de los países avanzados. La primera se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (ONU, Nuestro futuro común, 1987), y se desenvuelve en tres planos: económico, ambiental y social. Por su parte, la resiliencia nos remite a un ‘estado de conciencia’, de fortaleza para afrontar las crisis futuras. Implica per se, una capacidad de adaptación al cambio. Este estado de necesidad de adaptación a las nuevas circunstancias, en el ámbito energético puede aterrizarse a los atroces efectos del cambio climático que impactan las condiciones de vida en nuestro planeta (más allá de los límites planetarios). Por ello, los gobiernos deben actuar de manera urgente para detener las externalidades negativas de esta realidad. El cambio climático es una amenaza generalizada a nivel global, pero los países cuentan con niveles de desarrollo dispares, lo cual ha retrasado el ritmo del avance hacia la transición de sus modelos energéticos. Estas condiciones, lejos de ser vistas como una excusa, pueden ser una oportunidad para echar mano de los instrumentos disponibles para promover economías bajas en carbono. La política pública, el financiamiento y la dinámica de mercado bajo criterios de sostenibilidad son parte de ello. En la era Covid, los economistas han retomado la reflexión sobre las medidas contracíclicas y los modelos procíclicos como una relación antagónica, y sus efectos en las crisis económicas y los procesos de recuperación. El objetivo de las primeras es el de disminuir los impactos de los ciclos económicos a través de una serie de medidas gubernamentales. De acuerdo con las mismas, en época de bonanza debe priorizarse la recaudación fiscal y el ahorro gubernamental; y en escenarios de crisis promueve un incremento del gasto público y una reducción en los impuestos y en las tasas de interés, a fin de controlar la recesión y promover un crecimiento sostenible. El caso contrario, un modelo económico procíclico, recrudece los

efectos de la crisis. De acuerdo con el Banco Mundial, aún después de la crisis del 2008 y hasta el 2016, alrededor de 40% de los países de América Latina aplicaron medidas procíclicas. Las consecuencias al día de hoy son evidentes. Pero aún es posible blindar nuestro futuro común y orientar el desarrollo hacia la sustentabilidad, a través de la transición energética. Para ello, se proponen tres medidas: 1. Promover la inversión pública productiva y la inversión privada bajo criterios de sostenibilidad (Los criterios ESG y los principios de la Inversión responsable son apenas la entrada a este fascinante mundo del compromiso por un futuro responsable); 2. Desinvertir en activos varados (dejar de destinar recursos públicos a activos de infraestructura sin rentabilidad en el largo plazo o proyectos que no cuenten con viabilidad económica, social o ambiental y aumentar las inversiones en fuentes de generación limpias y renovables); 3. Facilitar un acceso equitativo al mercado (competencia en igualdad de condiciones para los participantes, acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, en condiciones de viabilidad económica). El interés del gobierno de México está puesto en garantizar la soberanía energética, la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional, pero también en fomentar la inclusión social, de manera tal que la actual política pública de transición energética busca privilegiar el acceso equitativo a la energía de todos los sectores sociales. Por todo lo aquí expuesto, puede parecer que el camino hacia un modelo energético más limpio y socialmente responsable es camino largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, es posible conciliar el interés rector del estado, la democratización de los recursos públicos y la soberanía energética nacional con el interés general de alcanzar un desarrollo sustentable, justo y equitativo, a través de la transición energética. La transición energética es un medio, el desarrollo sustentable, el fin. 3/3

Aún es posible blindar nuestro futuro común y “ orientar el desarrollo hacia la sustentabilidad”