PERIÓDICO ALMA MATER N 599, JUNIO 2011

Nº 599 Medellín, junio de 2011

SISTEMA DE COMUNICACIONES • http://almamater.udea.edu.co • almamater@udea.edu.co • ISSN 1657-4303

Debate a la nueva Ley de Educación Superior Rectores trabajan por un financiamiento real para las universidades públicas Páginas 10 y 11 Las universidades son un bien común y no pueden ser apropiadas por el Estado o los privados: Moncayo Páginas 12 y 13

"La calidad, el vacío de la reforma a la Ley 30" Páginas 14 y 15 No solo del financiamiento viven las universidades públicas: temas que no se han discutido Página 16

La reforma a la Ley 30/92

Rasgos de la crisis ética, jurídica y política del país Como cristiano y como sacerdote, he reconfigurado mi concepción de la esperanza...

Javier Giraldo Moreno Páginas 4 y 5

Página 17

¿Cómo está Colombia para enfrentar las enfermedades tropicales?

En su mayoría, las empresas privadas multinacionales buscan obtener el mayor lucro posible e invierten poco en las enfermedades tropicales Páginas 22 y 23

El día que Ernesto Sábato recibió el título honorífico de Profesor Emérito de la Universidad de Antioquia Páginas 2 y 3

Encuestas y sondeos electorales del Centro de Estudios de Opinión –CEO–

Un aporte de la Universidad de Antioquia al ejercicio pleno de la Páginas 20 y 21 democracia

Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la mejor del país según estudio de Scimago 2010 Página 32

Distinción Excelencia Docente Páginas 24 y 25

Páginas 6 a 9

P a n o ra m a

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El día que Ernesto Sábato recibió el título honorífico de Profesor Emérito de la Universidad de Antioquia

Muchachos, luchen siempre por la verdad… no cedan a la mentira ni al acomodo Por ALBERTO GONZÁLEZ MASCAROZF Jefe Departamento de Información y Prensa Universidad de Antioquia

La estación en Bogotá de su periplo por Colombia le resultó fatigosa. Su médico de cabecera, atento a cada uno de sus movimientos, responsabilizó al soroche que produce la altura. A Medellín, la escala siguiente, llegó un Sábato, más que cansado y taciturno, enfermo. La tan esperada y promocionada visita que se iniciaría con una rueda de prensa masiva y entusiasta, deparó una penosa frustración a los medios de prensa. “A Sábato lo queremos vivo.

No muerto”, fue la respuesta tajante del galeno cuando algunos periodistas reclamaron por la cancelación del encuentro.

Tras arribar ese 22 de febrero de 1984 al aeropuerto Olaya Herrera, el escritor argentino y su comitiva fueron trasladados al hotel donde se enclaustraron. Al final de la tarde y contrario a lo que se temía, Sábato aceptó la presencia en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia como el único acto público al que asistiría. Se convino en que el ritual de la investidura honorífica como Profesor Emérito del Alma Máter sería breve, en atención a la salud del maestro.

Lo que nadie imaginó es que la cura En el diálogo con Manuel Mejía Vallejo, Sábato contó para las dolencias que “de chico fui solitario, vivía en un mundo oscuro del ilustre enfermo y encontré en el teorema el mundo del silencio y del provendría del entuorden que buscaba… Tenía facilidades para las siasmo acumulado en matemáticas, pero cuidado con las facilidades, a veces el recinto ceremonial Paraninfo donde son mejores las dificultades. Eso lo descubrí después”. del la multitud tronó con aplausos cuando Sábato hizo su ingreso pausado. Fue una medicina de efecto instantáneo, aderezada con los gritos de rebeldía de un numeroso grupo de estudiantes, gritos que obraron en Sábato un efecto enternecedor, tal vez porque, por actitudes similares, los militares argentinos habían estigmatizado, asesinado y desaparecido a cientos de miles de jóvenes y adultos inconformes o subversivos durante los años de la dictadura.

Y fueron las miradas escrutadoras y expectantes en esos rostros jóvenes las que hicieron que Sá-

bato olvidara todo protocolo y hablara sólo con la intención de impactar a los muchachos, por más adultos que hubiese en la sala. Y, lo que se acordó como breve, se prolongó por más de tres horas.

En la resolución de honores, el rector Darío Valencia Restrepo transmitió a Sábato “el respeto y la admiración” de la Universidad de Antioquia y de Colombia “por un escritor que honra las letras de América Latina y el mundo”.

“Nos sobrecoge –dijo– su independencia y su larga lucha en pro de la libertad y la justicia. Es esta una ocasión propicia para exaltar al intelectual comprometido con su tiempo, con la nación argentina y con el destino de los pueblos latinoamericanos. Al intelectual que busca aquella

utopía hoy urgente de la unidad en la diversidad”.

“Cómo no destacar la dura tarea que ha cumplido en su país, para escuchar e indagar sobre la larga y cruenta noche argentina. Es el servicio máximo que puede prestar a su nación quien tanto ha batallado por los derechos humanos y el imperio de la justicia”, concluyó el rector Valencia Restrepo.

El ex gobernador Rodrigo Uribe Echavarría le entregó en nombre del gobierno antioqueño un decreto de honores.

Asimismo, el Comité Permanente de Defensa de los Derecho Humanos, presidido por el profesor Héctor Abad Gómez, presentó un saludo de bienvenida a Sábato, quien felicitó a la nueva comisión ejecutiva del Comité, integrada, además de Abad Gómez, por Carlos Gaviria

Sábato, acompañado de su esposa Matilde y del director de la Biblioteca Nacional de Colombia, Juan Luis Mejía Arango.

Fotos cortesía Periódico El Mundo

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La mesa de honor en el Paraninfo estuvo presidida por Ernesto Sábato, el ex gobernador Rodrigo Uribe Echavarría y el rector de la Universidad de Antioquia, Darío Valencia Restrepo.

Díaz, Carlos Gónima, Hernando Londoño Jiménez y Leonardo Betancur, entre otros.

Finalizados los actos protocolarios y como antesala a un diálogo público con el escritor Manuel Mejía Vallejo, Ernesto Sábato hilvanó un discurso cuyo contenido permanecerá como eco indestructible en el Aula Máxima de la Universidad que ahora le acogía con la investidura de Profesor Emérito: Señor rector de la Universidad de Antioquia, queridos compatriotas latinoamericanos… Muchachos, sobre todo muchachos.

Ahora que piso esta tierra que tanto quiero, el favor de ustedes me recuerda años pasados, ya muchos años atrás, cuando yo era un estudiante en la Universidad de La Plata, cuando manifestábamos en las calles de La Plata por Sacco y Vanzetti, cuando acompañábamos con nuestros gritos, nuestro fervor y nuestro amor, a Sandino, general de la libertad; sentíamos en él, en aquella lucha tremenda, desigual, heroica, al adalid de la América Latina, de la América pobre, de la América Latina desdichada y explotada frente a las potencias imperiales, que sostenían una de las dictaduras más atroces y sangrientas, la dinastía de Somoza.

Veíamos en él el símbolo de esa lucha por la libertad y por la unidad americana; lo sentíamos uno de nosotros: no había Argentina, no había Nicaragua, no había Colombia. Había América Latina.

Un gran maestro que tuve la suerte de tener en la

Universidad de La Plata, Don Pedro Henríquez Ureña, cuyo centenario se va a celebrar ahora en Colombia, un hombre venido del centro mestizo de América Latina, un dominicano en cuyas venas corría sangre negra, blanca e india… nos dejó enseñanzas preciosas y nos decía constantemente: si América Latina ha de cumplir con su destino histórico, ha de ser convirtiéndose en la tierra de la justicia y de la libertad. Y cuando él decía justicia, decía también y, sobre todo, justicia social.

Aquel venerado maestro al cual he dedicado el recuerdo en uno de mis libros, era algo así como el representante arquetípico de esta América mestiza que ahora lucha por segunda vez en su historia por su liberación. Lucha, claro, permanente, permanente, nunca se sabe. Lucha llena de contradicciones, de sangre, de sacrificio, de heroísmo y que esperamos todos llegue

a concretar un día aquella idea que parecía fantástica y delirante del Libertador Simón Bolívar, de la confederación de las naciones de América hispánica. Murió diciendo que había arado en el mar, pero no es así: esa idea utópica se ha ido convirtiendo con los años y ha llegado finalmente en estos últimos años a ser una perentoria necesidad: o formamos nuestra confederación o seremos pasto de las grandes potencias imperiales.

Tenemos que unirnos de todas las maneras y tenemos algo esencial ya en esa unidad y es la lengua, la sangre del espíritu como decía don Miguel de Unamuno. Es un milagro que a tantos miles de kilómetros de distancia, un escritor del extremo sur, pueda hablar ahora con ustedes en la misma lengua, sentir los mismos problemas, vibrar con los mismos ideales.

La lengua es quizás el más imponderable de todos los

... o formamos nuestra confederación o seremos pasto de las grandes potencias imperiales. Tenemos que unirnos de todas las maneras y tenemos algo esencial ya en esa unidad y es la lengua, la sangre del espíritu como decía don Miguel de Unamuno. Es un milagro que a tantos miles de kilómetros de distancia, un escritor del extremo sur, pueda hablar ahora con ustedes en la misma lengua, sentir los mismos problemas, vibrar con los mismos ideales.

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factores que pueda hacer la integración, infinitamente más imponderable que la economía o que la política y, sin embargo, es el más poderoso de todos.

Es un milagro del imperio español –extraña contradicción, extraña dialéctica–; estamos hablando aquí, en un continente de muchísimas razas, la misma inmemorable lengua de Cervantes. Fíjense ustedes muchachos, la conquista fue atroz, fue salvaje, fue una conquista de sangre y fuego, y hemos de presumir que los descendientes de los indios, dominados, estuvieran llenos de resentimiento hacia España, pero fíjense ustedes el milagro de la lengua, una impronta que dejó España: dos de los más grandes poetas de lengua castellana de todos los tiempos, Rubén Darío en la pequeña Nicaragua y César Vallejo en el Perú, no solamente escribieron en la lengua de Cervantes sino que cantaron a España en poemas memorables. Esta unidad la tenemos muchísimos, y la tenemos que preservar, la tenemos que constituir en la base de la anfictionía que soñó Bolívar.

Tenemos que promover la unidad; unidad que no significa identidad: ésta rige para los entes matemáticos; los seres humanos somos todos diferentes. Un argentino es distinto de un colombiano.

Sin embargo, a través de ese milagroso instrumento de la lengua estamos unidos.

No es un mero instrumento de comunicación: la lengua ha sido amasada a través de los siglos por la sangre de los que la hablaban, con sus esperanzas, por sus vidas, con sus amores, incluso con sus odios. La lengua es la expresión más profunda, más sutil pero también más poderosa de la unidad que vamos a tener que constituir en América Latina para no ser devorados.

Yo los convoco muchachos, a ustedes sobre todo, a los muchachos, para que tengan presentes estas palabras de hombres como Henríquez Ureña, prototipo del humanismo latinoamericano, que murió soñando en nuestra unidad. Y recomendándonos a todos a que trabajáramos por esa unidad. Muchas gracias a todos ustedes muchachos. Fue Henríquez Ureña, a propósito, el que nos enseñó a decir Antioquia y no Antioquía.

Punto

d e v i s ta

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Rasgos de la crisis ética, jurídica y política del país Quiero confesar que no soy optimista y que no vislumbro a corto ni a mediano plazo ninguna salida a la barbarie. Como cristiano y como sacerdote, he reconfigurado mi concepción de la esperanza, pues he comprendido que su concepto tradicional estaba muy adulterado al apoyarse en dos columnas que a mi juicio no son cristianas: el éxito y la recompensa. Creo que una lectura en profundidad del Evangelio nos invita a reconfigurar la esperanza como la identificación con unos valores que valen por sí mismos, así estén abocados a fracasos históricos; su validez no depende de ningún éxito ni de ninguna recompensa sino de la profunda fruición que otorga la identificación con su escueto y desnudo valer: Javier Giraldo Moreno

Lo más dramático de la crisis política del país se podría caracterizar como la ausencia de mecanismos democráticos de corrección o transformación de un sistema injusto y corrupto; de una realidad social que muestra los más altos índices de desigualdad del mundo; que ha eliminado mediante el genocidio a partidos políticos enteros, como la U.P y ha perseguido y destruido a movimientos sociales enteros; que ha asesinado a 2.700 sindicalistas desde 1986 y ha reducido la afiliación sindical, de 14% en 1993 a 3.9% en 2010; que ha favorecido la usurpación de 8 millones de hectáreas de tierras agrícolas, por grupos empresariales escoltados por paramilitares y militares, lanzando al desplazamiento forzado a más de 4 millones de personas; que adoptó, desde hace más de cuatro décadas, la estrategia paramilitar para controlar y eliminar los pensamientos disidentes, causando centenares de miles de víctimas fatales.

Estamos sumergidos en un mar de podredumbre moral, en una coyuntura nacional donde no hay principios éticos en el dominio de lo público, asegura el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno.

Para calibrar la profundidad de la crisis ética, el defensor de derechos humanos, invitado a la cátedra de formación ciudadana Héctor Abad Gómez, el 13 de mayo en la Facultad Nacional de Salud Pública, alude, sólo a manera de ejemplo, a las “más protuberantes manifestaciones” de esa crisis: A la profunda corrupción que se ha venido descubriendo en las instituciones que manejan la salud pública. No solamente se ha denunciado allí la pérdida de varios billones de pesos en los trámites de las EPS, sino el robo continuado, durante muchos años, de los fondos de las ARS, por parte del paramilitarismo, a través de contratos perversos con gobernaciones y alcaldías que eran de su simpatía, saqueando así los fondos destinados a la salud de los más pobres.

Al descomunal despojo y usurpación de tierras con vocación agrícola, en millones de hectáreas, durante varias décadas, por parte de empresarios, paramilitares, multinacionales y militares, en concur-

so con notarios y agentes judiciales que falsificaron títulos bajo grandes sobornos y desplazaron a millones de pobladores rurales, lanzándolos a vivir en la miseria y bajo el terror.

Al manejo del conflicto armado en las múltiples desmovilizaciones ficticias de combatientes que fueron rápidamente reciclados en nuevas formas de paramilitarismo, o en la práctica aún más bárbara de los “falsos positivos”, ejecutando a civiles no combatientes con el afán

La llamada “libertad de prensa” es la mayor ficción dentro de las falsas democracias. Sólo ha contribuido a convertir el derecho a la información y a la comunicación entre los ciudadanos, de servicio público que debería ser, en un privilegio de los más grandes conglomerados económicos, que acceden así al manejo o manipulación de los imaginarios colectivos y a imponer lecturas manipuladas de la realidad, en servicio a intereses económicos, políticos e ideológicos de capas dominantes, a través de técnicas mediáticas muy sofisticadas, en las cuales se atrincheran los mecanismos más anti-éticos de alienación de las conciencias y de manipulación ideológica de las masas. de dar la apariencia de un triunfo militar sobre la insurgencia, acumulando miles de falsas bajas.

Al despilfarro de los recursos del Estado destinados al desarrollo rural para enriquecimiento de los más ricos.

A la trivialización cotidiana de la barbarie, que permite transmitir por los medios masivos de información los más horrendos crímenes, en competencia anodina con noticias deportivas o de farándula, sin esclarecimientos serios de las responsabilidades y sin ritualizar ningún asomo de duelo social.

Al talante delictivo que ha marcado las hojas de vida de muchísimos altos funcionarios del Estado como ministros, consejeros, jefes

de departamentos administrativos, cámaras legislativas, organismos de control, gobernadores, alcaldes y pléyades de funcionarios de todas las escalas, que han hecho del Estado un botín de lucros espurios, logrados a través de los más inmundos procedimientos.

A la compra o usurpación del Estado mediante pactos de alto nivel entre poderes constituidos legales e ilegales, que incluyen el control mercantil y armado de los procesos electorales y la cooptación judicial garante de impunidad, haciendo de las instituciones una conquista mercantil escoltada por enormes contingentes paramilitares.

A la estigmatización de la protesta social y de los movimientos sociales, ya por mecanismos mediáticos, ya por formas de amenaza y terror policial, militar y paramilitar, cauterizando las ya escasas válvulas de rechazo social a la injusticia y a la corrupción.

Y lo más preocupante –añade– no es sólo que situaciones tan escandalosas y lamentables constituyan ya prácticas rutinarias y consolidadas en períodos de tiempo y en ámbitos espaciales suficientemente extensos para afectar profundamente los niveles estructurales e institucionales de la sociedad.

“Lo más preocupante –denuncia– es la observación de las reacciones sociales que esos fenómenos suscitan, o mejor, no suscitan. Lo más preocupante es el nivel generalizado de pasiva aquiescencia; de conformismo; aún más, de ajuste robotizado a los requerimientos de una continuidad inercial de esas situaciones”.

Crisis jurídica Giraldo Moreno sostiene que el divorcio, constatado principalmente por Max Weber, entre la ética y el derecho, deriva en la crisis jurídica del país, que se manifiesta de múltiples maneras.

Aunque en sus constituciones –observa–, Colombia se definió como un “Estado de Derecho”, y en la última como “Estado Social de Derecho”, en su aparato institucional han predominado más las prácticas violatorias del derecho que la letra de su Constitución y de sus leyes.

Tras señalar que la Constitución del 91 hoy contabiliza cerca de 40 reformas “que han hecho de ella una colcha de retazos con enormes contradicciones internas e incoherencias”, agrega que el desarrollo legislativo ha estado lejos de reflejar expresiones de voluntad ciudadana.

“Las leyes las negocia el Ejecutivo con las bancadas de los partidos amigos –siempre en mayoría– en desayunos de palacio y los vínculos de los congresistas con sus electores son nulos, a no ser para las diligencias de mercantilización de los votos y sus pagos burocráticos”, afirma, y agrega que la más profun-

Con todo, me asiste la convicción de que es posible iniciar un proceso prolongado de reflexión nacional, de diálogo y de planeación consensuada de transformaciones económicas, políticas y sociales, que lleven a superar los niveles tan escandalosos de injusticia, exclusión, corrupción y barbarie. Pero creo que un tal proceso debe estar precedido, como condición sine qua non, de un nivel fundamental de democratización de la información y de la comunicación entre los ciudadanos, especialmente entre las bases populares, adoptando leyes que regulen de una manera más justa y humana el derecho a la información, a la comunicación y a la expresión, y las conviertan, de mercancías envilecidas, en servicios públicos democratizados. Sin esto, no vería posible ningún paso sólido hacia la democracia ni a la superación del conflicto: Javier Giraldo Moreno, S. J.

Fotos Luis Javier Londoño Balbín

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da preocupación de las capas conscientes es que la aprobación de las leyes esté en manos de grupos tan ligados al crimen y a la corrupción, lo que necesariamente se refleja en las leyes que aprueban.

Afirma el padre Giraldo que la coyuntura de las reelecciones presidenciales expresó en el período anterior de gobierno una crisis más de fondo de la frágil y corrupta institucionalidad, máxime cuando la Corte Constitucional refrendó el Acto Legislativo 02 de 2004, que le dio vía libre a la primera reelección.

“Dicha Corte –observa– alimentó las esperanzas de reconstrucción del Estado de Derecho diseñado por la Constitución del 91, hasta que la corrupción del poder ejecutivo encontró posibilidades de cooptarla o tomársela mediante ternas altamente politizadas a su favor. La coyuntura de la reelección representa un quiebre jurídico difícil de reparar”.

Estas y otras situaciones le dan pie al sacerdote jesuita para asegurar que el Estado colombiano es un “Estado esquizofrénico”, que se asume de Derecho, pero, de facto, actúa contrario al derecho.

“Yo creo que ese modelo de Estado esquizofrénico, cuyos rasgos los confirmo casi cotidianamente, es una de las consecuencias, en nuestra situación concreta, de la ruptura moderna entre ética y derecho”, reitera.

Crisis política

¿Qué piensa de la ley de víctimas?

—El gobierno tramita de manera simultánea la ley de reparación de víctimas y la ley de sostenibilidad fiscal. Esta última puede dar al traste con aquella y reducir a niveles arbitrarios la reparación a las víctimas del conflicto armado alegando falta de disponibilidad fiscal. Otra preocupación profunda es que van a quedar por fuera, dado el límite temporal, víctimas. Hay consenso, incluso aceptado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en que este ciclo de violencia, que todavía no ha terminado, arranca en 1965 y, por tanto, las víctimas del 65 al 85 van a quedar sin reparación. También se ha querido que la reparación esté bajo la responsabilidad de Acción Social de la Presidencia, que para la mayoría de organizaciones de derechos humanos ha sido un instrumento supremamente corrupto que viene del anterior gobierno y que ha acumulado rechazo de muchos sectores sociales. La ley también tiene una cláusula muy peligrosa, y es que se le exige a las víctimas que acepten este tipo de reparación que renuncien a una reparación legal por la vía contencioso-administrativa o internacional. Y eso es negar derechos constitucionales. ¿Y del reconocimiento por parte del actual gobierno de la existencia de un conflicto armado?

—En el campo jurídico eso no modifica nada. El conflicto armado está regido por el Derecho Internacional Humanitario y Colombia ha firmado los tratados de Ginebra y los protocolos fueron aprobados desde los años 90 con sentencias muy ponderadas de la Corte Constitucional, de manera que eso no es modificable por aceptar el conflicto armado. Tampoco modifica el status de los combatientes. La incidencia sería política, en el sentido de reconocer algo que es muy evidente para el país y que por un capricho el gobierno anterior lo negó.

Giraldo Moreno concluye que la crisis ética y la crisis jurídica se funden en gran parte con la crisis política del país. Y añade: “El quiebre jurídico que significó la reelección presidencial por mecanismos corruptos a los más altos niveles; el hecho de permanecer un porcentaje tan elevado de congresistas y altos funcionarios en prisión o sometidos a procesos por corrupción, paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad; la existencia de estrategias tan criminales y con tan elevado número de víctimas, como la de los “falsos positivos”, todo ello repercute y se proyecta en la crisis política del país como un problema de legitimidad de las instituciones, que a su vez queda atravesada por el conflicto armado y la polémica sobre las estrategias para superarlo, ya por salidas militares, ya por salidas dialogadas o políticas”.

Plantea que si se retoman los indicadores básicos de un régimen democrático, tal como quedaron definidos desde la Revolución Francesa, y se examina su vigencia actual en Colombia, hay que aceptar que estamos muy lejos de ser una democracia. “Son 4 los indicadores básicos: separación de poderes; elecciones libres; libertad de prensa y existencia de partidos políticos. Ninguno de ellos tiene existencia real sino ficticia”, afirma.

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Fotos Luis Javier Londoño Balbín

Política

La apertura del simposio en el Auditorio Fundadores de Eafit, estuvo a cargo del rector de esta institución Juan Luis Mejía Arango (centro), el rector de la Universidad de Antioquia Alberto Uribe Correa (izquierda) y la vicerrectora de la Universidad Nacional Ana Catalina Reyes Cárdenas (derecha).

La aprobación de una nueva Constitución Política en 1991 llevó a los colombianos a imaginar un país muy diferente al que existe veinte años después. Se pensó que plasmar una nueva forma de organización política por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, definiendo con claridad que el poder es jurídico y no arbitrario, y definiendo con claridad los órganos y los límites jurídicos para ejercitarlo, haría realidad las determinaciones decretadas, sancionadas y promulgadas en ejercicio del poder soberano representado por los delegatarios a la Asamblea. ¿En realidad, qué ha ocurrido?

Con el propósito de “aportar una mirada crítica y retrospectiva de lo que ha sido la Constitución en la configuración de la democracia y de la ciudadanía”, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional Sede Medellín y la Universidad Eafit –con el apoyo de la Alcaldía y el Concejo de Medellín y la compañía de algunos de los protagonistas de la firma de la Carta Magna, así como de figuras públicas “que han participado en la construcción y defensa de la democracia a la luz de su permanente reinvención”–, realizaron los días 25, 26 y 27 de mayo pasado, en Medellín, el Simposio: Una Carta Política para reinventar la democracia.

Con la intervención de 34 ponen-

tes invitados, quienes se refirieron a las complejidades de la sociedad colombiana antes y después de la Constitución de 1991, a las relaciones entre poder y política, al derecho como forma sofisticada de regulación y al papel de los ciudadanos, entre otros temas, este certamen se constituyó, en efecto, en epicentro nacional de “un importante y crucial balance tanto de la historia de una constitución, como de la historia de una sociedad política, en este caso la colombiana”.

En concepto de los organizadores, el simposio respondió al “análisis de la capacidad que una Constitución como la nuestra tiene o ha tenido de contener o controlar, permitir o canalizar poderes de toda índole, poderes políticos y poderes jurídicos”.

La apertura protocolaria, el día 25 en el Auditorio Fundadores de Eafit, estuvo a cargo del rector de esta institución, Juan Luis Mejía Arango; el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa; y la vicerrectora de la Universidad Nacional, Ana Catalina Reyes Cárdenas.

“Es muy oportuno analizar hoy el efecto de la Constitución del 91, que fue una apuesta al futuro, de acuerdos políticos, de civilidad. No lo debemos olvidar nunca”, afirmó Mejía Arango, señalando que “antes había un concepto de nación homogénea, blanca”, transformado mediante construcción colectiva en un concepto de país diverso, participativo y pluralista.

La profesora Reyes Cárdenas y el rector Uribe Correa coincidieron en destacar que aunque se han dado avances importantes como la descentralización, la autonomía de las entidades territoriales, el pluralismo político y la reivindicación de la vida local, es fundamental no perder de vista en el debate académico la reflexión acerca de las problemáticas que hoy aquejan al país como la violencia, la corrupción, la inequidad, la miseria, la exclusión, el desplazamiento forzado y el irrespeto a la vida y a los derechos humanos.

El día 26, en la sesión realizada en el Teatro Lido –con la presencia de los ex constituyentes Antonio Navarro,

Horacio Serpa, Lorenzo Muelas y Juan Carlos Esguerra– , el rector Alberto Uribe destacó como un hecho notorio en los últimos veinte años la popularización sostenida de la Constitución e, incluso, la creación de una cultura constitucional popular.

“Si a través de la educación –dijo– lográramos acercar la popularidad política de la Constitución, contra el desafuero de toda forma de poder, con esa otra cultura especializada que la sabe interpretar y con los procedimientos para usarla en uno o en otro sentido, podríamos allegar la conjunción de la voluntad política y del conocimiento que tanta falta hace para tener un ciudadano avisado, es decir, un ciudadano inmune al engaño”.

“Lo que mueve este encuentro –agregó el rector Uribe– en el que discutimos públicamente el balance de nuestra Constitución a veinte años de sancionada, es el interés de profundizar su popularidad que significa apropiación en el entendido crucial de que no es propiedad de unos, ni siquiera en lo que tiene que ver con su interpretación, sino nuestra propiedad.

En el entendido además de que si no nos apropiamos de ella, otros lo hacen, como en efecto ha ocurrido no pocas veces”.

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Una Constitución con la participación de guerrilleros, indígenas y negros

“Antes del proceso constituyente y durante el mismo las propuestas más sensatas, plausibles y realistas no fueron las que surgieron de la élite gobernante, fueron las que llegaron por fuera del sistema político: inclusión política y apertura del sistema político, con la conciencia de que ello generaría nuevas condiciones”: Jorge Giraldo Ramírez

La cátedra inaugural del Simposio: Una Carta Política para reinventar la democracia estuvo a cargo del decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad EAFIT, Jorge Giraldo Ramírez, quien, en desarrollo del tema “La Constitución del 91 y el poder constituyente”, afirmó que 20 años es poco en el tiempo histórico que necesitan los procesos políticos, “pero hacer un balance es fundamental para tener un boceto de lo que tiene la sociedad y lo que ha dejado esta Carta Constitucional”.

Explicó que la Constitución de 1991 no ha modificado sustancialmente la realidad de Colombia, pues la desigualdad se disparó desde ese año hasta 1999, los índices de pobreza aumentaron a partir de 1995 y el esquema fiscal y el producto interno bruto per cápita continúan iguales. “Mi balance es que la democracia y las condiciones sociales de la población no cambiaron tanto, lo que cambió es que por primera vez en el país se hizo un estatuto constitucional con todos: guerrilleros, indígenas, negros”. Destacó que la Constitución hace parte de la realidad nacional, pero es una realidad que todavía se está construyendo, y que necesita ciudadanía, crítica y movilización.

“Ella le proporcionó sentido de orden institucional a muchos sectores de la sociedad que en esos años decidimos hacer un pacto con el Estado, decidimos reconciliarnos con la institucionalidad. También le dio un sentido subjetivo a esos sectores. Esa es la importancia de la Constitución. Esa decisión de esos sectores extrasistémicos, de esos sectores subalternos, puede interpretarse como el otorgamiento de legitimidad al sistema político y a la vez un mecanismo que le permitió a estos sectores investirse de legalidad y de legitimidad para construir sociedad civil, movimientos políticos”, agregó el profesor Giraldo Ramírez, para quien es erróneo concebir la Carta como un acontecimiento aislado o como “un rayo en un cielo sereno”.

“La Constitución de 1886 era el proyecto político de los terratenientes y conservadores de la época, con un carácter excluyente que no aceptaba la diferencia”: Óscar Mejía Quintana, coordinador académico del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia

Entre los “antecedentes claros e inmediatos” del periodo 1975-1990 está “uno de los flujos más importantes en la historia colombiana del siglo XX en el movimiento popular, expresado en tres grandes paros cívicos nacionales desde el 77 hasta el 88, una movilización popular que no fue solamente estomacal o reivindicativa sino que también incluía demandas de orden político y demandas relacionadas con los derechos humanos, y, de una manera muy especial, está la iniciativa de algunas organizaciones políticas que estaban no sólo por fuera del sistema político sino también por fuera de la legalidad”.

En concepto del profesor Giraldo, “la firma de una carta constitucional no produce por ensalmo los cambios inmediatos que se requieren en la realidad de una sociedad”. En tal sentido resaltó la importancia que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente como un pacto social, como un acuerdo sobre reglas de juego, como una incorporación de los marginados políticos urbanos al sistema político.

“Hay que evitar los extremos y evitar mirar la Constitución como una varita mágica que resuelve los problemas sociales. Hay que evitar las concepciones materialistas, porque el concepto de Constitución es una idea constructiva y no solo un conjunto de normas”: Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de investigaciones del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad- DJS

No puede existir soberanía popular sin derechos a la libertad individual

“La democracia es un conjunto complicado de argumentos sobre el hombre, la sociedad, la economía, la historia, que no son en sí mismos evidentes, antes bien, han ido plasmándose a medida que el hombre ha luchado por construir un mundo adecuado a sus aspiraciones e intereses. Por eso no se puede pensar la democracia sin conocer su historia”: Francisco Cortés Rodas

El profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia Francisco Cortés Rodas, coordinador general del Simposio: Una Carta Política para reinventar la democracia, criticó que “en nuestro mundo político, sin mayor rigor intelectual, la democracia ha sido utilizada para justificar todos los fines”, situación que, en su criterio, “no debería continuar siendo así, en tanto que la democracia es un hecho esencial de nuestra vida social”.

Cortés Rodas, al abordar la temática “¿Qué es una Constitución?”, argumentó que “la democracia representativa, igualitaria, deliberante y participativa, no es abuso del principio democrático, ni populismo democrático, ni apelación plebiscitaria a las masas, ni estado de opinión. Es algo más profundo y serio”.

Agregó que quien se disponga a pensar sobre la democracia y quien reflexione sobre la política como si no tuviese nobles antecesores, debe asumir consecuencias negativas como la superficialidad y la incoherencia. “La democracia no es conversar simplemente, no es tampoco reclamar un espacio para hablar, para que la palabra y la razón imperen. Todo esto es trivialización, retórica. Estas consecuencias negativas son fatales para el argumento de la política. Las carencias en la comprensión del significado de la democracia y de

Colapso del Estado

Armando Novoa García, uno de los presidentes de la Comisión Especial Legislativa creada por la Asamblea Nacional Constituyente, considera que antes de 1991 el Estado colombiano estaba en “una situación de colapso”, por situaciones de profunda gravedad como la violencia desatada por la organización narcotraficante de Pablo Escobar, el holocausto del Palacio de Justicia, la voladura del avión de Avianca en 1989, la bomba contra el DAS y el asesinato de cuatro candidatos

su historia, son muy problemáticas porque terminan en la justificación de prácticas políticas contrarias al espíritu democrático”.

Tras aseverar que la democracia es un sistema complejo y la historia de las luchas políticas por la democracia es una historia amplia y ardua, manifestó que la conexión fundamental entre soberanía popular, democracia política y derechos fundamentales, consiste en que la voluntad popular se expresa auténticamente sólo si puede expresarse libremente. “Y puede expresarse libremente sólo a través del ejercicio, además de las libertades políticas, de las libertades fundamentales por parte de todos los miembros de la comunidad política. El primer objeto del legislador es dar ciertos derechos a los particulares y garantizarles el goce indiscutido de esos derechos. Por eso no puede existir soberanía popular sin derechos a la libertad individual”.

presidenciales en serie, entre otros hechos. De otro lado dijo que la conmemoración de los 20 años de la Carta de 1991se produce en un momento muy especial. “Tal como van las cosas, al 4 de junio no tendremos 29 reformas constitucionales, sino 33”, porque están en curso de aprobación cuatro reformas nuevas. Argumentó que si bien la Constitución no remedia los problemas del país, es un remedio parcial que requiere que los colombianos la defiendan y la interioricen, como un proyecto de vida.

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En 1991 se hizo evidente un concepto constitucional por excelencia: el pueblo es el soberano El ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Horacio Serpa Uribe, destacó que el origen de la Constitución de 1991 tuvo una diferencia sustancial con la forma como generalmente nacen las constituciones, o sea, después de una guerra de liberación o de independencia o como consecuencia de una confrontación interna donde los vencedores imponen sus designios a los vencidos.

El proceso constituyente, dijo Serpa Uribe, fue un proceso democrático y jurídico en el que intervino la juventud colombiana, y con el cual se hizo evidente un concepto constitucional por excelencia: el pueblo es el soberano.

Contrario a la Constitución de 1886, destacó que la nueva Carta se impuso por la voluntad popular que fue reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia. “Hoy celebramos 20 años de una Constitución que continúa vigente y que tiene en su interior, a pesar del peluquiado a

“Es mucho lo que se ha avanzado en relación con el sistema anterior.

Hoy estamos celebrando una gran oportunidad para el país, admitiendo que ésta es una democracia que todavía se ve afectada por la violencia, la cual será cada vez menor por el propósito de la Constitución de crear las mejores instancias de convivencia. Hoy no se necesita usar fusiles para lograr el reconocimiento de los derechos, sino acudir a una autoridad instaurando una acción de tutela”: Horacio Serpa Uribe que la ha sometido el Congreso de la República, unas normas fundamentales que hacen evidente que vivimos en una democracia bien interesante.

Por lo menos la democracia que está en las páginas de la Constitución”.

En su intervención el día 26 de mayo en el Teatro Lido de Medellín, Serpa celebró la erradicación en Colombia de “una brecha del constitucionalismo denominada estado de sitio, bajo cuya aplicación la rama ejecutiva, apoderándose de los poderes de las demás ramas, podía dictar decretos leyes e, incluso, podía administrar justicia a través de los consejos de guerra en los que se examinaba la responsabilidad de los civiles para juzgarlos por delitos de rebelión”.

Dijo que luego de superar “toda una aberración democrática” —con la eliminación del estado de sitio como cometido esencialísimo, la

creación de la Corte Constitucional como entidad rectora de nuestro sistema legal, la creación de la Defensoría del Pueblo, el rompimiento de la relación que existía entre la Procuraduría y la rama ejecutiva, la independencia de la junta directiva del Banco de la República, la expedición de normas para que la televisión fuese manejada con criterios cabales de independencia y de autonomía, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de la libertad religiosa y política, la creación de la tutela y la apertura de posibilidades, perspectivas y vocería a quienes por mucho tiempo estuvieron excluidos como los indígenas y las comunidades negras, entre otros aspectos–, bien se puede hablar hoy de “un nuevo amanecer para la democracia colombiana”, sin desconocer que “los colombianos tenemos una cosa pendiente que es hacer la paz y lograr la convivencia, porque las normas no funcionan solas sino que se necesita de voluntad política y de acción”.

En el país de hoy, con las instituciones de hoy, el alzamiento armado no tiene sentido histórico La Asamblea Constituyente es, tal vez, un evento irrepetible.

Es irrepetible por varias cosas.

Primero, porque se conformó con una decisión única en la historia donde el constituyente primario es el ciudadano. No fue un acuerdo político, no fue un proceso normal, sino que salió de la imposibilidad de reformar la Constitución [vigente, de 1886]. Durante la década de los años ochenta hubo varios intentos de reformarla. El país estaba, por lo demás, en una situación sumamente complicada.

Tres candidatos presidenciales muertos en ese mismo periodo. Una crisis institucional muy compleja. Eso llevó a que el ciudadano, encabezado en aquel momento por estudiantes universitarios, decidiera hacer algo que estaba prohibido en la Constitución anterior como era convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El constituyente primario se expresó de esa manera por primera vez, lo que le da el carácter de originaria a la Constitución de 1991.

Es muy difícil repetir ese tipo de situación histórica en el intento de buscar una solución nacional a través de la conformación de una Asamblea Constituyente… Esta Asamblea Constituyente tuvo una composición propia de una elección completamente atípica, donde los manzanillos o políticos tradicionales no participaron. Ellos mandaron unos profesores allá a que los representaran. Allá aparecieron unos señores que, de ninguna manera, hubieran sido elegidos a ningún cuerpo político. Un montón de ciudadanos ahí o ciudadanos del común que no hubieran llegado a la Asamblea si hubiera habido el trabajo manzanillo de los políticos tradicionales. [Por eso se reunieron allí] un puñado de políticos destacados, unos profesores de derecho constitucional, cristianos que se suponía que no existían en el país del Sagrado Corazón, indígenas que eran tratados como menores de edad y que dejaron de serlo a partir de 1991. Llegamos, además, un montón de ex guerrilleros. O sea, es muy complicado que se vuelva a repetir una composición de esa naturaleza, que era lo más parecido al país real que cualquier otro cuerpo colegiado en muchos años.

Pero en esa Asamblea Constituyente se produjo también un paso hacia adelante en la paz y en la reconciliación. Se desmovilizaron como resultado de la convocatoria de la Asamblea el Ejército Popular de Liberación, el PRT y el Quintín Lame. El M19 ya se había desmovilizado… Y se produjo un acuerdo sin dilación, que, a la luz de hoy, con la polarización que tiene el país, se haría imposible… Infortunadamente, la reconciliación no se produjo completa y todavía está pendiente entre todos los colombianos.

Todo lo que se vivió en ese momento llevó a que esa Asamblea no estuviera pensando en intereses de corto plazo, ni qué voy yo a sacar de ahí, sino que había un espíritu de consenso, de construcción de largo plazo, de generosidad, que fue lo que permitió

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Los indígenas colombianos conocimos la democracia en 1991 Lorenzo Muelas. Ex senador indígena caucano. Integró la Asamblea Nacional Constituyente

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la disolución del Congreso para elegir uno nuevo, sin tener dudas de que, para no legislar en causa propia, nos autoinhabilitábamos para ser miembros del nuevo Congreso, lo que resulta muy complicado de entender en un político porque éste lo que busca es hacerse reelegir para no salir del escenario de la vida pública.

En realidad, queríamos acertar, queríamos hacer una Constitución que durara muchos años.

Queríamos lograr un cuerpo institucional moderno, democrático, contemporáneo, que resolviera problemas que ya describió muy bien Horacio Serpa. Ésto es muy distinto a los cuerpos colegiados a los cuales yo he pertenecido cuando he sido miembro del Congreso.

Desde este punto de vista, los resultados han sido analizados de diversa manera. El Estado Social de Derecho es uno de los elementos más importantes que abrió las instituciones y las puso al servicio del ciudadano. La tutela es un instrumento que se usa masivamente hoy. La Corte Constitucional ha sido una institución tremendamente progresista en la interpretación y aplicación de las normas constitucionales. Los derechos de los indígenas, de los afrocolombianos, de las diversas religiones, de las minorías, están ahí. El equilibrio de los poderes es otro de los elementos gruesos de la Constitución del 91…

Al presidente de la época se le quitaron dos cosas gruesas: la potestad de decretar el Estado de Sitio y la capacidad de emitir billetes. La composición, sobre todo de la rama judicial, ha demostrado ya, que ese equilibrio de poderes es algo de lo cual los colombianos estamos orgullosos, lo que es de reconocimiento en el contexto latinoamericano… El fin del bipartidismo es otro elemento importante, [como también lo es] la descentralización que no se profundizó lo suficiente… Finalmente, se ha dicho que la Constitución del 91propuso llegar a la paz y no ha llegado la paz. Yo diría que hizo un aporte a la paz con la reincorporación de los grupos armados a la legalidad, pero, además, y más importante todavía, la nueva institucionalidad hace que no tenga sentido político e histórico la lucha armada… En el país de hoy, con las instituciones de hoy, el alzamiento armado no tiene sentido histórico… Estoy convencido de que la paz finalmente tenemos que conseguirla, hay instituciones para conseguirla y, en el marco de la Constitución de 1991, es posible hacer una negociación de paz que ponga fin al conflicto armado colombiano, lo cual es un arcaísmo hoy en América Latina y en el mundo.

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Para nosotros los indígenas casi era imposible hablar de la democracia que no la conocimos hasta 1991. El doctor Antonio Navarro menciona que los indígenas colombianos estábamos castigados como menores de edad hasta ese momento, según la norma. Sabíamos nosotros perfectamente nuestros derechos… Las anteriores constituciones y anteriores reformas no mencionaron por ningún lado nuestra existencia. Por eso precisamente llegamos [a la Asamblea Constituyente] a que nos reconocieran. No era que en ese momento nos creaba los derechos, sino el reconocimiento. Muchas veces cuando uno toca estos temas parece que uno exagerara. Pero, la verdad, ha sido eso. No solamente éramos menores de edad, sino que éramos calificados de salvajes, dementes, como incapaces de conducir nuestro destino. Y, además, yo siendo delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente, todavía según la norma era de este calificativo. Por eso teníamos un poquito de indignación, aunque dijimos que no llegábamos con memorial de agravios. Sabíamos que los constituyentes estaban a nuestro entorno…

Hace escasos 15 años que los indígenas colombianos somos como ciudadanos con plenos derechos [en abril 14 de 1996 la Corte Constitucional dejó sin vigor la Ley 89 de 1890 que les declaraba salvajes y carentes de derechos].

Por eso en estos 20 años que vamos a conmemorar el próximo 4 de julio, para nosotros los indígenas que estamos a la periferia del país, en las montañas, ha sido difícil entender y exigir cabalmente el desarrollo del reconocimiento de esta Constitución. Pero, en la noche del 4 de julio [de 1991] yo creo que todos los constituyentes

y el pueblo colombiano hicimos un gran respiro al sentir un nuevo aire. Por fin tenemos un instrumento que nos reconoce nuestra existencia, que nos reconoce los territorios indígenas, que nos reconoce nuestra identidad.

Hemos venido sufriendo a lo largo del tiempo la violencia que [llegó] desde el mismo momento en que apareció el hombre extraño en nuestras tierras. Yo soy producto de la explotación más miserable que jamás ha existido en mi municipio, en mi departamento y en nuestro país…

Entonces, sabíamos que a nues-

tros derechos les faltaba el reconocimiento. Tuvimos un avance legal en ese momento. Otra cosa muy distinta es que no lo logramos desarrollar por distintos motivos. No ha habido un interés político del legislador, no ha habido un interés político del gobierno. En estos 20 años han pasado varios presidentes, varios gobiernos, y nosotros siempre hemos exigido [atención] para el desarrollo. Pero como nosotros en la norma que acabo de mencionar, lo que se denominó la Ley 89 de 1890, estábamos condenados a ser pobres de solemnidad, creo que todavía se mantiene en la mente de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, que seamos pobres de solemnidad. Y, por qué no decir, la iglesia que se apropió de nosotros, ahí está asolapada y creo que no le faltan las ganas de volver a ponernos a nosotros a cargar la leña para ellos… ¿Qué espero de la sociedad colombiana? Que ayudemos a defender y a desarrollar la Constitución de 1991. Y de aquí de este escenario deben salir unas voces de respaldo a nuestra Corte Constitucional, porque ha contribuido a mantener viva y no muerta la Constitución.

P r o b l e m á t i c a E d u c at i v a

Editor Alberto González Mascarozf (AGM) Jefe Departamento de Información y Prensa Redacción Luis Javier Londoño Balbín (LJLB), Alberto González M. María Paola Zuluaga Buriticá Diagramación Juan Camilo Vélez Rodríguez Fotografía Luis Javier Londoño B., Archivo ALMA MATER Corrección Luis Javier Londoño B. Coordinación Archivo Fotográfico Juan Camilo Vélez Rodríguez María Paola Zuluaga Buriticá Secretaria María Mercedes Morales Osorio

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Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

(Artículo 20. Constitución Política de Colombia)

La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.

(Artículo 73. Constitución Política de Colombia)

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Rectores trabajan por un financiamiento real para las universidades públicas Como parte de la agenda de trabajo que se trazaron un par de meses atrás los rectores universitarios para estudiar el proyecto de reforma a la educación superior y ofrecer alternativas a la propuesta del gobierno nacional, la junta ampliada del Sistema de Universidades Estatales, SUE, se reunió de manera extraordinaria en la Universidad de Antioquia el 27 de mayo último, con el fin de conocer los avances de la comisión financiera y fijar pautas de acción para los días venideros.

A la misma hora, otra comisión, la de calidad e investigación, coordinada por la vicerrectoría de Docencia del Alma Máter, también sesionó en la institución. En entrevista con el rector Alberto Uribe Correa, el periódico ALMA MATER hace un balance del proceso de análisis de la iniciativa gubernamental de transformar la Ley 30 de 1992, de las propuestas de la comunidad académica y del curso que sigue la reflexión alrededor de uno de los temas más cruciales para el futuro del país.

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE CONSTAR: • Que se encuentra en trámite el reconocimiento de prestaciones sociales del señor JOSÉ HOYOS MUÑOZ fallecido el 26 de marzo de 2011. Se ha presentado a reclamar la señora OLGA BEATRIZ HOYOS MUÑOZ en calidad de hermana.

• Que se encuentra en trámite el reconocimiento del traspaso de la pensión jubilación que percibía el señor RAMÓN ANTONIO GÓMEZ QUINTERO, quien falleció el 21 de febrero de 2011. Se ha presentado a reclamar la señora EFIGENIA ARBELÁEZ DE GÓMEZ en calidad de cónyuge.

Otras personas que se consideren con derecho, presentarse dentro de los 30 días siguientes a esta publicación

Fotos Luis Javier Londoño Balbín

Comité Editorial Martiniano Jaime Contreras Luquegi Gil Neira Olga Castaño Martínez Eufrasio Guzmán Mesa Asdrúbal Valencia Giraldo Alberto González Mascarozf

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Rectores Danilo Vivas de la Universidad del Cauca, Alberto Uribe de la Universidad de Antioquia e Iván Ramos de la Universidad del Valle. ¿Rector, qué destaca del informe presentado por la comisión financiera del SUE? —El análisis serio y transparente de la comisión de vicerrectores administrativos y financieros de las universidades confirma cómo las instituciones han asumido el déficit de más de 700 mil millones de pesos por la interpretación que se le ha dado al artículo 86 de la ley 30 de 1992.

Sabemos que es muy difícil recuperar esa suma, por lo mismo queremos presentar una propuesta hasta 2022 para que los aportes a las universidades estatales en la ley que presentará el gobierno al Congreso sean un real financiamiento, que le de tranquilidad a los rectores y a las administraciones y puedan responder al plan de desarrollo de este y los futuros gobiernos, tanto en calidad, como en cobertura e investigación que ayude a solucionar, con propuestas académico científicas, los múltiples problemas de nuestras regiones y de nuestro país, haciéndolas más competitivas. En el borrador final de la comisión financiera que el SUE pondrá a consideración del gobierno nacional también se propone estudiar, en un plazo no mayor de cinco años, la canasta universitaria o el IPC universitario, para evaluar el artículo referente a la financiación y para mirar cuál contribuye más a mejorar el presupuesto del sistema. ¿Qué otros asuntos abordó la junta ampliada?

—Asimismo, recibimos los informes por parte del rector de la Universidad de Caldas, Ricardo Gómez, sobre los principios, porque nos parece muy precaria la propuesta del gobierno nacional en ese aspecto. Según el viceministro de Educación Superior, muchas de las propuestas de la Universidad de Caldas ya se incorporaron al proyecto gubernamental, atendiendo a la educación como un derecho humano fundamental en el que debe primar las calidades de las personas. La Universidad Nacional rindió informe sobre autonomía universitaria y vigilancia y control. Recordemos que la Asociación Colombiana de Universidades –públicas y privadas–, Ascun, presentó una propuesta de ley estatutaria sobre autonomía universitaria a la ministra de Educación, quien se comprometió a estudiarla, pero todavía no hemos tenido respuesta. La comisión académica que coordina la profesora Dora Nicolasa Gómez Cifuentes de la vicerrectoría de Docencia, con el acompañamiento del ex vicerrector Guillermo Londoño Correa, mostró los principios sobre la calidad en la educación superior. Todos compartimos que lo peor que puede hacer el gobierno es una alta inversión que no esté comprometida con la calidad, que nos vuelva competitivos en el ámbito internacional. Igualmente, los vicerrectores de investigación de las universidades de Cauca, Valle, Huila, Nacional y Tecnológica de Pereira presentaron los principios que deben acompañar la propuesta de ley en investigación, como un campo relevante, no sólo en la solución de los problemas regionales y nacional, en el impulso a la competitividad y la innovación, sino también como factor primordial en la cualificación de los pregrados y los posgrados y en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, a través de la extensión. ¿Cómo es el balance de la agenda que se trazó el SUE para valorar el proyecto de reforma?

—El balance es muy satisfactorio porque venimos cumpliendo los cro-

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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Luis Alfredo Ramos Botero Gobernador del Departamento y Presidente de la Corporación Alberto Uribe Correa Rector Antonio Yepes Parra Representante del Presidente de la República Jaime Restrepo Cuartas Representante Ministra de Educación Nacional Carlos Alberto Palacio Tobón Representante del Consejo Académico Juan Carlos Amaya Castrillón Representante Profesoral Manuel Antonio Ballesteros Romero Representante de los Egresados Luis Fernando Arango Arango Representante del Sector Productivo Luis Javier Arroyave Morales Representante de los ex Rectores Luquegi Gil Neira Secretario General

CONSEJO ACADÉMICO Alberto Uribe Correa Rector Jairo Humberto Restrepo Zea Vicerrector de Investigación

Reunión extraordinaria de la junta ampliada del SUE, con la comisión financiera que analiza la reforma a la Ley 30 de 1992, en el salón de los Consejos de la Universidad de Antioquia. nogramas. Segundo, las propuestas de las distintas comisiones fueron estudiadas, debatidas y en general aceptadas, solicitándole a cada una incluir o corregir algunos aspectos que consideró pertinentes la junta ampliada del SUE y hacer un articulado, con el concurso de las oficinas jurídicas de las universidades, acorde con los principios, para presentar a la asamblea de los treinta y dos rectores del SUE el martes 7 de junio, cuando se va a socializar la propuesta de ley de educación superior que vamos a presentarle al gobierno en los aspectos públicos en junio. Los foros regionales se han cumplido con responsabilidad, con amplia discusión y contribución de las instituciones de educación superior estatal. ¿A estas alturas del debate, cuál son los asuntos nodales y más inquietantes en donde los rectores ponen las íes?

—Aunque el gobierno nacional dice que no habrá posición dominante de la educación superior con ánimo de lucro, que no pasará de un diez por ciento, que no tendrá licencia de funcionamiento más allá de cinco años, que se vigilará y controlará antes de repartir dividendos y que estas instituciones tendrán que comprometerse con la calidad, los rectores de las universidades públicas y privadas seguimos muy preocupados y seguimos considerando muy inconveniente que eso persista en la ley. Nos hemos documentado muy bien de lo que ha pasado en los Estados Unidos, donde las universidades con ánimo de lucro no sólo acaparan una parte muy importante del presupuesto a través de becas y de créditos, sino que son de muy baja calidad. Colombia, en la

situación en que está, no puede darse el lujo de apostarle a una educación de baja o de mediana calidad, sino de muy alta calidad y eso requiere compromiso del gobierno y de las instituciones de educación superior. Creemos que ese es un boquete como el que se abrió con la ley de salud, que ya vemos diecisésis años después de su promulgación en qué situación estamos: se empezó con el dicho de que el Seguro Social iba a ser el ente estatal regulador, que iba a controlar el acceso y la calidad y hoy no tenemos ni Seguro Social. La educación tiene que seguir siendo un factor de equidad, garantizado por el Estado, y así debe quedar legal y constitucionalmente plasmado en la nueva ley: que financie la educación superior estatal, de modo que las universidades puedan ampliar la cobertura como factor de inclusión, equidad y calidad para con las clases menos favorecidas. Asimismo, que se tenga en cuenta al sistema universitario en general en la investigación, pues el setenta por ciento de la investigación en el país la soportan las universidades de calidad.

Necesitamos recursos y hemos demostrado que somos capaces de investigar con pertinencia, con calidad, y si bien hay un sector privado más sensibilizado en cuanto a la necesidad de contribuir y de relacionarse con las universidades, el gobierno tiene que seguir siendo el gran aportante. ¿Cuál es el cronograma del SUE en el plazo inmediato?

–Después de la socialización de la propuesta en la asamblea del 7, habrá otra reunión el 23 de junio para darle los últimos detalles y presentársela a la Ministra de Educación y al gobierno

nacional, quien aspira radicar el proyecto de ley después del 20 de julio cuando se inician las sesiones del Congreso.

La Ministra de Educación dijo recientemente que lo que quedaba claro de los foros y de los debates es que hay consenso en el país sobre la necesidad de la reforma. ¿Realmente cree usted que el gobierno va a tomar en cuenta las propuestas de los rectores?

—Los rectores hablamos el mismo lenguaje: uno, que se necesita una nueva ley de educación superior, que ponga al país a tono con las necesidades y las exigencias del mundo, donde es el conocimiento y el valor agregado que le sepamos dar los colombianos a nuestras materias primas lo que nos va a sacar del atraso. En eso hay unanimidad en todo el sistema, universitario, técnico y tecnológico. Dos, que la ley sea lo mejor para el país, con el conocimiento como el factor más importante en la riqueza de la nación. Respecto a la acogida que tengan nuestras propuestas, tanto del sector educativo público como privado, universitario, técnico y tecnológico soy moderadamente optimista. He visto una gran capacidad del ministerio de recibir las sugerencias y las propuestas bien argumentadas y de incorporarlas como ya han hecho en unos veinte artículos, producto de los foros y de los conversatorios de los distintos estamentos en todo el país, y veo un Congreso, por los debates y los derechos de petición que ha hecho, sensibilizado y preocupado y con mucha gana de aportarle al país una muy buena ley de educación superior.

Óscar Sierra Rodríguez Vicerrector de Docencia María Helena Vivas López Vicerrectora de Extensión Rubén Alberto Agudelo García Vicerrector Administrativo Francisco Londoño Osorno Decano Facultad de Artes Luis Guillermo Palacio Baena Decano Facultad de Ciencias Agrarias Ramón Javier Mesa Callejas Decano Facultad de Ciencias Económicas Frank Uribe Álvarez Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Luz Stella Correa Botero Decana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Jaime Alberto Vélez Villa Decano Facultad de Comunicaciones Clemencia Uribe Restrepo Decana Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Carlos Arturo Sandoval Casilimas Decano Facultad de Educación María Isabel Lalinde Ángel Decana Facultad de Enfermería Carlos Alberto Palacio Tobón Decano Facultad de Ingeniería Élmer de Jesús Gaviria Rivera Decano Facultad de Medicina Álvaro Cardona Saldarriaga Decano Facultad Nacional de Salud Pública Clara Eugenia Escobar Güendica Decana Facultad de Odontología Pedro José Amariles Muñoz Decano Facultad de Química Farmacéutica Olga Castaño Martínez Representante Profesoral Consejo Académico Luquegi Gil Neira Secretario General Invitados Martiniano Jaime Contreras Vicerrector General Fabio Giraldo Jiménez Director de Posgrado Jaime Ignacio Montoya Giraldo Director de Planeación Sebastien Longhurst Delorme Director de Relaciones Internacionales Ana Lucía Sánchez Gómez Directora de Bienestar Universitario John Jairo Arboleda Céspedes Director Programa de Regionalización Liliana Marcela Ochoa Galeano Directora Escuela de Microbiología María Teresa Arbeláez Garcés Directora Escuela Interamericana de Bibliotecología John Jairo Giraldo Ortiz Director Escuela de Idiomas Berta Lucía Gaviria Gómez Directora Escuela de Nutrición y Dietética Eufrasio Guzmán Mesa Director Instituto de Filosofía Iván Darío Uribe Pareja Director Instituto de Educación Física y Deporte Claudia María Rivera Osorio Directora de Control Interno

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Fotos Luis Javier Londoño Balbín

Además del tipo de formación académica que impulsa, el proyecto de reforma de la educación superior profundiza el proceso de privatización de la universidad por el incentivo a la demanda –todos pagan, así sea por la vía del endeudamiento– y por la injerencia en el manejo de las instituciones no sólo del ministerio de Educación a través de múltiples mecanismos, sino del capital privado que impone sus propias lógicas de ganancia, sostiene el ex rector de la Universidad Nacional Víctor Moncayo.

Las universidades son un bien común y no pueden ser apropiadas por el Estado o los privados: Moncayo La reforma a la ley 30 de 1992 o ley de educación superior, tal como ha sido presentada, es atrevida, franca y abierta en plantear los reales propósitos, y no está oculta o disfrazada por otros ingredientes como generalmente se presentan las reformas, sino que va de manera directa y descarada a los asuntos, dice el ex rector de la Universidad Nacional Víctor Moncayo.

“Es como si los agentes del gobierno se hubieran quitado la capucha”, afirma, y reitera que lo contenido en el proyecto de reforma es una confesión sobre a qué sirve el Estado y los regímenes políticos y los gobiernos que lo representan.

En la charla convocada por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, el 20 de mayo de 2011 en el teatro universitario Camilo Torres Restrepo, Moncayo se declara escéptico frente a la suerte de un proyecto alternativo al presentado por el gobierno, porque, considera, carece de viabilidad jurídica y política.

“Lo que hay que hacer –dice– es una oposición frontal al proyecto, más

que entrar en el juego de una supuesta racionalidad del debate parlamentario que no existe, y una movilización amplia”.

Observa que el proyecto de ley estatutaria de la educación superior como un derecho fundamental que impulsan los rectores del Sistema de Universidades Estatales, Ascun y otras organizaciones está bien redactado, retóricamente bien concebido pero –cuestiona–, no va al fondo de los problemas que pone sobre el tapete el proyecto que ha presentado el gobierno.

“Es una serie de declaraciones –afirma– sobre el ethos universitario y el sentido del derecho a la educación, pero no entra en los problemas de organización, de funcionamiento, de financiación, de discutir el problema tan llevado y traido de la calidad”.

Reconoce sí, que la propuesta de ley estatutaria [sobre autonomía universitaria] sirve para introducir un elemento distinto en la discusión, que puede alterar el curso del debate parlamentario alrededor del proyecto promovido por el ministerio de Educación Nacional y que puede dar al traste con la legislatura que se inicia el 20 de julio, alterada de suyo por el proceso electoral que se avecina en octubre y por otros proyectos como la reforma a la justicia, a las regalías, o el proyecto de estabilidad fiscal.

Respuestas tecnocráticas El profesor Moncayo tilda de tecnocráticas las respuestas que se han venido dando desde distintos flancos al proyecto, en tanto entran en la discusión sobre si de veras éste contribuye a la ampliación de cobertura, o si existe interés económico del capital privado de lograr la ampliación de cobertura, o si permite avanzar en instituciones de educación superior de calidad, o si las inversiones privadas que se propone están asociadas al mejoramiento cualitativo de la formación académica, o si los recursos que se están ofreciendo como adicionales son suficientes para las necesidades de las universidades.

“Sobre ese debate es que están circulando las opiniones más generalizadas, en las columnas, en los manifiestos y en buena parte de los artículos”, asegura.

Afirma que la universidad está unida de manera íntima al funcionamiento del sistema social capitalista. Y no es de ahora, dice.

“La universidad siempre ha formado parte de la sociedad presidida por la organización capitalista,

y siempre ha estado ligada a un cierto nivel de calificación de la fuerza laboral y a la formación de las élites dirigentes, tanto públicas como privadas”.

Asimismo, precisa, la universidad también contribuye a crear, a reproducir y fortalecer un conjunto de valores, sociales, políticos, culturales, que son soportes de las relaciones sociales bajo las cuales vivimos.

“Sabemos también que por la universidad transita la ciencia, el desarrollo científico-técnico, que igualmente está imbricado en la organización de los procesos productivos capitalistas”, dice.

Y agrega que en países como los nuestros, los latinoamericanos, la universidad ha estado asociada a la construcción de la nación, y la nación, explica, “no es otra cosa que, en el artificio histórico del capitalismo, la forma de construcción de una unidad de un pueblo, que está más allá de las diferencias y de las particularidades de los sujetos que lo componen, para entender que son el sustrato de las instituciones de poder político que se despliegan en la sociedad. No hay capitalismo sin estado de nación, no hay capitalismo sin pueblos nacionales”.

En contraste, sugiere no olvidar que la universidad no es solo un espacio indisolublemente ligado a la organización capitalista, sino también un espacio por el cual transcurren las contradicciones propias de una sociedad de dominación.

“Y por consiguiente es un espacio en el cual se expresa la crítica, la resistencia de ese sistema, ahora amenazado de ser suprimido”.

Mercantilización El ex rector de la Universidad Nacional plantea que en el proceso de transformación del Estado como consecuencia de los cambios que ha experimentado el capitalismo se quiebra la distinción entre lo público y lo privado, y lo público no representa hoy el interés general ni es aquello que está en beneficio de toda la sociedad.

“En lo público estamos asistiendo al reino y a la introducción de una lógica que en nada se distingue a lo que ocurre en el sector privado, que es a donde vamos en el terreno de las universidades”, asegura.

Y una de las expresiones de la transmutación, señala, es convertir bienes y servicios en mercancías ficticias, para volverlas objeto del proceso de producción a la manera como se producen otros bienes que sí son típicamente mercancías.

En este sentido, plantea que de

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Aspecto del foro convocado por el Consejo Académico en uno de los auditorios del bloque 10

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Aspecto del foro convocado por la Asociación de Profesores en el teatro universitario.

La apatía y el bochinche, la peor ‘defensa’ de la educación pública Cuando se trata de defender derechos, principios y valores con argumentos el estudiantado y el profesorado brillan por su ausencia. Es lo que se puede concluir sin muchas arandelas cuando se pasa la vista por los auditorios en donde los estudiosos, los académicos y expertos analizan problemáticas de innegable repercusión para la comunidad académica misma y para el país, como lo es el proyecto de ley para reformar la educación superior. Pasa a menudo. Y si no que lo digan los conferenciantes del foro que organizó el Consejo Académico el viernes 20 de mayo sobre el proyecto de reforma a la educación superior. En el auditorio del bloque 10 los asistentes superaban apenas en número a los siete expertos que intervinieron. Y qué decir de la charla del ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor Moncayo. Él se declaró “sorprendido y casi que deprimido” por la asistencia al teatro Camilo Torres Restrepo, donde a la misma hora había sido invitado por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia para hablar de la universidad pública. Y no era para menos. Tras 45 minutos de retraso y el perifoneo recordatorio de la charla por toda la Universidad, el profesor Moncayo empezó su disertación con escasas diez

personas, en un escenario aforado para 1.200 asistentes. Y eso que el asunto entre manos es grueso, porque lo que está en veremos, quizá como nunca antes lo había estado, son los estudios superiores de millares de personas que sólo en la universidad pública encuentran esa posibilidad. La apatía, la indiferencia y la anomia, en últimas, contrasta de manera visible con el berrinche de los días precedentes y la algarabía que de tanto en tanto arman los universitarios en defensa, en teoría, de la educación pública y en contra de la privatización. En teoría, porque hasta ahora, que se sepa, esa guachafita que se suele armar entre estudiantes y policías en los predios universitarios y en los alrededores, bastante peligrosa por demás, en nada contribuye con la consecusión de los nobles propósitos que en cada tropelía se invocan. Todo lo contrario. Al final de la jornada queda nada, aparte de un reguero de piedra, unos cuantos vidrios rotos, uno que otro magullado y la evacuación obligada de los predios universitarios, y unos papás y unas mamás, y una comunidad con desazón, a la espera de que los universitarios, ‘la gente estudiada’, aporte luces a un país desbaratado por la sinrazón, la corrupción, la inequidad y la injusticia.

la misma manera que la tierra, la naturaleza, los recursos naturales, los bienes comunes, el mismo ser humano han devenido en mercancía, así está sucediendo con la salud y con la educación, haciéndolas susceptibles de ser apropiadas por particulares, en cabeza de agentes públicos o privados.

“El proceso que se está dando es de un avance en la apropiación, es decir, en la desposesión de todo el sistema común, de toda la comunidad, de bienes que no son susceptibles de apropiación, pero que por el carácter ficticio de la mercantilización se vuelven apropiables”, dice.

Denuncia que el fenómeno ha llegado al extremo de que hoy día no sólo se apropia el recurso animal, vegetal o inorgánico, sino las propiedades, por la vía de las patentes, de la propiedad intelectual, etc.

“Pero –agrega–, lo común no es que se apropie aquello que no ha sido producido, que está en la naturaleza, sino también las creaciones colectivas, del conjunto de la humanidad, como los principios matemáticos, físicos o químicos”, y subraya que la ciencia, el saber, el conocimiento es un producto acumulado de la historia de la humanidad.

“El conocimiento científico tecnológico es un bien tan común

la ley éste sería el único que dirá quién está autorizado para prestar el servicio de educación, para ‘bautizar’ la naturaleza de las instituciones de educación superior.

“Es más, dice que las universidades tienen que estar subordinadas a las políticas y a los planes nacionales de desarrollo y a los planes departamentales o municipales”, observa, y añade que es el ministerio el que revisa, antes de su adopción, todos los estatutos y reglamentos internos de las universidades, y las evaluará con la ayuda de organizaciones privadas.

Respecto de la presencia de capital privado, Moncayo cuestiona a los rectores cuando dan por sentado que esto no es una novedad y que ya sucede con las donaciones, los convenios y las alianzas universidad-empresa-Estado.

Porque, explica, la propuesta tiene una implicación mayor. “Lo nuevo es que el capital privado puede entrar a compartir por partes iguales proyectos académicos de formación, de investigación, de actividad productiva, y por esa vía habrá intervención directa”.

Observa que el controvertido comercial sobre la ‘universidad Chevrolet’ no es un mal chiste ni está alejado del panorama que se avecina.

De hecho, hay similares experiencias en todo el mundo al acecho de “entrar como capital privado a alterar la

como la tierra, como las aves, como el agua, como el aire, como las especies animales o vegetales, pero no está dado, sino que es producido colectiva e históricamente por la humanidad”, asevera, y reitera que también esos bienes se mercantilizan de manera ficticia.

“El capitalismo ha llegado a buscar la apropiación también de ese común conocimiento, que es el que circula por el sistema educativo, especialmente en los niveles más altos y sofisticados por las universidades”, dice.

El proyecto El profesor Moncayo dice que el proyecto de transformación de la ley de educación superior presentado por el gobierno no es nuevo y lo que hace es profundizar el estado de cosas al que ha venido siendo sometida de manera paulatina la universidad.

Afirma que las propuestas allí contenidas minan o desaparecen la capacidad funcional real de las universidades a favor de aparatos o instituciones que están en o que controla el ministerio de Educación, el cual, incluso, controla los gobiernos internos de las universidades.

“Las universidades hoy son dependencias, agencias gubernamentales del ministerio de Educación”, asegura, y dice que de aprobarse

vida interna de las universidades”, como las transnacionales dedicadas a ofrecer cursos de formación laboral muy específicos, la universidad Motorola, la universidad Mc Donald Hamburguer, los centros técnicos de Microsoft, los centros educativos de Soundmicrosystem, etc.

“Es lo que hoy existe, con todos los riesgos de alterar las condiciones relativamente autónomas del direccionamiento de los programas de formación y de investigación en las universidades”, asegura, y observa que la cobertura y la calidad se han vuelto el estribillo de todas las reformas en la educación.

“Antes de preguntarse por la calidad –reflexiona– hay que preguntarse por qué tipo de formación académica es la que se espera que tenga un nivel de calidad y para qué fines”.

Y respecto del financiamiento, sostiene que los recursos que la reforma promete no sólo no son suficientes para cubrir el déficit presupuestal que arrastra el sistema de educación superior público, sino que además van a ser manejados por el ministerio de Educación, con lo cual, concluye, la de por sí erosionada autonomía universitaria deviene en falacia.

“Las universidades son bien común y no pueden ser apropiadas por el Estado o los privados”, sentencia.

Opinión

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"La calidad, el vacío de la reforma a la Ley 30" GUILLERMO LONDOÑO RESTREPO Moderador, Panel: La calidad de la educación superior

La educación superior, a raíz del proyecto de ley “por el cual se regula el servicio público de la educación superior”, presentado por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional –MEN– es, en la actualidad, tema de discusión en los medios académicos y universitarios. La Universidad de Antioquia, como integrante del Sistema de Universidades Estatales –SUE–, y con el fin de aportarle a este sistema y al país elementos de análisis para la discusión y para la competente interlocución con el MEN, realizó el pasado 6 de mayo el panel La calidad de la educación en el contexto de la reforma a la Ley 30 –elementos para el análisis–, con Luis Enrique Orozco Silva, ex coordinador del Consejo Nacional de Acreditación; Graciela Amaya de Ochoa, ex subdirectora técnica y de fomento del Icfes; padre Joaquín Emilio Sánchez García, Rector de la Pontificia Universidad Javeriana; Pedro Prieto Pulido, Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación; y Carlos Arturo Sandoval Casilimas, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia; cuyo objetivo fue examinar lo que se propone en el proyecto acerca de la calidad de la educación superior.

Al explicar la propuesta, el MEN ha dicho “ésta contiene un conjunto de medidas para solucionar los problemas de la educación superior y enfatiza que la principal aspiración del gobierno es que más jóvenes accedan a la educación superior con calidad y pertinencia” (Javier Botero, viceministro de Educación Superior, UN periódico, 11-3-2011).

En el panel, expertos nacionales hicieron la lectura de la propuesta y concordaron en señalar que si bien el país requiere una ley para la educación superior, ella debería corresponder a una política sólida para el desarrollo y fomento de la educación superior, más que para su regulación y control por parte del Estado; una ley que ponga la calidad, pertinencia, transparencia y gestión de las instituciones constitutivas del sistema a la altura de los tiempos, en un contexto de globalización. Al afirmar que la propuesta carece de una clara visión y concepción del sistema de la educación superior se afirma que el país debería tener una ley específica para las universidades y otra para el resto de instituciones y así lograr una adecuada y necesaria diferenciación y especialización de instituciones y roles del sistema para lograr la garantía del ejercicio del derecho a la educación y la prestación de este servicio público bajo estándares de calidad y pertinencia social, científica y académica reconocidos a nivel mundial.

Se observa cómo hay temas que si bien están enunciados no están adecuadamente concebidos, de-

sarrollados y ubicados en el proyecto. Autonomía, acceso, investigación, innovación, calidad, pertinencia, fomento, financiamiento, deberían ser los ejes del proyecto, deberían estar en primer orden en su estructuración y no en lugares relegados, como en el caso de la investigación. El proyecto debería corresponder a una política de Estado, más que de gobierno, que entienda la educación como estrategia soporte del proyecto de nación, que tenga presente que ella es un derecho fundamental de la persona y un bien público.

Al centrarse sobre el tema de la calidad, los expertos identificaron que su surgimiento como problema para el sistema educativo del país al pasar de una universidad tradicional, autorreferenciada, para la formación de las élites, establecida desde la colonia y prevalente hasta la década de los años 30, cuando empieza a tener demandas de capital humano formado para responder a la transformación de los sectores productivos y a ser ella misma exigida a transformarse, pero desafortunadamente en medio de la carencia de una dirección política estratégica. Entre 1950 y 1980 emerge el sector privado, muchas de sus instituciones guiadas por parámetros de captación de la demanda, más que de los correspondientes a la prestación y desarrollo de un servicio de calidad y pertinencia; surge el problema como de una gran “erosión de la calidad” y determina que por primera vez, a nivel normativo, se plasme en el decreto 80 de 1980. Mediante la Ley 30 de 1992 se crea el Sistema Nacional de Acreditación, “con el objetivo fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”(Ley 30, art 53) y en 1995 empieza a funcionar el Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, en un contexto nacional y mundial caracterizado entre otros elementos por la presencia de nuevas formas de construcción del conocimiento, paso del modo 1 al modo 2. Desarrollo de políticas de investigación. Nuevas demandas sociales, mayor acceso, mayor equidad. Sofisticación -modernización de los mercados laborales, las crisis de las profesiones y el surgimiento de las TIC. Lo cual cuestiona de raíz a la universidad tradicional y le exige mayor pertinencia social y científica, mayores relaciones con el Estado, con la sociedad y con los sectores de la producción. Esto exige que tanto las instituciones como el Estado, al velar por la calidad de la educación, lo hagan bajo el reconocimiento de ésta como un concepto multidimensional, situado históricamente y el cual de manera integral debe incorporar como factores constitutivos a estudiantes y profesores, la formación, la investigación, la innovación, la gestión, las relaciones con el medio externo, los currículos, la internacionalización y las infraestructuras de apoyo a las labores académicas y administrativas.

Al leer lo que la propuesta plantea sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, se observa que al tratar de la calidad ésta se enfoca más hacia la inspección y vigilancia que hacia su cultivo y fomento, vía por la cual el MEN se aproxima mucho a convertirse en una superintendencia de educación superior.

En el proyecto de reforma no se observa la concepción de un sistema de calidad de la educación superior apuntalado en una comprensión orgánica de ambos términos. Si aseguramiento es sinónimo de otorgamiento de permiso para el

funcionamiento de instituciones y de programas, éste debe estar basado en un concepto básico de calidad y el control ahí, en los orígenes, debe ser serio, transparente y exigente. En lo referente a la acreditación, se anotan las bondades que desde el punto de vista político y académico trae la asignación de la función de su otorgamiento por parte del CNA, órgano que por su composición y funcionamiento de carácter estrictamente académico ha ganado legitimidad y confianza entre las instituciones y en las comunidades académicas y científicas. No se ve bien que bajo el nuevo proyecto se le dé a órganos acreditadores privados la función de la evaluación externa en el proceso de acreditación de instituciones y programas de pregrado y posgrado, ello llevaría a la pérdida del control por el CNA, al pago de esta evaluación por las IES, a la puesta en riesgo de la transparencia –ente evaluador es ente que cobra por la evaluación con lo cual se hace de este paso del proceso un paso de privatización y mercantilización, su lógica prevalente ya no es más la lógica de lo académico– ¿Debe el Estado, bajo la concepción de la financiación de la evaluación externa como un gasto y no como una inversión social hacia el fomento y estímulo a la calidad, desprenderse de la financiación de este rubro o, por el contrario, debería mantenerlo e incrementarlo? No conviene romper para las universidades el carácter voluntario de la acreditación institucional, tal como se hace al ponerla como requisito para ser universidad. Si se entroniza la universidad privada con ánimo de lucro, dado su carácter de empresa, su ánimo de lucro económico y el riesgo de la degradación de la calidad, se haría necesario especificar los criterios de calidad bajo los cuales deberán funcionar; ¿cómo asegurar que estas IES opten por la acreditación de alta calidad y no se queden bajo el cumplimiento obligatorio del requisito del registro calificado?

Al tomar el componente “Evaluación”, en el sistema de aseguramiento, se reclama la definición de objetivos y alcance de las pruebas Saber-Pro, a ellas se les observa el riesgo de conllevar a la homogenización de los procesos de formación profesional desarrollados por las diversas instituciones.

Sobre el fomento, se plantea que éste se ve opacado por la inspección y vigilancia, por el control y la regulación. Es visto como componente débil, cuando debería ser el más fuerte e importante. Se le pide que haga formulaciones de política y acciones concretas para

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Del imperio de los indicadores, la calidad y otros ismos en la educación superior colombiana el fomento de una educación con calidad, pertinente y que garantice el acceso a todos los sectores de la sociedad. Políticas y actividades dotadas de recursos y con fuentes concretas para su financiación.

A la inspección y vigilancia se le debería corregir su carácter represivo e intervencionista del Estado, debería procurar no asemejarse a un código policial.

Los derechos pecuniarios no corresponden a un sistema de aseguramiento, su lugar en el texto está en el lugar que no le corresponde.

Regular el incremento de las matrículas acordes con el incremento del IPC y establecer el posible cobro de éstas de manera diferida, incluso después de terminados los estudios es desconocer la realidad de las universidades privadas y poner en riesgo su funcionamiento y sostenibilidad.

Esta propuesta acerca del aseguramiento de la calidad se ve inspirada en una concepción no clásica de la universidad, en ella prima una concepción de la universidad al servicio de los mercados laborales, una concepción de tipo economicista, donde la función principal del Estado es el control y no el fomento y donde las institucionales estatales ven reducido su papel, pierden importancia, sobre una concepción de universidad de tipo humboltiano, para el desarrollo de la investigación científica y la formación integral; una concepción que da origen a la universidad de investigación y a la formación al más alto nivel.

Se presenta en el trascurso del panel un consenso entre los expertos y de éstos con los académicos asistentes en que el proyecto debería discutirse y concertarse entre el MEN, las IES y comunidades académicas y científicas, discusión no orientada a la legitimación de la propuesta actual del MEN sino a su reconfiguración, por tanto se considera oportuno y necesario que por parte del gobierno participen también el DNP y el Ministerio de Hacienda, en lo que respecta a financiación y Colciencias, en lo relacionado con educación superior, ciencia, tecnología e innovación.

ASCUN-SUE –Universidades acreditadas por el peso académico dentro del sistema de la educación superior y por su peso político en el contexto educativo nacional deberían actuar en unidad para reclamar ante el Estado un papel protagónico como interlocutores válidos de primer orden; su liderazgo es clave para el logro de una real transformación de la educación superior al servicio de los más altos intereses de la sociedad.

RODRIGO JARAMILLO ROLDÁN Profesor Asociado Universidad de Antioquia jefecian@pijaos.udea.edu.co

El imperio de los indicadores, la obnubilación ejercida por la calidad, pero ante todo, la tendencia deshumanizadora, se ciernen sobre la escuela con la acentuación de los ismos. Ellos ponen en inminente riesgo a la educación, así en Colombia se “cacaree moralistamente” sobre la importancia que ella representa para el desarrollo social. Tras el imperio de los indicadores se yergue triunfal el positivismo, con sus agravantes para la academia y las sociedades investigadoras, con las amenazas para el hombre, que ya advirtiera Derrida en la Universidad sin condición.

Si la educación en su generalidad está en alto riesgo, también lo está la universidad como uno de sus bastiones más importantes. El peligro de su desaparición no obedece al mero cambio de acento en una letra que identifica los titulares de los proyectos educativos. Más allá de que la educación sea sustituida por el economicismo, está en juego la desaparición del hombre como lo concibiera la ilustración o bien la idea humboltiana de universidad.

El imperio de la calidad con la hipermercantilización de la educación, traen aparejada la exclusión social.

Con la estandarización, se contradice el proyecto de formar seres vitales en la autonomía, que es lo que posibilita la educación cuando da sentido a la participación de los actores sociales. A la par que se descontextualiza la educación, se dispersa y diluye su objeto.

Con el predominio de los indicadores y las evidencias fáciles e inmediatas, se desemboca desenfrenadamente en lo que denomina Guillermo Hoyos Vásquez, “el olvido de la cosa en sí”.

La calidad ha sido la mayor excusa para desdibujar el papel de la educación en la humanización, en tiempos de incertidumbre y vida líquida, máxime si ella se convierte en mercancía, así sea muy especial y se relacione con el cultivo del pensamiento y la ciencia como valores encumbrados de la racionalidad.

Al revisar las alusiones más reiteradas sobre el tema es posible identificar que cuando se asocia la calidad con la educación, se tiende a privilegiar su énfasis mercantil y se deja por fuera el tema de la educación propiamente

El imperio de la calidad con la hipermercantilización de la educación, traen aparejada la exclusión social. Con la estandarización, se contradice el proyecto de formar seres vitales en la autonomía, que es lo que posibilita la educación cuando da sentido a la participación de los actores sociales. dicho. Tras dicha noción se estigmatiza, se manipula ideológicamente y se da el favorecimiento de sectores o grupos sociales específicos. Probablemente la noción de calidad incursionó en la educación independientemente de los requerimientos, necesidades y deseos de sus principales actores.

Razón suficiente para sospechar que ella no es el problema de la educación.

Con el énfasis injustificado en el tema de la calidad y la puesta en riesgo de la educación, el cambio de orden en los factores sí alteró el producto, ya que se privilegió la discusión sobre ella, minimizando a la educación. Y no es que se desconozca la necesidad de una educación excelente, por el contrario, reconocemos que ella debe comenzar por reivindicar los imaginarios sociales como expresión clara de sus realidades y una perspectiva más humana, más allá de mero indicador de la capacidad competitiva de los sistemas y las organizaciones responsables del desempeño social de las personas.

La sobreestimación de la calidad ha propiciado el culto del generalismo y el gerencialismo exacerbados.

Con la anteposición de la calidad a la educación, ha imperado la tendencia de asignarle a ella la mayor o la totalidad de la importancia. Tras la imposición de la noción se llega a un estado de deslegitimación tal, que lo no que sea visualizado a través de ella, se “desacredita” y deja de avalarse. Así se desemboca en el ismo de la unidimensionalidad, como una de las tendencias más peligrosas, en momentos de consenso social sobre la multiculturalidad y la diversidad.

Para la Universidad, la educación debe mantenerse en el reto de la autonomía, tanto individual como institucional. Lo paradójico es que los sistemas educativos marchan en dirección de la unificación de los tiempos y los espacios escolares. Es-

tandarización y neopositivismo cada vez tienden a fusionarse de manera explosiva en contra de la educación y de los profesionales que la agencian.

Mientras que maestros y profesores cada vez van teniendo menor incidencia en el acompañamiento de los aprendizajes de los alumnos, ganan protagonismo los expertos “chuliadores” de indicadores, los llenadores de formatos o de fichas y los acomodadores de resultados para pruebas censales. El positivismo se erige triunfante a nivel universal con la producción de profesionales en serie, el perfeccionamiento de los estándares y las homologaciones.

En la nueva coyuntura coexisten pensamiento binario y unidimensionalismo. La noción de calidad de la educación se antepone y media para que se imponga una visión deteriorada y desacreditada de lo público.

Si no se está en la calidad, se está en lo otro. Nada más atentatorio de la autonomía y la formación que la intención de generar un único estilo. De esta manera, las preocupaciones pedagógicas del maestro se contraponen con los intentos de las políticas educativas. Desde estas, paulatinamente la acreditación sufre lenta y sospechosa desaparición, inclusive bajo apariencias que con suplantación de identidad en la práctica representan la certificación y el credencialismo. A la par que se da su desplazamiento, se da la migración lexical por imposición. Mientras progresivamente deja de hablarse de ella y de sus relaciones concomitantes con la autoevaluación, desaparecen términos de sostén conceptual adyacentes como los procesos participativos, las comunidades académicas y la autogestión. Al contrario, se imponen las nociones de medición, estandarización, certificación, condiciones mínimas de calidad, verificación y cumplimiento, entre otras.

Los nuevos sentidos exigen recontextualizar la educación para los tiempos recientes y contraponer acciones formativas que impidan caer en reducciones cientificistas o moralistas. Apostar por un paradigma humanista, intersubjetivo y dialogal.

En consecuencia, reconstruir un sentido de educación que se centre directamente en la condición humana y sepa desarrollar nuevas formas de humanismo para la formación de ciudadanas y ciudadanos responsables, actores en la sociedad civil y comprometidos con un sentido de democracia participativa que permita buscar nuevos caminos de cooperación. Abocar por una educación que reivindica las acciones comunicativas, que forma para la democracia.

Feliz coincidencia de Habermas y Dewey en la caracterización de un nuevo humanismo en términos de sustitución de la competitividad por la cooperación y evitar que la educación desemboque en ismos de mayor riesgo para la humanización.

Opinión

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Asoprudea. Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Ciudad Universitaria. Bloque 22, oficina 107.

Teléfono 2195360. Fax 2636106 • http//Asoprudea.udea.edu.co • La columna “Ágora” es responsabilidad de Asoprudea.

MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas.

Universidad de Antioquia

Si bien los temas sobre el financiamiento de la Educación Superior propuestos en el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 ocupan de manera primordial la atención de los estamentos universitarios y de la sociedad en general, hay otros temas sobre los cuales aún no se ha discutido pero tienen un impacto grande en el futuro de las instituciones de educación superior y, en particular, de las universidades públicas.

En efecto, un tema de gran importancia es la derogación de los artículos 68 y 69 de la Ley 30 que hacen referencia a la figura del Consejo Académico. El proyecto de reforma a la Ley 30 hace desaparecer, de un plumazo, la figura del Consejo Académico: no solo la desaparece sino que concentra e integra sus funciones en la figura del Consejo Superior.

Sobre el particular, la Ley 30 de 1992 en su artículo 62 reza: “La dirección de las universidades estatales u oficiales corresponde al Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al Rector. Cada universidad adoptará en su estatuto general una estructura que comprenda entre otras, la existencia de un Consejo Superior Universitario y un Consejo Académico, acordes con su naturaleza y campos de acción”. Asimismo, los artículos 68 y 69 de la Ley 30 que se propone derogar la reforma, definen, respectivamente, la composición y funciones del Consejo Académico.

En el proyecto de reforma a la Ley 30 el artículo correspondiente quedaría así: “Artículo 42.

El gobierno y la dirección misional acorde con los objetivos de las Instituciones de Educación Superior, corresponde a un Consejo Superior o el órgano equivalente y al rector o quien haga sus veces. En el consejo tendrán representación deliberativa y decisoria los estudiantes, los docentes, los egre-

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Citación a todos sus asociados a la Asamblea del 18 de junio de 2011 • Lugar: Ciudadela Robledo – Auditorio • Hora: 11:00 a.m.

Orden del día propuesto: Llamado a lista y verificación del quórum. Elección del presidente y secretario para la asamblea. Lectura del acta anterior. Nombramiento de la comisión verificadora del acta. Informe del presidente. Elección de la junta directiva y revisora fiscal. Estados financieros. Proposiciones y varios Informes teléfono 2199145 aseagrarias@yahoo.com

No solo del financiamiento viven las universidades públicas: temas que no se han discutido sados y el sector productivo, de acuerdo con lo que establezcan sus propios estatutos”.

La supresión de los consejos académicos, planteada en la reforma, deja un sin sabor sin argumentos. La figura del Consejo Académico es esencial para el diseño de la política académica de universidades estatales. El equipo rectoral y los decanos, en el caso de las universidades, tienen una responsabilidad enorme en el funcionamiento académico de las mismas, para lo cual requieren el espacio de discusión adecuado que es justamente el objeto de los consejos académicos. La cercanía de los decanos a las actividades de docencia, investigación y extensión que tienen lugar en cada una de las dependencias académicas permite un conocimiento mucho más claro del quehacer universitario, cosa que no ocurre necesariamente con los miembros de los consejos superiores. Si bien éstos toman las decisiones del máximo nivel, es muy importante el debate que se debe dar dentro de los consejos académicos sobre la dinámica y evolución de las actividades misionales que, a su vez, debe alimentar el debate en los consejos superiores. En este sentido, resultaría inoperante un consejo superior, que ya está abarrotado de tareas, responsabilidades y comisiones, para que ahora asuma también las discusiones académicas, el diseño de la política y la resolución de conflictos académicos de todo tipo.

Reconociendo el papel preponderante de los consejos académicos y considerando que éstos no deben des-aparecer, la reforma propuesta puede aprovecharse como una buena disculpa para revisar, desde la sana autocrítica, el funcionamiento de estas corporaciones. Así, desde la perspectiva de la autocrítica, tan esquiva en estos tiempos, se puede preguntar, en general, ¿los consejos académicos operan de manera eficiente y adecuada?, ¿sí se discuten los temas con la profundidad académica que demandan las universidades?, ¿la dinámica del día a día y la resolución de problemas menores permiten a los consejeros avanzar en las verdaderas discusiones de política académica?, ¿im-

porta el tamaño?, ¿consejos académicos de más de treinta personas serán efectivos y producirán documentos sesudos en tiempos prudenciales?

Algunos argumentan que el número de consejeros no es relevante y que lo importante es el nivel de discusión. Sin embargo, sí existe una relación inversa entre el número de consejeros y la dinámica y funcionalidad de las discusiones. Un consejo académico operante debe estar constituido por aquellas personas que representan, en varios niveles de gobierno de las universidades, sus actividades misionales; y este tipo de composición está relacionado con un menor número de personas, lo cual facilita las discusiones académicas. Sobre una composición más adecuada de los consejos académicos habría que discutir, inclusive, la misma arquitectura organizacional de las universidades que se ha ido ampliando por razones no estrictamente académicas. De nuevo la autocrítica llama a la discusión.

En varias universidades, sobre todo en las públicas, los consejos académicos se han ido llenando de funcionarios de cierto nivel que poco o nada aportan a las discusiones académicas derivadas de la misión institucional y que más bien deberían ser invitados a sesiones específicas en las cuales se discutan temas que requieran su presencia para que, ahí sí, tenga sentido su participación siempre y cuando se aporte a la solución de problemas particulares.

Decir que las preguntas presentadas aquí sobre la forma de operar de los consejos académicos, con espíritu de autocrítica, están en las motivaciones del gobierno para proponer la derogación de los artículos 68 y 69 sería tan insensato como pretender que sean los consejos superiores los que asuman toda la discusión y diseño de la política académica de las universidades estatales. No hay razones, al menos aparentes, para acabar con los consejos académicos; por el contrario, hay que fortalecerlos orientando su quehacer a los verdaderos retos académicos de las universidades para que tenga sentido la autonomía universitaria, entendida con la más alta responsabilidad social.

ACLARACIÓN Con el propósito de reconocer el error cometido de manera involuntaria en el proceso de transmisión de datos a la casa editorial que imprime el Periódico ALMA MATER, y ofrecer las respectivas disculpas, reproducimos el mensaje remitido por el presidente de la Asociación de Profesores Marco Antonio Vélez Vélez y el secretario Jorge Aristizábal Ossa: “Cordial saludo. En la columna de opinión Ágora del periódico institucional Alma Máter No. 598 de mayo de 2011, en el artículo ‘Algo más sobre lo público en la universidad’ de la profesora Teresa E. Cadavid G., apareció un destacado en itálicas que no estaba en el original remitido por la Asociación de Profesores. El énfasis dado a la frase resaltada ha sido protestado por su autora porque deforma su análisis global y particulariza en las asambleas estudiantiles, lo cual no fue su intención.

Acudiendo a los derechos que constitucionalmente se nos otorgan solicitamos su rectificación sobre el artículo en mención”.

NOTA: El texto original remitido por la Asociación de Profesores puede consultarse en http://almamater.udea.edu.co

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La reforma a la Ley 30/92 …¿por qué no arriesgarnos, por primera vez en la legislación educativa, a hacer las cosas al derecho?

Promulgar primero una ley estatutaria de la educación como derecho y pasar luego a desarrollar las leyes que regulen el servicio tanto en los niveles

preescolar, básico y medio, como superior y otros que sea necesario. Sería muy interesante en el caso que nos ocupa, sentarnos a pensar –como ya otros países e, incluso, continentes como Europa han hecho– qué es la cosa, antes de lanzarnos a hablar de ella.

BEATRIZ RESTREPO G. Ex Profesora Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia

En buena hora el gobierno propone una reforma a la Ley 30/92, en mora de ser revisada desde hace años. La propuesta que está en discusión tiene el mérito de incluir temas ausentes en la ley anterior (Investigación, innovación y desarrollo, titulo XI; Internacionalización, título XII), y de ampliar otros, actualmente tratados de manera muy sucinta o incompleta para los desarrollos de los últimos años (Sistema de calidad de la educación superior, título V; Régimen financiero, Título VI).

Este último punto que se desarrolla de manera amplia y meticulosa en la propuesta (son los títulos más extensos), ha recibido numerosas y merecidas críticas, lo que hace que su discusión tenga que ser muy puntual, artículo por artículo, pues si bien son temas muy importantes y merecen atención (en lo esencial, calidad y ampliación de cobertura y con qué recursos financieros y mecanismos de control y vigilancia lograrlos), las propuestas del gobierno no son todas aceptables desde el punto de vista de la autonomía universitaria, la defensa de la educación pública y de cálculos realistas.

Además de estos aportes novedosos (cuya bondad depende de los acuerdos que en torno a ellos se logren), la propuesta del gobierno mantiene algunas de las principales fallas de la Ley 30/92 (la pobreza de los Principios, la confusa clasificación de las instituciones de educación superior (art. 16-19 en la ley actual, arts. 58-60 y 96 de la propuesta), la ambigua relación con el SENA, la falta de claridad sobre los dos años complementarios de la Normal Superior (art. 40), la debilidad de la función de Extensión (apenas mencionada en el art.

69 y en el literal g. del art. 81) y la escasa presencia de la cultura.

También hay que lamentar la derogación de los artículos 128 y 129 (el estudio de la Constitución Política y la formación ética profesional), temáticas a las que apenas se alude a lo largo del articulado, de manera superficial y que, sin duda, requieren metodologías más novedosas que las hagan operantes, pero en ningún caso, ser suprimidas.

En este texto, quisiera señalar –además de los anteriores que ya han sido objeto de muchas reflexiones– algunos aspectos cuya ausencia en la propuesta de gobierno me parece de la mayor gravedad y sobre los cuales es de desear que la comunidad universitaria y las autoridades educativas, se pronuncien.

El primero es el desconocimiento que la propuesta hace de la Constitución Política, que en su artículo 67 dice taxativamente: “la educación es un derecho de la persona” y, subsecuentemente, “un servicio público que tiene una función social”. El proyecto de ley en discusión se refiere a la educación superior como un “servicio público”, abandonando así el enfoque de derecho que la Constitución le confiere de manera rotunda.Y ya se sabe que un servicio puede prestarse o no (véase el servicio de protección de la salud), mientras que un derecho es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Es verdad que la ley busca “regular” el servicio, por tanto, se dirige a lo organizacional, pero en ausencia de una ley estatutaria de educación, su título inicial, De los principios, debe evidenciar el carácter que la Constitución le confiere a la educación, dado que esta ley desarrolla, en lo atinente a la educación superior, la Carta Magna.

Autorizadas voces ya han señalado este punto y han reclamado la promulgación de esta ley estatutaria que sería, además, el fundamento de todo el servicio educativo, desde la educación preescolar hasta los más avanzados niveles de posgrado; no contar con ella, reduce a una dimensión puramente operativa la legislación existente sobre educación, lo que impide, con seguridad, que alguna vez tengamos el marco necesario para la conformación de un verdadero sistema educativo, coherente entre sus elementos e integral en su finalidad.

De acuerdo con lo anterior, la propuesta del gobierno ha conducido la discusión (como también sucedió en su momento con la Ley 30/92), a los temas que son más sensibles a ciertos sectores de la opinión pública: la autonomía, el financiamiento, las estructuras de poder y otros, alejándola de los temas esenciales, de los cuales éstos son subsidiarios: qué es la educación superior, cuáles son sus fines y no meramente sus objetivos (a

los cuales se refiere el proyecto en el art. 11, con 13 literales); cuáles son sus instituciones propias, la universitaria y la tecnológica; cuáles son los principios que sustentan este derecho; y, muy importante, cómo se articula este sistema a los principios fundamentales que propone la Constitución y a los fines del Estado que en su preámbulo el pueblo colombiano ha promulgado en ejercicio de su poder soberano.

Con este proyecto de reforma de la educación superior (como ha sucedido tantas otras veces en torno a temas cruciales para el país), hablamos de la cosa sin saber que es la cosa, como dice el sacerdote jesuita Gustavo Baena, a otro respecto. Hablamos del funcionamiento de la educación superior más no de su naturaleza e identidad, de su razón de ser y de sus fines propios: en este país, en este continente, en este mundo globalizado y en una dimensión societal, sin embargo, particular y propia.

En esta dirección, el proyecto de ley no solo es meramente organizacional u operativo, es decir instrumental, sino también autoreferente: la educación mirándose a sí misma, a la calidad de sus programas, a las libertades y condiciones que requiere para su adecuado funcionamiento y el logro de sus objetivos, a sus estamentos constitutivos estudiantes y docentes, al Estado como proveedor y vigilante del servicio. Ya es conocida esta universidad pensándose a sí misma con prescindencia de un entorno mayor.

Muy pobre y general es lo que se dice sobre el contexto en que se desempeña en el país la educación superior y sobre su obligada respuesta y vinculación a las exigencias y aspiraciones de la Constitución, en lo social, en lo político y en lo ético-moral, que debería ser la primera consideración (en los Principios) de la cual derivaría todo el desarrollo posterior, como respuesta. En la primera dirección se encuentran algunas alusiones a las responsabilidades sociales, a la solución de necesidades del país y la humanidad, al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país, etc. En la segunda, al respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, a la promoción de la participación democrática, al desarrollo político y ético. Pero sin fuerza, como un añadido que hay que mencionar; sin dientes, pues se suprimieron formal y materialmente las instancias pedagógicas e institucionales para el desarrollo de estas dimensiones político-constitucional y ético-moral, como ya se dijo.

La educación (tampoco la superior) es un fin en sí misma, por importante que sea, pues es solo un elemento dentro de un sistema mayor. Es un medio para alcanzar un fin: hacer realidad los mandatos de la Constitución, esto es, las aspiraciones del pueblo colombiano como están consignados en el Preámbulo y el título I de los Principios Fundamentales. Y esto sirve para todas las IES tanto públicas como privadas. Ello, que puede estar supuesto (haciendo una concesión a la buena fe de los redactores), no aparece nombrado en el proyecto de ley en discusión. A la educación superior corresponde desde su perspectiva propia y específica: el conocimiento científico y tecnológico, las ciencias sociales y las humanidades, el arte y la cultura en sus más altas ex-

Muy pobre y general es lo que se dice sobre el contexto en que se desempeña en el país la educación superior y sobre su obligada respuesta y vinculación a las exigencias y aspiraciones de la Constitución, en lo social, en lo político y en lo ético-moral, que debería ser la primera consideración (en los Principios) de la cual derivaría todo el desarrollo posterior, como respuesta.

Opinión presiones, aportar a hacer realidad plena el estado social de derecho que garantice los derechos de todos y un orden social, político y económico justo que asegure a sus integrantes la igualdad y la libertad, la convivencia y la paz, el trabajo y la solidaridad. Alguien tiene que decirlo, y no parece ser el gobierno.

En ausencia de una ley estatutaria, la nueva ley de educación superior tendrá que hacerlo, de lo contrario el peligro que se percibe en el articulado propuesto se convertirá en real amenaza: una educación superior que no se articula a las expectativas del estado, de la nación, del país que es Colombia y a las necesidades de su población.

Invito a leer los artículos 147 (absolutamente general y vago) y el 149 (totalmente administrativo) del título XI Investigación, innovación y desarrollo, para entender lo anterior. No se menciona que la investigación se dirija a defender, proteger y aprovechar racionalmente los recursos naturales y sociales de la nación, a generar conocimientos sobre nuestra realidad, a satisfacer las necesidades básicas de salud, nutrición, vivienda, infraestructura e ingresos de la población, a generar nuevos modelos económicos que aseguren la productividad con inclusión y el desarrollo con equidad.

Igualmente invito a revisar los artículos 152 (absolutamente autorreferente) y 153 (puramente funcional) del título XII, Internacionalización, para ratificar lo anterior. No se habla de propiciar una mirada abierta al mundo plural y diverso que nos permita entablar relaciones simétricas con países hermanos y lejanos; de dotar a la población de las herramientas mentales, lingüísticas y virtuales para ello; de formar una mirada crítica frente a la globalización y sus fenómenos; de aprender a aprovechar nuestras ventajas competitivas; de afirmar nuestra identidad para recuperar una dignidad que nos permita asumir un liderazgo al menos hemisférico. Y estos son los dos temas, investigación e internacionalización, sobre los cuales reposan las apuestas del actual gobierno.

Para terminar, ¿por qué no arriesgarnos, por primera vez en legislación educativa, a hacer las cosas al derecho? Promulgar primero una ley estatutaria de la educación como derecho y pasar luego a desarrollar las leyes que regulen el servicio tanto en los niveles preescolar, básico y medio, como superior y otros que sea necesario. Sería muy interesante en el caso que nos ocupa, sentarnos a pensar –como ya otros países e, incluso, continentes como Europa han hecho– qué es la cosa, antes de lanzarnos a hablar de ella.

Nº 599, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, junio de 2011

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El Molino y el monopolio de la información pública La suspensión de Samuel Moreno por tres meses como Alcalde Mayor de Bogotá lleva a una conclusión inevitable: si Colombia quiere ser eficaz en la lucha contra la corrupción, tiene que desmontar el monopolio de la información a nivel municipal y departamental.

La corrupción se puede definir como el abuso del poder público o privado con fines de lucro personal. Por ejemplo, hay corrupción al contratar a un familiar para un empleo público o privado a sabiendas de que él o ella no poseen las credenciales ni calificaciones necesarias para el puesto. Este fenómeno se conoce como nepotismo o es la llamada “rosca” con la que nos hemos acostumbrado a vivir.

La Ley 53 expedida el 28 de diciembre de 1990, prohíbe el nepotismo en Colombia; a los meses de promulgarse esta ley se descubrió casos alarmantes. Por ejemplo, en El Molino, un municipio de La Guajira, todos los funcionarios de la administración municipal tuvieron que renunciar pues estaban emparentados o con el alcalde, los concejales o el personero.

La situación de corrupción en La Guajira parece haber cambiado poco. Según Transparencia por Colombia y su escalafón del Índice de Transparencia Departamental

DANNY GARCÍA CALLEJAS Integrante, Grupo de Macroeconomía Aplicada Universidad de Antioquia Docente, Departamento de Economía Universidad de Antioquia dgceudea@gmail.com

2008-2009, La Guajira es un departamento con alto riesgo de corrupción; es más, de los 32 departamentos de Colombia, ocupa el puesto 24 en términos de riesgo de corrupción.

Por su parte, Antioquia ocupa el puesto 11 en el escalafón y tiene un riesgo medio de corrupción.

Envigado, Rionegro y Carmen de Viboral se destacan entre los municipios con menores riesgos.

Sin embargo, falta avanzar en muchos campos para combatir la corrupción. Por ejemplo, la participación ciudadana es un factor fundamental para promover la transparencia. Desafortunadamente, ya muchos políticos locales y regionales han empezado a hacer publicidad para las elecciones de octubre aún cuando ésta solo está permitida tres meses antes de las elecciones. Desde febrero de 2011, el Consejo Nacional Electoral anunció que ordenaría el desmonte de la publicidad política.

El problema es que muchos políticos vienen haciendo campaña y pactos ocultos desde octubre de 2010 y antes. Y algunos ya

están prometiendo, ofreciendo y hasta regalando cosas buscando conquistar al electorado. Esto desanima a muchos ciudadanos a participar del proceso electoral, a ser veedores de los recursos públicos o denunciar hechos de corrupción pues consideran que quedarán los mismos con las mismas.

Al mismo tiempo, estos grupos políticos, al llegar al poder, terminan favoreciendo a los “benefactores” y “patrocinadores” de sus campañas con multimillonarios contratos donde ellos también toman una tajada.

Lamentablemente, el caso de los Nule en Bogotá no es uno aislado del acontecer nacional. En muchos municipios se vive el mismo drama solo que a una escala menor; pero al fin y al cabo corrupción.

Por ello, es urgente que el Estado promocione y fortalezca las veedurías ciudadanas. Asimismo, es necesario acabar con el monopolio de la información pública por parte de los funcionarios y autoridades de Gobierno. El monopolio de la información es el caldo de cultivo de la corrupción, y puede llevar a que más casos como El Molino o los Nule se repitan en los municipios del país.

Nº 599, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, junio de 2011

Los estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia debemos exigir que el Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD de la Policía sea retirado definitivamente del campus universitario. Hay muchas razones para fundamentar esta exigencia, pero voy a discutir solamente una, la cual voy a llamar jurídica.

Las acciones represivas del ESMAD, cuando ha irrumpido en el campus universitario, han estado caracterizadas, la mayoría de las veces, por el desconocimiento de los procedimientos legales y del respeto a los derechos humanos fundamentales. La “estricta legalidad” ha sido desconocida por el ESMAD y éste ha actuado en contra de la ley y el Estado de derecho constitucional.

1. El argumento jurídico. “El Estado de derecho, escribe el filósofo italiano del derecho y la política Luigi Ferrajoli, es un sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la fuerza, y tiene la pretensión de excluir o, al menos minimizar la violencia en las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente los conflictos” (Ferrajoli: 2008, 175).

Esto quiere decir que en un Estado democrático de derecho no debiera existir más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras formas de violencia, evidentemente ilegales, más graves y vejatorias. Este criterio es normativo y nos permite legitimar o justificar la violencia penal y a la vez deslegitimar la violencia legal innecesaria, tanto penal como no penal.

Ferrajoli introduce dos modelos para analizar la violencia legal; denomina al primero de “estricta legalidad”. Según este modelo, la estricta legalidad “puede ser definida como una norma meta-legal que somete la validez de las leyes que autorizan el ejercicio de la violencia a una serie de requisitos que se corresponden con las garantías penales y procesales” (Ferrajoli: 2008, 176). Según esto, son legítimas todas aquellas formas de violencia que utilice el Estado, que están previstas en la ley como sanciones penales frente a comportamientos lesivos y culpables.

El segundo modelo que propone Ferrajoli es el de la “mera legalidad” y consiste en la autorización legal para utilizar la violencia sin una rígida vinculación a la ley misma.

Este modelo no es propio del Estado de derecho constitucional. “El resultado es que la violencia a la que

Antes de entrar en el tema hay que decir clara y contundentemente que la razón por la cual las autoridades universitarias han tenido que recurrir a este tipo de fuerza policial del ESMAD ha sido la presencia en la universidad de grupos autoritarios y violentos, de grupos de estudiantes que destruyen bienes de la universidad como computadores, laboratorios, la biblioteca, carros de profesores y estudiantes, que intimidan y amenazan a profesores, directivas y a otros estudiantes.

FRANCISCO CORTÉS RODAS Profesor Instituto de Filosofía.

Universidad de Antioquia franciscocortes2007@gmail.com

El ESMAD y la idea de universidad se refiere esta autorización estará justificada por la misma norma que la autoriza, pero no por el modelo constitucional de Estado de derecho”. (Ferrajoli: 2008, 177). El modelo de “mera legalidad” permite legitimar el ejercicio de la violencia fuera de los parámetros de la “estricta legalidad”.

En un Estado de derecho constitucional, como el colombiano, la sumisión de la violencia penal al principio de “estricta legalidad” ha sido siempre débil, a la vez que se ha impuesto en muchos casos la discrecionalidad punitiva del modelo de la “mera legalidad”. La ley, que debiera ser el medio para legitimar la violencia estatal cuando es necesaria, se convierte en un medio para legitimar el ejercicio de la violencia estatal fuera de los parámetros de la “estricta legalidad”.

Antes de entrar en el tema hay que decir clara y contundentemente que la razón por la cual las autoridades universitarias han tenido que recurrir a este tipo de fuerza policial del ESMAD ha sido la presencia en la Universidad de grupos autoritarios y violentos, de grupos de estudiantes que destruyen bienes de la universidad como computadores, laboratorios, la biblioteca, carros de profesores y estudiantes, que intimidan y amenazan a profesores, directivas y a otros estudiantes.

Sin entrar a hacer una investigación más de fondo sobre la actuación policial en general, voy a intentar analizar solamente la actuación del ESMAD en la Universidad de Antioquia, en una situación que se puede caracterizar como de “mera legalidad” y no de “estricta legalidad”, situación que ha hecho posible la intervención policial de tipo extrapenal y extrajudicial. Esto es muy problemático para la población universitaria (profesores, estudiantes, administradores y trabajadores) porque la intervención policial de tipo extrapenal y extrajudicial atenta contra el monopolio legal y judicial de la violencia represiva, contra la función garantista del derecho y del proceso penal y contra los derechos humanos fundamentales.

El ESMAD ha entrado a la universidad con diferentes pretextos, unas veces sus irrupciones en el campus han sido justificadas, como en los casos en que se ha enfrentado a los denominados “capuchos”, y a los traficantes de drogas, otras veces de forma injustificada como sucedió el 15 de septiembre de 2010, el 11 de noviembre de 2010 y el 31 de marzo de 2011. Sobre los hechos del 15 de septiembre de 2010 la Personería señalo que la acción de choque del ESMAD era absolutamente injustificada. Es importante destacar la importancia de la Personería de Medellín como instancia de mediación en la confrontación. Su presencia ha impedido que se hayan dado desmanes mayores.

Ahora bien, aquellas incursiones del ESMAD en el campus, que se pueden considerar como injustificadas, han sido peligrosamente violentas; se han utilizado medidas de choque en las que se han empleado granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de goma. Fueron medidas de choque en las que muchos estudiantes resultaron heridos, golpeados, así como también una funcionaria de la Personería de Medellín. Los derechos individuales de la libertad han sido violados repetidas veces, como lo afirmó la Personería de Medellín.

Es importante tener en cuenta que un grupo importante de profesores ha aprobado la presencia del ESMAD en las puertas de la Universidad y no ven

19

que esto tenga algún significado negativo. Esto se evidenció en la carta de 228 profesores enviada al Gobernador y que sirvió para que éste legitimara la presencia del ESMAD en las porterías. ¿Pero, qué entienden estos profesores por universidad? ¿Un campo de concentración? La universidad sitiada por el ESMAD es la farsa en estado puro.

Es una máscara, es la bufonada de la seriedad, es el juego de espejos de los falsos intereses de profesores con una débil idea de la universidad y de un gobernador que no entiende lo que es una universidad liberal, pluralista y democrática.

Cuando el ESMAD entra a la universidad no lo hace como un cuerpo policial que busca disuadir mediante la simple amenaza, sino más bien, agrede de manera indiscriminada contra todas las personas que están en la universidad. El accionar del ESMAD se extiende por toda la universidad, desalojando y gaseando salones y corredores. Utilizar gases en salones y corredores es una violación de los derechos humanos de profesores y estudiantes que están en sus oficinas o en las aulas.

Si los gases deben ser utilizados contra un objetivo determinado, los capuchos o los narcotraficantes, ¿por qué el ESMAD los usa en toda la universidad?

La Universidad no debe tener, entonces, más esa fuerza de choque en sus puertas. Si en un porcentaje importante de las actuaciones del ESMAD durante este último año se verifica un serio y sistemático desconocimiento de los procedimientos legales y del irrespeto a los derechos humanos fundamentales, según lo ha enunciado repetidas veces la Personería de Medellín, organizaciones defensoras de los derecho humanos, e intelectuales y periodistas críticos, no es razonable, entonces, ni políticamente correcto que el cuerpo directivo y el Rector sostengan con sus decisiones esta fuerza policial. El señor Rector dijo hace un tiempo en una entrevista que la presencia del ESMAD en la universidad era más una decisión del Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.

Pero entonces, ¿qué significa la autonomía de la universidad? Es necesario insistir en la idea de la autonomía universitaria en el manejo de la convivencia interna y de los problemas internos. Además, creo que ya se puede hablar de una situación en la que en la Universidad se muestra madurez y tranquilidad.

Es decir, hay condiciones objetivas y subjetivas para plantear la salida del ESMAD del campus.

I n v e s t i g ac i ó n

Nº 599, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, junio de 2011

20

Fotos Luis Javier Londoño Balbín

Encuestas y sondeos electorales del Centro de Estudios de Opinión –CEO–

Un aporte de la Universidad de Antioquia al ejercicio pleno de la democracia En el acto público de presentación el pasado 24 de mayo de los resultados de un sondeo de intención de voto sobre precandidatos a la Alcaldía de Medellín –realizado entre los días 14 y 18 del mismo mes por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Universidad de Antioquia–, el rector Alberto Uribe Correa explicó que “la Universidad entiende como parte de su misión, de su responsabilidad social y de su independencia de pensamiento, ofrecer a los ciudadanos, a los partidos políticos y a los mismos aspirantes a cargos de elección popular una información transparente, oportuna y veraz, que les ayude a orientar sus acciones encaminadas a ejercer el pleno ejercicio de la democracia con conocimiento, honestidad e independencia”.

La referida encuesta electoral o de intención de voto es la primera de varias que desarrollará el CEO antes de las elecciones de octubre próximo y que, a juicio del rector Uribe, le permitirán a la opinión pública formarse una imagen trasparente y sin compromisos diferentes a los de la misma academia, y tener un panorama de alternativas de lo que eventualmente podrán ser los resultados en las urnas para la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. electorales por acceder a cargos de representación ciudadana parecen no tener límites. “De hecho, el fraccionamiento de los partidos políticos ha dado lugar a verdaderas microempresas electorales y los candidatos aspirantes a cargos públicos abundan por doquier. Esto crea una especie de caos preelectoral, acompañado de excesos de publicidad, lo que contribuye a que los ciudadanos electores aparezcan en medio de una gran confusión y desinformación acerca de los programas que los candidatos proponen y a quiénes representan.

De esta manera, a los electores se les dificulta construir los elementos de juicio y verdaderos criterios para hacer una adecuada selección de sus futuros gobernantes”.

A juicio del profesor Ruiz, “la competencia por obtener este mercado electoral ha hecho necesario no solo el desarrollo de nuevas y modernas técnicas de comunicación en la

Por su parte, el director del CEO, el profesor Jaime Ruiz Restrepo, advirtió que las encuestas preelectorales, tal como lo afirman los politólogos, no miden propiamente la opinión pública, sino opiniones de la población o de los públicos en un momento determinado. “Recogen un momento en el tiempo, una instantánea de la opinión y la actitud de la población, basado en una muestra probabilística. No es sólo una foto de la realidad, es una foto movida de la realidad. Las encuestas de opinión a lo sumo tienen un valor indicativo, porque ofrecen información que difícilmente se podría conseguir por la simple observación”, agregó.

Para el CEO, los procesos electorales se han vuelto cada vez más competidos, convirtiendo este acto democrático en un verdadero mercado electoral, donde las apetencias

En rueda de prensa, el rector Alberto Uribe y el director del CEO Jaime Ruiz explicaron a los periodistas que a las encuestas de opinión no se les debe exigir precisión y certeza, que no tienen y nunca podrán ofrecer.

“Una encuesta rigurosamente desarrollada en cada una de sus etapas, ofrece una información que debe estar muy próxima a la valores de la población”.

búsqueda del poder político, pero los académicos somos conscientes de que toda campaña debe comenzar por una investigación social, estudio que tradicionalmente en política se centra en dos grandes ejes: en primer lugar, opinión de los votantes potenciales sobre las acciones del gobierno de turno y sobre las percepciones de los candidatos; en segundo lugar, preocupaciones de la población sobre temas de actualidad que les afectan”.

Acerca de los resultados del sondeo de intención de voto sobre precandidatos a la Alcaldía de Medellín, el director del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Antioquia explicó que las encuestas de

opinión, al trabajar con muestras, no proporcionan conocimientos ciertos, pero sí aproximados en términos de probabilidad. “Así que los resultados que hoy entregamos no son definitivos, pueden cambiar con el pasar de los días, pero son orientadores pues marcan tendencias”.

El sondeo se realizó con base en la siguiente pregunta: “¿Si pudiera elegir cualquier persona para la Alcaldía de Medellín, a quién elegiría?” (Ver resultados en los cuadros siguientes)

Si pudiera elegir cualquier persona para Alcalde de Medellín: A quien elegiría?

Luis Pérez Gutiérrez

Aníbal Gaviria Correa

Omar Flórez Vélez

Gabriel Jaime Rico

Federico Gutiérrez

Bernardo Alejandro Guerra

Darío Montoya

Aura Marleny Arcila

Juan Felipe Campusano

Carlos Ignacio Cuervo

No sabe por quien votar

No Responde

Votaría en blanco

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Otros

Total

Bajo-Bajo

30,0%

18,9%

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1,1%

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1,1%

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40,0%

2,2%

1,1%

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2,2%

100,0%

Bajo

20,5%

16,0%

6,1%

3,4%

1,5%

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1,1%

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45,6%

1,5%

1,5%

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1,5%

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Medio-Bajo

19,2%

15,7%

4,2%

7,0%

2,4%

1,7%

1,0%

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,7%

41,8%

1,0%

1,0%

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3,1%

100,0%

Medio

13,0%

31,2%

7,8%

6,5%

2,6%

3,9%

2,6%

1,3%

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29,9%

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1,3%

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100,0%

Medio-Alto

11,9%

13,6%

5,1%

10,2%

3,4%

,0%

6,8%

1,7%

,0%

1,7%

33,9%

3,4%

3,4%

3,4%

1,7%

100,0%

Alto

12,5%

18,8%

6,3%

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3,1%

6,3%

6,3%

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3,1%

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3,1%

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19,4%

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5,1%

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39,6%

3,0%

1,4%

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2,0%

100,0%

Estrato SocioEconómico

Total

21

Nº 599, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, junio de 2011

Si pudiera elegir cualquier persona para Alcalde de Medellín: A quien elegiría?

Nombre de Comuna

Luis Pérez Gutiérrez

Aníbal Gaviria Correa

Omar Flórez Vélez

Gabriel Jaime Rico

Federico Gutiérrez

Bernardo Alejandro Guerra

Darío Montoya

Aura Marleny Arcila

Carlos Ignacio Cuervo

Juan Felipe Campusano

No sabe por quien votar

No Responde

Votaría en blanco

Por Ninguno

Otros

Total

01. Popular

46,8%

12,8%

4,3%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

2,1%

25,5%

6,4%

2,1%

,0%

,0%

100,0%

02. Santa Cruz

22,7%

22,7%

,0%

,0%

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50,0%

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4,5%

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100,0%

03. Manrique

15,6%

11,1%

,0%

4,4%

4,4%

4,4%

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,0%

,0%

,0%

55,6%

2,2%

2,2%

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,0%

100,0%

04. Aranjuez

11,6%

18,6%

2,3%

2,3%

,0%

,0%

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4,7%

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,0%

48,8%

7,0%

,0%

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4,7%

100,0%

05. Castilla

9,0%

9,0%

3,4%

4,5%

1,1%

,0%

,0%

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1,1%

1,1%

62,9%

2,2%

,0%

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5,6%

100,0%

06. Doce De Octubre

5,3%

7,0%

5,3%

1,8%

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,0%

,0%

1,8%

,0%

1,8%

66,7%

,0%

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10,5%

100,0%

07. Robledo

4,9%

,0%

2,4%

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87,8%

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4,9%

100,0%

08. Villa Hermosa

31,8%

34,1%

,0%

2,3%

2,3%

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,0%

29,5%

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,0%

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100,0%

09. Buenos Aires

32,5%

29,9%

3,9%

13,0%

2,6%

5,2%

2,6%

1,3%

1,3%

,0%

5,2%

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2,6%

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100,0%

10. La Candelaria

40,7%

37,0%

7,4%

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3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

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100,0%

11. Laureles-Estadio

15,4%

25,6%

5,1%

12,8%

5,1%

2,6%

10,3%

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2,6%

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7,7%

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5,1%

5,1%

2,6%

100,0%

12. La América

7,7%

38,5%

23,1%

11,5%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

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3,8%

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100,0%

13. San Javier

35,4%

29,2%

10,4%

6,3%

2,1%

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2,1%

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2,1%

12,5%

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100,0%

14. El Poblado

13,0%

10,9%

8,7%

4,3%

4,3%

4,3%

6,5%

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,0%

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10,9%

32,6%

2,2%

2,2%

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100,0%

15. Guayabal

20,8%

29,2%

16,7%

4,2%

8,3%

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20,8%

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100,0%

16. Belén

7,9%

5,3%

3,9%

7,9%

1,3%

1,3%

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,0%

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72,4%

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,0%

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50. Palmitas

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100,0%

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100,0%

22,2%

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5,6%

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61,1%

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100,0%

61. Ciudadela Nuevo Occidente

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33,3%

33,3%

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33,3%

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70. AltaVista

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14,3%

14,3%

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71,4%

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42,9%

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23,8%

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87,5%

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19,4%

17,7%

5,1%

5,1%

2,0%

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1,4%

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,4%

,5%

39,6%

3,0%

1,4%

,4%

2,0%

100,0%

60. San Cristóbal

80. San Antonio De Prado 90. Santa Elena Total

FICHA TECNICA Estudio cuantitativo realizado por el Centro de Estudios de Opinión-CEO- de La Universidad de Antioquia, inscrito en registro de encuestadores del Consejo Nacional Electoral, bajo resolución N° 2123 de 2010. Aplicación de encuesta telefónica a 809 casos, a nivel local. Universo: hogares que cuentan con conexión telefónica fija. Selección de la muestra: muestreo sistemático aleatorio simple estratificado, de números de teléfonos seleccionados por el software SPSS, para tal fin. Margen de error muestral: 3.5% a un nivel de confianza de 95%. Tiempo de recolección: 12 al 17 de mayo de 2011. La población objeto está compuesta por: hombres y mujeres mayores de 18 años, con teléfono de red fija en el hogar, residentes en las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín. Distribución de la población muestral, por comuna y estratificación socioeconómica de la vivienda. Selección por muestreo aleatorio simple estratificado de casos según factor definido por el CEO. Selección por muestreo aleatorio simple estratificado del caso con definición de 5 remplazos eventuales según el mismo procedimiento aleatorio. A los Agentes (telefonistas) se les entregó un listado con las muestras de teléfonos con cuadros de remplazos definidos y los casos seleccionados.

Genero

Si pudiera elegir cualquier persona para Alcalde de Medellín: A quien elegiría?

Hombre

Mujer

Total

Luis Pérez Gutiérrez

21,7%

16,8%

19,4%

Aníbal Gaviria Correa

15,7%

20,0%

17,7%

Omar Flórez Vélez

4,4%

5,9%

5,1%

Gabriel Jaime Rico

4,8%

5,3%

5,1%

Federico Gutiérrez

2,3%

1,6%

2,0%

Bernardo Alejandro Guerra

1,8%

1,1%

1,5%

Darío Montoya

1,6%

1,1%

1,4%

Aura Marleny Arcila

,7%

1,1%

,9%

Carlos Ignacio Cuervo

,0%

,8%

,4%

Juan Felipe Campusano

,5%

,5%

,5%

No sabe por quien votar

39,6%

39,5%

39,6%

No Responde

3,2%

2,7%

3,0%

Votaría en blanco

1,4%

1,3%

1,4%

Por Ninguno

,2%

,5%

,4%

Otros

2,1%

1,9%

2,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

—Segunda cohorte—

Inscripciones: hasta el 24 de junio de 2011 La Maestría en Historia de la Universidad de Antioquia ofrece una formación de alto nivel para profesionales que busquen profundizar en la investigación como parte fundamental de su quehacer académico. Cuenta con el respaldo de cuatro grupos clasificados por Colciencias (Historia Social, Historia de la Salud, Historia Contemporánea y Religión, Cultura y Sociedad) y una planta docente de reconocida trayectoria.

La variedad de los intereses en investigación de los profesores consolidan una propuesta rica en matices para esta segunda cohorte, estructurada en torno a “Saber, sociedad y poder”, con énfasis en la historia social, cultural y política y en el devenir de las ciencias. La estructura curricular propicia la integración de los estudiantes a los grupos que apoyan la cohorte, sin descuidar el diseño de rutas académicas personalizadas según las perspectivas del trabajo de grado de cada alumno. La Maestría tiene una duración de cuatro semestres en los que se desarrollan cuatro bloques de asignaturas.

INFORMES Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Oficina de Posgrados, Ciudad Universitaria, Bloque 9 Oficina 247. Teléfono: (574) 219 57 72 maestriahistoriaudea@gmail.com

I n v e s t i g ac i ó n

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PECET: 25 años de labor científica y académica

¿Cómo está Colombia para enfrentar las enfermedades tropicales?

No se puede, de un plumazo, decir que no existe nada

Afirma el científico Jaime Carmona Fonseca, quien dijo que en Colombia las EPS “son entes con fines de lucro y de robo”.

Responde la viceministra de Salud, Beatriz Londoño Soto. “Ni se puede ser tan ingenuo o tan torpe para pensar que todo es excelente”.

Una dura crítica a la acción gubernamental y a los efectos de la Ley 100 lanzó el director del Grupo de Investigación Salud y Sociedad de la Universidad de Antioquia, Jaime Carmona Fonseca, en el foro organizado en Medellín el pasado 27 de mayo por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales –PECET–, en el que la viceministra de Salud, Beatriz Londoño Soto, se mostró en desacuerdo con la posición del científico Carmona pero aceptó que por ser Colombia “uno de los países más inequitativos del mundo… en el caso de las enfermedades tropicales ello significa, sin lugar a dudas, una restricción a las posibilidades de acceder a servicios en general de manera más adecuada ”.

En el encuentro también participaron el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Defensa, entidades que ofrecieron al auditorio concentrado en la Sede de Investigación Universitaria –SIU– un positivo informe sobre las gestiones adelantadas en torno a la prevención y el tratamiento de las enfermedades tropicales.

“Si respondemos a la pregunta de cómo estamos preparados para enfrentar las enfermedades tropicales, desde mi punto de vista y la experiencia que tengo en el caso de la malaria, mi respuesta es que estamos muy mal”, aseveró el profesor Carmona, quien dijo que al tiempo que la Ley 100 “consagró la prestación de los servicios a las personas como una mercancía”, poco o nada quedó en ella en el caso de la salud ambiental. “Y se dijo en el tiempo inicial y se sigue sosteniendo que se espera que las EPS, que son entes con fines de lucro y de robo, además, generen ellas la política pública en materia de salud ambiental. Por supuesto que eso no ha sucedido ni va a suceder. Esa para mí es la principal causa del problema de la malaria: la ausencia de una

Foto Luis Javier Londoño Balbín

Estamos muy mal, no hay una política pública estatal

De izquierda a derecha: Iván Darío Vélez, director del PECET; Ricardo Duarte, asesor de Ministerio de Defensa Nacional; Beatriz Londoño Soto, viceministra de Salud; Jairo Humberto Restrepo, vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia; Juan Gonzalo López, director de Instituto Nacional de Salud; Jaime Carmona Fonseca, director del Grupo de Investigación Salud y Sociedad de la Universidad de Antioquia. política pública que no es mala ni deficiente, sino que no la hay”.

Sobre la investigación que se hace en Colombia en torno a las enfermedades tropicales, conceptuó que “es poca y carece de la participación en cuerpo y alma del Estado”, aunque admitió que la labor del Instituto Nacional de Salud está bien enfocada. “Pienso pues que todo ese inventario que nos mostró el doctor Juan Gonzalo López de lo que hace el Instituto Nacional de Salud es real, pero desde el punto de vista de la cantidad de enfermos y muertos que generan las enfermedades tropicales es, sin embargo, insuficiente. Y, en el caso de la malaria, dicho en paisa, no hace ni cosquillas”.

Por su parte, la viceministra Beatriz Londoño, celebró la realización de certámenes en los que concurran las entidades del gobierno y la academia con el propósito de revisar críticamente los avances, las dificultades, los retos y las oportunidades.

En respuesta al profesor Carmona dijo que está convencida de que ni todo es bueno ni todo es malo. “Considero que no se puede, de un plumazo, decir que no existe nada. Ni se puede ser tan ingenuo o tan torpe para pensar que todo es excelente.

Hay trabajos muy interesantes, hay avances, hay esfuerzos del orden territorial, hay esfuerzos del orden nacional, hay centros de investigación universitarios, hay centros de investigación en el sector público y privado”.

“Pensar doctor Carmona –dijo– que sólo la Ley 100 es responsable del caso de las enfermedades tropicales, me parece un enfoque reduccionista para una problemática supremamente compleja que transciende a la ley o a una ley. Las leyes no son panacea. Las leyes son instrumentos. Y tener la visión únicamente centrada ahí, con todas las grandes dificultades que tiene el sistema de salud, sería miope. Tampoco se puede

pensar que antes de 1993 todo era perfecto. Eso tampoco es válido porque había aproximaciones, avances interesantes y también dificultades. Creo que el mundo no se divide en blanco y negro. Hay muchas zonas grises para el análisis y, para que quienes están en proceso de formación, adquieran una visión crítica".

Puntualizó que “este gobierno quiere, efectivamente, y en ello estamos comprometidos, que el tema de salud no sea solamente para hablar de los problemas como los que hemos tenido recientemente que afortunadamente los hemos denunciado y sobre los cuales muchas personas están actuando como veedores y con un alto compromiso”.

En relación con el PECET dijo que es un ejemplo en Colombia y en América Latina, por la consistencia en el trabajo investigativo y porque es un grupo que se la juega por generar conocimiento y por formar nuevos investigadores.

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—FORO: POLITICAS PÚBLICAS Y ACCESO A MEDICAMENTOS—

En su mayoría, las empresas privadas multinacionales buscan obtener el mayor lucro posible e invierten poco en las enfermedades tropicales Mientras la salud no se reconozca como un derecho humano de responsabilidad del Estado y sea manejada por los grandes grupos económicos que solo piensan en ganar, el futuro es incierto.

Los medicamentos y vacunas deben ser patrimonio de la humanidad y no se debe impedir el acceso de los pacientes a los mismos al estar protegidos por patentes.

La universalidad del acceso no sólo a todos los medicamentos, sino también a la salud en general, debe ser un derecho inalienable que debemos reconquistar.

En el marco de la celebración de los 25 años del Programa de Estudio y Control de las Enfermedades Tropicales –PECET– de la Universidad de Antioquia, el pasado 26 de mayo se celebró en Medellín, en el auditorio principal de la Sede Investigación Universitaria –SIU–, el foro “Políticas públicas y acceso a medicamentos”, con una importante asistencia de profesores, investigadores, estudiantes, empresarios y público en general.

Durante casi tres horas el doctor Veriano Terto Jr, coordinador Veriano Terto Jr, coordinador general general de la Asociación Brasileña de la Asociación Brasileña InterdisInterdisciplinaria de SIDA (ABIA) ciplinaria de SIDA (ABIA); la doctora Eloan Dos Santos Pinheiro, en representación de Manguinhos Institute of Pharmaceutical Technology de Brasil; el doctor Luis Guillermo Restrepo, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud –Assosalud–; y el doctor Iván Darío Vélez, director del PECET, analizaron la situación que se presenta en los países donde las enfermedades tropicales prevalecen y las dificultades que tienen los pacientes para acceder a un adecuado diagnóstico y tratamiento.

Se discutió acerca de las causas del poco acceso a los medicamentos para los pacientes con enfermedades tropicales, una de ellas, la poca Luis Guillermo Restrepo, presidente de la cantidad de productos disponibles: Junta Directiva de la Asociación Nacional medicamentos, vacunas, test diagde Profesiones de la Salud –Assosalud– nósticos, toda vez que el desarrollo de productos farmacéuticos lo hacen, en su mayoría, empresas privadas multinacionales, situadas en países desarrollados que buscan obtener el mayor lucro posible por dichos productos e invierten poco en las enfermedades tropicales, porque estas afectan especialmente a poblaciones pobres, con poco poder adquisitivo. A su vez, los gobiernos de los países endémicos, invierten pocos recursos para la salud.

Se definió claramente que en la salud hay un problema grande, filosófico, conceptual, que marca todo lo que sigue, y es que mientras la salud no se reconozca como un derecho humano de responsabilidad del Estado, y, por el contrario, se trate como una mercancía, y los medicamentos como bienes de consumo, y los pacientes como clientes; mientras la salud sea manejada por los grandes grupos económicos que solo piensan en ganar, el futuro es incierto.

Los medicamentos y vacunas deben ser patrimonio de la humanidad y no se debe impedir el acceso de los pacientes a los mismos al estar protegidos por patentes. El tema de patentes para medicamentos y vacunas no puede

hacer parte de las negociaciones de los tratados de libre comercio. El mundo está obligado a replantear los incentivos que deben recibir los investigadores y la industria farmacéutica que desarrolla productos. No puede obtenerse por el precio final del medicamento la recuperación de la inversión en la investigación para el desarrollo, que además en su gran mayoría son aportes estatales. Finalmente se debe incentivar la búsqueda de nuevas estrategias para la prevenEloan Dos Santos Pinheiro, en repreción y control de enfermedades como las tropicales, por ser problemas muy sentación de Manguinhos Institute of importantes de salud pública.

Pharmaceutical Technology de Brasil Una propuesta ilustrativa y exitosa ha sido la brasilera. En este país, con un trabajo mancomunado entre universidades, organizaciones de la sociedad civil y el Estado, se logró enfrentar con éxito el problema del acceso a los medicamentos de las poblaciones con enfermedades catastróficas, como el Sida.

Académicos y sociedad civil trabajaron con los legisladores para que Brasil no reconociera las patentes y poderlas desarrollar a bajo costo, para que estuvieran disponibles para todos los pacientes, para lo cual tuvieron que dar grandes batallas contra las multinacionales, pero también el Estado brasilero invirtió, y lo Iván Darío Vélez, director del sigue haciendo, grandes cantidades Programa de Estudio y Control de de dinero para el desarrollo de meEnfermedades Tropicales –PECET– dicamentos y vacunas propias para no depender de las prioridades de investigación de las multinacionales.

Compartir la experiencia brasilera, en boca de sus actores, es, por decirlo menos, esperanzador y estimulante, sobre todo si junto a ellos se exponen proyectos nacionales como CIDEPRO (Centro para la Investigación y el Desarrollo de Productos), que comienzan a trasegar en esta misma vía.

La universalidad del acceso no sólo a todos los medicamentos, sino también a la salud en general, debe ser un derecho inalienable que debemos reconquistar, sobre todo en un momento en el que el país se enfrenta al desfalco y mercantilización de la salud, a la desmoralización de las organizaciones sociales y a la ausencia de compromiso político para solucionar esta situación. Sin duda, para salir de esta penosa situación, debemos tener diferentes estrategias, una de ellas es la promoción y participación de debates con alta calidad, como el que se vivió el jueves 26 de mayo en este Foro en la SIU. Texto elaborado por la investigadora Lina María Carrillo Bonilla y el investigador Iván Darío Vélez Bernal. PECET

Académicas

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Distinción Excelencia Docente

Liliana María Sánchez Mazo, por el Área de las Ciencias Sociales y Humanas; Roberto Cruz Rodes, por el Área de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Ciencias Económicas, y Elkin Fernando Arango Vélez, por el Área de la Salud, recibieron la distinción Excelencia Docente, con la que cada año la Universidad de Antioquia rinde un homenaje a los profesores de la institución y celebra el día del maestro.

“Para mí tiene un significado muy importante ser profesora universitaria porque tengo la labor de formar los profesionales del mañana, que van a investigar y a intervenir la realidad”, dice Liliana María, profesora del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Para cumplir con semejante tarea, ella considera que lo que hay que hacer es más simple de lo que se pueda imaginar. En su caso, levantarse todos los días con ímpetu, hacer el trabajo con profundo amor, convicción, fuerza y vitalidad. “Con eso me visto, con eso me voy, y vea el resultado, no me lo esperaba”, dice.

Considera, asimismo, que la transferencia de la experiencia de un ser humano a otro, y que le sea útil, es lo más significativo y –sostiene–, “al parecer mi experiencia como ser humano, como docente, como investigadora resuena en la comunidad científica de la Universidad de Antioquia”.

Profesora de cátedra en 2007 y de planta en 2008, Liliana María es muy bien valorada en su desempeño docente e investigativo, y como profesional y compañera de trabajo siempre está dispuesta a compartir sus desarrollos y conocimientos con sus colegas y a la construcción de comunidad académica. Mientras que los estudiantes resaltan el rigor académico, la solvencia en sus conocimientos, la claridad en sus exposiciones.

Y sin un asomo de duda afirma que los estudiantes son su vida, todo. “De hecho estoy aquí recibiendo este premio por ellos, porque a ellos se les pregunta quién fue el profesor que marcó su vida académica, y ese es el primer requisito para elegirlo a uno. Creo que mi labor se debe al estudiante, porque es la formación de ellos como futuros profesionales lo que me hace levantarme a las cuatro y media de la mañana todos los días”.

Foto Luis Javier Londoño Balbín

Labor fundamental del profesor, motivar al estudiante a que aprenda solo

De izquierda a derecha, Roberto Cruz Rodes, Liliana María Sánchez Mazo, y Elkin Fernando Arango Vélez, quienes recibieron en sus respectivas áreas la distinción Excelencia Docente, con la que cada año la Universidad de Antioquia reconoce el aporte de los profesores en la institución y en la sociedad. La distinción EXCELENCIA DOCENTE se concede cada año en el DÍA DEL EDUCADOR, y, además de erigir al docente galardonado, como paradigma para la comunidad universitaria y para la sociedad, le impone una medalla con la imagen del monumento El Hombre Creador de la Energía, y le entrega un pergamino. La ceremonia se cumplió el 16 de mayo en el Paraninfo.

Roberto Cruz Rodes asume el ejercicio docente como la realización de su vida, la labor que ha desempeñado desde que se graduó de licenciado en matemática en su natal Cuba y comenzó a trabajar como profesor en el Instituto de Ciencia y Tecnología Nuclear en La Habana.

“Ha sido muy gratificante para mi, y aunque vengo de una formación en ciencias, no en pedagogía, sin embargo siempre he sabido integrar las dos cosas, el conocimiento que quiero que mis estudiantes adquieran y generen con la didáctica; hacer que aprendan, entiendan y se familia-

ricen mejor, que es quizá lo más difícil para nosotros”, dice.

Y eso se lo reconoce no sólo la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a la cual está vinculado desde 2003, sino también de la Facultad de Ingeniería, donde lidera cambios en el paradigma de enseñanza - aprendizaje y donde ha contribuido al crecimiento y a la cualificación del programa de educación a distancia ude@.

Cruz Rodes, quien durante 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011 fue elegido por los estudiantes próximos a graduarse como el mejor docente del programa de

Matemáticas, considera que los roles en el aula están cambiando, ya que antes el profesor era el protagonista, que dictaba, hablaba, mostraba y transmitía sus conocimientos, y ahora el proceso se centra más en el estudiante.

El profesor, asegura, debe potenciar que el estudiante construya el conocimiento, estudie y aprenda por sí solo. “La idea es guiarlo, y me parece que la labor fundamental del profesor es motivar al estudiante a que investigue, a que se desarrolle, a que aprenda solo”, dice.

Profesor del programa de Maestría del Instituto de Mate-

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Luis Guillermo Palacio Baena, nuevo decano de la Facultad de Ciencias Agrarias En sesión del 31 de mayo de 2011, el Consejo Superior Universitario designó al profesor Luis Guillermo Palacio Baena como decano de la Facultad de Ciencias Agrarias para el período 2011-2014, en reemplazo de la profesora Sara María Márquez Girón, a quien se le termina el periodo estatutario.

Palacio Baena obtuvo en la Universidad de Antioquia el título de pregrado en Medicina Veterinaria, de Maestría en Epidemiología y de Doctorado en Biología. Y es Posdoctoral Fellowship, del National Institutes of Health, Bethesda, MD , Estados Unidos.

En la actualidad se desempeña como director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde ha ejercido la docencia. También ha ocupado cargos en el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA- y en el Instituto Neurológico de Antioquia.

Becario Colciencias del Programa de doctorado y Premio Aventis/ Academia de Medicina al mejor trabajo de investigación en ciencias básicas, ha participado en numerosos proyectos y como parte de su producción científica registra numerosos trabajos completos en eventos académicos y científicos, ha publicado alrededor de 48 artículos completos, lo mismo que dos capítulos de libros.

Al decanato también se postularon los docentes Carlos Arturo Morales Vallecilla y Mario Fernando Cerón Muñoz.

Consulte en el portal de la Universidad de Antioquia (http:// www.udea.edu.co) un suplemente especial con los principales planteamientos que se han dado a conocer en el país en torno a la propuesta del gobierno sobre una nueva Ley de Educación Superior

Serie Maestros En el acto de celebración del día del maestro, efeméride durante la cual la Universidad entrega la distinción Excelencia Docente, también se hizo la presentación de la serie videodocumental “Grandes Maestros de la Universidad de Antioquia”, que coordina la profesora Olga Castaño con el apoyo de la Rectoría, Bienestar Universitario y la Facultad de Comunicaciones.

“A solas”, es el título del videodocumental en homenaje a la maestra Teresita Gómez, a través del cual la realizadora Marta Hincapié Uribe, durante 30 minutos, recrea momentos relevantes y ‘revelantes’ de la pianista y profesora de la Facultad de Artes.

“En estos últimos dieciséis años de mi vida en la Universidad he sido verdaderamente feliz como docente allí; he aprendido muchísimo y espero que hayan aprendido algo de mí”, dijo la maestra.

En homenaje a los profesores merecedores de la distinción Excelencia Docente como la maestra Teresita Gómez, el reconocido concertista de acordeón maestro Lácides Romero Mesa interpretó Danza Eslava Número 8, de Anton Dvorak (Voryak) y Danza Húngara, de Johannes Brahms. A su turno, el estudiante José Luis Correa Isaza, alumno destacado de la maestra Teresita Gómez, interpretó El recuerdo de las aves y Las tres manos, ambas piezas de Jean Philippe Rameau; y Granada, del compositor español Isaac Albeniz.

Fotos Luis Javier Londoño Balbín

máticas, Cruz Rodes participa en la estructuración de una maestría en la Enseñanza de las Matemáticas orientada a la capacitación de los maestros de enseñanza media de Antioquia. Entre 2004 y 2008 representó a Colombia en el Proyecto Tuning América Latina por el área de matemáticas, que busca adecuar los contenidos y estrategias de los programas de matemáticas en la región. Divulgador científico y académico, ha tenido gran incidencia en la formación de jóvenes investigadores.

Por su parte, el profesor Elkin Fernando Arango Vélez, del Instituto de Educación Física y Deportes, se ha destacado por la productividad académica, por la excelencia didáctica en la traducción y transmisión del conocimiento, por la calidad integral en los procesos de formación a los estudiantes, por la rigurosidad científica y por la actualización permanente.

“Ser profesor universitario para mi es una responsabilidad terriblemente grande”, dice, no sólo porque toda la vida ha estado en la Universidad, desde su paso por el bachillerato en el Liceo Antioqueño hasta el pregrado y el posgrado, sino también por la formación de los estudiantes.

Plantea que la autoridad en la clase se basa en el respeto por los estudiantes y en la manera como se aproxima a ellos. “Uno empieza respetándolos teniendo unas clases bien preparadas, actualizadas y con temas interesantes para ellos y que se puedan poner en práctica”, dice.

Considera que ‘maestriar’, o dar clase, en vez de contraponerse a la tarea de investigar es inherente, y ambas están íntimamente ligadas. “En el grupo de investigación intentamos que ésta sirva como una herramienta de docencia, y es una carga muy agradable, que disfrutamos mucho e intentamos desarrollar proyectos y que los estudiantes se involucren en ellos, y sobre todo que sean muy útiles para la sociedad”, dice.

Considera que la nota no es lo primordial pero hay que apelar a ella como mecanismo de evaluación en tanto así lo exige el sistema. “Debemos trabajar para superar la nota, aunque todavía estamos lejos”, asegura, como asegura también que “los estudiantes son una maravilla, son el estímulo para uno todos los días”.

Y añade que está en la Universidad porque le gusta ser docente, “y creo que en las clases aprendo más que los estudiantes”, dice Arango Vélez, profesor de cátedra en el Alma Máter desde 2005 y como ocasional desde 2010.

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Académicas

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¿Calidad comprobada?

Por: Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional

Una cosa es hablar de la calidad de la Universidad de Antioquia: se dice que hay programas académicos, servicios o procesos muy buenos, pero otros hay que mejorarlos y otros más deberían crearse para atender a tantas necesidades. Se critica entonces lo que se ha hecho y en medio de ello, surgen soluciones, hay luchas por los cambios o se reconocen los esfuerzos por superar las dificultades y mantener aquello que va bien.

Una de las características más importantes de las instituciones que tienen prestigio por ser ‘de calidad’, es que constantemente la están demostrando a través de diversos recursos, más allá de una exigencia definida por la ley. En otras palabras, promueven de múltiples formas ‘la cultura de la autoevaluación’, ponen en marcha gran variedad de procesos que les permiten indagar y calificar sus programas académicos, las relaciones que establecen con la sociedad, sus sistemas de investigación y, por supuesto, sus sistemas administrativos.

En septiembre de 2012 la Universidad cumplirá los nueve años con la primera acreditación de su calidad, reconocida por la sociedad a través del Ministerio de Educación Nacional, luego de constatar que el Informe de Autoevaluación Institucional, presentado en 2001, describía con transparencia cómo era la Institución y en qué se iba a empeñar para continuar mejorando. Hoy, la Universidad se prepara para rendir nuevamente su informe de autoevaluación, confiada en que esta vez mostrará mayores y mejores condiciones para la acreditación de su calidad.

¿Cómo es el procedimiento?

Renovar la Acreditación Institucional empieza por plasmar en un marco referencial los criterios, principios y modos en que debe realizarse. Se concibe como un documento en permanente diseño y examen, que evoluciona con la Institución, según el momento histórico, político y social en el que esté inmersa. Permite guiar las acciones autovalorativas, con base en una descripción del contexto institucional y a la luz de unos criterios internos y externos que dan cuenta del valor que tiene la educación superior.

Para describir ese valor actual para la Universidad, se proponen los siguientes referentes que le dan sentido y significado a la calidad de la docencia, la investigación, la extensión y la administración: • Retrospectivos, relacionados con el origen y el devenir histórico de la institución; explican la identidad institucional y su estado actual.

• Estratégicos, vinculados a la misión institucional y a su visión de futuro. Son directrices fundamentales que orientan la consecución de sus fines.

• Contextuales, que sitúan a la Universidad en el concierto regional, nacional y global.

• Internos o de autorreferencia, desde los cuales se autoevalúa cada sistema de la institución y que describen su identidad propia. Son los referentes que orientan los esfuerzos conducentes a mantener o buscar la excelencia.

Una cosa es hablar de la calidad de la Universidad de Antioquia. Otra es demostrarla (Autoevaluación Institucional) y otra, que nos la reconozcan (Acreditación). de Acreditación – CNA, instancia encargada por el Ministerio de Educación Nacional para este efecto.

Los beneficios

Evaluarse es parte de la vida universitaria La Institución no asume la evaluación propia como un requisitro para cumplir condiciones externas. La entiende como una investigación aplicada en forma de campaña educativa que ayuda a comprender que la Universidad de Antioquia es el proyecto cultural, social y educativo más importante de la región en los últimos 207 años; que para mantener esa condición, debe hacer del examen constante un proceso consustancial a la ciudadanía universitaria.

Para lograrlo, tiene en marcha actividades como visitas a las sedes y seccionales en todas las subregiones, hacer programas de radio y televisión o artículos para la prensa escrita; invitar a expertos nacionales e internacionales, conocer los puntos de vista de profesores, estudiantes, egresados y administrativos (en reuniones y a través de cuestionarios), sesionar con las directivas de la Universidad, consultar opiniones de los empleadores de los egresados y de los directivos de asociaciones de profesionales, divulgar información en el portal y ejecutar todo lo que esté al alcance para que la autoevaluación haga parte del ser universitario. Esta información se contrasta con los documentos que describen y rigen las decisiones universitarias y los datos que muestran a la Institución en cifras.

El conjunto de acciones va dirigido, por un lado, a entender que autoevaluarse es crear un entendimiento de mutuo apoyo entre los intereses institucionales, los de sectores que la componen y los individuales. Por el otro, busca comprobar si entre la primera autoevaluación y la actual, hay otra universidad, o si seguimos tal como empezó el siglo XXI. El equipo responsable de analizar toda esta información, elabora un informe que se socializará entre septiembre y octubre a toda la comunidad universitaria para recibir observaciones y hacer ajustes finales, antes de entregarlo al Consejo Nacional

El Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional se ha dado a la tarea de hacer una lectura académico-política, que corresponda con las realidades en la Universidad y su entorno. Esta lectura hace posible que la calificación vaya más allá de la asignación de una nota: muestra a los pares académicos y a la sociedad en general la lógica del funcionamiento de la institución, la voluntad expresa de lo que se quiere y se espera, así como el alcance de los objetivos, fines y principios.

Al preguntarse: ¿qué hay de nuevo?, se abre la oportunidad de participación colectiva porque se pretende generar en la comunidad universitaria la cultura y la cristalización de principios y derechos simultáneos a la investigación, la docencia y la extensión, tales como la expresión, la opinión, el debate, la protesta, la movilización, la ideación y puesta en común de propuestas; pero sobre todo, realza la identidad que caracteriza y hace sentir muy satisfechos a quienes son parte de la Universidad de Antioquia.

Desde siempre, la universidad se ha concebido como el motor de desarrollo social, cultural, económico y de progreso del país. Del cumplimiento de sus ejes misionales se obtienen productos de conocimiento, innovación y capacitación necesarios para avanzar y dar soluciones a las problemáticas existentes. En este sentido, la acreditación propende porque las universidades mantengan los estándares de calidad que les permitan no sólo compararse entre sí, sino competir e interactuar con otras a nivel nacional e internacional, en términos de cooperación científica y académica, movilidad de estudiantes y de profesores, amén de otras posibilidades, que finalmente redundarán de manera clara y fiel en la construcción de la sociedad y del país anhelados.

La Universidad de Antioquia está comprometida con la excelencia, la competitividad y con ganarse el lugar de privilegio del que gozan las grandes universidades del mundo. Su esfuerzos por alcanzar esta meta se concretan en que, por ejemplo, es reconocida como la segunda universidad del país en investigación (después de la Universidad Nacional de Colombia) y en que de los 75 programas académicos que ofrece en la sede Medellín, 53 están acreditados, 6 están en proceso, 16 en espera de alcanzar los requisitos exigidos y ya está presente en todas las subregiones del Departamento.

Nº 599, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, junio de 2011

Fotos David Estrada Larrañeta y Mauricio Gómez

Microhistorias, semblanzas, perfiles y retratos sobre “un tipo de triunfadores que no estamos acostumbrados a exaltar”, conforman el contenido del libro “Espíritus libres”, editado por el Programa de Egresados de la Universidad de Antioquia.

El propósito de la publicación, según afirma en el prólogo el editor y actual director del Programa de Egresados, Álvaro Cadavid Marulanda, es ofrecer “solo una muestra de esos miles de espíritus libres” que “ha formado y pretende seguir forjando la universidad”.

“Sin los espíritus libres – afirma el profesor Cadavid– no habría ilusiones ni seres visionarios; sin ellos sucumbiría la esperanza y Colombia no sería ni posible ni viable. Sin figuras silenciosas y consistentes, dedicadas cotidianamente a la ciencia, la investigación, la creación, la narración, el arte, la conceptualización estética, la gestión social y cultural, el deporte, el trabajo social, la educación, no sería posible intervenir, transformar o diagnosticar adecuadamente los orígenes y la permanencia de una sociedad injusta, violenta, compleja y contradictoria como la colombiana”.

Esa es la razón por la cual “esta es una obra para caracterizar a los otros: a los espíritus libres; a los sin gloria ni popularidad, a los sin

27

“Sin aquellos con capacidad de hacer renuncias, seguir convicciones y perseguir un proyecto de coherencia intelectual, no existiría masa crítica. Los otros son ese elemento variado, diverso y múltiple que dinamiza con su actitud y ejercicio crítico a la sociedad, colocan su acento en aquello que no nos gusta, lo que evitamos, ignoramos o eludimos… Esos seres triunfadores anónimos, esos profesionales victoriosos de la coherencia y los sueños, esos vencedores de lo cotidiano son los protagonistas de este libro. Sus semblanzas son la mejor caracterización de nuestros egresados; su hacer, su movilidad social intelectual y existencial, son el mayor patrimonio humano, moral, cultural y científico de la Universidad de Antioquia y de la sociedad”. rostro popular, sin celebridad ni aplauso unánime del establecimiento; o a los que se resisten al canon establecido del deber ser”. En total, el libro acoge en sus páginas 130 relatos, escritos por 65 autores quienes, según explica el editor, no se ciñeron a “clasificaciones ofensivas y discriminatorias del egresado”, dado que uno de los objetivos era evitar “el uso de categorías restringidas y artificiales”.

“Términos como calidad, pertinencia, eficiencia, eficacia, viabilidad, cobertura, corresponsabilidad, equidad, vinculados a los conceptos de aprendizaje, investigación, innovación, extensión, parecen conducirnos a una trampa al olvidar la realidad y ocultar a los protagonistas”, afirma Cadavid Marulanda.

En definitiva, puntualiza Cadavid Marulanda, “el libro se construyó con placer, sin ataduras ni intereses coyunturales; no se hizo para satisfacer pequeños egos. Es un producto académico resultado de ejercer la libertad de pensamiento, expresión y cátedra, un ejercicio consciente y responsable, no sometido a credos, dogmas, conveniencias, militancias, intereses, grupos, prejuicios, cuotas, amos, abolengos, afectos, jerarquías o procedencias”.

“Los egresados protagonistas coinciden en resaltar que en la Universidad de Antioquia aprendieron la incredulidad, el escepticismo y la duda, rasgos estos que coinciden con el de la inteligencia. Los seres humanos objeto de los perfiles no son perfectos ni modélicos.

Este no es un libro de ángeles, ni se abroga la facultad de señalar que son los únicos o los mejores; recoge personas ciertas, escépticas, pasionales, imperfectas, existencias pragmáticas o soñadoras, todos seres presentables, relevantes y autónomos”.

R e g i o n a l i z ac i ó n

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Consejo Académico itinerante comenzó por Bajo Cauca Después de casi quince años de haberse asentado de manera definitiva en el Bajo Cauca, la Universidad de Antioquia hoy ofrece en Caucasia 26 programas académicos y cuenta con cerca de 900 estudiantes procedentes de los municipios de la subregión y de los departamentos costeros de Córdoba, Sucre y Bolívar, de los cuales el 93% proviene de los estratos 1 y 2.

Asimismo, desde la inauguración de la seccional en 1996 a la fecha registra 680 egresados, quienes al vincularse a la dinámica laboral, más el aporte de los estudiantes en práctica académica en las empresas, instituciones y los distintos sectores socioeconómicos, impactan de manera positiva la subregión.

Pero el impacto y el compromiso del Alma Máter con los estudiantes y con la región no se circunscribe a la oferta de pregrados y al desarrollo de los programas en los campos de la investigación, de la cultura y del bienestar universitario.

La presencia viva de la Universidad se palpa de múltiples maneras con las potencialidades y los servicios que prestan las dependencias académicas a la comunidad como el programa Formador de formadores, de actualización pedagógica a los docentes, o el consultorio jurídico o la estrategia Municipio saludable.

Aun así, las demandas a la Universidad son crecientes, tanto como las necesidades de una zona a la que no sólo la temporada invernal, las violencias y la pobreza la apabullan.

Itinerante Para conocer de viva voz tales demandas y hacer seguimiento de cerca a los programas que las unidades académico administrativas ofrecen el Consejo Académico reanudó las sesiones itinerantes en las regiones.

Fotos Luis Javier Londoño Balbín

El director de Regionalización, John Jairo Arboleda Céspedes, señaló que la Universidad de Antioquia cuenta hoy con más de cinco mil estudiantes en las once sedes ubicadas en las nueve subregiones del departamento, y con unos cuatro mil quinientos egresados, de los cuales el 79 por ciento trabaja en las misma zona donde culminaron la carrera, y el 80 por ciento ejerce en su campo de profesión. Además, casi el ciento por ciento de los estudiantes proviene de los estratos uno, dos y tres, y pagan el costo mínimo de matrícula, lo cual es una muestra clara del compromiso de la Universidad con la equidad.

El rector Alberto Uribe Correa, el vicerrector General Martiniano Jaime Contreras, el director de Regionalización John Jairo Arboleda Céspedes y el secretario general Luquegi Gil Neira presidieron la sesión del Consejo Académico, el 4 de mayo, con funcionarios, dirigentes y líderes del Bajo Cauca, así como con los estudiantes de la sede de la Universidad en Caucasia.

En el turno para el Bajo Cauca, el 4 de mayo, la Corporación, encabezada por el rector Alberto Uribe Correa, sostuvo en primera instancia un diálogo con funcionarios, dirigencia y líderes de la zona, y luego con la comunidad académica de la seccional.

Después del panorama general del programa de regionalización que presentó el director John Jairo Arboleda Céspedes, y de la presentación específica de la seccional a cargo de la directora de sede Isabel Yabur Ríos, la dirigencia del Bajo Cauca solicitó de los autoridades académicas el acompañamiento de las dependencias en campos como el educativo, ambiental y de salud.

Las inquietudes que los líderes de la zona expusieron con el fin de que las autoridades universitarias evalúen las opciones de apoyo con programas académicos, de investigación y extensión están relacionadas con la creación de la Escuela de Formación Docente para la actualización y la capacitación de los maestros; propiciar que los profesionales de la región ayuden en asuntos ambientales y que los estudiantes hagan sus prácticas académicas en las fincas; abordar el problema de salud

pública por contaminación de las fuentes de agua debido al mercurio utilizado en la minería.

Los funcionarios de la alcaldía, y representantes de Corantioquia, de la Secretaría de Agricultura del Departamento, de Comfenalco y demás entidades pidieron apoyo del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para generar mayor conciencia sobre el acceso a la justicia entre los habitantes de los seis municipios de la región, que cuentan con casa de justicia.

Asimismo, reclamaron una Especialización en Primera Infancia, así como especializaciones en las distintas áreas del derecho. Y que se ofrezcan especializaciones y maestrías para diferentes áreas del sector agropecuario, puesto que la región cuenta con personal humano capacitado y suficiente para participar en dichos programas.

También pidieron que se ofrezca una cátedra de afrodescendencia, acompañamiento en pediatría y en intervención para adolescentes desde los nueve años, y profesionales que acompañen las prácticas en el campo del derecho, del trabajo social, de la pedagogía.

Además, que se propicie forma-

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ción continua en trabajo social y en creación de empresas, fortalecimiento organizacional, gerencia de proyectos. Y buscar una mayor articulación entre la Universidad y Corantioquia para trabajar en ganadería, acuicultura, piscicultura, fauna, flora, minería, silvopastoreo.

Posibilidades En respuesta a las demandas, los decanos y directores de las unidades académicas y administrativas plantearon algunas opciones. El decano de la Facultad de Educación, Carlos Arturo Sandoval Casilimas, por ejemplo, informó que 37 maestros del Bajo Cauca participan en la Maestría en Educación, gracias al modelo de presencialidad concentrada.

La decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Clemencia Uribe Restrepo, recordó que en la dependencia funciona un grupo de trabajo en derecho del territorio y titulación de predios. Anunció que, una vez se obtenga el registro calificado se ofrecerán especializaciones en derecho en las regiones.

El decano de la Facultad de Medicina, Elmer Gaviria Rivera, observó que varias disciplinas de la Universidad, como las que están a cargo de la Corporación Ambiental y el Departamento de Farmacología y Toxicología, trabajan la problemática del mercurio.

Entre tanto, el decano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Alberto Palacio Tobón, aseguró que la dependencia se ha comprometido

Mientras que el costo promedio del desplazamiento de un profesor desde Medellín a la sede de Caucasia un fin de semana asciende a unos 450 mil pesos, el 92 por ciento de los estudiantes de la seccional del Bajo Cauca cancela sólo mil pesos de derechos de matrícula por semestre.

La deserción precoz se encuentra en un 22 por ciento, por fallas en la orientación profesional; y la deserción temprana, en un diez por ciento, debido a factores económicos, observa Isabel Yabur Ríos, quien afirma que la seccional a su cargo se ha transformado en la sede del Alma Máter para el norte de Colombia, pues no sólo alberga estudiantes antioqueños, sino que se ha convertido en la mejor opción para los habitantes de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar.

y cuenta con el recurso humano, físico y científico para el tratamiento de aguas y puso a disposición todo el equipo de la Facultad y los grupos de investigación, como el de Ingeniería Ambiental.

Entre tanto, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Luz Stella Correa Botero, informó que se encuentra en proceso de aprobación la Especialización en Infancia y Juventud, en asocio con la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y que próximamente se ofrecerá para las regiones la Especialización en Tratamiento de Conflictos.

A pesar de las dificultades de muy diversa índole que afrontan, los estudiantes de las regiones se han destacado por la excelencia académica y por el buen desempeño a la hora de sus prácticas en las instituciones, empresas y fincas. Algunos han sido distinguidos como mejores estudiantes avanzados por programa, y reconocidos como los mejores en las pruebas ECAES.

C u lt u ra

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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta de desarrollo y humanización Textos: Eduar K. Salas Burbano Oficina de Prensa Expouniversidad 2011 Las TIC para sembrar vida Los pasos del campesino y del soldado colombiano tienen una previa sentencia cuando rondan por los campos de este país lisiado. Un muñeco de trapo, una lata de atún, una simple jeringa, se convierten en armas, que cuando se tiene la mayor de las suertes, quita la vida a quien posa su integridad física encima de ella. Y es que el objetivo de las minas antipersonal (MAP) es restarle capacidades al cuerpo y sumarle penas al alma. Por eso, en principio, estas minas recibían el popular nombre de “Minas quiebra patas”, artefactos hechizos con el explosivo suficiente para quitarle la parte del cuerpo con la que tengan contacto y con la basura necesaria para infectar la herida y provocar la amputación, un arma de miles de filos.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Colombia es el segundo país, después de Afganistán, con el mayor número de víctimas por minas antipersonal en el mundo. La Gobernación de Antioquia reporta que de las 9.135 víctimas registradas en Colombia entre 1990 y febrero de 2011, 2.070 personas que equivalen al 23% de la población afectada, se presentaron en esta región y se han hallado campos minados en 30 de los 32 departamentos del país.

Siendo ésta una verdad tristemente inalienable, el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia viene ejecutando desde 2006 el proyecto TELEMAP1, que hace uso de las TIC para prestar servicios de teleasistencia prehospitalaria, telemedicina, teleeducación y entrenamiento presencial para prestarle un servicio profesional, ágil y completo a las víctimas.

La Universidad de Antioquia, en el marco de su misión institucional y de la visión que se ha trazado al año 2016, se ha propuesto ser reconocida como universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y el país. Esta pretensión conjuga muy bien los principales retos que tienen ante sí las universidades del siglo XXI, pues además del realce dado a la investigación, se busca incursionar con firmeza en la aplicación del conocimiento y la generación de ideas, procesos y productos que agreguen valor a la sociedad, y se asume el compromiso de contribuir al desarrollo social y económico.

Como una muestra de los esfuerzos que se han adelantado para ofrecer servicios y posibilidades de solución a las demandas del sector productivo, en este artículo se recopilan dos importantes proyectos que usan las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, que si bien no son una panacea develada de esta Universidad sí ha demostrado avances significativos para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

No importa el uniforme que use, el color que tenga o la religión que practique Periódicamente grupos de distintas empresas y universidades se capacitan en la Universidad de Antioquia, específicamente en el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina. Hasta el momento 105 personas se han capacitado en atención a víctimas del conflicto armado.

627 profesionales capacitados en ciudades como Arauca, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Quibdó y Samaniego, entre otras, y 190 profesionales en Atención Básica Biopsicosocial.

A este programa, apoyado desde su inicio por la empresa Interconexión Eléctrica S.A. – ISA; se integran ARTICA, CICR, Colciencias, Cruz Roja Colombiana, EDATEL, Ejército

Nacional, Fiscalía, Fuerza Aérea, Fundación Mi Sangre, Fundación REI, Fundación Restrepo Barco, Gobernación de Antioquia, Laerdal, Handicap, HSVP, Ideaborn, IPS Universitaria, Ministerio de la Protección Social, Municipio de Medellín, OXFAM, PAICMA, Policía Nacional, SENA, UNE, Unión Europea, Universidades públicas y privadas, Welch Allyn, entre otras.

La tecnología al servicio de la educación Desde los tiempos antiguos, las teorías de la evolución muestran que el ser humano ha estado expuesto al aprendizaje y adquisición del conocimiento. Desde la Neurociencia, el aprendizaje se convierte en una acción voluntaria del pensamiento

donde interactúa la experimentación, el estímulo de pregunta – respuesta y la necesidad de socializar objetos, hechos y demás realidades de nuestro entorno. La pedagogía por su parte, reúne los distintos saberes existentes sobre el aprendizaje y lo convierte en “ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza” como lo define la Real Academia de la Lengua Española. En la actualidad, tomando un merecido protagonismo, las TIC se han venido incorporando dentro del significado de Pedagogía, dinamizando el aprendizaje en la escuela. De este modo los niños y jóvenes pueden construir el conocimiento de manera más práctica, dinámica e interesante. Éste es el argumento que permitió al Grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, desarrollar en asocio con los Ministerios de Educación y TIC, proyectos de investigación sobre modelos didácticos apoyados en estas tecnologías para capacitar los procesos de enseñanza en las diversas áreas curriculares en la educación básica.

Según Doris Adriana Ramírez, coordinadora del grupo, “el estudiante, al tener la posibilidad de combinar este proyecto con su programa curricular, mejorará los procesos de socialización de ideas, abrirá espacios de debate a la vez que el maestro potencializará la enseñanza. Un proceso de enseñanza con misión formadora, que socializa los diversos puntos de vista, y vincula los nuevos conocimientos” Así mismo, la investigación apunta a terminar con el temor que los padres de familia, los maestros y los jóvenes tienen frente a los avances tecnológicos y los alcances que tienen, y se apropien de estos procesos de enseñanza y aprendizaje.

Notas 1 Herramientas tecnológicas para la atención integral a víctimas de Minas Antipersonal y Munición sin Explotar

Interactividad y realidad aumentada El concepto de interactividad se entiende a partir de diferentes áreas. Desde los medios de comunicación, la interactividad ha permitido otorgarle un mayor poder a los usuarios, logrando que la información no sólo se comparta sino que se debata, se cuestione e incluso se amplíe gracias a la relación más próxima entre consumidor y distribuidor de información. A partir de esa idea de interacción es que surgen los Blogs, los foros, los chats, los espacios para comentarios, las encuestas, entrevistas en línea, etc.

Por otra parte, distinta a la interactividad que se presenta en los medios de comunicación (usuario-contenidos), desde lo sociológico se manifiesta una dinámica de comentar, polemizar y retroalimentar de usuario a usuario, una acción enfocada principalmente en el pensamiento y la personalidad de los individuos.

Finalmente, es posible identificar una correlación entre usuario y computador o usuario y tecnología. Esta última relación ha venido

tomando fuerza en el periodo reciente debido a los grandes avances tecnológicos, principalmente en desarrollos de dispositivos táctiles, imagen tridimensional, sensores de movimiento de última tecnología y mundos virtuales. Ya la interactividad no sólo es de usuario con equipo, ahora se presenta una especie de interactividad sociológica a través de la tecnología.

La interactividad en la computación, hace referencia a los programas que aceptan y responden entradas en datos y comandos por parte de los humanos. Herramienta que un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia decidió utilizar para desarrollar una idea reflexiva sobre la movilidad y accidentalidad de motociclistas en Medellín.

Arte e Ingeniería se unen por la vida El grupo de Hipertrópico de la Facultad de Artes y el grupo GE-

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Informes: Expouniversidad 2011,Universidad de Antioquia, Edificio de Extensión, calle 70 52-72, oficina 705. Teléfonos (574) 2195350. Fax (57 4)2191042. E-mail: expouniversidad2011@ udea.edu.co

PAR de la facultad de Ingeniería, ambos de la Universidad de Antioquia, se han integrado para crear y desarrollar una investigación donde el arte, la tecnología, la informática y los sistemas multimediales, se integran en la reflexión sobre la problemática local de accidentalidad de motociclistas en la ciudad de Medellín.

El trabajo transdisciplinar de artistas e ingenieros desarrollado en el marco de la investigación Interactividad y Realidad Aumentada, aprobada por el Comité para el Desarrollo de la Universidad de Antioquia, CODI, condujo a la creación de la Obra “ENTRÁNSITO”, una puesta en escena que integra elementos estéticos, interactivos, culturales y sociológicos.

De esta manera, los grupos de investigación le entregan a la ciudad una puesta en escena en la cual el arte y la tecnología se integran para desarrollar una experiencia estética y de formación en la cual distintos componentes interactivos permiten la reflexión sobre aspectos relacionados con los accidentes de tránsito de motociclistas. (según cifras de la Secretaría de transporte y Tránsito de Medellín, en el año 2010 se presentaron 413 accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos circulantes en la ciudad. Hasta la semana 5 del año 2011, los motociclistas tuvieron una participación sobre el total de accidentes con muertos del 75,9%, sobre el total de accidentes con heridos del 77,6% y sobre el total de accidentes solo daños del 21,2%).

Esta propuesta, liderada por la investigadora y docente de la Facultad de Artes Isabel Cristina Restrepo, llegará

a Expouniversidad 2011 con el objetivo de generar una interacción entre las personas y los componentes virtuales y físicos, todo en tiempo real.

El resultado de la puesta en escena de la obra “Entránsito” es innovador, no sólo por la integración del arte y la ingeniería, sino por la forma como llega a la comunidad, al facilitar un espacio de reflexión que permite sensibilizar al espectador. Todo un drama cotidiano que se traslada al espacio

interactivo de la realidad aumentada posibilitado por una interfaz que permite capturar objetos y personas en sensores de movimiento y captación de imagen y proyectarlas en un telón azul. Los elementos audiovisuales, teatrales e interactivos fueron diseñados para que los espectadores entendieran la complejidad y el dolor que se genera por cada accidente de tránsito. Al respecto Isabel Restrepo, Directora de la investigación dijo:

“La idea de esta convergencia es hacer que el espectador se pregunte por la importancia de la vida y de la responsabilidad que cada ciudadano tiene en esta problemática”.

De esta manera, lo vanguardista de esta investigación es la suma de esfuerzos tecnológicos, culturales, artísticos y de recurso humano para hacer de lo virtual y multimedial una atracción simbólica, social y educativa al servicio de la sociedad.

Campus

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La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la mejor del país según estudio de Scimago 2010 Calidad internacional

Elmer Gaviria Rivera La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia ocupa el primer puesto entre sus similares del país, de acuerdo con el análisis elaborado por la Universidad Nacional de Colombia del Ranking Iberoamericano SIR 2010 Ciencias de la Salud.

SIR 2010 es, precisamente, la clasificación que publica Scimago Institutions Rankings; con base en la producción científica, la calidad científica promedio, las publicaciones en revistas del primer cuartil y la colaboración internacional como parámetros de análisis.

El mismo estudio sobre la calidad de las escuelas de medicina revela que la Facultad de Medicina del Alma Máter de los antioqueños se ubica en el puesto 23 en Latinoamérica y en el 39 en el ámbito iberoamericano.

Y entre las 607 universidades iberoamericanas de 28 países in-

El decano de la Facultad de Medicina, Elmer Gaviria Rivera, resalta del ranking de las escuelas de medicina colombianas el hecho de que, justamente, toma como base el ranking iberoamericano.

Y, por tanto, dice, “tiene gran valor, primero, porque no es una medición nuestra sino externa, y segundo, el análisis lo hacen los profesores y el grupo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia con base en indicadores que son muy importantes, que hablan de hechos evidentes, medibles, que nos permiten ver cómo estamos en producción científica”.

Abordar esos indicadores, agrega, “nos muestra en qué somos fuertes y en qué estamos débiles, para mirar hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para mejorar”.

Gaviria Rivera expresa que el estudio cae muy, desde luego, y es muy oportuno con la apuesta por la acreditación internacional en la que está ‘embarcada’ la Facultad. En esa dirección, informó que la dependencia está pendiente de la confirmación por parte del ministerio de Educación de dicha certificación, y dijo que “hacia el futuro lo que sigue es la mirada con pares internacionaes para elevar la calidad y pertinencia de nuestra producción científica”.

cluidas por el SIR 2010, en lo referente a la investigación en salud la Universidad de Antioquia se ubica en el primer lugar en Colombia, en el puesto 28 en América Latina y en el 960 en el mundo.

En Colombia, a la Universidad de Antioquia la siguen, en su orden, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la Universidad CES, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Caldas.

La Facultad De los claustros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia han egresado más de 7.000 médicos y 500 instrumentadores quirúrgicos; entre ellos, destacados líderes en los ámbitos académico, científico, social y político.

La Facultad cuenta con una comunidad académica de más de 3.000 integrantes: 2.300 estudiantes, 700 profesores y 140 empleados administrativos, en una sede de 15.000 m2.

Institución pública de educación superior fundada en 1871, cuando la práctica médica en Medellín era aún experimental, inició sus labores académicas con 17 estudiantes, repartidos en las cátedras de anatomía, física, fisiología y patología.

Posteriormente, las experiencias aportadas por los profesores que estudiaron en París, meca de la medicina, revolucionaron el ambiente, crearon conciencia, planearon el currículo, diseñaron la estructura hospitalaria, practicaron operaciones con métodos antisépticos, y se organizaron en cuerpo científico en la Escuela de Medicina, el Hospital y la Academia de Medicina de Medellín.

El decano Elmer Gaviria Rivera atribuyó el reconocimiento de la Facultad, de un lado, a la decisión institucional de apuntar a la investigación como eje del quehacer de la Universidad y, del otro, a las fortalezas de los profesores, de los estudiantes y a la calidad de la investigación de los grupos, con impacto mundial, en campos como la tuberculosis, la malaria, otras enfermedades tropicales, inmunodeficiencias, enfermedades degenerativas nerviosas, y al impulso a la formación avanzada en los niveles doctoral y de maestrías, que, dice, “han llevado a medicina a la la posición nacional y latinoamericana que hoy ostenta, pero nos falta mejorar mucho más”.