Boletín Nº2 | El Salvador, diciembre de 2017
Por Yesenia Salas Especialista en evaluación económica Organismo de Mejora Regulatoria yesenia.salas@omr.gob.sv
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raíz de las numerosas noticias de las últimas semanas sobre la conveniencia de avanzar en la temática de la simplificación administrativa, me parece oportuno escribir sobre las bondades de implementar una política de mejora regulatoria como una respuesta integral al problema de la excesiva burocracia en El Salvador. Las políticas regulatorias surgieron hace treinta años con el fin de mejorar la gobernanza pública y promover marcos normativos eficientes que logren sus objetivos, procurando que los beneficios para la sociedad sean mayores a los costos de su implementación. La crisis financiera y económica global de la década anterior minó la confianza en las instituciones públicas y privadas, haciéndose evidente la necesidad de establecer regulaciones eficaces para lograr mercados transparentes y eficientes. Diez años después, las empresas y los ciudadanos seguimos mirando la burocracia y el exceso de trámites y regulaciones como importantes obstáculos para la competitividad y la innovación. Muchos cuestionan la utilidad de diferentes cuerpos normativos que se emiten tanto en el nivel nacional como local. La regulación, sin embargo, es una de las herramientas que los gobiernos poseen para el ejercicio del poder estatal. Junto con las políticas fiscal y monetaria, las regulaciones constituyen un instrumento de política pública importante para promover el bienestar económico y social. En ese sentido, es indispensable contar con una política de mejora regulatoria que busque que el conjunto de ordenanzas, acuerdos, leyes y reglamentos que se emiten año con año en los países, procuren el bienestar público.
de cada 10 salvadoreños pagaron sobornos en el último año por servicios públicos básicos, según Transparencia Internacional.
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La Mejora Regulatoria juega un papel fundamental para encontrar el camino hacia el desarrollo sostenible.
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La mejora regulatoria constituye un mecanismo de “bajos” costos financieros y políticos para impulsar la economía en países como El Salvador que, además de no contar con instrumentos de política monetaria, enfrentan una comprometida situación fiscal para solventar importantes desafíos económicos y sociales que eventualmente podrían acentuar problemas como la pobreza y la inseguridad. La política regulatoria aborda la necesidad de asegurar que los marcos regulatorios son justificados, de buena calidad y que efectivamente cumplen con los objetivos propuestos, haciendo que los formuladores de políticas públicas tomen decisiones informadas sobre qué, cómo, cuándo y a quién regular. Entre las bondades de una buena política regulatoria destacan la promoción de la consulta pública de los proyectos regulatorios, la eficiencia y la transparencia en la actuación de las instituciones públicas; y requiere, para su implementación, de una efectiva coordinación entre los sectores público y privado, principalmente. En mi opinión, más que buscar diferencias de visión entre las propuestas surgidas en la Asamblea Legislativa y las respuestas del Ejecutivo a las mismas, debemos mirar el debate como un interés de las partes involucradas en abordar el problema de la “excesiva tramitología”, y una gran oportunidad para mostrar que es posible alcanzar los acuerdos que tanto anhela la sociedad salvadoreña para solventar sus problemas más apremiantes. Bajo estas condiciones no queda duda de que la política de mejora regulatoria debe ser asumida y valorada por los diferentes actores de la sociedad como un instrumento que, además de contribuir a fortalecer la gobernanza y la democracia, juega un papel fundamental para encontrar el camino hacia el desarrollo sostenible.
Camiones aparcados en la Aduana Intermedia en Santa Ana. Aduanas de El Salvador busca reducir el tiempo de tránsito de la mercancía en la frontera de Anguiatú realizando los trámites aduanales en un puesto intermedio en Santa Ana.
Las opiniones expresadas en este documento son de la exclusiva responsabilidad del autor, y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Corporación Reto de Milenio (MCC), el Fondo del Milenio El Salvador II (Fomilenio II) y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).
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