PERIÓDICO ALMA MATER 635 SEPTIEMBRE DE 2014

Nº 635 Medellín, septiembre de 2014

SISTEMA DE COMUNICACIONES • http://almamater.udea.edu.co • almamater@udea.edu.co • ISSN 1657-4303

Especial

En Urabá

Acuerdo por lo Superior 2034

UdeA y Gobernación de Antioquia: presentes!

Páginas 9 a 19

Colombia puede aprender del posconflicto en Irlanda del Norte

Foto Óscar Jaime Ríos Tobón – Gobernación de Antioquia

Página 6

Cirugía, una esperanza para tratar la epilepsia Página 7

Culminada segunda fase de la Sede de Ciencias del Mar en el municipio de Turbo

La ciudad y la Universidad abiertas a la Fiesta del Libro y la Cultura

Foto Óscar Jaime Ríos Tobón – Gobernación de Antioquia

Páginas 27 y 28

Se espera que en febrero de 2015 estén terminadas las obras de la Ciudadela Universitaria en Apartadó

Los pollitos dicen...

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Foto Luis Javier Londoño Balbín

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La UdeA y la Gobernación, una llave para la esperanza

n medio de la amplia oferta cultural y deportiva de la gran feria Vamos pa la de Antioquia y con un público de más de 1.500 estudiantes, se realizó la entrega de la segunda fase de la Sede de Ciencias del Mar en Turbo, seccional Urabá, una esperada obra de 1.915 m² en la que la Gobernación de Antioquia invirtió $ 7.367 millones de pesos.

Desde ya se espera la llegada de un gran número de estudiantes a este centro de la Universidad de Antioquia para la investigación en temas marinos y costeros.

La inversión actual de la Alma Mater en regionalización supera los $70.000 millones, 11.709 millones de los cuales se destinaron a la construcción de la primera etapa de la Sede de Ciencias del Mar que recibía, hasta entonces, a aproximadamente 230 estudiantes y que, ahora, con la entrega de la segunda etapa, está preparada para recibir a 810, cifra que seguirá expandiéndose con la apertura de jornadas alternativas.

“La Universidad de Antioquia que ha sido esperanza para nuestro departamento, le está mostrando a Urabá que lo que se proponga en materia de educación es posible lograrlo y con todo este proceso de transformación viene el apoyo para los estudiantes de esta región que logren pasar a la Alma Mater, a quienes

garantizaremos nuestras becas para que nos ayuden a generar bienestar y desarrollo en sus municipios”, declaró el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama.

El espacio está integrado por un bloque con un aula magistral, cinco aulas para clases, una estación para la Emisora Cultural, dos salas de cómputo, un espacio para la biblioteca y una placa deportiva, que recibirán los pregrados y grupos de investigación relacionados con estudios sobre la flora y la fauna marina, y será, además, un importante lugar para el encuentro de grupos y semilleros culturales de Turbo. También se proyecta como un espacio dotado para albergar a los integrantes del Doctorado Interinstitucional de Ciencias del Mar y demás posgrados que estudien temas relacionados con el océano.

Sin embargo, esta es solo una pieza que hace parte del proceso de transformación de una zona que a pesar de su riqueza se ha visto históricamente afectada por la presencia de grupos armados y la corrupción. Ahora la apuesta por parte de la Universidad de Antioquia en Urabá es extensiva en todo su territorio.

“De la mano de Antioquia la más educada estamos ayudando a mejorar las capacidades de los estudiantes para que le pierdan el miedo al examen de admisión de nuestra institución y sepan que

cada vez más se hacen esfuerzos para que la educación esté cerca de sus casas. Además, estamos optimizando los procesos e infraestructura relacionados con la calidad educativa para que cada vez más jóvenes tengan la posibilidad de hacer parte de nuestra comunidad académica”, declaró el rector Alberto Uribe Correa.

Especialización temática La gran biodiversidad de sus tierras y el enorme potencial de sus recursos, convierten a Urabá en sede de especialización en áreas del conocimiento por excelencia y ello permite el desarrollo de proyectos de largo alcance en esta, la segunda costa más larga del país.

“Además de los avances que hemos tenido con los estudios e investigaciones en la Sede de Estudios Agroecológicos y Ambientales - Tulenapa, tenemos ahora en Turbo siete grupos de investigación que trabajan en temas relacionados con las aguas del golfo, la pesca, la protección de manglares y la conservación de la biodiversidad y cada vez llegarán más grupos de estudio”, detalla la directora de Regionalización, Dora Nicolasa Gómez Cifuentes.

En el caso de Tulenapa, municipio de Carepa, se han destinado $17.315 millones en reformas y mantenimiento del edificio y laboratorios, en el que convergen un

sinnúmero de árboles frutales y maderas diversas y que, por ser el hogar de gran variedad de especies animales, se proyecta será a corto plazo el más grande laboratorio natural de la Alma Máter.

Además, en la primera etapa de la sede académico-administrativa de la Universidad de Antioquia, de la que se adelantan obras en el municipio de Apartadó, se estará invirtiendo cerca de $20.872 millones por parte de la Gobernación de Antioquia.

Para el primer semestre de 2015, los estudiantes de Urabá tendrán los programas: Ingenierías Bioquímica, Agroindustrial y Agropecuaria, que se ofrecerán en la Sede de Estudios Agroecológicos y Ambientales, de Carepa; Ingeniería Oceanográfica, Oceanografía, Ecología de Zonas Costeras y Gestión en Ecología y Turismo, en la Sede de Ciencias del Mar; y Licenciatura en Música, Administración de Empresas, Comunicación Social- Periodismo, Ingeniería Acuícola y Tecnología en Artesanías, en la sede del barrio Jesús Mora, en Turbo.

Además de aumentar la cobertura, se estima que para 2015 esta región reciba la nueva sede de Apartadó y más de 6.000 estudiantes que se beneficiarán con los programas de formación de la estrategia Vamos pa la de Antioquia, cuyo objetivo es convertir a Urabá en la esquina más educada del departamento y del país.

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Fotos Luis Javier Londoño Balbín

Placa conmemorativa de la entrega de la segunda fase de la Sede de Ciencias del Mar en Turbo, que contó con la participación de bachilleres del municipio quienes asistieron a la gran feria educativa Vamos pa´la de Antioquia.

La educación es el eje Cada vez se hace más realidad la educación como oportunidad para Urabá, dijo el gobernador del Departamento, Sergio Fajardo Valderrama, tras recorrer las instalaciones de la Sede de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia en Turbo.

En la entrega de la segunda fase de la obra, la Universidad y la Gobernación de Antioquia pusieron a disposición de la comunidad educativa de la región más y mejor infraestructura para la investigación, la formación y la cultura.

“El programa de Vamos pa’ la de Antioquia y el programa de becas que tenemos con la Alcaldía de Medellín y EPM tiene un reto particular y es que todo estudiante de Urabá que pase a la Universidad de Antioquia en la región le damos la beca”, dijo el mandatario y subrayó la importancia de prepararse y estudiar para ingresar al Alma Máter.

“A la Universidad de Antioquia no ha entrado, no entra ni entrará nadie por influencia política, por rosca, por importancia de ningún tipo distinto a que es un estudiante que pasa el examen de admisión”, afirmó.

Destacó, además, la oferta diversa, pues en la Sede de Ciencias del Mar se ofrecen los programas relacionados con oceanografía e ingeniería oceanográfica, entre otros, pero en Carepa se ofrecen

programas relacionados con ciencias agrarias y biodiversidad, mientras que en Apartadó se construye la ciudadela universitaria.

“Valga la pena señalar que toda la región de Urabá, el eje bananero, conectando con Necoclí, Arboletes y San Pedro, es la zona de Antioquia que más crece, está conurbándose y va a ser área metropolitana”, aseguró, y destacó el anuncio de la inversión en Puerto Antioquia para construir el sistema portuario del Departamento, más las autopistas para la prosperidad.

Sin embargo, Fajardo Valderrama insistió en que nada se logra con toda esta infraestructura sin la educación como eje de la transformación.

“Esta es una fiesta, en el sentido de cómo logramos que una comunidad que estaba negada o que nunca se le permitía soñar pueda ver el sentido de la esperanza y que una cantidad de gente joven que tenemos en el departamento pueda decir aquí hay unas oportunidades para mí”, dijo, y añadió que “lo que quieren los violentos y corruptos es que no soñemos”.

En contraste, el gobernador reiteró que la educación es el camino para la libertad. “Y si nosotros queremos construir una sociedad justa, decente, donde nos podamos realizar como personas, nos tenemos que educar, y esta es la forma directa de combatir la ilegalidad, la violencia, la corrupción,

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para darnos una oportunidad de tener una vida digna”.

Y concluyó que en Urabá están dadas las condiciones para alcanzar esos propósitos, porque está el talento, la Universidad de Antioquia y otras instituciones que

también pueden aportar como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia.

“No pierdan las oportunidades de estudiar. Quien se queda por fuera del estudio siempre tendrá a alguien por encima que le quie-

Foto Luis Javier Londoño Balbín

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El gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama y el rector de la Universidad de Antioquia Alberto Uribe Correa. ra imponer las condiciones. Si estudiamos y nos educamos seremos libres y esa es la mayor ambición en una democracia, y la de Antioquia es el camino más expedito para la libertad en nuestro departamento”, sentenció.

“Este sueño de todos es una realidad. Aprópiense de la Universidad. Aprovéchenla. Es un referente nacional. Aquí hay y van a seguir habiendo estudiantes de todo el país que aspiren a hacer su formación desde el pregrado hasta el máximo desarrollo como es el doctorado en ciencias del mar”.

Resaltó como un hecho trascendental para la región y el país la reciente constitución de la Corporación de estudios de ciencias del mar, Cemari, con la participación de la Universidad

Aprópiense de la Universidad

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l abandono en la educación superior es un fenómeno que se presenta en la mayoría de los países y que afecta de manera decisiva el desarrollo social y económico. Según la Unesco, en América Latina la deserción en estudios universitarios alcanza tasas cercanas al 40%.

Con el propósito de generar medidas y planes para reducir esta problemática desde sus mismos orígenes nació el proyecto Alfa Guía, integrado por 16 países (12 latinoamericanos y 4 europeos) que han unido durante cuatro años sus esfuerzos y conocimientos para disminuir el abandono estudiantil en instituciones de educación media y superior.

Como miembro del proyecto Alfa Guía, este año la Universidad de Antioquia organiza, junto al Ministerio de Educación Nacional, la Cuarta Conferencia latinoamericana sobre abandono en la educación superior - IV CLABES, que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de octubre de 2014, con el objetivo de propiciar el encuentro de expertos e interesados en la mejora de la calidad de la educación superior, para compartir el conocimiento, la visión, las experiencias y estrategias dirigidas a reducir la deserción. El Edificio de San Ignacio será la sede de La Conferencia, que en años anteriores se desarrolló en Nicaragua, Brasil y México.

Informes Correo electrónico: clabes2014@udea.edu.co http://clabes2014-alfaguia. org.pa Foto Luis Javier Londoño Balbín

“Me complace mucho entregar a Turbo, a la región de Urabá, a Antioquia y a Colombia esta segunda etapa de la Sede de Ciencias del Mar, acorde con la vocación que definimos desde que se inició la Universidad en la zona”, expresó el rector de la Alma Máter, Alberto Uribe Correa.

El directivo destacó que el avance de la obra —en cuya segunda etapa se construyeron 1.915 m2 con una inversión en infraestructura y dotación que supera los siete mil millones de pesos—, fue gracias al apoyo del gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama y el acompañamiento del gerente del Proyecto integral para el desarrollo de Urabá Federico Restrepo.

El rector observó que la seccional de Urabá, que en la actualidad tiene 1.450 estudiantes, podrá llegar a tres mil alumnos en el mediano plazo, pero más importante aún —agregó—, los estudiantes que antes tenían que viajar a Medellín para hacer las prácticas de laboratorio, ahora van a tener los laboratorios en la región, no solo para la formación de pregrado, sino también para el posgrado al más alto nivel de maestría y doctorado en ciencias del mar y para la investigación.

Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes, la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de Antioquia, la universidad alemana de Giessen e Invemar.

“Aquí van a estar académicos y científicos de todo el país y del mundo y van a referenciar a Turbo como polo de desarrollo en ciencias del mar, en el estudio de las zonas costeras y de las áreas marinas y submarinas”, aseguró.

Y recordó, en ese sentido, que la Universidad ofrece en la Sede de Ciencias del Mar programas desde tecnologías hasta doctorados.

Y otra gran noticia para Urabá y para el Departamento —anunció— es que “gracias al apoyo del gobierno nacional, al esfuerzo de la Universidad y al compromiso del gobierno departamental Antioquia la más educada hay recursos ya para nombrar docentes de tiempo completo, con formación especial para estar de tiempo completo en la sede apoyando la docencia y la investigación y creando nuevos conocimientos para el desarrollo que tanto necesita Urabá”.

Pero para ello, insistió Uribe Correa, se necesita el compromiso de todos los bachilleres de la región, para que se apropien de la Sede de Ciencias del Mar, así como de la sede de Estudios Biológicos en Carepa y de la Ciudadela Universitaria que ya se construye en Apartadó.

“Pierdan el miedo, el examen de admisión no es tan difícil como a veces se cree, y traten de permanecer en los programas, con esfuerzo, con dedicación y conocimiento”, exhortó el rector a los estudiantes de la zona.

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Diploma en Gestión del conocimiento

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La justicia ordinaria y la indígena dialogan en el Resguardo de San Lorenzo Por ELIZABETH OTÁLVARO VÉLEZ

Dirigido a Profesionales que se ocupen de los procesos de flujo, transferencia e integración del conocimiento y del aprendizaje en el ámbito organizacional.

Intensidad 160 horas: 136 horas académicas presenciales, 24 horas de trabajo individual.

Fechas Del 15 de septiembre al 12 de diciembre de 2014 (lunes, miércoles y viernes de 5:00 a 9:00 p.m.)

Contenido Conceptos fundamentales en gestión del conocimiento.

Cultura organizacional y procesos de comunicación para la gestión del conocimiento.

Apropiación social del conocimiento.

Auditoría de conocimiento.

Gestión documental, procesos y proyectos en km.

Vigilancia tecnológica, herramientas y metodologías para gestionar el conocimiento en las organizaciones.

Informes: Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información Escuela Interamericana de Bibliotecología Teléfonos 219 59 47 y 219 59 45. E-mail: adriana.mejia@udea.edu.co paola.lopezr@udea.edu. co comunicacionesbibliotecologia@udea.edu.co

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esde finales de junio la comunidad Embera Chamí, asentada en el Resguardo de San Lorenzo, en jurisdicción municipal de Riosucio y Supía Caldas, cuenta con el Consultorio Jurídico Rural, programa liderado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

La jurisdicción especial indígena, con miras a la conservación de las costumbres y las lógicas de justicia propias de la cosmovisión indígena, no es viable para estas comunidades si el Estado no asume la financiación de recursos materiales e inmateriales para el funcionamiento. Este es el punto de partida que motiva al gobernador del Resguardo, Norman David Bañol Álvarez, a buscar en la Universidad de Antioquia un apoyo para lograr la interlocución entre la justicia especial indígena, a cargo de la Consejería del Resguardo, y la justicia ordinaria.

En palabras del líder indígena, la iniciativa de acercarse a la justicia ordinaria, a través del Consultorio Jurídico, se ha trabajado desde hace una década, pero es durante 2014 que la idea logra materializarse. Para Bañol, la principal pretensión de este diálogo de saberes es la búsqueda de “caminos conjuntos para dar respuesta a la comunidad indígena en materia de justicia propia”. Este objetivo es el que persiguen en compañía de los estudiantes de Derecho, Carlos Mario Calvo Largo (estudiante indígena), Camilo González Estrada, Paula Andrea Mejía Jaramillo y Jyleny Roldán Zapata, y los estudiantes de Ciencia Política, Jonathan Damián Guisao Rodríguez y Steven Ramírez Arcia, acompañados de los profesores Juan Carlos Múnera Montoya, Edwin Jader Suaza Estrada, Claudia Liliana Uribe y Óscar Alberto García Arcila.

Con solo dos meses de trabajo ya son muchos los aprendizajes recíprocos. Carlos Mario Calvo hace un balance de los casos más consultados hasta el momento. El tema de pensiones es quizá el que más inquieta a los comuneros — los integrantes de la comunidad—, pero hay asuntos más colectivos sobre los que se ha trabajado como la titulación de tierras dentro

Foto cortesía del proyecto

Cómo desarrollar estrategias para identificar y optimizar los activos intangibles de las organizaciones en el núcleo de la economía del conocimiento

del resguardo, en especial con el crecimiento de la actividad minera.

Juan Carlos Múnera, quien coordina el equipo de trabajo y es asesor jurídico, asegura que la práctica en este consultorio es sui géneris, pues no solo permite la interacción con una dinámica diferente a la ofrecida en el Consultorio Jurídico de Medellín —como lo hacen los demás consultorios rurales— sino que también consiente desaprender desde lo jurídico y trabajar asuntos que superan al derecho y vinculan a otras disciplinas, en este caso, a la ciencia política.

El objetivo que se plantea, entonces, con el trabajo interdisciplinar, lo explica el profesor Edwin Jader Suaza. Él considera que, con la participación de los estudiantes de Ciencia Política, “lo que se ha logrado evidenciar es que más que casos lo que hay en la comunidad son problemáticas complejas”.

Así pues, temas de organización política y de género han exigido una mayor atención por parte de los estudiantes. Un asunto preciso que destacan concierne a las mujeres indígenas y a su situación laboral. El caso de las maquilas retan a los practicantes desde el derecho laboral y además exige una comprensión social e histórica para generar reflexiones desde lo aprehendido en la comunidad. “Es la realidad llegando a la universidad a enseñarnos”, agrega Suaza.

Cada 15 días la Universidad se desplaza al resguardo indígena con dos estudiantes de Derecho y uno de Ciencia Política. Además de la atención a los casos particulares desde lo jurídico, se destina parte del fin de semana a capacitar a la comunidad. Se ha avanzado en temas como la acción de tutela, el derecho de petición y el incidente

de desacato. Carlos Mario Calvo, quien entiende este proceso desde su vínculo personal con la comunidad y al tiempo desde su formación académica, dice que “para nosotros es necesario que la comunidad sepa qué es un derecho, cómo y ante quién lo va a solicitar. Porque el gobernador representa las necesidades de la gente, pero él no puede estar presente en todo, es necesario que la comunidad se empodere de ciertas garantías”.

Esta experiencia ha significado una disposición no solo de conocimientos académicos, sino de asuntos emocionales. Los estudiantes y profesores e incluso algunos administrativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas fueron recibidos con una armonización, una ceremonia de bienvenida por parte de la comunidad Embera Chamí. Múnera señala que allí, en la solemnidad de aquel momento donde invocan a sus seres mayores, al planeta tierra, a sus costumbres, a la paz mental, a la espiritualidad, “buscan poner de presente que para ellos lo más importante es compartir, la naturaleza, el ser humano…; allí se desprenden de un montón de intereses que para ellos pueden ser superficiales […]; con eso percibí que crean lazos de amistad”.

A pesar de los conceptos emitidos por los practicantes, hay un pacto tácito que le da prelación a la justicia indígena, basada en sus costumbres y tradición. Pero, sin duda, uno de los aportes significativos de la llegada del Consultorio Jurídico al Resguardo Indígena de San Lorenzo, es la documentación de los casos para convertirlos en precedentes y, de esta manera, conseguir que la comunidad sea capaz de sostener en el tiempo los esfuerzos por avanzar en materia de justicia.

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Lecciones por aprender:

análisis del posconflicto en Irlanda del Norte

Por ANDREA QUINTERO

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propósito del programa institucional De país en país, que tuvo como invitado al Reino Unido del 1° al 5 de septiembre, y de los diálogos de paz en La Habana, resulta oportuno establecer un cuadro comparativo entre el conflicto en Irlanda del Norte y Colombia. La historia de los enfrentamientos entre norirlandeses y los posteriores métodos de reparación del tejido social que emprendieron, aunque diferentes a la confrontación interna nuestra, son referentes que también pueden aportar salidas a la violencia colombiana.

A finales de 1960 en Irlanda del Norte aumentaron las manifestaciones de violencia: militantes políticos desaparecidos, edificios destruidos y múltiples riñas; una disputa que desde 1919 enfrentaba a los unionistas norirlandeses, protestantes descendientes de británicos y escoceses leales a la monarquía de Gran Bretaña, contra los nacionalistas católicos, una minoría de ascendencia celta, partidaria de integrar la provincia a la República de Irlanda.

En la búsqueda de un nuevo gobierno en Irlanda del Norte, donde ambas facciones pudieran compartir el poder, se proporcionó, con la firma del “Acuerdo de

Viernes Santo”, un final político a las confrontaciones y atentados.

Para conformarlo “se negoció la participación política de miembros de grupos paramilitares, y se realizaron amnistías entre reos juzgados por pertenecer, por ejemplo, al Ejército Republicano Irlandés Provisional o IRA Provisional, o a la Fuerza Voluntaria del Ulster o UVF”, explica la profesora Adriana Valderrama, magister en construcción de paz y resolución de conflicto de la Universidad de Ulster en Belfast, capital norirlandesa.

Sin embargo, diferentes coaliciones de familias católicas y protestantes se sienten, hasta hoy, insatisfechas con aquellos arreglos judiciales de 1998. Luego de firmado el acuerdo, el nuevo gobierno optó por escuchar los testimonios de las víctimas sin exigir la presencia de los grupos combatientes en audiencias privadas o confrontaciones públicas.

Según Valderrama, ha sido por medio de la investigación y la intervención prolongada de la academia y las ONG que este país compone en la actualidad la memoria histórica de su conflicto. Familiares afligidos siguen a la espera de integrar a la memoria los testimonios de los beligerantes y conformar comisiones de la verdad que ofrezcan “esperanzas reales de justicia”.

En la piel del enemigo Diferente al caso colombiano, en Irlanda del Norte no hay una homogeneidad social en cuanto a

Foto Adriana Valderrama (murales en Belfast, Irlanda)

apoyo logístico y una permisividad por parte del Reino Unido, éstas surgieron de manera fragmentada, haciendo un “trabajo intercomunitario de precaución”, en ausencia del Estado Británico.

Otro fenómeno en apariencia común es el desplazamiento forzado y la aparición de fronteras territoriales. No obstante, en Irlanda del Norte las migraciones se dieron dentro de las ciudades, reconfigurando barrios de acuerdo con una afinidad religiosa. “Hoy cada comunidad tiene su propio simbolismo, y a través de iconos e imágenes saben por dónde moverse”, observa la profesora, y a lo largo de los muros que dividen las barriadas la policía local vigila y reprime el vandalismo.

la identidad nacional. Allí se dan, aunque ya no en términos de violencia aguda, reivindicaciones de opiniones de los separatistas católicos o de unionistas protestantes.

En Colombia hay, por su parte, una identidad hegemónica: conservadora, católica y mestiza. Así lo expresa el profesor Felipe Piedrahita, coordinador de la Cátedra Unesco en resolución internacional de conflictos y construcción de paz de la Universidad de Antioquia.

“Ser parte de una minoría étnica aquí puede agravar la condición de víctima, pero por sí misma no es una razón que desencadene la criminalidad”, explica el profesor.

Los actores de estos combates, concibiéndose como enemigos, lo son solo y plenamente en términos políticos; no es la religión, la etnia o la ascendencia la que enfrenta a un ciudadano con otro.

Un estudio comparativo de los conflictos y posconflictos en estas dos naciones evidencia fenómenos en apariencia comunes pero, debido a los distintos contextos históricos que acompañaron su desarrollo, en esencia muy distintos.

Los grupos armados norirlandeses y colombianos ofrecen, a primera vista, un paralelo simple: hay en ambos lugares motivaciones insurgentes y contrainsurgentes.

Aun así, organizaciones contrainsurgentes en Irlanda del Norte no actuaron de la mano de las fuerzas estatales, afirma la profesora Valderrama, y su financiación procedió del exterior. Pese a denuncias de

La astucia política de la reconciliación En medio de las diferencias ¿por qué se recomienda un estudio comparado de los conflictos?

Porque “podemos identificar la dinámica transicional enfocada en la reconciliación que alcanzaron, en esta ocasión, los norirlandeses”, propone Felipe Piedrahita, y agrega: “un proceso que necesita asumir la posible validez del otro”, aprendiendo a ceder sin sentir una pérdida.

“La justicia transicional, en su intento por responder a intereses divergentes, no deja satisfechos a todos los actores”, afirma el profesor. En ella se crean espacios de excepcionalidad, donde se cambian los castigos penales por alternativas como la reparación simbólica o la reconciliación entre las partes.

Sobre los acuerdos en Irlanda del Norte también se establecieron los pilares de la reparación, la verdad, la garantía de no repetición y la justicia; pero siempre elevados sobre una normativa más flexible.

La amnistía, como una de sus formas, hace parte de la capacidad de decisión del Estado, y por tanto, “no es una debilidad suya, es una negociación en aras del bien común”, manifiesta Valderrama.

“A los colombianos nos cuesta perdonar, somos una cultura de carácter retributivo”, comenta el profesor Piedrahita. Se necesita pedagogía y tiempo para refrendar lo que se acuerda en las mesas, así como la generación de dinámicas y campañas que fomenten el perdón por medio de la inclusión, “la inclusión que es fundirse con el otro sin violencia”, afirma.

En todo este proceso de paz y posconflicto también se necesitan sinergias de reparación del tejido social que sean propuestas desde la academia, y por este motivo, espacios como el programa De país en país, que se llevó cabo durante la primera semana de septiembre, se convierten en escenarios ideales para poner sobre la mesa temáticas actuales y posibilitar el intercambio entre la ciudadanía y expertos nacionales e internacionales.

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Cirugía, una esperanza para tratar la epilepsia

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a epilepsia es un trastorno neurológico común.

En Colombia, según el último estudio realizado en 2001, hay cerca de 10 personas epilépticas por cada 100.000 habitantes, que supera la encontrada en países desarrollados que es de 4 personas afectadas por 100.000 habitantes.

Algunos sugieren que la mayor frecuencia observada en nuestro país puede estar asociada con un acceso limitado a la atención en salud, problemas durante el nacimiento y una ocurrencia más alta de infecciones en el cerebro y las membranas que lo cubren (meningoencefalitis). Además, las dificultades sociales y económicas para el inicio y mantenimiento de un tratamiento adecuado, pueden también explicar las cifras observadas no solo en Colombia, sino también en otros países en vía de desarrollo (1,2).

La epilepsia del lóbulo temporal es la forma más común de epilepsia y es la que con mayor frecuencia se torna resistente al tratamiento médico, es decir, que el tratamiento anticonvulsivante no controla las crisis, o sus efectos secundarios son limitantes para un desarrollo normal de la persona. La persona afectada por epilepsia resistente al tratamiento, continúa con las crisis epilépticas y estas son tan frecuentes que limitan su habilidad para vivir plenamente acorde con sus deseos y su capacidad mental y física. La definición recientemente propuesta por la Liga internacional contra la epilepsia para el término de epilepsia refractaria es la falla en el control de las crisis epilépticas con dos esquemas de tratamiento farmacológico (aislados o combinados a pesar de haber sido bien tolerados y dosificados correctamente) (4-7).

La resistencia al tratamiento explica cerca del 75% del costo económico de la epilepsia en los Estados Unidos. Uno de los métodos utilizados para el control de las crisis en pacientes refractarios al tratamiento es la resección quirúrgica, aunque tiene gran variabilidad en los resultados logrados porque se ha reportado que entre el 58% y el 85% de los

Foto Archivo Periódico ALMA MATER

Por JUAN CARLOS ARANGO VIANA y JENNY GARCÍA VALENCIA

casos no vuelve a presentar las crisis después de la cirugía(8,9).

Esta cirugía se está realizando en Colombia desde hace más de 20 años en centros especializados y ha mostrado resultados satisfactorios. Por ejemplo, en un estudio realizado por nuestro grupo de la Universidad de Antioquia en pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas – Jaime Fandiño Franky (FIRE) de la ciudad de Cartagena, se observó que el 77 % de ellos no había vuelto a presentar crisis epilépticas después de dos años de la cirugía.

Algunas características podrían influir en el resultado o pronóstico de la cirugía. En el estudio realizado por nosotros, se observó que ser de sexo femenino se asoció con una respuesta menos favorable, pero la edad no influyó en el resultado, a diferencia de otros estudios que han reportado que los pacientes menores a 18 años y mayores de 40 tendían a tener desenlaces posquirúrgicos menos satisfactorios. La historia de convulsiones febriles en la infancia es un antecedente presente en un gran número de pacientes, lo que sugiere que las crisis febriles pueden ser un factor desencadenante de lesiones del lóbulo temporal.

Además, tener un alto número de crisis antes de la cirugía está asociado a una mayor probabilidad de volver a tener crisis después de la cirugía.

Algunas ayudas diagnósticas como la electroencefalografía (EEG) o videotelemetría (que es un monitoreo con EEG y video al mismo tiempo), permiten la identificación acertada del foco epileptogénico y es uno de los factores

que se tienen en cuenta a la hora de planear la resección quirúrgica.

Desafortunadamente, en casi una tercera parte de los pacientes este foco no puede ser identificado con claridad antes de la cirugía y esto influye negativamente en el resultado de la misma (10).

Otra técnica de ayuda diagnóstica usada para planear la cirugía es la resonancia magnética nuclear (RMN). Con ella, se intenta identificar la lesión cerebral que está causando la epilepsia, para resecarla quirúrgicamente, pero a pesar de los avances tecnológicos en RMN tanto estructural como funcional para detectar lesiones sutiles, en el 44% de las epilepsias del lóbulo temporal no se logra detectar ninguna lesión por este método (11).

La tomografía por emisión de positrones es una modalidad de neuroimagen funcional empleada frecuentemente en la evaluación prequirúrgica de estos pacientes.

Se busca la zona de hipometabolismo después de convulsiones, que es comúnmente más extensa que la zona epileptógena, por lo que su mayor utilidad es la identificar el hemisferio cerebral afectado, más que la de localizar la lesión (12).

Después de la cirugía, es muy importante que un patólogo haga el examen del tejido extraído porque permite identificar el daño del lóbulo temporal y clasificarlo adecuadamente. Este estudio permite la identificación de áreas con atrofia o esclerosis, principalmente en una estructura nerviosa llamada hipocampo; también permite la identificación de tumores, malformaciones del desarrollo de la corteza cerebral debida a migración anormal de las neuronas o una combinación de lesiones.

Lecturas sugeridas 1. World Health Organization. Epilepsy care in the world. www who int/mental health/neurology/en/ 2005Available from: URL: http:// www.who.int/mental_health/neurology/en/ 2. Velez A, Eslava Cobos J. Epilepsy in Colombia: epidemiologic profile and classification of epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2006;47(1):193-201.

3. Engel J. Mesial temporal lobe epilepsy: what have we learned? Neuroscientist 2001;7(4):340-52.

4. Semah F, Picot M, Adam C. Is the underlying cause of epilepsy a major prognostic factor for recurrence?

Neurology 1998;51(5):1256-62.

5. Carrizosa Moog J. ¿Qué es la epilepsia refractaria? In: Toro ME, Cornejo W, editors. Epilepsias del lóbulo temporal. 2011.

6. Carrizosa Moog J, Cornejo W. ¿Qué es la epilepsia refractaria? Iatreia 2003;16(2):163-7.

7. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie M, Hauser W. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Comission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51:1069-77.

8. McClelland S, III, Guo H, Okuyemi KS. Population-Based Analysis of Morbidity and Mortality Following Surgery for Intractable Temporal Lobe Epilepsy in the United States.

Arch Neurol 2011 Feb 14.

9. Schuele SU, Luders HO. Intractable epilepsy: management and therapeutic alternatives. Lancet Neurol 2008 Jun;7(6):514-24.

10. Jehi L. Temporal lobe epilepsy surgery failures: predictors of seizure recurrence, yield of reevaluation, and outcome following reoperation.

J Neurosurg 2010;113(1186):1194.

11. Cabrera D. Factores pronósticos de control de crisis en las epilepsias del lóbulo temporal. In: Toro ME, Cornejo W, editors. Epilepsias del lóbulo temporal. 2011.

12. Won H, Chang KH, Cheon J. Comparison of MR imaging with PET and ictal SPECT in 118 patients with intractable epilepsy. AJNR Am J Neuroradiol 1999;20:593-9.

Integrantes de los grupos de investigación Biotecnología y Química Farmacéutica y Alimentaria participantes de la rueda.

Fotos Sergio Andrés Alzate Sepúlveda

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Área de ciencias sociales y humanas mostró sus proyectos en innovación

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n total de 56 grupos de investigación de la Universidad de Antioquia participó en la novena rueda de innovación y negocios Tecnnova 2014. Trece de ellos expusieron sus investigaciones en los campos de las ciencias sociales y humanas, buscando atraer inversionistas para sus proyectos, y a colegas investigadores con quienes compartir sus descubrimientos y avances.

Pablo Javier Patiño, vicerrector de Extensión de la Universidad de Antioquia, resaltó la participación de las ciencias sociales y humanas en Tecnnova. “Las ciencias sociales permiten visibilizar la transformaciones gestadas por los avances tecnológicos en la sociedad”, opinó. De esta manera, las sociedades –desde sus singularidades– definen las líneas investigativas de la innovación social.

“Pueden existir miles de necesidades que dependen de las comunidades y del entorno de cada una de ellas en materia social, ambiental, política, económica”, declaró Javier Patiño. Con base en esos factores intrínsecos de la sociedad, los grupos investigativos de las facultades de Ciencias Sociales y Humanas, Comunicaciones y Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia han definido su norte innovador.

También participó el Instituto de Estudios Regionales, INER.

Para Gloria Matilde Zuluaga, coordinadora del grupo Ser Humano y Trabajo, uno de los cinco grupos de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, no es extraño que la innovación social tenga un espacio en la innovación tecnológica. Si bien fue la primera vez que el grupo participó en este evento, se ha trabajado el tema en otras convenciones.

El motivo para participar en Tecnnova fue “el querer tener más contactos con otros grupos de investigación y con las consultorías de las organizaciones”, dijo Gloria Matilde. Todo esto con el fin de permitir un intercambio de tecnología blanda (conocimiento) entre grupos, creando, así, una red de contactos con quienes compartir y retroalimentar sus propias investigaciones. ¿Qué gana una empresa invirtiendo en las ciencias sociales?

Según Gloria Matilde Zuluaga, “a las organizaciones no las hacen ni el dinero ni las máquinas; las hacen las personas. O se piensa al ser humano como el centro de las empresas, o pueden olvidarse de tener empresas”.

Los otros grupos participantes de Ciencias Sociales y Humanas fueron Kultur (investigación, asesoría y consultoría histórica), RAS (Redes y Actores Sociales), Psyconex (evaluación de vulnerabilidad psicológica) y el Laboratorio de Comidas y Culturas.

Por su parte, la facultad de Comunicaciones participó con dos grupos: Estudios de Literatura y Cultura Intelectual Latinoamericana, y Psicolingüística y Prosodia.

El primero de estos grupos busca la difusión de la cultura intelectual latinoamericana desde la ilustración y el pensamiento aborigen, en especial el colombiano.

Fotos Sergio Andrés Alzate Sepúlveda

Por SERGIO ANDRÉS ALZATE SEPÚLVEDA

Pablo Javier Patiño, Jorge Iván López y Mauricio Hernández Valdivieso, en rueda de prensa sobre tecnologías para el sector salud e innovación social.

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Catalina Ángel, miembro del grupo de investigación, declaró que la importancia de esta línea investigativa radica en “mostrar nuevas formas de hacer educación. No desde los libros de texto, sino desde la investigación misma”.

El otro grupo, Psicolingüística y Prosodia, está a cargo de Mercedes Muñetón, doctorada en psicolingüística experimental y aplicada. Mercedes considera un error la percepción colectiva que asocia tecnología e innovación solamente con las ciencias exactas. “Las investigaciones en comunicación, específicamente las TIC (tecnologías de información y comunicación), pueden mejorar diferentes procesos cognitivo como la lectura y la escritura”, argumentó, para resaltar cómo un grupo social y humano crea avances científicos igual de importantes que los de los saberes exactos.

Sin embargo, como investigadora en psicolingüística, es consciente de lo difícil que puede ser vender un producto social. Pero, al mismo tiempo, sabe que las utilidades de éste son necesarias.

“Estamos de últimos en las pruebas Pisa”, dijo, y por eso “lo que tenemos es muy necesario para Colombia, pues hay que desarrollar en los niños los procesos cognitivos; y eso ofrece nuestro grupo de investigación”.

El INER participó en Tecnnova con dos grupos: Conflictos y Violencias, y con Recursos Estratégicos. Elizabeth Montoya Ochoa, asistente de investigación y de extensión del Instituto de Estudios Regionales, cree que esa participación fue la oportunidad “grandiosa” de mostrarle a la comunidad las actividades realizadas por la dependencia.

“Usualmente se cree que lo matemático es lo que sirve. Que dos más dos es igual a cuatro. Pero nosotros, como parte de los social y humano, nos preguntamos el por qué da cuatro, cómo es el desarrollo para llegar hasta ahí”, dijo Elizabeth para quien esa sería la diferencia primordial entre investigación social y exacta. De resto, según su experiencia, ambas ciencias buscan la exactitud por medio de una seriedad metodológica.

Finalmente, la facultad de Ciencias Económicas participó con cuatro grupos: I-Mark (investigación en marketing), Gestión Organizacional y Tecnológica, Grupo Comportamiento Humano y Organizacional (COMPHOR) y el Grupo de Investigación de las Ciencias Contables.

Además de la Universidad de Antioquia, en Tecnnova 2014 que se cumplió el 19 y 20 de agosto, participaron otras 21 universidades. El total de grupos de investigación fue de 190. Entre empresas y miembros del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación acudieron más de 330 organizaciones a Plaza Mayor, sitio donde se reunió la ciencia, tecnología e innovación de Colombia.

Acuerdo por lo Superior 2034

Nº 635, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, septiembre de 2014

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Los siguientes artículos dan cuenta de algunos análisis iniciales del documento Acuerdo por lo superior 2034, entregado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, como propuesta de reforma a la educación superior en el país. El objetivo de este especial del periódico Alma Máter es dar a conocer algunas opiniones de los elementos centrales del acuerdo con el objeto de enriquecer su debate.

El documento, publicado en mayo de este año, es el resultado del trabajo liderado por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. Durante varios meses, el máximo organismo nacional del ámbito convocó a todas las asociaciones de instituciones de educación superior –IES– (universidades, tecnológicos y técnicas), además de estudiantes, asesores nacionales e internacionales, comunidad, sector productivo y organismos gubernamentales. La tarea: pensar cómo debe ser la educación superior en Colombia, plantear metas y formular las estrategias para llegar a ellas.

Investigación y educación: un diálogo esencial Por SERGIO URQUIJO

al Gobierno Nacional y al país”, señaló Uribe Correa.

Articulación

“

La educación superior es un patrimonio de todos los colombianos, porque beneficia incluso a quienes por distintas causas no participan en ella”. Este primer enunciado del documento Acuerdo por lo superior 2034 indica por qué toda la sociedad colombiana debe involucrarse en determinar cómo debe ser la educación superior en el país, con el año 2034 como meta.

El rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, es consejero del CESU como representante de las universidades públicas. Para él, “el Acuerdo es un hito en el país: ninguna propuesta pública se ha elaborado con tanta democracia, con tanta participación, con tanta asesoría.

En mesas y foros participaron cerca de 34.000 personas de todas las regiones”.

Los 10 puntos del Acuerdo son aquellos en los que hubo consenso tras las deliberaciones en el CESU. “En otros 7 puntos debatidos, como es el caso de autonomía o de la denominación de instituciones, no hubo acuerdo y por tanto no fueron incorporados en la propuesta”, indicó el rector.

Los puntos fueron enviados al Gobierno Nacional, que deberá analizar la propuesta y determinar el paso a seguir.

“Ya comenzamos a divulgar el acuerdo en la Universidad, y habrá jornadas de reflexión y discusión.

Por ello no puedo hablar en nombre de la institución hasta que no se haga todo este proceso; pero a título personal estoy satisfecho con los 10 puntos que se enviaron

Una de las características importantes de la propuesta Acuerdo por lo superior 2034 es la exigencia de mayor articulación entre la educación y la investigación. “En muchos países desarrollados la investigación y la educación están en un solo ministerio. Entre nosotros están divididos, pero tienen que ir de la mano”, señala el rector Uribe Correa.

Esta articulación en Colombia parecería obvia, dado que el 90% de los grupos de investigación están en universidades (mientras solo un 2,5 % en centros de investigación).

En el documento no se cuantifica la investigación independiente ni la hecha por empresas, pero se recuerda que el Sena ha comenzado con procesos de investigación e innovación, planteados como parte esencial de su plan de desarrollo.

Sin embargo, esta dependencia investigación–universidad es controvertida. Por un lado, en los países más desarrollados tienen una amplia participación de empresas privadas en I+D. Por otro lado, la ley colombiana aún no apuntala un verdadero trabajo conjunto. Colciencias, organismo rector de la investigación científica en el país, no tiene asiento en el CESU. Tampoco el Ministerio de Educación está directamente involucrado en el Sistema Nacional de CTeI. Esto puede tener que ver con conocidas falencias: solo 7% de los docentes universitarios tienen estudios de doctorado; no existe como tal la carrera de investigador como opción de vida y hay muy poca articulación entre instituciones para investigar.

La formación de investigadores dependerá en buena parte de la calidad de los posgrados. Por ello es preocupante que de los 3.952 programas de posgrado que se ofrecen en el país, solo el 30% sean maestría y doctorado, que son los vinculados a investigación. Además, el 67% de estos programas se concentran en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. En general, las capacidades científicas del país están fuertemente concentradas en las tres principales capitales del país.

También se evaluó el desbalance en egresados de cada área. Por ejemplo, solo el 1,6% de los títulos otorgados en 2012 fueron en ciencias exactas y naturales (contra 35% en economía, administración, contaduría y afines, el área con más profesionales graduados). Queda por determinar qué proporción de esos egresados pueden formarse y dedicarse a la investigación.

“La formación al más alto nivel está aliada con la investigación y, del mismo modo, el conocimiento producido tiene que revertirse sobre la educación”, comentó el rector Uribe Correa. “Es ideal que trabajen muy de la mano, con unos propósitos comunes, con unas sinergias muy importantes que vayan en bien de la investigación y de la educación, en bien del país”.

El documento también menciona la necesidad de dialogar con las entidades de investigación que no son instituciones educativas, como son los centros de investigación, los laboratorios nacionales y las organizaciones independientes.

Estándares conjuntos, regionalización, fortalecimiento de la formación de alto nivel, promoción de la investigación conjunta con empresa privada, incentivos laborales para investigadores, apertura social del conocimiento, creación de más centros de investigación y exencio-

nes tributarias a la importación de equipos y reactivos para ciencia.

Estas y otras estrategias propuestas en el documento requieren de integración del Ministerio de Educación, Colciencias, las IES y entidades como la DIAN y el Ministerio de Trabajo. Un reto mayor para una sociedad que apenas comienza a valorar el conocimiento.

Recursos El documento se refiere al aumento gradual del presupuesto para investigación y desarrollo, ítem que en algunos apartes es equiparado a ciencia, tecnología e innovación. Partiendo del 0,46% del Producto Interno Bruto –PIB– que actualmente se dedica al área en Colombia, se propone el aumento gradual vasta ajustar, en 2034, el 1,34% del PIB. Otras iniciativas surgidas en años recientes han propuesto que para ciencia y tecnología debería dedicarse por lo menos un 2% del PIB nacional, pues aún falta mucha infraestructura y formación.

“No es suficiente, nunca serán suficientes los recursos para investigación ni para educación.

Pero esta es una meta que creemos lograble, y que queremos que el país la piense y la defienda”, afirmó el rector Alberto Uribe Correa. “Se tiene claro que se necesitan muchos más recursos, no solo para la formación de ese recurso humano, sino para invertir en proyectos de desarrollo y que esa investigación dé respuesta a problemas del país”.

Más allá de los detalles, que están sujetos aún a la revisión y sugerencias de todos los actores, hay consenso en la necesidad de un mayor apoyo financiero a investigación como base para la mejora educativa y el desarrollo científico de un país que necesita mucho más conocimiento e innovación.

Acuerdo por lo Superior 2034

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Retos para el profesorado de la Universidad de Antioquia Por VICERRECTORÍA DE DOCENCIA

Una faceta distinta de análisis señala cómo en el mundo los doctorados se han venido diversificando, de manera que algunos tienden hacia la generación de conocimiento en su significado más fundamental, mientras que otros se orientan hacia la innovación y otros hacia el desarrollo.

E

l Acuerdo por lo superior 2034 es la propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia. Si bien se trata de una carta de navegación que orienta con claridad buena parte de la política educativa que Colombia debería desarrollar como apuesta para equipararse a los niveles de aquellos países que tanto se admiran (y que para el caso de la educación superior tienen a sus instituciones incluidas entre los primeros puestos de los ranking más reconocidos), es necesario señalar que el papel y el perfil de quienes tienen en sus manos las acciones directas para lograrlo, queda bastante implícito: nos referimos al profesorado.

La reflexión que se presenta a continuación pretende llamar la atención sobre algunos de los retos que deberá asumir el profesorado que la Universidad requiere, para contribuir con el escenario más deseable para el país.

No se trata de una revisión exhaustiva sino más bien de un ejercicio para identificar los desafíos respecto a ciertas temáticas.

La educación inclusiva con acceso, pertinencia y graduación es una temática en la que el papel del profesorado se sitúa en la elaboración de currículos acordes con las realidades que son propias a cada región de la geografía antioqueña, además de prepararse para ponerlos en marcha. Veamos esta situación: La Universidad garantiza en cada admisión dos cupos por carrera para miembros de las comunidades indígenas y otros dos para afrodescendientes. Allí hay un avance en el acceso a la Universidad para grupos vulnerables.

No obstante, la deserción en estos grupos étnicos es de las más altas y una de las razones es que los estudiantes, por una parte,

proceden de entornos en los cuales la educación básica y media presenta grandes problemas. Suponiendo que estos quedan resueltos, habría que preguntarse si los estudiantes ¿logran adaptarse a las formas culturales occidentalizadas de pensamiento sobre las cuales están diseñados nuestros currículos actuales?; ¿hasta qué punto, estas carreras profesionalizantes son las que necesitan para potenciar el desarrollo de las comunidades a las que pertenecen? Y para el caso de estudiantes con limitaciones visuales o auditivas, ¿son pertinentes todas las carreras?; ¿cuáles son las posibilidades reales de incorporación de un profesional con alguna de esas condiciones al ciclo productivo del país?

Hoy en día, la Universidad de Antioquia es la segunda del país en número de profesores con doctorado. Este es un requisito necesario para cumplir con las metas de investigación y desarrollo, I+D, en especial porque los profesores que investigan cumplen una papel estructural en la configuración de un sistema nacional de ciencia y tecnología. Desde que la Universidad definió en su visión la de ser un referente en investigación para el país han tenido lugar múltiples discusiones sobre las consecuencias de esta determinación, algunas de las cuales no terminan de resolverse: hay quienes piensan que la Universidad debería especializarse en ciertas áreas del conocimiento (como la salud) que prometen grandes avances en I+D, pero otros consideran que en las actuales condiciones sociales su papel debe ser el de potenciar todas las áreas del conocimiento. Una faceta distinta de análisis señala cómo en el mundo los doctorados se han venido diversificando, de manera que algunos tienden hacia la generación de conoci-

miento en su significado más fundamental, mientras que otros se orientan hacia la innovación y otros hacia el desarrollo. ¿Cuál de estas tendencias le conviene a la región?; cuando un profesor opta por una comisión de estudios doctorales, ¿esta decisión no debería estar supeditada al papel que cumplirá la Universidad en términos de investigación?

Y los profesores que tienen una amplia trayectoria investigativa, ¿están en condiciones de modificar sus propios intereses para ajustarlos de manera que su saber y los productos de sus investigaciones sean reconocidos como pertinentes?

El eje temático relacionado con la promoción y articulación de nuevas modalidades de educación implica que los profesores sean capaces de enseñar a grupos de estudiantes de las más variadas características. En este punto, lo primero sobre lo que hay que llamar la atención es que es la Facultad de Educación la que puede arrojar luz sobre las distinciones entre educación virtual, dual, semipresencial y a distancia —entre otras denominaciones— y la que debe indicarle a la Universidad cómo formar a los profesores mediante programas como el de Desarrollo Pedagógico Docente, para que enseñen en esas modalidades.

Lo segundo es un reto para el profesorado: aceptar que la Universidad requiere que los profesores con las más altas titulaciones asuman docencia en pregrado, porque es en ese nivel donde se necesita que el profesor experto enseñe a sus estudiantes a pensar usando los modelos (teóricos, conceptuales, metodológicos) propios del área de conocimiento, a la vez que explicita las posibles relaciones con otras áreas de manera que los acerca a las fronteras del cono-

cimiento no solamente para mostrarles las preguntas por resolver, sino la necesidad de entrar en comunicación con otros conocimientos para resolverlas, en especial cuando la respuesta va de la mano con la innovación y el desarrollo. En otras palabras, el profesor es un modelo intelectual a seguir.

Supongamos que en la Universidad se acepte esta última premisa. ¿Cómo hace un profesor doctor que dirige un grupo de investigación, que tiene bajo su responsabilidad varios proyectos, a los que están vinculados estudiantes de maestría o doctorado, para ausentarse de sus labores en la sede central e irse durante el tiempo que sea necesario a la región donde hace tanta falta? En situaciones como esas es donde surge el tercer elemento de análisis: reconocer que la clase presencial no siempre es el modelo de interacción adecuado cuando se piensa en las actuales generaciones de estudiantes y en donde están ubicados quienes más necesitan a los profesores doctores o magíster. El reto para el profesorado consiste en aprender a ubicarse en el punto de vista del estudiante para identificar desde cuáles formas de conocimiento está entendiendo el mundo y, en consecuencia, las dificultades que enfrenta cuando intenta aprender a pensar desde las teorías, modelos conceptuales y otras formas culturales de pensamiento sobre las cuales estén diseñados los currículos. A este reto hay que añadirle el de reconocer cuál es la modalidad educativa que mejor se adapta para ayudarles a los estudiantes a alcanzar las metas de formación. No hay duda respecto a que la Universidad tiene que empezar desde ahora a redefinir qué tipo de profesores debe vincular en las futuras convocatorias y qué formación requieren para responder a retos como estos. La discusión está abierta.

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Lineamientos generales sobre el gobierno universitario Por FRANCISCO CORTÉS RODAS*

La representación está estrechamente relacionada con la racionalidad y en este sentido con la idea de universidad como el “espacio de la razón” y el de una esfera pública. El espacio creado por medio de las razones constituye una base compartida y común del pensamiento y las acciones fundamentadas.

E

n esta breve evaluación sobre el Acuerdo por lo Superior 2034 en relación con la política y la democracia en la universidad se puede comenzar diciendo que i) da unos lineamientos muy generales sobre el gobierno universitario; ii) es impreciso en su formulación conceptual y iii) desarrolla sus ideas con una forma y un lenguaje claramente tecnocráticos. En el Acuerdo se encuentran principios que están ya propuestos en la Ley 30 de 1992 como autonomía, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, amplia participación y empoderamiento.

Pero no hay nada novedoso sobre lo que debe ser el gobierno universitario. En este sentido, se puede decir que los autores del Acuerdo no han pensado a fondo el asunto de la democracia en la universidad.

Con el fin de plantear lo que debería significar la política democrática en la universidad quiero mostrar cómo se pueden enfrentar las serias deficiencias de representación y participación en los consejos universitarios. Esto ha sido señalado por varios autores quienes han dicho que algunas estructuras del gobierno universitario, definidas a partir de la Ley 30 de 1992, están viciadas por el clientelismo y por prácticas reeleccionistas que han llevado a perpetuar en el poder en varias universidades del país a unas élites administrativas y no académicas. Por ejemplo, un rector reelegido por más de dos períodos puede llegar a producir un evidente desequilibrio institucional al impe-

dir la renovación de los dirigentes académicos, al frenar el cambio de equipos y de programas de gobierno universitario y al desnaturalizar el principio de la igualdad en el proceso de elección rectoral.

Así, se puede afirmar que la forma de representación dominante en las universidades públicas, definida por la mencionada ley, se ha convertido en el instrumento más adecuado para que los gobernantes universitarios y consejeros se entreguen a procesos de acumulación de poder más allá de lo que es razonable y funcional. La mayoría de estos representantes y líderes universitarios en el fondo se han separado de sus representados y actúan como si gozaran de un poder que les es debido por costumbre o por sus buenos resultados financieros. Esto rompe nuestro sentido de lo público y de lo democrático.

Las reglas que definen hoy la representación en las universidades públicas no son claras y permiten una utilización puramente instrumental del poder. Por ejemplo, el artículo 30 del Estatuto General de la Universidad de Antioquia determina de forma muy vaga las responsabilidades de los miembros del Consejo Superior. Las ideas fundamentales de la representación no están establecidas aquí, ni están planteados los instrumentos por medio de los cuales puede darse una comunicación clara y transparente entre representantes y representados, ni hay mecanismos de rendición de cuentas sobre la gestión de cada uno de los primeros ante los segundos.

A partir de esto es necesario plantear que en la formulación de una nueva ley de educación la representación política debe ser verdadera. Es necesario desarrollar los mecanismos de participación democrática que hagan posible establecer la vinculación de cada uno de los representantes con sus representados no solamente para la elección de aquellos, sino para poder determinar sus responsabilidades políticas y controlar su gestión.

Representar en términos democráticos significa actuar en interés de los representados de una manera que responda a ellos. El sistema representativo en la universidad debe dar cuenta de los intereses y pretensiones de estos. Esta idea tiene como corolario que para su realización debe haber mecanismos institucionales con el fin de que el representante reaccione ante los representados, dé cuenta de su gestión y lleve su voz en el momento de la toma de las decisiones en los organismos colegiados.

La representación está estrechamente relacionada con la racionalidad y en este sentido con la idea de universidad como el “espacio de la razón” y el de una esfera pública. El espacio creado por medio de las razones constituye una base compartida y común del pensamiento y las acciones fundamentadas. Lo público en la universidad es una entidad en la cual los universitarios pueden dirigirse los unos a los otros de manera abierta y libre con argumentos y razones.

En la forma de representación dominante

la mayoría de nuestros mandantes y gobernantes universitarios se han separado de nosotros como sus representados, se han separado de lo público. En ciertas decisiones fundamentales, como el nombramiento del rector o los decanos de las facultades, los consejeros constituyen un espacio aparte en el que hacen valer solamente sus intereses particulares o los de sus grupos. Se niegan en estos casos centrales de la vida académica a hablar en el “espacio universitario de la razón” con razones y argumentos. La política de la razón comunicativa y deliberativa es desplazada por una política del poder instrumental. De este modo, estos actores se sitúan en un más allá del lenguaje y la razón, en el lugar de un poder que trasciende lo social.

En un lugar ajeno al poder democrático.

Al valerse del poder de decisión que les hemos otorgado, nuestros representantes, rectores y decanos asumen que tienen autoridad sobre todos nosotros. La pretensión de igualdad que tienen los miembros del espacio público universitario se rompe cuando los poderes representativos se convierten en poderes absolutos. Para recomponer la democracia en la universidad es necesario recomponer la representación y para esto se requiere impedir que los espacios de decisión queden por fuera de la esfera pública de las razones y los argumentos.

* Director Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia

Acuerdo por lo Superior 2034

Acuerdo por lo Superior 2034

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El financiamiento de las universidades ¿Son viables las propuestas del Acuerdo?

Por MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ*

El Acuerdo por lo superior 2034, a pesar de las generalidades presentadas, propone resolver el tema del financiamiento con varias iniciativas, complicadas en lo político y por la intervención de varios actores, las cuales requieren mucha creatividad y realismo a la hora de llevarlas a la práctica.

E

l financiamiento de las universidades, como lo reconoce el mismo documento Acuerdo por lo Superior 2034 presentado por el Consejo Nacional de Educación Superior — CESU—, no es un fin en sí mismo. El financiamiento de cualquier actividad es un medio para alcanzar los objetivos propuestos.

En este sentido, lograr que la educación en general y la superior en particular se conviertan en uno de los pilares del desarrollo requiere disponer del financiamiento adecuado.

Si bien en la Ley 30 de 1992 está claramente estipulada la participación de la Nación y de los entes territoriales (artículos 86 y 87), el modelo ha presentado dificultades en la financiación de las universidades, que se ha traducido en una insuficiencia de recursos en los últimos veinte años. Insuficiencia, a pesar de que la Nación ha estado por encima del crecimiento vegetativo planteado en el artículo 86 y también porque el artículo 87 entrega recursos exiguos fundamentalmente por la interpretación dada al texto de la ley. Esta situación ha llevado a las universidades no solo al congelamiento de la planta de profesores regulares sino al uso intensivo de profesores ocasionales y de hora-cátedra.

El Acuerdo por lo superior 2034, a pesar de las generalidades presentadas, propone resolver el tema del financiamiento con varias iniciativas, complicadas en lo político y por la intervención de varios actores, las cuales requieren mucha creatividad y realismo a la hora de llevarlas a la práctica; veamos algunas:

Principio de la progresividad. El documento plantea la participación de las familias en la financiación de la educación de sus miembros, y para ello acude al principio de la progresividad; es decir, que aquellas familias que tengan capacidad de pago contribuyan con una parte del valor de los costos de la educación. Aunque justo, en principio, por lo que representa la formación profesional en el aumento de los ingresos de los individuos una vez entran en el mercado laboral, queda la duda de si el Estado tiene la fuerza suficiente para lograr la viabilidad y puesta en marcha de este principio cuando, desde el mismo gobierno, se escuchan voces promoviendo la gratuidad de la educación superior.

El profesorado y el financiamiento de las universidades. Es importante señalar que aproximadamente el 80% de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de nóminas, tanto docente como administrativa. En este sentido, el documento menciona como requisitos de calidad el grado de estabilidad laboral de los profesores de planta y aun de los profesores de cátedra y temporales (ocasionales). Los docentes llamados ocasionales ya representan casi el 30% del total, cuyas condiciones de estabilidad no son claras. El logro de las metas de cobertura, calidad, regionalización e internacionalización no puede seguir implicando un aumento desmedido de las formas de contratación de horas-cátedra y de docentes ocasionales.

El documento señala que los nuevos recursos destinados a la docencia y a la administración se con-

vertirán en componente fijo. Habrá que aclarar qué se entiende por “fijo”; es decir, si harán base presupuestal y crecerán de manera constante y, además, ¿cómo financiar el aumento de la planta por ampliación de cobertura y por las demás metas propuestas?

Bolsas concursables: recursos variables. Se propone destinar recursos, a través de bolsas concursables, orientados a la cobertura, calidad, pertinencia, bienestar, gestión, etc. Esta figura, aunque no es nueva, ha demostrado premiar a las universidades llamadas grandes que son a su vez las que más recursos reciben del Estado y las que precisamente muestran los mejores indicadores en esos ámbitos de la vida universitaria. Probablemente, a menos que se definan muy bien los criterios de asignación de los recursos de esas bolsas concursables, podría presentarse una mayor concentración de recursos en las universidades de mayor complejidad, lo cual entraría en contradicción con el anhelo de hacer crecer a las universidades de menor desarrollo.

Nuevas fuentes de financiamiento: más participación de las entidades territoriales. En el caso de la Universidad de Antioquia, la situación ha sido favorable por cuanto los aportes que provienen del Departamento se acercan hoy a los $30 mil millones anuales, dando cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992; no así en el caso del municipio de Medellín que quedó exento de participar en el funcionamiento de la Institución por meras razo-

nes circunstanciales de la misma ley. Si bien, el municipio de Medellín en varias ocasiones ha hecho aportes extraordinarios significativos a la Universidad, estos no constituyen base presupuestal. El hecho de que en el documento se plantee esta situación abre la posibilidad de que en una futura ley de educación superior se pueda incluir la participación de los municipios definiendo una línea de base diferente a la actual.

Retribución del egresado. Que los egresados participen en el financiamiento de las instituciones de educación superior ha sido una idea antigua.

La dificultad radica en su operatividad. Se argumenta que el egresado, una vez ingresa al mercado laboral, empieza a pagar impuestos como el de la retención en la fuente y, en no pocos casos, el impuesto de renta que son justamente las fuentes de financiamiento del presupuesto de gastos de la Nación, incluida la educación superior. El país ha desistido de los impuestos con destinación específica, lo cual haría muy difícil este tipo de retribución, además de los asuntos de identificación y ubicación de los egresados.

En síntesis, el país tendrá que hacer un esfuerzo grande no solo para la consecución de nuevos recursos sino para diseñar los instrumentos necesarios para su aplicación, de tal manera que las propuestas sean viables política y económicamente y así poder lograr las metas planteadas en el documento.

*Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas

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¿Significa hoy algo la reforma de la universidad colombiana?

Por JUAN GUILLERMO GÓMEZ GARCÍA*

La genuina formación universitaria hace del estudio, no el camino a la profesión rentable, sino el fin de su propia auto-formación humana.

La universidad cumple con inculcar el único derecho que cabe al estudiante: incentivar su pasión por el conocimiento científico y su amor perseverante por los estudios superiores. Porque formación significa en la universidad romper el estrecho círculo de los perjuicios, liberar la mente de las taras culturales que nos son destructivas y que dominan —por comodidad ideológica o cobardía civil— nuestra inteligencia.

L

a reforma del sistema de educación superior que emprende el gobierno tiene el doble propósito de legitimar el aumento masivo de matrícula universitaria en los últimos años y enmascarar la desfinanciación creciente del Estado a la educación superior.

La cuadratura del círculo de masificación y privatización salta a la vista y oculta la pregunta de ¿qué universidad para qué sociedad? Si se trata de brindar una educación práctica que se armonice con la sociedad global del consumo, no hay nada que reprocharle.

Si detrás de la reforma bullen los gérmenes de una nueva sociedad, las cosas resultan un fiasco.

Por lo demás rotundo.

Entre 1960 y hoy, en estos cincuenta años se ha pasado de cerca de 20.000 estudiantes en la universidad a casi un millón novecientos mil estudiantes en la instituciones de educación superior, IES. Esta cifra, de un aumento en casi cien veces, es parte de un proceso de modernización traumática de la estructura social colombiana. El ingreso a la universidad o al sistema de educación ha sido parte de los mecanismos de integración y participación de grandes segmentos de la población en la democracia —al lado de la integración institucional en sindicatos, partidos, asociaciones de otro género— y en general en lo que cabe llamar como secularización de la sociedad. Ella presupone, como se dice clásicamente, una transformación de la vieja estructura polar —elites y clases populares—, por una más plural y segmentada y consiguientemente en la

aparición de difusos sectores medios. En nuestro caso esta transformación ha sido acelerada y sin planificación efectiva por parte del Estado, y sus efectos han resultado contraproducentes.

La masificación ha aumentado el sentimiento de anomia del estudiante y el de impotencia del profesor; para el primero se mueve en una maquinaria de oportunidades evasivas y para el segundo el ejercicio docente se traduce en una repetición masoquista de compensación frente a la pérdida de la personalidad auténtica, que se estimula solo en el himno onanista del autoritarismo y la sujeción patológica del placer de ser mandado, la comodidad sumisa de obedecer.

Nunca se ha comprendido suficientemente que la democratización de la matrícula universitaria solo beneficiaría a amplios sectores de la población que antes carecían de esta incorporación en los bienes de la cultura intelectual, si esta educación es de calidad; mejor aún, de una calidad respetable y propia. Los muy discutibles contenidos curriculares y los modelos aculturales que se introducen en esta carrera por la masificación universitaria llevan a la abierta confusión.

Giran ellos prioritariamente en una especie de vacío histórico y abrazan cualquier modelo que se presente acorde con la expansión del mercado emergente. El potencial o reserva cultural de una tradición política e intelectual propia le es ajena: punto de partida sin el cual apenas se pueda empezar a hablar de una nueva universidad.

Del seno de la sociedad colombiana ha

nacido un impulso incontenible de educarse, pero ello se ha traducido de hecho en un educarse sobre la base imprecisa, perversa y en contra vía de lo que ello debería ser en una sociedad moderna, a saber, la fuente no solo de sacar de un individuo lo mejor de sus facultades intelectivas y morales —en el sentido kantiano— sino educar para fundar las bases de la personalidad autónoma, la diferenciación, la especialización y el cambio social. Solo ello garantiza al propio tiempo la cohesión social y la moral pública, como fue el ideal expresado por Émile Durkheim hace más de un siglo. Esto implicaba la acción de eficaz intervención del Estado, para la garantía de que la educación no quedara a merced de la arbitrariedad de los particulares (César Pérez o Silvia Gette como modelo rectoral), para evitar que el profesor infundiera entre los alumnos sus prejuicios personales y, en fin, para contribuir a construir la comunidad de ideas racionales, científicas y democráticas por las que se rigen las sociedades modernas.

Por lo demás, no es fácil estar a la altura de los grandes problemas, poner en tensión la disciplina universitaria elegida con la experiencia de la historia de la verdad y la investigación. Son pocos, realmente, quienes están dispuestos anímica y mentalmente a hacer los grandes sacrificios, a tener el coraje, la firmeza y la persistencia, para afrontar los desafíos de la ciencia moderna y su compleja dinámica con el mundo contemporáneo.

En otras palabras, tomar conciencia de la seriedad del conocimiento, del papel que él cumple

en las sociedades en desarrollo —si cabe el concepto— o de dependencia perpetua. Porque es en esa conciencia —conciencia intelectual del proceso de la modernidad— de los límites del conocimiento científico como realización humana, que se pone el sujeto en una verdadera prueba de fuego con el saber para la libertad, la justicia, la solidaridad.

La genuina formación universitaria hace del estudio, no el camino a la profesión rentable, sino el fin de su propia autoformación humana. La universidad cumple con inculcar el único derecho que cabe al estudiante: incentivar su pasión por el conocimiento científico y su amor perseverante por los estudios superiores. Porque formación significa en la universidad romper el estrecho círculo de los perjuicios, liberar la mente de las taras culturales que nos son destructivas y que dominan —por comodidad ideológica o cobardía civil— nuestra inteligencia.

El CESU se ha abocado en ahondar la zanja de los prejuicios. Los prejuicios son el origen de la violencia, el enmascarado de plata de las crecientes y diversas injusticias. Una reforma universitaria se justifica si ella propende por sanar las heridas, restablecer los vínculos rotos, soñar responsablemente con la paz nacional.

Nada de ello contiene la reforma de Santos. Como en estas condiciones toda interpretación es una falsa interpretación, hasta se puede afirmar que la mejor reforma es la no reforma.

* Profesor de la Facultad de Comunicaciones

Acuerdo por lo Superior 2034

Acuerdo por lo Superior 2034

Nº 635, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, septiembre de 2014

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Facultades de educación en la política pública universitaria Por CARLOS ARTURO SOTO LOMBANA

Las estrategias propuestas por el Cesu que incluyen la regionalización y las nuevas modalidades educativas son inherentes a los objetos de estudio e interés de las facultades de educación.

Es tiempo de reconsiderar el estatus de las facultades de educación en el entramado universitario del país.

E

n la historia reciente de Colombia no ha existido una mejor oportunidad para hacer de la educación la prioridad y el foco de atención de la sociedad y de los gobiernos locales y nacional.

La propuesta del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, sobre política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia (en el escenario de la paz) representa un marco de buenas intenciones, que se aspira sea adoptado por el Gobierno Nacional.

Colombia la más educada representa una aspiración de una sociedad que quiere dejar atrás la violencia, la pobreza y avanzar en el camino de la equidad. Para nadie es desconocido que el país presenta grandes desequilibrios entre regiones; el medio rural tiene un atraso con respecto al contexto urbano en términos de oportunidades en educación, salud, empleo y desarrollo.

Gran parte de las discusiones han estado centradas en el papel de los maestros como ciudadanos y profesionales transformadores, líderes en una sociedad agobiada por los problemas de corrupción, violencia y con una clase política que no ha logrado conectar con los desafíos del país. Los resultados de los niños y jóvenes en las pruebas PISA y Saber, han sido los detonantes en este movimiento nacional por la educación. La mirada se ha dirigido a las instituciones de educación formal y por consiguiente a los maestros de Colombia.

Al focalizar la mira en los maestros, de una forma indirecta se ha responsabilizado a las facultades de educación o las unidades formadoras (escuelas normales superiores, escuelas e institutos de educación que forman maestros).

Este señalamiento, que no es nuevo, debe convocar a las universidades y entes gubernamentales del Estado con responsabilidad

en la formación de los educadores para reflexionar sobre el compromiso con la formación de los maestros de Colombia.

Las actuales facultades de educación tienen sus orígenes en la década de los años 50 del siglo pasado. Es en esta época cuando se crea la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, entre otras instituciones para formar educadores a nivel universitario. Este gran impulso del Estado colombiano a través de sus universidades, no tuvo continuidad y sostenibilidad en el tiempo, lo que llevó a un progresivo debilitamiento de las instituciones formadoras en beneficio de la creación de otras profesiones y disciplinas.

El caso de la Universidad de Antioquia ilustra este proceso de debilitamiento institucional de su Facultad de Educación.

En 1960 a cuatro años de creada la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Antioquia, la institución da un paso al crear el Instituto de Estudios Generales —que ofrecía un año común a todos los programas que tenía la Universidad—. Esta decisión que provocó el cambio de nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación por Facultad de Educación, denominación actual, tuvo como consecuencia la sustracción de los departamentos de Ciencias Básicas y Ciencias Sociales y Humanas, como cuotas iniciales para lo que más tarde la Universidad utilizaría para crear la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a finales de los 60 y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a comienzos de los 80. Los institutos de Filosofía y de Educación Física y la Escuela de Idiomas tuvieron sus orígenes en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Este proceso de debilitamiento de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia no

fue el único del país. A finales de los 90 del siglo pasado, la Universidad de Nariño tomó la decisión de fraccionar su Facultad de Educación para crear las facultades de Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Exactas y Naturales, aislando al Departamento de Pedagogía en lo que es hoy su Facultad de Educación. Un proceso reciente en esta vía lo dio la Universidad Distrital a finales de 2013 al distribuir los programas de Ciencias Básicas y Educación entre las diferentes dependencias de la Universidad.

Sectores del profesorado y el estudiantado de esta institución han logrado frenar momentáneamente la decisión, mientras se consiguen las claridades y consensos universitarios.

Tal vez el acontecimiento más significativo que refleja el drama de la falta de conexión de las facultades de educación con sus universidades fue la decisión de la Universidad Nacional de Colombia de suprimir su unidad formadora de maestros a finales de los 70 del siglo pasado.

Dentro de las razones que se dieron para esta decisión estaban argumentos relacionados con la duplicación de campos de formación (ej. Licenciados en Química y Profesionales de la Química), la baja calidad de la formación de los licenciados, hasta la necesidad de racionalizar los recursos del Estado, dado que existía la Universidad Pedagógica Nacional.

En un contexto histórico más cercano, universidades prestigiosas de Colombia como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Eafit, entre otras, han mostrado interés en la cualificación de los maestros. No obstante, este interés ha estado gravitando en la formación en servicio (cursos de capacitación, consultorías, entre otros) y en la educación avanzada (programas de especialización, maestría y doctorado). Esto esfuerzos, aunque importantes,

son insuficientes en la medida que el foco central debe ser la formación inicial de los maestros.

Actualmente Colombia cuenta con cerca de 380 programas de pregrado en educación ofrecidos por cerca de 80 instituciones de educación superior.

De estas 80 IES sólo 15 tienen acreditación de alta calidad, en las cuales se concentran 154 programas de pregrado.

De las 15 universidades con acreditación de alta calidad solo cuatro instituciones oficiales tienen programas de formación inicial de educadores.

Una apuesta creíble y de largo aliento para transformar el panorama de la formación de los maestros de Colombia es la reconfiguración o reposicionamiento de las facultades de educación dentro de las estructuras académica y administrativa de las universidades, otorgándoles los medios y recursos para fortalecer y proyectar su misión, no sólo en el campo de la formación de los maestros, sino en el fortalecimiento institucional de las universidades para que puedan asumir con propiedad, calidad y pertinencia los desafíos de cobertura en el contexto de la regionalización y uso de las modalidades educativas (presencial y distancia) con el fin de ampliar la influencia de las IES en el contexto rural.

Indudablemente una institución de educación superior que cuente con una facultad de educación tiene un gran potencial para asumir lo que significa una política pública que centra sus objetivos en el acceso e inclusión, calidad, pertinencia e investigación. Las estrategias propuestas por el Cesu que incluyen la regionalización y las nuevas modalidades educativas son inherentes a los objetos de estudio e interés de las facultades de educación. Es tiempo de reconsiderar el estatus de las facultades de educación en el entramado universitario del país.

Nº 635, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, septiembre de 2014

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“El país requiere un ministerio de CTi” Por DIANA ISABEL RIVERA

...hay que mencionar que se ha reconocido como nunca antes que el Estado tiene una gran deuda económica con las universidades, particularmente con las públicas. Aunque se han implementado algunas medidas, no han sido suficientes ni han resuelto el problema. Así que esta política es pertinente en tanto plantea unas estrategias de financiación y llama la atención sobre este como uno de los temas vertebrales.

L

a ciencia, la tecnología y la innovación es uno de los diez pilares que el Acuerdo por lo superior 2034 prioriza para lograr una educación superior de calidad en Colombia.

Una de las propuestas del Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, promotor del Acuerdo, es crear una unidad en el Ministerio de Educación Nacional encargada de gestionar los temas de CTi y de articular a los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

El Consejo también hace hincapié en el fomento de la investigación científica, la creación de nuevas spin off, la regionalización de las actividades científicas y tecnológicas, la creación de capacidades regionales de cara a una adecuada gestión de las regalías, la formación doctoral, la destinación del uno por ciento del PIB para CTi, y una mayor difusión del conocimiento para que la sociedad se interese, lo comprenda, lo valide y lo utilice.

Según el médico e investigador Pablo Patiño Grajales, vicerrector de Extensión de la Universidad de Antioquia, el país requiere un ministerio de CTi. Sus reflexiones a propósito del Acuerdo por lo superior 2034.

¿Por qué es importante el Acuerdo?

—Es un momento histórico. Por primera vez tenemos una propuesta de política pública de educación superior, aunque hay que advertir que no es un documento acabado aún, sí es algo con más proyección; no se trata de crear o reformar una ley, sino de marcar una visión de largo plazo, unos derroteros, unos propósitos y unas grandes estrategias para lograrlos.

Por una parte, está la misma construcción de

una propuesta de política de educación superior y los hechos que la generaron. Que esta se haya construido participativamente y que haya involucrado a diferentes actores de la comunidad académica, la sociedad civil, el sector productivo y el sector solidario para discutir la problemática, amplía las posibilidades de que una política sea bien acogida e implementada efectivamente.

En segundo lugar, hay que mencionar que se ha reconocido como nunca antes que el Estado tiene una gran deuda económica con las universidades, particularmente con las públicas. Aunque se han implementado algunas medidas, no han sido suficientes ni han resuelto el problema. Así que esta política es pertinente en tanto plantea unas estrategias de financiación y llama la atención sobre este como uno de los temas vertebrales.

Una tercera coyuntura es que estamos en el proceso de la posible negociación del conflicto. Con lo cual se abre la posibilidad de una participación mucho más activa de la educación superior tanto en la situación actual como en la etapa de posconflicto o transición.

Por un lado, con los aportes de los académicos y la generación de propuestas de investigación y de alternativas para las comunidades; y por otro, con el acceso a la educación superior para las personas que se reinsertan.

¿Qué plantea el Acuerdo en torno a CTi? —Los problemas nodales que se plantean frente a CTi son ampliamente conocidos desde la Misión de sabios y se han mencionado antes en diferentes documentos de políticas,

normas y estrategias nacionales. Las recomendaciones son pertinentes para resolverlos. Sin embargo, en mi opinión, en Colombia debe crearse un gran ente político de alto nivel, que coordine y regule todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Hay que crear un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Un ente que actúe como gran articulador de la política estatal de CTi, y que incluso marque la línea de lo que los otros ministerios y demás organismos del gobierno deben ejecutar con esa orientación.

¿Cuál es el papel del MEN frente al fomento de CTi? —El tema de ciencia, tecnología e innovación tiene que ser más transversal desde el Estado; por supuesto, el ministerio de Educación Nacional debe participar y enfocarse en cómo lograr que las universidades participen activamente en investigación y desarrollo; pero, con especial énfasis en aquellas instituciones de educación superior que tienen las capacidades, la trayectoria, el talento humano, la infraestructura y el verdadero interés para realizar investigación en la frontera del conocimiento, ya que no todas pueden o desean hacerlo.

Quizás sea una falla de la propuesta, que no hace una diferenciación de las instituciones de educación superior en este sentido: el país requiere de un grupo de instituciones que se puedan denominar universidades de investigación, que no solo tengan la responsabilidad por promover la generación y transferencia de conocimiento sino que alrededor de ellas se constituyan ecosistemas de innovación en distintas regiones del país.

¿La Universidad de Antioquia ya ha avanzado en propuestas que coinciden con las recomendaciones del Acuerdo Superior 2034?

—Algunos de los problemas nodales que recoge el documento están relacionados con la debilidad en la difusión social del conocimiento por parte de las IES; es decir, con la transferencia, el intercambio y la apropiación social del conocimiento.

En ese sentido, desde la vicerrectoría de Extensión estamos avanzando en la creación de una unidad de gestión del conocimiento.

Pero como dije antes, hay asuntos que se pueden resolver desde las propuestas o desde las acciones de la Universidad, pero no funciona si no está articulado con un ecosistema, con un ente de política nacional, con otras instituciones de educación superior, el sector productivo, la sociedad civil y el gobierno.

¿Se queda corta la propuesta con respecto a la realidad de la universidad?

—Hay varios temas que no están explícitos, por ejemplo la cultura y el relacionamiento con la sociedad, especialmente con la población vulnerable, que es ahí donde el tema del conflicto entra a tener un papel muy importante.

Aunque en este documento el sentido de CTi empieza a ampliarse hacía la innovación social y la producción artística y cultural; debe hacerse mucho más explícito dentro de ese desarrollo de la propuesta de política a quién le corresponde ejecutar estas actividades, cuáles son las instituciones de educación superior que tienen las capacidades para entrar a resolver esas necesidades.

Acuerdo por lo Superior 2034

Acuerdo por lo Superior 2034

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Bienestar en perspectiva 2034 Por DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

La inclusión del bienestar como parte de la estrategia de comunidad universitaria lo vincula expresamente con aspectos de la vida institucional con los que hasta ahora tenía, por lo menos desde el punto de vista de la política actual, poca o ninguna relación. Algunos de ellos son la representatividad y participación de los estamentos en los órganos directivos, las formas de contratación docente y del personal administrativo, los procesos de rendición de cuentas institucionales, y la relación con los egresados, exigiendo para éstos el diseño de planes y programa especiales.

E

l Acuerdo por lo superior 2034 se presenta a sí mismo como una propuesta que va más allá de una reforma a la Ley 30 de 1992, y que por tanto supera el estricto ámbito legislativo, generando lineamientos de política para ajustar el sistema de educación superior con visión de futuro, a partir de los desafíos, problemas y oportunidades que con relación a ella se evidencian actualmente.

Un análisis de los cambios que implica el documento de política presentado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, parte necesariamente de considerar el estado de cosas actual, con el propósito de entender qué es lo que hay y qué es lo que se pretende construir.

En el marco normativo y político actual (Ley 30 de 1992 y Acuerdo 03 de 1995 emitido por el Cesu) el Bienestar universitario constituye un ámbito poco definido, pero más o menos delimitado. Es decir, ni la ley ni la política responden qué es el bienestar universitario, pero lo determinan como una serie de programas y actividades orientadas al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. A partir de esta concepción, se sabe más o menos qué hacer y con quiénes.

Con base en la reglamentación y política actual, las instituciones de educación superior, IES, han construido durante las últimas dos décadas sus propios modelos y alcances para el bienestar universitario, lo que ha generado una gran heterogeneidad en el panorama nacional, en el que parece que unas pocas hacen mucho y otras muchas

hacen poco. Esta afirmación, sin embargo, no se puede comprobar empíricamente, pues el sistema de educación superior en Colombia carece de modelos estandarizados de seguimiento y medición de logros e indicadores del bienestar universitario.

Cuando se aborda el Acuerdo por lo superior 2034 salta a la vista un cambio en principio nominal, pero considerando que los nombres deben definir las cosas ha de resultar importante. Consiste en suprimir el apellido “universitario” a la expresión actual, pasando a llamarse “Comunidad universitaria y bienestar”.

El adjetivo “universitario” sirve hoy para delimitar el bienestar propio de las IES, es decir, para centrar su labor y sus programas y salvaguardarlo de extrapolaciones que muchas veces intentan conectarlo con posiciones políticas de asistencialismo social o de “Estado de bienestar”, que escapan al alcance de las universidades. El cambio de nombre a “Comunidad universitaria y bienestar” es todavía más relevante si se tiene en cuenta que también el concepto de comunidad universitaria propuesto por el Cesu se amplía en términos del bienestar, pues mientras el marco de política actual establece como su población objeto a estudiantes, docentes y personal administrativo, la nueva propuesta suma además los egresados, el personal de servicios, “y el resto de actores que hacen parte del quehacer propio de la educación superior”.1 Hasta aquí es posible decir que la simple transformación del nombre comienza a insinuar un gran ensanchamiento en los alcances y las personas objeto del bienestar, dejando incertidumbres como por ejemplo ¿quiénes son el resto de actores?

En cuanto a la organización y su posición en el sistema de educación superior, el bienestar universitario pasa de ser ese ámbito de programas con una orientación más o menos clara que, como ya se dijo, actualmente estipula la política, a ser parte de una de las cuatro estrategias que apuntan a conseguir los nuevos objetivos planteados al sistema.

Para entenderlo mejor, es necesario resumirlo: la “regionalización”, las “nuevas modalidades educativas”, la “internacionalización” y la “comunidad universitaria” (aquí se incluiría el bienestar) constituyen las estrategias para lograr los objetivos propuestos que son “acceso e inclusión”, “calidad y pertinencia”, e “investigación”. El correcto desarrollo de estas estrategias y el cumplimiento de los objetivos están sujetos, en la propuesta de sistema que presenta el Cesu, a que se garanticen dos condiciones que denominan “estructura y gobernanza” y “sostenibilidad financiera”.

La inclusión del bienestar como parte de la estrategia de comunidad universitaria lo vincula expresamente con aspectos de la vida institucional con los que hasta ahora tenía, por lo menos desde el punto de vista de la política actual, poca o ninguna relación. Algunos de ellos son la representatividad y participación de los estamentos en los órganos directivos, las formas de contratación docente y del personal administrativo, los procesos de rendición de cuentas institucionales, y la relación con los egresados, exigiendo para éstos el diseño de planes y programa especiales. Estos aspectos constituyen la novedad en el alcance

del bienestar, pues para lo demás, la propuesta del Cesu se centra en proponer de manera ambigua la mejora de lo que hasta ahora existe, diciendo por ejemplo que es necesario “otorgar un nuevo estatus a las dependencias de bienestar institucional” y asegurarles recursos para desarrollar sistemas de alertas que contribuyan a prevenir la deserción. Incluye también, como uno de sus lineamientos de política de cara al 2034, la necesidad de “Desarrollar políticas y programas de bienestar institucional”; es decir, plantea como lineamiento y gran reto para los próximos veinte años algo que es su obligación hace más de veinte años, pues según la Ley 30 de 1992 “El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de bienestar universitario” (Artículo 117).

Vale decir entonces que si, tal cual se expresó antes, el marco de política actual presenta al bienestar universitario como un ámbito poco definido, pero más o menos delimitado, con la propuesta del Cesu se conserva igual de indefinido pero mucho menos delimitado, casi sin límites. Las preguntas que surgen tienen que ver con la viabilidad práctica de este tipo de concepciones en la realidad cotidiana de nuestras IES. ¿Es posible gestionar realmente un “bienestar” con semejante ámbito de acción? ¿Cuál es el nuevo estatus que deberá darse a las dependencias de bienestar institucional (no universitario)? ¿Qué sentido tiene una propuesta de política que dice que es necesario generar una política?

1. (Consejo Nacional de Educación Superior CESU, 2014, pág. 111)

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El acuerdo superior y la inclusividad excluyente Por JAIME RAFAEL NIETO LÓPEZ

La universidad pública no puede ser confesional ni dogmática, debe ser escenario de debate y de crítica como fundamentos para la creación, transmisión y aplicación de conocimientos, de transformación de sus actores y de la sociedad.

T

res ideas fuertes marcan públicamente lo que sería la nueva política educativa del gobierno nacional: la primera, que se trata de un acuerdo nacional; la segunda, base de la primera, que es el resultado de un gran diálogo nacional; y la tercera, que no se trata de una nueva reforma a la ley 30 de 1992, sino de una política pública de largo alcance. Subrayo bien, “marcan públicamente”, porque han sido las ideas centrales con las que se ha “vendido” y se le ha querido legitimar ante las comunidades universitarias y la opinión pública nacional.

Sin embargo, las tres ideas han sido las que más polémicas han suscitado en el corto tiempo que lleva desde que el Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, la presentó al país el 4 de agosto pasado. Los primeros en formular reparos fueron los estudiantes de la Mesa amplia nacional estudiantil, Mane, especialmente en relación con las ideas primera y segunda, puesto que siendo los principales actores de las movilizaciones universitarias de 2011 que llevaron a que el gobierno nacional retirara el proyecto de ley de reforma de la ley 30 de 1992, consideran que en ningún momento se dialogó con ellos, ni mucho menos se sienten representados en los diagnósticos y lineamientos del mencionado documento.

En cuanto a la tercera idea, es claro que el documento Cesu contempla la formulación de proyectos de reforma o decretos gubernamentales que le “pongan dientes” a los lineamientos de política contemplados en el mismo. El estudio de este importante docu-

mento para la educación superior colombiana apenas empieza y con él seguramente el diálogo necesario e inevitable de los universitarios entre sí y con el país. Por el momento me referiré crítica y brevemente a sólo uno de los diez grandes temas contemplados por el “Acuerdo Superior 2034”. Hay que anotar, que cada uno de los temas del documento está acompañado del respectivo diagnóstico y sus correspondientes lineamientos de política.

Educación inclusiva Es el primer gran tema del documento Cesu.

El diagnóstico que establece se remite a las múltiples formas de exclusión prevalentes en el sistema de educación superior: “personas en situación de discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales; grupos étnicos: comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros, indígenas y [pueblos] rom; población víctima; población desmovilizada en proceso de reintegración; población habitante de frontera; y población rural ubicada en zonas de difícil acceso”.

Sin duda, se trata de un amplio espectro de población históricamente excluida o en situación de “vulnerabilidad”. El cometido es atender las necesidades de inclusión de lo que, con algunas variaciones, se conoce como las “minorías” (que en muchos casos son mayoría).

En cuanto a los varios lineamientos, destaco en particular el primero: “Realizar estudios periódicos sobre las características de los estudiantes más vulnerables, con el fin de anticipar en la política las dificultades

de acceso y permanencia y definir planes de acompañamiento que garanticen la graduación en condiciones de calidad”.

Una primera lectura de este acápite sugiere preguntas y anotaciones pertinentes. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿dónde quedan las “mayorías” sociales excluidas por efectos del propio modelo neoliberal de desarrollo, población joven asociada a los altos índices de exclusión social y de pobreza tanto del campo como de la ciudad, jóvenes que por su situación de desempleo o empleo precario o el de sus familias, por ejemplo, no tienen acceso a la educación superior, bien sea por los costos de las matrículas o por sus propias limitaciones para acceder a otros bienes básicos de la llamada “canasta familiar ”, bienestar estudiantil, transporte, alimentación, etc.?

Más todavía. ¿Dónde queda la perspectiva de género que garantice el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones a las mujeres y a la población Lgtbi. Efectivamente, se trata de grupos sociales bastante amplios, doblemente excluidos, tanto en la realidad como en las narrativas oficiales de la realidad. La realidad de la exclusión es mucho más amplia que como la tematiza el Cesu, y no es sólo por razones culturales ni políticas, sino también estructurales.

Aquí la fórmula de los universitarios en 2011 parece más democrática e incluyente: educación de calidad para todos.

Más todavía. El asunto de la inclusión no es sólo de acceso, con lo cual no se quiere decir que no sea importante.

También es un asunto

del orden de los saberes que se imparten y se producen en la universidad. En este aspecto es crucial retomar algunas de las reflexiones más contemporáneas sobre la relación universidad, pluralidad epistemológica y cultura, subrayando la conveniencia de incorporar el diálogo de saberes, la inter y la transdisciplinariedad, que hagan posibles el reconocimiento y la inclusión de saberes ancestrales y de otras fuentes epistemológicas, diferentes a lo que algunas corrientes críticas de pensamiento caracterizan como saberes coloniales asociados a la convencional matriz euronorcéntrica que ha marcado la producción monológica de conocimiento en nuestras universidades.

Aquí se plantea la apertura epistémica o lo que Boaventura de Sousa Santos llama “ecología de saberes”, para incluir, por ejemplo, la rica tradición de pensamiento crítico latinoamericano en el proceso de construcción y difusión de saberes. Diálogo crítico e interpenetración entre disciplinas académicas, pero también diálogo y reconocimiento con otros saberes no convencionales. La universidad pública no puede ser confesional ni dogmática, debe ser escenario de debate y de crítica como fundamentos para la creación, transmisión y aplicación de conocimientos, de transformación de sus actores y de la sociedad.

Por último, no se trata de diseñar estrategias o estudios focalizados, orientados a atender “vulnerabilidades” puntuales de la “demanda”, sino al diseño participativo de ofertas universales de formación.

Acuerdo por lo Superior 2034

Acuerdo por lo Superior 2034

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Un monstruo de mil cabezas Por PROCESO NACIONAL IDENTIDAD ESTUDIANTIL

Hay que reconocer públicamente que nosotros, estudiantes universitarios organizados en defensa de la educación pública, decidimos no participar de esta construcción, primero porque estábamos abocados en terminar nuestra propuesta de ley; segundo porque la ministra no quiso en ningún momento negociar con nosotros y nosotras la metodología de discusión de dicho documento, y tercero porque no pretendíamos legitimar por ningún motivo al CESU.

H

ace algunos días se presentó ante el país la propuesta de política pública de educación superior, iniciativa que se venía desarrollando desde hace varios años por el CESU (Concejo Nacional de Educación Superior). Este documento pretende ser una hoja de ruta que guíe el desarrollo de la educación superior en Colombia desde el año 2014 hasta el año 2034.

El mencionado documento era esperado con ansias por la comunidad académica y en especial por el movimiento estudiantil, ahora que ya se pudo conocer tal propuesta nos damos cuenta de que el tan halagado “acuerdo por la superior 2034” es un muy buen tratado filosófico, una excelente propuesta ética para el país y una rigurosa investigación acerca de los males que aquejan a la educación superior, elementos que evidencian que el gobierno aprendió de la experiencia de 2011, por lo que la política pública le permite flexibilidad en los instrumentos jurídicos para reformar la educación, más aún con una comunidad académica dispersa y desapercibida.

Lo expresado anteriormente lo podemos percibir en las intenciones y en las consignas con las cuales se ha logrado vender esta propuesta; primero le han hecho creer al pueblo colombiano a partir de cifras rimbombantes que este ha sido el documento público más democráticamente construido en la historia de Colombia1, llegando al descaro de decir que fue construido con el aporte de todos los sectores sociales del país; segundo, nos han mostrado a todas y todos los colombianos que dicha política pública pretende en primer lugar sacar la educación superior de la crisis en la que se encuentra y que es la

propuesta bandera del gobierno de Juan Manuel Santos para una sociedad en posconflicto.

Hay que reconocer públicamente que nosotros, estudiantes universitarios organizados en defensa de la educación pública, decidimos no participar de esta construcción, primero porque estábamos abocados en terminar nuestra propuesta de ley; segundo porque la ministra no quiso en ningún momento negociar con nosotros y nosotras la metodología de discusión de dicho documento, y tercero porque no pretendíamos legitimar por ningún motivo al CESU, pues para quienes no sepan el CESU como asesor del ministerio de Educación ha encardo históricamente los intereses privatizadores del gobierno de turno y como estudiantes solo tenemos un cupo en dicho espacio, desconociendo con ello la forma como históricamente nos hemos organizado los y las estudiantes a partir de vocerías nacionales.

Aun así, sin estar en esta construcción, el CESU utilizó nuestros avances como elementos para su propuesta, cuestión por la que Laura Niño, vocera del Proceso Nacional Identidad Estudiantil, manifiesta que: La cooptación del discurso, la demagogia y un poco de cinismo combinado con tecnicismos de más, fueron el coctel perfecto que usaron los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) a la cabeza del Ministerio de Educación para mostrar al país un proceso de ‘diálogo’ y planteamiento de propuestas para reformar nuestra asfixiada y abandonada educación superior. Coincidimos en la necesidad de transformar la educación y en darle el lugar que se merece en la construcción de una Colombia en paz. Sin embargo, parece evidente que este acuerdo, presentado

con un halo de democracia sustentado en cifras de diverso tipo sobre el proceso de construcción, no es muy diferente en el fondo de los intereses lesivos para frenar la garantía del derecho constitucional a la educación.

Así que esta es una política construida de espaldas al movimiento social, en especial de estudiantes, profes y demás, que son los que toda la vida se han movilizado en defensa de la universidad pública y han propendido por invitar a estudiarla y analizarla con un enfoque crítico pero propositivo.

Ahora bien, la propuesta que se nos presenta consta de 136 lineamientos que dan cuanta de una política pública enmarcada en 10 ejes que son: educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación, calidad y pertinencia, investigación (ciencia, tecnología e innovación), regionalización, articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano (etdh), comunidad universitaria y bienestar, nuevas modalidades educativas, internacionalización, estructura y gobernanza del sistema, sostenibilidad financiera del sistema.

Coincidimos con la propuesta en la necesidad de transformar el sistema de educación superior y que en estos 10 puntos pueden estar condensados los problemas que más aquejan a la educación superior, aunque consideramos quedaría primero resolverse la pregunta con la cual empieza el documento Acuerdo por lo superior: ¿para qué y para quién es la educación?, asunto que de resolverse indicaría los intereses que se tienen con esta y el enfoque que debe tener; si es para los intereses económicos de las elites colombianas o si es para los intereses del grueso de la población colombiana.

Finalmente dicha propuesta demuestra que hubo una lectura detenida de los documentos de la MANE, pero no hay logros en el desarrollo de propuestas en lo concreto por parte del gobierno, pues el documento del CESU se queda en lo propiamente enunciativo, sin analizar cómo sería la forma de aplicarse, pues una política pública tiene una y mil formas de materializarse.

El debate y la movilización por lo superior apenas comienza, es necesario tener en cuenta que es nuestro papel como comunidad universitaria continuar caminando por una propuesta educativa que responda a las necesidades concretas del país y de la sociedad, analizando las políticas de educación superior actuales, apuntando a la construcción crítica de nuestra universidad y de nuestra educación colombiana. Como profesores, profesoras, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, tenemos suficientes elementos para aportar a la construcción de una nueva educación y para exigirle al gobierno nacional una educación superior que responda a nuestras necesidades como sociedad colombiana. Para salvar a alguien que se está ahogando primero hay que rescatarlo y después enseñarle a nadar y no al revés como pretende el gobierno, pues pretende decirle a las universidades cómo deben caminar sin antes solucionar el déficit económico para que salgan del atolladero económico en el que se encuentran, aunque conociendo al gobierno sus intenciones seguramente serán que las universidades resuelvan como puedan y mientras tanto la privatización sigue dándose a partir de la estrategia de golpear y seducir.

1. CESU, acuerdo por lo superior 2034, Pág. 12

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“No es una política pública, sino un listado de sugerencias”: M. Wasserman Por DIANA SOFÍA VILLA

L

os retos tecnológicos y pedagógicos que enfrenta la educación superior son ostensibles y generan infinidad de reflexiones. En la cátedra pública Héctor Abad Gómez, Moisés Wasserman, actual miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional y rector de la misma entre 2006 y 2012, expuso algunos lineamientos que, a su parecer, deben marcar el camino.

En el ámbito nacional, la educación superior presenta una coyuntura ocasionada por los esfuerzos que lidera el gobierno para darle cumplimiento a la una nueva política pública de educación. Para Wasserman, en primera medida el cambio se debe a que somos testigos del desgaste de una ley que estaba destinada a volverse obsoleta. “La ley 30 de 1992 tenía el germen de la auto-destrucción: que unos presupuestos se mantuvieran con el índice de precios al consumidor, mientras que unos costos eran muy superiores a ese índice, pues permitía calcular cuándo iba a explotar y efectivamente lo hizo”.

Respecto a la nueva propuesta del CESU para solucionar los defectos de la Ley 30 de 1992 y potenciar la educación como eje de gobierno, el doctor en bioquímica opinó que “no es una política pública, sino un listado de sugerencias”. Agregó que el texto presentado se queda en obviedades y no resuelve cómo se van a llevar a cabo los planteamientos. Además, resaltó que la autonomía universitaria está ausente del documento, y consideró que “esas sugerencias se deben tomar en cuenta para crear una verdadera política pública”.

Debido a las condiciones actuales y al desarrollo histórico, el catedrático afirmó que el sistema de educación de Colombia es sui géneris. “Nuestro sistema educativo es un sistema mixto públicoprivado: el 50% de los estudiantes están en universidades públicas y el otro 50% en privadas. No en todos los países coexisten dos sistemas con porcentajes tan parecidos”.

Por otro lado, Wasserman recordó que se están cumpliendo

Foto Luis Javier Londoño Balbín

50 años del decreto que estableció la jornada doble en los colegios públicos para duplicar la cobertura y destacó que “seguramente se hizo con buena intención porque era temporal, pero estamos cumpliendo 50 años”. Para él este es un ejemplo de que en Colombia se ha optado por la cobertura en detrimento de la calidad.

Por otro lado, Moisés Wasserman expuso los modelos universitarios preponderantes en el mundo: la universidad como herramienta para transferir privilegios, como engranaje al servicio de la nación o como instrumento para el desarrollo del individuo. “La mayoría de ellos conviven en la sociedad moderna, puros y mezclados”, dijo.

Las instituciones de educación para transferir privilegios fueron creadas y utilizadas principalmente por médicos y abogados que querían garantizar estatus social y buenas oportunidades para su descendencia, afirmó Wasserman, quien señaló que aún perduran esas instituciones elitistas, aunque ahora no son explícitamente excluyentes.

Como ejemplo más representativo de la universidad al servicio de la nación, el también

columnista del periódico El Tiempo citó el proyecto napoleónico que formó ingenieros civiles y militares que contribuyeron con la expansión del imperio.

En tercer lugar, Wasserman resaltó la importancia de que la universidad esté al servicio de los individuos, pues así se logra potenciar las capacidades y contribuir al desarrollo de la sociedad.

También resaltó que este último modelo se acomoda mejor a las nuevas exigencias de la población, pues “antes la sociedad solamente mandaba los muchachos para que estudiaran, hoy en día tiene exigencias nuevas, pide rendición de cuentas, opiniones y conceptos ilustrados sobre problemas políticos y sociales, educación continua y difusión científica y cultural”.

Desde su experiencia en la rectoría, Wasserman considera que la gobernabilidad de la universidad debe conservar su base en la meritocracia y no en la democracia para evitar la politización y la corrupción. Además afirmó que mediante la asignación por mérito de directivas y administrativos, la universidad preserva mejor sus esencia pública. “Hay estudiantes

y profesores que asumen que la universidad es de ellos, como si tuvieran acciones, y no sé de dónde sacan la idea de que por haber sido admitidos pueden definir el destino de algo que es de toda la nación”, dijo.

Respecto a la investigación como eje de la educación superior, el Doctor Honoris Causa de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia señaló que “hay nuevos contextos, nuevos ámbitos heterodoxos, nuevos socios antes impensables que tienen impacto en la autonomía y en el gobierno. Cuando la investigación no se hace solamente en laboratorios cerrados, sino en comunidades, en asocio con empresas y con organismos, hay que reestructurar los gobiernos de los proyectos y eso tiene un impacto en la universidad”.

Finalmente, advirtió a los directivos de las universidades que “las crisis que no se enfrentan arremeten luego”, y aconsejó la conformación de equipos de trabajo con profesionales de diversas áreas. “Deben formar un equipo plural de personas independientes, autónomas y con criterio”, planteó.

Acuerdo por lo Superior 2034

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En nombre de la Universidad

N

o resulta fácil para quienes vivimos la Universidad de Antioquia, para quienes la sentimos como nuestro lugar natural, descubrir que el esfuerzo colectivo y cotidiano de hacer de ella una institución de excelencia, se vea afectado de cuando en cuando por episodios que desdicen de los objetivos misionales y trazan un halo dañino que se vuelve información imprecisa para los lectores desprevenidos.

Preocupa para una universidad bicentenaria que tiene hoy vigentes 1.140 proyectos de investigación ver cómo su prestigio se resiente cada vez que un acto casual de intolerancia o de convivencia deficitaria se convierte en titular de prensa apresurado. Como habitantes de la ciudad universitaria en la que convivimos a diario cerca de 30 mil personas quisiéramos que no se presentaran incidentes, que el espacio público fuera menos privado, que todos veláramos por la seguridad de todos y que la norma fuera apenas un referente en un entorno civilizado. Pero no es así, la Universidad es también víctima de las desventuras de la sociedad en la que está inmersa y por eso como universitarios no podemos desfallecer en la tarea de mejorar las condiciones de convivencia pero tampoco suplantar las funciones de otras instancias del Estado encargadas de garantizar la seguridad, los bienes y la honra de los ciudadanos. En lo que nos corresponde, nuestro programa de Bienestar Universitario, reconocido como el mejor del país, promueve la convivencia pacífica, apoya con estímulos de diferente índole a 13 mil seiscientos estudiantes; fomenta la cultura del bienestar y propicia el respeto por el bien público en el marco de su quehacer institucional.

No obstante estos esfuerzos, inquieta que otros logros tan determinantes como el programa de Regionalización que ofrece educación superior de calidad a estudiantes de 108 municipios de Antioquia y de 98 de los demás departamentos, tengan menos trascendencia que los acontecimientos referidos a dificultades de convivencia puntuales entre universitarios o visitantes, no porque estos se pretendan soslayar sino porque la Universidad tiene un reconocimiento histórico que no puede desconocerse de un plumazo cada vez que ocurre un incidente ajeno a su misión.

Adicional a los reconocimientos de la investigación, la docencia y la extensión, que dicho sea de paso registró el año pasado 663 convenios de asesoría y consultoría que favorecieron la relación de la Institución con la sociedad, en la Universidad se dan también con frecuencia manifestaciones de profundo valor ciudadano como la reciente conciliación entre un profesor y un estudiante, luego de un altercado infortunado que fue sobredimensionado por algunos medios de comunicación, que culminó con una declaración conjunta en la que ambos destacan la mediación como “un escenario que debe ser explorado por su gran potencialidad para enaltecer la palabra, para construir o reconstruir relaciones interpersonales, para escuchar y ser escuchado con respeto, para argumentar, disentir, acordar y comprometerse; en últimas como un modelo de ventajas superlativas para resolver conflictos y diferencias”. Incluso, en el comunicado de la profesora Isabel Puerta, integrante del Programa de Mediación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se afirma también que “lo único que no lograron resarcir fueron los efectos producidos por el cubrimiento mediático y de una serie de opiniones que se publicaron —no buscado por ninguno de los dos—, algunas de las cuales, desde su sentir tergiversaron los hechos, o los presentaron de una manera incompleta…”

Conciliaciones como la referida nos enaltecen como institución pública al igual que el valor civil con el que un grupo de estudiantes, profesores y empleados evitó hace un par de semanas con la fuerza de la palabra que una decena de encapuchados destruyera los torniquetes de acceso a la biblioteca central, muestra fehaciente de que los argumentos son una alternativa cierta frente a la coerción y a las vías de hecho.

Un elemento adicional que ratifica la sindéresis de los universitarios es la gran aceptación y apoyo que ha tenido la decisión de trasladar a un parqueadero gratuito por fuera de la ciudadela universitaria las 1.200 motocicletas que se estacionaban diariamente en el campus, hecho que ha mejorado ostensiblemente el espacio público para la circulación de peatones y que sumado al compromiso de incentivar el uso de la bicicleta y a la medida de pico y placa dos días a la semana para los automóviles, impacta positivamente la movilidad, las condiciones ambientales y el bienestar en el campus. En esta misma dirección, previo a una consulta a sus servidores, fue modificado el horario laboral que permite iniciar las actividades a las 7 de la mañana y culminarlas a las 4 de la tarde, decisión que da respuesta a una solicitud de tiempo atrás para facilitar el transporte, incentivar las relaciones familiares y proporcionar más espacio para el esparcimiento, la formación y el tiempo libre de nuestros servidores.

Aunque nunca son suficientes los esfuerzos para garantizar que en la Universidad no se generen hechos desafortunados, nuestro empeño continuará puesto en la construcción de una cultura para el respeto y la tolerancia, en el entendido de que más que profesionales, más que investigadores, más que personas exitosas en el campo del saber, lo que está en juego es la formación de mejores ciudadanos. En tal sentido nos corresponde a todos cuidar la casa sin desconocer sus debilidades, proteger nuestro patrimonio admitiendo que como entidad pública debemos velar por fortalecerlo con la autocrítica propia del ser universitario, con la convicción de que más allá de los epítetos con los que algunos intentan mancillarla, la Alma Máter prevalecerá, y con ella lo que representa ser una institución acreditada con los máximos índices de calidad del país.

Comité editorial: profesores John Jairo Arboleda Céspedes • Luquegi Gil Neira • Patricia Nieto Nieto • Eufrasio Guzmán Mesa • Fabio Giraldo Jiménez • Heiner Castañeda Bustamante Director: Heiner Castañeda Bustamante • Edición de contenidos: Luis Javier Londoño Balbín • Auxiliares: Diana Sofía Villa Múnera, Jaime Darío Zapata Villarreal, Sergio Andrés Alzate Sepúlveda • Diagramación: Juan Camilo Vélez Rodríguez • Secretaria: María Mercedes Morales Osorio

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. (Artículo 20. Constitución Política de Colombia)

La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. (Artículo 73. Constitución Política de Colombia)

— Las opiniones expresadas en ALMA MATER son responsabilidad de los autores y sólo a ellos compromete —

Departamento de Información y Prensa Secretaría General • Ciudad Universitaria • Calle 67 N° 53-108, Bloque 16, oficina 336, Medellín Teléfonos (4) 2195023 y 2195026 • E-mail: dircomunicaciones@udea.edu.co / almamater@udea.edu.co • http://almamater.udea.edu.co • @ALMAMATER_UdeA •

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Nuevo representante de los exrectores ante el CSU El médico y cirujano de la Universidad de Antioquia Jaime Restrepo Cuartas fue elegido representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario para el periodo 2014-2016.

Restrepo Cuartas fue cofundador y miembro del Grupo de Trasplantes de la Universidad de Antioquia y el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín. Participó en los primeros trasplantes del riñón que se hicieron en el país (1973), hígado (1979), páncreas (1984), corazón (1984) y corazón-pulmón (1989) y fue fundador del grupo de hígado que hizo el primer trasplante de este órgano en 1979 en América Latina.

Exdecano encargado de la Facultad de Medicina, fue director de la Corporación para Investigaciones Biológicas, CIB, representante a la Cámara por Antioquia de 2006 a 2010 y director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias.

Elección de representante de los egresados ante el CSU Los representantes de los egresados ante los consejos de facultades, escuelas e institutos de la Universidad de Antioquia están convocados el miércoles 10 de septiembre de 2014, para que en reunión que se celebrará a partir de las 11:00 de la mañana en el salón de los consejos “Luis Fernando Vélez Vélez”, procedan a elegir a los representantes de los egresados, principal y suplente, ante el Consejo Superior Universitario, CSU. La fecha límite para la inscripción de los candidatos ante la Secretaría General venció el 28 de agosto de 2014.

Decano de Medicina En la sesión del 26 de agosto el Consejo Superior Universitario designó decano para la Facultad de Medicina a Carlos Alberto Palacio Acosta, en reemplazo de Elmer Gaviria, a quien se le venció el periodo estatutario de tres años.

Palacio Acosta es médico cirujano, especialista en siquiatría y magister en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Se vinculó como profesor desde 1994. Actual vicedecano de la Facultad de Medicina, también ha desempeñado en esa dependencia varios cargos, entre ellos el de director de la Escuela de Investigaciones Médicas Aplicadas.

Al decanato también se había postulado el médico cirujano José William Cornejo Ochoa.

Músicas, enfermedades tropicales, territorio, química computacional, residuos urbanos, lenguas indígenas… la Universidad de Antioquia investiga en tantos campos que es difícil contarlo todo. El número 2 de la revista de divulgación científica Experimenta ya está disponible sin ningún costo, con artículos, reseñas e infografías, para que todos conozcan la ciencia que se genera en la Alma Máter.

Los interesados en conocerla pueden adquirirla en los puestos de información, el Sistema de Bibliotecas, el Museo Universitario, la Sede de Investigación Universitaria (SIU) y el Paraninfo. También se envían ejemplares a instituciones educativas y organizaciones públicas y privadas. La versión digital puede descargarse en www.udea.edu.co/experimenta

CICat 2014 La Federación Iberoamericana de Sociedades de Catálisis y la Sociedad Colombiana de Catálisis, en conjunto con la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia sedes Medellín y Bogotá y la Universidad de Medellín, invitan a la comunidad catalítica a la Escuela Iberoamericana de Catálisis - EICat 2014 en “Catálisis para biorrefinería” y al XXIV Congreso iberoamericano de catálisis que se realizarán en Medellín entre el 11 y el 13 de septiembre y el 14 y el 19 de septiembre de 2014, respectivamente.

Cada dos años, desde 1968, la comunidad catalítica de Iberoamérica busca compartir los resultados de investigaciones en el área de catálisis y renovar e iniciar colaboraciones entre la comunidad académica y la industria.

Informes: Centro de Extensión Académica, Facultad de Ingeniería • Teléfono (574) 2195548, cicat2014@gmail.com cicat2014@gmail.com • http://ingenieria. udea.edu.co/cicat2014/

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Informes: teléfono 2199960 extensionderechoypolitica@udea. edu.co, Edificio Antigua Escuela de Derecho Organizan: Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Artes, Facultad de Educación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO: Sergio Fajardo Valderrama, Gobernador del Departamento y Presidente de la Corporación • Alberto Uribe Correa, Rector • Antonio Yepes Parra, Representante del Presidente de la República • Representante de la Ministra de Educación Nacional • Francisco Londoño Osorno, Representante del Consejo Académico • Rafael Nieto López, Representante Profesoral • Mario Arturo González Arboleda, Representante de los Egresados • Manuel Santiago Mejía Correa, Representante del Sector Productivo, Jaime Restrepo Cuartas, Representante de los ex Rectores • Luquegi Gil Neira, Secretario General.

CONSEJO ACADÉMICO: Alberto Uribe Correa, Rector • Fanor Mondragón Pérez, Vicerrector de Investigación • Juan Carlos Amaya Castrillón, Vicerrector de Docencia • Pablo Javier Patiño Grajales, Vicerrector de Extensión • Rubén Alberto Agudelo García, Vicerrector Administrativo • Francisco Londoño Osorno, Decano Facultad de Artes • Luis Guillermo Palacio Baena, Decano Facultad de Ciencias Agrarias • Ramón Javier Mesa Callejas, Decano Facultad de Ciencias Económicas • Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Decana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales • Gloria Patricia Peláez Jaramillo, Decana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas • David Hernández García, Decano Facultad de Comunicaciones • Clemencia Uribe Restrepo, Decana Facultad de Derecho y Ciencias Políticas • Carlos Arturo Soto Lombana, Decano Facultad de Educación • Sandra Catalina Ochoa, Decana Facultad de Enfermería • Carlos Alberto Palacio Tobón, Decano Facultad de Ingeniería • Carlos Alberto Palacio Acosta, Decano Facultad de Medicina • María Patricia Arbeláez Montoya, Decana Facultad Nacional de Salud Pública • Clara Eugenia Escobar Güendica, Decana Facultad de Odontología • Juan Carlos Alarcón Pérez, Decano Facultad de Química Farmacéutica • Marco Antonio Vélez Vélez, Representante Profesoral Consejo Académico • Luquegi Gil Neira, Secretario General.

Invitados: John Jairo Arboleda Céspedes, Vicerrector General • Fabio Giraldo Jiménez, Director de Posgrado • Jaime Ignacio Montoya Giraldo, Director de Desarrollo Institucional • María Carolina Laverde Velásquez, Directora de Relaciones Internacionales • Daryeny Parada Giraldo, Directora de Bienestar Universitario • Dora Nicolasa Gómez Cifuentes, Directora Programa de Regionalización • Liliana Marcela Ochoa Galeano, Directora Escuela de Microbiología • Edilma Naranjo Vélez, Directora Escuela Interamericana de Bibliotecología • John Jairo Giraldo Ortiz, Director Escuela de Idiomas • Gildardo Uribe Gil, Director Escuela de Nutrición y Dietética • Francisco Cortés Rodas, Director Instituto de Filosofía • Gloria María Castañeda Clavijo, Directora Instituto de Educación Física y Deporte • Jaime Cardona Usquiano, Director Oficina de Asesoría Jurídica • Adriana Astrid Zea Cárdenas, Auditora Interna • Heiner Castañeda Bustamante, Director de Comunicaciones.

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“Nuestros países son ricos en tradiciones intelectuales”: Boaventura de Sousa

Boaventura de Sousa en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia.

Por DIANA SOFÍA VILLA

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n el XI Congreso Nacional de Sociología que se llevó a cabo del 26 al 29 de agosto en la Universidad de Antioquia, el sociólogo Boaventura De Sousa Santos estuvo como conferencista central. En un conversatorio con la comunidad académica, el portugués habló sobre la urgencia de rescatar los saberes ancestrales, de conectar el mundo académico con los movimientos sociales y también dio luces sobre la labor de los sociólogos en la construcción de una sociedad en paz.

A modo de crítica, De Sousa denunció que las universidades cada vez responden mejor a las necesidades de las empresas mientras que dan la espalda a las inquietudes de la población, y argumentó que “la universidad se focaliza en invertir en áreas que sean útiles a las dinámicas de trabajo, además está obsesionada con los ranking internacionales y esto ocasiona que los profesores estén sujetos a una productividad casi proletaria”.

Como primera medida para subsanar los pasos en falso de la academia, el catedrático que actualmente ejerce en la Universidad de Coímbra en Portugal, enfatiza en que no se debe subvalorar la

tradición intelectual de las comunidades ancestrales. “Algunos se quedan inquietos cuando nosotros hablamos de la naturaleza como Pacha Mama. El concepto de madre tierra nos indica que nuestros países son ricos en tradiciones intelectuales pero algunas se quedaron olvidadas. Hay que buscarlas, hay que traerlas”, afirmó.

Como segunda medida, este sociólogo conocedor de la cultura latinoamericana por sus investigaciones y el trabajo de campo que ha realizado en países como Brasil y Colombia, afirmó que tampoco se debe dejar de lado el conocimiento que surge desde los movimientos sociales y desde el saber popular autóctono.

De Sousa señaló que no va a ser fácil traer a la universidad el conocimiento popular que ha sido relegado, pues minorías como los indígenas y los afrodescendientes han sido tratados con desprecio por la academia. Sin embargo, el sociólogo propone crear un departamento de ciencias sociales “conectado con los movimientos populares para que los estudiantes participen en talleres, y que los líderes sociales sientan que tienen ventajas por venir a enseñar, a traer sus perspectivas y también a aprender”.

En consecuencia, Boaventura De Sousa aconsejó a las universidades replantear cuáles son sus aliados, pues a su parecer “los aliados deben ser los de abajo, los movimientos

sociales, las organizaciones campesinas, los indígenas y los afros.

Deben ser los que están en el frente de lucha hoy, la contracultura”.

Igualmente, el autor de Epistemologías del sur y de El caleidoscopio de la justicia en Colombia, puntualizó en que “deberíamos ser multidisciplinarios y estar atentos del conocimiento que se produce afuera.

Discutir la identidad, los problemas urbanos y ser capaces de redactar en un lenguaje que la gente entienda, tener otro tipo de discurso”.

Aunque el sociólogo ve enormes falencias y dificultades en el modelo de universidad preponderante en Latinoamérica, afirmó que tiene esperanza y que ve el futuro con buenos ojos. “Yo soy un optimista trágico, o sea, yo tengo una idea muy clara de las dificultades pero me rehúso a volverme negativo.

Los conceptos claves de mi trabajo teórico como la sociología de las ausencias, la ecología del saber o la traducción intercultural, son una búsqueda de alternativas, de reflexiones que están debajo de nosotros y que no vemos y no escuchamos”, explicó.

Papel del sociólogo en la paz Respecto del conflicto en Colombia y el proceso de paz, Boaventura de Sousa habló de lo aprendido en el trabajo de campo que realizó en territorios domina-

Foto Luis Javier Londoño Balbín

dos por las Farc, para ejemplificar que particularmente en contextos de guerra el sociólogo debe ver más allá de lo evidente y evadir los discursos oficiales porque pueden ser engañosos.

Para entender el contexto, el académico relató que el equipo de investigadores tuvo que tomar riesgos, escuchar a la gente y proteger a las fuentes. De este modo lograron concluir que “en las zonas controladas por las Farc donde no entraba el Estado, por un lado, tenían una justicia de mediación, de conciliación, de argumentación cuando había un problema de vecinos. Pero si había un caso de traición era una justicia revolucionaria total y durísima. O sea, tenían dos especies de justicia: una para las personas que vivían allá y otra para las que habían traicionado y denunciado.

Dos caras de la misma gente y de la misma justicia”, aseguró.

Finalmente, De Sousa señaló que el sociólogo debe mirar las diferentes realidades con complejidad y evitar la demonización que se hace de un lado y del otro.

“Hay que ir más allá de las fachadas, como decía Pierre Bourdieu.

Mirar más allá de la superficie es nuestra contribución a la paz. Yo pienso que en este país los científicos sociales son agentes de paz, que deben trabajar no por la paz de los vencedores sobre los vencidos, sino por una paz construida desde abajo con justicia”.

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VIII Congreso iberoamericano de contabilidad de gestión X Congreso iberoamericano de administración empresarial y contabilidad Del 10 al 12 de septiembre la Universidad de Antioquia y el Hotel Dann Carlton Medellín se constituyen en el espacio propicio para convocar, en estos dos congresos, a académicos, expertos y profesionales en el tema de los aportes que la contabilidad y la administración le brindan a las empresas en escenarios globales que demandan altos niveles de productividad y competitividad.

Los eventos contarán con la presencia de expositores de Colombia, España, Brasil, Cuba, Perú y República Dominicana.

Los congresos internacionales reunirán en un mismo espacio a contadores, administradores, empresarios, presidentes, gerentes, académicos y, en general, interesados en los temas de la gestión organizacional, la contabilidad internacional, el control y la calidad, con el propósito de ampliar la frontera del conocimiento y mejorar la competitividad empresarial.

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Hay que hacer pedagogía sobre ser gay o lesbiana

E

n un país como Colombia, que trabaja por los derechos, que acoge tratados internacionales en esa materia, que se supone procura una política de bienestar para los ciudadanos, no debería extrañarse ni causar ningún alboroto que sean pareja las ministras de Educación y de Industria, Comercio y Turismo, Gina Parody y Cecilia Álvarez, ni mucho menos que la Corte Constitucional haya dado vía libre a la adopción consentida entre parejas del mismo sexo.

Pero sucede. A juicio del vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y activista Lgbti Hernando Muñoz, dos circunstancias explican en parte la situación: de un lado el patriarcado y el machismo y del otro la religión y la cristiandad, que caracterizan a la sociedad colombiana.

Eso —dice— es respetable, “lo que no podemos aceptar es que desde la academia o desde el conocimiento se nos diga que las prácticas religiosas, que son privadas, se trasladen a los derechos. Cada cual verá cómo vive su ética y moral religiosa, pero la ética y la moral civil es otra cosa.

Es un asunto que tiene que primar por encima de las creencias religiosas, así el 90% de la población sea cristiana”. Al respecto, estas son las apreciaciones de uno de los líderes de Colombia diversa, en diálogo con ALMA MATER: Profesor Muñoz, ¿qué explica la reacción del país ante el fallo histórico de la Corte Constitucional en favor de la adopción consentida entre parejas del mismo sexo y la coincidencia de una pareja de lesbianas en el gabinete del gobierno nacional?

—Yo creo que es muy morboso. En este país ha habido presidentes, ministros, directores gay. Me llama mucho la atención el morbo cuando esto pasa con una mujer y eso es porque es un país machista, que no respeta a las mujeres como iguales, que las sigue viendo como objeto sexual. ¿Por qué a los hombres no se les pregunta nada? Me parece terri-

ble que a unas personas se les mida por su orientación sexual o por su identidad de género; en este caso, por la orientación sexual de dos mujeres que han hecho un trabajo interesante por muchos años, tanto en lo privado como en lo público.

Y en el tema de la adopción es impresionante la visión religiosa cristiana, tanto que asusta por el fundamentalismo, donde lo principal son las creencias de unas personas, pero no los derechos humanos, el bienestar, los derechos de los menores.

Además, Se ha comprobado en investigaciones en Estados Unidos, en Europa, que no existe un problema para los hijos que crecen entre una pareja del mismo sexo. De hecho, María del Mar González, de la Universidad de Sevilla, España, estudió cortes de hijos que habían crecido con parejas del mismo sexo y el 99% son heterosexuales. Yo siempre he dicho que yo hubiera sido heterosexual, porque ser marica en este país es para machos. ¿Qué debería hacer la universidad?

—Desde la academia deberíamos defender tajantemente que la orientación sexual no lo hace a uno peor o mejor; tampoco estoy de acuerdo en decir que ser lesbiana o ser gay te hace mejor, esos son mitos absurdos. Somos seres humanos y nos tienen que medir por los resultados, por el trabajo, por la humanidad, por defender los derechos. Los derechos no pueden volverse una feria de morbo y de miradas. Yo creo que la academia se ha quedado, y por eso hago un llamado a los grupos de investigación de las universidades, para que desde lo social nos paremos, nos metamos en estos temas y miremos de un modo mucho más profundo el asunto.

Lo que uno dice con tristeza es ¿por qué las personas LGTBI tenemos que luchar de esta manera, como si fuéramos ciudadanos de quinta y no de primera como todos deberíamos ser? Es triste pero hay seguir luchando. Me gustaría escuchar a rectores y decanos, a gobernadores y alcaldes

pronunciarse sobre estas cosas, porque ahí se valida el conocimiento y el sentido común, y no solo a los pastores de las iglesias. ¿Ya es hora de que el Congreso legisle sobre la materia?

—La Corte Constitucional ya se ha referido a los derechos de las parejas del mismo sexo dos o tres veces, y señala que el Congreso tendría que legislar.

Pero sorprende la reacción de la exfiscal Vivian Morales que llama a un referendo, porque la considero una mujer de respeto y muy brillante; pero si tenemos congresistas como Vivian, qué vamos a esperar de senadores como Gerlein o del Centro Democrático. Morales dice que primero es cristiana y luego congresista. Yo no puedo anteponer mi religión o la del país a un tema público y universal como son los derechos de las niñas y de los niños. Somos un país regido por la ley, no por la fe religiosa. Señores congresistas estamos esperando que se dé el debate, pero desde el respeto, desde la ética civil y desde principios civiles de igualdad y reconocimiento. ¿En que han contribuido los movimientos LGTBI y en qué han equivocado sus estrategias?

—Yo creo que tenemos mucho que aprender como movimiento.

Esta semana teníamos aquí a Boaventura de Sousa y decía que la sociología ha dejado de lado las luchas desde lo social porque se están dando desde los grupos minoritarios. A mí me parece muy importante que los profesores dejemos de pensar que el conocimiento se construye detrás de un escritorio, debemos estar afuera. Además nos ha faltado cualificar el trabajo y ha habido divisiones que hacen daño, porque se está dando a entender imaginarios que no son. No ayuda que los grupos sociales mantengan imaginarios errados de lo que significa ser homosexual. Entonces tendremos que hacer una labor pedagógica muchas veces. Hemos fallado en ser más serios con la pedagogía, en explicar qué somos.

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Contra la verdad Por WILMAR MARTÍNEZ MÁRQUEZ*

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l 5 de agosto de este año las delegaciones del gobierno y de las Farc anunciaron el acuerdo para la creación de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Aunque es cierto que ésta no es la Comisión de la verdad, es claro que su labor va a ser el insumo de la verdad oficial de la guerra en Colombia: el propósito de la Comisión histórica será establecer los orígenes y responsabilidades del conflicto armado en el país, esto es, contribuir “al esclarecimiento de la verdad” de la guerra, pues “necesitamos la verdad para que construyamos la paz sobre ese cimiento sólido de la verdad”.

Con estas palabras se refirió Iván Márquez a la instalación de esta comisión que se dio días después, dando cuenta de un sentir no sólo propio de esta guerrilla sino también atribuible al gobierno nacional y buena parte de la sociedad colombiana: encontrar la verdad, en este caso quiénes fueron los responsables de que la guerra se desatara, posibilitará la reconciliación. Así, se profesa una cierta fe hacia la verdad y lo que pueden ser sus poderes curativos para una sociedad profundamente fragmentada por la guerra, como la nuestra.

No otra cosa puede explicar el empeño, a veces inconsciente y obstinado, por perseguirla. Pero, ¿es necesaria esta verdad para poder construir la paz?

El historiador canadiense Michael Ignatieff, a propósito de los distintos procesos de transición llevados a cabo en los noventa que culminaron con la instauración de comisiones de la verdad, estableció una distinción que permite dar una respuesta: “Pues bien, existen por lo menos dos verdades, una factual y otra moral, la verdad de las narraciones que cuentan lo que ocurrió y la de las narraciones que intentan explicar por qué y a causa de quién”.

Según Ignatieff, en la mayoría de estos contextos, el primer tipo de verdad se cosechó con cierto éxito. Los comités de la verdad, gracias a las confesiones de los distintos actores que ejercieron la violencia, pudieron dar cuenta de las torturas, muertes y desapariciones de miles de personas. Con ello, respondieron a las demandas de las víctimas que básicamente bus-

caban o querían saber el destino que corrieron sus seres queridos.

Sin embargo, no fue así con el segundo tipo de verdad. Aquí el éxito por establecer la responsabilidad fue exiguo o nulo. A pesar de ello, la transición se dio, la paz se construyó. ¿Qué explica este resultado?

Cuando Thomas Hobbes describió el concepto de estado de naturaleza, que equivale en la Europa del siglo XVII al escenario de guerras civiles que tuvieron como consecuencia la aparición del Estado, manifestó que allí los bandos tenían diferentes concepciones de bien y de mal y, por ello, su propia versión sobre la responsabilidad de la guerra. Lo esencial en un contexto de guerra civil es que la anarquía, más que política, es semántica y moral: la verdad y la justicia dependen de cada una de las partes. Debido a esto Hobbes aconsejó que en el paso de la guerra a la paz, no se procurara por establecer la verdad sobre el origen de los hechos que se querían dejar atrás pues hacerlo implicaría dar la razón a una de las partes, desconociendo la postura de la otra y, con ello, hacer de la paz más que el fin de la guerra, su continuación por otros medios: una verdad se impondría sobre la otra.

Los estados europeos escucharon el consejo del filósofo y erigieron su paz sobre olvido de la verdad moral. ¿Tendremos otra alternativa?

Si el objetivo de la Comisión histórica y la anunciada Comisión de la verdad es establecer cuáles son las causas y quiénes los responsables de la guerra en Colombia, es posible que nos llevemos una gran decepción de lo que encuentren, pues no existe algo así como una razón objetiva y unos culpables de la guerra. No es posible dar cuenta del mundo humano como si habláramos de hechos y de leyes causales. Desde hace casi un siglo Max Weber lo advirtió al separar el mundo de los objetos de los valores. Ir a la guerra, hacer la guerra, depende de una valoración, de una percepción, es un juicio moral que se explica por la experiencia de aquellos que decidieron hacerlo.

Experiencia que, en un conflicto como el nuestro, ha tenido que ver en muchas ocasiones con haberla padecido. Así lo hace presente Iván Orozco Abad cuando afirma que todos los actores de la violencia del conflicto en Colombia se representan como víctimas que tuvieron que transformarse en victimarios, para defenderse. Por lo que cada uno ve en el otro el responsable de la confrontación. La verdad está atada a la identidad de las partes en contienda, a lo que cada una de

ellas cree ser o representar. Por eso aquí, como en los otros escenarios de conflictos armados civiles, se da un colapso de roles —por lo menos parcial—, lo que hace muy difícil imputar la responsabilidad a alguna de las partes.

Ahora, si más que a esto, el mandato a las comisiones apunta a que su labor facilite que la sociedad colombiana se reconcilie, la vía es la contraria: no se trata de ir en la búsqueda de lo que “realmente sucedió” para establecer quiénes son los justos y quiénes los criminales.

Se trata de construir la verdad que haga posible que la paz emerja, la verdad que la sociedad colombiana necesita para poder vivir en paz. Ello inicia, sin duda, con un inventario de todos los crímenes y las víctimas del conflicto, para lo cual es esencial que los actores las reconozcan, porque negarlas sería decir a los otros y al resto de

la sociedad que sus víctimas no existieron y, por tal, que su postura frente a la guerra no fue justificada.

Así, se trunca la posibilidad del encuentro. La reconciliación inicia, como apunta nuevamente Ignatieff, con la apología mutua, con que los actores compartan “la democracia de la muerte” que implicó la defensa de lo que buscaban. El objetivo de esto es que la primera línea de ese relato de la verdad que tendremos que construir todos los colombianos, de ese relato que nos acoja a todos, diga que aprendimos, que lo único realmente cierto que podemos concluir de esta guerra es que erramos el camino al pensar que la violencia es el medio para hacer una Colombia mejor.

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos

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¿Crisis de la justicia o de toda la administración pública?

Por LUQUEGI GIL NEIRA*

Si Colombia pretende construir en años venideros la paz deberá entender que la finalización del conflicto armado supone un fortalecimiento de la capacidad institucional de respuesta a los ciudadanos y a los movimientos sociales y políticos que lideran esas demandas.

De lo contrario, el escenario de la guerra continuará siendo un expediente de fácil recurrencia en el que se sustituirán unos actores armados por otros.

E

n Colombia se acostumbra utilizar el término de crisis como muletilla para describir cualquier situación en la que la realidad contradice el funcionamiento normal de las cosas; habitualmente va emparejado al de escándalo, de donde se deriva que todo escándalo termine en crisis y tienden ambos términos a permanecer a lo largo de los años.

En el caso de la justicia, basta una búsqueda rápida en internet para apreciar que desde por los menos hace treinta años se viene hablando de la crisis de este rama en Colombia; por ejemplo, en la década de los 80 ya se advertía que los fenómenos de violencia contra los jueces, la demora en los procesos judiciales y el predominio de estructuras paralegales e ilegales administradoras de justicia llevaban a una crisis institucional.

Precisamente, una de las grandes apuestas en la elaboración de la Carta Política de 1991 fue la realización de una profunda reforma a la justicia, en la que se hizo el diseño institucional básico de gobierno en la rama judicial que aún hoy perdura. Otros cambios de la Constitución de 1991, como los jueces de paz, fallaron estrepitosamente al enfrentarse a la realidad; e iniciativas como la defensoría del pueblo o las veedurías ciudadanas se encuentran en gran déficit frente a los objetivos planteados en las discusiones constitucionales.

Durante la década de los 90, el conflicto armado, la congestión judicial, la violencia contra jueces y fiscales, la crisis carcelaria, la corrupción, la falta de presupuesto y la continuidad de aparatos paraestatales e ilegales de aplicación de justicia, fueron tópicos reiterativos no sólo de esa década, sino que han perdurado a lo largo del presente siglo. A lo anterior se suman en los últimos cuatro años las críticas al Consejo Seccional de la Judicatura, a las funciones electorales de las cortes y al llamado carrusel de cargos entre funcionarios de alto nivel judicial.

Particularmente la congestión judicial es el problema más atacado a través de múltiples proyectos de reforma, como el fortalecimiento de los mecanismo alternativos de solución de conflictos como etapa previa para muchos procesos judiciales, las reformas a los códigos procesales de las diferentes materias introduciendo la oralidad como norma general

en el desarrollo de los procesos, la creación o fortalecimiento de jurisdicciones especializadas, las reformas anticorrupción y la entrega de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos. El caso de la jurisdicción penal debe ser analizado aparte, toda vez que una reforma, de carácter procesal, que buscaba la descongestión, como lo fue el cambio al sistema penal acusatorio, se acompañó de múltiples reformas, de carácter sustantivo, de inflación de los tipos penales y de las penas.

No obstante la aprobación de numerosas reformas legales y constitucionales, la percepción de crisis de la justicia se mantiene como lo evidencian la escandalosa aprobación del proyecto de reforma de la justicia en el Congreso, el llamado carrusel de las pensiones, la inseguridad jurídica del llamado fallo(s) Petro, los paros de la rama judicial exigiendo nivelación salarial y aumento del presupuesto de la rama y la reciente anulación de la elección de dos magistrados de altas cortes, que terminan añadiéndose como cerezas al postre.

Por eso resulta mecánico que ante estos nuevos eventos, se revivan las voces que llaman a conjurar la crisis con una nuevo proyecto de ley o acto constitucional, como si el sólo decreto de normas hiciera posible el cambio de la realidad.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, el problema se podría resumir en falta de credibilidad en la administración de justicia, bien por su demora en la resolución de conflictos (“Un proceso en Colombia dura años”, “No se preocupe de aquí a que le fallen eso nosotros ya no tenemos en qué caer muertos”); bien por la inseguridad jurídica (“Uno nunca sabe cómo va fallar un juez”, “Si nos condenan apelamos o ponemos una tutela, o acudimos a una corte internacional, que alguno cambia la decisión”); bien por la desconfianza en la seriedad del razonamiento judicial (“Ese fallo es político”; “Eso es seguro que metieron plata”; “El abogado es amigo del juez”) o bien por la contradicción entre diversos órganos y autoridades del Estado que los ciudadanos perciben como encargados de hacer justicia (“Uff, nadie sabe al fin si se va o se queda”). Lo particular de toda esta situación que se describe es que paradójicamente la tasa de abogados por población sigue creciendo, sin que se advierta que un mayor nivel de conocimiento del derecho

se traduzca en un mayor nivel de credibilidad en la justicia.

¿Qué hacer?

En Colombia existen cientos de diagnósticos, propuestas y proyectos de ley, pero no existe una política pública de administración de justicia que reúna un fuerte consenso nacional en torno a ella.

Debemos reconocer que no estamos frente a una crisis producto de un escándalo, hay un problema estructural que sólo se resuelve con soluciones estructurales.

A mi modo de ver, el principal problema se encuentra en la capacidad de los entes del Estado, en particular de la rama ejecutiva en sus distintos niveles, para resolver las demandas de los ciudadanos y para garantizar especialmente la legitimidad de sus decisiones, por lo que el déficit de gobernabilidad con frecuencia se traslada a instancias judiciales o entes de control. Es la administración pública la que necesita ser reformada a fondo antes que la administración de justicia, pues esta debe intervenir sólo ante el fracaso de la primera. La decepción en la rama ejecutiva es la que explica que la acción de tutela se haya convertido en el medio fetiche por excelencia para la resolución de conflictos, pues se trata del medio rápido, efectivo y de mayor credibilidad de un pronunciamiento estatal.

Si Colombia pretende construir en años venideros la paz deberá entender que la finalización del conflicto armado supone un fortalecimiento de la capacidad institucional de respuesta a los ciudadanos y a los movimientos sociales y políticos que lideran esas demandas. De lo contrario, el escenario de la guerra continuará siendo un expediente de fácil recurrencia en el que se sustituirán unos actores armados por otros. Por supuesto hay que aumentar el presupuesto de la rama judicial; hay que cambiar la mentalidad, en exceso litigiosa de la formación profesional; se deben reformar algunas de las facultades electorales de las cortes; se debe despolitizar la administración de justicia; se deben aumentar los requisitos de edad, preparación y permanencia en los altos cargos de la rama, pero todo esto resultará siempre insuficiente si no entendemos que el principal desafío es tener un gobierno que resuelva con prontitud y en un marco de respeto a los derechos las demandas de los ciudadanos. *Secretario General UdeA

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Asoprudea. Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Ciudad Universitaria.

Bloque 22, oficina 107. Teléfono 2195360. Fax 2636106 • http//asoprudea.udea.edu.co • La columna “Ágora” es responsabilidad de Asoprudea.

“…Se hace camino al andar” —Antonio Machado—

Por MARÍA CECILIA PLESTED ÁLVAREZ Presidenta JORGE ARISTIZÁBAL OSSA Secretario

“

Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que…” aún debemos mejorar. Nuestra labor gremial como universitarios debe permitirnos conjugar tareas nacionales, regionales y locales como parte de nuestra labor por la defensa de la educación en el país.

El pasado 30 de julio la Asociación de Profesores llevó a cabo su Asamblea General de Delegados, la cual eligió la nueva Junta Directiva 2014-2015 con la participación de 39 profesores, que corresponde al 62% de la totalidad de delegados habilitados para votar de los 63 nombrados. Se presentaron dos planchas y la votación arrojó 18 y 19 votos por las planchas 1 y 2, respectivamente mostrando un equilibrio de tendencias.

En la primera reunión de junta se aprobó por amplia mayoría la propuesta planteada sobre la designación de cargos por la plancha ganadora y avalada por la plancha 1. La Junta quedó conformada así: • Presidencia: María Cecilia Plested Álvarez, Escuela de Idiomas • Vicepresidencia: Lucía Stella Tamayo Acevedo, Escuela de Microbiología • Secretario: Jorge Aristizábal Ossa, Facultad de Ingeniería • Tesorero: Walter Santos Abello, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales • Vocales: Juan Esteban Pérez Montes, Facultad de Ciencias Agrarias; Jaime Rafael Nieto López, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Marco Antonio Vélez Vélez, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas • Suplentes: Hader Calderón Serna, Facultad de Educación; Héctor Byron Agudelo García, Facultad Nacional de Salud Pública; Diana Carolina Ocampo Rivera, Facultad de Enfermería; Luis Alfredo Atehortúa Castro, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas;

Carlos Arturo Morales Vallecilla, Facultad de Ciencias Agrarias; Efraín Oviedo Regino, Facultad de Ingeniería y Rafael Darío Aguilar Aguilar, Instituto Universitario de Educación Física.

Agrupando las propuestas de ambas planchas, se obtiene que en este período continuaremos trabajando sobre aspectos gruesos como: El estudio del Acuerdo Superior 2034 y la reforma de la Ley 30 de 1992 correspondientes a la educación superior que el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, acaba de presentar y que en los primeros análisis concluyen que se reviven los postulados básicos del proyecto de reforma total a la Ley 30 de 1992 que la MANE enterró en 2011.

La búsqueda de una ley de salud que realmente brinde total cobertura a la población en general y garantice a los servidores universitarios activos y jubilados y a sus familiares una excelente atención.

Labor nada fácil en la cual buscaremos integración con estudiantes, trabajadores, empleados y jubilados y con otros sectores sociales; así como con otras agremiaciones a nivel nacional.

En lo referente al salario de los profesores universitarios es vital y urgente buscar que el gobierno acepte la necesidad e importancia de un aumento salarial decoroso, que realmente equilibre el quehacer académico e investigativo del profesorado con el costo de vida.

También es necesario estudiar y encontrar una salida nacional para la renovación de la estructura de dirección de nuestras universidades públicas referidas a su gobierno autónomo y a la configuración de consejos superiores y consejos académicos como base de las transformaciones fundamentales y

urgentes, cuyo análisis se ha presentado en los dos foros interuniversitarios realizados hasta ahora.

En nuestra universidad continuaremos con el fortalecimiento de Asoprudea por medio de procesos de educación política y ciudadana que permitan mejorar la capacidad de acción del profesorado; trabajando por la cobertura de todas las representaciones profesorales, la reforma del Estatuto Profesoral y de la Asociación. Buscaremos un diálogo activo con la Rectoría, el Consejo Académico y también en cada dependencia para reducir al mínimo las dificultades que se presentan respecto a quejas y sanciones debido a falta de comprensión administrativa sobre la prestación de su servicio temporal. Nuestro objetivo es proteger el debido proceso en todos y cada uno de los casos para evitar la normosis.

De igual forma, fortaleceremos el trabajo gremial multiestamentario con la defensa de los subrogados, la propuesta de ampliación de los beneficiarios de la bonificación y la exigencia de afiliación a una caja de compensación. De igual forma, continuar el análisis de la transformación institucional en la Mesa Multiestamentaria de Transformación Institucional, donde se busca que los procesos administrativos acompañen la labor académica y estén a su servicio; muy por el contrario de lo que hemos encontrado en el estudio de la documentación que nos ha brindado la administración al respecto, hasta ahora. Estamos convencidos de la importancia de la defensa de los procesos democráticos para la transformación institucional.

Todos los miembros de la Junta Directiva quedamos a disposición para apoyar al profesorado en las diversas circunstancias que se presenten.

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE CONSTAR: • Que se encuentra en trámite el reconocimiento de prestaciones sociales del señor ORLANDO SALAZAR RIVERA fallecido el 23 de julio de 2014. Se han presentado a reclamar la señora BEATRIZ ELENA VILLEGAS GRANADA en calidad de compañera permanente y en representación del hijo menor YUNNYS CAMILO SALAZAR VILLEGAS y el señor JULIÁN DAVID SALAZAR VILLEGAS en calidad de hijo.

Otras personas que se consideren con derecho, presentarse dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

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Tríptico de la infamia

Foto cortesía

Medellín y la Universidad abiertas a la Fiesta del Libro La nueva novela de Pablo Montoya es una minuciosa recreación y al mismo tiempo una profunda reflexión sobre los grandes traumas del siglo XVI: Las guerras de religión y la conquista de América.

Pero su originalidad reside en que asistimos a este horizonte extremista y renacentista a través de los itinerarios de tres pintores protestantes (Jacques Le Moyne, François Dubois y Théodore de Bry) que padecieron la intolerancia, la persecución y el exilio.

En una afortunada mezcla de voz poética y narración, y en la que brilla siempre la lucidez del ensayista, Pablo Montoya nos sumerge en la pregunta esencial: qué es la creación artística y cómo lograrla en tiempos de grandes turbulencias sociales.

Pablo Montoya, profesor titular de literatura de la Facultad de Comunicaciones, escribió Tríptico de la infamia gracias a una beca de novela de la Alcaldía de Medellín en 2012, a una pasantía de investigación del DAAD y una comisión de servicios otorgada por la Universidad de Antioquia en 2013.

A

partir del 12 y hasta el 21 de septiembre la 8ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín se tomará diferentes espacios de la zona norte de la ciudad. Entre ellos está el de la Universidad de Antioquia, escenario académico que ha trabajado conjuntamente con otras instituciones para transformar su entorno y convertirlo poco a poco en uno de inclusión ciudadana.

Este encuentro de letras, que hace parte del programa municipal ‘Medellín Lectura Viva’ y que es posible gracias al asocio con la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra I Fabra, se concentrará en el tema de fronteras y buscará presentar diferentes abordajes, entre los que está, por ejemplo, el del territorio.

Dado que Medellín se ha visto paulatinamente dividida por las fronteras invisibles impuestas, Tijuana se convierte en una ciudad atractiva por la posibilidad de aprender sobre la experiencia de sus habitantes en medio de fronteras reales.

Por esto vendrá una delegación de México que se ha interesado en esta cuestión desde diversas perspectivas y sobre las cuales será posible conocer qué hay del otro lado.

Juan Diego Mejía, director de los eventos del libro, presenta en esta entrevista el propósito del tema que durante diez días reunirá en torno a la palabra oral y escrita, y brinda además su consideración sobre las fronteras que él considera se erigen en un espacio de pensamiento: la Universidad.

• En esta ocasión participarán más de 300 invitados de cerca de 15 países diferentes y más de 80 escritores estarán acompañando a niños y jóvenes de instituciones educativas que hacen parte del programa ‘Adopta un autor’.

• 4 + 2 es el título de la exposición que habrá del fotógrafo argentino Daniel Mordzinski. Agrupa fotografías de Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis y de 34 escritores de Antioquia, entre otros que se encuentran radicados en el departamento.

• Se realizará el 1er Salón del Libro Digital y el 1er Salón Latinoamericano del Libro Infantil y Juvenil que permitirán ampliar el panorama tanto para las editoriales como para sus públicos.

• Se brindarán cerca de 2.000 talleres de promoción de lectura dirigidos a toda la ciudadanía (desde madres gestantes hasta adultos mayores), más de 150 actividades, lanzamientos de libros, una variada programación artística y una completa exhibición comercial.

• Dado que en septiembre diferentes organizaciones se concentran en actividades propias de los derechos de las personas con discapacidad, la 8ª Fiesta del Libro y la Cultura se sumará a este propósito adecuando el escenario para su inclusión, además de brindar una serie de actividades dirigidas a este público el miércoles 17 de septiembre.

• La zona norte se integrará durante los diez días de Fiesta, de esta manera el Jardín Botánico, el Planetario municipal, el Parque Explora, Carabobo norte, Ruta N y por supuesto la Universidad de Antioquia y su Edificio de Extensión, estarán dispuestos para recibir a los visitantes.

• Durante 2013 la Fiesta del Libro y la Cultura movilizó a 307.385 personas.

Durante todo el año el comité interinstitucional de los eventos del libro ha trabajado con el tema fronteras, ¿cómo llegan a este punto?

—Este tema fue muy acertado que lo trabajáramos desde el principio del año, primero porque siento que los que llevan adelante

el plan ‘Medellín Lectura Viva’, más el Sistema de Bibliotecas y la Red de Bibliotecas, entre otras entidades y colectivos particulares que existen, necesitan que se trace y dirija una línea conceptual para el trabajo en equipo, y me parece que los eventos de libro lograron este año ese objetivo.

Por otro lado, pensar en un tema

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que nos uniera como ciudad en torno a la lectura nos llevó inmediatamente a la reflexión sobre fronteras. Se recordaron los tiempos del miedo que todavía persisten y con ellos surgió el fenómeno de las fronteras invisibles, las cuales están más vigentes que nunca porque en esa guerra fragmentada de los grupos violentos, que se están disputando esta ciudad, está el poder que ejerce la coerción sobre la sociedad.

Después nos dimos cuenta de que la territorial no era la única frontera; las hay también sociales, con las que se discrimina a una persona de una zona tradicionalmente aislada o marginada de toda la dinámica urbana. Hay también fronteras poblacionales, con las que uno podría decir que las personas de piel oscura o los mismos indígenas quedan del otro lado, sobre todo los indígenas, porque la gente no soporta la diferencia y ellos han ido perdiendo además su lengua, sus tradiciones y su identidad.

Están también las fronteras religiosas, que no son aquí tan visibles como en otros lugares del mundo, pero se da por hecho que en Colombia, por ejemplo, un estado que había sido consagrado al corazón de Jesús, y que a partir de 1991 se convirtió en laico, no lo ha podido asimilar. Todavía se piensa que aquí el único que tiene cabida es el católico, apostólico y romano, y el otro no tiene derecho.

Pasa también con las fronteras que tienen que ver con la población LGTBI y con diferentes tribus urbanas que son discriminadas. Lo que quiere decir que cada vez es más rico el terreno de reflexión.

¿Y por qué es Tijuana la ciudad invitada para esta octava edición de la Fiesta del Libro?

—Con toda la complejidad de lo que mencioné, considerábamos que hacía falta algo más. La historia de Tijuana y la nuestra se parecen mucho.

A pesar de que ellos son una ciudad tan nueva, con apenas unos 90 años y nosotros con más de 300, ellos han sufrido el flagelo de una especie de ‘leyenda negra’, porque durante muchos años Estados Unidos utilizó a Tijuana como su burdel debido a que era posible, entre tantas cosas, comercializar el whisky.

Cuando fuimos a buscarlos a ellos nos mencionaron también nuestros estigmas, todo aquello negativo por lo que nos reconocen a pesar de que son solo una minoría. Pensamos entonces que había algo que nos unía y ellos aceptaron venir y dar a conocer cómo vive una ciudad de fronteras reales y nosotros darles a conocer a ellos cómo vivimos en una ciudad de fronteras invisibles.

Y es que a pesar de que Tijuana no es la capital de Baja California, es la ciudad más importante porque es el principal paso fronterizo

que tiene Estados Unidos. Hay gente que deportan y que ni siquiera tiene para dónde ir dentro de México y se queda en la frontera, casi en un limbo. Tendremos entonces autores que han escrito sobre este tema, también intérpretes y músicos que han narrado tantas historias semejantes, del mismo modo artistas plásticos, escénicos y una muestra de gastronomía.

Medellín ha avanzado en unos temas y ellos en otros, por lo que espero que de este intercambio salgan fortalecidas las dos ciudades.

¿Qué fronteras cree que existen en el espacio educativo, por ejemplo en la Universidad de Antioquia?

—Por fortuna este año se está dando un cambio. La Universidad no tiene sus puertas completamente abiertas para el público que no es estudiante, pero ha hecho muchísimo por cambiar las fronteras de la movilidad social, para que la gente tenga acceso a las decisiones de la sociedad, porque nadie duda de los méritos académicos de sus estudiantes, pero está creando una especie de aislamiento.

Aún a puertas cerradas hay gente que padece los problemas que suceden dentro, lo que nos hace pensar si el camino es blindarse, porque no quedan adentro los buenos y afuera los malos: dondequiera que se encierren, los problemas quedan dentro. La solución inteligente no debe ser cerrar la universidad a la ciudad, por el contrario, abrirla.

Este año la Universidad de Antioquia entendió que debe abrir sus puertas, al menos por unos días, para la Fiesta del Libro. Eso me parece una excelente noticia y que creo va a hacer pensar mucho a los estudiantes y a los ciudadanos. Tal vez se pregunten: “Bueno, si la abrieron tres días, ¿por qué no son posibles más? ¿Quiénes somos nosotros para estar encerrados?”

Ese es un punto sobre el que se tiene que reflexionar, no desde lo teórico, sino desde lo práctico.

Al otro lado de la calle habrá un encuentro al que asisten más de 400 mil personas de la ciudad. Los mismos profesores acuden a él. La sociedad civil tiene que apropiarse de este tipo de eventos y apersonarse de su propio destino.

Lo que queremos no es precisamente que las fronteras no existan, eso podría incidir en una sociedad sin normas. De lado y lado hay seres. En la Parada Juvenil de la Lectura de este año hablábamos del cuerpo como el primer territorio y de la piel como la primera frontera, y eso nos llevaba a pensar que los individuos se relacionan como territorio. Es un razonamiento interesante pero también como discusión en un terreno filosófico, el objetivo no ha sido derribar fronteras sino cruzarlas.

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Septiembre, mes del patrimonio Un diálogo para valorar la memoria Por MARÍA CAROLINA DÁVILA LLINÁS

“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.

(Ley 1185 de 2008, artículo 1°, que modifica el artículo 4° de la Ley 397 de 1997).

Ante esta premisa de lo que es patrimonio y la importancia de su visibilización, desde 1997 el ministerio de Cultura de Colombia viene promoviendo el mes del patrimonio, el cual se viene realizando en septiembre como un momento de reflexión en torno a la gran diversidad patrimonial que se alberga en el país. Este momento es un llamado al conocimiento, valoración, cuidado, divulgación y formación sobre todos los patrimonios existentes en Colombia.

Según Santiago Ortiz Aristizábal, director del Museo Universidad de Antioquia, “en el país hay unos patrimonios que tienen más fuerza que otros, son más divulgados o son más reconocidos, y existen otros que son menos publicitados. La idea es tratar de darles el mismo estatus a todos esos patrimonios, que la gente los conozca y los reconozca”.

Existen diversas categorías de patrimonio: natural, arquitectónico, histórico, documental, artístico, arqueológico, inmaterial, audiovisual y sonoro, los cuales se dan a reconocer durante el mes del patrimonio. “Hay muchos tipos de patrimonio, están desde el familiar, lo más pequeño, los recuerdos de familia como las fotografías. No están solamente los patrimonios públicos o las grandes colecciones, por eso en este mes se pretende que la gente vea e identifique su propio patrimonio porque así lo va a valorar más. Quien reconoce su patrimonio personal y familiar, puede reconocer y valorar el patrimonio a una escala mayor”, añade el director del Museo Universitario.

Septiembre será un mes de actividades para destacar como en otras ocasiones el patrimonio de la Universidad, el patrimonio de tu alma. Y es que gracias al nodo de patrimonio y memorias de la red de cultura de la Universidad de Antioquia (nodo conformado por la Biblioteca, el Archivo histórico, la Emisora, Audiovisuales, el Herbario, el Museo, la Corporación Ambiental, entre otras dependencias universitarias) se van visibilizar esos patrimonios de los cuales es depositaria la Universidad.

Para este año, las actividades y la reflexión del mes del patrimonio se extenderán no sólo en Ciudad Universitaria, sino que vinculará a las sedes externas y a las seccionales regionales de la Universidad de Antioquia.

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La Editorial UdeA en la Fiesta del Libro y la Cultura

China en la geopolítica mundial*

L

a Editorial Universidad de Antioquia estará presente en la octava edición de la Fiesta del Libro y la Cultura que se realizará del 12 al 21 de septiembre en la ciudad de Medellín.

En esta oportunidad, las actividades de la Fiesta se extenderán más allá del Jardín Botánico, abarcando zonas aledañas como el Edificio de Extensión de la UdeA, el Parque Explora, el Planetario, Ruta N y la carrera Carabobo, donde se ubicarán las editoriales universitarias (Zona A). La Editorial Universidad de Antioquia estará en el estand A09 sobre Carabobo.

Con una muestra cercana a los 200 títulos el sello editorial de la Universidad de Antioquia llegará con novedades en las diversas áreas de conocimiento: Poeta soy… —Poemas selectos— de León de Greiff, incluido en la Colección Bicentenario de Antioquia; Foucault y la literatura de Carlos Rojas Osorio; La institución de la literatura de Jacques Dubois; Ciencia de la cultura y fenomenología de los estilos de Renato Barilli; Asedios a la ciudad letrada. Ensayos críticos de Óscar R. López; Horizontes.

Economía, poder y arte de Santiago Londoño Vélez; Los viajeros de mis sueños de Jorge Iván Grisales Cardona; Homero y Celan. Poetas en tiempo de guerra de Jorge Mejía Toro; Justicia transicional en disputa. Una perspectiva constructivista sobre las luchas por la verdad, la justicia y la reparación en Colombia, 2002-2012 de Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, entre otras.

La participación de este año en la Fiesta reviste particular importancia por ser este el aniversario número 30 de la Editorial. Puesto en funcionamiento de manera formal como Departamento de Publicaciones en 1984, la Editorial, que hoy cuenta con amplio reconocimiento nacional e internacional tanto por la calidad de sus procesos editoriales como por sus autores y obras, ha publicado en su lapso de existencia un total cercano a los mil títulos. Su catálogo histórico tiene así registro de los más variados títulos de las distintas áreas del conocimiento: un reflejo vivo y patrimonial del hacer universitario, de la labor investigativa y de la creación literaria y artística tanto de noveles como de consagrados.

Por último, como un aporte a la programación académica y cultural de la Fiesta y con el fin de promover el diálogo entre autores y lectores, la Editorial realizará la presentación de dos libros: Política pública en bibliotecas: Reflexiones sobre su evaluación, el martes 16 de septiembre a las 6:30 p. m. en el auditorio principal del Edificio de Extensión y Testigo de China: historias de un colombiano que vio crecer al gigante asiático el jueves 18 de septiembre a las 6:30 p. m. en el auditorio de Ingeniería de la UdeA (19-104).

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[…]

Comienzo de la nueva era de reformas y apertura Con la muerte de Mao en 1976 culmina la Revolución Cultural, y en 1980 se abre la nueva etapa de reformas y apertura al exterior liderada por Deng Xiaoping. China se convence de que para impulsar su nueva política se requiere un clima de orden interno y buenas relaciones con el resto del mundo.

Empieza por mejorar sus vínculos con sus vecinos más próximos, la Unión Soviética en primer lugar, que se disuelve en 1991. Resurgen acuerdos comerciales que dan paso a una gran era de prosperidad en los intercambios comerciales chino-rusos, a los cuales seguirán acuerdos estratégicos. Sin llegar a la revisión de fronteras con India, de todos modos procurará que en ese entorno fronterizo se viva un clima pacífico. La apertura, en todos los años de la década ochenta del siglo pasado, llevará a un auge de la inversión extranjera en China. Todas las multinacionales importantes del mundo llegarán al territorio chino tras su fabuloso mercado.

Merece relevarse aquí el efecto de distensión que sobre el conflicto Pekín-Taipéi, en el estrecho de Taiwán (desde 1949), ejercen los crecientes intereses financieros y económicos del empresariado norteamericano en China. Taiwán se coloca como el segundo inversionista en importancia en todos los sectores de la economía china. Al mismo tiempo que aumentan los vínculos de todo tipo entre el continente y la isla, el litigio que Taipéi alimenta de manera continua por su independencia respecto de Pekín se mantiene vigente, pero se va alejando la posibilidad de que Estados Unidos se arriesgue en su defensa más allá de los límites que le trazan los mencionados intereses y la necesidad de mantener cierto equilibrio en una Asia donde cada vez cuenta más el poderío político-militar de Pekín.

De nuevo el aislamiento Un año, 1989, y una fecha, 4 de junio, fue un momento crítico para China en su interior y en su relación con el resto del mundo como consecuencia de la represión sangrienta de un movimiento rebelde de estudiantes y desempleados, que en número de decenas de miles decidieron, de abril a junio del referido año, protagonizar una huelga de sentados en la Plaza Tian’anmen. La situación se había hecho insostenible cuando se produjo la visita del primer

ministro ruso Mijaíl Gorbachov a Pekín. Lo peor era que en el interior del Buró Político las opiniones frente a ese evento estaban divididas, con el secretario general del partido Zhao Ziyang a favor de una solución pacífica del conflicto, y el primer ministro Li Peng propugnando la represión. Las causas aparentes del movimiento eran una escalada inflacionista de los precios que habían deteriorado el nivel de vida del pueblo, desempleo creciente y una ola de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales y dirigentes del Partido Comunista. Explicaciones posteriores dadas extraoficialmente por el gobierno señalaban que tras la situación de caos, con asaltos a mano armada de insurgentes contra patrullas policiales dejando un saldo de heridos y muertos entre estos últimos, estaban las manos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y de las autoridades de Taiwán. Otras justificaciones hablaban de la inexperiencia de los cuerpos armados de Pekín en técnicas antimotines, que supuestamente los obligaron a utilizar armas de fuego contra las multitudes. Todavía hoy, dieciocho años después de los trágicos acontecimientos, continúan en una especie de semipenumbra las causas de la rebelión, los supuestos actores tras bambalinas de la misma, así como el número de muertos. Lo único cierto fue el repudio que en los países occidentales produjo la represión cruenta y el nuevo aislamiento en que cayó China en momentos en que más necesitaba de un entorno externo favorable para el impulso de sus reformas y su apertura.

Pekín hubo de esperar seis años para que se produjera la primera visita post-Tian’anmen de un jefe de Estado de un país de la Unión Europea: fue la del Rey de España, y tras él, la de muchos otros que descongelaron las relaciones ChinaEuropa Occidental.

De ahí en adelante no ha ocurrido ningún episodio que haya hecho tambalear los vínculos del gigante asiático con el resto de países del mundo, excepto cuando en plena guerra de Kosovo los bombarderos de la OTAN impactaron a la embajada china en Belgrado (mayo de 2003), y dejaron como saldo a varios diplomáticos chinos muertos.

El nuevo clima de cooperación que se registra desde entonces subraya la necesidad que tiene Pekín de un clima internacional pacífico que propicie cada vez más su crecimiento económico y su desarrollo en todos los órdenes. […]

*Fragmento de Testigo de China: historias de un colombiano que vio crecer el gigante asiático, de Enrique Posada Cano, 2014, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.

L

as fronteras son el tema propuesto por la Fiesta del Libro y la Cultura en 2014; en torno de este eje se busca crear, reflexiones y abrir interrogantes sobre circunstancias barriales y sociales, abordando a través de la literatura las distintas nociones del término, como: fronteras territoriales, poblacionales, sociales, culturales. En coherencia con la temática, la Editorial Universidad de Antioquia realizará, en el marco de la fiesta, la presentación del libro Testigo de China: historias de un colombiano que vio crecer el gigante, de Enrique Posada Cano, el jueves 18 de septiembre a las 6:30 p. m en el auditorio de Ingeniería de la UdeA (19-104).

En esta obra se pueden apreciar sucesos políticos, sociales, económicos, culturales, que dan soporte al actual despertar del país asiático. No obstante esta modernización, persisten murallas ideológicas y políticas (restricciones al acceso a internet, a la libre prensa, a la asociación, por ejemplo) que, sumadas a la barrera lingüística, han limitado el conocimiento de esta vasta y floreciente cultura.

Nº 635, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, septiembre de 2014

Nicanor Parra cumple cien años Por LUIS GERMÁN SIERRA J.*

N

icanor Parra, unos de los poetas más importantes en habla española, nació el 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, Chile, país pródigo en buenos escritores, tales como Humberto Díaz Casanueva, Pablo de Rokha, Rosamel del Valle, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, José Donoso, Gonzalo Rojas, Jorge Edwards, Vicente Huidobro, Violeta Parra, Enrique Lihn, Óscar Hahn y Roberto Bolaño, por ejemplo.

Físico y matemático, Nicanor Parra comenzó a publicar libros de poesía en 1937, pero es en 1954, cuando da a la luz sus Poemas y antipoemas, que se hace ya un poeta irónico, humorístico, irreverente y político, dueño de una palabra risueña y desenfadada, capaz de explosionar los recintos más serios y la crítica más severa. Su poesía tiene mucho que ver con poetas de otras latitudes que acogieron su palabra y su ironía, como Allan Ginsberg (autor de ese excepcional Aullido) y la generación Beat en Norteamérica.

Ganó premios y reconocimientos que, sin embargo, no lo hicieron bajar de su risa, de su desprecio por las solemnidades, ni de su ira ante el tiránico poder. “La peña de los Parra” se le llamó a una famosa reunión en Chile de músicos y artistas animada por gente con ese apellido, que tenían mucho que ver con el poeta (Ángel e Isabel Parra, hijos de Violeta Parra, famosa entre nosotros, eran sobrinos de Nicanor) y mucho tuvieron que ver, igualmente, con la férrea oposición a una nefasta dictadura (expresión redundante) del país del Sur. Harold Bloom dijo, no hace mucho, que Nicanor Parra merecía el Premio Nobel de Literatura, pero que eso era imposible dado que Chile ya tenía dos autores con ese premio. Ganó el Cervantes hace tres años y confesó que pensaba que se lo merecía… por un libro que aún no había escrito.

No todos los días se cuenta con un poeta de cien años de la magnitud de Nicanor Parra, sobre todo porque casi siempre “los dioses los prefieren jóvenes”, y el mundo se queda con muy pocos buenos poetas vivos. Vale la pena, pues, recordar y leer (que es la mejor manera de recordar) al poeta vivo más importante de nuestra lengua.

Foto Revista Quimera (España) N° 281, abril de 2007

Tres poesías 1 Ya no me queda nada por decir todo lo que tenía que decir ha sido dicho no sé cuántas veces.

2 He preguntado no sé cuántas veces pero nadie contesta mis preguntas.

Es absolutamente necesario que el abismo responda de una vez porque ya va quedando poco tiempo.

3 Solo una cosa es clara: que la carne se llena de gusanos.

Cartas a una desconocida Cuando pasen los años, cuando pasen los años y el aire haya cavado un foso entre tu alma y la mía, cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¡Dónde estarás, oh hija de mis besos!

Advertencia Yo no permito que nadie me diga Que no comprende los antipoemas.

Todos deben reír a carcajadas.

La situación se torna delicada Basta mirar el sol A través de un vidrio ahumado Para ver que la cosa va mal: ¿O les parece a ustedes que va bien?

Yo propongo volver A los coches tirados por caballos Al avión a vapor A los televisores de piedra.

Los antiguos tenían razón: Hay que volver a cocinar a leña.

Para eso me rompo la cabeza, Para llegar al alma del lector.

Pido que se levante la sesión Señoras y señores: yo voy a hacer solo una pregunta: ¿somos hijos del sol o de la tierra?

Porque si somos tierra solamente no veo para qué continuamos filmando la película: pido que se levante la sesión.

Déjense de preguntas.

En el lecho de muerte Cada uno se rasca con sus uñas.

Además una cosa: Yo no tengo ningún inconveniente En meterme en camisa de once varas.

* Sistema de Bibliotecas Nota: los poemas aquí publicados fueron tomados de los libros Poemas para combatir la calvicie. Antología, del Fondo de Cultura Económica, México, 1995, y de Páginas en blanco, Ediciones Universidad de Salamanca, España, 2001.

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“Gabo, mi Cristóbal Colón de la literatura” Por GISELA POSADA MEJÍA

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n una época en que la gente lo tildaba de “chiflado” por sus exageradas apreciaciones sobre el autor de la obra Cien años de soledad, en quinto de bachillerato, Darío Sepúlveda o Dasso Salvídar —como se le conoce en el mundo literario—-, ofreció su primera conferencia sobre García Márquez a un grupo de profesores en el lugar donde estudiaba, el antiguo Liceo Antioqueño.

“Lo más increíble no es la biografía que has escrito sobre él, sino que a tan temprana edad hubieras visto todo lo que iba a pasar con Gabo”, le dijo un amigo suyo, que de esta forma anticipó la valoración que hace la crítica literaria de Dasso Saldívar.

El mismo que, en calidad de invitado a la Cátedra Pública de la Rectoría, explicó su método y cómo se tejió una conversación permanente con Gabo —que aún después de la muerte no termina—, y la cual se inició desde el instante que leyó el primer párrafo de la obra magistral del escritor colombiano.

“Quien me señaló el camino de la prosa y de la novela en su máximo esplendor fue García Márquez con Ciencia años de soledad”, afirma.

Y agrega: “La novela era un género muy difícil para mí. Esa serie de rodeos y de cosas para decir tan poco. Me aburría la novela hasta que en tercero bachillerato y gracias a Fernando Gallego tuve en mis manos a Cien años de soledad”, advierte con ese tono afable y pausado que acompaña sus narraciones de momentos memorables.

Parte de los primeros acercamientos al autor fue a través de su hermana Aída García Márquez.

Después viajó a Aracataca y a muchos pueblos de la costa. Habló con parientes, amigos y allegados, contrastó datos y testimonios. No hizo ningún intento de hablar con el personaje central de su biografía, porque el reto inicial, comenta, era encontrar alguna documentación sobre García Márquez.

Solo en una etapa muy adelantada del libro, en Madrid, solicitó a la editora del Nobel, Carmen Bal-

Foto Luis Javier Londoño Balbín

cells, una cita con García Márquez.

“Estás de suerte —le respondió la editora días después—. Gabo no concedió más que dos citas este año y una es para ti”. El nobel colombiano le dedicó dos tardes, lo cual fue de mucha utilidad para organizar y documentar mejor los primeros años de su vida.

“Uno de los temas preferidos de García Márquez era hablar de su infancia; no resultó difícil poner a hablar a uno de los caribeños más callados del mundo”, dice el biógrafo que rememora la complacencia del escritor más glorioso de Colombia, cuando conoció la publicación de El viaje a la semilla.

La primera publicación de la biografía se dio en 1997 y vuelve a ser un hito editorial de Planeta en 2014, como gran homenaje póstumo al nobel. De él, dice

Dasso, “es mi Cristóbal Colón de la literatura. El soñador, el orfebre de las palabras, el Melquiades de la ficción, de la fabulación. No solo una figura de referencia, sino una figura protectora”.

Así lo pensó siempre, porque además en los primeros encuentros presintió que lo conocía de tiempo atrás. “Cuando lo visité por primera vez el 14 de marzo de 1989 me di cuenta que hablaba con alguien familiar. Es como si hubiéramos llevado muchos años conversando. Hallé a un hombre sencillo y modesto que atendía con humildad a quien le hablara”.

No hay literatura sin grandes influencias Según él, después de García Márquez hay dos generaciones que se frustraron: una por escribir

a la sombra o a la luz de él y otra porque reaccionó en su contra.

“Creo que ambas se perdieron un poco. Pero ahora hay una generación de escritores que están sobre los cincuenta años, que aceptaron eso como una influencia luminosa y no como algo negativo, porque el problema en la literatura y en todo no son los maestros sino los discípulos”, dice. Y añade: “Cuando un discípulo tiene altura, genio y talento no se deja castrar, sino que aprovecha esa influencia para encontrar su propia mirada, su propia voz. Un escritor como William Ospina es ejemplo de eso. Es también un gran alumno de Borges, de Rulfo, de Borges, de García Márquez y de Aurelio Arturo; y ha sabido buscar la originalidad como es: la originalidad es la asunción personal de las influencias en tu propio tono”.

Ese tono que como escritor también buscó Dasso Saldívar y que parece haber encontrado con la obra de su autoría recientemente publicada “Los soles de Almafi”, una novela sobre las experiencias de su infancia “que transcurrió en esa década de los 50; la más sangrienta de la llamada Violencia no podía sustraerse de ese contexto”.

Los europeos la reciben como algo natural y los colombianos no saben cómo tomarla, dice, al tiempo que asiente una razón poderosa, esa distancia frente al texto se debe quizá a que los colombianos son extranjeros del dolor de sí mismos y que ven en ella un espejo de su desdicha y del dolor que les ha tocado padecer como patria. “Si alguien es ajeno a su propio destino es uno mismo, tal vez porque lo padeces y no tienes un perspectiva para verlo”.

Dasso Saldívar vive en Madrid desde hace más de veinte años, en condición de “exilio elegido” pero con una patria que lo persigue y está presente. “El colombiano que afuera es más colombiano que el que está adentro, porque este último vive el día a día, sin perspectiva. Lo llena y a la vez lo anula la presencia de la colombianidad; mientras que quien está afuera siente la ausencia de sus raíces.

Considera que esa condición le sucedió a Gabriel García Márquez como lo prueban sus libros, porque en conjunto “Gabo es la presencia de muchos hombres y muchas mujeres”, por eso El viaje a la semilla es también la biografía de Cien años de soledad, fue la frase concluyente de Saldívar.

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Salón colombiano de fotografía 2014

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asta el 3 de octubre estará abierto en la capital antioqueña el 30 Salón Colombiano de Fotografía 2014, convocado por el Club Fotográfico Medellín, un espacio para el arte visual en la ciudad desde la mirada de fotógrafos y artistas visuales nacionales y extranjeros residentes en Colombia.

En la exposición principal, en la Sala de Arte de la Cámara de Comercio de Medellín, estarán a disposición del público 195 fotografías. En el mismo lugar, el 16 de septiembre, se realizará el conversatorio “La imagen fotográfica en la cultura contemporánea”, a las 6:00 pm.

Como parte del Salón-concurso, la Universidad de Antioquia acogerá la exposición “Paraíso árido” del artista visual antioqueño David Romero, que se instalará en el segundo piso del Edificio de Extensión, desde el 15 de septiembre hasta el 20 de octubre.

Para Mauricio Hincapié, curador del Museo Universitario, Paraíso árido “retrata problemáticas nacionales de actualidad como el desplazamiento pero con un toque poético, con un sentido de vida sutil y simbólico”, sin dejar atrás, añade, “la representación de todo un conjunto de situaciones sociales mediante pinturas de luz llenas de poesía”.