Lecciones sobre el uso de la Evidencia en las Políticas Publicas en el Perú –y sobre el rol de la Alianza Peruana para el Uso de la Evidencia. Por Enrique Mendizabal (miembro del comité directivo de la Alianza) y Daniel Boyco (coordinador de la Alianza en el 2015). Las siguientes lecciones ofrecen una oportunidad de sistematizar lo aprendido por la Alianza, en su conjunto, a raíz de sus actividades durante 2014-2015. No todos entienden lo mismo por ‘evidencia’ Existe un consenso acerca del valor de usar evidencia en la formulación de políticas públicas: es importante porque mejora la calidad de las políticas y sus resultados. Pero, ¿cómo definimos lo que es y no es evidencia? Según Aníbal Velásquez, Ministro de Salud y quién fuera experto en evaluaciones para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y USAID, para que la evidencia sea útil para el proceso de hacer políticas, ésta necesita ser científica. Esto implica definir la evidencia como información rigurosamente obtenida. En ese sentido, la evidencia se opone a prejuicios, pasiones e intereses personales o partidarios. Esta definición ha sido prevalente entre la mayoría de investigadores que han participado en los eventos de la Alianza. Para algunos, la metodología rigurosa, entendida como científica, es la única forma de obtener información valiosa para formular políticas públicas de calidad. Esta fue la opinión de los participantes de la academia y de los think tanks de perfil más académico. Pero esto no es compartido por todos. Hemos aprendido de nuestras discusiones que no existe un solo tipo de evidencia utilizada para la política pública. Todo lo contrario, la evidencia puede referirse, por un lado, a data cuantitativa dura hasta, por otro, opiniones subjetivas y percepciones captadas por métodos cualitativos (o incluso, por el boca a boca) que pueden ser sistematizadas e incorporadas al proceso de decisiones (por ejemplo, los testimonios de violencia compilados por el Lugar de la Memoria). Y existen numerosas áreas grises entre ambas. La definición de evidencia, también, varía dependiendo de las disciplinas: en el derecho la palabra tiene connotaciones jurídicas que la caracterizan de forma distinta que en economía o salud. Igualmente, distintas instituciones definen estándares de evidencia o usos de la evidencia que, inevitablemente, influencia su definición. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Cultura deben trabajar tanto con evidencias cuantitativas como cualitativas pero les asignan valoraciones y usos distintos a cada una. Existen, finalmente, diversas jerarquías de evidencia. Pero ¿cómo, y por quién, se determinan?
Lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Un debate real? La valoración de la evidencia depende, de gran medida, de quién esté produciendo la evidencia, quién la está requiriendo y para qué va a ser utilizada. La evidencia, en sí misma, no es objetiva, sino que está sujeta a las valoraciones, suposiciones y prejuicios de los actores que la producen y utilizan de lo que constituye evidencia “real” para tal o cual proceso. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el esquema del Presupuesto por Resultados, establece que la evidencia para el diseño programático y necesidades de gestión debe ser producida por un proceso de evaluación y monitoreo. Para que la evidencia sea considerada útil en este proceso, debe ser principalmente cuantitativa e, idealmente, “monetizable”. Ya que este proceso sirve para determinar el presupuesto de los programas y políticas, la habilidad de los programas sociales de cuantificar sus resultados es de gran importancia para la comparación de opciones de política y la toma de decisiones. Esto, claro está, no significa que ministros, asesores o funcionarios del MEF consideren que la evidencia cualitativa es inapropiada para la formulación de políticas públicas o la toma de decisiones. Significa, sin embargo, que el instrumento para formular políticas públicas, el Presupuesto por Resultados, le da prioridad a la información cuantitativa. ¿Qué sucede con aquello que no puede ser medido? ¿Puede el éxito de un programa social determinarse solo en términos cuantitativos? A veces, hay cosas que necesitan ser explicadas más que medidas. La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), entre sus múltiples tareas, trabaja para producir y alimentar programas sociales con evidencia producida en tiempo real durante su implementación. Su razonamiento es el siguiente: los programas sociales trabajan para alterar y mejorar los medios de vida de las personas, lo cual significa cambiar comportamientos no deseados que perpetúan la pobreza (como no llevar a los hijos a la escuela o al centro de salud). Ya que alterar los comportamientos humanos es una tarea de por sí compleja (consecuencias no deseadas o no previstas) si un programa social no ve la necesidad de modificar en algún grado su diseño original, muy probablemente no estén mirando bien sus efectos. Esto no solo requiere que el programa sea flexible, sino que condiciona la forma como la evidencia es recolectada. En su esquema de evaluación y monitoreo, UNOPS usa una muestra representativa para colectar data cuantitativa, pero sus investigadores de campo son motivados a colectar data cualitativa también, que será priorizada en el análisis. Percepciones y opiniones de los beneficiarios sobre la calidad y utilidad de los resultados del programa son considerados más que las estadísticas de cumplimiento de objetivos. Por supuesto, la decisión de priorizar lo cuantitativo sobre lo cualitativo es influenciado Alianza Peruana para el uso de Evidencia Wordpress⋮Eventbrite Twitter: @Evidencia_Peru⋮Facebook.com/alianzaevidencia
por la naturaleza institucional de las organizaciones. UNOPS, una agencia de Naciones Unidas, puede tener más campo para discutir con libertad los pros y contras del uso de distintos tipos de evidencia. El MEF, como ministerio que asigna el presupuesto público, tiene que operar en líneas más rígidas. En cierto sentido, se puede decir que la información cuantitativa indica, mientras que la cualitativa explica. Es por ello que, Ipsos Perú, una empresa privada de investigación social que regularmente produce evidencia para el sector público, mencionó la importancia de combinar información cualitativa y cuantitativa. Más allá de lo cuanti o cuali: los testimonios Otro tipo de información también pueden ser igual de poderosa. Los testimonios de violencia perpetrada por el Estado durante la época de violencia recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación pueden no ser estadísticamente representativos (y puede que no busquen serlo), pero ciertamente tienen un impacto en la opinión pública (lo cual, a su vez, influencia en la política pública). De igual manera, testimonios de profesores de escuelas rurales, cuyo trabajo se afecta por la falta de soporte técnico, pueden ser igual de poderosos si reciben la difusión adecuada, sobre todo si sirven como contraste interesante a las estadísticas e información cuantificable. Esta tensión para determinar la jerarquía de la evidencia es en cierto sentido una cuestión de poder. Aunque pueda ser cierto que diferentes actores valoran la evidencia de distintas maneras, estos actores ciertamente tendrán distintos niveles de influencia sobre el proceso de formulación de políticas públicas. UNOPS, al monitorear un programa social, puede proveer recomendaciones, pero su trabajo también depende de poder convencer a funcionarios públicos de que son válidas. El MEF, por el otro lado, determina el presupuesto público, y su apreciación institucional hacia lo cuantitativo automáticamente tiene un impacto en cómo se evalúan las políticas públicas. Los medios a través de los cuales la evidencia es incorporada al proceso de formulación de la agenda pública son reponsables de condicionarla de valores y opiniones acerca de qué constituye evidencia útil, principalmente para quienes están encargados de formular dichas políticas, pero también por quienes producen la evidencia, como también, en algunos casos, por la opinión pública. Finalmente, es importante reconocer que estos distintos actores actúan dentro de parámetros pre-establecidos. No es que el MEF necesariamente considere inadmisible un relato cualitativo sobre la calidad de un servicio púlico sino que sus propias responsabilidades como ente fiscal demanda que priorice la evidencia cuantitativa. Igualmente, ONGs como Soluciones Prácticas tienen como misión el trabajo con los beneficiarios de tecnologías y políticas al nivel local; esto inevitablemente implica trabajar Alianza Peruana para el uso de Evidencia Wordpress⋮Eventbrite Twitter: @Evidencia_Peru⋮Facebook.com/alianzaevidencia
con muestras pequeñas por lo que la evidencia cualitativa cobra mayor importancia. Todos los participantes de la Alianza parecen reconocer que el debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo no es lo central. Más importante es encontrar maneras de maximizar el valor de usar todo tipo de evidencia en la toma de decisiones. Muchos más actores que producen evidencia Diferentes tipos de instituciones producen evidencia requerida para la política pública. Think tanks e institutos de investigación ciertamente tienen un rol importante, pero en el Perú, cada vez más son los productores de evidencia. Por ello, en la Alianza hemos invitado a más tipos de organizaciones. Del lado de los think tanks, la Alianza ha establecido contacto con centros reconocidos como GRADE, el INS, la SPDA, el IEP, Soluciones Prácticas y el CIUP. En las reuniones y eventos en los que participaron contribuyeron en la decisión desde distintos temas o disciplinas: por ejemplo, GRADE, en este caso, discutió sobre el sector educación, el INS sobre salud, Soluciones Prácticas, sobre desarrollo rural, y el CIUP sobre política económica y social. No todos los think tanks son iguales, tampoco: GRADE es un centro privado de investigación, INS es un centro público de investigación, Soluciones Prácticas es parte de una ONG internacional, y el CIUP es el centro de investigación de una universidad. Desde sector privado, Ipsos Perú y Videnza Cosultores participaron. Ambas son compañías especializada en hacer investigación para clientes que van desde las industrias extractivas a gobiernos locales, como también ministerios y otras oficinas del sector público. Cada una maneja métodos y técnicas de investigación distintas. Pero más allá de ser típicas consultoras, ámbas se auto-identifican como think tanks; y ambas fueron ganadores en sus categorías en el Premio PODER al Think Tank del Año del 2015. Desde la comunidad internacional, contamos con UNOPS, quienes presentaron su sistema de evaluación y monitoreo. CONCYTEC, una institución que maneja los fondos del Estado dedicados a ciencia y tecnología, también se unió a la discusión. Igualmente, participó el Ministerio de Economía y Finanzas que financia y promueve la generación de evidencia para la toma de decisiones dentro del marco del Presupuesto por Resultados. Igualmente, contamos con las presentaciones de las unidades de generación de evidencia de varios ministerios. PARSALUDII, un programa público participó presentando un proyecto de sistematización de sus experiencias. Estos son excelentes casos del doble rol de implementador de servicios y generador de evidencia e ilustran la complejidad del sector. Ya que todos comparten algunas de las mismas funciones, podemos agrupar a estos actores en tres categorías dependiendo de su origen o del campo de acción desde donde trabajan: la academia y sociedad civil, el sector publico, y el sector privado. Alianza Peruana para el uso de Evidencia Wordpress⋮Eventbrite Twitter: @Evidencia_Peru⋮Facebook.com/alianzaevidencia
¿Qué retos presenta la evidencia producida por centros de investigación de la sociedad civil en relación a su utilización para la toma de decisiones? Diversas instituciones en el Perú hacen investigación regularmente con el objetivo de usarla para influenciar, o por lo menos informar, la política pública. La calidad de esta evidencia está garantizada por el prestigio que tienen estas instituciones. La evidencia que estas producen desde la academia o desde centros de investigación independientes hace uso de la reputación de calidad que muchas veces es adjudicada a la academia. Se asume que dado que sus estudios tienden a ser publicados en revistas nacionales e internacionales, cuyos controles de calidad son estrictos y rigurosos, sus productos de investigación y sus recomendaciones de política deben ser igualmente robustas. Sin embargo, los centros académicos o think tanks enfrentan varios retos al momento de presentar sus evidencias y recomendaciones. 1.
Tiempos y oportunidades: Debido a que cumplir los procedimientos metodológicos rigurosos requiere tiempo, este tipo de evidencia no suele estar disponible en el momento oportuno. El manejo de tiempos es un tema crítico en la formulación de políticas públicas, como explicó Daniel Anavitarte, Jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación durante el conversatorio sobre las unidades de generación de evidencia en el sector público. El ciclo de formulación de políticas públicas no es lineal, sino que es sistémico: avanza en distintos frentes en paralelo a la velocidad que le permite los requerimientos de la burocracia estatal. Esto hace que las ventanas de oportunidad de usar la evidencia producida por la academia sean pocas, lo cual lleva a que este tipo de evidencia sea sub-utilizado. La brecha entre los modos y lenguajes de la investigación y las políticas públicas ¿La investigación académica conversa con el proceso de formulación de políticas públicas? Sí y no. Principalmente porque no existen muchos espacios para intercambiar información libremente entre el sector público y la academia (la Alianza busca conformarse como tal). No es inusual que thinktankers en el Perú reclamen que sus estudios no son tomados en cuenta. Pero también es cierto que muchos investigadores de centros académicos (como GRADE, el CIUP y el IEP) tienden a dividir su carrera entre la academia y el servicio público. Así, la falta de espacios de intercambio se compensa con los investigadores mismos cumplan este rol como bisagras. Pero aún cuando muchos investigadores pasan parte de su tiempo trabajando en el Estado (ya sea de ministros o asesores) los modos y el lenguaje de trabajo puede ser tan distinto que las oportunidades de llevar a la práctica lo estudiado desde la academia son menos comunes de lo que se asume. Alianza Peruana para el uso de Evidencia Wordpress⋮Eventbrite Twitter: @Evidencia_Peru⋮Facebook.com/alianzaevidencia
2.
La comunicación de los resultados de las investigaciones es todavía insuficiente: Soluciones Prácticas en su presentación a la Alianza habló de la importancia de una buena estrategia de comunicación para garantizar que los resultados e información producida sean tomados en cuenta. Esto requiere que think tanks y academia tomen en cuenta quién es público más allá de la comunidad académica, ya sea la opinión pública, funcionarios hacedores de políticas, profesionales de la comunidad internacional, o cualquier otro. Existen otros centros de investigación con rigurosidad académica que no pertenecen únicamente a la sociedad civil peruana ni al sector público –sino que habitan un espacio entre ambos. Organizaciones como el Centro Internacional de la Papa (CIP) es una de esas organizaciones. Su afiliación es a una red de centros de investigación internacional que le permite llevar a cabo estudios de alta calidad así como de aplicación tanto en el Perú como en el extranjero. Estos centros (Soluciones Prácticas es otro, por ejemplo) actúan de importantes canales de comunicación de conocimiento global a las necesidades peruanas. ¿Qué retos enfrenta la evidencia producida por el sector público? Otra fuente, cada vez más, importante de evidencia para la política pública es aquella que se produce desde diversas oficinas del Estado: 1. En primer lugar, existen los think tanks del sector público, como el Instituto Nacional de Salud, que tiene un nuevo brazo técnico: UNAGESP. En su presentación ante la Alianza, Lely Solari de UNAGESP explicó que ellos conducen investigación a pedido del Ministerio de Salud, pero se mantienen independientes al recibir fondos directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto le permite, si se vuelve necesario, aconsejar en contra de la política ministerial, basándose en la evidencia que producen o acopian. 2.
Otro tipo de evidencia producida por el sector público viene de las diversas evaluaciones que instituciones públicas conducen en concordancia con el nuevo sistema del Presupuesto por Resultados (PpR) que implementa el MEF –además de las evaluaciones y sistematizaciones que distintos ministerios y programas ejecutan, por ejemplo, como el caso de la sistematización de PARSALUDII.
3.
Por lo general, y a todos los niveles, el Estado comisiona estudios y consultorías que le sirven para tomar decisiones. Estos son comúnmente producidos por consultoras privadas o centros de investigación académicos o think tanks pero gestionados y coordinados por el gobierno.
A diferencia de la evidencia producida por la academia o por think tanks independientes, existe un constante cuestionamiento sobre la independencia o neutralidad de aquella producida por el Estado. ¿Son todos los think tanks públicos tan independientes como el INS? ¿Cómo se genera la evidencia desde los think tanks públicos? En contraste con el Alianza Peruana para el uso de Evidencia Wordpress⋮Eventbrite Twitter: @Evidencia_Peru⋮Facebook.com/alianzaevidencia
trabajo de investigadores académicos, cuyas carreras cada vez están más enfocadas en publicar y diseminar sus hallazgos, la investigación realizada desde el Estado tiende a estar enfocada en la solución de problemas específicos y a mantenerse bajo puertas cerradas y, en el Perú, no es siempre sujeto de publicación. Compartir información no es una práctica común del sector público, sea con el público en general, entre sectores o incluso dentro de los mismos ministerios. El Presupuesto por Resultados es un sistema que implementa en el Estado Peruano desde el MEF que implica reestructurar la forma tradicional como el presupuesto público se maneja en el Perú. En su presentación a la Alianza, el MEF explicó cómo el PpR requiere que las políticas públicas sean evaluadas y monitoreadas durante las cuatro etapas principales del proceso: diseño, presupuesto, implementación y resultados. Esto implica moverse de un modelo lineal o causal (donde la evaluación aparece al final) a un esquema más flexible, donde los objetivos del programa están sujetos a cambios si se prueba que es necesario. En el esquema del PpR, cada parte del proceso de políticas públicas es evaluado. La evidencia producida o comisionada por el Estado puede compartir los mismos principios metodológicos que la academia –y, de hecho, tener a los mismos investigadores involucrados-, pero goza de mayor poder en el proceso de hacer política pública como manda el PpR. Un argumento clave usado por el sector público es que estos estudios y evaluaciones pueden utilizar información del sector público a la que académicos y profesionales del sector privado no tienen acceso. ¿Cómo produce el sector privado evidencia para la política pública? Instituciones privadas llevan a cabo investigación para el sector público, principalmente, bajo la fórmula de consultorías. Ipsos Perú y Videnza Consultores, quienes presentaron su trabajo ante la Alianza, son ejemplos de esto. Mucha de la evidencia que producen es, por definición, privada –aún cuando haya sido requerida por el Estado. Actualmente no hay mecanismos formales que obliguen a las instituciones públicas a publicar los resultados de las investigaciones que conducen o contratan. Existe bastante información producida por oficinas públicas bajo la forma de consultorías, pero esta información rara vez se comparte. Por ende, se mantiene sub-utilizada, ya que solo está disponible para quienes la pidieron. Esta es una barrera importante para el uso de evidencia en la política pública en el Perú. Luego, encontramos la evidencia generada por el sector privado para sus propios propósitos. Por ejemplo, las compañías producen información para conocer mejor a sus clientes, sus mercados, potenciales oportunidades de negocio. Las mismas empresas que realizan consultorías de investigación para el sector público también lo hacen para el Alianza Peruana para el uso de Evidencia Wordpress⋮Eventbrite Twitter: @Evidencia_Peru⋮Facebook.com/alianzaevidencia
sector privado. ¿Cómo se utiliza esta evidencia? ¿Sirve para la política pública? ¿Cómo se podría compartir sin comprometer la naturaleza del negocio de estas empresas? Algunas de estas preguntas se plantearon en las reuniones y eventos de la Alianza pero quedaron pendientes por responder. Un actor cada vez más importante en este sector es el Estado mismo. El sector público, ya sea mediante contrataciones de consultorías o por medio de fondos de investigación e innovación como los ofrecidos por CONCYTEC, es un creciente promotor y financiador de la investigación y generación de evidencia desde el sector privado. Como hemos visto, sin embargo, el Perú no es un país donde haya una falta de producción de evidencia. Sea de institutos de la sociedad civil, instituciones privadas o centros de investigación públicos, existe mucha demanda por la evidencia para políticas públicas, especialmente de los cuadros tecnocráticos dentro de ministerios. Aunque lentamente, esta es una práctica que se está expandiendo a otros sectores del Estado. No obstante, existen aún barreras vigentes que limitan su uso. Existen inequidades en la generación de evidencia De la mano con la pregunta “¿qué evidencia importa más?” está la pregunta ¿la evidencia de quién importa más?” En las secciones anteriores hemos identificado differencias en la generacion de evidencia dependiendo de las fuentes institucionales: la sociedad civil o la academia, el sector público y el sector privado. Cada cual es vista con más o menos credibilidad por los tomadores de decisiones –dependiendo de sus intenciones y necesidades. Pero la Alianza trató también un aspecto más personalizado de la fuente de la evidencia y el conocimiento. Dos eventos, uno sobre el testimonio de violencia como evidencia y el segundo sobre el rol de las mujeres en la generación y uso de la evidencia, trataron este tema a profundidad. En un primer caso se trató, aunque brevemente, de la evidencia ofrecida por las víctimas de la violencia política: hombres y mujeres que comúnmente no son escuchados. Durante el evento se resaltó que en este caso, el proceso de dar evidencia al Estado (y a la sociedad) constituye un proceso político y empoderador importante para las víctimas. En ese sentido, la participación de la población, por ejemplo, de los beneficiarios de las políticas públicas que la evidencia ofrecida por distintos actores institucionales buscan informar, es fundamental para la legitimidad de las políticas y para la construcción de ciudadanía. Dicho de otra manera, sí importa quién produce y comunica la evidencia. Esta fue la pregunta central del evento sobre el rol de las mujeres en la producción y utilización de evidencia para las políticas públicas. En el evento, el panel estuvo de acuerdo en que, por Alianza Peruana para el uso de Evidencia Wordpress⋮Eventbrite Twitter: @Evidencia_Peru⋮Facebook.com/alianzaevidencia
razones tanto formales como informales, las mujeres se encuentran en desventaja ante los hombres en la academia. Sus oportunidades de ascender en la carrera se ven afectadas por diversas barreras entre las que relata la mayor carga de responsabilidades relacionadas al hogar y al cuidado de sus familias. Esto se refleja en una menor participación de las mujeres en ciertas disciplinas, sectores (especialmente aquellos considerados “más masculinos”) y en la producción de ciertos tipos de evidencia –por ejemplo, la investigación cualitativa es es típicamente asociada con mujeres.
Barreras existentes para el uso de evidencia en la formulación de política públicas en el Perú La primera es el manejo de tiempos. El sentido de urgencia en el sector público se deriva del hecho que los periodos de gobierno son cortos (cuatro años) y los procesos de formulación de políticas son lentos. El uso de evidencia, así sea produciéndola desde el sector público o concesionándola al sector privado, toma tiempo y no siempre coincide con los tiempos de la demanda. Así, mucha de la evidencia queda sub-utilizada, dado que no está disponible en el momento oportuno. Un cambio cultural en la institucionalidad del sector público sería el camino para mejorar esto. Mayor transparencia y mayor capacidad para compartir información entre sectores del Estado sería fundamental. Actualmente, no existe mecanismo legal que obligue a las instituciones públicas a mantener disponible al público en general estudios que se concesionan al sector privado. De alguna manera, esto genera la privatización de la información pública. Con más información disponible, la calidad de la evidencia mejora y, con ella, la calidad del gasto público. Otra barrera es que tradicionalmente no ha habido mecanismos formales que condicionen el gasto público al uso de evidencia. Esto ha empezado a cambiar con la introducción del Presupuesto por Resultados, que exige la incorporación de nuevos sectores de generación de evidencia en el Estado. La limitada capacidad técnica de algunos servidores públicos es algo que se ha mencionado en repetidas ocasiones durante nuestras discusiones y eventos. Esta capacidad se refiere a habilidades limitadas para entender y utilizar documentos de investigación. A pesar de que esto puede ser cierto, no quita la responsabilidad de las instituciones dedicadas a producir evidencia de comunicar efectivamente sus resultados tomando en cuenta la capacidad de su público. Alianza Peruana para el uso de Evidencia Wordpress⋮Eventbrite Twitter: @Evidencia_Peru⋮Facebook.com/alianzaevidencia
Finalmente, la evidencia no es el único insumo de la política pública. Valores personales y públicos (incluso cálculos políticos) juegan un rol clave en la formulación de políticas. Es importante reconocer que los hacedores de políticas públicas responden a la ciudadanía, lo cual significa que deben tomar en cuenta sus valores, intereses y creencias. Al final, la política pública es un tema de valores: la evidencia nos dice qué es, pero no qué hacer. Lecciones para la Alianza Peruana para el Uso de la Evidencia Estos dos años han dejado importantes lecciones para la Alianza que informarán sus futuras acciones. Ante todo, reconocemos que los espacios creados por la Alianza han servido para que un creciente número de personas se involucre en la discusión sobre el uso de la evidencia en las políticas públicas. Estos espacios han sido altamente valorados por los participantes. Las discusiones han resaltado el creciente rol del estado en la promoción de evidencia para las políticas públicas así como en la creación de procesos y espacios para que esta sea utilizada. Resulta importante, por lo tanto, continuar el esfuerzo de acercarse al sector público y darles un espacio en las reuniones y eventos públicos de la Alianza. Los eventos han servido también para crear oportunidades de diálogo entre los distintos sectores: público, privado y sociedad civil. Estos han ofrecido resultados muy interesantes principalmente sobre las barreras que existen en relación a la comunicación entre ellos. Por ejemplo, las dificultades que encuentran el sector privado y la sociedad civil y lograr que sus investigaciones alcancen a los tomadores de decisiones. El diálogo a travez de la Alianza ha servido para fortalecer las relaciones entre estos sectores así entender mejor los procesos formales e informales de cada uno. Este es un tipo de evidencia rara vez producida en el Perú: acerca de cómo opera el sector público, por ejemplo. Esta es evidencia invaluable para cualquiera que busque informarlo o fortalecer su capacidad de acción. Se requiere, por lo tanto, un mayor esfuerzo por compilar y promover el estudio de los distintos actores y procesos que participan en la generación y el uso de la evidencia para las políticas públicas. Finalmente, reconocemos que Lima no es el Perú. Así como se han reconocido importantes inequidades en la generación de evidencia (algunos sectores son más estudiados que otros) debemos reconocer que este diálogo debe llegar a otros espacios fuera de Lima. Establecer espacios de discusión sobre el uso de la evidencia en las políticas públicas a nivel regional o local es un paso necesario para la Alianza.
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