PBI Colombia Informe anual I agosto 2020
Informe anual 2019 1
ARTÍCULOS
6
Logros
30
PBI en terreno
10
Caminando con las personas defensoras
32
Escuelas de la Memoria para la no repetición
16
Interlocución e incidencia
34
Perla Amazónica, la lucha sigue
36
Crisis humanitaria en Jiguamiandó
Sensibilización sobre el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos ante las autoridades estatales colombianos y la comunidad internacional
20
2019: escalamiento de amenazas y violaciones de derechos humanos contra personas defensoras
24
Publicación y distribución Visibilizar las graves y continuas amenazas y atentados que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos en Colombia
2
28
Apoyo a la Reconstrucción del Tejido Social
40
Informe de Recursos Humanos y financiero
46
Donantes
¿Quiénes somos?
P
eace Brigades International es una organización internacional no gubernamental, aconfesional e independiente, reconocida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que desempeña labores de observación y acompañamiento internacional en el país desde 1994. Nuestra misión es proteger el espacio de acción de las personas defensoras de derechos humanos, que sufren agresiones por su trabajo en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos y de la justicia social. PBI trabaja únicamente a petición de las organizaciones locales, y no pretende suplantar sus iniciativas, sino apoyarlas mediante un modelo de protección integral, que incluye:
Presencia de observadores y acompañamiento internacional en el terreno.
Interlocución con autoridades civiles y militares colombianas, el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, organismos internacionales y diferentes autoridades en Europa y EEUU.
• Acompañamiento físico y observación internacional en terreno. • Incidencia política dentro y fuera de Colombia. • Difusión de información y sensibilización sobre la situación de derechos humanos.
Producción y distribución de material informativo sobre las organizaciones acompañadas y sus necesidades de protección.
• Facilitación de talleres para el fortalecimiento y la reconstrucción del tejido social colombiano. PBI Colombia trabaja desde un mandato de prevención y protección con un enfoque diferencial e interseccional, prestando especial atención a la situación de los colectivos vulnerables, entre ellos las mujeres defensoras y las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que resisten de manera noviolenta en sus territorios. Para ello, PBI analiza de manera diferenciada los riesgos que afrontan estos colectivos para poder desarrollar mecanismos de protección específicos y adecuados a sus necesidades.
Apoyo a la reconstrucción del tejido social mediante talleres de autoprotección.
3
- Cesar -
- Sucre - Bolivar -
- Norte de Santander -
- Apartadรณ - Bajo Atrato -
- Antioquia -
- Barrancabermeja - Santander -
- Chocรณ - Boyacรก -
- Valle del Cauca - Bogotรก -
- Cauca -
- Meta -
- Putumayo -
Oficinas PBI
Departamentos donde trabajamos
4
- Casanare -
En 2019, PBI celebró 25 años de acompañamiento internacional en Colombia. Aquí durante las celebraciones en Barrancabermeja.
La Hermana Maritze, gran defensora de derechos humanos que ha sufrido en diferentes ocasiones numerosas amenazas por lo cual ha tenido que salir del país en algunas ocasiones puntuales, comparte recuerdos del acompañamiento de PBI en los diferentes territorios.
Nathalie y José de la coordinación de PBI Colombia preparan sus discursos de bienvenidas durante las celebraciones en Bogotá. 5
En medio de la soledad que significa la defensa de los derechos humanos, dar la vuelta en medio de una audiencia y encontrar ese chaleco verde y ese rostro acompañante y decir “bueno, está bien, seguimos adelante, no ando solo, no estoy solo, no estamos solos.” Germán Romero, DH Colombia
6
Logros
7
T
res años después de la firma de los Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, PBI Colombia hace balance de cómo dicho pacto ha marcado la defensa de Derechos Humanos (DDHH) y nuestro trabajo en el país. Lejos de haber supuesto una mejora en las garantías para ejercer esta labor, las cifras de agresiones contra personas defensoras han aumentado progresivamente a lo largo de los tres años que siguieron a la firma del acuerdo, sumando 627 asesinatos en este periodo1. Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más personas defensoras de derechos humanos, y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, según el relator especial de la ONU Michel Forst2. Asimismo, la organización Front Line Defenders posiciona a Colombia como el país más peligroso del Mundo para ejercer esta labor en 2019, sumando más de un tercio del total de asesinatos a nivel mundial3.
Misión de acompañamiento y observación internacional 2017
2018
222 8
2019
264
Como responsables de esta situación, OACNUDH apunta a las siguientes causas: la entrada de grupos armados ilegales en territorios dejados por las FARC, la militarización como respuesta del Gobierno y la falta de implementación del Acuerdo de Paz en lo relativo al desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo, la restitución de tierras y la reforma rural, la sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas4. En respuesta al agravamiento de la situación de seguridad que enfrentaron las personas defensoras de DDHH, en 2019 PBI Colombia fortaleció su respuesta para blindar y promover la misión de 18 organizaciones y comunidades a través de acompañamiento físico, político y psicosocial que llevaron a cabo 35 brigadistas internacionales en nuestras tres sedes en el país. No obstante, los limitados recursos disponibles amenazan nuestra capacidad para hacer frente al elevando número de peticiones que recibimos en el marco de esta alarmante coyuntura.
RONDAS Y REUNIONES CON ORGANIZACIONES ACOMPAÑADAS 2017
302
2018
277
2019
330
362
Espacios de autocuidado y autoprotección 2017
2018
29
2019
2017
41
35
Reuniones con cuerpo diplomático y organismos internacionales en Colombia 2017
2018
58
2019
2018
70
2019
71
456
1090
786
2018
76
2019
140
116
Giras de personas defensoras en Europa y Norteamérica
2017
78
2019
Reuniones con comunidad internacional dentro y fuera de Colombia
117
59
2018
2017
Reuniones con autoridades y organismos multilaterales en Europa y Norteamérica 2017
Participantes en los talleres
2018
5
2019
7
10 9
10
Caminando con las personas defensoras
11
E
l acompañamiento de PBI Colombia es fundamental ya que las actividades que realizan las organizaciones y comunidades están asociadas a un alto riesgo ya sea por la complejidad de las regiones donde se llevan a cabo o por los temas que abordan. En este 2019 las acompañadas manifestaron que los incidentes de seguridad de los que fueron víctimas se incrementaron a través de la concreción de amenazas o el aumento de judicializaciones, entre otras. Especialmente preocupante son aquellas asociadas a la violencia de género. El 64% declaran que mujeres miembros de sus organizaciones se han sufrido algún tipo de ataque o discriminación en el marco de su trabajo de defensa de DDHH por su condición de género, reportando en algunos casos intentos de abuso y acoso sexual entre otros hechos de violencia.
Durante el 2019, PBI Colombia realizó acompañamientos asociados a 4 modalidades, de las que destacamos los siguientes hitos: En el marco de las actividades adelantadas frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), desde PBI hemos acompañado actividades de recuperación de memoria y esclarecimiento de la verdad. Varias organizaciones acompañadas han llevado a cabo una exhaustiva documentación para el desarrollo de informes sobre violaciones de DDHH que ponen a disposición de los diferentes órganos del SIVJRNR. Un ejemplo de ello es el informe elaborado por víctimas y organizaciones como el CCAJAR, Telarañas de impunidad: Las voces de resiliencia frente a la violencia estatal-paramilitar en el Magdalena Medio (19982000)5 que señala el papel de agentes de la fuerza pública en la expansión del paramilitarismo en la región. Asimismo, se adelantó un trabajo de localización de fosas en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBDP) por parte de CREDHOS, e investigaciones por COSPACC y FCSPP sobre ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en Boyacá que buscan recuperar la memoria y la dignificación de las víctimas que siguen luchando contra el olvido, el silenciamiento y la impunidad. La CIJP por su parte organizó 4 ediciones del Festival de las Memorias6, la primera de ellas tuvo lugar en Cacarica y a ella acudieron magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a celebrar la primera audiencia de ese tribunal en territorio rural. Además de comunidades del Bajo Atrato, también participaron victimarios de violaciones de DDHH para compartir la verdad sobre lo acontecido en las operaciones Génesis y Septiembre Negro abriendo espacios de diálogo para la reconciliación y esclarecimiento de la verdad. Para ofrecer garantías de seguridad a las comunidades que participan en el proceso de justicia transicional, la JEP otorgó medidas cautelares colectivas a los habitantes de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó7. Durante 22 años desde su creación, La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha llevado a cabo 12
En cifras
259 compañamientos a A personas defensoras de derechos humanos
43 compañamientos de A observación internacional
111 Visitas a las oficinas de las organizaciones acompañadas
177 Reuniones de seguimiento con las organizaciones acompañadas
74 Reuniones con las organizaciones acompañadas
75 Reuniones de incidencia
Caravana humanitaria, noreste Antioquia.
constantes esfuerzos para dar a conocer su historia y luchar contra la impunidad. Como resultado, en mayo la Corte Suprema de Justicia condenó a seis miembros del Ejército del Batallón Vélez de la Brigada XVII a pagar 34 años de prisión por su participación en la masacre de 8 personas de esta comunidad. En el marco del SIVJRNR, la Comunidad de Paz entregó en 2019 informes a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), reportando más de 500 casos de violaciones de DDHH en su contra en el marco del conflicto armado.
tradiciones de resistencia a través de la educación e investigación diseñado para personas defensoras de DDHH del suroccidente colombiano, y dirigido por la Organización NOMADESC.
El acompañamiento de PBI Colombia facilitó la participación de organizaciones en espacios emblemáticos, como el homenaje organizado por la CEV y la UNBPD en la ciudad de Pasto donde se reconoció la labor de las “mujeres buscadoras” y en la que participó la Fundación Nydia Erika Bautista.
CAHUCOPANA organizó encuentros de mujeres y escuelas de género en la región del Nordeste de Antioquia cuyos contenido incluyen la identificación de estructuras patriarcales en la sociedad campesina y el aprendizaje de herramientas para la participación política de las mujeres en el ámbito rural.
Por otro lado, PBI acompañó eventos y espacios de fortalecimiento de comunidades, líderes y lideresas en el marco de iniciativas de construcción de paz desde los territorios.
Con nuestro acompañamiento, varias organizaciones como CAHUCOPANA y Credhos desarrollaron talleres de protección comunitaria y Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la región Nororiente. Asimismo, Cospacc impartió talleres de DDHH y DIH con enfoque medioambiental en diversos municipios del departamento de Casanare.
Entre otras, PBI acompañó la celebración de la quinta asamblea de la Universidad Intercultural de los Pueblos, un proceso de intercambio de saberes y
Un año más, acompañamos a la ACVC en el Tercer Festival de la Cultura y Dignidad Campesina que congregó comunidades del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio para celebrar el patrimonio cultural campesino y reivindicar sus derechos e identidad.
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En la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Se llevó a cabo el Festival de Juventudes Celebrando la vida y la biodiversidad amazónica, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica 19 años. Durante una semana, CIJP acompañó las actividades de fortalecimiento comunitario para la vinculación e identificación de los jóvenes con los procesos de resistencia de su comunidad. En tercer lugar, PBI acompañó iniciativas en defensa del derecho a la libre expresión, manifestación y participación política de la sociedad civil, especialmente en el 2019 aquellos vinculados a las movilizaciones del Paro Nacional convocado a partir del 21 de noviembre, entre otros. En el marco de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas8 - que tiene por objetivo denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia- varias organizaciones acompañadas (FCSPP, CCAJAR y DH Colombia) conformaron las Comisiones de Verificación e Intervención para documentar casos y sistematizar información durante el Paro Nacional. Con el acompañamiento de PBI, se contribuyó a garantizar el monitoreo a violaciones de DDHH durante estas movilizaciones. 14
Además, Claudia Julieta Duque logró identificar el paradero de un estudiante que fue detenido en el marco del Paro Nacional y evidenciar las condiciones de maltrato en las que se encontraba. Con el acompañamiento de PBI, la periodista adelantó también en 2019 investigaciones sobre los impactos en la población y el medioambiente del megaproyecto de la represa Hidroeléctrica de Ituango. FCSPP y COSPACC han articulado estrategias para hacer frente a la ofensiva de judicializaciones contra líderes y lideresas como estrategia de desarticulación del movimiento social. En publicaciones como Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz, se documenta este riesgo creciente con el objetivo de respaldar la participación política de la sociedad civil. Otro de nuestros ejes de trabajo en este 2019 continuó siendo la lucha contra la impunidad a través del acompañamiento de investigaciones y casos judiciales que conllevan un alto riesgo para las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas.
CCALCP ha continuado su trabajo para una delimitación alternativa del páramo de Santurbán, un importante recurso hídrico para muchos municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander que se ve amenazada por un proyecto de explotación minera.
Por último, desde PBI seguimos acompañando procesos de resistencia en los territorios frente al despojo y el desplazamiento que amenaza a comunidades ancestrales colombianas. Destacamos aquellas a las que blindamos a través de nuestro acompañamiento a la CIJP.
Gracias a las investigaciones de Credhos, se evidenciaron los impactos ambientales de la industria petrolífera en las ciénagas de Barrancabermeja, principal ciudad petrolera del país.
Las comunidades de Jiguamiandó (Chocó) sufrieron el avance y amenaza de grupos armados ilegales que se enfrentaron entre los meses de febrero y marzo en su territorio. Las comunidades indígenas fueron blanco de graves violaciones a sus derechos humanos y territoriales en contravía de la distinción civil recogida en el DIH. Durante veinte días PBI acompañó de forma permanente a CIJP para la verificación de la situación en las Zonas Humanitarias, brindando así además un acompañamiento paraguas a la misma comunidad que logró permanecer en sus territorios pese al avance de estos grupos ilegales.
CIJP siguió acompañando a comunidades del Bajo Atrato retornadas a sus predios ancestrales a través del asesoramiento legal, apoyándolas en el reclamo de sus tierras. Como resultado, en mayo, se llevó a cabo la entrega de ocho predios en la vereda Guacamayas a familias víctimas de desplazamiento en la década de los 90’. La periodista Claudia Julieta Duque continúa luchando contra la impunidad en el proceso de tortura psicológica, amenazas, espionaje y crímenes de lesa humanidad por parte de la extinta policía secreta colombiana (DAS) del que fue víctima. En julio, la jueza del proceso prohibió a la periodista emitir opiniones e información sobre el mismo, lo cual llevó a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a interponer una tutela a favor de su derecho a la libertad de expresión. DH Colombia representa a la familia de Nicolás Neira, un joven de 15 años que murió en la manifestación del 1° de mayo de 2005 como consecuencia del golpe de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza, disparada por un agente del ESMAD. Asimismo, FCSPP representa a la familia de Dilian Cruz, que sufrió la misma suerte después de que un agente del escuadrón le disparara en la cabeza durante las protestas del Paro Nacional de este año.
CIJP acompaña en el Putumayo a comunidades Nasa y a la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica para la defensa de sus derechos frente a las afectaciones ambientales de explotaciones petroleras en sus territorios. A través de nuestro acompañamiento a esta organización, se facilitó la continuidad del trabajo en terreno de la lideresa Jani Silva desplazada por amenazas en diciembre de 2017. Noventa y siete familias de la comunidad Wounnan de Pichimá Quebrada, Litoral San Juan (Chocó), regresan a su territorio tras haber sufrido desplazamiento forzado por enfrentamientos entre actores armados ilegales en junio. PBI acompañó a CIJP en una misión de verificación donde se pudieron constatar las huellas del enfrentamiento armado en el resguardo indígena, así como las condiciones precarias de salud y educación en las que vivía la población desplazada en la cabecera del rio. Además PBI acompañó y visibilizó el retorno en un momento de suma importancia y alegría para todas las personas que regresaban a su territorio ancestral.
Notas de pie 1 Indepaz: Informe Parcial Julio 2019, 23 de julio de 2019 2 Reliefweb: Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Michael Forst, 26 diciembre de 2019, 28 de enero de 2020 3 Front Line Defenders: Global Analysis 2019 4 OACNUDH: Nota informativa defensoras y defensores asesinados durante 2019, 14 enero de 2020 5 CCAJAR: Víctimas del Magdalena Medio presentan informe sobre fuerza pública y paramilitarismo, 11 de octubre de 2019 6 PBI: Verdad y memoria en el Bajo Atrato, 7 de septiembre de 2019 7 JEP: La JEP instala Comisión para verificar el cumplimiento de medidas cautelares en Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó, 18 de septiembre de 2019 8 Defender la libertad
15
Reuniรณn con Lars Bredal, el jefe adjunto de la delegaciรณn de la Uniรณn Europeo (UE) en Colombia.
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Interlocuciรณn e incidencia Sensibilizaciรณn sobre el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos ante las autoridades estatales colombianos y la comunidad internacional
17
U
no de los objetivos del trabajo de Incidencia de PBI es el de facilitar espacios en los que las personas defensoras de DDHH pueden fortalecer sus redes de apoyo tanto a nivel nacional como internacional, ya sea con otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales o entidades multilaterales. Esto se logra mediante una estrategia holística en la que se incluyen actividades tales como giras nacionales e internacionales, encuentros de intercambio entre organizaciones de la sociedad civil, reuniones puente con dianas políticas, entre otras. Señalamos a continuación algunos ejemplos significativos del año 2019. Gracias al apoyo de las embajadas europeas en Colombia, siete personas acompañadas por PBI fueron apadrinadas a través del programa “Defendamos la vida” para visibilizar y avalar su labor en defensa de los DDHH. PBI Colombia sumó esfuerzos en 2019 a los de cientos de redes y organizaciones nacionales e internacionales para solicitar la renovación del mandato de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, destacando el papel fundamental de esta agencia en apoyo a las personas defensoras. Se llevaron a cabo acciones articuladas con instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Desde el trabajo de PBI en apoyo a la construcción de la paz y, por ende, de la implementación del Acuerdo de Paz, se han mantenido reuniones con la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) en varias ocasiones con el fin de tratar las medidas de protección de personas defensoras y víctimas en los procesos judiciales que se llevan a cabo A nivel nacional, PBI facilitó 4 giras de incidencia en Bogotá de organizaciones acompañadas agendando reuniones con miembros de la comunidad internacional e instituciones colombianas para solicitar su apoyo en torno a medidas de prevención y protección. Además, este año, PBI organizó 4 visitas de miembros de la comunidad internacional a terreno con la finalidad de atestiguar la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades en los territorios. Y a nivel internacional, se facilitaron 9 giras a Europa, Estados Unidos y Canadá en las que personas defensoras pudieran crear y consolidar sus redes de apoyo y dar testimonio sobre la situación de DDHH en Colombia. Como ejemplo, PBI Colombia diseñó una estrategia integral para la organización Nomadesc, quienes acompañan comunidades afroamericanas, mestizas e indígenas en el suroccidente del país. En agosto PBI organizó una gira en Bogotá con miembros de esta organización y del Paro Cívico de Buenaventura tras el atentado e intento de atentado que sufrieron dos de sus miembros. PBI facilitó varios días de reuniones con 7 Embajadas, OACNUDH y autoridades nacionales. Tras la gira, Lars Bredal, jefe adjunto de la Delegación de la UE, visitó Buenaventura junto a PBI para recibir testimonios y conocer de cerca el contexto de las denuncias. En seguimiento, PBI coordinó en septiembre una visita de 5 embajadas y OACNUDH a la ciudad portuaria con el mismo propósito. Finalmente,
25 años de PBI en Colombia El hito más destacado del año para la construcción de redes fueron los eventos enmarcados en la conmemoración del 25° Aniversario de PBI en Colombia, con motivo del cual se organizaron encuentros que reunieron organizaciones acompañadas y actores clave en la defensa de los DDHH a nivel nacional y regional, tanto en los territorios como en la capital. En Bogotá los encuentros se desarrollaron alrededor del conversatorio “Garantías para Personas Defensoras en la Colombia del Pos Acuerdo – Aportes desde el Ámbito Internacional” que propició espacios de reflexión y diálogo entre las 161 personas asistentes, entre personas defensoras, miembros de la Comunidad Internacional y expertas regionales de alto nivel. En Urabá, se llevó a cabo un encuentro territorial con 60 representantes de 8 comunidades acompañadas por PBI, que compartieron unas jornadas de intercambio y fortalecimiento de redes.
18
en el mes de noviembre, Olga Araujo de Nomadesc participó en una gira europea organizada por los proyectos latinoamericanos de PBI. En ella se cumplieron varios objetivos; por un lado, visibilizar la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el medioambiente en la región, así como fortalecer su articulación a través del intercambio de formas de protección y autoprotección diferenciales. A lo largo del año, tras la llamada a indagatoria por parte de la Corte Suprema de justicia del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, se han intensificado los señalamientos y difamaciones a las organizaciones que representan a las víctimas tanto en el caso de los “12 Apóstoles” como contra aquellas involucradas en diferentes demandas en contra del ex-presidente, entre ellas el CCAJAR y el FCSPP. En este escenario, PBI ha cumplido con su misión de mantener informada a la comunidad internacional para asegurar garantías para las víctimas y sus representantes, así como independencia de la justicia. Estas acciones han contribuido a que la comunidad legal internacional, como por ejemplo la Alianza para Abogados en Riesgo, respaldase a las organizaciones acompañadas por PBI. 1Asimismo, se interpuso una pregunta parlamentaria por parte de Miguel Urban Crespo pidiendo independencia de la justicia y acciones de respaldo de la UE a las tres organizaciones, CIJP, CCAJAR y FCSPP.2
En cifras
137 Gracias al apoyo de las embajadas europeas en Colombia, siete personas acompañadas por PBI fueron apadrinadas a través del programa “Defendamos la vida” para visibilizar y avalar su labor en defensa de los derechos humanos
Reuniones bilaterales con comunidad internacional
23 Reuniones multilaterales
26 Reuniones en plataformas y redes
143 Reuniones de puente
44 Eventos en los que se asiste/ participe Notas de pie 1 Alliance for lawyers at risk: Human Rights Defenders Toolbox published, 2019 2 Palamento Europeo: Preguntas parlamentarias, 29 de octubre de 2019
9 Giras en Europa, EEUU y Canadá 19
20
2019: escalamiento de amenazas y violaciones de derechos humanos contra personas defensoras 21
L
os ataques a personas defensoras y lideres/as sociales, los pocos avances en la implementación del Acuerdos de Paz y el recrudecimiento del conflicto armado siguieron siendo las principales preocupaciones en la situación de derechos humanos en Colombia en 2019. El año empezó con una ola de violencia donde 6 personas que ejercían un cierto liderazgo social fueron asesinadas en la primera semana del año y atentados destacados como el de Alfamir Castillo1, madre de un joven víctima de ejecución extrajudicial, conocida como “falso positivo” y quien está reclamando sus derechos a la verdad y justicia en proceso de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) y en particular, a través de las audiencias en contra del General Retirado Mario Montoya. También hubo ataques a la Fundación Nydia Erika Bautista, que amaneció con los vidrios de su oficina destrozados2. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, representantes de víctimas del conflicto armado que siguen apoyando el proceso de paz, que siguen acompañando a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que sufren amenazas, ataques, y hostigamientos en sus territorios, siguen siendo el blanco de ataques, señalamientos y deslegitimación de su trabajo. El Relator Especial para la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos Michel Forst, destacó en su informe que Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras víctimas de asesinatos3. La ONG Front Line Defenders también evidenció esta preocupante información en su informe anual 2019, en el cual documentaron el asesinato de 106 personas defensoras de derechos humanos4. Sin embargo, existe una falta de soluciones concretas a esta tragedia, falta una respuesta estatal integral, que sigue respondiendo a través de una fuerte militarización de los territorios. En general, el gobierno colombiano ha demostrado varios ataques a los acuerdos de paz por incumplimiento de la implementación de los mismos.Terminando 2019, tres años después de la firma del Acuerdo se han implementado completamente sólo el 25% de las 578 disposiciones acordados, siendo lo más avanzado la formación de entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNP). Después de un proceso complejo y lento de decisiones en el Congreso de la República, en junio se sancionó la ley estatutaria de la JEP que otorgó autonomía al Sistema Integral abriendo 7 macrocasos. Por su parte, en su primer año de trabajo, la Comisión de la Verdad (CEV) ha recogido 7444 testimonios y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) inició su consolidación territorial en 17 lugares completando el registro de solicitudes de búsqueda de 4817 personas. Otros puntos del acuerdo avanzaron poco, con muchos obstáculos desde el mismo gobierno de Duque. El punto 4 “Solución al problema de drogas ilícitas”, ha sufrido una desaceleración mientras que el Gobierno ha insistido en la implementación de la erradicación forzada e incumplieron con programas de sustitución de cultivos ilícitas dejando a numerosos campesinos sin ingresos y sin protección desde el estado. El punto 5 de “Participación Política” no ha avanzado y genera 22
gran preocupación para la consecución y garantía de la apertura democrática5. Tras el atentado en contra de la Escuela de Policía General Santander en Bogotá el 17 de enero por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno anunció el fin de las negociaciones que se venían dando desde 2017 y solicitó la captura inmediata de la delegación de la guerrilla en La Habana, Cuba6. Esta decisión generó tensiones a nivel internacional con los países garantes por el no respeto de los protocolos establecidos con el Gobierno de Santos y el recrudecimiento del conflicto armado a nivel nacional. La respuesta del estado ha sido un incremento de la militarización en los territorios particularmente en las zonas del Cauca y Norte de Santander7. En mayo, el periódico estadounidense “The New York Times” publicó varias noticias donde revelaba la directriz tomada desde los más altos niveles del ejército colombiano, de ordenar a comandantes duplicar las cifras del número de capturas y muertes en el desarrollo de operaciones militares para mejorar los resultados en el ejercicio de sus labores, lo que incentivó la preocupación por la reaparición de ejecuciones extrajudiciales, llamadas también “falsos positivos”.8 El Ministerio de Defensa a través del entonces Ministro Guillermo Botero y el actual Carlos Holmes, declararon que la información se había sacado de contexto y era parcial y aunque el ejército tenía conocimiento de dichos documentos, el entonces General Nicasio Martínez negó que ordenara a sus comandantes duplicar sus resultados. El escándalo a nivel nacional terminó con la retirada y finalización de dicha directriz9. Por su parte, el ELN ha venido expandiéndose por todo el país en un intento de control territorial tras el vacío dejado por las extintas FARC incrementándose los enfrentamientos no sólo contra otros grupos armados sino también con las Fuerzas Públicas. Esta lucha por el control se ha materializado en acciones violentas contra la población civil entre las que se encuentran amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos y de configuración múltiple; confinamiento o restricciones a la movilidad; ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados; desapariciones y desplazamientos forzados masivos y gota a gota; reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescente y violencia sexual contra las mujeres. Una de las zonas de mayor violencia por esta razón ha sido la Región del Pacífico. Por un lado, el ELN ha mantenido durísimos enfrentamientos contra el grupo paramilitar Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas Clan del Golfo y el Ejército Nacional poniendo en una gravísima situación de riesgo a las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan en la cuenca del río Jiguamiandó y en la zona del Bajo Atrato. Han sido afectadas alrededor de 5617 personas en las comunidades indígenas y 2232 personas de comunidades afrodescendientes, incrementándose en casi un 300% el confinamiento y restricción de movilidad y en un 230% el desplazamiento masivo10 en comparación con el año anterior,
Una de las zonas de mayor violencia ha sido la Región del Pacífico. Por un lado, el ELN ha mantenido durísimos enfrentamientos contra el grupo paramilitar Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas Clan del Golfo y el Ejército Nacional poniendo en una gravísima situación de riesgo a las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan en la cuenca del río Jiguamiandó y en la zona del Bajo Atrato.
agudizándose así la crisis humanitaria de estas comunidades. Por el otro, en el municipio de Buenaventura, que alberga el puerto marítimo más grande del país, el riesgo estuvo focalizado sobre todo en el casco urbano, donde el ELN, grupos post-FARC y las AGC se disputaron el control a través de las bandas delincuenciales que ya operaban en el distrito. La Defensoría del Pueblo alertó en julio de la situación señalando el riesgo de cerca de 169439 habitantes de las comunas 3,4,9,10 y 12 afectando a 32 de los 165 barrios11, siendo la población de mayor riesgo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). El 2019 ha tenido, además, una cita histórica con la justicia. La Corte Suprema citó a indagatoria al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez el 8 de octubre para dar respuesta a los supuestos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos12. En 2012, el senador de la oposición Iván Cepeda reaizó un debate de control político a Álvaro Uribe Vélez en el que presentó las declaraciones de varios ex-paramilitares
que aseguraban que el expresidente y su hermano Santiago Uribe Vélez habían fundado una organización que perteneció al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); Álvaro Uribe Vélez denunció a Iván Cepeda por usar testimonios falsos y abusar de sus funciones como congresista por ir a la cárcel a recolectar las evidencias. Sin embargo, seis años después, en 2018, la Corte Suprema cerró el proceso en contra de Cepeda y, en cambio, comenzó a investigar al expresidente por presuntamente manipular a varios ex-paramilitares para que cambiaran sus versiones. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos casi 30 procesos en los que se acusa a Álvaro Uribe Vélez; mientras que la comisión encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado cuenta con más de 50 investigaciones en contra del exmandatario. El expresidente no ha sido condenado en ninguno de los casos. Además, el Gobierno de Iván Duque ha incumplido el acuerdo llegado el año anterior con 32 universidades de incremento del presupuesto en 1.2 billones 23
Un año de incremento de la violencia y el conflicto armado, de escaso cumplimiento del Acuerdo de Paz, de asesinatos de líderes/as y de un población cansada que exige de modo pacífico soluciones eficaces y garantías de seguridad para el desarrollo del país.
para los próximos 4 años y ha propuesto una reforma laboral que deja al 44% de los trabajadores con salarios inferiores al mínimo y un modelo de contratación laboral que conduce a la eliminación de organización sindical. La situación de inestabilidad y violencia ha llevado a numerosas manifestaciones de protesta social pacífica durante todo el año por la sistematicidad en el asesinato a líderes/as13, reformas laborales14 o incumplimiento de acuerdos educativos15 que terminó en el Paro Nacional convocado el 21 de noviembre donde millones de personas mostraron su insatisfacción con las políticas y la situación de violencia en el país. La respuesta del Estado, lejos de ser la de otorgar las garantías para el desarrollo pacífico del derecho a la protesta social, ha sido procesos de judicialización, represión y abuso de la fuerza. En este contexto, el joven de 18 años Dilan Cruz falleció por las lesiones cerebrales causadas por el impacto recibido en la cabeza de un artefacto disparado 24
por del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional el 26 de Noviembre16. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) publicó un extenso informe al final del año donde documenta los casos de 249 personas defensoras de derechos humanos que han sido judicializadas en el marco de protestas pacíficas entre 2012 y 2019; dejando evidencia del intento de criminalización de la protesta por parte del Estado. Según el CSPP, “La criminalización a través del uso indebido del derechos penal forma parte de ataques, agresiones y obstáculos que deben enfrentar las personas defensoras en Colombia y que a menudo, suele ser invisibilizada.”17 Un año de incremento de la violencia y el conflicto armado, de escaso cumplimiento del Acuerdo de Paz, de asesinatos de líderes/as y de un población cansada que exige de modo pacífico soluciones eficaces y garantías de seguridad para el desarrollo del país.
El Relator Especial para la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos Michel Forst, destacó en su informe que Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras víctimas de asesinatos.
Notas de pie 1 El Tiempo: Repudian atentado contra madre de víctima de ‘falsos positivos’, 13 de enero de 2019 2 PBI Colombia: “No nos mueve la ideología, nos mueve el amor, un amor que se politiza, que adquiere consciencia social”: Yanette Bautista, 25 de enero de 2019 3 Consejo de Derechos Humanos, 43er período de sesiones: Visita a Colombia, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 26 de diciembre de 2019 4 Front Line Defenders: Global analysis 2019, enero de 2020 5 Instituto Kroc: Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial, noviembre de 2019 6 El Espectador: Punto final a los diálogos con el Eln, 18 de enero de 2019 7 El Espectador: La militarización del Cacua traerá más muertos: Guardia indígena, 3 de noviembre 2019 8 New York Times: Colombia Army´s New Kill Orders Send Chills Down Ranks, 18 de mayo 2019
9 El Espectador: New York Times responde a carta del gobierno colombiano sobre artículo de falsos positivos, 23 de mayo de 2019 10 Fundación Paz & Reconciliación Continúa la amenaza paramilitar en Jiguamiandó, 26 de junio de 2019 11 Defensoría del Pueblo: AT 007-19, julio de 2019 12 El Espectador: Terminó la indigatoria del senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema, 8 de octubre de 2019 13 El Espectador: Así fue la mobilización por los líderes sociales en el país, 26 de julio de 2019 14 El Tiempo: Minuto a minuto: así avanza el Paro Nacional en todo el país, 25 de abril de 2019 15 Semana: ¿Por qué los estudiantes saldrán nuevamente a las calles el 10 de octubre?, 10 de febrero de 2019 16 El Tiempo: Muere Dilan Cruz, joven herido el sábado en marchas en Bogotá, 26 de Noviembre de 2019 17 CSPP: “Criminalización de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia”, diciembre de 2019
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Entrevista a Olga Araújo, NOMADESC.
Publicación y distribución Visibilizar las graves y continuas amenazas y atentados que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos en Colombia 26
P
BI Colombia se consolida como referente a nivel internacional en la generación de información sobre la situación de DDHH en Colombia. Nuestras publicaciones siguen teniendo un alto número de lectores y las redes sociales siguen creciendo. A lo largo de este año, 98.952 personas consultaron los 91 blogs publicados en nuestra web en los que difundimos la labor de las personas acompañadas, y el riesgo al que están expuestas. Para conmemorar los 25 años de acompañamiento de PBI en Colombia, se rindió homenaje a la valiosa labor de las personas acompañadas a través de una serie documental de 25 videos que recogen una cronología de la historia de defensa de los DDHH en el país. Para su producción se contó con el apoyo de Javier Bauluz, fotoperiodista español ganador del premio Pulitzer (1995) y otros premios de DDHH. Los videos tuvieron un gran impacto en las redes sociales y se difundieron en campañas de sensibilización e incidencia con el apoyo de las entidades de PBI en Europa y Norte América.
Durante el 2019 se participó de dos campañas mediáticas coordinadas desde PBI internacional, una sobre mujeres defensoras, a través de la difusión de videos temáticos realizados durante los encuentros regionales de mujeres defensoras y la otra sobre perfiles de personas defensoras acompañadas por PBI al nivel regional, con fotos y frases para respaldar su labor y visibilizar sus riesgos y la difusión del documental realizado por Manu Valcare “The Defenders” En cuanto a las publicaciones restringidas, dirigidas a nuestra red de apoyo internacional, en 2019 se publicaron 6 focos de interés en castellano e inglés, donde se informó de manera exhaustiva sobre la situación de DDHH en Colombia y las amenazas que reciben las organizaciones acompañadas. Además, se difundieron 3 Alertas de Acción para visibilizar situaciones de emergencia derivadas de episodios de alto riesgo sufridas por algunas organizaciones y comunidades. A ello se suma las múltiples documentaciones que elaboramos a petición de nuestras dianas políticas para contextualizar el abordaje de la situación de DDHH en Colombia que se lleva a cabo en escenarios internacionales.
Para conmemorar los 25 años de acompañamiento de PBI en Colombia, se rindió homenaje a la valiosa labor de las personas acompañadas a través de una serie documental que recogen una cronología de la historia de defensa de los derechos humanos en Colombia.
Entrevista a Fabian Laverde, COSPACC para la serie documental. 27
El eje de Apoyo a la Reconstrucciรณn del Tejido Social (ARTS) de PBI facilita el intercambio de herramientas de protecciรณn, seguridad digital y psicosociales por medio de talleres colectivos con enfoque diferencial.
Apoyo a la Reconstrucciรณn del Tejido Social 28
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l eje de Apoyo a la Reconstrucción del Tejido Social (ARTS) de PBI facilita el intercambio de herramientas de protección, seguridad digital y psicosociales por medio de talleres colectivos con enfoque diferencial. En ellos, se brinda apoyo para el diseño de protocolos de seguridad y autocuidado que disminuyan los riesgos y mitiguen los impactos que sufren las personas, organizaciones y comunidades en el marco de su labor de defensa de DDHH.
Las solicitudes de estos espacio siguen aumentando, ya que el momento histórico por el que atraviesa Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz implica una gran carga para las personas defensoras de DDHH que trabajan en torno al SIVJRNR. Además, el valioso trabajo que adelantan conlleva de un alto nivel de exposición y riesgo en un momento de agudización de la violencia sociopolítica y los ataques dirigidos a este colectivo. Algunos espacios fueron solicitados a raíz de incidentes de seguridad que sufrieron las organizaciones. Este fue el caso de Equitas, Cos-pacc, FNEB y el MOVICE. En ellos, nos enfocamos en facilitar un análisis de riesgo, identificando puntos vulnerables de la organización y mecanismos que puedan fortalecer su capacidad para minimizarlos, ofreciendo además apoyo psicosocial para paliar el impacto emocional que se da tras los incidentes. Otros procesos, como los desarrollados con CCALCP, CJL, CCJ o FCSPP, se dieron con carácter preventivo a través de la construcción de protocolos de seguridad.
PBI acompaña desde 2016 el proceso de reconstrucción del tejido social de un grupo de mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada de Buenaventura a través de mecanismos de afrontamiento colectivo. Este año, como muestra del fortalecimiento alcanzado, las mujeres se han organizado en un emprendimiento productivo que les reporta independencia y cohesión. A través de visitas regulares, en 2019 PBI ha facilitado una serie de espacios con un grupo de jóvenes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, orientados al fortalecimiento del tejido social de este grupo. Para ello, se ha utilizado metodologías cooperativas y lúdicas que llevan a la reflexión sobre los riesgos diferenciales que sufren y a la construcción de medidas de autoprotección específicas para ellos y ellas. PBI facilitó un análisis de riesgo con enfoque diferencial con la Corporación Vamos Mujer y sus organizaciones acompañadas. Tomando en cuenta el género con todas sus interseccionalidades como factor central, se elaboró un protocolo de actuación frente a escenario de violencia que sufren las mujeres en el marco del conflicto armado, el cual fue replicado por las participantes en sus regiones. El eje de ARTS de PBI también trabaja con el objetivo de fortalecer redes entre organizaciones defensoras a nivel nacional y regional. En este sentido, en el 2019, PBI Colombia pilotó un programa de Formación de Formadores con el MOVICE en el que se reunió a todos los capítulos territoriales de esta red de víctimas de crímenes de Estado. En esta misma línea, se realizó el IV Encuentro de Mujeres Defensoras, para el intercambio de vivencias y estrategias en torno a riesgos por la labor que desempeñan, impactos psicosociales y capacidades de afrontamiento.
En cifras
41 Talleres (1090 participantes, 749 eran mujeres)
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PBI en terreno
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El eje de Apoyo a la Reconstrucci贸n del Tejido Social (ARTS) de PBI ha facilitado espacios de reflexi贸n sobre escenarios de riesgo y el desarrollo de medidas de autoprotecci贸n como forma de afrontamiento.
Escuelas de la Memoria para la no repetici贸n 32
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n el marco del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, nace en 2016 el proyecto “Escuela de la Memoria para la no repetición”1, una iniciativa de apuesta de paz con garantías de la mano del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y el Comité Permanente para los Derechos Humanos (CPDH). Comunidades, organizaciones y colectivos de víctimas de crímenes de Estado provenientes de 13 departamentos se dan cita con el objetivo de fortalecer los procesos de memoria colectiva en aras de aportar a la construcción de la verdad histórica desde la narrativa de las víctimas, y dar a conocer los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) para promover la participación de la sociedad civil en la construcción de paz. El eje de Apoyo a la Reconstrucción del Tejido Social (ARTS) de PBI ha facilitado espacios de reflexión sobre escenarios de riesgo y el desarrollo de medidas de autoprotección como forma de afrontamiento. En concreto PBI ha acompañado las Escuelas de la Memoria en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Santander y la región de Montes de María.
De los logros evidenciados durante el proceso, cabe destacar la alta participación en estos espacios y la constancia a lo largo de estos años, así como la apropiación de elementos de protección y autoprotección para fortalecerse de manera colectiva. En cuanto al trabajo psicosocial en torno al acompañamiento emocional, autocuidado y cuidado mutuo, facilitamos y abrimos el espacio para que las personas tengan un lugar seguro donde procesar los impactos emocionales tales como el miedo, desde un lugar que permita la no revictimización de las participantes y que les posibilite continuar con su trabajo, integrándolo en su día a día tanto a nivel personal, familiar como organizativo. Es por eso que el trabajo de apoyo a la reconstrucción del tejido social de PBI está orientado al abordaje del miedo y las rupturas en los procesos organizativos, que son a su vez estrategias y efectos de la violencia sociopolítica. Dando énfasis a los afrontamientos que permitan dotar de sentido y resignificar las experiencias, así como elaborar estrategias para la continuidad de los procesos. Nota de pie 1 CAJAR: Escuela de la memoria para la no repetición, 1 de mayo de 2018
Comunidades, organizaciones y colectivos de víctimas de crímenes de Estado provenientes de 13 departamentos se dan cita con el objetivo de fortalecer los procesos de memoria colectiva en aras de aportar a la construcción de la verdad histórica desde la narrativa de las víctimas. 33
Perla Amazรณnica, la lucha sigue
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rente al aumento de ataques y asesinatos a personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos en el Putumayo1, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) pidió acompañamiento a PBI en esta región tan golpeada por el conflicto armado2. Putumayo es un departamento donde la presencia de actores armados ilegales3, los incumplimientos del Acuerdo de Paz y las afectaciones socioambientales de empresas extractivistas tienen un gran impacto en las comunidades4 que llevan años resistiendo de manera pacífica para poder permanecer en el territorio. En este contexto de violencia viven 36 comunidades Nasa que siguen luchando para que se reconozcan sus derechos territoriales ancestrales a través de resguardos y zonas de reserva campesina. Es el caso de 800 familias que habitan en la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica (ZRCPA), conformada por 24 veredas sobre el margen del río Putumayo y sus afluentes5. Además de la presencia de actores armados -legales e ilegalesque expone a los habitantes del Putumayo a situaciones de confinamiento y desplazamiento6&7. El 90% de los proyectos de exploración y explotación petrolera de la Amazonía se encuentran en esta región, cuyos impactos ambientales han afectado a la forma de vida de las comunidades Nasa y la población campesina de la ZRCPA8. Carlos Fernández, defensor de CIJP, viajó a Europa en 2018 en una gira organizada por PBI que congregó a defensores y defensoras de 7 países con motivo del 20 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre personas defensoras de DDHH. Durante el 2019, debido a su labor en la protección de los derechos humanos, ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y campesinas, fue objeto de graves amenazas, intimidaciones y hostigamientos que lo obligaron a salir temporalmente de Putumayo9. Desde PBI se emitió una alerta para informar a nuestra Red de Apoyo y, tras un periodo fuera del departamento, PBI lo acompañó en su retorno. El acompañamiento político, físico y psicosocial de PBI se ha intensificado y ha permitido que Carlos Fernández pueda seguir realizando su labor de defensa de DDHH.
En Putumayo, CIJP acompaña a Jani Silva, representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA), organización comunitaria responsable del proceso de reactivación y gestión de la Zona de Reserva. Jani es una lideresa ambiental y defensora de derechos humanos que impulsa la implementación de los Acuerdos de Paz, promueve iniciativas de reforestación y denuncia las afectaciones socioambientales fruto de operaciones petroleras. Debido a su labor, recibió numerosas amenazas que la obligaron a desplazarse hace más de un año. En 2019 el acompañamiento de PBI logró disminuir su nivel de riesgo permitiendo que regresara a la ZRCPA para realizar diferentes actividades con la comunidad, tales como talleres culturales, talleres de fortalecimiento para el conocimiento de sus derechos, o misiones de verificación de daños ambientales, entre otros. Asimismo, a través de su trabajo de acompañamiento político, PBI visibilizó la situación de las comunidades y sus mecanismos de autoprotección colectiva. Entre estos esfuerzos, se incluye el acompañamiento a una misión de Amnistía Internacional con el fin de conocer su realidad, documentar y visibilizar sus mecanismos de protección y los impactos ambientales de actividades extractivas. Recientemente, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ordenó, preliminarmente, el congelamiento de tres millones de libras esterlinas a la empresa petrolera Amerisur Resources en respuesta a una demanda interpuesta por los habitantes de la ZRCPA10. Esta decisión judicial representa un importante avance en materia de garantía de derechos para las comunidades afectadas. La labor de documentación de pruebas para este caso ha sido llevada a cabo conjuntamente por CIJP y el colectivo británico de abogados “Leigh Day”. PBI facilitó este intercambio durante la gira por Europa a la que asistió el defensor Carlos Fernández, quien reconoce que el trabajo de PBI en Putumayo ha permitido visibilizar y proteger los procesos locales de resistencia y construcción de paz por parte de la comunidad en un territorio aun en disputa.
Notas de pie 1 El Espectador: Defensa del medioambiente es motivo de más de 1.000 ataques en América Latina, 24 de abril 2019 2 El Espectador: Putumayo, a merced de una nueva ola de violencia, 21 de diciembre de 2017 3 El Colombiano: Disidencias y narcotráfico responsables de la violencia en Putumayo, 16 de abril de 2019 4 Cijp: Organizaciones de Putumayo denuncian incumplimientos en erradicación voluntaria, 30 de enero de 2019 5 Zona de Reserva Campesina la Perla Amazónica, 31 de enero de 2012
6 El Espectador: Ocha alertó sobre confinamiento de 411 familias en Puerto Asis, Putumayo, 26 de agosto de 2019 7 Indepaz: Alerta Temprana 040-19, 26 de septiembre de 2019 8 Asociación Ambiente y Sociedad: Petróleo en la Amazonía: ¿Pueblos indígenas en peligro?, Abril de 2019 9 Cijp: Amenaza a defensor de derechos humanos de Justicia y Paz, 27 de junio de 2019 10 Contagio Radio: Por daños ambientales en Putumayo congelan millonaria cifra a petrolera Amerisur, 10 de enero de 2020
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En la región del Bajo Atrato se concentran grandes intereses extractivistas y económicos, además de ser un corredor estratégico para el narcotráfico.
Crisis humanitaria en Jiguamiandó
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urante el primer semestre del 2019, las comunidades étnicas del río Jiguamiandó y Curbaradó en el Bajo Atrato se encontraron en medio de un conflicto armado y una grave crisis humanitaria. El grupo heredero del paramilitarismo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrentaron durante varios meses por el control de los corredores estratégicos y de las vías fluviales que alcanzan la costa del Pacífico y la frontera con Panamá. Las AGC mantienen un fuerte control territorial y social en las regiones de Urabá y Córdoba, así como en el Bajo Atrato dónde se han señalado graves violaciones de los derechos humanos; y a pesar de la existencia de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad – creado a través del punto 3.4 del Acuerdo de Paz y a cargo del desmantelamiento de los grupos sucesores al paramilitarismo – este desmantelamiento no ha sido efectivo en los territorios. En la región del Bajo Atrato se concentran grandes intereses extractivistas y económicos, además de ser un corredor estratégico para el narcotráfico. Esta parte del departamento del Chocó se encuentra bajo la jurisdicción de la Brigada XV, adscrita al Ejército Nacional de Colombia. No obstante, existe un control casi total por parte de las AGC en estas dos cuencas, donde está instaurada una denominada ley de silencio, es decir las AGC prohíben a las comunidades denunciar su presencia y sus actividades ilícitas correspondientes. Las organizaciones sociales, la Iglesia Católica y la
Comisión de la Verdad han señalado recientemente el alto grado de connivencia entre la Fuerza Pública y las AGC en la región1. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), organización acompañada por PBI por más de 20 años, ha trabajado con las comunidades de esta región desde la época de los desplazamientos violentos a final de los años 902, especialmente a través de la creación de Zonas Humanitarias desde el 2001, figura de protección de la población civil en mitad de conflictos armados, reconocida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). A finales de diciembre de 2018, el Ejército de Colombia bombardeó la cuenca de Jiguamiandó a unos pocos metros de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza3, como parte de un operativo contra el ELN, desconociendo los principios básicos del DIH. En febrero de 2019, la disputa territorial entre las AGC y el ELN en las cuencas de Jiguamiandó y Curbaradó se tradujo en enfrentamientos entre los dos grupos, lo cual dio lugar a acciones bélicas en contra de la población civil atrapada en mitad de este conflicto armado, como atentados, secuestros, amenazas e incursiones de ambos grupos armados en diferentes Zonas Humanitarias en presencia de PBI4. Además, en el Resguardo Uradá-Jiguamiandó aproximadamente 356 indígenas se encontraron confinados por las restricciones a la movilidad y acceso a servicios de salud, abastecimiento de alimentos y riesgos en protección5.
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“Gracias a esa labor de PBI, persistimos y esperamos que nuevas generaciones puedan seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos.” Danilo Rueda, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Este confinamiento generó una crisis humanitaria agravada por una epidemia de paludismo y otras enfermedades, que derivó en la muerte de al menos 4 bebes6. Durante todo este periodo, PBI acompañó de manera integral a CIJP, así como a las comunidades afectadas a través de nuestra presencia permanente en las zonas humanitarias durante casi un mes, y posteriormente de manera regular durante todo el año. Además de nuestra presencia en terreno, PBI contribuyó a disminuir el riesgo de la población visibilizando las violaciones de DDHH y acompañando misiones de verificación. A su vez, se coordinaron acciones de incidencia a nivel nacional con entidades estatales y cuerpo diplomático, y se informó regularmente a nuestra red de apoyo internacional sobre la gravedad de la situación. Gracias a estas actividades se logró llamar la atención en el país sobre la crisis que estaban viviendo las comunidades de estas dos cuencas y, en las semanas que siguieron a los enfrentamientos, se dieron misiones humanitarias por parte de entidades estatales y otras organizaciones internacionales. Finalmente, en el mes de junio, PBI coordinó una visita de las embajadas de Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Reino Uni38
do e Irlanda a la zona humanitaria de Nueva Esperanza en conjunto con equipos de la Misión II de la ONU y la Mapp-OEA7. En el marco de esta visita, los representantes diplomáticos se reunieron con las comunidades afectadas y con la fuerza pública con jurisdicción en la zona. Gracias a la visibilización de esta situación, y debido al grave riesgo en los territorios del Bajo Atrato, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el 30 de julio las primeras medidas cautelares colectivas de protección para los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en las cuencas del río Jiguamiandó y Curbaradó8, quienes aportan además sus testimonios al caso 004 del sistema de justicia transicional.9 Las medidas cautelares son un mecanismo de respuesta urgente de la JEP que exige una rendición de cuentas continua de las instituciones del Estado a cargo de la protección. Dicha iniciativa ha sido acompañada por varias de las embajadas que asistieron a la visita al territorio en junio y ha permitido respaldar significativamente el avance del proceso de protección en el último año. PBI ha impulsado la presencia de observadores internacionales a las audiencias de seguimiento a las medidas y sigue haciendo incidencia para apoyar el cumplimiento de las mismas.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización acompañada por PBI por más de 20 años, ha trabajado con las comunidades de esta región desde la época de los desplazamientos violentos a final de los años 90, especialmente a través de la creación de Zonas Humanitarias desde el 2001, figura de protección de la población civil en mitad de conflictos armados, reconocida por el Derecho Internacional Humanitario.
Notas de pie 1 El Tiempo: Arzobispos y obispos del Pacífico claman por acuerdo de paz con el Eln, 13 de enero 2020; Comisión de la Verdad: tweet. Comisión de la Verdad, 30 de enero 2020 2 CINEP: El retorno al Bajo Atrato de víctimas del conflicto, 26 de abril 2016 3 CIJP: Bombardeos afectan comunidades en Territorio Colectivo de Jiguamiandó, 8 de diciembre 2018 4 CIJP: Sitiamiento por AGC en Zonas Humanitarias, 24 de Febrero 2019; Cijp: ELN deja en libertad a los jóvenes que se llevó sobre la 1:50 p.m., 19 de febrero 2019 5 OCHA: Flash Update No. 1–Confinamientoen Jiguamiandó -Carmen del Darién(Chocó), 7 de marzo de 2019
6 El Espectador: El confinamiento provocó la muerte de cuatro niños: alcalde de Carmen del Darién, 14 de marzo 2019 7 PBI Colombia: La comunidad internacional se hace presente en el Bajo Atrato, 4 de julio 2019 8 Colombia Juristas: Auto SRVR 175 del 30 de julio de 2019 9 Actualmente hay siete macro-casos en la Jurisdicción Especial para la Paz; el caso 004 se enfoca en las violaciones a los derechos humanos en la región del Urabá. En este caso están registradas por lo menos 3.523 incidentes de masacres, desapariciones forzadas, apropiación ilegal de tierras, violencia basada en género y violencia sexual.
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Informe de recursos humanos y financiero
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A
lo largo de 2019, hemos contado con 22 voluntarias de terreno (5 hombres y 15 mujeres) distribuidas en tres equipos (Barrancabermeja, Bogotá y Urabá), 12 brigadistas de apoyo, con labores de coordinación administrativa y operativa en nuestra sede de Bogotá incluyendo 2 en Europa (3 hombres y 9 mujeres) procedentes de Italia, Francia, España, México, Holanda, Argentina, Reino Unido, Chile, Paraguay, Alemania, Bolivia, Suiza y Italia. La estructura internacional de PBI Colombia está apoyada por su personal local (6 mujeres y 1 hombre) que lleva a cabo labores de contabilidad, logística y servicio doméstico. Se recibieron 101 candidaturas para brigadistas de terreno (77% de mujeres y 23% de hombres) de las cuales 44 fueron entrevistados y 20 fueron invitadas a participar en la semana de formación y selección, que resultó en la selección de 19 de ellas (15 mujeres y 4 hombres). En 2019, PBI hemos incorporado o mejorado el proceso de formación y selección para brigadistas de terreno en temas de género. Esto ha incluido la inclusión de temas específicas y preguntas enfocadas en protección y análisis desde una perspectiva de género en todo el proceso que nos está permitiendo una mejor detección de perspectivas, actitudes y actuaciones de las personas candidatas a incorporarse a nuestro proyecto. Durante el año se han realizado 13 procesos de selección para 6 puestos internos y 7 consultorías externas. En el primer trimestre del año, el Área de Reconstrucción del Tejido Social se aumentó con la incorporación de una nueva persona. Sin embargo, tuvimos dificultades para el cubrimiento del encargado de Seguridad Digital y Sistemas, la cual estuvimos manejando con contrataciones temporales, pero sin llegar a cubrir de facto el puesto.
Contamos durante este año 2019 con el apoyo externo como asesoría/consultoría de una Consultora especializada en Género (mujer), con la que se trabajó en la transversalización del Enfoque de Género en el proyecto, el cual dio como resultado entre otras cosas en lo relativo al fortalecimiento interno, la mejora de nuestras herramientas y metodologías de trabajo.
Formación continua Durante 2019 realizamos desde los áreas del Equipo de Apoyo espacios de mínimo una vez al año de formación con los Equipos de Terreno donde fortalecer capacidades, competencias, habilidades, e intercambiar conocimiento. Incorporamos notables mejoras en los contenidos, metodologías y herramientas que utilizamos como resultado del trabajo de transversalización del enfoque de género, a partir del asesoramiento con Humanas y con nuestra Consultora de género. Mantuvimos también durante 2019 la práctica de desarrollar charlas con defensores de DDHH acompañados por PBI sobre coyuntura política y la situación de derechos humanos actual. Adicionalmente miembros del Comité del Proyecto apoyaban con 7 talleres durante el año sobre, entre otras temas, Justicia Transicional, medidas de protección y organización interna. Desde el área psicosocial también dinamizamos y facilitamos también espacios de cuidado y perspectiva psicosocial con los tres equipos de terreno y también con las personas de la oficina de apoyo y personal colombiano. Adicionalmente tuvieron lugar siete espacios grupales y 17 consultas individuales desde las organizaciones y personas terapeutas externas que nos acompañan desde COPSICO y CAPS.
Ingresos y gastos durante 2019
Ingresos Gastos
€ 878.080
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€ 931.126
Informe financiero Peace Brigades International (PBI), es una organización no gubernamental recono-cida por la ONU, que mantiene un equipo permanente de personas observadoras-acompañantes internacionales en Colombia desde 1994. Dado que su sede principal se encuentra en el extranjero, que sus ingresos provienen en un 100% de fuente internacional y al no existir en materia contable una normatividad específica para este tipo de organizaciones, se ha asimilado el registro de sus operaciones económicas a la de organizaciones sin ánimo de lucro en general. Los estándares contables de PBI Colombia cumplen con los lineamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia; sus operaciones se ajustan a las normas contenidas en la ley 1314 y sus decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 – NIIF para PYMES. Las cuentas del Proyecto han sido auditadas por la firma CIP Auditores Ltda.
Diferencia en cambio Los estados financieros del Proyectos Colombia de PBI son valorados en Pesos (moneda en la que se registran las operaciones económicas, financieras y patrimoniales en Colombia), al finalizar cada período contable, y son presentados en Dólares (moneda en la que se registran los ingresos y gastos realizados en Estados Unidos) y en Euros (para los ingresos y gastos realizados en la Eurozona). Los ingresos y gastos son contabilizados en la moneda en la que son realizados. En la monetización de los ingresos de la cuenta «Donaciones por cobrar» y, al
registrar las cuentas por cobrar o avances y las justificaciones de éstos en monedas diferentes al Peso y en meses diferentes, se genera la utilización de la cuenta «Diferencia en cambio». Estos registros se realizan en las cuentas de resultado. Las cifras y resultados que se presentan a continuación corresponden al período 2019 y reflejan la situación financiera del Proyecto Colombia de Peace Brigades International (PBI). En ese sentido, los recursos transferidos por agencias internacionales para el desarrollo del objeto dentro de Colombia son contabilizados como ingresos, y los gastos derivados de las actividades correspondientes al mandato institucional como gastos. En la actualidad, no se tienen inversiones ni cuentas que generen intereses que se puedan tomar como ingresos de fuente nacional, causales de impuesto de renta. Por su parte, la organización reconoce como gastos los que se generan en relación de causación y asociación de ingresos, los cuales se encuentran regulados siempre por el presupuesto general.
Estados financieros al cierre de las cuentas anuales Al cierre del año 2019, 31 de diciembre, las cuentas arrojan un déficit del ejercicio por valor de € 53.046. Los ingresos totales (operacionales) alcanzaron la cifra de €861.835 y los gastos ascendieron a € 931.126. Se obtuvieron adicionalmente ingresos no operacionales por valor de € 16.245, lo que representa un total de ingresos de € 878.080.
Ingresos según país de origen de los fondos
Italia Francia Reino Unido Unión Europea Suiza Irlanda Noruega Alemania Holanda España
0,16% 0,31% 1,53% 3,78% 6,14% 8,03% 9,27% 9,64% 13,01% 48,12%
0
10
20
30
40
50 43
Ingresos según la fuente
Privados (0,47%) Multilaterales (3,78%) Fundaciones, sindicatos, iglesias (19,79%) Públicos (75,96%)
Gastos durante 2019 por área de trabajo
Comunicaciones
2.5%
Funcionamiento
3%
Formación
5%
Acompañamiento político
7%
Representantes en USA/Europa
7.5%
Gobernanza PBI Internacional
8%
Personal colombiano
8.5%
Gobernanza nivel proyecto
9%
Vivienda/alimentación
11%
Acompañamiento físico y psico
11%
Brigadistas especializados
13.5%
Brigadistas en terreno
15% 0
44
3
6
9
12
15
Acompañamiento a Daniel Prado
Acompañamiento a CREDHOS
Acompañamiento a Carlos Fernández 45
Donantes
46
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2 de agosto de 2020
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