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3 Rafael Escuredo Rodríguez
Presidente de la Junta de Andalucía desde 1979 a 1984
Un 28 de febrero o resulta arriesgado decir que la fecha del 28 F representa para nosotros algo más que el recordatorio de un referéndum que los andaluces ganamos y que marcaría un antes y un después en la historia de nuestra tierra. En efecto, aquel día que amaneció frío y soleado, no fue un día como cualquier otro; supuso de hecho y de derecho la catarsis de una sociedad históricamente marginada por las élites gobernantes, en el camino de su redención como pueblo, y en la senda de la recuperación de su propia autoestima.
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Porque, por encima de cualquier otra consideración, dicha fecha supuso que el pueblo andaluz, tradicionalmente anclado en el pesimismo y la marginalidad, se pusiera en pie y comenzara a reclamar lo que en justicia le pertenecía, y lo que durante tanto tiempo se le había negado: un autogobierno en un plano de igualdad con el resto de las llamadas nacionalidades históricas, y la necesidad de poner en marcha nuevas políticas de carácter económico y social que pusieran fin al endémico subdesarrollo que padecíamos. Cuatro datos, tan dramáticos como elocuentes, pueden servirnos para definir el grado depostración de nuestro pueblo: un paro muy por encima del veinticinco por ciento, trescientos mil niños sin escolarizar, más de un millón de analfabetos, y una red de carreteras regionales tan deficiente como mejorable. Claro que podríamos extendernos en los déficits que engalanaban el perfil de una tierra que parecía condenada a la eterna postración de sus gentes. No conviene olvidar que el Constituyente de 1978 no quiso o no pudo equiparar a todas las regiones y territorios del Estado bajo un mismo patrón en el ámbito competencial, y político. Por el contrario, diseñó un mapa territorial de España por virtud del cual las denominadas nacionalidades históricas del norte, Galicia, Euskadi y Cataluña disfrutarían desde el primer momento de unos Estatutos de primera clase, mientras que al resto de las regiones, entre las que se encontraba
Andalucía, nos relegaban a un segundo plano estatutario sin derecho a las instituciones básicas como el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y en el marco de un ámbito competencial restringido. Pues bien, mediante el Referéndum del 28 F, el pueblo andaluz fue capaz de superar todos los obstáculos constitucionales de acceso a la Autonomía de primera, y equipararnos a los Estatutos inicialmente reservados para las nacionalidades anteriormente referenciadas. Aquel acontecimiento supondría la quiebra del diseño estatutario inicial, y sentaría las bases de un Estado Autonómico en el camino hacia un Estado Federal. Pero toda aquella batalla ¿para qué?, se preguntarán algunos. En primer lugar, y como decía anteriormente, para recuperar nuestra autoestima como pueblo, que no es poco; en segundo lugar, para gobernarnos a nosotros mismos; tercero para reivindicar nuestra cultura y, por último, para establecer un marco de convivencia democrático en el que la proximidad de gobernantes y gobernados generaría confianza y facilitaría la interpretación de los anhelos y deseos de nuestro pueblo. A partir de entonces, cualquiera que haya visto y vivido la Andalucía de entonces, y la de ahora, estará en condiciones de testimoniar hasta qué punto hemos sido capaces de cambiar la faz de nuestra tierra que, de ser un país subdesarrollado, ha pasado a ser una Comunidad emprendedora y moderna. Una Comunidad en la que sectores tradicionales como la agricultura, el turismo y los servicios han alcanzado cotas tecnológicas homologables a las de los países más avanzados de nuestro entorno europeo, mientras que otrossectores punteros como la aeronáutica, la investigación en células madres y trasplantes, las nuevas tecnologías de uso empresarial, la competitividad de nuestras Universidades, los cambios en el modelo productivo, las energías renovables y el medio ambiente, son algunas de las muestras palpables de los avances alcanzados, por no hablar de la red de autovías de última generación que hoy cubren horizontalmente nuestra tierra. Pues bien, todo eso y mucho más, que por razón de espacio no podemos reseñar, se produjo a partir de aquel 28 F en el que millones de hombres y mujeres de nuestra tierra se pusieron en pié, dijeron basta, y empezaron a caminar. •
4 José Rodríguez de la Borbolla Camoyán
Presidente de la Junta de Andalucía desde 1984 a 1990
Algunas ideas para España
a lucha por la Autonomía de Andalucía no se planteó únicamente pensando en Andalucía. Y no se planteó tampoco desde la perspectiva de una mera recuperación de una identidad perdida o sojuzgada. Se planteó pensando en España y en todos los españoles.Y se planteó con la idea de conseguir un instrumento político de gran alcance que, al mismo tiempo que sirviera para transformar Andalucía desde ella misma, sirviera para hacer posible una mayor igualdad entre todos los ciudadanos de España, tanto en lo relativo a los niveles de vida y de renta como en lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos básicos.
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En estos momentos, de grave crisis institucional y pensando que la mejor vía de resolverla es una “adecuación” o reforma del Texto Constitucional, con la que se recoja lo construido desde 1978 hasta aquí; mediante la cual se completen los mecanismos necesarios para un funcionamiento más federal del Estado, de las CC.AA. y de las Administraciones Públicas respectivas; y por la que se consoliden, y “ritualicen”, en su caso, los hechos diferen-
ciales y las singularidades históricas de cada territorio, Andalucía debe seguir trabajando por España y por los españoles, con la vista puesta en Europa y en elmundo globalizado. La posición del PSOE, fijada en la Declaración de Granada y ratificada por la Conferencia Política es una propuesta solvente, sobre la base de la cual habría que avanzar en busca de acuerdos. Las posiciones firmemente defendidas por la Presidenta Díaz nos hacen pensar que Andalucía seguirá teniendo un papel clave en ese proceso para España. Pero quizás no fuera negativo hacer algunas reflexiones adicionales. Para dirigir y transformar un territorio, lo básico son las competencias y la financiación. Competencias nítidas, financiación suficiente y equitativa para la prestación de los servicios públicos derivados de esas competencias, y financiación bastante para la inversión y la obra pública, ya sea de mantenimiento, ya sea para nuevas infraestructuras. A partir de ahí, se puede dialogar sobre muchas otras cosas. Convendría que se empezara a pensar sobre ello. En primer lugar, será necesario
desarrollar, para que se apliquen, más y mejores mecanismos de cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En un mundo globalizado, tiene cada vez menos sentido que sean colocadas “fronteras autonómicas” para la regulación de cuestiones simples o para problemas que han de tener soluciones comunes. Por otra parte, la gran mayoría de las CC.AA., desde mi punto de vista han incurrido, al menos, en dos prácticas “exageradas”: La primera de ellas ha sido la de la “legislación sin tasa”. Los Gobiernos creen que la política consiste únicamente en hacer leyes; los Parlamentos creen que se legitiman legislando continuamente; y las leyes que se producen, a menudo, son más programáticas y retóricas que realmente efectivas. En muchos casos no sirven ni para ordenar mínimamente la realidad. Convendría pensar en el papel de los Parlamentos Autonómicos, una vez consolidadas las Autonomías. La segunda práctica errónea a la que quiero referirme es el excesivo “mimetismo institucional”, ya sea en relación con el Estado español, ya sea en observación de otros entes territoriales intermedios, españoles o de fuera. Puede que sobren instituciones y órganos. El árbol de la Autonomía andaluza, por ejemplo, está lo suficientemente enraizado y crecido como para que se pueda pensar en podarle algunas ramas. Ello podría redundar, incluso, en su propia vigorización. Es una opinión. •
5 Amparo Rubiales Torrejón
Doctora en Derecho Administrativo U.S. Vicepresidenta Ejecutiva de la fap
De la autonomía al federalismo l 28 de febrero, glosado año tras año, marcó la organización territorial de España, uno de nuestros graves problemas de convivencia, de acuerdo con lo que la Constitución recogía cuando hablaba del derecho a la autonomía de “nacionalidades y regiones”, pero que solo los denominados territorios históricos sabían a donde conducía, los demás teníamos abiertos dos caminos, y Andalucía eligió el más difícil que terminó generalizándose, dando lugar a lo que conocemos como Estado de las Autonomías, que tiene, pues, su origen en nuestra tierra y que se ha mostrado muy eficaz durante más de 30 años, con tensiones evidentes, como es normal en los Estados compuestos.
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Que hay un antes y un después en la organización territorial de España no lo discute nadie ni que la autonomía ha sido un instrumento esencial para la convivencia democrática y el desarrollo de nuestra tierra. Las dificultades han sido muchas y graves problemas siguen subsistiendo, pero Andalucía tiene una influencia política en toda España que, en estos momentos de grave crisis económica y territorial, y con un nuevo liderazgo, se acentúa. En el estudio “Por una reforma federal del Estado autonómico” realizado por un grupo de expertos/ as por encargo de la Fundación Alfonso Perales se dice, con acierto, que: “El Estado autonómico ha perdido legitimidad de ejercicio en estos últimos años y, al carecer de una legitimidad de origen claramente reconocible, se ha quedado suspendido en el aire”. Los problemas, sobre todo los derivados del independentismo catalán, no han hecho más que acentuarlos.
El modelo autonómico es un modelo abierto, que, después de más de treinta años, conviene cerrarlo y este cierre, para que siga haciendo posible la convivencia en paz y armonía entre los diferentes territorios que integran España, no puede ser otro que el Estado federal, para lo cual habrá que reformar la Constitución, algo que puede ser, con voluntad política y esfuerzo de todos, relativamente sencillo, porque de hecho el Estado de las Autonomías es un Estado federal, aunque así no se llame, pero conocemos aquel viejo aforismo que dice que “las cosas son lo que son y no como se las denomine”. Reformar la Constitución es una ardua tarea, pero no es imposible, ni conviene sacralizarla; en todos los países se hace cuantas veces es necesario y hay ya algunas cosas que son de importante consenso: la reforma del Senado para que cumpla realmente su función de Cámara de representación territorial, garantizando la presencia de los Gobiernos autonómicos, el reparto competencial para que quede constitucionalmente cerrado y una financiación autonómica justa para todos; a esto, y algo más, se le debe añadir el reconocimiento de las singularidades existentes y muy arraigadas en algunos territorios, sin que eso suponga privilegios ni desigualdades para los demás. Si el 28 F significó la extensión y consolidación desde Andalucía del Estado de las autonomías, ahora estamos en condiciones de ser los impulsores de ese Estado federal que será la única manera del salir del grave atolladero territorial en el que estamos. •
6 Mar Moreno Ruiz
Senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía
Columnas de Hércules
as legendarias columnas de Hércules señalaban el límite del mundo conocido para los antiguos navegantes del mediterráneo. Estas columnas han formado parte de la heráldica española e iberoamericana por el indudable atractivo y simbología del mito, de hecho las columnas de Hércules forman parte del escudo de España y del escudo de Andalucía, la tierra en la que se alzaron.
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Digo esto, porque tengo la sensación de que Andalucía vuelve a sostener los principales pilares que identifican el mundo conocido hasta hoy. La educación y la sanidad se alzan en Andalucía como dos columnas firmes que sostienen la sociedad tal y como quisimos diseñarla aquel 28 de Febrero. El esfuerzo que está realizando el gobierno de Susana Díaz para garantizar el mantenimiento de estas dos políticas imprescindibles para la igualdad de oportunidades y el bienestar de la ciudadanía será más visible dentro de unos años que hoy. Dentro de unos años, en la mayor parte de España serán irremediables las consecuencias brutales del
proceso de privatización y adelgazamiento de ambos servicios públicos esenciales. Las políticas conservadoras, con la excusa de la tormenta, están tirando por la borda el tesoro más valioso que hemos conseguido en los primeros treinta años de exitosa democracia española: la cohesión social. Han sido las políticas de cohesión social las que han hecho posible el milagro de que, en una sola generación, una madre jornalera pueda abrazar a su hija magistrada. Han sido las políticas de cohesión social las que han hecho posible que el hijo de un albañil sea operado en el mismo quirófano, por los mismos especialistas que la hija de un arquitecto. Esos fueron los objetivos que los progresistas de este país se propusieron cuando se redactó la Constitución Española, aunque para ello tuvieran que ceder en tantas otras cosas. Ese fue el anhelo con el que Andalucía se echó a la calle para conquistar un autogobierno que hiciera a los andaluces y andaluzas más libres e iguales. Andalucía está cumpliendo con sus obligaciones presupuestarias. El Gobierno de España nos mira
con lupa, buscando un fallo para que sobre nosotros caiga la ira de los dioses financieros, pero se está encontrando con una gestión más responsable, austera y eficiente que la de muchas otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. El presente de Andalucía pasa por cumplir con los objetivos de déficit y cumplir con la palabra dada a la ciudadanía, de manera y forma que mañana, esas dos columnas, la educación y la salud públicas sigan alzándose fuertes y firmes en Andalucía, aunque por desgracia, en otros lugares de España lleven camino de convertirse en un recuerdo legendario. Superaremos esta crisis. Volverá a crearse empleo (no voy a hablar hoy de en qué condiciones). La economía no tardará en generar dinamismo y oportunidades. En otros lugares, cuando eso ocurra, los ciudadanos comprobaran que la crisis se llevó por delante la construcción de décadas: el estado del bienestar. En Andalucía, con muchos sacrificios, tomando decisiones muy difíciles, priorizando y decidiendo, la ciudadanía comprobará que las columnas vertebrales de lo que quisimos ser siguen en pie. •
7 Gregorio Cámara Villar
Catedrático de Derecho Constitucional UGR
Andalucía en el Estado autonómico ontemplando el subdesarrollo en el que nos tenía sumido un régimen autoritario y una estructura económica clasista y agraria, el Prof. Murillo Ferrol escribió en los años sesenta: “Si el andaluz acomodado piensa en Madrid y el andaluz pobre piensa en Barcelona, ¿quién piensa entonces en Andalucía?”. La imagen de Andalucía era la de una región subdesarrollada, anclada en el tipismo, penetrada de la cultura de la desigualdad y la sumisión. Pese a sus rasgos estereotipados, esta descripción respondía a la realidad de aquellos tiempos. Pero no respondía al ser de Andalucía, sino que era la consecuencia de la opresión política, económica y social a la que estaba sometida la mayoría de la población.
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Pero Andalucía despertó con fuerza en la Transición y se empleó a fondo en reanudar lo que quedó pendiente en la Segunda República para lograr su autonomía y ponerla al servicio de la superación de aquella dura realidad. El fervor autonómico del pueblo andaluz que expresaba profundos deseos de autogobernarse alcanzó su cima el 4 de Diciembre de 1977 en las manifestaciones que realizaron un millón y medio de andaluces y andaluzas; y con el respaldo de este gran caudal de apoyo popular se siguió con éxito, pese a numerosas trabas políticas, la vía del artículo 151 de la Constitución para el acceso a la autonomía con el máximo nivel competencial permitido, equiparándose a las nacionalidades llamadas
“históricas”. De esta manera, tras la superación del referendum el 28 de febrero de 1980 y la aprobación del Estatuto en 1981, Andalucía incidió con gran fuerza en el proceso autonómico, introduciendo la dinámica de una distribución territorial del poder político tendencialmente homogénea y sin situaciones diferenciadas de privilegio. Sin Andalucía y la irradiación de su impulso autonómico no podría entenderse nuestro actual modelo de Estado, cuyas características federales, pese a los déficits que en este sentido presenta, son evidentes. Como subrayara en su día el Prf. Antonio Domínguez Ortíz, la adhesión de los andaluces a la idea autonómica lo fue por razones sentimentales y de eficacia, y no comportaba ninguna insolidaridad ni afán de confrontación con los demás territorios de España, sino la búsqueda de la igualdad. La autonomía se concibió como un gran instrumento para el cambio y el desarrollo de nuestra tierra y de los demás territorios de España. Y, con aciertos y errores, en ese empeño hemos estado desde la promulgación de nuestro Estatuto en 1981 y ahora con el reformado de 2007, cuando es preciso, debido a la globalización, a nuestra pertenencia a la UE y sobre todo a la crisis económica, redefinir objetivos y sentar las bases para un nuevo giro en la estructura económica, aprovechando nuestras potencialidades y la sinergia del proceso de modernización y desarrollo experimentado a lo largo de los tres últimos decenios. Pero
para esto necesitamos generar un contexto de modernidad en nuestra cultura política, adoptando valores universalistas y culminar una ambiciosa reforma administrativa, cuya realización está demorándose desde hace años. Más de un tercio de siglo después, el juicio certero de Dominguez Ortíz tiene plena vigencia. Desde Andalucía se ha venido apostando de manera realista por el modelo federal cooperativo, primero marcando líneas de desarrollo político al Estado de las Autonomías, contribuyendo a su cohesión y normalización y a la realización del Estado de bienestar; y ahora, cuando las circunstancias han cambiado y así lo requieren el desafío soberanista, los intentos recentralizadores y la superación de los déficits estructurales y de funcionamiento de este modelo, desde el socialismo andaluz se propicia una ambiciosa y sugestiva reforma constitucionalfederal del Estado que, partiendo de los principios de unidad, autonomía y estado social, tiene como ejes centrales la igualdad, la solidaridad y el respeto a la pluralidad territorial manifestada en los “hechos diferenciales”. Una propuesta que está sirviendo para articular en instancias nacionales un proyecto político integrador, capaz de asegurar las mismas condiciones sociales básicas de vida y de derechos y deberes a la ciudadanía en el conjunto del Estado, reconociendo y respetando la diversidad social y cultural de formas de vida, de tradiciones y de instituciones como una extraordinaria riqueza para todos, pero sin admitir que esas singularidades puedan hacerse valer para cualquier clase de privilegio o para romper la solidaridad entre los territorios. •
8 Javier Pérez Royo
catedrático de Derecho Constitucional
Y ahora ¿qué? esde la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña España se ha quedado sin Constitución territorial. Formalmente todo sigue igual, pero materialmente todo es distinto. A la renovación de la unidad política de España mediante el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que fue el núcleo esencial del proceso constituyente de 1978 y de los diversos procesos estatuyentes de los años inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, le puso fin el Tribunal Constitucional con la Sentencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Estatuto no se pacta. El Estatuto se impone incluso contra la voluntad expresada en referéndum. El principio de unidad se hace efectivo no mediante el ejercicio del derecho a la autonomía sino contra el ejercicio del derecho a la autonomía.
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En estas estamos. El Estado, a través del Tribunal Constitucional, ha dicho la última palabra. La interpretación del pacto constituyente de 1978 mediante los pactos estatuyentes de 1979 a 1983 sigue siendo el marco para el ejercicio del derecho a la autonomía. El principio de unidad política del Estado no admite una interpretación distinta de la que se hizo en el momento de inicial puesta en marcha de la Constitución. La reacción desde Cataluña ya sabemos cual ha sido. Si no se respeta el pacto alcanzado entre las Cortes Generales y el Parlament, refrendado por el cuerpo electoral, si el ejercicio del derecho a la autonomía siguiendo el procedimiento previsto tanto en la Constitución como en el Estatuto, no es compatible con el principio de unidad política del Estado, pues entonces, tendremos que que convertir la autonomía en independencia y poner en marcha un proceso de secesión. Es el proceso que, a trancas y barrancas, se viene abriendo camino desde que se hizo pública la STC 31/2010.
El Tribunal Constitucional con su decisión y el Parlament y el Govern con su reacción frente a la misma han puesto fin al acuerdo político en el que había venido descansando la estructura del Estado desde la entrada en vigor de la Constitución. El Estado Autonómico ha sido pacto político traducido en norma jurídica. Sin el pacto político, la norma jurídica es una norma vacía. Y no solamente para Cataluña, sino para todas las comunidades autónomas. Cataluña somos todos en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. Si la fórmula consensuada para la integración de Cataluña en el Estado no vale para Cataluña, tampoco vale para las demás. La unidad política de España sin Cataluña sería muy diferente que con ella. No solamente Cataluña tendría que hacer un proceso constituyente. España y las demás nacionalidades y regiones también tendrían que hacerlo. Tanto si se produce la secesión de Cataluña como si no, lo que no se va a poder mantener es el bloque de la constitucionalidad de estas últimas décadas. El binomio Constitución-Estatuto ya no puede ser la fórmula para la integración de Cataluña y País Vasco en España. La respuesta tiene que ser otra. Esa otra respuesta puede limitarse a resolver el problema vasco y catalán o puede diseñarse como una respuesta con alcance para todo el territorio del Estado. Esta segunda sería, en mi opinión, la que Andalucía debería proponer. Tiene un nombre: Estado Federal. •
9 Javier Aroca
licenciado en Derecho y Antropología
En un nuevo escenario n 1983, unos jóvenes políticos andaluces negociaban en Madrid con sus homólogos capitalinos un importante paquete de transferencias. Eran unos chicos de provincias, de apenas a diez kilómetros de África, como oyeron murmurar a sus henchidos interlocutores, y eso que eran del mismo signo político; de ahí mejoraron a chicos de la autonomía. En Madrid dudaban no sólo de su capacidad de ser autónomos sino incluso de su competencia profesional. Con el tiempo acabaron viendo reconocido su talento, luego, incluso su liderazgo en lo que se traían entre manos. Recordaba la anécdota con sus protagonistas, al tiempo que repasaba unas notas sobre la historia de los acuerdos de pesca con Marruecos. A pesar de que, ya desde el Protectorado, una gran mayoría de la flota en aquellas aguas era andaluza, Andalucía no aparecía una sola vez en los textos como tal, hasta que la competencia pasó de española a europea y, en el nuevo marco, adquirió el papel institucional hasta entonces negado. Las dos referencias marcan dos momentos. En el primero, a comienzos de la autonomía, apenas se nos reconocía un papel subordinado, incómodos a veces, éramos intrusos, actores secundarios como máximo; en el segundo, mucho antes, cuando sólo pensaban en el autogobierno algunos a los que llamaron ilusos, Andalucía no era sujeto político de nada, no existía, daba igual que fuera de su interés. Ha sido un duro aprendizaje. Hemos pasado con fre-
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cuencia, a pesar del estatus conquistado, desde fuera de Andalucía, del reconocimiento a la desconsideración; desde dentro, de la creencia y convicción en nuestro propio papel, a la desconfianza en nuestras posibilidades . Hoy eso es impensable, el autogobierno ha sido determinante. Andalucía es actor político de primer nivel y no hay una sola cuestión que nos ataña que pueda ser tratada sin tener en consideración a sus instituciones de autogobierno, por mucho que se pretenda ignorarlas. Ese es el verdadero cambio cualitativo: Andalucía actor político. Poder político sin embargo modulado en función de la personalidad y la convicción política de los titulares de ese poder, andaluz, pero que se llevará por delante a quién no lo ejerza. Han pasado más de treinta años y hoy nadie pone en cuestión el entramado institucional de Andalucía. Solo el centralismo embozado de siempre o el aventurerismo de partidos lowcost sin apenas implantación en nuestro país. La última encuesta de CADPEA, de la Universidad de Granada, a pesar de la lluvia fina de desprestigio contra el Estado de las Autonomías, pone de relieve que más del 63% de los andaluces son partidarios de la descentralización política, como la actual o avanzada hacia el estado federal. No hay marcha atrás, lo cual no quiere decir que debamos vivir en la complacencia y ausencia de crítica. Hemos fallado, pudiendo haber empezado de nuevo. Se han reproducido vicios del centralismo que hemos mimetizado, se han inaugurado nuevos clientelismos , creado inercias que, a veces, nos han conducido por el peor de los caminos: la corrupción; no hemos erradicado uno de nuestros vicios: el localismo. Lo más grave, sin embargo, es que no hemos marcado un nuevo tiempo económico, no hemos acertado con el modelo productivo,
lo que nos ha impedido acometer con éxito la lucha contra la peor de nuestras lacras, la que más sufrimiento nos causa: el paro, que nos llevó, históricamente, a la amputación de una parte de nosotros mismos, vía emigración forzosa. Pero, aún estamos a tiempo, el capital del 28-F no se ha agotado, sólo hay que hacerlo salir de la caja fuerte del pueblo. En tiempos de crisis, no sólo económica sino también de puro golpismo ideológico, hasta los más incrédulos con el autogobierno, desde la izquierda , se ven contagiados por su utilidad. Vale el autogobierno para demostrar y demostrarnos que con autonomía y la voluntad política que en ella se deposite, es posible transitar de manera alternativa frente a los modelos más regresivos, defendiendo los valores colectivos y el sentido social de lo público. El autogobierno sirve a la personalidad política de un pueblo que puede a través de sus instituciones ser actor destacado de su destino, influir solidariamente en objetivos compartidos con otros pueblos, y defender en un mundo que confunde globalización con la negación de la identidad, caminos singulares hacia el progreso y la igualdad. Andalucía es marca política y eso significa que previamente ha alcanzado el nivel de actor respetado, respetable y respetuoso, en un mundo en el que renunciar a ser protagonista político es tanto como ceder la responsabilidad de tu propio futuro a los demás, situarse de manera irresponsable en la minoría de edad, en la dependencia, situación que la historia ha demostrado deparar para Andalucía, postergación, abandono y sumisión. no sólo a los intereses ajenos, sino a otros propios desgraciadamente asociados que, juntos, han proporcionado a nuestro país los momentos más infelices de su historia. •
10 María Esperanza Sánchez
periodista. medalla de andalucía 2014
Yo voto sí
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stábamos empezando a andar en libertad por un presente que denotaba el abandono y las carencias a las que Andalucía había sido sometida y hacía falta voluntad para comprometerse con el futuro. La hubo.
Andalucía se comprometió en la conquista de su Autonomía, en un movimiento impensable para los que desde fuera observaban y para los que gobernaban y se resistieron a entender que o jugaban de verdad a cambiar las cosas o perderían. Su apuesta sobre Andalucía fue un cálculo equivocado, una presunción de sometimiento al poder, y erraron, porque Andalucía llevaba siglos esperando y había decidido que se había acabado la espera. La Andalucía de la que se pensaba más en silencios que en rebeldías, acabó con los planes conservadores que la dejaban al margen. El valor político del 28 F no oscurece el valor emocional de lo vivido como periodista en Sevilla, cerca de la gente, en la calle, en los barrios en los quede balcón a balcón, en los tendederos por donde blanqueaba la ropa, ondeaban banderas de esperanza. De las emociones de aquellos días guardo como un tesoro la imagen de una mujer. Bajaba deprisa por la calle Canalejas desde la vieja Estación de Autobuses del Barranco. Llevaba al brazo un cestillo de mimbre y sobre su toquilla negra una pegatina con la bandera de Andalucía, con una contundente leyenda: “Yo voto sí”, como un grito. Le sonreí al pasar y ella se tocó el pecho, como defendiendo su derecho. Animó aun más el paso de mujer con prisa por acabar de poner, de una vez, las cosas en su sitio. La pregunta decía “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento previsto en dicho artículo?” innecesario intento de confundir. Ella, que acaso no supiera leer tantas palabras seguidas, sabía lo importante: que su respuesta sería SÍ. Con eso no contaban los que en un error político histórico, buscaron el No. •
Nuevo patronato de la fap Presidente: Carlos Perales Pizarro. Diplomado en Educación General Básica y Licenciado en Filosofía y Letras (Miembro nato). Vicepresidenta Ejecutiva: Amparo Rubiales Torrejón, Doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Sevilla. Rafael Escuredo Rodríguez. Abogado y ex presidente de la Junta de Andalucía. José Antonio Griñán Martínez. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y ex presidente de la Junta de Andalucía. Concha Caballero Cubillo. Licenciada en Filología Hispánica. Profesora Lengua y Literatura. Analista y articulista de varios medios de comunicación. Adela Muñoz Páez, Catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. Fernando Martínez López. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Ana Rubio Castro, Catedrática de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Granada. Antonio Ávila Cano, Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga y Magíster en Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gregorio Cámara Villar, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Miembros natos: Antonio Perales Pizarro, José Alfonso Perales Moreno y Ofelia Perales Moreno Vocales: Rafaela Crespín Rubio, Maestra de Educación Especial y Carmelo Gómez Domínguez, Parlamentario Andaluz. Director: Juan María Jiménez Díaz (no es patrono). Licenciado en Periodismo. Gerente: Francisco José García Ligero (no es patrono). Licenciado en Derecho.
Revista Ideálogos nº2 2014 Dirige: Juan María Jiménez Diseño: Paco Oca
11 La reforma de la Ley del Aborto
Almería: 18 de febrero, con Luis García Montero y Martirio Tesoro.
Cádiz: 11 de febrero, con Eduardo Mendicutti y Adela Muñoz Páez.
Córdoba: 23 de enero, con Mercedes Osuna y Ángel Gabilondo.
Granada: 28 de enero, con Miguel Lorente y Ana Rubio.
Huelva: 13 de febrero, con Carmen Alborch y Mario Jiménez.
Jaén: 3 de febrero, con Micaela Navarro y Antonio Ávila.
Málaga: 6 de febrero, con Ángel Gabilondo y María Gámez.
Sevilla: 21 de enero, con Concha Caballero y Miguel Lorente.
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