Desde el primero (1ro.) de junio del año dos mil seis
(2006), con la entrada en vigencia del denominado
Decreto Puente No. 63-06, la República Dominicana
inicia una nueva etapa en las compras y contrataciones
públicas basada en las mejores prácticas internacionales
y en los principios de eficiencia, igualdad
y libre competencia, transparencia y publicidad,
economía y flexibilidad, equidad, responsabilidad,
moralidad y buena fe, reciprocidad, participación,
razonabilidad, economía y eficiencia. Esta normativa
constituyó un gran paso de avance para el proceso
de reforma administrativa del Estado.
