Boletín Nº 9 | El Salvador, septiembre de 2018
Por Karla Galdámez Especialista en análisis legal Organismo de Mejora Regulatoria karla.galdamez@omr.gob.sv
L
a reducción de la burocracia o – en términos más técnicos – la reducción de las cargas administrativas innecesarias, es un tema de preocupación para las administraciones públicas del mundo, pero más aún para los sectores empresariales. Las cargas administrativas innecesarias afectan las utilidades de las empresas, impactan en la competitividad, desincentivan las inversiones y generan esa apatía o molestia de ir a realizar un trámite. Históricamente, el derecho administrativo salvadoreño ha sido formalista y guiado por la cultura del papel. La ley crea las cargas administrativas y los reglamentos de ley desarrollan los requisitos, formalidades y procedimientos; sin embargo, no siempre es así, por lo que las entidades que ejecutan las regulaciones terminan complementando lo operativo con acuerdos, instructivos, manuales, etcétera. Lo anterior, sumado al diseño de regulaciones deficientes, abre espacios a conductas discrecionales y hasta caprichosas de algunos servidores públicos, que parecieran existir para dificultar el desarrollo de trámites. En la otra cara de la moneda están las empresas y la ciudadanía, quienes tienen obligaciones legales que cumplir o resolver un asunto que les afecta. Son los receptores directos de los costos de la regulaciones de la Administración Pública. Pero, al final, la pregunta es: ¿qué ganan los administrados
con las cargas administrativas? No hay una fórmula para definir qué cargas administrativas son necesarias y cuáles no; pero es claro que el punto de partida es buscar un equilibrio entre la actividad regulatoria de las instituciones y los intereses de la ciudadanía, donde los beneficios sean superiores a los costos que implican las cargas administrativas, partiendo de un enfoque antropocéntrico. La Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) marca un cambio de paradigma en la administración pública salvadoreña. Veamos un ejemplo: si usted en un mismo día actualiza el Registro Único de Contribuyente (RUC), se inscribe al IVA y en los servicios electrónicos todos del Ministerio de Hacienda, para cada uno de esos trámites presenta una fotocopia de NIT; al entrar en vigor la LPA, el artículo 4 prohíbe que la administración exija documentos emitidos por ella misma; además,
esta disposición va más allá: tampoco podrán pedir documentos que posea o deban poseer, ni de los entregados por las personas con anterioridad, ni de aquellos que obren en registros públicos. Esto, para otras latitudes, parecerá hasta de sentido común; pero para la administración pública salvadoreña representa una revolución, un cambio significativo en la cultura administrativa. Parafraseando un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la normativa desfasada o mal concebida puede obstaculizar tanto a las empresas como al rendimiento económico. Por ello, la reducción de
cargas administrativas ayudará a eliminar barreras en el comercio, la inversión y el espíritu empresarial. El Órgano Ejecutivo tiene hoy por hoy una gran oportunidad de vrevolucionar la forma de administrar “la cosa pública”, de cambiar la fama de la administración pública, de lograr consensos con el sector empresarial para apalancar el crecimiento económico, de ser más cercano y amigable con las personas, de facilitar el acceso a los trámites y servicios. El cambio disruptivo puede iniciar antes que entre en vigor la LPA, si se tiene la voluntad y se demuestra empatía con los administrados.
La huella de tanta copia
1,119,734
fotocopias aproximadamente son solicitadas al año para realizar trámites en los 14 ministerios del Órgano Ejecutivo, considerando una hoja por copia.
111,973 US$
sería el costo monetario si cada fotocopia vale 0.10 US$; sin agregar lo que cobraría un notario cuando el trámite requiera copia certificada.
113 árboles
adultos se necesitan para satisfacer la cantidad de fotocopias solicitadas en las 2,314 modalidades de trámites en los ministerios del Órgano Ejecutivo.
28 hectáreas
de bosque primario serían impactadas con la tala selectiva de 113 árboles, extención similar a 1/3 del Parque Bicentenario en San Salvador.
515,077 litros
de agua se necesitó para manufacturar ese papel, similar al consumo de agua en un hogar promedio del Área Metropolitana de San Salvador por 2 años 8 meses.
74 toneladas
en CO2 se habrían consumido, lo que equivale al dióxido de carbono que liberó un auto que viajó 125 veces, ida y vuelta, de San Salvador a Ciudad de Panamá.
Fuente: elaboración propia con datos preliminares del costeo de trámites que realiza el OMR (2018) y análisis del área de Gestión Social y Medio Ambiente de Fomilenio II.
Las opiniones expresadas en este documento no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Corporación Reto de Milenio (MCC), el Fondo del Milenio El Salvador II (Fomilenio II), la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). Este artículo fue publicado originalmente en La Prensa Gráfica, el 1 de julio de 2018. Ilustración con base en freepik. Escríbenos a comunicaciones@omr.gob.sv | Síguenos en
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