A la Opinión Pública: Una vez más, me entero a través de los medios de comunicación, antes de ser notificada, oficialmente, que la Secretaría de Función Pública decidió inhabilitarme por diez años. La SFP aduce que mentí en mi declaración patrimonial y de manera tramposa evade informar sobre los montos de las cuentas supuestamente no declaradas. En primer lugar, se trata de un préstamo bancario que obtuve en 2012 y que sí esta en mi declaración patrimonial, además de que está vinculado a mi cuenta Bancomer. Un préstamo de 180 mil pesos que saldé completamente. En segundo lugar, se trata de una cuenta de nomina Santander que se abrió desde 2007 por 2800 pesos que nunca tuvo ningún movimiento por lo que, como el propio banco le informó a Función Pública tuvo que cancelar, por la falta permanente de actividad, y enviar esa cantidad de 2800 a su cuenta concentradora porque así lo establece la ley. Lo contrastante es que a dicha secretaría le parece que yo merezco una sanción de esa magnitud por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás se utilizó, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declarara propiedades por millones de pesos. Ahí si hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente. Tengo ya más de un mes, desde que el juez DELGADILLO Padierna me declarara prisión preventiva por un delito no grave basándose en la mención de una licencia que ya se ha acreditado que no es la mía, sin que se exhibiera el documento y el que ni siquiera cumpliera con su deber de certificar su veracidad. Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se tomó en cuenta que me presente voluntariamente al citatorio judicial aún cuando muchos amigos, amigas, y familiares me aconsejaron no lo hiciera por que seguramente se trataba de una “trampa”. Lo fue. No sólo. Para mi es una confabulación en la que instituciones del estado mexicano han violentado la legalidad, porque a pesar de todos sus intentos no han podido demostrar que yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo y mucho menos hay alguna autoridad que me haya declarado culpable de nada en el ámbito penal. Todavía más estoy aquí, a pesar de que el delito que se me acusa no es grave y puede ameritar otras medidas cautelares que suponen mi libertad. Entonces pregunto: ¿Puede un juez presidir un juicio aun cuando tiene un evidente conflicto de interés y no tener consecuencias? ¿Puede tomar como cierta una mención del MP sin que se presente documento alguno y decir que como estoy falseando sobre mi domicilio me impone la prisión preventiva omitiendo su responsabilidad de verificar su existencia y autenticidad y no tener consecuencias a pesar de tratarse de un documento apócrifo?
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