Acompañamiento físico

El acompañamiento físico de PBI es fundamental ya que las actividades que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos,están asociadas a un alto riesgo, ya sea por la complejidad de las regiones donde trabajan o por los temas que abordan. Sin embargo, el 2020 trajo consigo riesgos adicionales derivados del aislamiento, la escasa presencia estatal y el control social ejercido por grupos ilegales que impusieron sus propias reglas anti-Covid1 . Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, (CICR), la pandemia no ha hecho sino empeorar las consecuencias humanitarias del conflicto y la violencia armada en el país, donde siguen activos cinco conflictos armados internos2 . En marzo, a raíz de la emergencia sanitaria en Colombia, como tantas otras expatriadas, la mitad de las personas voluntarias en terreno de PBI Colombia decidieron regresar a sus países de origen. Esto generó un debilitamiento de nuestros equipos, dando lugar al cierre temporal de nuestra sede de Barrancabermeja durante cuatro meses. No obstante, durante ese tiempo continuamos teniendo presencia en la región con visitas regulares en la medida en la que lo permitían las restricciones de movilidad.

Durante el año 2020, las actividades de presencia física se limitaron a los cinco meses en los no hubo restricciones de movilidad.

En aquellos acompañamientos con presencia en comunidades especialmente vulnerables por su aislamiento, PBI realizó pruebas PCR previas a sus personas voluntarias para garantizar que no exponíamos a las comunidades a contagios. Además, el acompañamiento se mantuvo todo el año por medios remotos. Así, se hizo seguimiento telefónico regular a todas las organizaciones acompañadas e incluso se acompañó virtualmente en ciertas actividades como reuniones con autoridades, eventos o audiencias públicas. Si bien nuestro acompañamiento físico se vio limitado en 2020, las actividades de las organizaciones acompañadas fueron condicionadas en la misma medida. Esto hizo que el número total de acompañamientos presenciales disminuyera. No obstante, logramos asumir un porcentaje de peticiones muy similar al de años anteriores (75%) a pesar de contar con la mitad de nuestro personal en terreno. Estos acompañamientos, tanto presenciales como virtuales, se pueden clasificar en cuatro modalidades, de las que destacamos los siguientes hitos:

Actividades adelantadas en la búsqueda de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Ya sea a través de la justicia ordinaria o del sistema integral derivado del Acuerdo de Paz. La Corporación Social para laAsesoría y Capacitación Comunitaria, (COSPACC), documentó 40 casos acontecidos entre 1990 y 2005, en la provincia de Lengupá (Boyacá), en torno a violaciones de derechos humanos como masacres, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada que siguen en la impunidad. Además, brindó acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y capacitación en Derecho de la comunidad afectada. PBI acompañó una peregrinación al Alto de Buenavista, cuyo objetivo era recuperar la memoria y la dignificación de las víctimas que siguen luchando

Procesos judiciales

PBI acompañó varios procesos judiciales por los asesinatos de manifestantes por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Uno de ellos es el caso de Nicolás Neira, joven de 15 años que murió en la manifestación del Día Internacional de los Trabajadores en 2005, y en el que DH Colombia representa a su familia.

contra el olvido y la impunidad. PBI acompañó a COSPACC y al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, (CSPP), durante la liberación de Ferney Salcedo por falta de pruebas. Este líder social es una de las ocho personas judicializadas de San Luis de Palenque (Casanare), en noviembre de 2018, tras participar en las protestas contra la petrolera Frontera Energy por incumplimientos laborales y ambientales. La liberación representa un gran logro para las organizaciones que apoyaron su defensa, sin embargo, el proceso en su contra continua. Además, FCSPP y Movice Sucre presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), y a la Comisión de la Verdad Colombia (CEV), el informe: “Solo preguntaron por mi nombre” sobre los llamados “falsos positivos judiciales”. En él se recoge información sobre 330 detenciones entre los años 2002 y 2007. PBI Acompañó la vista en Montes de María. PBI acompañó a la abogada Alejandra Garzón durante las audiencias celebradas presencial y virtualmente en 2020. En segundo lugar, CSPP acompaña jurídicamente el caso de Dilan Cruz, asesinado en las movilizaciones del Paro Nacional de 2019. PBI Colombia ha acompañado a la organización en las diligencias del proceso, que pasó a la justicia militar. Finalmente, PBI acompañó el plantón convocado por diferentes organizaciones en Cali, entre ellas Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC), en conmemoración del atentado contra Duván Villegas, joven a quien la Policía disparó en estas mismas protestas, dejándolo en silla de ruedas.

A finales de 2020, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo histórico concluyendo que este cuerpo policial realizó una intervención sistemática, arbitraria y violenta en las protestas de noviembre de 2019, y que la forma de actuar del Gobierno y de la Policía Nacional en dichas protestas violó los derechos constitucionales de los manifestantes.

Daniel Prado ha continuado su labor como abogado defensor de las víctimas en el caso de los Doce Apóstoles contra Santiago Uribe Vélez, pese a la altísima presión que recae sobre él. A comienzos de 2020 se celebraron en Medellín audiencias, que posteriormente tuvieron que aplazarse por la Covid-19.

La periodista Claudia Julieta Duque continúa buscando justicia en los casos de tortura psicológica a la que fue sometida por miembros del extinto Departamento Administrativo de

Seguridad, (DAS).

PBI acompañó a la periodista y a su abogado, Germán Romero, durante las audiencias del 2020 antes de ser suspendidas por la pandemia. No obstante, hubo algunos avances significativos: en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), comunicó que la demanda de Claudia Julieta Duque, por los ataques y persecución sufridos durante más de 15 años, se encuentra en etapa de admisibilidad. Asimismo, en agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al DAS, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior por la persecución y tortura contra Claudia Julieta Duque y ordenó a esas entidades el pago de la indemnización más alta fallada hasta ahora para las víctimas del DAS, y una de las más altas en casos de violaciones a los derechos humanos. Aunque no es una sentencia en firme, el Tribunal determinó que al interior del DAS se conformó una “organización criminal” que generó “una evidente vulneración a los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, libertad e intimidad” de la periodista y su familia. Cuatro organizaciones acompañadas por PBI, DH Colombia, COSPACC, FCSPP y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, (CCAJAR), llevan casos muy sensibles que involucran a un exalto mando del Ejército en el país, el General retirado del Ejército Nacional Mario Montoya,quien ha sido acusado de ser uno de los principales mandos implicados en las miles de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, en el período comprendido entre 2006 y 2009. Estos casos fueron presentado ante la Jurisdicción Especial de la Paz. En 2020 PBI acompañó a DH Colombia a la audiencia celebrada, donde el General dio su versión de los hechos. La Fundación Nydia Erika Bautista, (FNEB), presentó un informe a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sobre 33 casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en el departamento de Casanare, en el año 2003, a manos de paramilitares con colaboración del Ejército, y un rol importante de las empresas petroleras presentes en la región. PBI acompañó virtualmente a FNEB durante la presentación del informe. En el Cauca, PBI acompañó a la La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (CIJP) en la búsqueda y exhumación de cuatro personas desaparecidas asesinadas por paramilitares en 2008. Lamentablemente solo pudieron recuperarse los restos de una de ellas. Por su parte, con el acompañamiento de PBI, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, (CREDHOS), completó un proceso de documentación y georreferenciación de fosas en el Magdalena Medio que podrá utilizarse para futuras exhumaciones en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Berenice Celeita

«De las casi 72 masacres que ocurrieron en Colombia a lo largo del año 2020, el 30% fueron cometidas en el suroccidente del país y, de ellas, la mayoría en el Cauca».

Por otro lado, PBI acompañó eventos

y espacios de fortalecimiento de comunidades, líderes y lideresas en el marco de iniciativas de construcción de paz desde los territorios.

PBI acompañó talleres organizados por FNEB con familiares de víctimas de desaparición forzada del Putumayo para el acompañamiento psicosocial con enfoque étnico y una documentación de casos y apoyo jurídico en la búsqueda de las víctimas. En marzo de este año, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, (ACVC), celebró su asamblea anual en el Nordeste Antioqueño con el acompañamiento de PBI, a la que asistieron alrededor de 200 campesinos y campesinas. En ella, se expuso la iniciativa de “Mujer y Género”, de la organización, dando cuenta del papel clave que desempeñan las mujeres en la reivindicación de los derechos del campesinado. PBI acompañó a COSPACC en actividades de conmemoración como la peregrinación al Alto de Buenavista, en Lengupá, en la que las comunidades afectadas buscan recuperar la memoria y la dignificación de las víctimas de violencia sistemática. Los equipos de la CIJP, acompañados por PBI, regresaron a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en el Bajo Atrato y el Putumayo para retomar sus actividades de fortalecimiento del tejido social y liderazgos, asesoría legal frente a violaciones de derechos humanos y ambientales, claves en la defensa de territorios ancestrales. Durante el 2020, NOMADESC organizó la “Sexta Asamblea de la Universidad Intercultural de los Pueblos”, un proceso de educación e investigación para personas defensoras de derechos humanos del suroccidente colombiano, donde sus participantes tienen la oportunidad de compartir sus experiencias y estrategias de resistencia en los territorios. En tercer lugar, PBI acompañó iniciativas

en defensa del derecho a la protesta y participación política de la sociedad civil.

Se contribuyó a garantizar el derecho a la participación ciudadana mediante nuestro acompañamiento a varias organizaciones en el marco de la protesta social en Bogotá. La llegada de la pandemia de la Covid-19 puso freno a las protestas pacíficas surgidas a finales de 2019 en todo el país. Sin embargo, el 9 de septiembre, a raíz del asesinato a manos de la Policía de Javier Ordoñez, abogado de 46 años y padre de dos hijos, desató una ola de protestas en Bogotá, que fue duramente reprimida por la Policía Nacional y se cobró la muerte de 14 personas y numerosas denuncias de lesiones, torturas, detenciones arbitrarias y abuso sexual por parte de agentes del Estado. En este contexto, PBI Colombia acompañó a FCSPP, CCAJAR, FNEB y DH Colombia en su labor de denuncia y monitoreo en el marco de las protestas.

En junio de 2020, más de 60 organizaciones nacionales y locales, representadas en 18 caminantes, marcharon desde la capital del Cauca hasta Bogotá, en protesta por la falta de seguridad y vulneración de los derechos de la población en el Suroccidente del país.

Algunas de las personas participantes en la denominada “Marcha por la Dignidad” denunciaron hostigamientos y amenazas. PBI Colombia acompañó telefónicamente a NOMADESC, que participó y monitoreó la protesta. Fruto de la tutela presentada en diciembre de 2019, COSPACC promovió la creación de la “Mesa

COSPACC

Realiza trabajo con las mujeres del Casanare a través de la asesoría y acompañamiento psicológico a víctimas del conflicto,relaciones intrafamiliares y lideresas judicializadas. En este marco, Ninfa Cruz participó, acompañada por PBI, en la marcha del día de la mujer en la capital del departamento.

Territorial de Garantías para la protección de personas lideresas en el departamento de Casanare,” un espacio de encuentro entre sociedad civil y autoridades colombianas dedicado a la protección de los liderazgos sociales. PBI está acompañando este proceso virtualmente.

En diciembre de 2020, PBI acompañó a miembros de la ACVC a la primera reunión interinstitucional entre representantes de las comunidades y entidades del Estado, donde presentaron el primer informe del Programa de la Rutas de Prevención y Protección del Nororiente.

Con el acompañamiento de PBI, la Corporación Jurídica Libertad, (CJL), organizó una audiencia en el Bajo Cauca, donde representantes del Congreso y organismos internacionales recogieron las preocupaciones de líderes y lideresas sociales por la situación de derechos humanos en la región y los desplazamientos forzados, que tuvieron lugar días antes. Asimismo, PBI acompañó al CSPP en una asamblea popular en el departamento de Sucre, como consecuencia de los atentados que se presentaron en la zona y de una masacre, en la cual fueron asesinadas cinco personas involucradas en disputas de tierras baldías. Por último, desde PBI seguimos acompañando

procesos de resistencia en los territorios frente al despojo y el desplazamiento que amenaza a comunidades ancestrales colombianas.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó y DH Colombia recibieron a un equipo de ingenieros topógrafos, para avanzar en su proceso de restitución de tierras. Durante dos semanas, PBI acompañó las labores de delimitación de los predios de la Comunidad. ACVC llevó a cabo procesos de defensa medioambiental, con especial énfasis en la defensa del agua como fuente de vida del campesinado. PBI acompañó una reunión con comunidades campesinas

sobre la contaminación fluvial por la actividad minera, en la que participaron 70 representantes de comunidades de Antioquia quienes decidieron el cese inmediato de toda actividad minera en la cuenca del río Cimitarra y sus afluentes afectados. Además, en 2020, PBI acompañó a miembros de la ACVC en varios talleres de asesoramiento y capacitación a las comunidades para mejorar técnicas de producción agrícola.

A pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH, las comunidades afrocolombianas de los ríos de Buenaventura sufren desde finales de 2019 un agravamiento de la violencia y la crisis humanitaria y de seguridad, que generó un aumento de reclutamientos y desplazamientos forzados, así como confinamientos de la población.

PBI acompañó a NOMADESC en una misión para verificar y visibilizar la situación y evaluar el nivel de implementación del Acuerdo de Paz. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, (CREDHOS), realizó una visita a la ciénaga El Pajaral. junto a pescadores locales, para evaluar el daño ambiental a raíz de la creación de un canal que desvió el cauce natural del río. Se recabaron testimonios para la acción popular e instar a las instituciones del Estado a mitigar los daños ambientales. La ciénaga ya no existe, lo cual ha supuesto graves impactos, no sólo en el medioambiente, sino también para las comunidades de Cantagallo que dependían de la pesca como medio de vida. En Putumayo, las petroleras tienen concesionada gran parte de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, (ZRCPA), afectada esencialmente por la actividad de la empresa Amerisur. CIJP acompaña el proceso de reivindicación de derechos de estas comunidades indígenas. PBI acompañó la presentación de documentación por parte de las comunidades en el marco del litigio internacional. Como resultado, en enero de 2020, el Alto Tribunal Superior de Inglaterra y Gales tomó la decisión de congelar parte de los activos de la empresa Amerisur. Durante el mes de febrero, PBI acompañó tres misiones de verificación organizadas por Cahucopana, CREDHOS y ACVC. La primera tuvo lugar tras los paros armados decretados por el ELN y el EPL en el Catatumbo, lo cual tuvo graves afectaciones para la población civil. La segunda se llevó a cabo en el NordesteAntioqueño, a raíz de las denuncias de presencia de tropas del Ejército en la comunidad rural de La Cooperativa, poniendo en riesgo a la población civil. Finalmente, PBI acompañó las comisiones de verificación a raíz del asesinato en agosto del presidente de la JAC Fernando Jesús Gaviria y la fiscal Omaira Alcaraz, quien además formaba parte del Comité veredal de mujeres de la ACVC.

1. DW: La pandemia empeoró la situación humanitaria en Colombia, 26 de marzo de 2021 2. CICR: Colombia, aislada por la pandemia y el conflict, 13 de marzo de 2021

A pesar de las restricciones impuestas, a o largo de 2020, hemos logrado mantener a la Comunidad Internacional regularmente informada, a través de una estrategia de comunicación virtual que permitió un 35% más de intercambios que en el año anterior.