En 2007 el gasto social, es decir, el dinero para salud, educación, vivienda, agua potable y seguridad social, fue apenas el 8.65% del Producto Interno Bruto (PIB). Se gastó en servicios sociales un 5% menos que en servicios no sociales. Un Estado que no invierte para mantenernos sanos, educados y con un buen techo, ¿está garantizando nuestros derechos ciudadanos?