Policías y periodistas. Un libro sobre su relación en tiempos de narcotráfico (Capítulo de regalo)

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Ética y corrupción en tiempos de guerra

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Ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí ciento que apenas saben leer, y gobiernan como unos girifaltes.

Don Quijote de La Mancha

Las palabras como constructoras de la realidad La búsqueda de la verdad es, por lo general, un proceso que emociona, apasiona y en algunas ocasiones, incluso, transforma. En su persistente búsqueda de la verdad, Artistóteles1 se preguntaba si era posible que en las letras mismas de una palabra se pudiera descubrir la verdad y encontrar en ella la realidad. El filósofo comprendía desde entonces que las palabras significan, representan, simbolizan y 1

En su Gran Moral, Aristóteles hablaba constantemente de aspectos profundos de la naturaleza humana, refiriendo el origen de los nombres con los que se les designaba (virtud, ética, moral, etc.) y reconociendo en esta designación un medio tan aceptable como cualquier otro para descubrir la verdad.

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que con ellas se construyen realidades. En su planteamiento filosófico, el alemán Hans-Georg Gadamer (1993) da también un gran peso a la palabra y destaca como triunfantes aquellas cuyo significado indeterminado permite que sean interpretadas una y otra vez, por lo que palabras que nos parecen comunes llevan implícito el gran reto de su reinterpretación histórica.

Searle (1997) explica que en la estructura lógica de la realidad social interviene también la llamada «autorreferencialidad» de los conceptos que nombran hechos sociales. Así, un concepto –por ejemplo, el de policía– tiene que expresar lo que la gente cree que es; de otro modo, si las personas dejan de creer que es aquello que debe representar, entonces dicho concepto –en nuestro caso, el de policía– deja de funcionar. Ética, corrupción, policía, periodismo y narcotráfico son palabras clave en este libro en que se propone plantear o descubrir una verdad a partir de su interrelación en un contexto espacio-temporal, lo que obliga también a un recorrido histórico para lograr una profunda interpretación e, incluso, una reinterpretación de esas palabras.

En este esfuerzo por investigar la verdad, combinando el conocimiento empírico en el periodismo con la aplicación de herramientas formales de la investigación social, se toma siempre en cuenta que para plantear una realidad debemos atenernos a un contexto social específico; el nuestro es uno altamente influido por el crimen organizado: Sinaloa y, en un contexto más amplio, México.

Estado como sinónimo de poder Como hemos visto, el contexto espacio-temporal es determinante para analizar también el concepto de Estado y su relación simbiótica con el poder. Ambos, Estado y poder, se entrelazan de manera

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obligada y prácticamente como sinónimos en los términos modernos de la construcción social. La literatura que aborda cada uno de estos temas, en lo individual y en conjunto, es voluminosa y en cada caso cuando se examina el Estado, el análisis del poder está implícito (Bobbio, 1985; Castro Escudero & Costilla, 2005; Davenport, 2007; Foucault, 2006; Galbraith, 1985; Kaplan, 1996; Lechner, 1977; Lia, 2006; Marinetto, 2007; Negri, 1999). Althusser (1988:10) lo deja claro cuando afirma que el Estado «sólo tiene sentido en función del poder de Estado».

Uno de los más importantes aportes conceptuales sobre el Estado moderno lo haría Max Weber (1946) en su famosa conferencia de Munich en 1919, cuando expuso sus ideas sobre la política como un ejercicio de búsqueda de poder en un Estado que se consagraba como la única fuente de violencia legítima en una demarcación territorial específica.

Desde luego que el Estado puede analizarse desde diferentes puntos de vista, siendo los más recurrentes el sociológico y el jurídico. Bobbio (1985) considera fundamental atender el aspecto sociológico que abre la puerta a un análisis del Estado como una organización social por demás compleja, donde los políticos son un grupo de interés especial, ya que son ellos, precisamente, quienes logran erigirse como un Estado moderno cuando a partir de ciertos mecanismos administrativos monopolizan el uso de la fuerza.

Davenport (2007), en una idea aún más compleja y abierta, presenta un Estado represor y señala que los individuos que se encuentran sometidos son conscientes de que el Estado posee armas poderosas que puede utilizar en determinado territorio, pero también precisa que las autoridades políticas buscarán evitar los costos de las acciones represivas. Es decir, la violencia del Estado tiende a disminuir ante una mayor transparencia y prácticas democráticas.

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El autoritarismo, afirma Lechner (1977), caracterizado sobre todo por una fuerte presencia militar, es una de las expresiones más contundentes de un Estado en crisis.

En definitiva, el Estado se impone y representa una relación de poder frente a los individuos; la expresión más contundente de este poder son las armas y también los individuos que con su anuencia las portan y utilizan contra los que no se ajustan al orden establecido. Los más puristas señalan que la razón de ser de este ente poderoso y violento consiste en preservar el orden social, es decir, organizar la convivencia social.

En los más recientes intentos teóricos por reevaluar el concepto de Estado se enfatiza en el análisis de la política y el poder: ¿cómo y quién o quiénes ejercen el poder? Este enfoque nos enfrenta a la complejidad de las élites, de los grupos de individuos que ejercen o influyen en el ejercicio del poder y que de algún modo representan o están muy cerca del Estado. Marcos Kaplan (1996:167) desarrolla esta visión de élite aplicada al Estado latinoamericano contemporáneo visualizando un aparato que resguarda los intereses de grupos de dominación socioeconómica que «expanden sus ingresos y poderes, en el interior y/o [sic] a través del Estado» (1996:167).

En coincidencia con Kaplan, Teresa Castro Escudero (2005:45) señala que para analizar el Estado en Latinoamérica debemos mirar «la corrupción no como un legado del populismo, sino como un producto de formas de ejercer el poder sin necesitar legitimarse»; plantea, además, que frente a la globalización los Estados latinoamericanos están desplazando el concepto tradicional de poder del Estado, desde la perspectiva de poder público y de soberanía territorial, surgiendo así un Estado neoliberal, cuya tendencia consiste en adaptarse a los grupos hegemónicos, sobre todo económicos.

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En su disección de la anatomía del poder, nombre Galbraith (1985) propone dividirla en tres partes: la condigna, la compensatoria y la condicionada. Volveremos al análisis integral del poder en los términos de este autor; por lo pronto, nuestro interés radica en el poder condigno, que funciona a partir de la aplicación de castigos o amenazas y cuya principal característica es la visibilidad. El Estado tiene en la policía y el Ejército su instrumento más visible para la aplicación monopólica de este tipo de poder.

En una visión sociológica del Estado está siempre implícita la relación entre aquellos que mandan y gobiernan y los otros que se dejan gobernar. Como observamos, uno de los símbolos más importantes y cotidianos del poder del Estado es la fuerza policial, a la que Brynjar Lia (2006) le confiere la capacidad de moldear el orden político y social. En este punto, aun cuando la definición del concepto policía parezca sencilla, el autor reconoce la complejidad de definir las relaciones policía-Estado y policía-sociedad, más todavía en un contexto social de profundos cambios y de redefiniciones en el orden social y político.

Cuando Foucault (2006) se refiere al Estado, lo relaciona con el concepto de gobierno, el que lleva hacia la «gubernamentalidad» como el «arte de ejercer el poder», o como «un arte de gobernar», siendo la policía uno de sus principales instrumentos de apoyo. Siguendo el pensamiento foucaultiano, un Estado equilibrado sería aquel con una fuerza policial capaz de mantener el orden social, pero sin la posibilidad de ser tan superior que pueda luego controlar al propio Estado.

Retomando la idea de un Estado cuyo origen reside en los grupos políticos, Lia (2006) concibe una policía con una participación política ligada a los gobiernos autocráticos, en contraste con el modelo ideal de policía con carácter apolítico e interesada principalmente en el orden público y el imperio de la ley. Continuando con

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las distinciones de carácter político, el autor nos ofrece una visión liberal del Estado con una policía que se fortalece en el consentimiento social, y otra radical con una policía que actúa como instrumento de coerción y que termina sirviendo como agente de control político protegiendo los intereses de minorías.

Policía como instrumento de control del Estado Hemos dicho que la policía, como instrumento de control del Estado, está facultada para mantener el orden legal mediante actos coercitivos contra los individuos que no se sometan a ese orden: aquellos que cometan «delitos», en el sentido de las leyes que rigen la convivencia social en una época, y que, por tanto, representen un peligro para la seguridad pública.

Lo que sí debemos considerar en todo momento es que los conceptos de crimen, violencia y delito han cambiado con el tiempo y las sociedades, evolucionando con él –aunque no siempre a la misma velocidad– los conceptos de justicia, orden y leyes. A partir de esta premisa, habríamos de tener claro que a lo largo de la historia y hasta nuestros días, un acto violento no necesariamente es considerado un delito, y que no todo crimen implica, en sí mismo, el ejercicio de la violencia.

En las sociedades contemporáneas, el debate sobre el crimen es uno de los más intensos y una de las cuestiones clave es el estudio del sujeto criminal. En torno a la pregunta acerca de quién comete el crimen, la sociedad, los medios de comunicación, los políticos y los especialistas barajan una serie de respuestas con enfoques antropológicos, económicos, psicológicos y sociológicos, que al final se transforman en nuevos cuestionamientos con sus retos de análisis: ¿son los pobres, los desempleados, los poco educados, los

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que surgen de hogares rotos? (Godfrey, Lawrence & Williams, 2008).

Simultáneamente a la búsqueda de la respuesta sobre quién es y qué motiva al sujeto criminal, emergen propuestas sobre el control y prevención del crimen. Uno de los investigadores contemporáneos más prolíficos en esta materia es David Garland, quien plantea cómo ha evolucionado la percepción social respecto al criminal, pasando éste de ser un individuo socialmente desfavorecido –digno de ayuda y comprensión– a un ser despreciable y peligroso (2001). El historiador Pablo Piccato (2017) ofrece una mirada extendida en el tiempo para comprender la desconexión entre crimen, verdad y justicia en México.

En el caso del crimen organizado, mafia y narcotráfico, sus orígenes registran, precisamente, una base de individuos socialmente desfavorecidos. Dickie (2006) sostiene que las sociedades secretas con fines criminales que dieron forma a la mafia se formaron principalmente de campesinos y trabajadores sumidos en la pobreza.

Para McCarthy (2011), el origen humilde del sinaloense Joaquín Guzmán Loera –uno de los personajes más notorios del tráfico de drogas en el mundo en los últimos tiempos– ilustra la tesis de que, si bien no se sabe con certeza por qué una persona decide ingresar al mundo del crimen organizado, «la falta de recursos y oportunidades», es decir, «las condiciones sociales», juegan un rol importante.

Los padres tienen poco o nada de dinero para pagar la educación de sus hijos, lo que supone un cruel límite de desarrollo para la persona […]. El desarrollo económico legítimo puede ser hostil y casi obligar a las personas más jóvenes a considerar trabajar en la economía subterránea (p.130).

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Desde el punto de vista sociológico, el origen humilde de los más importantes personajes del crimen organizado es tan insistente como polémico y valdrá la pena retomarlo luego para abonar a la discusión. El propósito será comprender mejor la evolución económica y social de estos individuos criminalizados por el Estado y que a la vez son respetados y admirados en algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

A los esfuerzos por comprender al sujeto criminal se agregan otros más por calcular los costos del crimen en nuestras sociedades. Una de las primeras propuestas para este examen surgió del economista Gary S. Becker (1974), quien tenía claro que para prevenir delitos y controlar a aquellas personas que no obedecen la ley se deben invertir importantes recursos públicos y privados, por lo que sostuvo que la clave para lograr la eficiencia es partir de modelos de análisis de costos y beneficios: cuántos recursos invertir y en cuántos castigos aplicarlos.

Ante esta nueva visión del criminal y la criminalidad, se moldea la cultura del control social en las sociedades modernas con un importante impacto en la política, los medios de comunicación y los sistemas penales. De este modo, «el nuevo discurso de la política criminal invoca sistemáticamente un público lleno de ira, cansado de vivir con temor, que exige medidas fuertes de castigo y protección» (Garland, 2001:45).

El público al que se refiere Garland integra las sociedades urbanas, habita grandes, medianas o pequeñas ciudades y, en general, se desenvuelve en un ambiente competitivo, característico de los sistemas económicos, cuyo corazón es el capital, caracterizado por la acumulación de riqueza de unos pocos y la carencia para muchos; la desigualdad es, entonces, un factor en su cotidiana realidad.

Hoy día, hay amplia coincidencia de considerar las ciudades como sinónimos de caos y desorden. Por ello, resulta imperativo

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comprender lo que las caracteriza: violencia, crimen, inseguridad, contaminación, congestión de tráfico, sobrepoblación, y a partir de ello proponer cambios importantes para ir construyendo las ciudades del futuro (Cohen, 1985).

Entendemos, por lo anterior, que el control y prevención del crimen son parte fundamental de las sociedades modernas, las cuales han creado complejos sistemas institucionalizados para «vigilar y castigar» a sus ciudadanos por eventuales conductas desviadas de las leyes y las normas. Uno de estos sistemas, parte importante para la investigación en este libro, es la policía.

Un tipo de policía para cada tipo de sociedad La policía, como instrumento de control del Estado, ha sido ampliamente estudiada desde diferentes enfoques, de acuerdo con su momento histórico y tipo de sociedad a que pertenece, pero, sobre todo, según el tipo de ciudadano con el que debe vincularse en su quehacer diario. Por ello, son abundantes las investigaciones que enfocan sus esfuerzos a comprender las variables que se traducen en distintos niveles de efectividad en el combate del crimen y que buscan dar luz acerca del fenómeno del abuso y corrupción policial (Rodríguez, 2008; Nadal, 2006; Suárez de Garay, 2008; Jobard, 2002).

Así como el binomio «policías y ladrones» está fuertemente adherido al imaginario social, los conceptos de policía, control social y seguridad pública, forman parte de un mismo proceso de análisis. A propósito de ambientes complejos y violentos como el mexicano, la antropóloga María Eugenia Suárez de Garay (2006) se refiere al policía, en un primer y más profundo nivel, como un ser humano sometido a la tensión de la inseguridad, el estigma y la polémica,

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quien debe decidir en su práctica cotidiana entre «permanecer, corromperse o aislarse».

Como organización, la policía está obligada a actuar en los límites del sistema penal y administrativo que genera los fundamentos de control social aceptado en un ambiente social determinado. Por tanto, «todo el dominio organizacional de la policía está directamente influenciado [sic] por el concepto de control social existente en cada momento socio-histórico del ambiente donde se desarrolla la organización policial» (Fernández, 1990:3).

A escala internacional, son conocidos los casos de Nueva York, Los Ángeles y Londres, donde la raza influye en los actos de represión policial, así como en países (Francia, Alemania, Italia, España) donde la intervención policial se determina, en buena medida, en función de la separación de «blancos» y «no blancos» (Kalunta-Crumpton, 2010). En el caso de Israel y de algunas comunidades musulmanas, la policía debe valorar las consideraciones religiosas para aplicar la ley (Hakeem, Haberfeld & Verma, 2012).

Pese a ello, uno de los modelos policiales más prestigiados en el mundo es el de Gran Bretaña. Ahí se reconoce que la tradición local es poner al policía en contacto directo con la comunidad, estableciendo que «para que un policía sea eficaz debe contar con la aprobación del público»2 y, como en el caso del modelo francés, los británicos consideran el salario como factor importante para asegurar agentes policiales más comprometidos.

Hasta hace algunas décadas, la población de algunos países africanos estaba sometida a la llamada «policía colonial», libre de imponer su autoridad con mano dura por nativos rebeldes opuestos 2

Dicha declaración fue tomada del documento –originalmente consultado en francés–: «La pólice en France et en Grande Bretagne», que recogió las participaciones de M. Pierre Joxe y el Prof. Roger Graef en el Coloquio del Consejo Franco-Británico (Londres, noviembre 8 y 9 de 2000).

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a la dominación de un gobierno extranjero. Este tipo de policía que opera también en países sometidos a dictaduras –como lo fueron Argentina, Chile y otros países latinoamericanos– es más bien paramilitar. Con este recuento se concluye que la forma «como la autoridad es ejercida –a través de la policía– refleja la relación entre el Estado y los ciudadanos» (Waddington, 1999:26).

En las últimas dos décadas del siglo xx, a partir del surgimiento de regímenes democráticos en América Latina, países como Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala y algunos otros que mantenían viva en las mentes de sus ciudadanos la opresión de los gobiernos militares, experimentaron un cambio tendiente a sustituir las policías militares por policías civiles o comunitarias con la finalidad de mejorar sus relaciones con la ciudadanía, buscando disminuir abusos policiales, incrementar la confianza hacia los agentes del orden y mejorar los índices en seguridad pública.

En América Latina se vivió un proceso de «democratización» a partir de la década de los ochenta del siglo pasado y paralelamente los países latinoamericanos vivieron otro proceso de globalización de sus economías. En Chile este proceso democratizador de finales de la década de los noventa tuvo fuerte influencia militar que afectó las fuerzas policiales denominadas Carabineros –alineadas al poder militar en la dictadura–. Fue en 1999 cuando se emprendió una de las acciones más importantes para transformar a esta institución policial creada en 1927. Se la denominó Plan Cuadrante. Consistió básicamente en incrementar el número de policías en las calles. Al patrullaje preventivo se agregaron acciones de transparencia, que consistieron en compartir estadísticas criminales y de acciones policiales con líderes de la comunidad (Frühling, 2010).

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De acuerdo con Transparencia Internacional,3 los Carabineros de Chile se perciben como la institución policial menos corrupta de América Latina con una calificación de 3.5 (en una escala del 1 al 5, donde 5 es extremamente corrupto); le sigue en la lista Colombia, con una calificación de 3.7, y, en contraparte, México, país cuya policía se mantiene con el más alto nivel de percepción de corrupción entre los países latinoamericanos.

En México, la tendencia discriminante de la policía es más de corte clasista, de modo que sigue siendo común leer –por lo menos, hasta hace unos años– en los diarios del país notas policiales que utilizan reiteradamente la frase «aspecto cholo», aun cuando este aspecto determinado por la forma de vestir tenga más que ver con la pobreza y la marginación que con una actividad delictiva. El cholo es una figura caracterizada por el tatuaje, la camisa de franela que se utiliza en el trabajo en las regiones frías, los pantalones grises o caquis que son utilizados en el trabajo industrial. Son las marcas del trabajo que, al cambiarlas de contexto e incorporarlas como referente identitario, se vuelve amenazantes (Cerbino & Macaroff, 2010:173).4

En su reporte Global Corruption Barometer 2013, Transparencia Internacional señala que en Latinoamérica las policías mexicana, venezolana, boliviana, salvadoreña y jamaiquina, están entre las instituciones más afectadas por la corrupción. <http://www.transparency.org/gcb2013/results>.

4 José Manuel Valenzuela, profesor investigador del Colegio de la Frontera en Tijuana, sostiene que cholo viene de chicano loco, o de show low, por la forma lenta, bajita de sus movimientos (Cerbino & Macaroff, 2010). Por otra parte, hay abundante evidencia periodística de que la policía en México hace detenciones arbitrarias de jóvenes basándose simplemente en lo que se denomina en el periodismo policial mexicano «aspecto cholo». Véase nota «Por vestir ‘tipo cholo’ policías detienen a joven. La cdhec sancionó al municipio de Torreón por esa conducta discriminatoria». <http://www.activista.mx/2013/03/por-vestir-tipo-cholo-policias-detienen-a-joven/>.

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cop, o community policing, modelo de exportación En las últimas dos décadas, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, «policía comunitaria» –Community Policing (cop)– ha sido un término ampliamente difundido, aun cuando no encierre una definición exacta de cómo se forma y opera este modelo policial y que puede variar dependiendo de la estructura de la comunidad. Lo indudable es que este modelo se ha exportado a países occidentales donde se busca crear nuevas estructuras policiales en sociedades en transición –como las latinoamericanas–, obligadas, ante el aumento de las tasas de delincuencia, a construir nuevos modelos y organismos de seguridad (Brogden & Nijhar, 2005).

Para Lyons (2002), el significado de «policía comunitaria» no ha sido explícitamente elaborado por sus defensores. Sin embargo, indica que la lógica de la policía comunitaria asume las comunidades para ser una forma de asociación capaz de control social informal. Para Brogden (en Mawby, 1999), las policías comunitarias no pueden entenderse sin los contextos de las estructuras y tradiciones de cada sociedad, por lo que los intentos de «trasplantar» modelos de otras culturas suele caer en el fracaso.

Hoy día, no se cuenta con una definición para el modelo de policía que prevalece en países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, pero esta indefinición no ha impedido su exportación a países occidentales en vías de desarrollo, lo que significa que continúan la evolución de los sistemas del control del crimen y la aplicación de la ley. Para Bayley, dos situaciones definen este cambio: la primera, que lo policial no está monopolizado por la policía pública, es decir, que los servicios policiales son brindados también por compañías privadas, además del Estado; la segunda, que la policía pública está sufriendo una verdadera crisis de identidad (1996).

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El modelo policial en México y América Latina Investigadores que analizan el modelo policial mexicano proponen un nuevo modelo para atacar un crimen cada vez más globalizado, reconociendo que en las últimas décadas del siglo pasado las instituciones policiales mexicanas formaban un complejo sistema de policías locales y estatales en completo estado de precariedad, con notables limitaciones técnicas y con pobre vinculación a los sistemas de procuración de justicia, a lo que se debía agregar la prácticamente inexistente policía nacional y un fuerte apego a los intereses de la clase política en el poder. Esas circunstancias permitieron el incremento de la delincuencia en México y la penetración del crimen organizado, en especial del narcotráfico, en las instituciones policiales (Rosas, Dammert, Magaloni, & Ungar, 2012).5 La creación de la Agencia Federal de Investigaciones, registrada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2001,6 marcó un intento del presidente Vicente Fox Quesada por concretar una transformación profunda a la Procuraduría General de la República. El entonces presidente se refería a la creación de la agencia como «mucho más que un cambio de nombre: significa [decía] el establecimiento de una institución que ha sabido potenciar toda la capacidad

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En una serie de ensayos publicados en septiembre de 2012 por el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad de la sspf, titulado «El nuevo modelo de policía en México», coordinado por María Cristina Rosas y prologado por Genaro García Luna, Lucía Dammert y Mark Ungar plantean la necesidad de un nuevo modelo de policía en México apoyándose en una perspectiva comparada con otros países latinoamericanos.

El decreto presidencial del dof: 01/11/2001, además de crear la Agencia Federal de Investigación, adicionó las direcciones generales de Planeación Policial y de Investigación Policial. De este modo, la policía que estaba bajo el mando directo del Ministerio Público de la Federación se integró a la afi. <http://dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=757798&fecha=01/11/2001â>.

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de la policía investigadora.»7 En aquellos primeros meses de la existencia de la afi el discurso oficial destacaba constantemente el nivel de estudios de sus agentes (más del 40% con licenciatura) y la sofisticación tecnológica con la que contaban para «combatir a la delincuencia».

El proceso de combate al crimen iniciado por el presidente Vicente Fox continuó en diciembre de 2006 con la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad para enfrentar el crimen organizado y en especial el narcotráfico. Sin embargo, el ambiente de festejo triunfal en torno a la afi se desvaneció cuando en 2009 se decretó su desaparición en medio de numerosos escándalos de supuestos abusos de autoridad y corrupción,8 creándose ya en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la Policía Federal Ministerial (pfm).9 En junio de 2016, las comisiones unidas del Senado de la República dieron el sí a una serie de reformas trascendentales en seguridad pública y cuerpos policiales en México,10 a partir de las cuales se rechazó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de crear un mando policial único en México y se avanzó en establecer protocolos homologados de actuación y operación de los organismos policiales en un esquema denominado mediáticamente Mando Mixto. Hasta junio de 2017, las reformas avaladas por el Senado no encontraban su aprobación en la Cámara de Diputados, donde la

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Discurso presidencial de toma de protesta del Curso de Capacitación Inicial de Agentes Federales de Investigación de la Tercera Generación, 10 de enero de 2003. <http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=4256>.

Proceso. <http://www.proceso.com.mx/?p=314929>. cnn México. <http://mexico.cnn.com/nacional/2012/11/16/desaparece-la-ssp-y-genaro-garcia-luna-pierde-su-proyecto-en-seguridad>. <http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/audiencias_seg_justicia.php>.

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discusión está centrada aún en el modelo policial que requiere México: de mando único o mixto.

Ante los primeros pasos dados en nuestros país para crear una policía con mayor presencia y fuerza en el territorio nacional y más coordinada, vale la pena destacar la falta de uniformidad en los modelos policiales imperantes en América Latina, donde, a diferencia de México, Chile y Colombia, cuentan ya con instituciones policiales nacionales, pero donde, al igual que en nuestro país, Brasil y Argentina siguen trabajando con fuerzas policiales regionales y locales.

En México, la legitimidad social de las instituciones policiales se ha visto constantemente dañada por el uso indebido de la fuerza que incrementa el número de ciudadanos muertos o afectados en su integridad física por policías o las fuerzas militares que participan en las tareas de combate al crimen en los términos estipulados por el gobierno federal. Uno de los diagnósticos más recientes sobre el tema policial en México destaca que países como Canadá, España y Chile cuentan con cuerpos policiales de prestigio y reconocimiento social, mientras que en nuestro país «los cuerpos policiales no disfrutan del aprecio ciudadano: se les teme, se les desprecia y se desconfía de ellos» (De la Barreda, 2013:12).

De acuerdo con la Décima Primer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México,11 de Consulta Mitofsky, publicada en noviembre de 2012, se expresa que de 2006 a 2012 los delitos formalmente denunciados a escala nacional se incrementaron de 1.5 millones a 1.8 millones, lo que implica un incremento del

11

<http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2012/D%C3%A9cima%20 Primer%20Encuesta%20Nacional%20sobre%20Percepcion%20de%20Inseguridad%20Ciudadana.pdf>.

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15%, mientras que los delitos del orden común aumentaron un 14.5% y los de orden federal 21.5 por ciento.

En dicha Encuesta se señala que la preocupación ciudadana sobre la inseguridad y la delincuencia está muy por encima de la que puede generar la crisis económica (32% contra 19%), mientras que 6 de cada 10 ciudadanos afirma tener «mucho» temor a convertirse en víctimas de un robo a mano armada, y después de ese temor aparece en segundo lugar, con 55%, el miedo a ser víctima de un enfrentamiento entre el ejército y criminales. Después del robo y de ser víctima inocente de fuego cruzado, el 51% teme mucho ser víctima de un secuestro y 44% de algún atentado «terrorista».

Resulta importante saber que en la Décima Tercer Encuesta de esta misma serie, el total de delitos denunciados para 2013 fue de 1.6 millones, una disminución de 11.1% respecto a 2012, que no necesariamente implica que los delitos hayan disminuido, pero sí es bastante probable que la interpretación vaya más por la caída de la confianza en las instituciones.

Por el evidente fracaso en el combate a la delincuencia en México, los gobiernos recientes han impulsado, con mayor fuerza que en décadas anteriores, la profesionalización del ejercicio policial para cumplir con eficacia con los objetivos planteados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece en su artículo 40 los lineamientos generales a los que habrá de apegarse un agente policial para «garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos».

Como observamos, las características específicas de cada ciudad enfrentan a los agentes policiales a sus demonios sociales o políticos y que, en muchas ocasiones, se encuentran camuflados dentro de las corporaciones policiales endosando la vestimenta que

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corresponde a los agentes del orden, lo que vuelve aún más difícil la lucha contra el crimen.

Respecto a la delincuencia, advertimos que en Culiacán, como en México y buena parte del mundo, ésta se ha convertido en un fenómeno cada vez de mayor alcance y peligrosidad, al trasgredir leyes no sólo locales, sino internacionales, mediante la figura que conocemos como «crimen organizado». Sin embargo, hay también en el orden social una gama de delitos –mal llamados menores porque mantienen también en jaque a la sociedad– que competen a las policías preventivas, o de primer contacto, y que en nuestro país se conocen como policías municipales.

Policía Municipal de Culiacán, estigmatizada y con frágil vocación de servicio Por el número de homicidios que se cometen en ella, Culiacán se ha mantenido desde 2006 y por lo menos hasta 2015, entre las ciudades más peligrosas y violentas del mundo, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social (tabla 1, extraída de Figueroa, en Gay-Sylvestre, 2016:169), siendo la capital sinaloense muestra de los altos niveles de violencia que han afectado todo México en periodos recientes y en especial de 2006 a 2012, cuando, a decir de fuentes como el Washington Post, puede hablarse de más de 25 000 adultos y niños desaparecidos y de por lo menos 100 000 víctimas de homicidios.12

12

«Mexico’s crime wave has left about 25,000 missing, government documents show» (2012, noviembre 29) Washington Post. <http://articles.washingtonpost. com/2012-11-29/world/35584943_1_mexico-city-mexican-government-human-rights)>.

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Tabla 1. Las ciudades de México más violentas del mundo, 2010-2015 año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

posición

posición mundial

homicidios

Juárez

1

3042

Mazatlán

8

388

Culiacán

9

754

Juárez

2

1974

Culiacán

13

649

Mazatlán

15

307

Acapulco

2

1170

Culiacán

15

549

Mazatlán

N/A

N/A

Acapulco

3

940

Culiacán

16

490

Mazatlán

N/A

N/A

Acapulco

3

883

Culiacán

24

384

Mazatlán

N/A

N/A

Acapulco

4

903

Culiacán

17

518

Mazatlán

N/A

N/A

Fuente: Elaboración propia, con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, ac. <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/>.

A pesar de los importantes retos que implica lo anterior, en Culiacán la policía local continúa sometida a formatos tradicionales, como el Reglamento de la Policía Preventiva del Municipio de Culiacán, con actualizaciones menores en noviembre de 2001. En el artículo

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65 de ese documento se «especifican» las funciones de los agentes «exclusivamente de ejecución de órdenes, constituyendo la base de la estructura jerárquica del cuerpo de Seguridad Pública», al que le sigue el jefe de grupo, el oficial segundo, el oficial primero, el subcomandante, comandante, supervisor operativo y subdirector, hasta llegar al director de Seguridad Pública. Es notable que la estructura jerárquica con orden ascendente genera una enorme brecha entre el agente policial y la cabeza de mando en el área de seguridad pública del municipio.

En su reporte Municipios de México bajo la condición de Estado fallid, publicado en 2013, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal incluyó Culiacán entre 207 municipios donde diferentes fuerzas se disputan el monopolio de la violencia que en teoría corresponde al Estado en su carácter de poder público, lo que equivale a afirmar de este organismo un «Estado fallido».

Las razones para esta inclusión fueron imputables a la lucha entre el Cártel de Sinaloa y del grupo de Los Beltrán Leyva, donde se menciona también a los Zetas como aliados de estos últimos; el resultado es que los niveles de violencia alcanzados colocaron a la capital sinaloense entre las más violentas del planeta.

Para Arturo Santamaría Gómez y Silvestre Flores Gamboa (2012:35), ha quedado evidenciado que en Sinaloa el narcotráfico disputa con el Estado el uso del poder, por lo que la violencia se ha convertido en un importante instrumento de los narcotraficantes para alcanzar sus objetivos. Los autores explican así esta disputa Estado versus narco: El uso de la violencia y su relación con el Estado […] desde el punto de vista del narcotráfico como ente que busca corromper, disminuir o competir por el uso del poder, y según la circunstancia ha sido clasificado como Estado Débil o Narcoestado. Sin

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embargo, otra lectura más reciente sobre la disputa del poder al Estado se centra en el término «Estado fallido», mismo que no está peleado con los otros dos, pero que [...] ofrece más elementos para su entendimiento y magnitud, además del hecho de que México o bien Sinaloa presentan varios de sus síntomas.

La policía y un sistema de justicia débiles, el desplazamiento de refugiados, la venganza de un grupo sobre otro, carencia de servicios públicos, aplicación arbitraria del derecho y violación de los derechos humanos, prominencia de las élites y colusión de los narcotraficantes en los aparatos de seguridad, son algunos de los indicadores que «se cumplen fielmente en Sinaloa», por lo que «podríamos hablar de que el Estado en Sinaloa sí es fallido» (Ibídem, 39).

En el reto de las redefiniciones de conceptos, como el de Estado, más que colocarle adjetivos o prefijos (fallido, criminal, narco, etc.) a un concepto surgido del pensamiento europeo, sería conveniente hacer descansar a Max Weber para repensar qué es lo que se tiene en lugares como Sinaloa donde difícilmente se cumplen las premisas del significado de Estado propuestas por el pensador alemán.

Como hemos señalado, el andamiaje del pensamiento político de Weber en torno al poder del Estado descansa sobremanera en la legitimidad, es decir, en el ejercicio de una violencia legitimada por quienes se someten a ella. Así, la relación de dominación de los políticos que conforman el Estado se sustentará en la voluntad de los dominados, es decir, la sociedad, de someterse al poder político imperante.

La estructura del poder visualizada por Weber (1995:285), que se desarrolla en los terrenos del binomio Estado-sociedad, dejando fuera otro tipo de relaciones civiles y humanas, parte de la idea central de una dominación que consiste «en la capacidad, a partir

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de órdenes específicas, de encontrar obediencia entre un grupo determinado de individuos. Por eso el interés del autor por desarrollar los tipos de dominación «legítimas» en esta relación Estado-sociedad.

Si existieran formaciones sociales [dice Weber] a las cuales les fuera desconocido el uso de la fuerza como medio, entonces el concepto de «Estado» desaparecería, y por lo tanto estaría conformándose eso que, en el sentido particular de la palabra, podría ser caracterizado como «anarquía» (1998:178).

Por lo que en los términos weberianos podríamos bien considerar el Estado mexicano en un proceso de descomposición de sus estructuras de poder que pueden encaminarlo hacia la anarquía, teniendo en Sinaloa un caso emblemático, donde, como señala Guillermo Pereyra (2012:432), operan grupos delictivos (sobre todo aquellos ligados al tráfico de drogas) que administran por su cuenta recursos, personas y territorios específicos, erigiéndose como fuerzas que no sólo compiten, sino que conviven con las fuerzas del Estado en el control de poblaciones enteras con base en el uso de la violencia y que asumen «de facto funciones de soberanía».

Si afirmamos que violencia y Estado son conceptos atados a su propia «autorreferencialidad» y en constante reinterpretación, sin menoscabo de los esfuerzos hasta hoy de numerosos intelectuales para conceptualizar la esencia actual de lo que convencionalmente llamamos «Estado» –que incluiría invariablemente el «monopolio legítimo de la violencia», consideramos que para el caso mexicano y en específico de Sinaloa, los adjetivos de «débil» o «fallido» corresponden más bien a la identificación de fases de un ejercicio de poder cada vez más confuso que nos presenta el reto ineludible de

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revaluar los conceptos para comprender las nuevas praxis del control social y los métodos de persuación –sean de tipo armado: policía y Ejército, o ideológico: prensa y medios de comunicación– que se han venido estableciendo para someter a las sociedades enmarcadas en este tipo de estructuras de poder.

En medio de la construcción de la llamada identidad social virtual y la identidad social real –términos que solicitamos en préstamo a Goffman (2006)–, las figuras de autoridad están siempre presentes determinando la forma como se generan los vínculos que hacen posible el orden social cotidiano. Asimismo, una ciudadanía que no alcanza a discernir con claridad esas figuras se desorienta y es a partir de ese vacío de autoridad que queda expuesto como víctima potencial de un delito. Lo que es peor aún, el vacío de autoridad tiende a llenarse con figuras que al encontrarse fuera de toda ley social, moral o jurídica, imponen su propia ley con base en la fuerza, el abuso o la muerte.

En entrevista concedida al medio digital francés La Vie des Idées,13 el historiador Pablo Piccato señala que en México «no hay una línea separando la historia de la policía de la historia del crimen, sino que están mezcladas», de modo que si operamos analíticamente con esta afirmación para comprender lo que pasa en una ciudad como Culiacán, influida notoriamente por el narcotráfico, se entiende que los policías no gocen de confianza, pero, además, que tanto policías como ciudadanos desconfíen entre sí, deteriorando cada vez más una relación que debe basarse precisamente en el respeto y la confianza mutua (http://www.laviedesidees.fr/Les-petitsarrangements-de-la.html).

Hoy, el fracaso de la policía municipal de Culiacán en prevención y control es evidente. Uno de los más graves problemas consiste 13 http://www.laviedesidees.fr/Les-petits-arrangements-de-la.html.

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en que no se cuenta con un modelo policial específico, ya que la policía no es propiamente comunitaria, ni militar, aun cuando algunos de sus miembros hayan surgido de la milicia. Sin embargo, resulta imperativo tener en cuenta en todo momento que el fracaso policial es en realidad el fracaso del Estado mismo.

Culiacán: periodistas comunicando sobre caos y violencia en la era digital La revolución digital ha puesto bajo presión el ejercicio del periodismo a escala mundial, transformando con ello no sólo la manera de hacer periodismo, sino también a los periodistas. Hoy, Google, YouTube, Facebook, Twitter y muchos otros espacios virtuales son jugadores mediáticos que también crean y distribuyen noticias. De ahí que la proliferación de nuevos sitios y redes sociales en internet sean un reto a los medios tradicionales de comunicación. Por ello, es acertada la consideración de que «en este mundo corporativizado, las noticias son cada vez menos una propuesta de negocios clave, siendo cada vez más líderes en pérdidas» (Lee-Wright, Phillips & Witschge, 2012:151).

Coincidente con lo anterior, Ramonet (2011:117) considera que el contexto actual ha desencadenado en el mundo de los medios de comunicación un ambiente de lucha por la supervivencia, y la pelea va cada vez más encaminada a la audiencia que a ganarse la credibilidad, extendiéndose en muchos medios de comunicación la práctica de exteriorizar opiniones parciales y carentes de objetividad que no en pocas ocasiones se traducen en mentiras o fraudes. De cualquier modo, «el acceso a la información es mayor que nunca en la historia y gracias a las nuevas herramientas que ofrece internet la audiencia también es enorme, es potencialmente infinita».

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En este ambiente de cambios en el mundo, el periodismo está envuelto también en dilemas éticos. Tendremos que esperar si es posible que los periodistas siempre se comporten éticamente y proporcionen material que es confiable, cuando las consideraciones comerciales, en un mercado cada vez más competitivo, están presionando en un lado, y la blogósfera de libre circulación y al parecer sin ética presiona por el otro (Lee-Wright et al., 2012:135).

Los periodistas de Culiacán deben luchar con esa realidad esbozada y, además, estar conscientes de los riesgos que implica su labor en una zona muy influida por el narcotráfico y con índices elevados de violencia y criminalidad. Esta lucha, fallida o no, se expresa abiertamente en la forma como la violencia es representada en los medios de comunicación.

A escala mundial, México destacó en los últimos años por ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo (Fitzgerald, 2010). Una de las causas más consolidadas en la visión externa e interna de este escenario de peligro fue la decisión de Felipe Calderón, asumida la Presidencia de México en 2006, de declarar la guerra al narcotráfico (Kolb, 2011), aunque el sexenio de Enrique Peña Nieño no ha logrado mejoría alguna en la libertad de expresión en México.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (26 de junio de 2017), desde el año 2000 y hasta esa fecha se registraron en México 128 asesinatos de periodistas, 20 desapariciones de miembros de este gremio y 51 atentados contra instalaciones de medios de comunicación. El año 2017 se cimbró a escala nacional e internacional con los casos de Miroslava Breach,

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asesinada el 23 de marzo en Chihuahua; de Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo en Culiacán, y de Salvador Adame, secuestrado en Michoacán el 18 de mayo y cuyo cuerpo fue encontrado calcinado el 14 de junio.

En contraparte, las agresiones, amenazas e intimidaciones a periodistas en Sinaloa el crimen organizado, el gobierno, de militares o policías, se han intensificado. Lo más lamentable es que en la mayor parte de los casos no hay registros formales en la prensa ni a modo de denuncia y sólo se ventila el tema en el propio gremio sin mayor trascendencia en la vida pública.

A pesar de ello, en los últimos años se ha dado en Culiacán el nacimiento de un buen número de sitios webs especializados en noticias y de semanarios impresos, así como de programas de opinión en medios electrónicos. Esta realidad corresponde a proyectos empresariales, políticos y, en menor medida, sociales, cada uno supeditado a un financiamiento –transparente o no– que les permita la subsistencia en un mercado tan cuantitativamente competido como el culiacanense.

La redefinición de los límites de la libertad de prensa en zonas violentas como Culiacán nos lleva también a la pregunta de si hay una autocensura complaciente, una censura expresa o tácita o si se está cayendo en el ejercicio de «un periodismo precavido» según lo llaman eufemísticamente algunos estudiosos del tema, como Frida V. Rodelo (2009). En cualquier caso, la sociedad es la gran perdedora cuando no cuenta con suficientes medios de comunicación conscientes de su rol y que funcionen como espejo de la sociedad y de sus intereses colectivos más sensibles.