REVISTA DEBATES N° 47

No. 47

MAYO — AGOSTO/2007

REVISTA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA No. 47

Contenido 2

Del ser humano como obra maestra

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Por William Ospina

La pobreza como violación directa de los derechos humanos en Thomas Pogge Por Juan Camilo Gallo G.

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¿De dónde viene la voz del pueblo?

Por Jorge Majfud

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El hallazgo de una tumba de Adriano recuerda la decadencia de viejos y nuevos imperios

Por David Rico P.

72

Por Fernando Del Corro

El actual orden institucional mundial: una mirada crítica a la tesis de Thomas Pogge Pogge como lector de Rawls Por Wilmar Martinez

16

Salvemos la escuela pública 76

Por Frei Betto

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JUSTICIA y POBREZA. Notas sobre algunas tesis de Thomas Pogge

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Reconocidos y violados por la ley internacional: los derechos humanos de los pobres globales

¿Qué sabemos los profesionales sobre profesión?

Por Walter Cataño O.

84

Por Thomas W. Pogge

46

Por Verónica Pasos Pérez

80

Por Francisco Cortés Rodas

El dividendo global de recursos, propuesta para erradicar la pobreza estructural

John Rawls a través de Thomas Pogge

El derecho a la información y a la libertad de prensa Por José Jaramillo Alzate

Por Leonardo García Jaramillo

87 54 Salud, derechos humanos y justicia global. El reciente programa de investigación de Thomas Pogge

El ocaso de la unipolaridad y el renacimiento de la globalización Por Eduardo Gudynas

Por Felipe Piedrahíta

Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresión de las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.

Alberto Uribe Correa, Rector - Ana Lucía Herrera Gómez, Secretaria General Editor: Alberto González Mascarozf, agonzale@arhuaco.udea.edu.co Corrector: Luis Javier Londoño Balbín Diseño original: Saúl Álvarez Diagramación: Juan Camilo Vélez Rodríguez Impresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia Departamento de Información y Prensa – Secretaría General - Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín.

Teléfonos 2105023 y 2105026. Fax 2331627. E-mail: almamater@arhuaco.udea.edu.co Consulte DEBATES en almamater.udea.edu.co/debates El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus —1— afirmaciones sólo a ellos compromete.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Del ser humano como obra maestra Por William Ospina*

A la memoria de Héctor Abad Gómez, Luis Fernando Vélez Vélez, Leonardo Betancur y Pedro Luis Valencia

“Qué obra maestra es el hombre! –dicen al comienzo de la obra los labios de Hamlet– Cuán noble por su razón! Cuán infinito en facultades! En su forma y movimientos, cuán expresivo y maravilloso! En sus acciones, qué parecido a un ángel! En su inteligencia, qué semejante a un dios!

La maravilla del mundo! El arquetipo de los seres!”

Esta frase basta para que percibamos la imagen que el hombre tuvo de sí mismo a partir del Renacimiento europeo. Hamlet describe a todo ser humano como si estuviera describiendo a Leonardo da Vinci o a León Batista Alberti, los más altos ejemplares de nuestra especie que pudo mostrar aquella época. La razón, los talentos, la forma, los movimientos, las acciones, todo hacía de nosotros la expresión superior de la naturaleza y la más alta forma de existencia.

No es que no hubiera por entonces monstruos en-

* Texto leído por el novelista y ensayista colombiano el 17 de agosto de 2007 en la Universidad de Antioquia, en el homenaje “Y la muerte no tendrá señorío”, conmemorativo del asesinato, hace 20 años, de los profesores universitarios defensores de los derechos humanos.

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Héctor Abad

Leonardo Betancur

tre los hombres. La misma Italia de Leonardo fue la de César Borgia, tenebroso asesino; la misma época fue la de los conquistadores de América, brutales genocidas, la de los funcionarios de la Santa Inquisición, devotos depravados.

Pero con el espíritu renovador habíamos llegado a un alto aprecio de nuestra condición humana.

A la plenitud de la idea de individuo, madurada por las meditaciones de Descartes, por las imaginaciones de Francis Bacon y de Tomás Moro, por el arte del retrato, se añadirían con el tiempo la invención de la novela, el ejemplar diálogo leal y persistente entre dos seres casi incompatibles, los personajes de Cervantes, y la galería de criaturas de Shakespeare, que parece abarcar y fijar todo el espectro de lo humano.

Qué sobrecogedor es evocar después el siglo XVIII europeo, del que salió casi todo lo que somos hoy en occidente. Ese siglo que esplende y se envanece bajo la inteligencia de Luis XIV, que investiga y se aplica a la innovación con Pedro el grande, que concibe en el arduo latín de Swedenborg, el ingeniero que hablaba con los ángeles, una ética aliada

Pedro Luis Valencia

Luis Fernando Vélez

con la estética, que arrebata con Franklin el rayo a los cielos, que traza con Montesquieu el plano inteligible del estado democrático, que pretende abarcar con Bouffon la temporalidad de la naturaleza, que examina con Condillac el origen de los conocimientos humanos, que compara en la prosa espléndida de Voltaire la diversidad de las culturas y zahiere los dogmas, que discurre con Fontenelle sobre la pluralidad de los mundos, que traza en la obra de Gibbon todo un modelo de análisis panorámico de las épocas en el fresco desmesurado de la Decadencia de Roma, que convierte las matemáticas en sentimiento en los ríos de Bach, que lleva con Tiépolo la perspectiva hasta los altos pozos del cielo, que recorre con Casanova toda la escala de las clases sociales, que abarca con Johnson todos los matices de la gramática y de la moral de su cultura, que entrega el alma por el conocimiento en la ávida obra de Goethe, que siente ebullir la rebelión de los pueblos en los versos de Schiller, que piensa con pinceles en Goya, que llena de luz el universo con el pensamiento de Inmanuel Kant, que diviniza la naturaleza en la obra de Rousseau, que enlaza la razón con la inspiración en la obra de Novalis y que

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Ese siglo logró cumplir la gran sustitución histórica: el cosmopolitismo, el debate, la crítica y la pasión por la instrucción eran las puntas de lanza de la burguesía comercial e industrial expansiva, en ascenso, combativa e innovadora, contra el localismo, el dogmatismo, el autoritarismo y la pasión por el adoctrinamiento que caracterizaban a la nobleza agrícola arraigada, imperiosa, tradicionalista y repetitiva. avizora los infiernos y los cielos del porvenir en los cantos proféticos de Hölderlin.

Ese siglo logró cumplir la gran sustitución histórica: el cosmopolitismo, el debate, la crítica y la pasión por la instrucción eran las puntas de lanza de la burguesía comercial e industrial expansiva, en ascenso, combativa e innovadora, contra el localismo, el dogmatismo, el autoritarismo y la pasión por el adoctrinamiento que caracterizaban a la nobleza agrícola arraigada, imperiosa, tradicionalista y repetitiva. Y el gran instrumento de esa rebelión fue la Enciclopedia, esos 17 volúmenes a medias clandestinos que Diderot y D’alambert desarrollaron a partir del árbol de los conocimientos humanos de Francis Bacon y del Discurso del Método de Descartes. Todo venía allí: el paso de las monarquías a las constituciones, la comparación entre las distintas civilizaciones, la lucha contra la inquisición y el esclavismo, la crítica de la fe y de las iglesias, el nuevo culto de la instrucción contra las inercias de la doctrina, la exaltación de la Naturaleza en gran paradigma del orden, la formulación de la felicidad terrena como gran objetivo de la especie, y la exaltación del progreso como el camino ideal para la consecución de ese objetivo. No es de extrañar que concluido el trabajo básico de la Enciclopedia en 1775 sólo haya tardado 14 años en desencadenarse la Revolución.

La Revolución política era apenas una consecuencia de la tremenda, de la desmesurada Revolución del

espíritu que acababan de vivir las naciones. Y los Diez Mandamientos de Moisés, antiquísima declaración de deberes, fue sustituida por la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, por la novísima Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el instrumento fundamental en la búsqueda de la República. Fue preciso para ello que los grandes rebeldes se propusieran arrebatar a las sociedades a la inercia de las repeticiones históricas e imponerle unos rumbos trazados por la voluntad humana.

No es casual que en el siglo de la Ilustración y de la Revolución, Voltaire haya acuñado finalmente el término optimismo para describir a quienes seguían mirando al hombre como la maravilla de los seres.

Las preocupaciones de la humanidad han cambiado dramáticamente en los últimos tiempos. Bastó un siglo para que Mark Twain pronunciara aquella frase abrumadora que Borges todavía repetía en las discusiones con los antisemitas: “Yo no pregunto de dónde es un hombre ni cuál es su religión ni su raza. Me basta con que sea un ser humano. Nadie puede ser nada peor”. El siglo XIX nos dejó sembrado el ideal del progreso, pero el siglo XX, casi desde sus inicios, nos puso a dudar de las virtudes de ese progreso científico y tecnológico. Con respecto al modelo político, Carlyle llamó a la democracia “El caos provisto de urnas electorales”, y en muchos lugares del mundo, incluidos algunos de nuestros países latinoamericanos la descripción es exacta.

Borges la llamó “ese curioso abuso de la estadística” y es difícil estar en desacuerdo. El crecimiento irrestricto de las ciudades, que ha llevado al mundo a tener hoy varias megalópolis de más de 20 millones de habitantes y centenares de ciudades de varios millones, nos ha reformulado muchas preguntas, no sólo sobre la cultura y la política, sino sobre nuestra relación con la naturaleza. El auge avasallador del espíritu de lucro y el cumplimiento del anuncio de Marx según el cual todo tendería a convertirse en mercancía, nos formula preguntas nuevas y cada vez más urgentes sobre el dinero, sobre el trueque, sobre la gratuidad, y sobre un cúmulo de viejas virtudes olvidadas como la solidaridad y la generosidad. Hay pueblos que se resisten a la idea de que todo deba tener un precio, hay quien argumenta que la especie humana perecerá si no es capaz de recuperar las virtudes de dadivosidad, de la hospitalidad y de la gratuidad.

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Tal vez el mejor ejemplo que podemos poner es el de las simientes. Como se sabe la principal característica de la naturaleza es su prodigalidad: la naturaleza derrocha el polen, derrocha las semillas, derrocha el semen, porque su principal propósito es evidentemente la perpetuación y la multiplicación de la vida. El hombre ha sido capaz de llevar su tremendo poder científico y tecnológico hasta el diminuto corazón de las semillas, donde está oculto el secreto, ha sido capaz de alterarlas con el fin de potenciar la productividad y de mejorar, desde su perspectiva parcial, las especies, pero en el fondo lo que quiere es hacerse dueño del secreto de la reproducción y la multiplicación de los bienes de la tierra, ponerles un precio, y para poder traficar con ellos amparado en los derechos ilimitados del conocimiento y escudado por la lógica de las patentes. El debate sobre la modificación del patrimonio genético de las especies nos compete a todos y debería ser más amplio, pero lo que aquí nos encontramos es una dramática disparidad en el acceso a la información y al conocimiento, que hace que las conquistas de la ciencia y de la industria caigan en manos de los traficantes mucho antes de ser debatidas por la humanidad. La privatización de los tesoros de la naturaleza, la oposición de un cálculo mezquino a la divina prodigalidad del mundo, es lo más parecido a un pecado que yo puedo concebir en nuestra

época. Y tendría que encontrar alguna oposición y algún límite, incluso en términos jurídicos.

Ello nos lleva a plantearnos el tema de las limitaciones de la democracia. Cuando ésta fue concebida, en la Grecia clásica, se pensaba que era compatible con fenómenos como la esclavitud. En realidad Grecia no vivió jamás una democracia sino apenas una oligocracia, o una aristocracia; y el país que más proclamó el imperio de la igualdad en occidente, los Estados Unidos de América, llamó democracia inicialmente sólo a una etnocracia que toleraba en su seno una esclavitud más alarmante que la griega. Pues en Grecia ser esclavo era un accidente, era fruto de una derrota en la guerra, en tanto que en América desde el siglo XVI ser esclavo era una condena fatal debida al origen y a la raza. Muchos esfuerzos se han hecho en la historia por hacer a la democracia más verosímil, por ampliarla a las minorías étnicas, religiosas, sexuales, pero la entronización del poder económico como principal factor en la lucha política, y la escandalosa admisión sin debate de la publicidad como instrumento básico de las justas electorales, ha convertido a la democracia en un simulacro en buena parte del mundo. Hoy la mayor parte de las democracias del planeta no son más que el poder de las corporaciones, a veces legales, a menudo ilegales, sobre una humanidad embrujada por el resplandor de los medios.

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Por supuesto que el Estado tendría que poner freno a estos excesos, pero la verdadera solución no puede estar en la persecución o el acallamiento de los medios sino en una proliferación de medios expresivos a través de los cuales puedan darse los grandes debates de la época, y avanzar en la formación de ciudadanos capaces de asumir ese debate y de mantenerlo. El ágora es ahora el debate en los medios convencionales y la red infinita de intercambios que discurren bajo el pórtico de Internet.

El siglo XIX fue el siglo de la Revolución Industrial.

Todavía hoy se piensa que la industria fue exclusivamente la solución salvadora de la humanidad, ante su necesidad creciente de bienes de consumo por una proliferación demográfica cada vez más urbana y llena de nuevas necesidades. Pero el siglo XX le aportó nuevas preguntas a ese tema, y quizás la más importante es la conciencia creciente de que el planeta no es una bodega inagotable de recursos para las medusas de la industria, y que por ello el derecho de las factorías y del mercado a saquear el caudal perecedero de la naturaleza debe discutirse.

A debatir ese punto ha contribuido mucho la evidencia de que algunas de las naciones más industrializadas del planeta están consumiendo materia planetaria a un ritmo tan irreflexivo y desaforado que se convierten aún sin proponérselo en enemigas del resto de la humanidad. Ya en 1958 Aldous

Huxley señalaba en sus conferencias de Santa Bárbara, California, que el consumo de hidrocarburos, metales y minerales de los Estados Unidos durante cuarenta años, entre 1918 y 1958 había sido mayor que lo que había consumido la humanidad en toda su historia. Esa proporción no ha cesado de crecer desde entonces.

Hoy todos somos testigos de la irracionalidad con que se consumen los recursos del mundo. Las naciones industrializadas tienen acceso no sólo a los bienes de su territorio sino a los recursos de los territorios menos desarrollados, ya que tienen mayor capacidad de compra, pero el mercado como único criterio de valoración de los bienes del mundo, a pesar de ser predicado como el más justo factor de equilibrio, nos muestra pueblos enteros hundidos en el hambre y la desnutrición, pueblos enteros azotados por la plaga, pueblos enteros azotados por guerras y enfermedades bíblicas, y los pueblos prósperos beneficiándose del comercio en todo el planeta, a salvo de las desigualdades y las maldiciones.

Yo tengo para mí que es ese cuadro de contrastes aparentemente involuntarios o inocentes, lo que alimenta más secretamente la irrupción de los terrorismos. Los Estados Unidos pueden sorprenderse de que unos terroristas siniestros hayan llegado a los aeropuertos de Boston a apoderarse de unos aviones para desviarlos de su ruta y convertirlos de pronto

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en bombas pavorosas contra las propias torres de sus metrópolis, y pueden no entender que gentes de países tan distantes vayan hasta el propio corazón de Norteamérica a perpetrar sus atrocidades.

Pero es que la información es siempre precaria. El pueblo norteamericano no ha sido informado, a pesar de la excelencia del cubrimiento de sus medios, de que el gobierno norteamericano apoyó en sus primeras luchas a esos mismos terroristas a los que hoy atribuye todos los males. Sabemos que apoyó a los talibanes contra los soviéticos, que apoyó a Sadam Hussein en sus guerras contra Irán, así como había apoyado a lo largo de las décadas a Leonidas Trujillo en Santo Domingo, a Fulgencio Batista en La Habana, a Francois Duvalier en los años siniestros de su dictadura en Haití, a Noriega en Panamá y a Augusto Pinochet en Santiago de Chile, desde la primavera austral de 1973. Los ciudadanos norteamericanos ignoran mucho de lo que hacen sus gobiernos, y, satisfechos de que ello ocurra, no suelen preguntarse por qué las guerras de los Estados Unidos se libran siempre tan lejos de su territorio, en Corea, en Vietnam, en Afganistán, en Iraq.

Yo nunca aprobaré ni justificaré los ataques de nadie contra la población civil de ningún país, ni los atentados de las Torres Gemelas ni los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, pero no ignoro que los Estados Unidos ya habían profanado la democracia de varios países, Chile entre ellos, cuando sufrieron el 11 de septiembre de 2001 el primer ataque de guerra en toda su historia. A estas alturas ya no pueden quejarse de esos atentados, porque hace tiempos dejaron de ser víctimas, y George Bush se cobró con los 650.000 muertos iraquíes que ha provocado su invasión, los 3.000 muertos de las Torres Gemelas.

Empezamos este siglo con nuevas y angustiosas preguntas. ¿Encontraremos una solución al problema de la urbanización incontrolable? ¿Cómo enfrentaremos el problema de la pobreza extrema, de la indigencia, de vastas comunidades humanas despojadas de bienes básicos de subsistencia, de una educación que las integre en comunidades civilizadas, bajo condiciones mínimas de dignidad? ¿Cómo hacer del trabajo otra vez una fuente de alegría y de humanización, en un mundo donde cada vez más los trabajadores pierden la capacidad de abarcar todo el proceso productivo y se convierten apenas en tuercas y tornillos de los sistemas inexorables de

El debate sobre la modificación del patrimonio genético de las especies nos compete a todos y debería ser más amplio, pero lo que aquí nos encontramos es una dramática disparidad en el acceso a la información y al conocimiento, que hace que las conquistas de la ciencia y de la industria caigan en manos de los traficantes mucho antes de ser debatidas por la humanidad. la industria? ¿Cómo responder a los desafíos de una naturaleza amenazada, no sólo por los procesos de la industria sino por sus consecuencias, las basuras sintéticas y nucleares, la contaminación, la degradación de las aguas y de la atmósfera, la tala indiscriminada de las selvas atendiendo sólo a la expectativa insensata de rentabilidad a corto plazo?

En todos estos casos se hace evidente el conflicto entre los intereses particulares y los intereses colectivos. Algunas veces la industria, que tanto bien puede hacer a la humanidad desplegando sus actividades de acuerdo con necesidades reales y con consideraciones delicadas de largo plazo, se escuda en la idea de que está trabajando por el bien común cuando surte sus bienes de consumo, pero no siempre ello es verdadero. La industria no puede por su sola dinámica tener a la vista un verdadero orden de prioridades en cuanto a los criterios de producción.

Responde a las oportunidades del mercado, pero muchas veces opta por fabricarse artificialmente las condiciones de su negocio, mediante estrategias de promoción y de publicidad. Por eso la fabricación y venta de fruslerías industriales y el consumo irracional son grandes males de las sociedades modernas, y no serán los Estados quienes moderen esta dinámica. Son los ciudadanos quienes tienen que ser capaces de discernir entre lo útil y lo inútil, entre lo necesario y lo insensatamente superfluo.

Y digo lo insensatamente superfluo pensando en

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Las naciones industrializadas tienen acceso no sólo a los bienes de su territorio sino a los recursos de los territorios menos desarrollados, ya que tienen mayor capacidad de compra, pero el mercado como único criterio de valoración de los bienes del mundo, a pesar de ser predicado como el más justo factor de equilibrio, nos muestra pueblos enteros hundidos en el hambre y la desnutrición, pueblos enteros azotados por la plaga, pueblos enteros azotados por guerras y enfermedades bíblicas, y los pueblos prósperos beneficiándose del comercio en todo el planeta, a salvo de las desigualdades y las maldiciones. una brillante frase de Oscar Wilde, quien alguna vez afirmó que “sólo lo superfluo es indispensable”. Nadie podría utilizar esa afirmación ingeniosa para poner a la gente a consumir necedades, porque a lo que Wilde apunta es a una reflexión más profunda. En el fondo está diciendo más bien lo mismo que Cristo: “No sólo de pan vive el hombre”. Ante la pretensión de algunos de que la humanidad necesita sólo bienes básicos para subsistir, Wilde quiere recordarnos que necesitamos de la cultura, que las verdaderas joyas de la vida, más que los metales y que las piedras raras, son cosas que no son indispensables para la subsistencia corporal, como el arte, los libros, la riqueza de lenguaje, la ornamentación, el diseño, la apasionada conversación, la armonía y la belleza, sin las cuales es inconcebible la civilización.

Sólo en ese sentido yo afirmaría que la humanidad tiene que ser capaz de superar el reino de la necesidad y acceder al reino de la libertad. Y la humanidad no puede esperar a haber escapado al reino de la necesidad para empezar a pensar en el reino de la libertad. Cada conquista en el horizon-

te de la necesidad debe ir acompañada de muchas conquistas en el orden de la libertad. Nadie puede considerar suficiente tener una casa, todo el mundo debe sentir la necesidad de tener una casa bella, y ello no significa ostentación sino alegría de vivir, disfrute de los detalles, búsqueda del equilibrio y de la armonía. No basta tener ciudades, hay que tener ciudades bellas, y ello no es un mero refinamiento del gusto, es la búsqueda de un mundo afectivamente saludable. Yo creo en el hondo papel que juega la belleza en la conquista de un mundo más humano, más equilibrado, más lúcido y más feliz. Y creo que uno de los grandes defectos de las revoluciones del siglo XX, a diferencia de la Revolución Francesa, que fue también y sobre todo una revolución de las ideas y del gusto, que uno de los grandes defectos de las revoluciones del siglo XX es que creyeron que podían hacer libres a las comunidades sin hacer libres a los individuos.

Marx era un gran individuo, poseía un gran estilo, tenía amor por las letras, por el arte, por la poesía, por la belleza, por la inteligencia. Sus sucesores no siempre fueron capaces de esas riquezas de la sensibilidad. Marx amaba la lengua y lo desvelaba el estilo literario. Pocos de sus continuadores tuvieron esa gracia y esa riqueza de expresión, y por supuesto muy pocos tuvieron esa exquisita formación cultural y literaria. Y sin embargo, a lo que aspiraba Marx era justamente a la superación del hombre anulado por el capitalismo, al que ya no se le permitía otra cosa que agotarse en la mecánica repetición de un trabajo intelectual y vitalmente estéril. Yo hoy me atrevo a afirmar que el mayor mal del capitalismo es haber reducido al ser humano a la condición de pasivo consumidor de mercancías, y vuelvo a alzar como un grito la definición de Hamlet de lo que es un ser humano: “Qué obra maestra es el hombre!

Cuán noble por su razón! Cuán infinito en facultades! En su forma y movimientos, cuán expresivo y maravilloso! En sus acciones, qué parecido a un ángel! En su inteligencia, qué semejante a un dios! La maravilla del mundo! El arquetipo de los seres!”.

El capitalismo, y todos los sistemas análogos, industrialistas, mercantiles, consumistas, saqueadores de la naturaleza, aunque a veces se llamen socialistas o comunistas, todos los sistemas que al mismo tiempo anulan la individualidad y desprecian a la comunidad, han pretendido convertir a la sociedad

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humana en un hormiguero. Creo que tenemos derecho a aspirar a un mundo que respete profundamente los intereses de las comunidades, pero donde el Estado no intervenga más allá de la ley en los asuntos de los individuos; un tipo de sociedad que pueda ver al planeta como nuestra morada común, y que imponga leyes severas para la protección del universo natural; un mundo que estimule la creatividad y aprecie la belleza, que privilegie la memoria, que favorezca el conocimiento, que estimule la salud afectiva, que proteja y promueva a las minorías, que respete la diversidad humana en el ámbito de lo individual y que garantice la convivencia humana en el ámbito de lo social. Un mundo que honre la inteligencia, que respete el espacio sagrado de la conciencia individual y que exija de todos los individuos unos nítidos deberes sociales.

Varias propuestas de mejoramiento del hombre surgieron en los últimos siglos. Yo quisiera señalar tres entre ellas. La propuesta de Kant de que la filosofía ayude al ser humano a ser libre, a alcanzar su mayoría de edad. Es la propuesta de hacer filosóficos a los seres humanos. A mí me parece una propuesta admirable, pero soy harto consciente de sus dificultades. Si ya es difícil hacer que los filósofos vivan filosóficamente, ¿cómo soñar que lograremos que en las próximas décadas, las que van a ser decisivas para la salvación o el naufragio del planeta, diez mil

millones de individuos aprendan a vivir filosóficamente? El más importante y penetrante filósofo del siglo XX, Martín Heidegger, pagó puntualmente sus cuotas al partido nacional socialista durante años, porque algunas de sus convicciones filosóficas parecían realizarse al amparo de aquella ideología. No es mi propósito infamar su memoria ni minimizar la importancia de su obra filosófica, pero no hay mejor prueba de que vivir filosóficamente es difícil. Otra propuesta de mejoramiento de la humanidad fue la de Marx. Consistía en pensar que sería el Estado el encargado de llevar a la humanidad a un nuevo comienzo. También estaba llena de buenas intenciones, pero padecía de una enfermedad, muy alemana por cierto, que era la tendencia a idealizar al Estado.

Hegel había escrito alguna vez que “El Estado es la realización de la idea moral”, pero fue otro alemán, quién había discutido con Hegel día a día y noche a noche durante años, quien señaló las limitaciones de esa idea. Hölderlin, gran poeta del Romanticismo alemán, gran vindicador de la naturaleza en una época de progresismo y de ciega fe en la capacidad transformadora del hombre, escribió en su Hiperión que “siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo se ha construido su infierno”. Es por eso que Thomas Mann dijo, hace casi un siglo, que la historia habría sido distinta, si Marx hubiera leído a Holderlin. Marx era un hombre sensato y también

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Ante la pretensión de algunos de que la humanidad necesita sólo bienes básicos para subsistir, Wilde quiere recordarnos que necesitamos de la cultura, que las verdaderas joyas de la vida, más que los metales y que las piedras raras, son cosas que no son indispensables para la subsistencia corporal, como el arte, los libros, la riqueza de lenguaje, la ornamentación, el diseño, la apasionada conversación. había advertido en algún momento de su obra que el Estado no debía ser idealizado. “El Estado no está para educar sino para ser educado”, escribió. Y antes Hölderlin había escrito que “quien pretenda convertir al Estado en una escuela de moral no mide la enormidad de su error. Porque la moral no puede proceder del Estado, la moral sólo puede proceder de la conciencia de las naciones. Al Estado sólo puede gobernarlo la ley positiva, y el Estado sólo puede reclamar de los ciudadanos aquello que está en condiciones de imponerles por la fuerza. El Estado no puede intervenir en los afectos, en los gustos, en los conocimientos, en las convicciones, en las estéticas, en las preferencias sexuales, en los sentimientos religiosos, en las posiciones políticas.

El Estado sólo puede exigir que estas actitudes y posiciones no vulneren la ley establecida por las mayorías.

Y como decía Estanislao Zuleta recordando a Platón, para dos cosas es libre el hombre, para pensar y para amar. Hay dos cosas a las que no puede ser obligado ningún hombre: ni a pensar ni a amar, esos son los ámbitos más sagrados de su libertad. Hasta los esclavos son libres allí. Nadie puede ser obligado a amar al amo, nadie puede ser obligado, allá, en el fondo de su conciencia, a pensar como el amo.

Esos ámbitos de la moral, de la estética, de la preferencia sexual, del pensamiento, de la religión, de la voluntad, del afecto, limitados por la ley, son espacios ante los cuales tiene que detenerse el Estado y en los que no puede intervenir. En suma, el Estado, con toda su posibilidad de organizar, ordenar, equilibrar, hacer justicia, reparar, abrir oportunidades, corregir males centenarios, es sólo un instrumento

de la sociedad, y no puede perder el sentido de las proporciones ni pretender reemplazarla sin convertirse inmediatamente en el mayor de los males.

La tercera es la propuesta de Freud, quien llevó a su madurez un pensamiento que ya estaba insinuado en las páginas de Paracelso: “Cuando nos hallemos ante enfermedades cuyo origen no nos sea posible conocer por medio del cuerpo visible, debemos encender la luz que nos permita hablar, pues si no las obras que esas enfermedades representan nos exhortarán a callar, por más que esto nos parezca incomprensible. Si nos guiamos por esa luz podremos reconocer que esa otra mitad invisible del hombre existe realmente, y que su cuerpo no es sólo carne y sangre, sino una cosa demasiado brillante para nuestros groseros ojos”. Freud desarrolló un método para permitir que el costado acallado de nuestro ser pueda expresarse, y para que el lenguaje nos ayude a explorar en las causas de nuestros actos y a reconciliarnos con nuestras altas posibilidades, pero desafortunadamente ese método analítico no es ni será accesible más que a una fracción de la humanidad.

Ahora enfrentamos grandes desafíos. En la larga y heroica aventura de la especie humana, dudo que haya habido una época en la que se hayan alzado ante el ser humano tan vastos y difíciles desafíos.

Quienes aman, como Estanislao Zuleta o como Leonardo la dificultad, pueden sentirse satisfechos de que esta época nos rete tan poderosamente. Donde quiera que miremos hace crisis la civilización. La destrucción de la naturaleza por obra del lucro, por obra de la tecnología, por obra de la industria, el modo como nuestros méritos se vuelven contra el mundo, hace que parezca acuñada para nosotros la gran sentencia “Perecerás por tus virtudes”. Vemos el fenómeno del calentamiento global, de la degradación de la atmósfera, de la contaminación de los aires y de los mares, de las basuras letales, de la muerte de los glaciares, de la creciente peligrosidad de los rayos del sol, y entendemos que tenía razón Neruda cuando escribió “La tierra hizo del hombre su castigo”.

Vemos la perdida gradual de una valoración compleja del mundo, la sustitución de todos los valores por el omnipresente valor comercial, y sentimos que un gran saqueo se está obrando sobre nuestra riqueza del afecto y de la imaginación. Los bosques no son ya los bosques de la memoria y de la fábula sino recursos madereros. El río no es ya una metáfora del tiempo y

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un espejo de nuestras vidas sino un medio de transporte y un recurso hidráulico. La moneda del Zahir parece borrar con su idea fija todas las otras cosas del universo. Vemos cómo la sociedad de consumo cambia al hombre de Hamlet, tan parecido al ángel, tan semejante al Dios, en un pasivo receptor de informaciones, en un dócil consumidor de espectáculos, en un insignificante apéndice de mecanismos cada vez más estorbosos e invasores. Al grito de Nietzsche: el desierto está creciendo, desventurado el que alberga desiertos, sólo responde el rumor de los versos de Eliot que repiten: “Veinte siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo”. ¿Qué hacer con tan vastos problemas y tan limitados recursos? Ante esas bienintencionadas pero limitadas propuestas contemporáneas, sólo podemos comprobar que las únicas grandes respuestas históricas no han sido estrictamente filosóficas, ni políticas, ni terapéuticas sino mitológicas. Sólo el mito ha sido capaz de promulgar prohibiciones que la humanidad se incorpora casi como si fueran leyes físicas; sólo el mito ha sido capaz de engendrar conductas colectivas, ritos que religan a los pueblos, códigos de belleza y de cortesía. Y hablo de mitos y no de religiones, porque el mito es una expresión poética y estética que muchas veces supo existir, como en la Grecia clásica, sin iglesias, sin burocracias sacerdotales. Tal vez la humanidad está madurando los sabios mitos

del porvenir, y todo nuestro vasto desorden presente, lleno también de iniciativas, de teorías, de pedagogías, de propuestas filosóficas, de utopías políticas, puede no ser más que el germinar de las grandes respuestas. La última vez que surgió un gran mito en Occidente, fue alimentado a la vez por visiones, por revelaciones y por hondas obras filosóficas, no parece posible ya un mito que repugne a la inteligencia. No en vano existieron el Renacimiento y la Ilustración.

No en vano discurrió el siglo XVIII con todas esas admirables obras que he enumerado. Pero Europa olvidó tantas cosas! “El inevitable hombre blanco” como lo llamaba Joseph Conrad dejó por fuera demasiadas tradiciones, demasiadas memorias, demasiadas mitologías. Tal vez un día seremos capaces del gran mito universal, que ponga a dialogar al lugar con el universo, que no pretenda que el árbol es más importante que la hoja, que no pretenda que la humanidad es más importante que el individuo, que no pretenda que la eternidad es más importante que el instante.

Quizá eso es lo que preparan los grandes versos del presente, que yo quiero resumir aquí sólo en el dístico final de un poema de Borges: El hoy fugaz es tenue y es eterno Otro cielo no esperes, ni otro infierno.

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

¿De dónde viene la voz del pueblo?

Por Jorge Majfud* Profesor Universidad de Georgia

¿Quiénes deciden qué noticias y qué verdades deben ser repetidas 24 horas por CNN, Fox o Telemundo? ¿Por qué Paris Hilton llorando por dos semanas de cárcel –y luego vendiendo la historia de su delito y de su “conversión moral”– es primera plana y los miles de muertos por injusticias evitables son apenas un número junto con el pronóstico del tiempo?

Es probable que así como la rima servía a los trovadores para memorizar historias en una antigüedad sin prensa escrita, el ingenio cumpla la misma función de ayuda memoria. Pero si ingenio no es lo opuesto a genio mucho menos es su sustituto. De ahí las fábulas y las parábolas. O los sofismas como: “puedo resistir cualquier cosa, menos la tentación” (atribuido a Oscar Wilde); “un comunista es alguien que ha leído a Marx; un anticomunista es alguien que lo ha comprendido” (Ronald Reagan); o las más inteligentes ocurrencias de Groucho Marx. El sofisma es una minúscula pieza de ingenio que con frecuencia sustituye o pretende disimular la carencia de un pensamiento más complejo, algo así como el Reader’s Digest de la cultura universal.

La esperanzadora y popular frase de Lincoln, “puedes engañar a todos por poco tiempo, a unos pocos por todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos por todo el tiempo” se parece a la de Churchil, “nunca tantos le debieron tanto a tan pocos”. Tal vez la geometría fonética –“…all the people part of the time, and part of the people all the time, but not all the people all the time”– conspire contra la verdad histórica. Depende lo que significa “poco tiempo” o “unos pocos”.

Para déspotas y dictadores tal vez un par de décadas

* Jorge Majfud. Escritor uruguayo, nacido en Tacuarembó. Es profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Georgia, Estados Unidos

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sea “tan poco” pero para quienes deben sufrirlos media hora sea “tanto tiempo”.

Por otro lado, quien sabe si “engañar a mucha gente por mucho tiempo” no es otra forma triste de la verdad: si una mentira dura lo que dura una civilización, entonces ¿cómo vamos a definir esa mentira? Durante siglos, la idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra era unánime. El viejo sistema de Ptolomeo –bastante nuevo si consideramos que otros griegos entendían que en realidad la tierra se movía alrededor del sol– era la “vox populi” sobre cosmología. Los cálculos que consideraban el modelo de Ptolomeo podían predecir eclipses. Ese modelo cosmológico se derrumbó, poco a poco, a partir del Renacimiento.

Hoy en día el heliocentrismo es “vox populi”. Suena por lo menos ridículo decir que en realidad el sol gira alrededor de la tierra. Sin embargo, esta realidad es innegable. Hasta un ciego puede verlo. Desde el punto de vista de un terrícola, paradójicamente nuestro punto de vista más común y casi siempre el único, lo que gira es el sol, no la tierra. Y si consideramos el primer principio einsteniano de que no hay punto de vista privilegiado ni sistema de observación único en el universo, no hay ninguna razón para negar que el sol gire alrededor de la tierra. La idea heliocéntrica sólo es válida para un punto de vista (imaginario) exterior al sistema solar, punto de vista más simple y de más alta estética –de ahí su superioridad científica–, nunca experimentado por ser humano alguno pero fácil de concebir.

Otra paradoja de esta frase prefabricada: una de las primeras menciones escritas de vox populi, vox Dei la hace Flaccus Albinus Alcuinus hace más de mil años, precisamente para refutarla: …tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit (“…la cordura del vulgo es más bien locura”).

Su raíz pagana y tal vez demagógica, autoriza al pueblo en nombre de Dios pero/y es utilizada por toda una gama de ateos o anticlericales. Por otro lado, la burocracia que le han inventado a Dios para ayudarlo a administrar su Creación, ha practicado históricamente el lema contrario: “el poder del rey procede de Dios”. Por lo menos desde Tutankamon hasta los generalísimos y (no) muy católicos Franco, Videla, Pinochet y los neoconservadores norteamericanos. Tampoco el Vaticano recurrió jamás a la “vox populi” para elegir la “vox Dei”. ¿Cómo habría Dios de dotarnos de inteligencia y luego exigirnos una conducta de rebaño?

Desde los tiempos en que imperaba la propaganda feudal y teocrática y en tiempos de los reyes absolutistas, la “vox populi” fue una creación de púlpitos y

Si el objetivo mediato es la pesca de votos, ¿alguno se atrevería a decir algo que, de antemano, sabe que no caerá bien en la masa votante? Los candidatos políticos no debaten; compiten en seducción, como si estuviesen “cantando por un sueño”. pupitres y de historias populares de reyes y de princesas. No muy diferente a las más actuales telenovelas y a las revistas de Ricos & Famosos donde se exponen las elegantes miserias de las clases dominantes para consumo moral del pueblo. Diferente, aunque no tanto, se forma hoy la “vox populi” en los estrados políticos y los mass media dominantes.

No muy diferente de aquel primer debate blanco y negro de Nixon-Kennedy. ¿Existe algún candidato que se atreva a desafiar la sagrada “opinión pública”?

Sí, sólo aquel que sabe no tiene probabilidades serias de ganar y no teme meter el dedo en la llaga. Pero los políticos con chance no pueden darse el lujo de incomodar esa “vox populi”, razón por la cual suelen acomodar el cuerpo hacia todo tipo de centros –el espacio ideológico creado por los medios– en nombre del pragmatismo. Si el objetivo mediato es la pesca de votos, ¿alguno se atrevería a decir algo que, de antemano, sabe que no caerá bien en la masa votante? Los candidatos políticos no debaten; compiten en seducción, como si estuviesen “cantando por un sueño”.

Ahora, ¿quiere decir todo eso que el pueblo tiene la autoridad de imponer una conducta a sus propios candidatos? ¿Quiere decir que el pueblo tiene el poder? Para responder debemos considerar si esa opinión pública no es frecuentemente creada, o al menos influenciada por los grandes medios de comunicación –título de por sí falso y a veces demagógico–, como en la Edad Media era creada e influenciada desde el pupitre y la comunicación se reducía al sermón y el mensaje era, como hoy, el miedo.

Claro, no voy a defender la libertad de prensa en Cuba. Pero por otra parte la repetida libertad de prensa del autoproclamado “mundo libre” bajo la lupa no luce igual. No me refiero sólo a la democrática au-

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tocensura de quien teme perder su empleo, o a los desempleados políticos que deben maquillar sus ideas para convencer a un posible empleador.

Si en los países “no libres” la prensa está controlada por el Estado, ¿quién controla los medios y los fines en el mundo libre? ¿El pueblo? ¿Alguien que no pertenezca a la selecta familia de los grandes medios que ejercen la “cobertura mundial”, puede decidir qué tipo de noticias, qué tipo de ideas debe dominar el aire, la tierra y los mares como el pan nuestro de cada día? Cuando se dice que la nuestra es una prensa libre porque está regida por la libertad del mercado, ¿se está argumentando a favor o en contra de la libertad de la prensa y de los pueblos? ¿Quiénes deciden qué noticias y qué verdades deben ser repetidas 24 horas por CNN, Fox o Telemundo? ¿Por qué Paris Hilton llorando por dos semanas de cárcel –y luego vendiendo la historia de su delito y de su “conversión moral”– es primera plana y los miles de muertos por injusticias evitables son apenas un número junto con el pronóstico del tiempo?

Para completar la (auto) censura en nuestra cultura, cada vez que alguien se atreve a poner una lupa o garabatear interrogantes, es acusado de preferir los tiempos del estalinismo o algún rincón de Asia donde la teocracia impera a su antojo. Este es, también, parte de un conocido terrorismo ideológico del cual debemos estar intelectualmente alertas y resistentes.

La historia demuestra que los grandes cambios han sido impulsados, previstos o provocados por minorías atentas a las mayorías. Casi por regla, los pueblos han sido más bien conservadores, quizás debido a las históricas estructuras que le impusieron obediencias de plomo. La idea de que “el pueblo no se equivoca”, se parece mucho a la demagogia de “el cliente siempre tiene la razón”, aunque esté escrita con la otra mano.

En el mejor sentido (humanístico), la frase “vox populi, vox Dei” puede referirse no a que el pueblo tiene necesariamente la razón, sino a que el pueblo es su propia razón. Es decir, toda forma de organización social lo tiene a él como sujeto y objeto. Excepto en una teocracia, donde esta razón es un dios que se arrepintió de haberle conferido libre albedrío a sus pequeñas criaturas. Excepto en el mercantilismo más ortodoxo, donde el fin es el progreso material y los medios la carne humana.

Fuente: Agencia de Noticias Prensa Ecuménica y EL GRANO DE ARENA, correo de información ATTAC n° 410. Agosto 20 de 2007

El hallazgo de una tumba de Adriano recuerda la decadencia de viejos y nuevos imperios Por Fernando del Corro Profesor Universidad de Buenos Aires*

El reciente hallazgo de una tumba del emperador romano Adriano por una expedición arqueológica dirigida por el belga Marc Waelkens en la Turquía centro-meridional, hace recordar una circunstancia histórica que vincula con tiempos contemporáneos lo acontecido con el pretendido viejo imperio latino.

La estatua del viejo emperador, de unos cinco metros de altura esculpida en mármol, localizada en la antigua ciudad greco-romana de Zagalazos, está en una zona que correspondió más tarde al Imperio Bizantino pero no muy lejos de donde, bajo el gobierno del mismo Adriano, Roma encontró el límite definitivo a sus sueños de expansión ilimitada.

Es que, hace poco, las 737 bases militares que los Estados Unidos de América poseen en todo el planeta Tierra y el sostenimiento de un conflicto como el de Irak, acompañado por el de Afganistán, que genera

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cuantiosas pérdidas humanas y materiales, hicieron que el Congreso estadounidense decidiese aplicar una sensata política de retiro de sus tropas represoras en la Mesopotamia, aunque luego fuera vetada por el presidente George Walker Bush.

Cuando 1890 años atrás, en 117, el gobernador de Siria, Publio Elio Adriano, asumió como emperador tras la muerte de Marco Ulpio Trajano, Roma poseía un millón de legionarios dispersos desde las islas británicas hasta el Golfo Pérsico, pasando por el norte de Africa y por la mayor parte de los actuales países europeos. Gracias a ello sus finanzas no eran las más sanas, situación que se agravaba con continuas complicaciones militares, sobre todo con el Imperio Parto (Persia), sin olvidar otras.

En el marco de la denominada “globalización“, desde hace algunos años historiadores, economistas y políticos vienen analizando las simetrías y asimetrías entre el viejo imperio universal romano y el actual imperio universal estadounidense. Ya allá por el 150 antes de nuestra era, Polibio de Megalópolis, sin utilizar esa definición, habló de la “globalización“ cuando la antigüedad bipolar dejó de serlo tras las victorias romanas sobre los cartagineses en las Guerras Púnicas.

Pero antes como hoy existían zonas del planeta no controladas por el imperio universal. Uno de los grandes pensadores contemporáneos, de gran influencia sobre las políticas de su país, el brasileño Helio Jaguaribe, introdujo el concepto de las áreas de la resistencia, aquellas que si bien sufren las reglas del imperio desarrollan, hasta donde pueden, su propio juego.

Hoy esas áreas, que se ensanchan con nuevos aliados, como la Argentina, son las que se denominan BRIC (Brasil, Rusia, India, China).

de Sevilla, España. Trajano, considerado por muchos como el más grande de los generales romanos de la historia, ocupó Rumania, Hungría, Armenia y la Mesopotamia, entre otras zonas. Luego dijo que su plan era llegar a la India, como Alejandro Magno, pero que ya estaba viejo para ello.

Cuando asumió Adriano, también de Itálica, se encontró con serios problemas financieros y militares. Las revueltas de los judíos, los problemas en la frontera con Escocia y la guerra con los partos eran algunos de los temas a resolver. Todos ellos fueron encarados en tiempo y forma, así fue que comenzó por el punto principal, la cuestión persa. El prebendario senado romano quería seguir avanzando –a diferencia del actual senado de EEUU–, al igual que cuatro de los generales del ejército en la Mesopotamia, por lo que una solución pasó por ejecutar a los cuatro y poner en caja a los senadores.

Adriano, el tercero de los emperadores antoninos, fue quien avanzó en la institucionalización del imperio y en terminar las aventuras militares, aunque no faltaron quienes las intentaron luego con ninguna o efímera suerte. Construyó la muralla que separa a Inglaterra de Escocia para frenar los ataques de los escotos y adoptó diversas medidas de racionalización pero, antes, empezó por devolver territorios incontrolables, siendo el primero lo que hoy es Irak; la primera vez que los romanos, en sus casi nueve siglos de historia, abandonaron una zona ocupada.

Sobre un Producto Interno Bruto (PIB) oficial de 13,22 billones de dólares estadounidenses, el Tesoro de los EEUU destina al mantenimiento de su poder mundial alrededor del 50% de los gastos militares del planeta que rondan los US$ 1,2 billones anuales, pero con la aclaración de que la operación policial que viene desarrollando en los últimos años en Irak le ha consumido hasta el presente cerca de US$ 400.000 millones; una cifra aproximada al total de la deuda externa suramericana. Roma también resolvía sus problemas financieros apelando a nuevas operaciones militares con fines tributarios. La última expansión significativa fue la de Trajano, nacido en la hoy Santiponce, antes Itálica, a pocos kilómetros —15—

* Periodista, historiador, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Fuente: https://listes.attac.org/

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Salvemos la escuela pública ¿Qué constituye una buena escuela? Muchos factores, entre ellos la disciplina, o sea no tolerar el atraso de los alumnos; contar con profesores eficientes y cualificados (maestría, doctorado o especialización) trabajando a tiempo completo; remuneración digna al cuerpo docente; aumento de la permanencia del alumno en la escuela; tener aulas para música, teatro y artes plásticas; laboratorios de idiomas, de ciencias y de informática; asociación estudiantil; salas de lectura y de video, etc.

Por Frei Betto Escritor y teólogo brasileño*

Antes de ingresar a la universidad, en 1964, estudié ocho años en una escuela pública. Como sucede ahora con las universidades, en general esas escuelas tenían más calidad que los colegios privados. Además de la enorme ventaja de que eran gratuitas.

Hoy día nuestras escuelas públicas de enseñanza básica están degradadas. Quedaron deterioradas por la administración pública, la corrupción, la indiferencia hacia profesores y alumnos. En el Brasil hay 55 mil escuelas públicas. Según la OCDE, apenas el 0.2 %, o sea 160, alcanzan un nivel considerado mediano.

Para clasificar nuestras escuelas de enseñanza básica en el Brasil se usan el Saeb (Sistema de Evaluación de la Educación Básica), hecho a base de muestreo, y el Ideb (Índice de Desarrollo de la Educación Básica), que otorga una nota de 0 a 10 a las instituciones de enseñanza, teniendo como criterio el desempeño de los alumnos en la Prueba Brasil, examen aplicado a todos los alumnos de 4º a 8º grado.

En todo el país apenas 160 escuelas sacaron una nota de 6 ó superior. En los grados iniciales de ense-

La mayoría de nuestros estudiantes llega al 4º grado con dificultad para la lectura y la redacción. Le falta estímulo al profesor, muchas veces sometido a una carga excesiva de trabajo, sin condiciones para mejorar su cualificación y humillado por un irrisorio salario.

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A finales de junio el Banco Mundial divulgó el informe “Jóvenes en situación de riesgo en el Brasil”. Son preocupantes sus conclusiones: nuestros jóvenes de entre 14 y 15 años matan y mueren más, inician su vida sexual cada vez más temprano y son vulnerables a las drogas. Datos de la Secretaría Nacional de la Juventud muestran que, hoy día, 9.5 millones de brasileños entre 15 y 29 años no estudian y están desempleados. De ellos, 4.5 millones no terminaron la enseñanza básica. Entre éstos se incluye la mayoría de los asesinos y de los asesinados. ñanza fundamental la nota fue de 3.8. Los cursos de 5º a 8º grado sacaron un 3.5. En la enseñanza media un 3.4. La meta del MEC, estimulado por la campaña “Compromiso de todos por la educación”, es que la mayoría de nuestras escuelas alcance la nota de 6 en el 2021. El Ideb actual de Holanda es 7 y el del Reino Unido 6.5. Aunque hay en el Brasil colegios, escasos, que sacaron nota de 8.5, como la Escuela Profesora Guiomar Gonçalves Neves, de Trajano de Morais (RJ).

Es la de mayor calidad del país. ¿Será que de aquí a 15 años –vísperas del bicentenario de la independencia del Brasil– alcanzaremos la meta deseada? En el estado de Rio de Janeiro 20 mil niños no van a la escuela por falta de profesores.

El índice nacional de aplazamiento es de 11.9 %. El desfase edad/grado es del 17.3 %. ¿Qué constituye una buena escuela? Muchos factores, entre ellos la disciplina, o sea no tolerar el atraso de los alumnos; contar con profesores eficientes y cualificados (maestría, doctorado o especialización) trabajando a tiempo completo; remuneración digna al cuerpo docente; aumento de la permanencia del alumno en la escuela; tener aulas para música, teatro y artes plásticas; laboratorios de idiomas, de ciencias y de informática; asociación estudiantil; salas de lectura y de video, etc.

El MEC promete que el gobierno va a entregar, este mismo año, US$ 1 millón más para las escuelas urbanas y US$ 2.2. para las rurales. Las cinco mil escuelas con peores índices en el Ideb tendrán derecho, cada una, a unos módicos US$ 2 mil para invertir en infraestructura, material pedagógico y apoyo metodológico.

A través del sistema de educación a distancia –la Universidad Abierta del Brasil– el MEC pretende cualificar a dos millones de profesores de enseñanza básica.

Una reciente encuesta realizada por la Unesco, junto con el gobierno federal, comprobó que el 82.4 de los alumnos aplazados en la enseñanza básica se culpan a sí mismos por el fracaso. La misma encuesta indica que la culpa no puede ser atribuida a los alumnos, sino que recae en la falta de motivación de los profesores, en la pésima infraestructura de las escuelas y en el hecho de que los directores y profesores no dan importancia a la realidad personal y familiar del estudiante.

No se puede culpar a un niño de 10 años de su fracaso escolar. Pero si eso no lo tiene claro, si no se siente valorado en la escuela y querido por sus profesores, quedará con un sentimiento de derrota, que le puede llevar a rebelarse o al desánimo precoz.

La mayoría de nuestros estudiantes llega al 4º grado con dificultad para la lectura y la redacción. Le falta estímulo al profesor, muchas veces sometido a una carga excesiva de trabajo, sin condiciones para mejorar su cualificación y humillado por un irrisorio salario.

A finales de junio el Banco Mundial divulgó el informe “Jóvenes en situación de riesgo en el Brasil”. Son preocupantes sus conclusiones: nuestros jóvenes de entre 14 y 15 años matan y mueren más, inician su vida sexual cada vez más temprano y son vulnerables a las drogas. Datos de la Secretaría Nacional de la Juventud muestran que, hoy día, 9.5 millones de brasileños entre 15 y 29 años no estudian y están desempleados. De ellos, 4.5 millones no terminaron la enseñanza básica. Entre éstos se incluye la mayoría de los asesinos y de los asesinados. ¿Qué hacer ante este cuadro tan acongojante? ¿Presionar al poder público? Sí. ¿Votar el año entrante a concejales y gobernadores comprometidos con la prioridad educación? También. Pero ¿por qué no reunir a las familias de su barrio o comunidad y promover una acción colectiva para mejorar las escuelas públicas del área? ¿Por qué no asegurar la instrucción y/o el empleo a uno o dos de esos 9.5 millones de jóvenes vulnerables al narcotráfico?

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* Autor de “Alfabeto. Autobiografía escolar”, entre otros libros.

Fuente: Agencia Latinoamericana de Información email: info@alainet.org Traducción de J.L.Burguet

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JUSTICIA y POBREZA Notas sobre algunas tesis de Thomas Pogge

Por Francisco Cortés Rodas Coordinador GIFP Universidad de Antioquia

Se establece además, que las obligaciones y responsabilidades de los Estados más ricos de asistir a Estados más pobres en situaciones de necesidad, tienen solamente el carácter de deberes positivos, que se concretan mediante una política de solidaridad humanitaria. Y en relación con la acción política de los Estados de los países en vías de desarrollo se define que la función distributiva del Estado tiene que ver con el mero aseguramiento de los derechos civiles y políticos individuales y no con la garantía de los derechos económicos y sociales.

El tema de la pobreza y de las causas que la producen está en la agenda política actual en nuestro país. La evidencia del hambre y la pobreza la hemos visto en estos días con la muerte de niños en el Chocó y en otras regiones pobres del país. Muchas de estas muertes se deben a causas relacionadas con la pobreza. Uno de los más importantes filósofos políticos del presente, dedicados al tema de la pobreza y la justicia global, es Thomas Pogge, quien realizó entre el 7 y el 11 de mayo de 2007 un curso de doctorado en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. El Grupo de Investigación de Filosofía Política (GIFP) de la Universidad de Antioquia se encargó de la coordinación y organización de este curso de doctorado. Los estudiantes investigadores del GIFP (Felipe Piedrahita, Camilo Gallo, Wilmar Martínez y David Rico) organizaron un coloquio preparatorio a la obra del destacado filósofo alemán, la semana anterior al curso doctoral, cuyo título fue: “Derechos humanos, pobreza, salud y justicia global. Coloquio sobre Thomas Pogge”. Las ponencias presentadas en este evento, un artículo de Leonardo García Jaramillo, estudiante de la Universidad de Caldas, otro

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de Verónica Pasos, estudiante de la Universidad Eafit y finalmente unas notas tomadas del artículo “Propuesta para un Dividendo sobre Recursos Globales”, de Thomas Pogge, hacen parte de este número especial de la Revista Debates, dedicada al tema de la pobreza mundial y la justicia global. Quiero destacar el trabajo de los estudiantes-investigadores miembros de este grupo.

Creo que actividades como ésta, que los estudiantes del GIFP emprendieron y sacaron adelante con tanto empeño y trabajo y con un tan buen nivel de organización y de altura académica, son de mucha importancia para la Universidad y para el país. Quiero, finalmente agradecer a la Revista Debates por la invitación a publicar estas ponencias en este número.

Voy a dar inicio a este comentario reproduciendo el interrogante que, a mi juicio, constituye el punto de partida, a la vez que el núcleo, de la propuesta de Thomas Pogge. Esta pregunta puede formularse de dos formas: ¿Por qué podría ser un deber moral para los ciudadanos y gobiernos de los países ricos asumir la responsabilidad ante la actual situación mundial de pobreza extrema y contribuir a la modificación del orden institucional global? ¿Por qué podría ser un deber moral para los ciudadanos más favorecidos en nuestro país asumir la responsabilidad ante la actual situación de pobreza extrema y contribuir a la modificación del orden institucional nacional?

Las preguntas –como puede verse– son sumamente complejas y probablemente admitan muchas y variadas respuestas. Voy a presentar solamente los rasgos generales de la opinión dominante en los países más desarrollados sobre la pobreza y la desigualdad extrema, compartida por la mayoría de las élites de los países latinoamericanos, para mostrar las razones en que se basan los ciudadanos y gobiernos de los países ricos así como los gobiernos y ciudadanos más favorecidos en nuestros países para no asumir la responsabilidad ante situación de pobreza extrema, es decir para dar una respuesta negativa a los dos preguntas anteriores, respuesta negativa que se traduce en: los ciudadanos y gobiernos de los países ricos no tienen un deber moral para asumir la responsabilidad frente a la pobreza.

Según esta opinión, los fenómenos de pobreza y desigualdad radical que se dan particularmente en los países pobres, no son consecuencia del funcionamiento del sistema global de las instituciones económicas y políticas ni son resultado de la imposición de condiciones inequitativas en las transacciones económicas y en las relaciones políticas por parte de las naciones más ricas sobre las más pobres. El crecimiento de la pobre-

Las elites o grupos dirigentes de algunos países de Latinoamérica y particularmente este es el caso en Colombia, no reconocen tampoco la relación entre la pobreza de las mayorías y la riqueza que ellos disfrutan, ni aceptan su responsabilidad frente a las situaciones de pobreza y absoluta desigualdad que se dan en estos países. za no se puede atribuir, en este sentido, a la expansión del sistema del mercado que con la creciente globalización ha generado más oportunidades y aumentado el bienestar en muchas regiones del mundo, sino más bien, a factores históricos, culturales, antropológicos, políticos, específicos de algunos de los países más pobres, que condicionan la reproducción de la pobreza y la imposibilidad de construir en ellos instituciones políticas democráticas y de alcanzar un nivel mínimo de justicia social. Esto quiere decir, para quienes defienden esta opinión, primero, que el sistema global de las instituciones económicas y políticas es justo, puesto que funciona en concordancia con las reglas de intercambio equitativo conformadas por el mercado y con los principios universales de justicia definidos para establecer las relaciones entre los Estados; y, segundo, que las desigualdades extremas, la extensión y gravedad de la pobreza en muchas regiones del mundo dependen de factores locales, del defectuoso funcionamiento de las economías nacionales y de la corrupción e incompetencia de sus élites.1 Esta explicación del fenómeno de la pobreza la denomina Thomas Pogge con el término “explicación nacionalista”.2 Esta explicación es válida en el sentido en que plantea la necesidad de identificar problemas específicos de cada uno de los países pobres que contribuyen a la reproducción y el mantenimiento de las grandes desigualdades y porque permite mostrar que las causas de la pobreza no dependen únicamente del sistema económico global; sin embargo, ella no es una explicación suficiente porque no considera la forma en que las estructuras de poder de las instituciones económicas y políticas globales influyen en el mantenimiento

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de las estructuras de poder en los países pobres, como muestra Pogge en sus libros.

Las elites o grupos dirigentes de algunos países de Latinoamérica y particularmente este es el caso en Colombia, no reconocen tampoco la relación entre la pobreza de las mayorías y la riqueza que ellos disfrutan, ni aceptan su responsabilidad frente a las situaciones de pobreza y absoluta desigualdad que se dan en estos países. Según su opinión, que reconstruyo aquí de una manera muy general y esquemática, los fenómenos de pobreza y desigualdad extrema, no son consecuencia del funcionamiento de las instituciones económicas y políticas creadas a lo largo del proceso de formación de los Estados nacionales, ni son el resultado de la imposición de condiciones inequitativas en las relaciones económicas, laborales y políticas por parte de los grupos más poderosos sobre los más desfavorecidos. Algunas de las élites dominantes en estos países interpretan el proceso de articulación de estas economías nacionales en el sistema de la economía capitalista y en el orden político internacional como un progresivo proceso de ampliación y crecimiento de los mercados, las instituciones políticas democráticas y las oportunidades sociales; en suma, ven, como por ejemplo se puede apreciar en los libros de Salomón Kalmanovitz y Posada Carbó, ven digo la inserción de estos países en el sistema internacional económico y político moderno como un proceso de inclusión, el cual, aunque ha tenido momentos de estancamiento y retroceso, −dictaduras militares, gobiernos populistas, negociaciones a medias con los paramilitares etc.− ha estado, sin embargo, orientado por la aspiración de crear las condiciones necesarias para el mejoramiento y el bienestar de las mayorías.3 En este sentido, la persistencia de la pobreza en estos países no se puede atribuir a los procesos de modernización de los mercados y de las instituciones políticas democráticas, que con su desarrollo, expansión y fortalecimiento han ido creando más y mejores oportunidades para todos, sino más bien, a factores culturales o étnicos, propios de algunos tipos raciales,4 o a la influencia de un catolicismo hispánico alejado de una concepción ética de la autonomía individual,5 o al influjo de ideologías políticas igualitaristas, que han favorecido y estimulado la corrupción, la ineficiencia y la vagancia, o como otros afirman, la pobreza es resultado de una economía débil, por la cual ningún grupo o persona puede ser hecho responsable.6 Independientemente de cuál de estas posiciones se adopte, una opinión muy fuerte, compartida por muchos miembros de los grupos más beneficiados en estos países es la de que la pobre-

“Cada vez más, escribe Zigmunt Bauman, ser pobre se considera un crimen; empobrecerse, un resultado de predisposiciones o intenciones criminales: alcoholismo, juego, drogas, holgazanería y vagabundeo. Los pobres, lejos de ser dignos de atención y asistencia, merecen odio y condena” za es responsabilidad exclusiva de los mismos pobres.

“Cada vez más, escribe Zigmunt Bauman, ser pobre se considera un crimen; empobrecerse, un resultado de predisposiciones o intenciones criminales: alcoholismo, juego, drogas, holgazanería y vagabundeo. Los pobres, lejos de ser dignos de atención y asistencia, merecen odio y condena”.7 En suma, muchos de los más privilegiados consideran que están en su derecho de culpar a los pobres por su suerte y de desprenderse de toda responsabilidad frente a su destino de hambre y desesperación. Esta explicación del fenómeno de la pobreza la voy a denominar “explicación discriminatoria”.

Ahora bien, una buena parte de la opinión pública en los países desarrollados asume como suficiente a la “explicación nacionalista”, y las élites de algunos países de Latinoamérica encuentran completamente satisfactoria la “explicación discriminatoria”, para dar cuenta del fenómeno de la pobreza. De este modo, buscan unos y otros racionalizar y dar un cierto grado de coherencia moral a las preguntas y demandas planteadas por la existencia de la pobreza. Si, de un lado, el sistema global de las instituciones económicas y, de otro lado, los sistemas económicos y políticos nacionales de estos países, no han contribuido causalmente y de manera significativa con la creación y reproducción de la pobreza, entonces, los ciudadanos más favorecidos de los países más desarrollados y de los países pobres no tienen que ver de manera directa ni son responsables frente al incremento de la pobreza. Así, mediante esta racionalización se define, en términos de la justicia entre los Estados, el alcance de la acción política de los Estados más desarrollados. Ésta se expresa en el supuesto, formulado por el liberalismo nacionalista, que representó John Rawls, de

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que a la justicia internacional le concierne el orden jurídico de las relaciones de poder entre los Estados y no la distribución justa de los recursos económicos y de las oportunidades sociales. Se establece además, que las obligaciones y responsabilidades de los Estados más ricos de asistir a Estados más pobres en situaciones de necesidad, tienen solamente el carácter de deberes positivos, que se concretan mediante una política de solidaridad humanitaria. Y en relación con la acción política de los Estados de los países en vías de desarrollo se define que la función distributiva del Estado tiene que ver con el mero aseguramiento de los derechos civiles y políticos individuales y no con la garantía de los derechos económicos y sociales.

De este modo, los ciudadanos con mayores recursos pueden justificar una cierta actitud de indiferencia frente al destino de los más pobres: si la pobreza depende de la corrupción e incompetencia de las élites de los países más pobres, como lo dice la “explicación nacionalista”, no es mucho lo que pueden hacer los países más desarrollados, si en las regiones atrasadas del mundo no se dan soluciones internas a sus propios problemas; si la pobreza de algunos grupos de la población de los países en vía de desarrollo depende de factores individuales o raciales, o de la fragilidad de sus economías, como lo asevera la “explicación discriminatoria”, no es mucho lo que pueden hacer los ciudadanos privilegiados de estos países, si los pobres no están dispuestos a buscar y aprovechar las oportunidades existentes para salir de su pobreza. Así pues, lo que se consigue mediante esta racionalización es la justificación de una posición frente a la pobreza, que, como escribe Pogge, se expresa básicamente en dos prejuicios morales: “la persistencia de la pobreza extrema en los países pobres no requiere de nuestra atención moral, y no hay nada seriamente malo con nuestra conducta, políticas y con las instituciones económicas globales que hemos forjado en consideración de la pobreza mundial”.8 Esta explicación de la pobreza y la desigualdad extremas, defendida por una parte importante de la opinión pública, se sostiene y es apoyada por interpretaciones más sofisticadas, realizadas por importantes filósofos y teóricos de la política, interpretaciones que tienen como elemento común el desconocimiento de la responsabilidad que tienen los ciudadanos con mayores privilegios frente a la extensión y la gravedad de la pobreza a nivel mundial. Pero sobre estas teorías no me puedo extender ahora.

NOTAS 1 Véase: Michael Walzer, “The Moral Standing of Staates”, Philosophy and Public Affairs, 9, 1989, p. 224-5. John Rawls, “The Law of Peoples”, Cambridge, Mass., 1999, p.

105 ss. Para más detalles véase: Landes David, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are so Rich and Some so Poor, New York, Norton, 1998; Harrinson Lawrence E. and Samuel Huntigton, eds. Culture Matters. How Values Shape Humane Progress, New York, Basic Books, 2001.

2 Thomas Pogge, World Poverty and Humans Rights, Polity Press, Cambridge, 2002, p. 112, 139, 152.

3 Véase: Rodrik, Dani, Has Globalisation Gone Too Far? Washington D.C. Institute for Internacional Economics, 1997.

Rodrik, Dani, The New Global Economy and Developing Countries: Making Openess Work, John Hopkins University Press, Washington D.C., 1999. Kalmanovitz, Salomón, Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia, 2001, Norma, Bogotá; Ocampo José Antonio, Crisis mundial, protección e industrialización, 1984, Ediciones Cerec, Bogotá; Krause, Enrique, Por una democracia sin adjetivos, México, Joaquín Mortiz/Planeta, 1986; Bernardo Kliksberg, El rediseño del Estado para el desarrollo socioeconómico y el cambio.

Una agenda estratégica para la discusión, 1997, Washington, INDES-BID. Banco Mundial, 1997, Informe sobre el desarrollo mundial 1997. El Estado en un mundo en transformación, Washington, Banco Mundial; World Bank, World Development Report 2004, New York: Oxford University Press, 2004.

Evans Peter, “El Estado como problema y como solución”, en: Desarrollo económico, 1996, No. 140, Vol. 35.

4 La doctrina del determinismo racial fue planteada en el Comité de Eugenesia de la Asociación Genética Américana y de la Oficina de Registros Eugenésicos. El gobierno norteamericano trató de imponer estas doctrinas a todo el continente mediante el Código discutido en la Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura, reunida en La Habana en 1927. “En Colombia, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, científicos como Miguel Jiménez López importaron las teorías de Lambrozo y Brocca y, se realizaron medidas antropométricas para demostrar la inferioridad racial de los colombianos. Políticos, sacerdotes, médicos y educadores reaccionaron proponiendo correctivos que incluían la importación de vascos, el traslado de antioqueños y la apertura de penitenciarías en regiones de “salvajes”, e inclusive experimentos con sustancias químicas y electrochoques”. Cita tomada de Jaime Arocha, “Ley 70 de 1993: Utopía para afrodescendientes excluidos” en: Utopía para los excluidos. El multiculturalismo en África y América Latina, Jaime Arocha, (compilador), Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 2004, 165.

5 Véase: Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.

6 Véase: Rodrik, Dani, The New Global Economy and Developing Countries, Op.cit. El Crecimiento Económico Colombiano en el Siglo XX, GRECO-Grupo de estudios del Crecimiento Económico del Banco de la República, FCE, Bogotá, 2004, p. 41 ss. Kalmanovitz, Salomón, “Los filósofos piensan la crisis”, en: El Malpensante, No. 46, Bogotá, p. 86-95.

7 Zigmunt Bauman, La postmodernidad y sus descontentos, Akal, Madrid, 2001, 59.

8 Thomas Pogge, World Poverty and Humans Rights, Op.cit., 4.

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Reconocidos y violados por la ley internacional: los derechos humanos de los pobres globales* forma que contribuyen sistemáticamente a la persistencia de la pobreza severa.

Por Thomas W. Pogge

1. Derechos Humanos y deberes correlativos

Diversos derechos humanos son ampliamente reconocidos en la ley internacional consuetudinaria. Estos derechos humanos prometen a todos los seres humanos protección contra daños severos específicos que podrían ser infligidos sobre ellos domésticamente o por extranjeros. Sin embargo, la ley internacional también establece y mantiene estructuras institucionales que contribuyen en gran medida a la violación de estos derechos humanos: componentes fundamentales de la ley internacional obstruyen sistemáticamente las aspiraciones de poblaciones pobres al autogobierno democrático, derechos civiles, y suficiencia económica mínima. Y organizaciones internacionales centrales, como la OMC, el FMI y el Banco Mundial son diseñadas de tal

Sistemas de ley supranacional, nacional y regionales, crean diversos derechos humanos. El contenido de estos derechos y de las obligaciones y cargas legales correspondientes depende de cuerpos legislativos, judiciales y ejecutivos que mantengan e interpreten las leyes en cuestión. Después de la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a reconocerse en gran medida que también existen derechos humanos morales, cuya validez es independiente de cualquiera de estos cuerpos gubernamentales. De hecho, en este caso, se piensa que la dependencia va en dirección contraria: sólo si respetan los derechos humanos morales los cuerpos gubernamentales tienen legitimidad, esto es, la capacidad de crear obligaciones morales a las cuales obedecer, y la autoridad moral para imponer sus leyes y órdenes.

Los derechos humanos de los dos tipos pueden coexistir en armonía. A cualquiera que le importen los derechos humanos aceptará que las leyes pueden

Los derechos humanos socioeconómicos, tales como “el derecho a un estándar de vida adecuado para la salud y el bienestar de uno mismo y su familia, incluyendo comida, vestido, vivienda y cuidado médico” (UDHR § 25) son actualmente, y con más, los derechos humanos más frecuentemente violados.

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facilitar en gran medida su realización. Y los abogados de derechos humanos pueden reconocer que los derechos y obligaciones morales que ellos redactan e interpretan son considerados como dando efecto a derechos morales pre-existentes. De hecho, este reconocimiento parece implícito en la frase común “derechos humanos reconocidos internacionalmente”. Es expresada claramente en el preámbulo de la DUDH, el cual presenta esta Declaración como afirmando la existencia de derechos humanos morales independientemente de ella misma. Este reconocimiento debe enfatizarse porque la distinción entre derechos humanos morales y legales es raramente realizada con claridad. Muchos, por tanto, están inclinados a creer que nuestros derechos humanos son cualquier cosa que nuestros gobiernos declaren que sean. Esto puede ser verdad en relación a los derechos humanos legales. Pero es falso, como estos mismos gobiernos han reconocido, con respecto a los derechos humanos morales. Los gobiernos pueden tener opiniones sobre los derechos humanos existentes —su aprobación de la DUDH y los diversos subsecuentes pactos y tratados de derechos humanos expresan tal opinión. Pero incluso todos los gobiernos juntos no pueden legislar tales derechos fuera de la existencia.

El reconocimiento ampliado de los derechos humanos morales es importante, porque abre espacio para una evaluación crítica independiente de la ley internacional existente. Una evaluación más limitada es posible incluso dentro de la ley misma —uno puede investigar cuán bien la ley internacional cumple con los derechos humanos que ella misma reconoce. Pero una evaluación tal, puramente interna, es vulnerable al cambio legal. El potencial crítico de las derechos humanos legales puede ser mermado por revisiones de la ley —a través de reformulaciones explícitas o enmiendas (legislación de “antiterrorismo”), por medio de adjudicaciones que vuelven otras partes de la ley coherentes con los derechos humanos diluyendo estos últimos, o por medio de precedentes que modifican la ley internacional consuetudinaria (reconociendo ocupaciones preventivas o el estatus de “combatientes enemigos”). En la medida en que dependen de buenos argumentos más que de buena voluntad de aquellos en el poder, los derechos humanos morales proveen una base más sólida para la evaluación crítica, y yo baso mi caso en ellos. Haciendo esto, concibo los derechos humanos y sus deberes correlativos de manera muy estricta para asegurar que las premisas morales que invoco sean aceptables de forma amplia. No argumento que los derechos humanos se agoten en lo

que invoco —solamente que los derechos humanos requieren mínimamente esto.

Me concentro en los derechos humanos de los pobres globales porque el gran déficit de derechos humanos que persiste actualmente está concentrado en gran medida entre ellos. Los derechos humanos socioeconómicos, tales como “el derecho a un estándar de vida adecuado para la salud y el bienestar de uno mismo y su familia, incluyendo comida, vestido, vivienda y cuidado médico” (UDHR § 25) son actualmente, y con más, los derechos humanos más frecuentemente violados. Su violación extendida también juega un papel decisivo para explicar el déficit global en derechos humanos civiles y políticos, los cuales demandan democracia, proceso debido, y regulación de la ley. La gente muy pobre —frecuentemente paralizada mental y físicamente debido a desnutrición en la infancia, analfabetismo debido a la falta de escolarización, y absolutamente preocupada por la supervivencia de su familia— puede dañar o beneficiar en muy poco a los políticos y oficiales que los gobiernan. Tales gobernantes, por tanto, tienen un incentivo muy pequeño para atender los intereses de los pobres comparados con los intereses de agentes más capaces de reciprocidad, incluyendo entre ellos los gobiernos, las compañías y los turistas extranjeros.

A propósito de este ensayo, podemos pensar estrictamente que son muy pobres aquellos que carecen de acceso seguro a los requisitos mínimos de la existencia humana —alimentación y agua potable, vestido, abrigo, cuidado médico básico y educación básica. Esta definición estrecha y absoluta de la pobreza severa corresponde aproximadamente con la línea de pobreza internacional de “US$2/día” del Banco Mundial, la cual es definida en términos de poder de adquisición de $2.15 en los Estados Unidos en 1993. Según este estándar, en los Estados Unidos una familia se cuenta como pobre actualmente (2005) sólo si su consumo y gasto anual por persona cae debajo de US$1.058 (www.bls. gov/cpi/home.htm). Alrededor de 2.735 millones de seres humanos —el 44% de la población del mundo— se consideran oficialmente viviendo bajo el nivel oficial de pobreza, muchos de ellos muchísimo más abajo.1 Los efectos de la pobreza severa son sorprendentes.

Se estima que 831 millones de seres humanos están desnutridos crónicamente. 1.197 millones de personas carecen de un acceso a agua potable y 2.747 millones carecen de acceso a redes sanitarias básicas (UNDP 2004: 129-30). Cerca de 2.000 millones carecen de acceso a medicamentos esenciales (www.fic.nih.gov/about/sum-

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mary.html). Alrededor de 1.000 millones no tienen una vivienda adecuada y 2.000 millones carecen de electricidad (UNDP 1998: 49). Alrededor de 876 millones de adultos son analfabetas (www.uniesco.org) y 250 millones de niños entre los 5 y los 14 años trabajan asalariadamente fuera de su familia —frecuentemente bajo condiciones duras y crueles: como soldados, prostitutas, o sirvientes domésticos, o en agricultura, construcción o producción de textiles y de tapetes.2 Aproximadamente un tercio de las muertes humanas, 18 millones anualmente, son debidas a causas relacionadas con la pobreza, que se pueden prevenir fácilmente a través de una mejor nutrición, agua potable, paquetes de rehidratación baratos, vacunas, antibióticos y otras medicinas.3 Negros, mujeres y niños están excesivamente sobrerepresentados entre los pobres globales, y por tanto, también entre aquellos que sufren los efectos abrumadores de la pobreza severa.4 A pesar de la gran importancia, indiscutida, de las necesidades básicas de la vida humana, la existencia de los derechos humanos sociales y económicos es controvertida, especialmente en los Estados Unidos que nunca ratificaron el PIDHSEC, Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Sociales, Económicos y Culturales. Gran parte de esta controversia es debida a la falsa asunción de que el derecho humano a la libertad de la pobreza tiene que implicar deberes positivos correlativos. Tales deberes positivos impuestos por los derechos humanos de ayudar y proteger cualquier ser humano que de otra forma sufriría privaciones severas son rechazados ampliamente en los Estados Unidos y en otros países afluentes. Pero lo que se rechaza aquí no es una clase específica de derechos, sino una clase específica de deberes: deberes positivos. Aquellos que niegan que extranjeros muy pobres posean una pretensión moral a asistencia económica basada en los derechos humanos, típicamente también niegan que los extranjeros tengan cualquier otra pretensión moral basada en derechos humanos a ayuda o protección —contra genocidio, esclavización, tortura o tiranía o persecución religiosa. Lo que esta gente rechaza en realidad no son los derechos humanos como tal, o alguna categoría particular de los derechos humanos.

Ellos rechazan los deberes positivos impuestos por los derechos humanos y, por tanto, cualesquiera derechos humanos especificados de tal forma que impliquen deberes positivos correlativos.

Mientras que algunos rechazan apasionadamente tales deberes positivos impuestos por los derechos humanos y otros apasionadamente los endorsan, yo sim-

La distinción entre derechos humanos morales y legales es raramente realizada con claridad. Muchos, por tanto, están inclinados a creer que nuestros derechos humanos son cualquier cosa que nuestros gobiernos declaren que sean. Esto puede ser verdad en relación a los derechos humanos legales. Pero es falso, como estos mismos gobiernos han reconocido, con respecto a los derechos humanos morales.

plemente los dejo de lado, sin ningún prejuicio. Con el fin de mantener mi argumento ampliamente aceptable, concibo los derechos humanos tan estrictamente como imponiendo solamente deberes negativos. De esta forma, mi argumento puede ser aceptable para aquellos que rechazan deberes positivos impuestos por los derechos humanos, porque generalmente endorsan deberes negativos estrictos a la no tortura, no violación, a la no destrucción de cultivos y ganado necesarios para la supervivencia. Y mi argumento también puede ser aceptable para aquellos que endorsan deberes positivos impuestos por los derechos humanos, ya que al fallar en invocar estos deberes, no los estoy negando.

Los deberes negativos son de dos tipos: interaccionales e institucionales. El derecho humano a no ser torturado es violado por torturadores tanto como por muchos de aquellos que cooperan en imponer instituciones sociales, bajo las cuales se puede prever que seres humanos han de sufrir tortura. Esta última categoría incluye en primera instancia burócratas y políticos que permiten o incluso ordenan la tortura. Pero también incluye ciudadanos ordinarios que hacen una contribución no compensada a la imposición de instituciones sociales que previsiblemente den nacimiento a un déficit de derechos humanos prevenible. Por ejemplo, a través de su apoyo no compensado al gravemente injusto régimen Nazi, muchos alemanes facilitaron las violaciones de los derechos humanos que previsiblemente causó.

Ellos participaron en un crimen colectivo y, por tanto, violaron los derechos humanos de sus víctimas, incluso si ellos personalmente nunca mataron, torturaron o de otra forma dañaron a alguien directamente.5

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Incluso conservadores y libertarios, quienes se presentan con frecuencia como rechazando los derechos de subsistencia, reconocerán como violaciones a los derechos humanos algunos acuerdos institucionales que previsiblemente y de forma evitable producen pobreza que amenaza la vida —el sistema feudal del anciano régimen de Francia o el régimen Zarista de Rusia, por ejemplo; o las políticas económicas de Stalin durante 1930-1933, que causaron alrededor de 7-10 millones de muertes por hambruna en los campesinos, la mayoría en Ucrania, a quienes él consideraba hostiles al régimen.

En lo que sigue también dejo los deberes negativos interaccionales de lado, y baso mi argumento enteramente en los deberes negativos institucionales correlativos a los derechos humanos. Argumento que la mayor parte del vasto déficit de derechos humanos que persiste en el mundo actual puede ser rastreado hasta factores institucionales —a los acuerdos nacionales institucionales en la mayoría de los países en vías de desarrollo, por los cuales sus elites políticas y económicas son en primer lugar responsables, tanto como acuerdos institucionales globales actuales, por los cuales los gobiernos y los ciudadanos de países afluentes son en primer lugar responsables.

Enfocándome en este último asunto, argumento que los acuerdos institucionales globales actuales en tanto codificados en la ley internacional constituyen un colectivo de violaciones a los derechos humanos de proporciones enormes, a las cuales la mayoría de los más ricos del mundo están dando contribuciones no compensadas.

El puntal moral de mi argumento fue afirmado concisamente hace 57 años: Todos están intitulados a un orden social e internacional en el cual los derechos y libertades que se presentan en esta Declaración puedan ser realizados completamente (DUDH, §28, cf. §22) Leo este artículo a la luz de cuatro conjeturas interpretativas directas: (1) Diseños alternativos institucionales, que no satisfacen el requisito del Artículo 28, pueden ser clasificados por cuán cerca ellos logran posibilitar la realización completa de los derechos humanos: cualquier sistema social ha de ser estructurado de tal forma que los derechos humanos puedan ser realizados en él tan completamente como sea razonablemente posible.

(2) Cuan completamente los derechos humanos se pueden realizar bajo algún diseño institucional, se mide por cuán completos estos derechos humanos se realizan en él generalmente, o (en el caso de un diseño hipotético) se realizarían.

(3) Un diseño institucional lleva a cabo un derecho humano en tanto (y completamente si y sólo si) este derecho humano es satisfecho para las personas sobre las cuales este orden se impone.

(4) Un derecho humano es satisfecho para alguien si y sólo si esta persona disfruta de un acceso seguro al objeto de este derecho humano.

Tomando juntas estas cuatro conjeturas, el artículo 28 debería leerse enfatizando que la cualidad moral, o justicia, de cualquier orden institucional depende primariamente del grado hasta el cual le ofrece a todos sus participantes un acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos: cualquier orden institucional ha de ser evaluado y reformado principalmente con referencia a su impacto relativo en la realización de los derechos de aquellos sobre los cuales se impone.6 Un orden institucional y su imposición están violando derechos humanos si y en tanto este orden previsiblemente da nacimiento a un déficit de derechos humanos evitable y substancial.

2. Cómo características del orden global presente causan pobreza severa masiva7 Cada día alrededor de 50.000 seres humanos —en su mayoría niños, en su mayoría niñas y en su mayoría gente de color— mueren de hambre, diarrea, neumonía, malaria, sarampión, condiciones perinatales y otras causas relacionadas con la pobreza. Este número de víctimas global y continuo que iguala al de los pocos días del Tsunami de diciembre del 2004 e iguala, cada tres años, el número de víctimas de la II Guerra Mundial en su totalidad, incluyendo campos de concentración y gulags.

Creo que la mayoría de este número de víctimas anual y gran parte del problema más amplio de la pobreza que éste ejemplifica son evitables por medio de modificaciones menores en el orden global que implicarían como máximo una reducción ligera en los ingresos de los afluentes. Tales reformas han sido bloqueadas por los gobiernos de los países afluentes, los cuales están desarrollando cruelmente y sin piedad sus propios intereses y aquellos de sus corporaciones y ciudadanos, diseñando e imponiendo un orden institucional global que, continua y previsiblemente, produce un exceso vasto de pobreza severa y muertes prematuras por pobreza.

Existen tres estrategias para negar esta acusación. Se puede negar que las variaciones en el diseño del orden global tengan un impacto importante en la evolución de

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la pobreza severa a nivel mundial. Si esto falla, se puede pretender que el orden global actual es óptimo o cercano a óptimo en términos de la prevención de la pobreza. Y si esta estrategia fallase también, se puede todavía argüir que el orden global actual, en tanto es sub-óptimo en términos de la prevención de la pobreza, no está causando la pobreza severa sino simplemente fallando en aliviarla (causada por otros factores) tanto como podría. Discutiré estas tres estrategias en esta secuencia.

2.1. La tesis de la pobreza puramente doméstica Aquellos que desean negar que las variaciones en el diseño del orden global institucional tienen un impacto importante en la evolución de la pobreza severa, la explican con referencia únicamente a factores nacionales o locales. John Rawls es un ejemplo prominente. Él afirma que cuando las sociedades fracasan en prosperar “comúnmente el problema es la naturaleza de la cultura política pública y las tradiciones religiosas y filosóficas que subyacen en estas instituciones. Los grandes males sociales en las sociedades más pobres han de ser probablemente el gobierno opresivo y las élites corruptas.”

(Rawls 1993:77). Él añade que “las causas de la riqueza de un pueblo y las formas que toma yacen en su cultura política y en las tradiciones religiosas, filosóficas y morales que mantienen la estructura básica de sus instituciones políticas y sociales, tanto como en la laboriosidad y los talentos cooperativos de sus miembros, todos apoyados por sus virtudes políticas (…) la cultura política de una sociedad sobrecargada es absolutamente importante (…) también son cruciales las políticas de población del país” (Rawls, 1999: 108). En consonancia, Rawls mantiene que nuestra responsabilidad moral en relación con la pobreza severa en el exterior puede ser descrita en su totalidad como un “deber de asistencia” (Ibíd. 37-38, 106-20).

Está bien recordar brevemente que los pueblos existentes han arribado a sus niveles actuales de desarrollo social, económico y cultural a través de un proceso histórico que fue penetrado por esclavización, colonialismo e incluso genocidio. Aunque estos crímenes monumentales son ahora pasado, ellos han dejando un legado de grandes desigualdades que serían inaceptables incluso si los pueblos fuesen ahora amos de su propio desarrollo. En respuesta, se dice con frecuencia que el colonialismo fue hace demasiado tiempo, como para contribuir a la explicación de la pobreza y desigualdad actual. Pero considérese el 30:1 de desigualdad en el ingreso per capita en 1960, cuando Europa liberó a África del yugo colonial. Incluso si África hubiese disfrutado de crecimiento en

ingreso per capita un porcentaje completo por encima del de Europa, esta ratio de desigualdad sería todavía de 19:1 hoy. A este paso, África estaría alcanzando a Europa a comienzos del siglo XXIV. Considérese también cómo una gran desigualdad económica implica desigualdades en el poder de competición y negociación que los africanos y los europeos pueden tener en las negociaciones sobre los términos de sus interacciones. Las relaciones estructuradas bajo condiciones tan desiguales han de ser probablemente más beneficiosas para la parte más fuerte y, por tanto, tienden a reforzar la desigualad económica inicial. Este fenómeno seguramente juega algún papel para explicar por qué la desigualdad en el ingreso per capita ha aumentado actualmente a 40:1 mostrando que, desde la descolonización, el crecimiento anual promedio en el ingreso per capita fue de 0.7% menos en África que en Europa. Rawls, de manera inverosímil, encuentra esta desigualdad económica arraigada aceptable moralmente cuando se origina en elecciones previas libremente tomadas al interior de cada pueblo. Pero esta justificación es irrelevante para este mundo donde nuestra ventaja económica enorme está profundamente teñida por cómo se acumuló en el curso de un proceso histórico que ha devastado las sociedades y culturas de cuatro continentes.

Dejemos de lado los legados que continúan de los crímenes históricos y concentrémonos en la perspectiva empírica, la cual mantiene que al menos en la era postcolonial que trajo un crecimiento impresionante en el ingreso global per capita, las causas de la persistencia de la pobreza severa y, por tanto, la clave para su erradicación, yacen dentro de los países pobres mismos.

Muchos encuentran esta perspectiva atrayente a la luz de la gran variación de cómo las anteriores colonias han evolucionado en los pasados cuarenta años. Algunas de ellas han tenido muy buen desarrollo económico, han reducido la pobreza, mientras que otras exhiben una pobreza peor y una reducción en los ingresos per capita. ¿No es obvio que trayectorias nacionales tan fuertemente divergentes tienen que ser debidas a factores causales domésticos diferentes en los países concernientes? ¿Y no es claro, entonces, que la persistencia de la pobreza severa es debido a causas locales?

Aunque frecuentemente repetido y bien recibido, este razonamiento es fallido. Cuando trayectorias económicas nacionales divergen, tienen que funcionar factores locales (específicos al país) que explican la divergencia. Pero de ello no se sigue que los factores globales no jueguen un papel en la explicación de esta divergen-

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Los efectos de la pobreza severa son sorprendentes. Se estima que 831 millones de seres humanos están desnutridos crónicamente. 1.197 millones de personas carecen de un acceso a agua potable y 2.747 millones carecen de acceso a redes sanitarias básicas (UNDP 2004: 129-30). Cerca de 2.000 millones carecen de acceso a medicamentos esenciales (www.fic.nih.gov/about/ summary.html). Alrededor de 1.000 millones no tienen una vivienda adecuada y 2.000 millones carecen de electricidad (UNDP 1998: 49). Alrededor de 876 millones de adultos son analfabetas (www.uniesco.org) y 250 millones de niños entre los 5 y los 14 años trabajan asalariadamente fuera de su familia. cia. Y ciertamente, no se sigue que los factores globales jueguen un papel en explicar cómo el índice general de la pobreza severa se desarrolla en el tiempo.

Exponer la falacia popular, sin embargo, no resuelve el asunto. Las dramáticas divergencias en las trayectorias de pobreza nacional no prueban que los factores institucionales globales no ejerzan una influencia poderosa en la evolución de la pobreza severa a nivel mundial. ¿Pero existe tal influencia? Es difícil dudar de que existe. En el mundo moderno, el tráfico de transacciones económicas internacionales e incluso nacionales está profundamente configurado por un sistema elaborado de tratados y convenciones sobre el comercio, las inversiones, los préstamos, las patentes, los derechos de autor, las marcas, los impuestos dobles, los estándares de trabajo, la protección ambiental, el uso de recursos del fondo del mar y muchas otras cosas. Estos diferentes aspectos del orden global institucional actual toman decisiones de un alto diseño específico dentro de un espacio vasto de posibilidades de diseño alternativo. Es increíble aparentemente, que todas estas formas alternativas de estructurar la economía del mundo hayan producido la misma evolución en la incidencia general y la distribución geográfica de la pobreza severa a nivel mundial. La discusión de esta cuestión continuará en la sección 2.2 y la subsección 2.3.3.

2.2. La perspectiva panglossiana del orden global actual Una vez se acepta que el cómo estructuramos la economía del mundo hace una diferencia en la evolución de la pobreza a nivel mundial, se vuelve interesante examinar el orden institucional global en relación con su impacto relativo en la pobreza severa. Aquí se argumenta con frecuencia que vivimos, a este respecto, en el mejor de todos los mundos posibles: que el orden global institucional es óptimo o casi óptimo, en términos de la evitación de la pobreza.

Un modo de dudar de esta aserción, basándonos en el sentido común, podría ser el desarrollo de una contra-hipótesis en cuatro pasos: primero, el interés en evadir la pobreza severa no es el único interés para el cual aquellos quienes negocian el diseño de aspectos particulares del orden global institucional son sensibles. Tales negociadores han de ser, probablemente, sensibles también al interés de sus gobiernos en su éxito político y, parcialmente, como consecuencia de esto, sensibles al interés de sus compatriotas en la prosperidad económica. Segundo, al menos con negociadores por los estados más afluentes, estos intereses “nacionalistas” no están perfectamente alineados (poniéndolo suavemente) con el interés de evitar la pobreza global. En negociaciones sobre el diseño del orden global, las decisiones particulares que son mejores para los gobiernos, corporaciones, o ciudadanos de los países ricos, algunas veces no están en los mejores términos con la evitación de la pobreza en el mundo en vías de desarrollo. Tercero, cuando enfrentados con estos conflictos, a los negociadores de los estados afluentes generalmente (se les ordena) dar prioridad a los intereses del gobierno, corporaciones y ciudadanos de su país sobre los intereses de los pobres del mundo.

Cuarto, los países ricos disfrutan de grandes ventajas en el poder de negociación y pericia. Con el 15.5% de la población del mundo solamente, los países de alto ingreso tienen el 80.4% del ingreso del mundo (Banco Mundial, 2005: 257) y, por tanto, pueden exigir un precio alto por el acceso a sus mercados gigantescos.

Sus ventajas en el poder de negociación y pericia, posibilita a los estados afluentes y a sus negociadores el desvío del diseño del orden global de lo que sería lo mejor para evitar la pobreza, hacia una mejor acomodación de los intereses de los gobiernos, corporaciones y ciudadanos de los países afluentes. Estos cuatro pasos conducen a una contra-hipótesis de sentido común: deberíamos esperar que el diseño del orden institucional global refleje los intereses compartidos de

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Argumento que la mayor parte del vasto déficit de derechos humanos que persiste en el mundo actual puede ser rastreado hasta factores institucionales —a los acuerdos nacionales institucionales en la mayoría de los países en vías de desarrollo, por los cuales sus elites políticas y económicas son en primer lugar responsables, tanto como acuerdos institucionales globales actuales, por los cuales los gobiernos y los ciudadanos de países afluentes son en primer lugar responsables. los gobiernos, corporaciones y ciudadanos de los países afluentes, más que el interés en evitar la pobreza global, en tanto estos intereses están en conflicto.

Existe una gran cantidad de evidencia de que esta contra-hipótesis es verdad. Las reglas actuales del juego favorecen a los países afluentes, permitiéndoles continuar la protección de sus mercados por medio de cuotas, tarifas, impuestos de anti-dumping, créditos de exportación y subsidios a productores domésticos en formas que los países pobres, o no les son permitidos o no pueden permitirse igualar económicamente.8 Otros ejemplos importantes incluyen las regulaciones del TLC de inversión de cross/border y los derechos de propiedad intelectual.9 Reglas tan asimétricas aumentan la parte del crecimiento económico global que va a los países afluentes y disminuyen la parte del crecimiento económico global que va a los países pobres, con relación a lo que estas partes podrían ser bajo reglas simétricas de competencia libre y abierta. Las asimetrías en las reglas, entonces, refuerzan la misma desigualdad que ha hecho posible a los gobiernos de los países afluentes imponer estas asimetrías en el comienzo.10 Esta desigualdad se ha vuelto inmensa: la ratio en el ingreso promedio entre la quinta parte de la población del mundo viviendo en los países de ingreso más alto y la quinta parte viviendo en los países de ingreso más bajo “era de 74 a 1 en 1997, de 60 a 1 en 1990 y de 30 a 1 en 1960.

(Anteriormente) el abismo de ingreso entre los países más altos y más bajos aumentó de 3 a 1 en 1820, de

7 a 1 en 1870, de 11 a 1 en 1913” (UNDP 1999: 3).

Para el 2003, la ratio correspondiente parece haber sido de 66 a 1 (la base de datos de los indicadores de desarrollo mundial, mis cálculos).

Estas ratios comparan los ingresos promedios nacionales por medio de las tazas del intercambio de mercados.11 La imagen tendencial no es más estimulante cuando uno compara los ingresos de las familias mundiales por medio de las paridades del poder de adquisición.

En los primeros cinco años del periodo de globalización actual “la desigualdad del mundo ha crecido (…) de un Gini de 62.8 en 1988 a 66.0 en 1993. Esto representa un aumento del 0.6 puntos de Gini por años. Este es un aumento muy rápido, más rápido que el aumento experimentado por la USA y el Reino Unido en la década de los ochenta. El 5% más pobre en el mundo, se volvió más pobre, en tanto sus ingresos reales decrecieron entre 1988 y 1993 en un cuarto [¡!], mientras que los cuantiles más ricos crecieron mucho más. Ganó 12% en términos reales; esto es, creció más del doble de lo que el ingreso mundial medio (5.7%)” (Milanovic, 2002: 88). Como también confirman los datos de tendencia sobre la desnutrición y la pobreza,12 los pobres globales no están participando proporcionadamente en el crecimiento económico global.

Estos hechos deberían ser suficientes para refutar la perspectiva panglossiana: el diseño actual del orden global no es, ni siquiera cercano, óptimo en términos de la evitación de la pobreza. Podría servirse mejor este valor, por ejemplo, si los países más pobres recibiesen apoyo financiero para contratar expertos de primera calidad para asesorarlos en cómo articular sus intereses en negociaciones de la OMC, para mantener misiones en el departamento central de la OMC en Ginebra, para llevar casos ante la OMC y para enfrentar las cantidades ingentes de regulaciones que les son requeridas que implementen. La evitación de la pobreza también estaría mejor servida si estos países enfrentaran menos constricciones e impedimentos en sus exportaciones a los países afluentes: los $700 billones que se reportan anualmente como pérdidas en oportunidades de exportación debido al proteccionismo de los países ricos (UNCTAD 1999) equivale a más del 10% de ingreso bruto nacional agregado de todos los países en vía de desarrollo combinados. Evitar la pobreza sería también mejor servida si el tratado de la OMC hubiese incluido un salario mínimo y constricciones globales mínimas en las horas de trabajos y condiciones de trabajo con el fin de restringir la actual “carrera hacia abajo”, donde los países más po-

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bres que compiten por inversión extranjera tienen que superarse unos a otros ofreciendo fuerzas de trabajo incluso más explotables y maltratables. Evitar la pobreza también sería mejor servida si el tratado de ley del océano garantizara a los países pobres compartir el valor de la explotación de los recursos del mar explotados (Cf. Pogge, 2002: 125-6), y si a los países afluentes se les exigiera pagar por las externalidades negativas que imponemos en los pobres: la polución que hemos producido a lo largo de muchas décadas y los efectos resultantes en su ambiente y clima por el rápido agotamiento de recursos naturales, por la contribución de nuestros turistas de sexo a la epidemia de SIDA en Asia, y por la violencia causada por nuestras demandas de drogas y nuestra guerra contra éstas.

Los ejemplos pueden ser multiplicados. Pero pienso que es claro que existen variaciones factibles al orden global actual que reducirían dramáticamente la incidencia de la pobreza severa mundial, a números mucho más bajos que los actuales tan abrumadores. Este orden no es óptimo en términos de la evitación de la pobreza.

2.3. ¿Es el orden global actual meramente menos beneficioso de lo que podría ser?

En la medida en que las posibles líneas de defensa han demostrado ser indefendibles, la atención se vuelca a la tercera: ¿puede uno decir que el orden global institucional, aunque claramente y en gran medida subóptimo en términos de la evitación de la pobreza, es sin embargo inofensivo para los pobres globales, y por tanto no es una violación de sus derechos humanos? Enfrentémonos a este último reto contra mi perspectiva.

Este reto es importante especialmente si uno deja indiscutido, como hasta ahora he hecho, el recuento estricto de las violaciones de los derechos humanos de acuerdo con el cual, agentes pueden ser condenados como violadores de los derechos humanos sólo si ellos activamente causan que los derechos humanos sean insatisfechos, en violación a un deber negativo. Apelando a este recuento estricto, los países que configuran e imponen el orden global actual pueden argumentar de la siguiente manera: es verdad que la incidencia de la pobreza severa es más grande bajo el régimen actual de lo que sería bajo algunas de las variaciones descritas, de tal forma que crearían o mejorarían para los pobres globales el acceso a medicinas y vacunas, educación básica, almuerzos escolares, aguas potables y sistemas sanitarios, vivienda, plantas de energía y redes, bancos y préstamos pequeños, conexiones de carreteras, trenes y comunicación, oportunidades de

exportación al mundo desarrollado. Pero no se sigue que el orden global actual causa pobreza excesiva o muertes por pobreza excesivas, que daña o mata a nadie, o que viola derechos humanos. El diseño de este orden está simplemente fallando en beneficiar a la gente, fallando en ser tan protector de la vida humana como podría serlo. Y lo mismo podría entonces decirse acerca de nuestra decisión de imponer el orden institucional global más bien que una alternativa que evite más la pobreza: esta decisión no causa el exceso de pobreza, o el exceso de muertes por pobreza, no está violando los derechos humanos al dañar o matar gente. Está simplemente fallando en beneficiar la gente y fallando en prevenir muertes humanas. Colectivamente (tanto como individualmente) como máximo estamos fallando en hacer todo lo que podemos para satisfacer los derechos humanos.

Esta estrategia de defensa apela a algo como la distinción entre actos y omisiones. Su objetivo es disminuir el significado moral de la decisión de los países ricos de imponer el orden institucional global en vez de una alternativa que sea mejor para evitar la pobreza, y asignar a esta decisión el estatus de una mera omisión. Ahora, los países relevantes son claramente activos en la formulación de las reglas económicas globales que ellos desean y presionan para su aceptacion y la prosecución de su enforzamiento. Esto es innegable. Para ser plausible la estrategia de defensa tiene que aplicar entonces la distinción de acto/omisión en otro lugar: no cómo los gobiernos relevantes están relacionados con las reglas globales, sino cómo estas reglas globales están relacionadas con el exceso de pobreza. La idea tiene que ser que las reglas que gobiernan la economía mundial no están causando activamente el exceso de pobreza, por tanto, dañando y matando seres humanos, sino simplemente fallando pasivamente en prevenir la pobreza severa, fallando en proteger a la gente del daño.

La distinción entre actos y omisiones es suficientemente difícil cuando se aplica a la conducta de los agentes individuales y colectivos. La aplicación de tal distinción a las instituciones y a las reglas sociales es a primera vista desconcertante. Cuantas más muertes prematuras ocurran bajo cierto sistema de reglas que ocurrirían bajo una alternativa factible, podríamos decir que existe un exceso de muertes bajo el régimen existente. Pero ¿cómo podemos distinguir tal exceso en las muertes causadas por las reglas existentes (originadas) y aquellas muertes que estas reglas simplemente fallan en prevenir (dejan

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ocurrir)? Examinemos tres ideas de cómo puede hacerse funcionar esta estrategia de defensa.

2.3.1. Invocar las comparaciones de línea de fondo La pregunta aparentemente empírica de si la “globalización” es dañina o beneficiosa para los pobres globales juega un papel importante en los debates públicos acerca del orden global actual, y más específicamente, acerca de los tratados del TLC, los papeles del FMI, el Banco Mundial, el G7/G8 y el OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo). Daño y beneficio son nociones comparativas que implican la idea de que cierta gente está mejor o peor. Pero ¿cuál es la línea de fondo empleada con la cual el destino actual de los pobres globales se compara? ¿Cuál es el destino alternativo en comparación con el cual ellos están peor (y por tanto están siendo dañados) o mejor (y por tanto están siendo beneficiados por la globalización?

En la mayoría de los casos, resulta que el debate público es acerca de la pregunta si la pobreza severa mundial ha estado aumentando o disminuyendo en el periodo desde que el proceso de globalización comenzó en los ochenta tardíos. La cuestión es muy debatida y ha implicado considerables premios a la carrera de cualquier economista con una buena historia sobre la disminución de la pobreza.

Sin embargo, este debate es irrelevante a la evaluación moral de este proceso de globalización, ejemplificado por el marco de la OMC que los gobiernos del Occidente industrializado han impuesto sobre el mundo. La acusación moral ante nosotros es que los gobiernos, al imponer un orden institucional global bajo el cual persisten excesos de pobreza severa y muertes por pobreza, están violando los derechos humanos de mucha gente pobre. La plausibilidad de esta acusación no se ve afectada por si la pobreza severa está aumentado o disminuyendo. Para ver esto, considérese las acusaciones análogas de que las sociedades esclavistas dañaron y violaron los derechos humanos de aquellos que esclavizaron, o de que los Nazis violaron los derechos humanos de aquellos que confinaron y mataron en sus campos de concentración. Ciertamente, estas acusaciones no pueden ser rechazadas mostrando que la taza de victimización declinó (con menos gente siendo esclavizada o asesinada cada año que el año anterior). Por supuesto, las palabras “daño” y “beneficio” son algunas veces usadas apropiadamente con referencia implícita a un estado anterior del asunto.

Pero en este caso, tal línea de fondo histórica es irrelevante. Pues incluso si fuese cierto que no hay tanta pobreza severa en el mundo hoy como había hace

15 años (pero véase nota 12), de allí no podríamos inferir que el orden global actual está (en un sentido significativo moralmente) beneficiando a los pobres del mundo. Haciendo esta inferencia, estaríamos haciendo una petición de principio, porque asumiríamos simplemente la incidencia de pobreza severa hace 15 años como la línea de fondo apropiada de no daño.

De la misma forma que la acusación de que los nazis violaron los derechos humanos de aquellos que mataron no puede ser refutada mostrando que el número de tales asesinatos estaba en declive, así la pretensión de que la imposición del orden global actual viola los derechos humanos de aquellos que viven en pobreza severa y que con mucha frecuencia mueren de ella, no puede ser refutada mostrando que sus números se están reduciendo (Cf. Pogge, 2000: 55-8).

No menos inconcluyente que tales comparaciones diacrónicas son las comparaciones subjuntivas con una línea de fondo histórica. Incluso si es verdad que no existe tanta pobreza severa bajo el régimen actual del OMC, como habría si el régimen actual GATT hubiese continuado, no podemos inferir de ello que el orden institucional global esté beneficiando (en un sentido moralmente significante) a los pobres del mundo. Haciendo esta inferencia, estaríamos otra vez haciendo una petición de principio asumiendo simplemente la incidencia de pobreza severa como habría evolucionado bajo la continuación de las reglas de GATT como la línea de fondo de no daño apropiada. Por el mismo razonamiento, podría decirse que la junta militar bajo el general Than Shwe estaría beneficiando al Pueblo de Burma probando sólo que están mejor de lo que estarían ahora si la junta predecesora bajo el general Ne Win estuviese todavía en el poder. Y bajo el mismo razonamiento podríamos argüir que las leyes del régimen de Jim Crow (www.nps.gov/malu/documents/ jim_crow_laws.htm) no dañó a los afroamericanos en el sur de USA porque ellos estaban mejor de lo que hubiesen estado si la esclavitud hubiese continuado.

Algunas veces las comparaciones subjuntivas se presentan con una línea de fondo histórica que se define por referencia a un tiempo mucho más anterior. Así, se dice que los africanos hoy no están peor de lo que estarían ahora si nunca hubiese habido contactos significativos con gente de fuera de África. En respuesta, por supuesto, tendríamos que cuestionar hasta qué punto existen hechos cognoscibles acerca de una historia alternativa tan remota. Tendríamos que cuestionar, otra vez, la relevancia moral de esta hipótesis que implica un aislamiento mutuo continuo: si la historia

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Cada día alrededor de 50.000 seres humanos —en su mayoría niños, en su mayoría niñas y en su mayoría gente de color— mueren de hambre, diarrea, neumonía, malaria, sarampión, condiciones perinatales y otras causas relacionadas con la pobreza. mundial hubiese sucedido sin colonización y esclavitud, entonces habría —quizás— ahora gente rica en Europa y gente muy pobre en África. Pero éstas serían personas y poblaciones enteramente distintas de aquellas existentes ahora allí, quienes, de hecho, están profundamente formadas y marcadas por el encuentro involuntario de su continente con los invasores europeos. De este modo, no podemos decirle a los africanos famélicos que ellos habrían estado famélicos y que nosotros seríamos afluentes, incluso si los crímenes del colonialismo no hubiesen ocurrido nunca. Sin estos crímenes no existiría la desigualdad radical existente en la actualidad que consiste en que estas personas son afluentes y aquellas son extremadamente pobres.

Consideraciones similares también refutan la relevancia moral de la comparación subjuntiva con una línea de fondo hipotética —la pretensión, por ejemplo, de que incluso más gente podría vivir y morir incluso más miserablemente en algún estado de naturaleza ficticio, que en este mundo que hemos hecho. En respuesta, existen muchas formas diferentes de describir el “estado de naturaleza” y no es claro en la literatura recibida que ofrece y discute tales descripciones, cómo una de ellas puede ser señalada como la única especificación apropiada moralmente. Aun más, es muy dudoso que cualquier estado de naturaleza en este planeta describible con cierta coherencia fuese capaz de igualar el record globalizado de nuestra civilización, que mantiene una cuota continua y estable de 18 millones de muertes prematuras anual por causas relacionadas con pobreza (cf. Pogge, 2002: 136-9).

Si un estado de naturaleza tal no puede ser descrito, entonces no se puede decir que el orden global actual beneficia a los pobres del mundo reduciendo la pobreza severa a un nivel más bajo de lo que estaría en un estado de naturaleza. Finalmente, todavía está por mostrarse cómo la pretensión de que algunas personas están siendo dañadas, ahora puede ser debilitada al

señalar que la gente en un estado de naturaleza estaría aun peor. Si tal argumento existiese, ¿no mostraría que cualquier cosa que una persona o grupo hace sólo se cuenta como dañino si reduce a este último bajo el nivel de la línea de fondo del estado de naturaleza? Si no estamos dañando los 2.735 millones de seres humanos que mantenemos en pobreza severa, entonces, la esclavitud tampoco dañó a los esclavos, sólo si ellos no estuvieran peor que lo que la gente estaría en un estado de naturaleza relevante.

Las comparaciones de línea de fondo, entonces, no ofrecen un piso prometedor para negar que el orden institucional global implica violaciones de los derechos humanos de aquellos empobrecidos bajo él —o ciertamente, para defender cualquier otro esquema institucional de la acusación de que ellos toman parte en violaciones a los derechos humanos. Recuérdese, por ejemplo, las primeras décadas de los Estados Unidos, cuando los hombres diseñaron e impusieron un orden institucional que perjudicaba a las mujeres en gran medida. La pretensión de que la imposición de este orden violaba los derechos humanos de las mujeres, no puede ser refutado por una comparación diacrónica con el cómo las mujeres habían estado antes durante el gobierno británico. Tampoco puede ser refutada por una comparación subjuntiva de cómo las mujeres estarían si éste hubiese continuado, o en un estado de naturaleza. Lo que importa es si la imposición del orden institucional en cuestión condujo predeciblemente a cargas severas sobre las mujeres, que hubiesen sido razonablemente evitables por medio de un diseño institucional imparcial.

2.3.2. Invocar el consentimiento de los pobres globales Otra forma común de negar que el orden institucional global está dañando a los pobres y violando sus derechos humanos es apelando al precepto venerable de volenti non fit iniuria —no se hace injusticia a aquellos que consienten. Alguien abusando físicamente de otro no lo está dañando en el sentido moralmente relevante si él ha dado consentimiento anterior a tal tratamiento, por dinero, tal vez, o por placer masoquista. De igual forma, un orden social bajo el cual un exceso de pobreza severa persista no está dañando a los pobres si ellos han consentido previamente la imposición de este orden. ¡Y ellos sí dieron consentimiento! La membresía en la OMC es voluntaria. Ya que los pobres mismos han firmado la reglas tales como ellas son, la imposición de estas reglas no puede ser caracterizada como dañándoles.

Esta línea de argumento está completamente refu-

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tada por cuatro consideraciones mutuamente independientes. En primer lugar, apelar al consentimiento puede derrotar la acusación de violación de derechos humanos sólo si los derechos humanos en cuestión son alienables, y más específicamente, renunciables por consentimiento. Sin embargo, bajo el entendimiento usual de los derechos humanos morales y legales, a ellos no se puede renunciar. Las personas no pueden renunciar a sus derechos humanos de libertad personal, participación política, libertad de expresión o libertad de la tortura. Las personas pueden prometer, por un voto religioso tal vez, servir a otro, refrenarse de votar, o permanecer silenciosos. Pero, donde quiera que los derechos humanos se respeten, tales promesas no se pueden hacer cumplir legalmente y, por tanto, no logran renunciar al derecho en cuestión. Hay muchas razones para concebir los derechos humanos de esta forma. Una persona cambia en el tiempo, y su identidad [self] madura tiene un interés vital en ser capaz de evadir cargas verdaderamente horribles que su identidad más joven habría arriesgado o incurrido.

Aún más, la opción de poner tales cargas en la identidad futura es probablemente una desventaja incluso para la identidad joven, pues estimula predadores que provoquen una renuncia de la joven por medio de su manipulación o de sus circunstancias —por ejemplo, llevándola a una situación que amenaza su vida, de la cual uno se ofrece a salvarla al precio de su esclavitud permanente (Pogge, 1989: 49-50). Finalmente, las renuncias a los derechos humanos imponen cargas considerables en terceros partidos quienes serán (más o menos directamente) confrontados con el estrés resultante de la gente esclavizada, torturada o famélica.

En segundo lugar, incluso asumiendo que los derechos humanos a las necesidades básicas sean renunciables, una apelación al consenso no puede justificar el empobrecimiento severo de niños quienes están en gran medida sobrerepresentados entre aquellos que sufren pobreza severa y sus efectos (nota 2). De aproximadamente 18 millones de muertes anuales por causas relaciondas con la pobreza, 10.6 millones son niños menores de 5 años (nota 4). ¿Desea en realidad alguien pretender que estos niños pequeños han asentido a nuestro orden global —o que que alguien está en realidad intitulado a asentir en su nombre con su destino horripilante? En tanto el orden global actual es, previsiblemente, en gran medida subóptimo en términos de evitar la pobreza severa de niños, la pretensión de que este orden viola sus derechos humanos no puede ser bloqueada por ninguna apelación concebible a asentimiento.

Los países pobres necesitan comercio para el desarrollo. Ellos no consiguen oportunidades de comercio justas bajo el régimen de la OMC. Pero un país que no firme encontraría que sus oportunidades de comercio estarían mucho más severamente restringidas. Cualquier país pobre está forzado a decidir acerca de si se inscribe a las reglas de la OMC, contra el trasfondo de otras reglas de las que no puede escapar y que hace extremadamente costoso el no inscribirse.

En tercer lugar, la mayoría de los países que tienen gente severamente empobrecida, ni fueron ni son significativamente democráticos. Por ejemplo, la accesión de Nigeria al OMC el 1 de enero de 1995 fue realizada por su despiadado dictador militar Sani Abacha. El de Myanmar, en el mismo día fue realizada por el SLORC (Concejo de Ley Estatal y de Restauración del Orden).

La de Indonesia, en el mismo día, por el Suharto, corrupto y asesino. La de Zimbabwe, el 5 de marzo de 1995, por el brutal Robert Mugabe. Y la de Zaire (desde entonces renombrado Congo), el 27 de marzo de 1997, por el odiado dictador Mobutu Sese Seko. Estos gobernantes consintieron aparentemente por razones prudenciales buenas. Pero ¿su éxito en sujetar a sus poblaciones a su gobierno por la fuerza de las armas da a tales asesinos de masas el derecho a consentir en el nombre de aquellos que oprimen? ¿Su éxito nos intitula a tomar las firmas de estos gobernantes como el asentimiento de su población? En cualquier reporte creible de consentimiento, la respuesta es no. No podemos invalidar la queja de aquellos que ahora sufren de pobreza severa apelando al asentimiento previo, cuando su gobernante mismo carece de cualquier posición moral a asentir en su nombre.

En cuarto lugar, en tanto gente muy pobre asintió y asiente por medio de un proceso significativamente democrático a algún arreglo institucional global particular, la fuerza justificatoria de tal asentimiento se

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debilita cuando el asentimiento se impone. Así, es dudoso que el tomar todas tus posesiones pueda ser justificado si tu asentimiento fue dado cuando el darlo era tu único escape de ahogarte después de un accidente en un bote. Seguramente, tú estás mejor sin un peso que muerto, y en este sentido tu asentimiento fue racional. Pero permanece manchado por el hecho de que tú no tenías ninguna opción tolerable.

La fuerza justificatoria del asentimiento dado en circunstancias calamitosas, es incluso más débil cuando la calamidad se debe parcialmente a aquellos cuya conducta este asentimiento ha de justificar. Si tu accidente en el bote fue causado por el que sería ser tu salvador, por ejemplo, tu consentimiento a darle tus posesiones si él te rescata es de una fuerza justificatoria todavía más dudosa. Los países pobres necesitan comercio para el desarrollo. Ellos no consiguen oportunidades de comercio justas bajo el régimen de la OMC. Pero un país que no firme encontraría que sus oportunidades de comercio estarían mucho más severamente restringidas. Cualquier país pobre está forzado a decidir acerca de si se inscribe a las reglas de la OMC, contra el trasfondo de otras reglas de las que no puede escapar y que hace extremadamente costoso el no inscribirse. Una regla tal es, por ejemplo, que la gente y las compañías del mundo en vías de desarrollo no pueden ofrecer libremente sus productos y servicios a la gente en los países ricos. Esta regla hace posible a los países ricos exigir un precio por cualquier acceso limitado a sus mercados que ellos quieran ofrecer.

Parte de este precio es que los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones de los países ricos tienen que ser respetados y endosados. Los gobiernos de los países pobres tienen que ayudar a acumular rentas para esas corporaciones, haciendo subir el costo de los farmacéuticos para su propia población. Pagar el precio tiene sentido, tal vez, para los países pobres, dadas sus circunstancias calamitosas. Pero esta calamidad es debida a una regla que los países ricos imponen unilateralmente, sin ningún asentimiento de los pobres.13 Se puede pensar que esta regla es tan natural y obvia que cualquier calamidad que pueda imponer no puede ser atribuida a aquellos que la imponen. Ciertamente, cualquier país está intitulado a restringir el acceso a sus territorios y mercados como le plazca, sin tener en cuenta las consecuencias económicas para los extranjeros. Bien, no mucho tiempo atrás los países ricos proclamaron lo opuesto como siendo lo natural y obvio, cuando ellos forzadamente insistieron en su derecho a vender opio en China, por ejemplo.14 Y el derecho re-

clamado de la US, Canadá, Australia y Nueva Zelanda de excluir extranjeros de sus territorios y mercados se debilita aún más por el camino histórico sobre el cual sus ocupantes actuales han llegado a poseerlos.

Es valioso incluso mencionar en este contexto otra falacia frecuentemente aducida en la justificación del status quo. Como muestran investigaciones empíricas elaboradas, los países pobres que acogen las nuevas reglas globales marchan mejor económicamente que los países que no. Esto se toma para probar que las nuevas reglas globales benefician a los países pobres.

Para ver la falacia, considérese este razonamiento paralelo. Supóngase que una investigación empírica había mostrado que alrededor de 1940 los países pequeños europeos colaborando con la alianza fascista se desempeñaron mejor que el resto. ¿Esto habría probado que el nuevo domino de esta alianza fascista era buena para los pequeños países europeos? Por supuesto que no. Al inferir esta conclusión, se estarían combinando dos preguntas distintas. En primer lugar, dada la dominación del fascismo en la Europa continental ¿era mejor para los países europeos pequeños cooperar o no? En segundo lugar, ¿el dominio fascista en la Europa Continental es mejor para los países pequeños que, digamos, el dominio hipotético de las democracias parlamentarias? Aunque la falacia sea obvia en este caso, su análoga es aducida infinitamente en los debates contemporáneos sobre globalización, donde muchos fracasan en distinguir las dos preguntas análogas: primero, dado el dominio de los países ricos y de sus reglas y organizaciones (OMC, Banco Mundial, FMI, OECD, G7), ¿es mejor para un país pobre el cooperar o no? Segundo, ¿Es el dominio de estas reglas y organizaciones de los países ricos en sí, mejor para los países pobres, que, digamos, la abolición total de las constricciones proteccionistas?

2.3.3 Invocar las fallas de las instituciones sociales y gobernantes de los países pobres Otra forma popular de negar que el orden institucional global está dañando a los pobres es señalar una vez más las grandes diferencias del rendimiento económico entre los distintos países en vías de desarrollo.

Las historias exitosas—tales como los tigres asiáticos y China—muestran que países pobres pueden vencer la pobreza severa bajo el orden global como es, ya que este orden no es inhospitalario a la erradicación de la pobreza. La gente pobre en países donde la pobreza severa no se diluye por tanto, tiene que culpar a sus propias instituciones sociales.

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Este razonamiento involucra la falacia del “algunos entonces todos”. El hecho de que algunos individuos nacidos en la pobreza se vuelvan millonarios no muestra que todas las personas puedan hacerlo igualmente (Cfr. Cohen 1988:262-3). La razón es que los caminos a la riqueza son escasos. Ciertamente, ellos no son limitados rígidamente, pero incluso un país afluente claramente no puede alcanzar el tipo de tazas de crecimiento económico necesitadas para que todo el mundo se convierta en millonario (manteniendo fijas el valor de la moneda y el ingreso real que los millonarios pueden disfrutar hoy). Lo mismo se mantiene para los países en vías de desarrollo. Los tigres asiáticos (Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur) alcanzaron tazas de crecimiento económico impresionantes y de reducción de la pobreza. Lo hicieron a través de un fortalecimiento de industrias apoyadas estatalmente que producen masivamente productos de baja tecnología. Estas industrias fueron exitosas globalmente usando sus ventajas considerables de costo de labor para vencer competidores en los países desarrollados y ganando en apoyo estatal y/o en una fuerza de trabajo mejor educada para vencer a competidores en otros países en vías de desarrollo.15 Construir tales industrias fue inmensamente rentable para los tigres asiáticos.

Pero si muchos otros países pobres hubiesen adoptado esta misma estrategia de desarrollo, la competencia entre ellos la hubiese vuelto mucho menos rentable.

En las dos pasadas décadas, China ha sido una historia de gran éxito, alcanzando un crecimiento fenomenal en exportación y en ingreso per capita. Así, el ejemplo de China se usa ahora frecuentemente para argumentar que las reglas de la economía del mundo son favorables a los países pobres y conducen a la erradicación de la pobreza. Estos argumentos cometen la misma falacia de algunos entonces todos. Los exportadores en los países pobres compiten sobre los mismos mercados altamente protegidos de los países ricos (nota 8). Gracias a su extraordinaria habilidad de distribuir productos de calidad, baratos y en grandes cantidades, a China le ha ido extremadamente bien en esta competencia. Pero este gran éxito ha tenido efectos catastróficos en muchos otros países en vías de desarrollo, reduciendo sus partes en el mercado y precios de exportación. Ciertamente, la economía mundial como es estructurada en el presente no es un juego de la suma constante, donde si uno de los de los jugadores gana, tiene que haber otro que pierda.

Sin embargo, los resultados son extremadamente interdependientes. No podemos concluir, entonces, que

el orden institucional global, aunque menos favorable a los países pobres de lo que debería ser, es todavía suficientemente favorable para que a todos ellos les vaya tan bien como a los tigres de Asia y China.

Pero, ¿les puede ir a los países pobres en su totalidad mucho mejor bajo el orden global actual de lo que les esta yendo de hecho? Y, ¿el orden global actual no tiene que ser absuelto de responsabilidad por cualquier exceso de pobreza que debería haber sido evitado si las élites políticas en los países pobres fueran menos corruptas y menos incompetentes?

Supóngase dos conjuntos de factores causales relevantes —el orden institucional global y los regímenes y políticas económicas de los países en los cuales la pobreza severa persiste— que fuesen simétricamente relacionados de tal forma que cada conjunto de factores sea necesario para la reproducción actual de pobreza severa mundial. Entonces si insistimos en que los factores globales tienen que ser absueltos bajo el razonamiento de que la modificación de los factores nacionales sería suficiente para erradicar la pobreza mundial, los defensores de los factores nacionales podrían insistir, simétricamente, que estos factores nacionales tienen que ser absueltos bajo el razonamiento de que la modificación de los factores globales sería suficiente para erradicar la pobreza mundial. Al absolver ambos conjuntos de factores bajo estos razonamientos pondríamos su producción cooperativa de daños inmensos más allá del criticismo moral.

La implausibilidad de tal evaluación puede ser ilustrada a través de un caso de interacción más directo.

Supóngase dos tribus de río arriba que liberan polución en un río del cual gente que vive río abajo depende para su sobrevivencia. Y supóngase que cada uno de los contaminantes causa solamente daño menor, pero que, cuando se mezclan, reaccionan formando un veneno que mata mucha gente río abajo. En este caso, las dos tribus de río arriba pueden negar responsabilidad, cada uno de ellos insistiendo que el daño severo no podría materializarse si la otra tribu de río arriba parara su actividad de polución. Tal denegación es implausible. Las dos tribus de río arriba han de ser obligadas a parar el daño severo que causan juntas.

Ellas pueden cooperar conjuntamente para descargar su responsabilidad. Fallando esto, cada una tiene el deber de parar su polución y cada una es completamente responsable de cualquier daño que no se hubiese materializado, si no fuese por la polución que ha sido liberada. (Cf. Pogge 2005b:63-4).

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La persistencia de la pobreza severa a nivel mundial es análogamente importante a los daños sufridos por la gente del río abajo. Es cierto –como los defensores de los países ricos y de sus proyecto de globalización señalan—que la pobreza más severa podría evitarse, a pesar del orden global injusto, si los gobiernos nacionales y las élites de los países pobres estuviesen comprometidas genuinamente con un „buen gobierno” y con la erradicación de la pobreza. También es cierto –como los defensores de los gobiernos y las élites de los países pobres insisten—que la pobreza más severa podría ser evitada, a pesar de los regímenes opresivos y corruptos que dominan en tantos países en vías de desarrollo, si el orden institucional global estuviese diseñado para lograr este propósito. Este señalamiento mutuo le sirve bien a los dos lados, convenciendo a muchos ciudadanos afluentes en países ricos y pobres que ellos y sus gobiernos son inocentes en la catástrofe de la pobreza mundial. Pero reflexionando se aclara que, mientras que cada lado está en lo correcto al señalar al otro, ninguno de los dos está en lo correcto absolviéndose.

Como las dos tribus de río arriba, cada lado es completamente responsable de su contribución marginal a las privaciones que ellos juntos producen. La cooperación “multiplicativa” de factores causales, por tanto, no falla en disminuir, sino que aumenta la responsabilidad total. Esto es análogo a como dos criminales, si cada uno de ellos hace una contribución necesaria para un homicidio, cada uno de ellos es legal y moralmente responsable completamente por esa única muerte.

Esta respuesta es suficiente para mantener la responsabilidad de los ciudadanos y gobiernos de los países ricos. Ellos pueden ser responsables de la pobreza severa de incluso aquellas gentes que no serían pobres si sus países estuviesen gobernados de mejor manera.

Sin embargo, asumiendo la simetría entre estos dos conjuntos de factores causales relevantes, la respuesta es demasiado simple, fallando completamente en exponer la responsabilidad de los países ricos y de su proyecto de globalización. Hay una asimetría importante. Mientras que los arreglos y políticas institucionales nacionales en los países ricos tienen muy pequeña influencia en el diseño del orden global, el último tiene una gran influencia en el primero. Sí, las instituciones sociales y las políticas de muchos países pobres están muy lejos de ser óptimas en términos de la evitación de la pobreza doméstica. Pero un mejoramiento substancial en este conjunto de factores causales es improbable mientras que los arreglos institucionales globales permanezcan tal como son ahora. El orden global ins-

titucional ejercita su influencia perniciosa en la evolución de la pobreza mundial no sólo directamente, en formas ya discutidas, sino también indirectamente, a través de su influencia en las instituciones y políticas nacionales de los países en vías de desarrollo. La opresión y la corrupción, tan prevalentes en muchos países pobres actualmente, son ellas mismas producidas muy substancialmente y sostenidas por características centrales del orden global actual.

Sólo fue en 1999, por ejemplo, que los países desarrollados finalmente acordaron en refrenar las extorsiones de sus firmas de oficiales extranjeros adoptando El pacto de OECD para combatir el soborno de oficiales públicos extranjeros en transacciones de negocios internacionales.16 Hasta entonces, los estados más desarrollados no simplemente autorizaban legalmente a sus compañías para sobornar oficiales extranjeros, sino que incluso permitían deducir tales sobornos de sus ganancias por impuestos, por tanto, proveyendo incentivos financieros y soporte moral a la práctica de sobornar políticos y oficiales en los países pobres.17 Esta práctica desvía la lealtad de los oficiales de estos países y también crea, en primer lugar, una diferencia en el tipo de personas que se esfuerzan por puestos públicos. Los países en vías de desarrollo han sufrido asombrosas pérdidas como resultado de lo anterior, mostrado más claramente en la adjudicación de contratos públicos.

Estas pérdidas aumentan en parte por el hecho de que los sobornos son tenidos en cuenta en los precios: los postores en contratos tienen que aumentar sus precios con el fin de ser pagados suficientemente para pagar los sobornos. Pérdidas adicionales aumentan cuando los postores pueden permitirse ser no-competitivos, sabiendo que el éxito de su oferta dependerá de sus sobornos más que de la sustancia de su oferta. Pérdidas incluso más grandes aumentan por el hecho de que los oficiales enfocados en sus sobornos ponen muy poca atención a si los bienes y servicios que ellos compran en nombre de su país son de buena calidad o incluso siquiera necesarios. Mucho de lo que los países en vías de desarrollo han importado en el tiempo ha sido de ninguna utilidad—o incluso dañino, promoviendo degradación ambiental o violencia (el soborno es especialmente omnipresente en el comercio de armas).

La evidencia preliminar sugiere que el nuevo Pacto es inefectivo en refrenar el soborno de las corporaciones multinacionales.18 Y los bancos en los países ricos continúan ayudando gobiernos y oficiales corruptos en el mundo en vías de desarrollo para mover e invertir en el extranjero sus ganancias del soborno y de la malver-

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sación.19 Pero incluso, si esto fuese efectivo sería difícil purgar la cultura penetrante de la corrupción que está ahora profundamente encarnada en muchos países en vías de desarrollo gracias al soborno extensivo al cual han sido sujetos durante sus años formativos.

El asunto del soborno es parte de un problema más amplio. Las élites políticas y económicas de los países pobres interactúan con sus inferiores domésticos, de un lado, y con otros gobiernos y corporaciones extranjeros, de otro. Estos dos electores potenciales difieren enormemente en riqueza y poder. Los primeros son en gran medida pobremente educados y excesivamente preocupados con la diaria lucha para sobrevivir. Los últimos, por contraste, tienen a su disposición infinitos premios y castigos a su disposición. De los políticos con un interés normal en su propio éxito político y económico puede esperarse entonces que satisfagan los intereses de los gobiernos y corporaciones extranjeros más bien que los intereses que en cada caso compiten de sus compatriotas muchísimo más pobres.

Y esto, por supuesto, es lo que encontramos: hay muchos gobiernos de países pobres que llegan al poder o permanecen en el poder sólo gracias al apoyo extranjero. Y existen muchos políticos y burócratas de los países pobres, que inducidos o sobornados por extranjeros, trabajan contra los intereses de su gente: por el desarrollo de una industria sexual amigable a los turistas (cuya explotación forzada de niños y mujeres ellos toleran y de la cual se benefician), por la importación de productos, no necesitados, obsoletos o demasiado caros a expensas del público, por el permiso de importar productos peligrosos, residuos, o fábricas, contra las leyes que protegen empleados o el ambiente, etc.

Ciertamente, no existirían tan grandes asimetrías en incentivos si los países pobres fueran más democráticos, permitiéndole a sus poblaciones un papel genuinamente político. ¿Por qué la mayoría de estos países están tan lejos de ser genuinamente democráticos? Esta pregunta pone en perspectiva más aspectos del orden institucional actual.

Es una característica muy central de este orden que cualquier grupo que controle una preponderancia de los medios de coerción dentro de un país está internacionalmente reconocido como el gobierno legítimo del territorio y la gente de ese país —sin importar cómo este grupo llegó al poder, de cómo ejercita el poder y hasta qué punto es apoyado o contrapuesto por la población que gobierna. Que tal grupo que ejercita poder efectivo reciba reconocimiento internacional significa no meramente que nosotros entramos en negociaciones. Signi-

El privilegio de recurso, entonces, da a los participantes incentivos fuertes para la adquisición violenta y el ejercicio del poder político, causando con ello intentos de golpe de estado y guerras civiles.

Aún más, le da a los extranjeros incentivos fuertes para corromper a los oficiales de tales países, quienes, no importando cuán mal ellos gobiernen, continúan teniendo recursos para vender y dinero para gastar. fica también que aceptamos el derecho de este grupo a actuar por la gente que gobierna, que nosotros, significativamente, conferimos sobre él privilegios de disponer libremente de los recursos naturales del país (privilegio de recurso internacional) y a prestar libremente en nombre del país (privilegio de préstamo internacional).

El privilegio de recurso que conferimos sobre un grupo en el poder es mucho más que mero asentimiento a su control efectivo sobre los recursos naturales del país en cuestión. Este privilegio incluye el poder20 de efectuar legalmente transferencias válidas de derechos de propiedad de tales recursos. Por tanto, una corporación que ha comprado recursos de los Saudis o Suharto, de Mobuto o Sani Abacha, se ha intitulado a ser reconocido —y en realidad lo es— en todas partes del mundo como el propietario legítimo de estos recursos.

Esta es una característica remarcable de nuestro orden global. Un grupo que domina los guardias y toma control de un almacén puede estar en capacidad de dar alguna de esta mercancía a otros, aceptando dinero en intercambio. Pero el reducidor que les paga se convierte simplemente en el posesor, no en el propietario del botín. Contrástese esto con un grupo que domina un gobierno elegido y toma control de un país.

Tal grupo, también, puede dar parte de los recursos naturales del país, aceptando dinero en intercambio.

En este caso, sin embargo, el comprador adquiere no solamente posesión, sino todos los derechos y libertades de propiedad, las cuales están supuestas a ser —y en realidad son— protegidas e impuestas por todas las cortes y fuerzas de policías de los otros estados. El pri-

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vilegio de recurso internacional es, entonces, el poder legal de conferir legalmente derechos de propiedad globalmente válidos sobre los recursos de un país.

Este privilegio internacional de recurso tiene efectos desastrosos en los países pobres que son ricos en recursos. Donde el sector de recursos constituye un gran segmento de la economía nacional. Quien pueda tomar poder en un país de este tipo, puede mantener su gobierno por cualquier medio, incluso contra la oposición popular extensiva; por medio de la compra de armas y soldados que necesite, con las ganancias de la exportación de los recursos naturales y con fondos prestados contra las ventas de recursos futuros. El privilegio de recurso entonces, da a los participantes incentivos fuertes para la adquisición violenta y el ejercicio del poder político, causando con ello intentos de golpe de estado y guerras civiles. Aún más, le da a los extranjeros incentivos fuertes para corromper a los oficiales de tales países, quienes, no importando cuán mal ellos gobiernen, continúan teniendo recursos para vender y dinero para gastar.

Nigeria es un caso perfecto. Produce alrededor de 2 millones de barriles de petróleo por día, el cual, dependiendo del precio del petróleo, consigue alrededor de $10 - 20 billones anualmente, o más, un cuarto y medio del PNB. Quien quiera que controle esta corriente de ganancias puede permitirse suficientes armas y soldados para mantenerse en el poder sin importar lo que la población pueda pensar de él. Y por el tiempo que logre mantenerse, su cartera se rellenará continuamente con nuevos fondos con los cuales él puede consolidar su gobierno y vivir en la opulencia. Con un incentivo tan poderoso, no puede ser sorprendente que durante 28 años de los pasados 35, Nigeria haya sido gobernada por tiranos militares quienes tomaron poder y gobernaron por la fuerza.21 Tampoco puede ser sorprendente que incluso un presidente elegido fracase en parar la corrupción más burda: Olusegun Obasanjo sabe perfectamente bien que, si él intentara gastar las ganancias del petróleo solamente para el beneficio de los nigerianos, los oficiales militares podrían —gracias al privilegio de recurso internacional—rápidamente restaurar sus beneficios acostumbrados.22 Con un precio tan alto por su cabeza, incluso el presidente mejor intencionado no podría terminar la malversación de ganancias de petróleo y sobrevivir en el poder.

Los incentivos que surgen del privilegio de recurso internacional ayudan a explicar lo que los economistas han observado por largo tiempo y encuentran

enigmático: la correlación negativa significativa entre la riqueza de recursos (relacionado con el PNB) y el rendimiento económico.23 Dos economistas de Yale confirman esta explicación por medio de un análisis regresivo, el cual muestra que el vínculo causal desde la riqueza de recursos al rendimiento económico pobre está mediada por oportunidades reducidas para la democracia.24 Porque sostienen el orden global fijo, como un trasfondo dado, los autores no consideran cómo el vínculo causal que ellos analizan depende en sí de las reglas globales que garantizan el privilegio de recurso a cualquier grupo en el poder, independientemente de su ilegitimidad doméstica.

El privilegio de préstamo que conferimos sobre un grupo en el poder incluye el poder de imponer obligaciones legales válidas internacionalmente sobre el país en su totalidad. Cualquier gobierno sucesor que se niegue a responder por deudas incurridas por un predecesor totalmente corrupto, brutal, anti-democrático, inconstitucional, represivo e impopular, será severamente castigado por los bancos y los gobiernos de otros países. Como mínimo, perderá todos su privilegios de préstamo, siendo excluido incluso cuando los nuevos elegidos después de un rompimiento dramático con el pasado son obligados a pagar las deudas de sus predecesores tan horribles.

El privilegio de préstamo internacional hace tres contribuciones importantes a la incidencia de élites opresivas y corruptas en el mundo en vía de desarrollo. Primero, este privilegio facilita el préstamo por gobernantes destructivos que pueden prestar más dinero y pueden hacer más barato de lo que ellos podrían si fuesen ellos sólo los que estuviesen obligados a pagar, en vez de todo el país. De esta forma, el privilegio de préstamo ayuda a tales gobernantes a mantenerse en el poder incluso contra un descontento casi universal de la población y de la oposición.25 Segundo, el privilegio de préstamo internacional impone sobre el régimen sucesor democrático las deudas frecuentemente inmensas de sus predecesores corruptos. De esta forma, hace tambalear la capacidad de los gobiernos democráticos de implementar reformas estructurales y otros programas políticos, volviendo así a tales gobiernos menos exitosos y menos estables de lo que ellos serían si la situación fuese otra. (Es una pequeña consolación que los putschistas algunas veces son debilitados al ser tomados como responsables de las deudas de sus predecesores democráticos). Tercero, el privilegio de préstamo internacional fortalece los incentivos a los intentos de golpes de estado: cualquiera

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que sea en brindar la preponderancia a los medios de coerción bajo su control consigue el privilegio de préstamo como un premio adicional.26 Los privilegios continuos de recurso y préstamo internacional se complementan con el privilegio de tratado internacional, el cual reconoce tal persona o grupo en control efectivo de un país como intitulado a tomar obligaciones de tratados impuestos en el nombre de su población, y el tratado internacional de armas, que reconoce a una persona o grupo como intitulado a usar los fondos del estado para importar las armas necesarias para permanecer en el poder. Como la antigua tolerancia oficial del soborno de los oficiales de los países pobres, estos privilegios son características altamente significativas del orden global que tienden a beneficiar los gobiernos, corporaciones y ciudadanos de los países ricos y de las élites político-militares de los países pobres a expensas de la vasta mayoría de la gente ordinaria en los países pobres. Así, mientras que el orden global actual ciertamente no hace imposible para algunos países pobres alcanzar democracia genuina y crecimiento económico sostenido, características centrales de él contribuyen en gran medida al fracaso de los países pobres en las dos cosas. Estas características son cruciales para explicar la inhabilidad y especialmente la mala disposición de los líderes de estos países para perseguir estrategias más efectivas de erradicación de la pobreza. Y ellas son cruciales pues explican por qué la desigualdad global está aumentando tan rápidamente que el crecimiento económico global substancial desde el fin de la Guerra Fría no ha reducido el aumento de pobreza y desnutrición (cf. Nota 12) —a pesar del progreso tecnológico substancial y del crecimiento económico global, a pesar de la inmensamente reportada reducción de la pobreza en China,27 a pesar del “dividendo de paz” de la posguerra fría,28 a pesar de una caída del 32% en los precios reales de alimentos desde 1985,29 a pesar de la asistencia al desarrollo y a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales humanitarias y de desarrollo.

2.4. Conclusión En sólo 16 años desde el fin de la Guerra Fría, alrededor de 300 millones de seres humanos han muerto prematuramente de causas relacionadas con la pobreza, con alrededor de 18 millones más que se adicionan cada año. Un número mucho más grande de seres humanos tiene que vivir en condiciones de pobreza que amenazan su vida y que hacen ver difícil para ellos el articular sus intereses y efectivamente valerse por sí mismos y sus familias. Esta catástrofe fue y está

pasando, previsiblemente, bajo un orden global institucional diseñado para el beneficio de los gobiernos, corporaciones y ciudadanos de los países afluentes y de las élites políticas y militares de los países pobres.

Existen diseños alternativos factibles al orden institucional global. Caminos alternativos de globalización factibles, bajo los cuales esta catástrofe podría ser fácilmente evitable. Incluso ahora la pobreza severa podría ser rápidamente reducida a través de reformas factibles que modificarían las características más dañinas de este orden global o mitigarían su impacto.

Tómese el privilegio de recurso internacional incondicional, por ejemplo. Es benéfico para los países afluentes dándonos acceso a un suministro más grande, más barato y más confiable de recursos naturales extranjeros, porque podemos adquirir propiedad de ellos de cualquiera que esté en ejercicio del poder efectivo sin cuidar si la población del país o apruebe la venta o se beneficie de los procedimientos. Los privilegios incondicionales de recurso y préstamo internacional son también altamente ventajosos para muchos putschistas o tiranos en los países pobres, para quienes ellos aseguran los fondos que necesitan para mantenerse en el poder incluso contra la voluntad de una gran mayoría de sus compatriotas. Tales privilegios son, sin embargo, un desastre absoluto para los pobres globales quienes están siendo desposeídos por medio de acuerdos de préstamos y de recursos sobre los cuales ellos no tienen posibilidad de opinar y de los cuales ellos no se benefician.30 El ejemplo ilustra la clara injusticia del orden institucional global. También ilustra que esta injusticia no consiste en una ayuda muy pequeña dispensada a los pobres. Todavía existe tanta pobreza severa y tanta necesidad de ayuda, sólo porque los pobres son sistemáticamente empobrecidos por los acuerdos institucionales actuales y han sido de este modo empobrecidos por un tiempo largo durante el cual nuestra ventaja y su desventaja se han exacerbado. Erradicar la pobreza severa a una velocidad moralmente aceptable impondría costos y oportunidades substanciales en los países afluentes (nota 35). Pero la aceptación de tales costos no es caridad generosa, sino compensación requerida por los daños producidos por los arreglos institucionales globales injustos cuya imposición pasada y presente por los países ricos trae grandes beneficios a sus ciudadanos.31 Dado que el orden global institucional actual es previsiblemente asociado con una incidencia tan masiva de pobreza severa, su imposición (incompensada) manifiesta una continua violación de los derechos huma-

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nos —se puede argumentar que es la mayor violación alguna vez cometida en la historia de la humanidad. No es la violación más grave de los derechos humanos, en mi opinión, porque aquellos que la cometen no tienen la intención del sufrimiento y la muerte que infligen ya sea como un fin o como un medio. Ellos simplemente actúan con indiferencia deliberada a los daños enormes que causan en el curso de avanzar sus propios fines mientras se van a grandes extremos engañando el mundo (y algunas veces ellos mismos) acerca del impacto de su conducta. Y sin embargo sí es la más grande.

Ciertamente, la pobreza masiva causada por el agenciar humano no es sin precedentes. Las instituciones y política coloniales británicas son acusadas hasta de un millón de muertes por pobreza en la hambruna irlandesa de papas de 1846-49 y por alrededor de 3 millones de muertes por pobreza en la gran hambruna de Bengal de 1943-44. Hasta 30 millones de muertes por pobreza en China durante 1959-62 se atribuyen a la insistencia de Mao Tse-Tung de continuar las políticas de su “Gran Salto Adelante” incluso cuando sus efectos desastrosos se hicieron visibles. Pero estas catástrofes históricas fueron de duración más limitada e incluso, en su máximo no alcanzaron la taza actual y continua de 18 millones de muertes por pobreza per annum.

La imposición continua de este orden global, esencialmente inmodificado, constituye una violación masiva del derecho humano a necesidades básicas —una violación por la cual los gobiernos y electorados de los países más poderosos cargan la responsabilidad primaria. Esta acusación no puede ser rechazada apelando a comparaciones de línea de fondo, apelando al consentimiento de los pobres globales mismos, o apelando a otros factores causales perjudiciales que el orden global pueda hacer simplemente muy poco para contrarrestar.

3. La promesa de la reforma institucional global Los derechos humanos imponen sobre nosotros un deber negativo de no contribuir a la imposición de un orden institucional que previsiblemente origina un déficit de derechos humanos evitable sin dar protección compensadora y esfuerzos de reforma para sus víctimas. En analogía a los deberes negativos de no romper una promesa o contrato y no usar como emergencia la propiedad de otro sin compensación este deber institucional negativo puede imponer obligaciones positivas sobre los participantes aventajados: obligaciones a compensar por su contribución al daño. Tal compensación puede tomar la forma de esfuerzos de

En el mundo moderno la reglas que gobiernan las transacciones económicas —tanto nacional como internacionalmente— son más generalmente los determinantes causales más importantes de la incidencia y profundidad de la pobreza severa y del déficit de derechos humanos. protección, tal vez por medio de donaciones a ONG internacionales, tales como Oxfam, o también puede concentrarse en la reforma institucional. Permítanme comentar sobre la importancia de la última opción.

En el mundo moderno la reglas que gobiernan las transacciones económicas —tanto nacional como internacionalmente— son más generalmente los determinantes causales más importantes de la incidencia y profundidad de la pobreza severa y del déficit de derechos humanos. Ellos son los más importantes por su gran impacto en las distribuciones económicas dentro de la jurisdicción sobre la que se aplica. Así, incluso variaciones relativamente menores en las leyes de un país sobre las tazas de impuestos, relaciones de trabajos, seguridad social, y acceso a salud y educación pueden tener un mayor impacto sobre la pobreza que incluso grandes cambios en los hábitos de consumo o en las políticas de una corporación grande. Este punto se aplica al orden global institucional también. Incluso cambios pequeños en las reglas que gobiernan el comercio internacional, el préstamo, la inversión, el uso de recursos, o la propiedad intelectual pueden tener un impacto gigantesco en la incidencia global de la pobreza que amenaza la vida.

Otra razón por la cual las reglas que gobiernan las transacciones económicas son los determinantes causales más importantes de la incidencia y profundidad de la pobreza en el mundo moderno se deriva de su mayor visibilidad. Ciertamente, como la conducta de los agentes individuales y colectivos, los cambios de reglas pueden tener efectos inintencionados e incluso impredecibles. Pero con las reglas es mucho más fácil diagnosticar tales efectos y hacer correcciones. Eva-

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luar los ajustes de las reglas dentro de una jurisdicción particular es relativamente algo directo. Uno puede tratar de estimar cómo el aumento del salario mínimo, digamos, ha afectado la taza de desempleo y el ingreso per capita en el cuantil bajo. (Por supuesto, existen otras cosas que pasan en la economía además del cambio en el salario mínimo, de tal forma que el ejercicio es complejo e impreciso. Sin embargo, ejercicios de este tipo pueden hacerse y se hacen suficientemente bien en muchos países.) Es más difícil, por contraste, evaluar el impacto relativo de las variaciones en la conducta de agentes individuales y colectivos. Tal juicio puede ser confinado a las personas inmediatamente afectadas —por ejemplo, los empleados de una corporación o los habitantes de un pueblo en el cual una agencia de ayuda está ejecutando un proyecto. Pero tal juicio limitado siempre es vulnerable al cargo de ignorar los efectos indirectos sobre los extranjeros y las personas futuras.

Otra razón de por qué las reglas que gobiernan las transacciones económicas son los determinantes causales más importantes de la incidencia y profundidad de la pobreza en el mundo modernos es porque las reglas moralmente exitosas son mucho más fáciles de mantener que la conducta moralmente exitosa. Esto es así, porque los agentes individuales y colectivos están bajo presiones contra-morales continuas, no meramente por sus asuntos auto-interesados cotidianos, sino también por su situación competitiva tanto como por consideraciones de equidad. Estos fenómenos se ilustran en el caso de corporaciones competidoras, cada una de las cuales puede juzgar que no puede costearse dejar pasar oportunidades inmorales para tomar ventaja de sus empleados y clientes porque tal auto-restricción unilateral la pondría en una desventaja injusta en la competición frente a competidores menos escrupulosos. Domésticamente, este tipo de problema puede ser solucionado a través de cambios en las reglas legales que requieren todas las corporaciones, bajo pena de penalidades substanciales, de observar estándares comunes en su tratamiento de clientes y empleados. Las corporaciones tienen con frecuencia voluntad de apoyar tal legislación (para mejorar la imagen de su industria, tal vez) incluso cuando no tengan voluntad de arriesgar su posición competitiva por una buena conducta unilateral.

Consideraciones similares aplican en la arena internacional, donde las corporaciones y los gobiernos compiten económicamente. Dado el interés de de no caer detrás de sus competidores y no ser impedido in-

justamente por esfuerzos y restricciones morales unilaterales, quizás no es sorprendente (aunque todavía abrumador) que los individuos, las corporaciones y los gobiernos hayan sido tan reluctantes a hacer esfuerzos significativos para erradicar la pobreza global.32 De nuevo, es posible que los gobiernos y las corporaciones de los países afluentes sean obligados a hacer mucho más por aceptar y cumplir con las reglas legales que les corresponden y con ello aliviar a cada uno de ellos del miedo de que su propia buena conducta los pondrá en desventaja injusta y les cause perder terreno contra sus competidores. Los esfuerzos exitosos de reducir la pobreza dentro de los estados ejemplifica este modelo de reforma estructural más que el esfuerzo moral individual.

Ciertamente, este pensamiento no es nuevo, y los gobiernos han sido muy reluctantes a comprometerse incluso en una mutualidad conjunta a tomar medidas de anti-pobreza global serias. Su promesa solemne a reducir en la mitad la pobreza global en el 2015 ha sido reiterada —en formulaciones sagazmente debilitadas–33, pero todavía tiene que resultar en esfuerzos serios de implementación. La Asistencia Oficial para el Desarrollo AOD de los países ricos, que estaba supuesta a alcanzar 1%, luego el 0.7% de sus PBN combinados, en realidad se ha reducido durante los noventa, del 0.33% en 1990 al 0.22% en el 2000.34 Esta evidencia histórica descorazonadora sugiere que los mejoramientos en el orden global institucional son difíciles de lograr y difíciles de sostener. Sin embargo, este hecho no debilita mi hipótesis de que tales mejoramientos estructurales son más fáciles de alcanzar y mucho más fáciles de sostener que mejoramientos unilaterales igualmente significativos en la conducta de los agentes colectivos e individuales. Sabemos cuánto dinero los individuos, las corporaciones y los gobiernos de los países ricos desean ahora poner aparte para la erradicación de la pobreza: alrededor de $12.7 billones anualmente (nota 32). Esta cantidad es muy pequeña en comparación con los daños infligidos sobre los pobres globales por las injusticias evidentes en el orden global actual (discutidos en la parte 2 arriba).

Es muy pequeña también en comparación con lo que sería requerido para el progreso substancial: la cantidad necesitada en los primeros años de una ofensiva seria contra la pobreza es más cercana a $300 billones anualmente.35 No es realista esperar que podemos alcanzar tal incremento de 27 veces en los fondos a disposición, por medio de un cambio de opinión moral de los agentes relevantes: individuos afluentes, corpo-

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raciones y gobiernos de los países ricos. Es más realista –aunque se admite que más bien irrealista– alcanzar un progreso substancial en el frente de la pobreza a través de reformas institucionales que hagan el orden global menos oneroso para lo pobres globales. Si aceptasen tales reformas, los países afluentes sostendrían algunos costos de oportunidad en hacer que los regímenes de comercio internacional, préstamo, inversión y propiedad intelectual, fuesen más equitativos con los pobres globales, tanto como los costos de compensación por los daños causados —por ejemplo, ayudando a financiar facilidades de salud básica, programas de vacunación, escuela básica, almuerzos de escuela, agua potable y sistemas sanitarios, vivienda básica, plantas de poder y redes, bancos y micro préstamos, caminos, rieles y vínculos de comunicación donde estos todavía no existan. Si tal programa de reforma ha de ganar y mantener el apoyo de los ciudadanos y gobiernos de los países afluentes, tienen que distribuir tales costos y costos de oportunidades equitativamente entre ellos en una forma transparente y confiable, asegurándoles que su posición competitiva no será erosionada por el incumplimiento de otros.

El camino de la reforma institucional global es mucho más realista y sostenible por tres razones obvias. En primer lugar, los costos y los costos de oportunidades que cada ciudadano afluente se impone al apoyar reformas estructurales es extremedamente pequeño en relación a la contribución que esta reforma realiza al evitar la pobreza severa. La reforma reduce el estándar de vida de tu familia de $900 anualmente, digamos, mientras que mejora en $300 anualmente el estándar de vida de cientos de millones de familias pobres. En contraste, una donación unilateral de la misma cantidad que reduciría el estándar de vida de tu familia en $900 anualmente, mejora solamente el estándar de vida de solamente tres familias pobres. Dados tales beneficios, los agentes racionales con alguna preocupación moral por evitar la pobreza estarán mucho más deseosos de apoyar una reforma estructural que mantener las donaciones.36 En segundo lugar, la reforma estructural le asegura a los ciudadanos que los costos y los costos de oportunidad son compartidos equitativamente entre los más afluentes, como se discutió. Y en tercer lugar, la reforma estructural puesta en lugar, no necesita ser repetida, año tras año, por medio de decisiones dolorosas personales. Un aliviar la pobreza continuamente conduce a fatiga, aversión, incluso desprecio. Requiere que los ciudadanos afluentes se unan por la causa una y otra vez mientras saben

perfectamente que la mayoría, similarmente situados contribuyen nada o muy poco, que sus propias contribuciones son opcionales legalmente y que, no importando cuánto ellos den, ellos podrían, por un poco más, siempre salvar más niños de la enfermedad o la inanición. Hoy, tal fatiga, aversión y desprecio, son actitudes extendidas entre los ciudadanos y oficiales de los países ricos hacia la “ayuda” que ellos dispensan y sus receptores.

Por estas razones, creo que el déficit de derechos humanos inmenso, especialmente entre los pobres globales, se encara mejor a partir de esfuerzos en la reforma institucional global. Reformas relativamente pequeñas de pequeña consecuencia para los afluentes del mundo sería suficiente para eliminar la mayoría de este déficit de derechos humanos, cuya magnitud hace de estas reformas nuestra tarea moral más importante.

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*Traducción de Andrea León Montero

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NOTAS

UDHR (Universal Declaration of Human Rights), approved and proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948, as resolution 217 A (III).

1 De acuerdo a Chen y Ravallion (2004: 153) quienes han manejado las evaluaciones del ingreso de pobreza del Banco Mundial por más de una década. También reportan que

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1.089 millones de seres humanos vivieron con menos de la mitad de esta cantidad ($1/día) Es probable que los fallos en la metodología del Banco Mundial causen que se subestime el problema de la pobreza mundial (Reddy y Pogge, 2006).

2 La Organización Internacional del Trabajo de la ONU (OIT) reporta que “alrededor de 250 millones de niños entre los 5 y los 14 años trabajan en los países en vías de desarrollo —120 millones de ellos tiempo completo, 130 millones tiempo parcial” (www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/stats/4stt.htm). De estos, 170.5 millones de niños están involucrados en trabajo peligroso y 8.4 millones en formas “incondicionalmente peores” de trabajo infantil, que incluyen esclavitud, trabajo forzado u obligado, reclutamiento forzado para uso en conflicto armado, prostitución forzada o pornografía, o la producción y el tráfico de drogas ilegales (OIT 2002: 9, 11, 17, 18).

3 En el 2002 hubo aproximadamente 57 millones de muertes humanas. Las causas principales correlacionadas altamente con pobreza fueron (con números de víctimas en miles): diarrea (1.798) y desnutrición (485), condiciones perinatales (2.462) y maternas (510), enfermedades infantiles (1.124 —especialmente sarampión—), tuberculosis (1.566), malaria (1.272), meningitis (173), hepatitis (157), enfermedades tropicales (129), infecciones respiratorias (3.963 —principalmente neumonía—), VIH/SIDA (2.777) y enfermedades transmitidas sexualmente (180) (OMS 2004: 120-5).

4 Niños menores de 5 años suman alrededor del 60% o 10.6 millones del número de víctimas anuales por causas relacionadas con la pobreza (UNICEF, 2005: dentro de la cubierta frontal). La sobrerepresentación de mujeres se documenta en UNIFEM 2001, UNDP 2003 (310-330), y UNRISD 2005.

5 Con la expresion “no compensado”, quiero decir, el exceptuar a gente como Oskar Schindler (tal como se le describe en la película de Spielberg). Por medio de sus actividades de manufacturación y pago de impuestos, Schindler cooperó en la imposición de instituciones sociales y políticas de la Alemania Nazi. pero haciendo esto, le permitió compensar (más que adecuadamente) por sus contribuciones al daño, con los esfuerzos de protección para sus víctimas. Su conducta cumplía con los deberes negativos impuestos sobre él por los derechos humanos de las víctimas del Tercer Reich —no menos completamente que si él hubiese abandonado Alemania. De hecho, Schindler, hizo mucho más por estas víctimas de lo que hubiese hecho si hubiera emigrado.

6 El “impacto relativo”, porque un juicio comparativo es necesario en relación a cuán más o menos se realizan los derechos humanos en este orden institucional de lo que se realizarían en sus alternativas factibles.

7 La parte 2 de este ensayo se adapta de un ensayo más amplio “Severy Poverty as a Human Right” que se publicará más adelante en Thomas Pogge, Freedom from Poverty as a Human Right: Who Owes What to the Very Poor (Oxford: Oxford University Press 2005). Le agradezco a la UNESCO el permiso para esta adaptación.

8 En una conferencia reciente “Cutting Agricultural Subsidies” (globalenvision.org/library/6/309), el economista en jefe del Banco Mundial, Nick Stern afirmó que en el 2002 los

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países ricos gastaron alrededor de $300 billones en subsidio de exportación para productos agrícolas solamente, aproximadamente 6 veces más que su ayuda para el desarrollo en total. Afirmó que las vacas reciben subsidios anuales de alrededor de $2.700 cada una, en Japón y $900 en Europa —mucho más alto que el ingreso anual de la mayoría de los seres humanos. También citó las acciones proteccionistas anti-dumping, las aplicaciones burocráticas de seguridad y los estándares de sanidad, las tarifas textiles y las cuotas como barreras para las exportaciones de los países en vías de desarrollo: “Cada trabajo textil en un país industrializado salvado por estas barreras cuesta alrededor de 35 trabajos en estas industrias de los países de bajo ingreso”. Stern fue especialmente crítico de las tarifas escalonadas —impuestos que son los más bajos en materiales crudos no procesados y aumentan radicalmente con cada paso de procesamiento y de valor añadido— para debilitar la manufactura y el empleo en los países en vías de desarrollo; así, se ayuda a confinar Ghana y la Costa de Marfil a la exportación de granos de cacao no procesados, a Uganda y Kenia a la exportación de granos de café crudos, a Mali y Burkina Faso a la exportación de algodón crudo. Él estimaba que la completa eliminación de la protección a la agricultura y los subsidios de producción en los países ricos aumentaría la exportación agrícola y de alimentos de los países de ingresos bajos y medianos en un 24%, y el ingreso anual rural en estos países en alrededor de $60 billones (alrededor de tres cuartos de los pobres globales viven en áreas rurales de este tipo).

9 El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de (Acuerdos sobre los ADPIC) fue concluido en 1995. Para una discusión de su contenido e impacto cf. UNDP (2001: cap. 5), Correa (2000), Juma (1999), Watal (2000), Pogge (2005a), y www.cptech.org/ip.

10 En lo que sigue, uso las desigualdades en el ingreso para substanciar este punto. Sin embargo, las desigualdades en riqueza son, por supuesto, incluso más grandes (Cf. UNDP 1999: 3; UNDP 1998: 30), porque las personas acomodadas usualmente poseen más redes de conexión que ingreso anual, mientras que los pobres típicamente poseen menos que un ingreso anual.

11 Muchos economistas encuentran esto engañoso; afirman que la comparación debería ser hecha más bien en términos de las paridades del poder adquisitivo (PPPs) y que la “verdadera” ratio de desigualdad cuantil sería entonces de “sólo” 13:1. Sin embargo, las tazas de intercambio son más apropiadas para medir el poder de negociación y de pericia que los países pueden llegar a manejar en negociaciones internacionales. Las tazas de intercambio internacional también son la medida apropiada para evaluar la evitabilidad de la pobreza (el hecho de un mero 1% de los ingresos nacionales de los países de más alto ingreso sería suficiente para aumentar los ingresos nacionales de los países de más bajo ingreso en un 66%). Para comparar los estándares de vida, las tazas de intercambio son ciertamente inapropiadas. Pero los PPPs de general consumo son también problemáticos para la evaluación de ingresos muy bajos porque el patrón del gasto de consumo de los muy pobres difiere inmensamente de los patrones de consumo internacional en los cuales los PPPs están basados. Al usar los PPPs estamos de hecho diciendo que los pobres no están tan mal de lo

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Reconocidos y violados por la ley internacional: los derechos humanos de los pobres globales

que nosotros estamos, porque los servicios son mucho más baratos donde ellos viven. Pero este bajo precio de la labor no los beneficia como consumidores, porque ellos tienen que concentrar sus escasos fondos en las necesidades básicas. Véase Reddy and Pogge (2006) por detalles.

12 La EUNDP reporta anualmente el número de desnutridos, el cual se ha paralizado en 800 millones. Para 19872001, Chen y Ravallion (2004: 153) reportan una caída del 7% en la población viviendo bajo $1/día, pero un 10.4 por ciento de aumento en la población por debajo del $2/día.

13 La discusión de la “norma emergente del gobierno democrático” en Susan Marks (2000) corre paralelo a mis pensamientos en este ensayo en tres aspectos: La noción de que las poblaciones de los países pobres están de algún modo asintiendo a las condiciones que se les impone juega un importante papel ideológico en los países ricos. Incluso el gobierno genuinamente democrático en los países pobres no puede justificar estas condiciones. Y el progreso hacia un gobierno democrático tal, es, sin embargo, deseable. La próxima subsección (2.3.3) corrobora el punto adicional de que la ley internacional actual, configurada en el interés de los países afluentes, ejercita una poderosa influencia contra el gobierno democrático en los países pobres.

14 En la mitad del siglo XIX, la Gran Bretaña y otros países de Occidente persiguieron una serie de “guerras de opio” contra China. La primera invasión fue iniciada en 1839 cuando las autoridades chinas en Canton (Guangzhou) confiscaron y quemaron opio traído ilegalmente por comerciantes extranjeros (www.druglibrary.org/schaffer/heroin/opiwar1.htm).

15 También ayudó que los Estados Unidos, ansiosos por establecer economías capitalistas saludables como un contrapeso a la influencia soviética en la región, permitió a los tigres un acceso libre a su mercado, mientras que mantuvieron tarifas altas para proteger los productores propios.

16 La convención fue puesta en efecto en febrero de 1999 y ha sido ampliamente ratificada desde entonces (www. oecd.org/home) 17 En los Estados Unidos, el Congreso de post-Watergate buscó prevenir el soborno de oficiales a partir del Acto de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977, que fue aprobado después de que se descubrió que la Corporación Lockheed había pagado— no una suma modesta a algún oficial del tercer mundo, sino— un soborno de US$2 millones al Primer Ministro Kakuei Tanaka del Japón democrático y poderoso. No deseando que sus firmas estén en desventaja frente de sus rivales extranjeros, los Estados Unidos fueron el principal partidario de la Convención, como lo fue la Organización no gubernamental Transparencia Internacional, que ayudó a movilizar el apoyo público en muchos países de la OECD.

distribución de los derechos de libertad de primer orden, las pretensiones de derecho y deberes. Tener un poder de poderes en este sentido es distinto de tener poder (esto es, control sobre la fuerza física y/o medios de coerción).

21 Cf. ‘Going on down,’ en Economist (8 Junio 1996: 46‑8) Una actualización posterior afirma: ‘Las ganancias de petróleo [son] pagadas directamente al gobierno al más alto nivel …La cabeza de estado tiene supremo poder y control de todo el efectivo. Él no depende de nadie excepto del petróleo. El padrinazgo y la corrupción se expanden de arriba a bajo.” (Economist 12 Diciembre 1998: 19). Cf. También www.eia.doe.gov/emeu/cabs/nigeria.html.

22 Porque Obasanjo fue el jefe del Consejo Asesor de Transparencia Internacional (Cf. nota 17), su elección a comienzos de 1999 levantó grandes esperanzas. Éstas fueron dolorosamente decepcionadas. Nigeria todavía clasifica muy abajo en el Índice de Percepción de Corrupción del propio TI. (www.transparency.org/cpi/2004/cpi2004).

23 Esta “maldición del recurso” o “enfermedad holandesa” se ejemplifica en muchos países en vías de desarrollo, los cuales, a pesar de una gran riqueza natural, han alcanzado un crecimiento económico y una reducción de la pobreza muy pequeños en las pasadas décadas (UNDP 2004: 1847; UNDP 2003: 278-81).

24 ‘Todos los estados petroleros o los países dependientes de los recursos en África fracasan en iniciar reformas políticas significativas… Además de Sudáfrica, la transición a la democracia ha sido exitosa solamente en países pobres en Recursos (Lam y Wantchekon 1999: 31). ‘Nuestra regresión internacional confirma nuestras intuiciones teóricas. Encontramos que un porcentaje en el aumento en el tamaño del sector de recursos [relativo al PBN] genera una disminución en la mitad de un punto del porcentaje en la probabilidad de sobrevivencia de los regímenes democráticos’ (Ibíd. 35).

Véase también Wantchekon (1999).

25 Porque tienen colaterales para ofrecer, los gobernantes de países en vía de desarrollo ricos en recursos han disfrutado de mayor libertad que sus colegas para suplementar su ingreso por las ventas de recursos, imponiendo deudas de servicio inmensas sobre sus países. (UNDP 2004: 202-5). Innecesiario decir, que muy poco de los fondos prestados fueron canalizados en inversiones productivas, es decir, en educación e infraestructura, las cuales podrían aumentar el crecimiento económico y generar ganancias adicionales por impuestos que podrían ayudar a cumplir las obligaciones de intereses y repago. Mucho de este dinero se ha tomado para uso personal o para gastar en “seguridad interna” y el ejército.

19 Cfr. Baker 2005.

26 El carácter no-democrático de los privilegios de préstamo y tratados internacionales se discute por Crawford (1994), que se centra paradigmáticamente en Tinoco Arbitration, y por tanto, en el segundo de los tres problemas que he señalado. Su discusión de los pros y contras de honrar el “estándar de control efectivo”, por tanto, no se da cuenta de las importantes contribuciones que este estándar aporta para incentivar y consolidar adquisiones no-democráticas y ejercicios del poder gubernamental.

20 Como lo entiende Wesley Hohfeld (1964) un poder implica la autoridad legalmente reconocida de alterar la

27 El número de chinos viviendo con menos $1/día se reporta que ha declinado en un 31%, o 97 millones; y el

18 “Existen muchas leyes para prohibir el soborno por parte de compañías. Pero las grandes multinacionales continúan saltándoselas fácilmente.” Así se resume la situación actual en “The Short Arm of the Law,” (Economist 2 March 2002: 63-65, at 63).

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número de chinos viviendo con menos de $2/día en un 19%, o 137 millones, entre 1987 y 2001 (Chen y Ravallion 2004: 153).

28 Gracias al fin de la Guerra Fría, los gastos militares a nivel mundial han disminuido de 4.7% del PNB agregado en 1985 al 2.9% en 1996 (UNDP 1998: 197) y alrededor de 2.8% o $956 billones en 2003 (Instituto de Investigación de Paz Internacional de Estocolmo). Si los gastos globales militares estuviesen todavía en el nivel anterior de 4.7%, ellos habrán sido $665 billones más altos en el 2003 de lo que realmente fueron (al 4.7% de los $34.491 billones del Producto global para 2003).

29 El Índice de Alimentos del Banco Mundial descendió de 139.3 en 1980 a 100 en 1990 y luego a 90.1 en 2002.

Estas estadísticas son publicadas por el Grupo de prospectos de desarrollo del Banco Mundial. Cf. www.worldbank. org/prospects/gep2004/appendix2.pdf, 277.

30 Cf. Pogge (2002: capítulo 6), para una idea de cómo modificar los privilegios internacionales de recurso y de préstamo.

31 Cf. Pogge (2002: capítulo 8), donde propone un esquema de compensación tal, en la forma de un Dividendo de Recursos Global.

32 El esfuerzo actual suma $12.7 billones anuales —0.05% de los ingresos brutos nacionales de los países afluentes— que consisten en $7 billones anuales de individuos y corporaciones (UNDP 2003: 290) y $5.7 billones anuales de los gobiernos para servicios básicos (http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_series_results.asp?rowId=592).

Asistencia oficial al desarrollo adicional es aproximadamente 12 veces más alta, pero la gran mayoría de ella se gasta en beneficiar a los agentes más capaces de reciprocidad, como se expresa bien en la declaración recientemente tomada de la página web principal de la USAID: ‘El principal beneficiario de los programas de asistencia extranjera de América siempre ha sido los Estados Unidos. Alrededor del 80 por ciento de los contratos y subvenciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) van directamente a firmas americanas. Los programas de asistencia foránea ayudaron a crear mejores mercados para bienes de la agricultura, y mejores mercados para las exportaciones industriales americanas y significaron cientos de miles de trabajos para americanos.’

33 En la cumbre mundial de Alimentos en Roma, organizada por la FAO en noviembre de 1996, los 186 gobiernos participantes acordaron “comprometer nuestra voluntad política y nuestro compromiso común y nacional a alcanzar seguridad de alimentos para todos y a un esfuerzo continuo para erradicar el hambre en todos los países, con la perspectiva inmediata [¡!] de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde que el 2015”. (Declaración de Roma, mi énfasis). La Declaración del Milenio de la ONU proclamada en septiembre del 2000 compromete a los estados a “reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de la gente del mundo cuyo ingreso sea menor que un dólar por día y la proporción de la gente que sufre de hambre” (mi énfasis).

Mientras que la antigua formulación de un 50% de reducción del número de gente pobre, entre 1996 y 2015, la nueva formulación— tomando como ventaja el 45% de

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incremento proyectado para 1990-2015 en la población de los países en vías de desarrollo, y una gran reducción de la pobreza en China entre 1990-2000— ahora apunta solamente a un 19% de reducción en 2000 y 2015. Véase Pogge (2004) para un análisis más completo.

34 Cf. UNDP (2002: 202). Los Estados Unidos condujeron a la declinación reduciendo su AOD del 0.21 a 0.10% de PBN en un tiempo de gran prosperidad que culminaba en un presupuesto enorme de plusvalías (Ibíd.). Después de las invasiones de Afganistán e Irak, la AOD está ahora creciendo, en parte a partir de los desembolsos de éstos, y los estados vecinos (el General Musharraf de Pakistán es ahora el más grande receptor de la AOD). Para 2003, la AOD se reporta al 0.15% para los Estados Unidos y al 0.25% para los países afluentes colectivamente (www.oecd.org/dataoecd/19/52/34352584.pdf).

35 Cf. Pogge (2002: capítulo 8), basando esta figura aproximada en la brecha de la pobreza agregada relativa a la línea de pobreza del Banco Mundial más alta del $2/día. Asombrosamente, $300 billones son solamente el 0.87% del producto global o el 1.08% de los ingresos brutos nacionales combinados de los países afluentes (Banco Mundial 2005: 257) — considerablemente menos que el presupuesto anual de defensa de los Estados Unidos (ca. $400 billones) o el “dividendo de paz” que el Occidente desarrollado está cosechando desde el fin de la Guerra Fría (ca. $527 billones, cf. nota 28).

36 Le debo completo agradecimiento sobre la importancia de este punto a una discusión con Derek Parfit.

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John Rawls a través de Thomas Pogge Por Leonardo García Jaramillo*

En su vasta obra publicada Pogge ha reafirmado un ‘rawlsianismo’, no sólo por ser un profundo conocedor de la obra de su maestro, sino por considerar insustituible la referencia a su pensamiento, para adaptarla dentro de su propia teoría, así como para criticarla sustentando falencias e inconsistencias en la argumentación.

Sería una reiteración inocua presentar una breve remembranza de John Rawls (Baltimore, feb. 21, 1921 – Lexington, nov. 24, 2002) y describir en detalle la numerosísima bibliografía laudatoria y secundaria que suscitó su obra, y particularmente su libro de 1971: A Theory of Justice. Es bien sabido que la revitalización del interés por la filosofía política y sus cuestiones sustantivas (en lugar de los problemas sobre lógica y lenguaje que ocupaban a la vertiente angloamericana de la filosofía, especialmente el positivismo lógico y la posterior filosofía analítica) es tributaria de tal libro, lo cual derivó a su vez en la más notable discusión transnacional de la que la filosofía política tenga registro: la polémica liberal-comunitarista1. La enorme influencia que ejerció sobre las discusiones en los terrenos de la justicia social, política y económica, se evidencia en su rápida trascendencia de fronte-

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ras, idiomas, culturas y disciplinas2. En Colombia, por ejemplo, el nombre y el legado intelectual de Rawls ya es familiar por fuera de los estrictos contornos de la filosofía, y se ha constituido en un paradigma de frecuente referencia también en la economía, la sociología, la ciencia política y el derecho3, y hace parte de los planes de estudio de estas disciplinas en diversas universidades, en pregrado y posgrado.

A Theory of Justice y sus trabajos posteriores inauguraron un nuevo paradigma de pensamiento liberal y edificaron la mejor y más fundada defensa de dos ideas centrales, en sentido kantiano: a) la libertad va unida a la igualdad y no puede desligarse de ella, y b) no obstante la existencia del mal en el mundo, los seres humanos, individual y colectivamente, pueden desarrollar sus proyectos para llevar a cabo una buena vida, de manera tal que sus vidas valgan la pena vivirse (de modo que exista valor en el vivir de los seres humanos sobre la tierra). En su máximo nivel de generalidad, la “justicia como equidad”4 sustenta la idea básica de que, considerando que las oportunidades de cada persona para llevar una buena vida están fuertemente determinadas por las circunstancias de su nacimiento (su lugar en la estructura política, social y económica, así como el género y la raza –los cuales carecen de valor moral–) y sobre las que no tiene forma de interferir, nadie merece ser recompensado ni castigado de bienes u oportunidades vitales como resultado de las mismas. Esta obra puede sintetizarse al respecto en una idea fundamental, sencilla y, a la vez, profunda: “Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, que incluso el bienestar de la sociedad en general no puede atropellar. Por esta razón, la justicia niega que la pérdida de libertad de algunos sea presentada como correcta por el bienestar mayor que compartan otros”5.

Los estudiantes se referían al libro como “el monstruo verde” por el color de la primera edición y por el hecho de que no era un libro que despertara interés inmediato, debido a su extensión, densidad argumentativa y complejidad conceptual6. En él Rawls rompe con la tradición analítica de la filosofía y con el funcionalismo angloamericano, afina su crítica al utilitarismo y se allana en el contrato social (fundamentalmente a partir de la “posición original”) como el método más adecuado para hacer filosofía política, y el cual le permite concebir una concepción de justicia como equidad que resulta capaz de satisfacer consensualmente las expectativas sociales de igual libertad y justicia distributiva. No es precisamente la lectura de Rawls una apología a esta tradición, la cual define como “la mejor aproximación a

nuestros juicios ponderados [“considered judgments”7] acerca de la justicia y la que constituye la base moral más apropiada para una sociedad democrática”8, pues en su redimensión de esta antigua tradición de la filosofía política siempre fue un crítico, especialmente de la postura defendida por Locke y Kant.

Además de destacarse por ser el autor que le dio forma a la filosofía política tal como la conocemos hoy, algo que inmediatamente llama poderosamente la atención al iniciar la lectura de obras y ensayos sobre Rawls, escritos por sus discípulos y colegas, es que continuamente se hace alusión a sus extraordinarias cualidades y atributos personales. Llama la atención porque quien se convirtió en pocos años en el hito filosófico norteamericano y en el indiscutido canon central de la filosofía política contemporánea, fue descrito con adjetivos poco comunes a esa clase de individuos: modesto, sencillo, tímido e, incluso, inseguro; profundamente agradable, respetuoso por la disidencia intelectual y con una extraordinaria calidez humana e integridad intelectual y moral.

Si bien como profesor y autor no desconoció su reputación profesional y ciertamente le complacía que su obra hubiera ejercido tal influencia, Rawls definitivamente no estaba preparado para el impacto de su libro, e incluso llegó a afirmar, como me comentó Thomas Pogge, que “Voy a publicar el libro que he estado escribiendo por tanto tiempo. Quizás algunos amigos lo leerán. Así podré quitarlo de mi escritorio para dedicarme a hacer algo más”. No consideró su obra, entonces, como un nuevo paradigma revolucionario ni como el tratamiento definitivo de una temática respectiva. Antes bien, Rawls prefería enseñar en sus clases, en lugar de su propia obra, los trabajos clásicos de la filosofía, fundamentalmente los de Hobbes, Sidgwick, Hume, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Mill y Marx, los cuales estudió cuidadosamente, y cuyas lecciones están compiladas en otra obra9. Se consideraba él mismo, y sus escritos, poco importantes, razón por la cual era de igual forma parco al momento de elogiar algún libro, y recordaba que Hume dijo al criticar el contrato social de Locke que siempre hay pocas cosas nuevas en la filosofía, y lo que es nuevo casi siempre es equivocado.

Resulta ineludible en este punto la referencia a los trabajos de Pogge, quien escribió la única biografía autorizada de Rawls10. Si bien Pogge llegó al Departamento de Filosofía de Harvard a finales de los 70, proveniente de Hamburgo, sin conocer a profundidad la obra de Rawls, se convirtió pronto en un lector atento y un difusor crítico de la misma11, la cual ha incor-

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA John Rawls a través de Thomas Pogge

porado desde sus primeros libros. Su tesis doctoral se intituló Kant, Rawls, and global justice, y fue dirigida por el propio Rawls. Pogge fue igualmente su compañero de docencia entre 1978 y 1983. La amistad que los unió perduró hasta el final de los días del reputado profesor.

En un breve ensayo posterior, “El encanto del libro verde” (a mi juicio y hasta donde tengo conocimiento, el escrito más sentido entre los publicados con ocasión de su fallecimiento)12, Pogge afirma que tales rasgos de carácter tan particulares, así como sus benévolas y receptivas interacciones con los estudiantes y con los profesores de otras universidades, hacían que Rawls fácilmente fuera percibido como un profesor visitante proveniente de alguna provincia, ya que sus famosos y abrumadoramente brillantes colegas (Quine, Goodman, Putnam, Nozick, Dreben y Cavell) eran considerados deidades autosuficientes (“self-confident divinities”).

Alude Pogge al acontecimiento más trágico en la infancia de Rawls: el fallecimiento de sus dos hermanos menores por enfermedades que él les contagió. El afecto que lo unía a su hermano mayor, llevó al pequeño Robert Lee a desatender la advertencia de no entrar al cuarto de Rawls, por lo cual se contagió de difteria y falleció. Luego contrajo una severa neumonía que pronto infectó a su hermano menor Thomas Hamilton, y la misma tragedia del año anterior se repitió. Esta época Rawls desarrolló la tartamudez que lo aquejó hasta el final de su vida. Tales vivencias definitivamente se ven reflejadas en A Theory of Justice cuando, por ejemplo, discute sobre “la arbitrariedad de la fortuna” y sobre las “contingencias inmerecidas” de la

Resulta ineludible en este punto la referencia a los trabajos de Pogge, quien escribió la única biografía autorizada de Rawls. Si bien Pogge llegó al Departamento de Filosofía de Harvard a finales de los 70, proveniente de Hamburgo, sin conocer a profundidad la obra de Rawls, se convirtió pronto en un lector atento y un difusor crítico de la misma, la cual ha incorporado desde sus primeros libros.

vida. Desde muy joven Rawls evidenció los perjuicios y las condiciones desfavorables en las que vivían los pobres, los afro-descendientes, los fieles de religiones minoritarias y las mujeres13, lo cual indefectiblemente derivaba en profundas diferencias de oportunidades educativas y perspectivas de vida.

Si bien Rawls trató se emular a su hermano mayor William en los deportes, tempranamente desarrolló intereses intelectuales. El interés por los deportes, particularmente el béisbol, perduró toda su vida. En una conversación durante su primera visita a Colombia14, Pogge me comentó cómo para los estudiantes de Rawls era curioso verlo jugar béisbol con uno de sus principales y más aguerridos contradictores, Robert Nozick, quien falleció igualmente en 2002. No obstante la crítica, es conocida la advertencia de Nozick: “A partir de ahora, los filósofos de la política, o deben trabajar dentro de la teoría de Rawls, o explicar por qué no lo hacen”, reconociendo también que la obra de Rawls “es la contribución más importante a la filosofía moral y política desde tiempos de John Stuart Mill”15.

Se graduó Summa cum laude en filosofía [BA] en Princeton y luego se presentó al ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial fue enviado al Pacífico, donde estuvo dos años. Aún estaba en el escenario de guerra cuando se arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima y, cincuenta años después, escribió uno de los pocos ensayos que se cuentan en su obra sobre eventos históricos y políticos concretos16. Consideró el ejército como una institución miserable y su breve carrera militar, como singularmente carente de distinción, no obstante habérsele ofrecido la oportunidad de convertirse en oficial. De esta época, y a partir de sus experiencias sobre la desigualdad humana y en la Guerra, proviene su marcado interés por la justicia, el cual se reforzó posteriormente y delineó de manera cuidadosa en su obra, cuyo núcleo es qué requiere la justicia de nosotros y cómo podemos realizarla efectivamente a partir de nuestras propias capacidades. La sensibilidad que le despertaron las atroces circunstancias de la guerra, también las evidencia Nagel17, donde recuerda cómo Rawls describió la perspectiva del mundo de Hitler como “religiosa, en un cierto sentido perverso”18.

A su regreso a Estados Unidos, y favorecido con una ley en virtud de la cual el gobierno pagaría los estudios de quienes habían servido en el ejército, comenzó sus estudios de posgrado de filosofía en la misma universidad. Posteriormente asistió a cursos de economía y de historia del pensamiento político y el derecho constitucional norteamericano. Tales estudios interdiscipli-

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narios le permitieron en su obra posterior trascender los marcos tradicionales de la ética y la filosofía, para articularlos de manera efectiva con la teoría económica, las instituciones y la historia política y la Constitución de los Estados Unidos, así como con algunas de las principales sentencias de la Suprema Corte.

Walter Stace, partidario del utilitarismo, fue el asesor de Rawls en su trabajo doctoral, el cual culminó en 1950 y llevó por título: “A Study in the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judgments on the Moral Worth of Carácter”19. Ese año asistió a un curso sobre teoría política a partir del cual se gestó la idea de escribir un tratado sobre justicia, el cual le tomaría los siguientes 20 años de trabajo. Una vez graduado fue nombrado profesor en Princeton. Por J. O. Urmson Rawls se enteró de los desarrollos de la filosofía británica. Motivado por él, estuvo becado un año (1952-53) en Oxford, donde asistió a un curso con Herbert L.A. Hart, con quien lo uniría años más tarde una interesante discusión20. Pogge refiere un seminario dictado por Berlin y Hampshire como particularmente interesante para Rawls, y destaca que la posterior concepción de la posición original y el velo de ignorancia comenzaron a desarrollarse por esa misma época21, y fueron inspiradas por un ensayo de Frank Knight, “Economic Theory and Nationalism”.

A su regreso fue nombrado profesor en Cornell, luego profesor visitante en Harvard y profesor con tenure22 en el Massachusetts Institute of Technology.

Recibió una oferta de trabajo de Harvard en 1961, donde inició dictando un curso sobre la filosofía de Kant y Hegel; permanecería en esa universidad hasta el final de su carrera académica. Los años siguientes los concentró en la finalización de A Theory of Justice.

En algunas ocasiones Rawls articulaba el trabajo en su libro con sus deberes docentes, y hacia mediados de 1960 empezó a utilizar en sus clases un manuscrito preliminar del libro.

Aunque, contrario a filósofos como Russell, no ejerció un papel activo en la vida pública, e incluso fueron escasos los acontecimientos históricos a los que se refirió detalladamente en su obra, las circunstancias políticas que le tocó vivir acercaron a Rawls a los problemas que aquejaban a los Estados Unidos, particularmente la guerra en Vietnam. Participó en una conferencia anti-guerra en Washington y dictó un curso: “Los problemas de la guerra”. También se opuso, con un grupo de colegas, a la ley en virtud de la cual los mejores estudiantes no serían llamados a las filas, ya que eso derivaba en que la mayoría de jóvenes sin

Los libros de Rawls, como los de Pogge, son magistrales ejemplos de que una obra se reputa como importante e influyente en el estado del arte, no sólo por lo valioso que intrínsecamente dice, sino también por el nivel y el número de críticas que recibe, así como por la calidad de discusiones que suscita recursos para el estudio fueran los castigados, por esta circunstancia, a ir a la guerra.

Rawls se retiró definitivamente de la vida universitaria en 1991, y cuatro años después, luego de un seminario con motivo del 25 Aniversario de A Theory of Justice en California23, sufrió la primera de una serie de embolias cerebrales que lo afectaron mental y físicamente. Esta condición, sin embargo, no le impidió concluir la elaboración de varios libros.

Si bien Rawls aceptó la Medalla Nacional de las Humanidades, conferida por la National Endowment for the Humanities, y el premio Rolf Schock en Lógica y Filosofía de la Universidad de Oxford, por su particular carácter y porque se sentía incómodo hablando ante extraños y públicos de discusión no especializada (debido a que tartamudeaba a menudo en esos escenarios), no accedió a la gran mayoría de solicitudes para dar discursos públicos y para entrevistarlo24. Pensaba además que los filósofos son generalmente malentendidos cuando se dirigen al público y ante auditorios no especializados.

En parte también por estas razones, pero demostrando igualmente una poderosa consecuencia con sus ideas, Rawls rechazó el prestigioso Premio de Kyoto, que incluía US$500.000, pues una de las condiciones era que debía almorzar con el Emperador de Japón, y es bien sabido que Rawls denunció frecuentemente la práctica de la realeza y los corruptores efectos de privilegios como los que se perpetúan en las monarquías.

Una situación anecdótica que resulta diciente sobre el desprecio que Rawls sentía por la publicidad y la fama, es que se opuso enérgicamente a que su retrato apareciera en la portada del Cambridge Companion to Rawls, una

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA John Rawls a través de Thomas Pogge

compilación de ensayos sobre su teoría escritos por varios de sus más conocidos discípulos y colegas. Sólo aceptó hasta que el editor, Samuel Freeman, le dijo que todos los autores a quienes se les ha dedicado un número en tal serie, habían aparecido en la portada.

Los libros de Rawls, como los de Pogge, son magistrales ejemplos de que una obra se reputa como importante e influyente en el estado del arte, no sólo por lo valioso que intrínsecamente dice, sino también por el nivel y el número de críticas que recibe, así como por la calidad de discusiones que suscita25. Así, numerosos autores le han dispensado a la obra de Pogge cuidadosa atención, lo cual ha suscitando a su turno una amplia bibliografía secundaria y muchas críticas. En su ensayo “Severe Poverty as a Violation of Negative Duties”26, responde las objeciones de varios profesores27, y en “Real World Justice”28, contesta algunas de las críticas a su libro World Poverty and Human Rights. El interés en la obra de Pogge provino igualmente de su antiguo maestro, lo cual es profundamente significativo ya que Rawls en muy escasas oportunidades analizó en su obra las críticas recibidas. En este caso le mereció su atención, en The Law of Peoples, el ensayo de Pogge “An Egalitarian Law of Peoples”29. Es interesante observar asimismo las discusiones sostenidas con Habermas30 y Hart.

En su vasta obra publicada Pogge ha reafirmado un ‘rawlsianismo’, no sólo por ser un profundo conocedor de la obra de su maestro, sino por considerar insustituible la referencia a su pensamiento, para adaptarla dentro de su propia teoría, así como para criticarla sustentando falencias e inconsistencias en la argumentación. Enfatizó Pogge, en una de las sesiones del Doctorado durante su reciente visita a Medellín, que si bien su teoría se nutre de autores como Rawls, no depende de ellos. Advierte entonces Pogge, con Philip van Parijs, que el “pensamiento rawlsiano no es en absoluto un pensamiento rawlsólatra”31. Pogge, como Rawls, está comprometido con una teoría utópica en sentido realista32, considerando que el reino de la filosofía, por muy política que sea y muchas pretensiones que tenga de modificar la realidad, ejerce sobre la sociedad una influencia indirecta y demorada en el tiempo, por lo cual muchas veces debe conformarse con indicar los objetivos y las metas que deben perseguir los miembros de las sociedades tan marcadas por la violencia y la desigualdad. Sobre esta cuestión, proviene un cuestionamiento central en su obra: “Si los requisitos de la justicia global son ciertos en teoría ¿por qué son

Pogge, como Rawls, está comprometido con una teoría utópica en sentido realista, considerando que el reino de la filosofía, por muy política que sea y muchas pretensiones que tenga de modificar la realidad, ejerce sobre la sociedad una influencia indirecta y demorada en el tiempo, por lo cual muchas veces debe conformarse con indicar los objetivos y las metas que deben perseguir los miembros de las sociedades tan marcadas por la violencia y la desigualdad.

tan difíciles de aplicar en la práctica?¿Esta dificultad apunta a la naturaleza misma de la moralidad”33.

Ambos autores han influido en el mundo para el cual escriben, tanto con la oposición que sus respectivos planteamientos han despertado, como a través de los seguidores que han conseguido. Los problemas que abordan definen campos de trabajo relativamente estériles antes de que se ocuparan de ellos, y quienes ahora involucran la argumentación filosófica en los asuntos concernientes a la justicia social, están en deuda con quienes en esta oportunidad merecen nuestra atención.

Desde su tesis doctoral, Pogge ha dedicado gran parte del trabajo de su vida hacia lo que él mismo reconoció como el sentido del proyecto de Rawls: la posibilidad de concebir una utopía realista, es decir, un ordenamiento social ideal que se pueda alcanzar en el presente en una trayectoria de transición que sea creíble y que, una vez alcanzado, sea perdurable en el mundo, tal como es. El interés académico e investigativo de Pogge al respecto ha estado enfocado específicamente en las causas de la pobreza global y las reformas institucionales que deben implementarse para erradicarla y evitar así las miles de muertes que causa. En uno de los diálogos Pogge aludió al papel de un filósofo tratando temas como el de la pobreza tan (aparentemente) técnico y de exclusivo manejo político. Dijo que la filosofía tiene que ver con el conocimiento y la razón, los cuales involucran la compresión

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de lo que actualmente sucede en el mundo, y, por mucho, la pobreza es el problema más relevante que se enfrenta actualmente34. La labor de los filósofos al respecto es reconocer la magnitud del problema de la pobreza, informar a los ciudadanos los resultados de sus análisis y clarificar cuáles son sus responsabilidades respecto a tal problema.

Otros puntos centrales en su interés investigativo versan sobre las cuestiones asociadas a la globalización y al libre mercado35; la economía farmacéutica y la justicia en el cuidado de la salud; y los problemas de la justicia social ligados a la distribución de recursos y al deber de asistencia hacia los países pobres por parte de los países ricos, así como las responsabilidades y deberes de éstos por las circunstancias que perpetúan las condiciones de miseria de tantos millones de seres humanos en el mundo (Pogge, 2002. Pogge – Barry, 2005)36, pues a su juicio, y contrario a la usual consideración de la pobreza mundial, las circunstancias que la ocasionan no son exclusivamente locales37.

En sus estudios recientes38 Pogge ha propuesto estrategias, a nivel jurídico, político y económico para contribuir a una mayor justicia social dentro del actual modelo socio-económico global. Sustenta que el régimen jurídico actual de las patentes sobre los nuevos medicamentos es gravemente injusto, pues con el ánimo de enriquecerse aprovechando desmedidamente la innovación farmacéutica, las empresas tornan inasequibles los medicamentos esenciales al punto de que contribuyen dramáticamente con el que una de cada tres muertes prematuras en el mundo lo sean por causas relacionadas con la pobreza. Propone, en consecuencia, que tal régimen debe reformarse de manera que el desarrollo de una nueva medicina esencial sea recompensado, no respecto a las rentas derivadas del monopolio por la patente de su producción, sino en proporción a su impacto sobre el conjunto global de las enfermedades. Tal reforma desplomaría los precios de algunos medicamentos y los aproximaría a sus costos marginales de producción; estimularía igualmente la investigación farmacéutica en el campo de las enfermedades que se concentran entre los pobres, las cuales actualmente reciben una atención muy inferior respecto a otras investigaciones39.

La injusticia en las actuales oportunidades de vida de los pobres se evidencia en la privación que los afecta tan dramáticamente de una parte justa de los beneficios obtenidos por la explotación de los recursos naturales planetarios. Pogge (2002) concluye que, defendiendo el esquema actual de distribución, los países ricos están

perjudicando a los pobres de todo el mundo. En una entrevista concedida a ethic@ (vol. 4, no.1, 2005), sostuvo que: “Los países ricos están involucrados en un crimen contra la humanidad al mantener el actual orden económico global”40. El principio de responsabilidad política y jurídica de las personas e instituciones debe reformularse para atender a la realidad de la interdependencia global.

Siguiendo a Pogge, entonces cualquier concepto aceptable de desarrollo tiene que vincular y priorizar dentro de sus objetivos, el que un orden global institucional debe eliminar de manera previsible el actual déficit masivo en la realización efectiva de los derechos humanos. Las sugestivas palabras de Pogge con las que deseo concluir este ensayo revelan un raigambre profundamente rawlsiano: “Mientras tengamos suficiente confianza de que entre los seres humanos es posible de modo realista un orden social autosostenible y justo, podemos esperar que nosotros u otros, algún día, en alguna parte lo logremos, y podremos entonces también trabajar para conseguirlo. Al modelar una utopía realista como meta moral final para nuestra vida colectiva, la filosofía política puede proveer la inspiración que disipe los peligros de la resignación y el cinismo y puede enriquecer el valor de nuestras existencias incluso hoy”41.

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Estudiante de Derecho, Universidad de Caldas. Ha publicado artículos y traducciones sobre filosofía política, derecho constitucional y teoría jurídica. Editor y coautor de John B. Rawls. El hombre y su legado intelectual. Deseo agradecer a Francisco Cortés Rodas y Gonzalo Ramírez Cleves por las enseñanzas recibidas durante el seminario con Thomas Pogge, con quien tuve, igualmente, la extraordinaria oportunidad de sostener varios diálogos: Beside of my perennial admiration, I will be always thankful for his kindness and generosity -not only- intellectual.

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NOTAS 1 Consúltese al respecto: S. Mulhall – A. Swift, Liberals & Communitarians. Oxford: Basil Blackwell, 1992. F. Cortés – A. Monsalve, Liberalismo y Comunitarismo. València: Editions Alfons el Magnànim, Colciencias, 1996.

2 Ver al respecto, entre muchos, P. Laslett – J. Fishkin (eds.)

Philosophy, Politics and Society. 5th series. Oxford: Basil Blackwell, 1979. B. Barry, La teoría liberal de la justicia.

México D.F.: FCE, 1993. F. Vallespín, Nuevas teorías del

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA John Rawls a través de Thomas Pogge

contrato social. Madrid: Alianza, 1985, cap. 2. Ver también la presentación de M. A. Rodilla a Justicia como equidad.

Madrid: Tecnos, 1986.

3 Un referente sobre la importancia de Rawls en la academia local, lo constituyen sus publicaciones monográficas: D. I. Grueso, Rawls. Una hermenéutica pragmática. Cali: Universidad del Valle, 1997; (ed.) John Rawls. El hombre y su legado intelectual. Cali: Universidad del Valle 2005. F. Cortés, De la política de la libertad a la política de la igualdad. Bogotá: Siglo del Hombre, 1999. O. Mejía, Justicia y democracia consensual. Bogotá: Siglo del Hombre, 1997; J. J. Botero (ed.) Con Rawls y contra Rawls. Bogotá: Universidad Nacional, Departamento de Filosofía, 2005. L. García (ed.) John B. Rawls: El hombre y su legado intelectual. Manizales: Universidad de Caldas, 2004.

4 La Justicia como equidad “es el nombre de una concepción particular de justicia”. J. Rawls, The Law of Peoples with “The Idea of Public Reason Revisited”. Cambridge: Harvard University press, 1999, p. 3.

5 J. Rawls, A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University press, 1971, p. 3.

6 T. Pogge, “El encanto del libro verde”, en: L. García (ed.)

John B. Rawls. El hombre y su legado intelectual. Op. cit.; “Un bosquejo de la vida de John Rawls” (L. García y M. G. Otoya, trads.), en: D. I. Grueso (ed.) John Rawls: Legado de un Pensamiento. Op. cit. La información factual en la que me apoyo aquí proviene, fundamentalmente, de estos dos ensayos.

7 En su sentido literal el adjetivo ‘considered’ significa ‘considerado’, pero más adecuadamente suele traducirse en este contexto como ‘establecido’ o ‘bien reflexionado’ (J. J. Botero). Opto por hacerlo como ‘ponderado’.

8 J. Rawls, A Theory of Justice. Op. cit., p. viii.

9 J. Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy. Barbara Herman (ed.) Cambridge: Harvard University Press, 2000.

10 Se publicó originalmente en alemán en su libro John Rawls (München: C. H. Beck Verlag, 1994, cap. 1) y apareció luego en inglés, ligeramente aumentada, en: H. Richardson – P. Weithman (eds.) The Philosophy of Rawls.

New York: Garland Press, 1999, vol. La versión castellana (cit.) es una traducción de ésta.

11 Ver John Rawls: His Life and Theory of Justice. Oxford University Press, 2007. Este libro, que corresponde a una actualización y ampliación de la traducción al inglés del libro en alemán (John Rawls, Op. cit.), es un conciso y detallado análisis en un lenguaje claro de los principales aspectos de una teoría compleja y no particularmente fácil de entender, como la de Rawls, y provee un contexto, tanto de toda la obra como de otras perspectivas dominantes del pensamiento moral y político contemporáneo.

12 Además de los aquí citados, ver los obituarios a Rawls publicados en una sección especial del New York Times el lunes dic. 2 de 2002.

13 Para un punto de vista al respecto ver la contribución de Nussbaum (“Rawls and Feminism”) en: The Cambridge Companion to Rawls. S. Freeman (ed.) Cambridge University Press, 2003.

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14 Invitado por Francisco Cortés, Pogge participó en el Simposio Internacional “Justicia global, pobreza mundial y política transnacional”. Universidad de Antioquia, Institutos de Filosofía y de Estudios Políticos, Medellín, sept.

12-14, 2005.

15 R. Nozick, Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books, 1974, pp. 183 a 231-344.

16 John Rawls, “Fifty Years after Hiroshima”. Reimp. en: John Rawls. Collected Papers. S. Freeman (ed.) Cambridge: Harvard University Press, 1999. Allí sostiene que, incluso en tiempos de crisis extremas cuando un régimen democrático liberal lleva a cabo una guerra justa, no es justificable el ataque a enemigos civiles. Conforme a Rawls, el ataque sobre ciudades japonesas y, particularmente el bombardeo atómico, fueron “equivocaciones muy grandes” (p. 565).

17 T. Nagel, “La compasión rigurosa de John Rawls. Una breve biografía intelectual” (L. García y P. R. Arango, trads.), en: Praxis Filosófica 16. Universidad del Valle, Cali, 2003.

18 Aunque no lo cita Nagel, esto lo afirma Rawls en The Law of Peoples with “The Idea of Public Reason Revisited”, Op. cit., p. 20. Rawls trae a colación un aparte del final del segundo capítulo del libro de Hitler, Mi lucha: “Hoy creo que estoy actuando conforme a la voluntad del Creador Todopoderoso: defendiéndome contra el judío, estoy luchando por la obra del Señor”.

19 Un resumen de dicha tesis se encuentra en Dissertation Abstracts. Vol. 15, No. 4. 1955.

20 Cfr.: Herbert L. A. Hart, “Rawls on Liberty and its Priority”, en: Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford University Press, 1983. Para un análisis de esta discusión, ver el ensayo de R. Arango (“John Rawls y los derechos constitucionales”), en: J. J. Botero (ed.) Con Rawls y contra Rawls. Op. cit.

21La primera versión de tales dispositivos, se encuentra en su artículo “Justice as Fairness”, en: Journal of Philosophy.

Vol. 54, No. 22, 1957. En este artículo también introduce una primera versión de los dos principios de justicia.

22 Con cargo fijo o permanente, que no puede ser retirado del cargo. La escala académica en las universidades norteamericanas es: instructor, profesor asistente, profesor asociado, profesor con tenure, profesor universitario.

23 Rawls expuso allí su preocupación sobre algunos aspectos de la política norteamericana, tales como la falta de límites en las donaciones privadas a las campañas políticas, lo cual deriva en la distorsión de la política como tal por la indebida ingerencia de las grandes corporaciones y otras clases de intereses particulares. En A Theory of Justice afirma al respecto que “Aquellos dotados y motivados de manera similar deberían tener básicamente la misma oportunidad de alcanzar las posiciones de autoridad política sin tener en cuenta su clase económica y social. (…) Las disparidades en la propiedad y la riqueza que exceden con creces lo que es compatible con la igualdad política, han sido generalmente bien toleradas por el sistema legal” (225 f). En un ensayo posterior, “The Basic Liberties and their Priority” (1983), retoma este punto y critica a la Suprema Corte por bloquear la legislación sobre la reforma de la campaña en Buckley vs. Valeo. En una de las conversaciones informales sostenidas con Pogge, sostuvo

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que en este ensayo Rawls realiza la aportación más original a la cuestión de la democracia. Ver también al respecto, “The Idea of Public Reason Revisited”, cit.

Arango, “Filosofía política y desarrollo”, en: L. E. Hoyos (ed.) Estudios de filosofía política. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004.

24 Una de las pocas entrevistas que concedió se encuentra al final de: John Rawls. Collected Papers, el cual incluye 26 artículos de Rawls.

36 Consúltese desde varios puntos de vista, F. Cortés – M. Giusti (eds.) Justicia global, derechos humanos y responsabilidad. Op. cit.

25 Respecto a Pogge, a manera de ilustración, obsérvese en su página web las ciudades que visita al año, a donde es invitado como profesor y conferencista. Dialogando sobre esta cuestión, detalló que, en promedio, le da 6 vueltas al mundo anualmente.

37 Este fue otro de los enfrentamientos con Rawls, pues Pogge no considera que la pobreza sea un problema fundamentalmente interno, por lo que critica a Rawls por no considerar que los países ricos están profundamente involucrados, causal y moralmente, en la perpetuación de tal problema a nivel global. Aunque Pogge comparte el que hay un deber positivo de asistencia de los estados ricos hacia los pobres (particularmente en casos de emergencia), Rawls reduce a tal deber la responsabilidad de los países ricos respecto a la pobreza global. En la línea de esta discusión se articula, estimo, el ensayo de T. Nagel, “Poverty and Food.

Why Chariry is not Enough”, en: P. Brown – H. Shue, Food Policy. The responsability of the United States in the Life and Death Choices. New York: The Free Press, 1977.

26 Publicado en: Ethics and International Affairs Vol. 19 No. 1, 2005.

27 Ver también la respuesta de Pogge a Joseph Carens: “Respect and Disagreement”, en: D. A. Bell – J. M. Coicaud (eds.) Ethics in Action. Tokyo: United Nations University Press, 2006.

28 Publicado en: Journal of Ethics Vol. 9 Nos. 1-2, 2005.

29 T. Pogge, “An Egalitarian Law of Peoples”, en: Philosophy and Public Affairs Vol. 23 No. 3, 1994. Rawls sustenta su rechazo al principio igualitario de Pogge, en: The Law of Peoples with “The Idea of Public Reason Revisited”. Op. cit., pp. 115 a 119. Ver al respecto, T. Pogge, “The Incoherence between Rawls’s Theories of Justice”, en: Fordham Law Review. Vol. 72 No. 5, 2004; “Equal Liberty for All?”, en: Midwest Studies in Philosophy No. 28, 2004; “Do Rawls’s Two Theories of Justice Fit Together?”, en: R. Martin – D. Reidy (eds.) Rawls’s Law of Peoples: A Realistic Utopia? Oxford: Blackwell 2006.

30 Cfr.: J. Rawls – J. Habermas, Debate sobre el liberalismo político. Barcelona: Paidos, 1998.

31 P. van Parijs, Sauver la Solidarité. Paris: Cerf, 1996. Agradezco aquí a Oscar Mejía Q. 32 Para el significado de una utopía en sentido realista, ver, J. Rawls, The Law of Peoples with “The Idea of Public Reason Revisited”. Op. cit., pp. 11-12, y, respecto a si la utopía realista es una fantasía, Ibídem, pp. 19-23.

33 T. Pogge, “Recognized and Violated by International Law: The Human Rights of the Global Poor”, en: Leiden Journal of International Law. Vol. 18 No. 4, 2005, p. 38. Vers. cast. en F. Cortés – M. Giusti (eds.) Justicia global, derechos humanos y responsabilidad. Bogotá: Siglo del Hombre, Universidad de Antioquia, Universidad Católica del Perú, 2007.

34 En este punto resulta ilustrativo, T. Pogge, “Ronald Dworkin, la controversia sobre el aborto y el problema del hambre global” (L. García y P. R. Arango, trads.), a publicarse en: Universitas Philosophica. Universidad Javeriana, Bogotá. En este ensayo Pogge critica la defensa de Dworkin de la legalidad del aborto como la presenta en su libro Life´s Dominion y lo articula sugestivamente con la lucha por suprimir el hambre en el mundo. Pogge argumenta, respecto a la controversia sobre el aborto, que combatir el hambre en el mundo es mucho menos costoso para la armonía civil y para la situación de la moralidad en nuestra cultura, y que es igualmente importante y su urgencia moral es menos debatida.

35 Sobre este punto ver al respecto, C. Sunstein, Free Markets and Social Justice. Oxford University Press, 1997. R.

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38 T. Pogge, World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms. Cambridge: Polity Press, 2002; “Human Rights and Global Health: A Research Program”, en: Metaphilosophy Vol. 36 Nos. 1-2, 2005; “Harnessing the Power of Pharmaceutical Innovation”, en: J. C. Cohen et al. (eds.) The Power of Pills: Social, Ethical and Legal Issues in Drug Development, Marketing, and Pricing.

London: Pluto Press, 2006.

39 Resulta alarmante saber –nos lo expresó Pogge– que es mayor la inversión en las investigaciones para prevenir la caída del cabello, que en aquellas para curar las enfermedades que ocasionan la mayoría de las muertes en el Tercer Mundo, particularmente en África.

40 Sobre las razones que sustentan su comparación del problema de la pobreza con el Holocausto, Pogge nos precisó, si bien es más grave moralmente accionar una cámara de gas o fusilar a varias personas al lado de la zanja donde serán enterrados sus cadáveres, cuando unas personas con poder político firman una resolución que gravará con altos costos la educación, la alimentación y la salud de una población pobre, esto causará muertes así no tengan la intención dolosa de hacerlo; serán de igual forma, entonces, responsables de las mismas. Cuando aludí a la analogía con la responsabilidad penal que también se imputa en casos de culpa, Pogge asintió.

41 T. Pogge, “Un bosquejo de la vida de John Rawls”, Op. cit.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Salud, derechos humanos y justicia global El reciente programa de investigación de Thomas Pogge Por Felipe Piedrahíta∗ Universidad de Antioquia

En la actualidad más de un tercio de las muertes en el mundo están relacionadas de algún modo con la pobreza. Y buena parte de esta lamentable situación se debe a condiciones médicas que pueden evitarse, curarse o al menos tratarse. Bien sea por la imposibilidad material de acceder a ciertos medicamentos esenciales o por las trabas institucionales de diversa índole relacionadas al cuidado de la salud, está claro que la situación es de extrema injusticia, que esta injusticia tiene un alcance global y que tiene una relación o incidencia directa en la violación de derechos humanos.

Lo que me propongo aquí es –siguiendo recientes textos de Thomas Pogge– esbozar los puntos centrales de una compleja problemática global que señala la injusticia de un orden institucional que produce pobreza y pudiendo mitigarla no hace nada, pero fundamentalmente, se pretende revelar la absurda realidad que rodea el negocio farmacéutico, que con un enorme potencial para mejorar las condiciones de salubridad de muchas perso-

Si lo que importa es la contribución de las nuevas drogas al bienestar de las personas, para que los incentivos sean moralmente óptimos las reglas deberían recompensar a los inventores de drogas esenciales según el efecto global que ellas tengan en la reducción de la enfermedad.

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nas en países pobres, prefiere acogerse a una salvaje lógica de mercado que deja, literalmente, miles de muertes a su paso. En primer lugar haré un breve diagnóstico del problema y su relación con demandas de justicia, para luego finalizar con la reforma que Pogge propone para el mejoramiento de la salud global.

Gran parte de los escritos de Pogge en los últimos tres lustros estuvieron dedicados a aclarar la situación de pobreza generalizada en la que vive el mundo, adjudicando los grados de culpa o responsabilidad que diversos actores comparten al respecto, desenmascarando además la lógica institucional (social, económica y política) que condujo a dicha situación. Los problemas globales de la salud tienen mucho que ver con lo que estas investigaciones ya han planteado –y suponen mucho de su elaboración conceptual–, pero en su profundización se adquieren nuevos matices y nuevas formas de representar el problema.

Pogge escoge dos casos paradigmáticos para evidenciar su punto de partida: de un lado está la responsabilidad de las grandes compañías farmacéuticas, que con sus acciones u omisiones han provocado muchas muertes, y de otro lado está el régimen mundial sobre comercio y patentes ‘TRIPS’, que imposibilita el acceso a drogas esenciales de gran parte de la población pobre de los países en desarrollo.1 Frente al primer punto el ejemplo utilizado es el de las pruebas que una compañía farmacéutica norteamericana (los Laboratorios Discovery) realizó en países del tercer mundo, especialmente en Bolivia, donde utilizaron más de 600 niños nacidos prematuramente con problemas respiratorios agudos. La prueba consistía en suministrar Surfaxin2 (la droga probada) en la mitad de los niños, mientras que a los otros se les suministró placebo con aire sin surfactante3 con el fin de establecer una estadística comparativa certera.

Resultado de la investigación: 140 niños que murieron dolorosamente a causa de la enfermedad no tratada.

El caso se complica si tenemos en cuenta la existencia de varias drogas con surfactante disponibles en el mercadoe, pues lo que pretendía el laboratorio no era más que modificar levemente la fórmula ya existente para tener un nuevo registro propio que comercializar. Esto implica que era posible hacer las pruebas de manera diferente, pues en lugar de suministrar placebos con aire, estaba la alternativa de usar un diseño de control activo sobre los pequeños pacientes, es decir, la utilización de cualquiera de esos medicamentos ya aprobados en lugar de los placebos, reduciendo casi completamente las consecuencias mortales de la prueba.

Añadiendo aún más: ante la imposibilidad de realizar pruebas con placebo en países ricos –no sólo resulta una evidente abominación, sino que está prohibido por las leyes– las compañías no vacilan en utilizar países pobres, esgrimiendo argumentos según los cuales es mejor en todo caso ofrecer cualquier tipo de beneficio con estas pruebas que no hacerlo en absoluto.

Es decir: la lógica de las compañías consiste en que es mejor salvar la vida de los más de 300 niños bolivianos que recibirán el Surfaxin en la prueba, que utilizar niños estadounidenses que en todo caso tendrían acceso a la droga en circunstancias normales, mientras que para los niños bolivianos, siendo todos de escasos recursos, no existe otra salida para salvar su vida. Dicho de otro modo: es mejor salvar algunas vidas suponiendo unas cuantas muertes, a dejar que todas esas muertes sucedan sin hacer nada para prevenirlas. El argumento no es falaz, pues se acomoda bastante bien a una lógica económica que dicta como preferible realizar las costosas pruebas a un precio más bajo, con la salvedad –supuestamente moral– de que realizando las pruebas en un país pobre se demuestra un cierto interés por el bienestar de unos cuantos foráneos desconocidos que no tienen otra manera de beneficiarse de los avances en materia farmacéutica.4 Es este aspecto el que tiene especial relevancia, pues tras de todo ello se esconde una honda problemática moral: culpa, responsabilidad e injusticia. Si bien es difícil llegar a una concepción universalmente válida de lo que sea un daño, y si además nos encontramos con que la noción está de antemano altamente moralizada, Pogge nos advierte que hay un punto en el que cualquiera podría estar de acuerdo: la obligación de no dañar de manera intencionada o premeditada, conducta agravada, por lo demás, por el hecho de que hay situaciones en que el daño es perfectamente evitable (Pogge, 2003: 12-20).

La pregunta sobre el grado de culpa o responsabilidad de los Laboratorios Discovery (Lab. D) en el caso Surfaxin no es para nada superflua. Es fácilmente alegable que la compañía nada tiene que ver en la causa de la enfermedad de los niños bolivianos, que no tiene obligación real de ocuparse de su caso y que además existan circunstancias atenuantes, como que la empresa es una poderosa e influyente corporación norteamericana y Bolivia un país tercermundista muy pobre, o que no es ésta la única empresa que dispone de la droga, situaciones que hacen que su decisión de probar las drogas allí sea tomada como benévola.

Incluso, y así se llega al segundo punto del diagnósti-

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Salud, derechos humanos y justicia global. El reciente programa de investigación de Thomas Pogge

Y en la medida en que el orden económico global que existe actualmente contribuye […] a que persista la pobreza extrema en numerosos países en desarrollo, los Estados más poderosos que desempeñan un papel predominante en el diseño y la imposición de ese orden, comparten, junto con sus corporaciones y sus ciudadanos, responsabilidad por esa pobreza. co de Pogge, no deja de ser inquietante que un argumento de las compañías farmacéuticas sea el de la imposibilidad material de la gente pobre de los países pobres de acceder a ciertas medicinas que les pueden salvar la vida.

Este argumento olvida que en el caso citado el proyecto de investigación de Lab-D, […] probablemente [obtiene] provecho económico de la injusticia sistemática que afecta al país en que se desarrolla la investigación, que se manifiesta bajo la forma de desigualdades políticas y económicas flagrantemente excesivas que privan a los pobres de acceso a incluso los servicios más básicos de salud. (Pogge, 2003).

Más aún, y en esto Pogge retoma argumentos de sus investigaciones sobre la pobreza global: “es moralmente peor obtener ventaja de una injusticia cuando uno comparte responsabilidad por ella”. La situación de los niños bolivianos afectados por la SARS5 no es ajena a Lab. D. Por el contrario, Lab-D está causalmente involucrado en el alto precio de las drogas, así como en la pobreza extrema que persiste en muchos países en desarrollo, entre los que se cuenta Bolivia.

Las compañías farmacéuticas norteamericanas han hecho un fuerte lobby en favor de los acuerdos ADPIC [TRIPS] (‘Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio’ [Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights]) existentes, que les permiten obtener patentes por largos períodos de tiempo sobre las drogas que desarrollan y cobrar, de este modo, precios de monopolio por esas drogas durante muchos años en todas partes del mundo. En la medida en que Lab-D ha contribuido a estos esfuerzos de lobby –ya sea directamente o por medio de comités de acción política o asociaciones de la industria– comparte responsabilidad por los altos precios que las drogas avanzadas tienen en los países en desarrollo. Y en la medida en que el orden económico global que

existe actualmente contribuye […] a que persista la pobreza extrema en numerosos países en desarrollo, los Estados más poderosos que desempeñan un papel predominante en el diseño y la imposición de ese orden, comparten, junto con sus corporaciones y sus ciudadanos, responsabilidad por esa pobreza. Incluso antes de ir a Bolivia, Lab-D contribuye y se beneficia de la injusticia económica global que excluye a la mayoría de los ciudadanos de los países pobres de acceso a las drogas avanzadas que podrían salvar sus vidas.

Al llevar a cabo el ensayo de Surfaxin, las personas responsables de Lab-D estarían obteniendo aún más provecho de la injusticia que ellos mismos ayudaron a crear y mantener (Pogge, 2003).

Dos aspectos son aquí altamente problemáticos: primero, el poco desarrollo de curas a enfermedades más graves que cobijan mucha más población contrasta con la preferencia de productores y consumidores de esta industria hacia tratamientos no esenciales o meramente estéticos, esto es, se dedican más esfuerzos y recursos para prevenir o remediar la calvicie o la celulitis que para solucionar el problema de la malaria, el SIDA, la neumonía o las enfermedades tropicales.

La comparación estadística no requiere comentarios: mientras que el 90% de los recursos para desarrollo y producción de drogas va dirigido a un espectro de dolencias que aqueja a menos del 10% de la población mundial, especialmente en los países ricos, y entre ellos a sus ciudadanos más ricos, menos del 10% de esos recursos va dirigido siquiera a investigar de manera general el ingente número de enfermedades que afecta a la mayor parte de la población del planeta y que produce un alto porcentaje de la tasa global de mortalidad. Y los pocos aunque buenos medicamentos disponibles para esas enfermedades son prácticamente inaccesibles para la gente pobre.6 El segundo aspecto, central en la crítica y la propuesta de Pogge, apunta a la manera en que esos acuerdos TRIPS y el régimen económico global han determinado los procesos de investigación, desarrollo, pruebas, producción, aprobación y comercio de las nuevas drogas. Parece evidente que la salud se ha convertido en un negocio como tantos otros, y es uno de los más poderosos y rentables del planeta. Es así como las necesidades vitales de los pacientes pobres son opuestas a las necesidades de las compañías farmacéuticas de recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo, convirtiendo las reglas existentes para incentivar la investigación farmacéutica en algo que moralmente es profundamente problemático.

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Pensar bien el problema y plantear soluciones adecuadas requiere pericia económica, pero además y sobre todo requiere reflexión moral. Para Pogge resulta urgente plantear una reforma que mejore críticamente el actual régimen, desarrollando y defendiendo un criterio moral mínimo y teniendo en cuenta la lógica de funcionamiento de ese régimen. Para que el plan de reforma tenga sentido, debe ser políticamente viable y realista, y condición de ello es sintetizar las visiones generalmente opuestas que economía y moral tienen sobre la salud.

La lógica mercantil de la industria de la salud funciona a grandes rasgos así: Traer medicamentos salvavidas nuevos, seguros y efectivos al mercado es enormemente costoso, las firmas inventoras deben pagar por la investigación y desarrollo de nuevas drogas además de elaborar pruebas y el posterior proceso de aprobación. Además, [muchos] tratamientos médicos desarrollados recientemente a menudo arrojaron ser inseguros o no muy efectivos, tener malos efectos secundarios, o fallar obteniendo aprobación del gobierno por alguna otra razón, lo cual puede llevar a la pérdida de la inversión entera (Pogge, 2005: 185)7.

Dada tan grande inversión, costos y riesgos, muy poca investigación farmacéutica innovadora puede tomar parte en un sistema de libre mercado. La principal razón es que un innovador correría con el costo total de sus fallas pero sería incapaz de sacar provecho de sus éxitos, porque los competidores podrían copiar o hacer retroingeniería de su invención y llevar el precio final de la mercancía cerca del costo marginal de producción.

El régimen TRIPS8 corrige esta clásica falla del mercado a través de reglas de patente que conceden a las firmas inventoras un monopolio temporal sobre sus inventos, generalmente por 20 años desde el tiempo de clasificación de la aplicación de patente. Con los competidores bloqueados de copiar y vender alguna nueva droga inventada durante este periodo, la firma inventora puede venderla al precio del máximo provecho monopólico, a menudo muy lejos de su costo marginal de producción.9 Así la compañía recupera su inversión previa y garantiza un buen margen de ganancias.

“Esta solución corrige la falla del mercado (la de la innovación médica), pero su rasgo monopólico crea otra”.10 Que consiste básicamente en la inaccesibilidad de muchos compradores potenciales, que pudiendo pagar un precio mayor que el costo marginal de producción, no quieren o pueden pagar los precios monopólicos implantados por los dueños de la patente del

producto. Así, no sólo los pobres carecen de acceso a innovaciones medicas esenciales, sino que posibles compradores pierden interés en el producto.

Hay dos estrategias de reforma básica para evitar esta segunda falla del mercado asociada con los poderes del monopolio de precios: las estrategias de precio diferencial y la de bien público.

La primera consiste en que las firmas inventoras mismas ofrezcan sus drogas patentadas (con marca registrada) a diferentes clientes con diferentes precios, obteniendo de ese modo un gran margen de provecho de ventas a los más ricos sin renunciar a las ventas a los compradores más pobres en un margen pequeño. Otra variante es el derecho de los gobiernos, reconocida bajos las reglas de TRIPS, de [expedir] licencias obligatorias para inventos que son necesitados urgentemente en una emergencia pública. (Pogge, 2005: 186-187) Pero estas soluciones de precio diferencial son generalmente impracticables o se vuelven inconvenientes, porque es prácticamente imposible diferenciar bien en cada caso la categoría del comprador, o porque no falta algún rico astuto que pudiendo pagar el precio alto busca a toda costa la manera de pagar menos. O peor aún, vendiendo drogas caras más baratas en los países pobres en desarrollo, se crearían fuertes incentivos para desviar (por ejemplo, mediante contrabando) esta droga de vuelta a los países más ricos, conduciendo a relativas pérdidas en el sistema general del mercado:

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...mientras que el 90% de los recursos para desarrollo y producción de drogas va dirigido a un espectro de dolencias que aqueja a menos del 10% de la población mundial, especialmente en los países ricos, y entre ellos a sus ciudadanos más ricos, menos del 10% de esos recursos va dirigido siquiera a investigar de manera general el ingente número de enfermedades que afecta a la mayor parte de la población del planeta y que produce un alto porcentaje de la tasa global de mortalidad.

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pierde la compañía productora y pierden los hipotéticos beneficiarios reales de esta droga.

La estrategia de bien público es la más prometedora para Pogge, y combinada con otros componentes, constituye su propuesta de reforma global de salud.

Un elemento central en ese sentido sería que los resultados de algún esfuerzo exitoso al desarrollar una nueva droga esencial permitan que esta sea proveída como un bien público que todas las compañías farmacéuticas podrían usar gratis. Esta reforma eliminaría la segunda falla del mercado (asociada con el poder del monopolio de los precios) permitiendo la competencia de establecer los precios de nuevas drogas esenciales muy cerca de su costo marginal de producción.

Pero aquí se da entonces la posibilidad de una nueva forma de falla de mercado, pues se reduce el estímulo a la investigación e innovación farmacéutica. Un segundo componente necesario y bastante efectivo sería un estímulo económico, una especie de subsidio para que las medicinas nuevas inventadas por las compañías que tengan un fuerte impacto sobre la incidencia global de una enfermedad sean recompensadas con fondos públicos. Para Pogge revisar las reglas de mercado es una mejor manera de solucionar estas fallas. Si lo que importa es la contribución de las nuevas drogas al bienestar de las personas, para que los incentivos sean moralmente óptimos las reglas deberían recompensar a los inventores de drogas esenciales según el efecto global que ellas tengan en la reducción de la enfermedad. Las drogas no esenciales, que son aquellas que no tienen un impacto discernible en las muertes globales, pueden seguir funcionando según las reglas de patente actualmente existentes.

Esos incentivos tienen también como objeto principal que esas empresas busquen ofrecer sus innovaciones más baratas y de un modo más asequible para los pobres, sus principales necesitados. Supongamos que una compañía farmacéutica desarrolla una nueva droga contra la malaria y obtiene una patente por su invención. A partir de ese momento, las ganancias de la compañía están correlacionadas negativamente con la incidencia global de la malaria: cuanto mayor sea el aporte de esta invención en la disminución de la enfermedad, mayor será la ganancia que produzca. Por esta razón, la compañía tendrá una razón para desear que su droga sea tan usada como sea posible por quienes la necesitan, y por lo tanto que sea lo más barata posible para ellos. A fin de alcanzar este objetivo, la compañía puede vender la droga a un precio menor que el costo de producción o puede otorgar licencias de

producción más económicas a empresas de los países en desarrollo para que produzcan versiones genéricas de la droga, o incluso subsidiando a estos productores para bajar el precio del medicamento.

Bajo las reglas actuales, por el contrario, la firma inventora tiene, básicamente, los incentivos opuestos.

Sus ganancias tienen una correlación positiva con la incidencia global de la malaria: la empresa sólo tiene un mercado grande y potencialmente lucrativo para su producto si la malaria continúa siendo una enfermedad que afecta a una gran cantidad de personas y amenaza a otras tantas. La compañía tiene también razones para impedir que se produzcan versiones genéricas de su droga, las cuales tienden a reducir su participación en el mercado. Y tiene también razones para cobrar precios muy altos por su droga, a fin de maximizar las ganancias que le asegura su monopolio temporario (Pogge, 2003).

Así, la modificación de las reglas propuesta por Pogge es, desde un punto de vista moral, altamente superior a las actualmente existentes. Las nuevas reglas aumentarían enormemente los incentivos para desarrollar nuevos tratamientos para las condiciones médicas para las que no se dispone actualmente de financiación suficiente y aumentarían enormemente también los incentivos para que las compañías farmacéuticas se aseguren que sus invenciones tengan el mayor impacto posible en la reducción de la incidencia global de la enfermedad.

Sin embargo, la principal dificultad de la propuesta concierne a la financiación: ¿quién habrá de pagar los miles de millones de dólares que se necesitan para recompensar a los inventores y mantener los incentivos? La única manera de que la propuesta funcione es que los contribuyentes de los países ricos se encuentren dispuestos a apoyarla. ¿Por qué estarían dispuestos a hacerlo? En este punto volvemos a la propuesta de Pogge para erradicar la pobreza global, propuesta que presenta como complementaria a esta gran reforma de la salud global; estas reformas, antes que ser mutuamente excluyentes, deben presentarse como alternativas complementarias.11 Queda pues, para concluir rápidamente, que el trasfondo moral, político e institucional del análisis de Pogge gira en torno a una garantía real y efectiva globalmente de los derechos humanos. El tema aquí abordado de la salud y de la justicia global se pretende solucionar apelando –como constantemente hace Pogge en sus escritos– al artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los

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derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Un análisis más exhaustivo debe encaminarse ya a las condiciones de posibilidad de realización de la propuesta de reforma planteada por Pogge. Su análisis muestra claramente la dinámica institucional global y la actuación moralmente problemática de los distintos actores en ella inmersa –Estados, ciudadanos, compañías y organismos multilaterales–; se parte del supuesto de que una reforma global encaminada a satisfacer distintas exigencias de justicia no sólo es deseable sino urgente y necesaria. La salud y el bienestar humano hacen parte obviamente de estas exigencias.

—————— (2005b) “Global Justice as a Moral Issue,” interview conducted by Alessandro Pinzani, ethic@, 4/1(June 2005), pp. 1-6, www.cfh.ufsc.br/ethic@/int41.pdf.

—————— (2005c) La pobreza en el mundo y los derechos humanos. Barcelona, Paidós.

Notas 1 Sobre el orden económico global y sus instituciones, véase Peet (2004), Biron (2007) y Pogge (2007; 2005c).

2 Droga sintética utilizada como reemplazo del surfactante para las enfermedades respiratorias.

*Estudiante de Filosofía. Miembro del Grupo de Investigación de Filosofía Política y del Grupo de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Joven Investigador del Instituto de Estudios Políticos. Correo: felipep@udea.edu.co

Bibliografía Biron, Laura (2007) “Global Justice and the TRIPs Agreement”, Ethos, Boston College’s Student Bioethics Research Journal. http://www.bc.edu/clubs/mendel/ethos/archive/2007/biron.shtml, acceso abril de 2007.

Le Carré, John (2001) El jardinero fiel. Barcelona, Plaza y Janés.

Peet, Richard (2004) La maldita Trinidad. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Barcelona, Laetoli.

d Los surfactantes son una mezcla de lipoproteínas necesarias para reducir la tensión superficial en la interfase aire-líquido del alveolo y para prevenir la atelectasia generalizada. Se producen naturalmente en los pulmones y son esenciales para la respiración 3 Al menos 4 fármacos aprobados por la FDA (Food and Drugs Administration) en Estados Unidos.

4 Para más detalles del caso y de su desenlace final es conveniente consultar los textos de Pogge (1999; 2001; 2003), cuya estructura argumentativa combina el recuento detallado de los casos reales con hipotéticas situaciones similares y las problemáticas de justicia que ambas encierran.

O se puede recurrir a la interesante obra de John Le Carré (2001) y/o a la película realizada por Fernando Meirelles (The Constant Gardener, 2005).

5 El síndrome respiratorio agudo severo, comúnmente abreviado SRAS o SARS. También conocido como síndrome del distress respiratorio (SDR), es una consecuencia del nacimiento prematuro, que se caracteriza por fallo respiratorio e intercambio gaseoso deficiente en las primeras horas después del nacimiento. Es causado, principalmente, por una deficiencia del surfactante pulmonar.

Pogge, Thomas (1999) “Justice in Health Care: Reflections on the Foundations of Health Equity”, Harvard Center for Population and Development Studies Working Paper Series, Nº 99.02, http://www.globalhealth.harvard.edu/hcpds/ wpweb/foundations/pogge.html, acceso abril de 2007.

6 Cabe anotar que no existen datos que indiquen muertes provocadas por calvicie o celulitis [descartando posibles suicidios asociados a estos problemas], mientras que sólo por diarrea, desnutrición y neumonía, enfermedades perfectamente evitables o curables, mueren cerca de 9 millones de seres humanos por año.

—————— (2001) “Relational Conceptions of Justice: Responsibilities for Health Outcomes”, Veritas, 46/1, pp.

51-75.

7 La traducción es responsabilidad de quien escribe estas líneas.

—————— (2002) “Responsibilities for Poverty-Related Ill Health”, Ethics and International Affairs, 16/2, pp. 71-79.

—————— (2003) “Probando drogas para países ricos en poblaciones pobres de países en desarrollo”, Revista Perspectivas Bioéticas, 8/15, pp. 11-43. Traducción de Julieta Arosteguy y Pablo Stafforini.

—————— (2005a) “Human Rights and Global Health: A Research Program”, Metaphilosophy, Vol. 36, nºs 1-2, pp.

182-209.

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8 Adoptado bajo los auspicios de la OMC en la Ronda Uruguay.

9 Si la producción de una píldora vale $0.30, se vende en $3.

10 “This solution corrects the market failure (undersupply of medical innovation), but its monopoly feature creates another.” (Pogge, 2005: 186) 11 Véase por ejemplo la propuesta de Pogge sobre un Dividendo Global de Recursos (2005c).

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La pobreza como violación directa de los derechos humanos en Thomas Pogge Por Juan Camilo Gallo G. Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia gapu21@hotmail.com

La actual situación de pobreza y de miseria absoluta de gran parte de la humanidad es evidente. Cada día millones de niños mueren por causas asociadas a la pobreza, millones de persones viven –o intentan vivir– con menos de 2 dólares diarios, el PIB de los países acaudalados crece en la misma medida en que la pobreza y la miseria afectan a más personas en el planeta, un tercio de las muertes anuales pueden ser asociadas directamente con la pobreza. A pesar del reconocimiento que hace la ley internacional de los derechos humanos, éstos son violados directamente por las instituciones económicas que la misma ley internacional establece. Atendiendo a este problema, Thomas Pogge elabora una propuesta que podría disminuir la pobreza en el mundo. La exposición y discusión de esta propuesta es el objetivo de este artículo.

Es necesario establecer que, para Pogge, existen derechos humanos morales1 cuya validez es independiente de cualquier entidad jurídica o guberna-

Pogge sostiene en primer lugar, que existe un orden institucional compartido que es modelado por los mejor situados e impuesto sobre los que se encuentran peor. Además, este orden institucional es responsable de la reproducción de la desigualdad radical en la medida en que existe una alternativa realizable.

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mental. En realidad, la garantía de estos derechos morales se convierte en el factor de legitimidad para los gobiernos. Son estos “derechos morales” los que son directamente violados mediante la imposición de las políticas económicas de las actuales instituciones globales. Pogge parte de esta premisa para fundamentar su propuesta. Mi interés es mostrar cómo estos “derechos morales” no tienen solamente una validez moral, sino también una validez jurídica, y por lo tanto, son exigibles no como mera reivindicación moral, sino como derechos legalmente establecidos. El artículo se dividirá entonces en dos partes: en la primera intentaré exponer las tesis y argumentos principales de Pogge, para luego, en la segunda parte, desarrollar una crítica a su propuesta.

I. El dividendo sobre recursos globales La propuesta que hace Pogge de un dividendo sobre recursos globales –o DRG– consiste en limitar el derecho de propiedad de los Estados sobre sus recursos naturales, pues se les puede requerir que compartan una pequeña parte del valor del recurso que usen o vendan. Esta pequeña parte sería un “dividendo” pues “se basa en la idea de que los pobres del globo poseen un interés inalienable sobre todos los recursos naturales limitado.”2 Pero este interés no concede el derecho a participar en la decisión sobre cómo deben usarse estos recursos, sino solamente el derecho a participar de un porcentaje del valor resultante del usufructo de éstos. El objetivo de esta propuesta no es solamente mejorar las condiciones de vida de los pobres, sino también lograr un nivel de autonomía que les permita desarrollar sus proyectos de vida por ellos mismos.

Ahora bien, este “dividendo” debería implementarse debido a que existe una “obligación moral” por parte de los países acaudalados, pues éstos tienen una relación causal directa con la promoción y permanencia de la pobreza a nivel global. Para Pogge la pobreza no es el resultado de una ineficaz política de asistencia, es el resultado de la violación continua del deber de no promover la injusticia ni de enriquecerse gracias al injusto empobrecimiento de los demás. Pogge utiliza el siguiente ejemplo para ilustrar está situación: “Supongamos que descubrimos gente en Venus que se encuentran en condiciones lamentables, y supongamos que podríamos ayudarles con muy poco coste para nosotros. Si no hiciésemos nada, seguramente violaríamos el deber positivo de bene-

ficencia, el deber moral de ayudar a otros. Pero no nos encontraríamos violando un deber negativo de justicia, porque no estaríamos contribuyendo a la perpetuación de su miseria y no existiría la obligación de resarcir los daños causados.”3 De esta manera, Pogge sostiene que los peor situados están en condiciones mucho peores en términos absolutos, la desigualdad es insensible y generalizada pues resulta casi imposible para los peor situados mejorar sus condiciones; es insensible debido a que los mejor situados no se pueden imaginar cómo es vivir en una situación de pobreza absoluta; es generalizada pues concierne a todos los aspectos de la vida. Además, los mejor situados podrían mejorar estas condiciones sin empobrecerse ellos mismos; y están en la “obligación moral” de hacerlo. Pero ¿existe realmente una violación del deber de no promover la injusticia? Pogge argumenta su afirmación de la siguiente manera.

Pogge sostiene en primer lugar, que existe un orden institucional compartido que es modelado por los mejor situados e impuesto sobre los que se encuentran peor. Además, este orden institucional es responsable de la reproducción de la desigualdad radical en la medida en que existe una alternativa realizable. Por lo tanto, si el actual orden institucional está implicado en la reproducción de la desigualdad, ésta no puede ser atribuida a factores extra sociales. Para Pogge es claro que: “... los pobres globales viven en un sistema mundial basado en dominios territoriales internacionales reconocidos, interconectados a través de una red global de comercio y diplomacia.”4 Es de este modo que Pogge establece una relación causal directa entre la imposición de las instituciones globales actuales y el desarrollo de la pobreza y la desigualdad radical. Los países acaudalados pueden afectar las circunstancias de los pobres globales a través de inversiones, préstamos, comercio, ayuda militar, sobornos, etc; siendo claramente determinadas la economía y política locales mediante la imposición de las instituciones económicas globales. No se puede explicar, entonces, las condiciones de desigualdad a partir de factores locales como la cultura, la política económica interna o, incluso, la herencia genética; pues el desarrollo de la economía de un Estado pobre es claramente determinado por los intereses de los que dominan y diseñan el mercado internacional.

Además, la abismal posición de partida en la que se

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encuentran los pobres globales les impide alcanzar un desarrollo económico sostenible que les permita poseer un mínimo grado de autonomía.

En su segundo argumento, Pogge sostiene que los mejor situados poseen ventajas significativas en el usufructo de los recursos naturales, de las cuales los peor situados son excluidos. El actual sistema institucional global permite que la apropiación de la riqueza del planeta sea sumamente desigual. Incluso cuando los países ricos pagan por el uso de los recursos naturales, este dinero está destinado a las elites acaudaladas de los países pobres, del cual muy poco o nada queda en manos de los que realmente lo necesitan. Sin embargo, los defensores de las instituciones capitalistas apoyan el derecho a la apropiación desproporcionada de recursos al tiempo que defienden el derecho de todos al uso de éstos. Pero las condiciones de trabajo y educación de los peor situados apenas les permiten sobrevivir dentro de un sistema que les imposibilita ejercer los derechos que el neoliberalismo defiende.

Además, el sistema de libre mercado no es tan libre como sostienen el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, en la medida en que existe proteccionismo económico y sistemas de subsidios a la producción de las empresas de los países acaudalados, por lo que el sistema neoliberal sólo beneficia a los mejor situados en la “libre competencia” del mercado. Por lo tanto, los países ricos en colaboración con las elites acaudaladas de los países pobres están violando un deber negativo de justicia en la medida en que excluyen a los peor situados, incluso mediante métodos coercitivos, de una parte proporcional del uso de los recursos naturales.

Los países acaudalados pueden afectar las circunstancias de los pobres globales a través de inversiones, préstamos, comercio, ayuda militar, sobornos, etc; siendo claramente determinadas la economía y política locales mediante la imposición de las instituciones económicas globales.

El tercer argumento que Pogge sostiene es que las posiciones de partida de los mejor y peor situados son producto de un único proceso histórico plagado de injusticias. Así, los procesos coloniales de países europeos plagados de genocidios, opresión y esclavitud que traumatizaron las culturas de tres continentes, fomentaron en gran medida la actual desigualdad. No obstante, esto no implica –ni niega– que los descendientes ricos de aquellos que tomaron parte en estos crímenes estén sujetos a alguna responsabilidad de restitución hacia los descendientes de los oprimidos. Por esta razón, la idea es que los mejor situados no deben mantener ni fomentar una situación de la que son directamente responsables por los agravios cometidos en los periodos históricos plagados de violaciones a los derechos morales de los peor situados, pues no se debe permitir que una historia así desemboque en desigualdad radical.

Siguiendo estos argumentos, queda establecido que el orden institucional es el responsable por las condiciones de desigualdad. Pogge plantea, entonces, su propuesta para un dividendo sobre recursos globales –DRG–, pues sólo en la medida en que existan alternativas realizables, el status quo puede ser considerado injusto. Pogge se va a concentrar en el hecho de que los países ricos poseen ventajas sobre el usufructo de los recursos, pues éste sugiere una idea más definida del problema. Así, los países que realizan una explotación extensiva de los recursos naturales deberían compensar a aquellos que, sin proponérselo, usan muy pocos. Sin embargo, esta idea no implica concebir los recursos como patrimonio de la humanidad que debe ser compartido igualitariamente5, pues la propuesta de Pogge es “modesta” en la medida en que deja a cada gobierno el control de los recursos; y, de este modo, su propuesta logre conseguir el apoyo necesario de las potencias para que esta alternativa sea aplicable.

Pogge propone comenzar con un dividendo de un 1% del total de la renta global del usufructo de los recursos naturales. Para mostrar las cantidades implicadas, Pogge utiliza como ejemplo la aplicación de este dividendo al petróleo6, siendo evidentemente posible erradicar la pobreza en el mundo sin grandes cambios en el sistema económico global a través de una fuente de ingresos como producto de este impuesto a un número limitado de recursos y contaminantes. Este dividendo de un 1% representa una diferencia magnífica para los pobres y poco gasto para los países ricos. El dividendo sobre

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recursos globales debe ser, además, fácil de controlar y estimar, debe mantener bajos costos de recaudación, debe tener un impacto reducido en los precios de los productos básicos y debe centrarse en recursos cuya incentivación provoca daños en el medio ambiente para reducir el impacto ecológico de la explotación de estos recursos. Por lo tanto, el DRG debe conseguir la máxima eficacia para garantizar que todos los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades básicas mediante el seguimiento de reglas claras y estrictas e incentivos a aquellos países que alcancen mayores logros en la erradicación de la pobreza. Las ONG y ciertos organismos de la ONU pueden ayudar a controlar la corrupción sirviendo como intermediarios para realizar estos pagos. Sin embargo, en casos extremos de ineficacia en un país, estos fondos serían utilizados en otro, pues no hay razón para malgastar estos recursos en un sitio donde no están funcionando correctamente.

Este DRG es altamente aceptable, pues ayudaría a estabilizar los gobiernos mediante la erradicación de la pobreza, generando así un mayor apoyo popular.

Además, sería una alternativa plausible a las ayudas para el desarrollo convencionales, evitando cualquier generosidad arrogante, mediante la incorporación al sistema institucional global de “la reivindicación moral de los pobres de compartir los beneficios del uso de los recursos planetarios”7, implementando de esta forma un derecho moral. No obstante, podría haber países que no estén dispuestos a someterse al DRG. Para este problema, Pogge propone un sistema de sanciones descentralizadas (no un gobierno mundial) basado en impuestos más altos a las exportaciones de estos países, por lo que no habría razón para evitar los pagos del DRG. Pero para implementar este sistema de sanciones se necesitaría que los Estados Unidos, la Unión Europea y China, entre otras potencias, se sometan a este sistema.

Pero ¿podría esperarse que las potencias (EEUU y China en especial) acepten esta propuesta, es decir, es realista la propuesta de reforma? Pogge considera que sí y nos da dos razones para ello. En primer lugar, considera que existe una “obligación moral” de mitigar la pobreza pues los países del Primer Mundo están directamente implicados en la reproducción de la desigualdad, por lo que no pueden las potencias liberarse de esta responsabilidad. En segundo lugar, Pogge considera que las convicciones morales pueden tener un efecto en la política internacional, mediante la presión que puede ejercer la sociedad civil

El actual sistema institucional global permite que la apropiación de la riqueza del planeta sea sumamente desigual. Incluso cuando los países ricos pagan por el uso de los recursos naturales, este dinero está destinado a las elites acaudaladas de los países pobres, del cual muy poco o nada queda en manos de los que realmente lo necesitan.

sobre sus gobiernos para que acepten esta reforma.

Además, la erradicación de la pobreza puede ayudar a estabilizar la paz internacional, beneficiando a las potencias, garantizando su seguridad mediante el aseguramiento de la democracia en los países pobres.

II. Algunas consideraciones finales La propuesta de Pogge de un DRG podría ayudar a erradicar la pobreza y la desigualdad en el mundo, además, establece que la imposición del actual sistema de instituciones económicas globales es la causante de esta situación, convirtiéndose en una violación de un deber negativo de justicia, y por lo tanto, en una violación a los derechos humanos morales, en la medida en que existan alternativas realizables.

Por esta razón, cualquier persona con sensibilidad moral estaría de acuerdo con la erradicación de la pobreza en el mundo, y con la alternativa presentada por Pogge.

Sin embargo, existen varios puntos que son cuestionables en su propuesta. El punto en que quiero centrar mi atención es “la modestia” de su propuesta. Pogge demuestra magistralmente que el actual sistema global está implicado en la violación de derechos humanos que él llama “morales”, por lo tanto existe una “obligación moral” de resarcir estos daños. Lo que Pogge no dice es que no sólo existe una violación de los derechos “morales” sino que existe también una violación al Derecho Internacional. El artículo 25 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho a

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un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.8 Ahora bien, las fuentes del derecho internacional son la costumbre y los tratados, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene fuerza de tratado para todos los Estados que lo firmaron y lo ratificaron, además la garantía de los derechos humanos se ha convertido en una costumbre dentro la política internacional en la medida en que se ha convertido en factor de legitimidad de un Estado.

De esta manera, si Pogge demuestra que realmente existe una violación de los derechos humanos por parte de quienes diseñan e imponen las instituciones globales, y si mis afirmaciones son correctas, no sólo existe una “obligación moral” sino también una obligación jurídica de retribución por daños causados.

Así, aquellos que mediante su política sigan causando pobreza en el mundo no serían solamente insensibles moralmente, sino criminales en la medida en que están violando directamente un derecho reconocido en el ámbito internacional.

Pogge parece utilizar los derechos humanos “morales” como fundamento de su crítica porque considera que cualquier gobierno puede cambiar los tratados sobre derechos humanos y la Declaración, es decir, los derechos humanos legales, a su antojo (dejando ver una clara posición paleo-iuspositivista, siguiendo el término que utiliza Ferrajoli), mientras que los derechos humanos “morales” tienen una legitimidad independiente de cualquier sistema político o jurídico. Pogge parece desconocer que, aunque los derechos humanos pueden ser considerados como “soft law”,9 en la medida en que no existen mecanismos para castigar la violación de los derechos humanos sociales y económicos10 (como los artículos 25 y 28), pueden ser considerados como vinculantes con toda la fuerza de la ley –dentro del paradigma del constitucionalismo, según el cual las leyes ordinarias se encuentran subordinadas a los principios constitucionales que las legitiman, y por lo tanto, estos principios no pueden ser cambiados arbitrariamente, en la medida en que hacen parte del bloque de constitucionalidad de la mayoría de los países que los ratificaron.11 No obstante, el actual Derecho Internacional es un derecho primitivo y requiere de reformas para mejorar su aplicabilidad, pero las “reformitas” modestas de Pogge no parecen solucionar el problema de

fondo. Aunque la propuesta de un DRG es bastante plausible, es necesario esperar la “buena voluntad” de las potencias implicadas, pero ¿qué hubiese sido del reconocimiento de los derechos civiles y políticos si la sociedad del siglo XVIII se hubiese sentado a esperar la buena voluntad de los monarcas? Parece que Pogge se da cuenta de este problema, por lo que introduce la acción de la sociedad civil –e incluso de las ONG– como mecanismo de presión para exigir los derechos humanos que son repetidamente violados por las instituciones globales. Pogge parece esperar que las potencias acepten su propuesta mediante un “cargo de conciencia”, pues es la única cualidad vinculante que tienen los derechos humanos “morales”,12 pero reconoce que es necesaria la acción de la sociedad civil para lograr algún efecto.

Aunque Pogge parece evitar una caracterización de globalista radical, al final de su ensayo deja a un lado su modestia –y esto lo delata– sosteniendo que: “La realización de nuestros intereses morales y prudenciales en un futuro pacífico y ecológicamente sano requerirá –y aquí voy más allá de mi anterior modestia– instituciones sociales supranacionales y organizaciones que limiten los derechos de soberanía de los Estados de una forma más severa que en la actualidad.”13 Pogge parece aceptar al final de su propuesta, que es necesaria una mayor reestructuración de las instituciones actuales para que su propuesta sea efectiva. En este punto concuerdo con Pogge en sostener que es necesaria la constitución de un orden jurídico global, que limite las pretensiones de los Estados de un modo más efectivo que el actual Derecho Internacional, y que posea como núcleo la garantía de los derechos fundamentales estipulados en La Declaración. Esto implicaría que las instituciones globales deben ser reformadas de una forma más amplia, para propiciar los medios para el establecimiento de un constitucionalismo cosmopolita que pueda establecer las garantías necesarias para la protección de los derechos fundamentales de todos.

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Notas 1 Véase: Thomas Pogge, Reconocidos y violados por la ley internacional: Los derechos humanos de los pobres globales.

2 Thomas Pogge, Propuesta para un dividendo sobre recursos globales.

3 Ibíd., p. 4. La cursiva es mía 4 Ibíd., p. 5 5 Más adelante hablaré de la “modestia” de Pogge, pero quiero enfatizar en este punto que actualmente existen recursos naturales que son considerados patrimonio de la humanidad según la ONU: “Los recursos de la zona de alta mar y de las bandas de éter son patrimonio común de la humanidad, las actividades en la zona se realizan en beneficio de toda la humanidad, teniendo en cuenta de forma particular los intereses y necesidades de los Estados en vías de desarrollo” Véase Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar 1982, art. 136-140 6 Véase: Thomas Pogge, Propuesta para un dividendo sobre recursos globales, p. 14 7 Ibíd., p. 16 8 El artículo 28 también es bastante ilustrativo al respecto: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.” Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si el actual orden institucional global es el culpable de la pobreza, claramente está violando directamente los derechos humanos establecidos jurídicamente como principios del Derecho Internacional.

9 Las normas blandas o soft law se diferencian de las normas duras o hard law de acuerdo a su precisión, delegación y obligación. Para algunos autores los derechos humanos son soft law. Considero, por el contrario que son normas vinculantes y exigibles no sólo moralmente sino también jurídicamente en cuanto constituyen principios constitucionales –fundamentales– embrionarios del Derecho Internacional.

10 Considero que los derechos sociales, económicos y culturales son judicializables y exigibles en la misma medida que los tradicionales derechos de libertad, porque tanto los

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derechos de libertad como los derechos sociales incluyen expectativas positivas y negativas, es decir, expectativas de acción y de no lesión. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión requiere por parte de la esfera pública no sólo prohibiciones de interferencia, sino también obligaciones de proveer las instituciones y mecanismos para su ejercicio y tutela. De la misma manera, el derecho a la salud requiere por parte de la esfera pública obligaciones de no lesión y garantías del ejercicio del mismo. Siguiendo estos argumentos, considero que los derechos sociales no son simples prestaciones sociales por parte del Estado, sino derechos establecidos y exigibles como sostienen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y los distintos tratados de derechos humanos.

11 Un ejemplo puede ser la Constitución colombiana del 91, que en su Art. 93 sostiene: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en el estado de excepción prevalecen en el orden interno… Los derechos y deberes consagrados en esta carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” Constitución Política de Colombia de 1991. La Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto, en el sentido estricto y en el sentido lato. El sentido estricto corresponde a las normas de jerarquía constitucional. El sentido lato, a su vez, corresponde al conjunto de normas y principios, que sin estar explícitamente expresados en el texto constitucional, son utilizados como parámetro del control de constitucionalidad, es decir, que pueden generar la invalidación de normas que se sometan a control. Véase: Sentencia C-358 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia C038 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; Sentencia C-401 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

12 No pienso que haya dos formas de derechos humanos, morales y legales, como lo hace Pogge. Considero, por el contrario, que la distinción que hace Pogge sólo quita fuerza a la cultura que se está forjando de los derechos humanos, pues sólo en la medida en que las reivindicaciones morales se fortalezcan jurídica y políticamente pueden ser tenidas en cuenta. De este modo, pienso que aunque el carácter moral de los derechos humanos es importante, no sería nada sin un componente jurídico.

13 Thomas Pogge, Propuesta para un dividendo sobre recursos globales, p. 24

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El actual orden institucional mundial: una mirada crítica a la tesis de Thomas Pogge Por David Rico P. Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia davidarte88@hotmail.com

Para Thomas Pogge la pobreza creciente es un hecho que hay que remediar porque constituye la violación de un derecho humano. Por esto ve la necesidad de buscar una causa de esa pobreza, ya que le preocupa los altos niveles existentes en los países en desarrollo. Pues el gran déficit de derechos humanos que persiste actualmente en el mundo está concentrado en gran medida –según Pogge– entre los pobres globales.

A pesar de que la actual ley internacional reconoce ampliamente diversos derechos humanos, prometiendo a todos los hombres protección contra daños específicos que podrían ser infligidos por actores locales o extranjeros, esta misma ley internacional establece y mantiene estructuras institucionales a nivel mundial que contribuyen a la violación de los derechos humanos. De este modo, Pogge logra ver que las actuales estructuras institucionales mundiales producen y reproducen la pobreza a lo

Según Thomas Pogge, la pobreza existente está fuertemente vinculada al actual orden institucional mundial, en donde los países más ricos en virtud de su potencial económico y su capacidad para negociar, imponen a los países más débiles y pobres políticas y reglas que les perjudican directamente.

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largo y ancho del mundo, dejando a millones de personas por debajo de la línea de pobreza, esto es, en la miseria. Así pues, una vez conocida la causa de las condiciones actuales (el orden institucional mundial), Pogge intenta de algún modo buscar una solución a su consecuencia, la pobreza.

Las condiciones de pobreza son las causantes de un tercio de las muertes humanas en el mundo. Estas muertes podrían prevenirse fácilmente, pero los derechos sociales y económicos con los deberes positivos que conllevan, han sido rechazados por las potencias mundiales. Según Thomas Pogge, la pobreza existente está fuertemente vinculada al actual orden institucional mundial, en donde los países más ricos en virtud de su potencial económico y su capacidad para negociar, imponen a los países más débiles y pobres políticas y reglas que les perjudican directamente. De aquí se deriva que este orden actual es injusto en la medida en que hay unas instituciones globales compartidas cuyas reglas son modeladas por los más ricos e impuestas sobre los más pobres. Y lo que es más, estas instituciones son responsables de la reproducción de la pobreza, pues hay alternativas realizables de organización mundial que podrían reducir en gran parte la situación actual de miseria y desigualdad1. Así pues, en la medida en que estas alternativas no son tomadas en cuenta, el actual orden institucional mundial es injusto y constituye la violación de un deber negativo.

Según Pogge, si el actual orden económico y político global es injusto y esta injusticia se puede remediar a partir de unos cambios ligeros no sustanciales en la estructura de las instituciones mundiales, entonces tales cambios constituyen un deber moral, pues hay “razones morales” que legitiman tal reforma. Así, la responsabilidad moral en relación con la pobreza severa en el exterior “no solamente implica deberes positivos de asistir, sino también unos más estrictos deberes negativos de no dañar.”2 De este modo, el deber moral de reformar las instituciones mundiales se deriva del peso especial que tiene la violación de un deber negativo.

Pogge aboga de este modo por una política redistributiva en donde además se dé cabida a un cambio no sustancial del actual orden mundial de modo que se aligere el peso de los países que cargan con las consecuencias desastrosas que arrojan las instituciones globales del mundo contemporáneo. Pogge percibe, entonces, la necesidad de establecer un criterio público de justicia social no sólo en el plano do-

méstico al modo de Rawls, sino también en el plano global. De este modo, la pobreza en las tesis de Pogge no sólo representa, como en la postura rawlsiana, un obstáculo que hace que los pueblos no puedan organizarse en sociedades liberales o decentes, sino que ésta (la pobreza) es una preocupación que va más allá del plano de la organización política de cada sociedad y se instaura en el plano del bienestar social mundial, con el fin de buscar una solución a un problema que afecta al individuo del mundo en general y no al individuo de una sociedad en particular.

Ahora bien, la búsqueda de tal solución, hace necesaria la participación de algunas sociedades en particular, a saber, las más ricas, pues éstas, con sus políticas de intercambio, están empobreciendo a las sociedades del mundo en desarrollo en general, aportando así con su accionar a la violación de un derecho humano. Violación que podría ser evitada por medio de reformas y modificaciones menores en el orden global, que implicarían solamente una reducción mínima en los ingresos de los países más afluentes. Por lo tanto, esta violación de derechos se deriva como ya lo dije arriba, del hecho de que hay una violación de un deber negativo, pues es evidente que “hay una considerable interacción económica internacional regulada por un elaborado sistema de tratados y convenciones sobre comercio, inversiones, préstamos, etc,”3 de donde salen beneficiados sólo los más capaces y solventes. De aquí se deriva que hay una responsabilidad moral por parte de los países más afluentes en la creación de las situaciones de pobreza y miseria que afligen al mundo.

De esta manera, al afirmarse que hay una causa externa que reproduce la pobreza en el interior de una sociedad; al descubrirse la relación que se establece entre la pobreza y los países ricos, al estar aquélla vinculada al accionar de estos; y en fin, con el reconocimiento que se hace de la responsabilidad que tienen los países más afluentes en la creación de la pobreza, Pogge da un paso adelante con respecto a Rawls, quien sostiene que las condiciones de pobreza son producto de particularidades “religiosas, filosóficas y morales” que soportan la estructura básica de las instituciones políticas y sociales domésticas de una determinada nación.

Con la tesis rawlsiana de la pobreza puramente doméstica, la justicia se interpreta como el acto de dar a cada cual lo suyo. Pero lo “suyo” en esta clásica definición de justicia, quiere decir aquello que a cada uno pertenece por haberlo alcanzado con sus

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reconoce que la desigualdad y la exclusión son situaciones causadas por un orden mundial en el que salen beneficiados sólo los más ricos. De ahí que su imposición constituya una continua violación de los derechos humanos a necesidades básicas, siendo ésta una violación por la cual son responsables los gobiernos de los países más poderosos y las elites económicas y políticas de los países en desarrollo.

Ahora bien, una vez desarrolladas las tesis y propuestas planteadas por Pogge, se crea la necesidad de ahondar en ciertas posturas suyas con el fin de preguntar y cuestionar los parámetros que según Pogge son necesarios para una posible realización de su propuesta, y ver realmente hasta qué punto su teoría podría alguna vez ver la luz del mundo contemporáneo.

... en Pogge el término responsabilidad hace referencia sólo a un deber moral y no a una exigencia política o económica. La diferencia es evidente, el deber moral se asocia a la idea de la buena voluntad o la voluntad buena kantiana. La exigencia política o económica se asocia a la idea de la obligación. En ésta hay un compromiso mayor, en aquélla sólo un compromiso posible. esfuerzos y con los frutos de su propio trabajo. De lo cual se desprende que lo que alcance cada uno, sea más o sea menos que lo que alcance el otro, será producto del modo como éste realiza su esfuerzo y su trabajo. De aquí se concluye que si alguien no logra poseer nada o mucho, debe ser porque no se esforzó ni trabajó lo suficiente. Y si lo hizo, lo hizo con métodos no muy adecuados. De esta forma, su pobreza y sus dificultades serán responsabilidad suya y de nadie más. Esta es la lógica que utiliza Rawls para justificar la pobreza que existe dentro de las sociedades menos favorecidas, desconociendo por entero las circunstancias externas que impiden que una sociedad esté “bien organizada” y viva en condiciones dignas. Por esta razón, Rawls pasa por alto el origen histórico de la desigualdad económica, así como otras circunstancias empíricas que impiden la existencia de una igualdad real de oportunidades. A través de lo cual, queda por fuera la responsabilidad de los países afluentes en la creación de la pobreza existente. Lo cual hace a su vez que la labor que estos países tienen de corregir las condiciones mundiales que producen la pobreza sea reducido por Rawls a un mero deber de asistencia.4 Por el contrario, en la medida en que ve una relación causal entre el actual orden mundial y la pobreza existente, a Pogge se le hace necesario, no sólo defender un deber positivo de asistencia, sino un deber negativo de no dañar. Un deber de no sacar beneficio del empobrecimiento de los otros. Pogge

Si bien su análisis de la pobreza en el plano mundial constituye un paso hacia adelante con respecto a los liberales nacionalistas, al asociarla causalmente con el orden institucional global, hay sin embargo algunos puntos de la postura de Pogge, que por su condición de liberal, le impiden ir más allá en orden a hacer que su propuesta sea algo más exigente y se pueda hacer efectiva.

Pogge ve la pobreza actual global como un reto para cualquier persona con sensibilidad moral. Señala además que la reforma de este mismo orden es un deber moral y que existen razones morales para realizar tal reforma. Pogge invoca con regularidad a la moral y parte siempre de este campo en orden a exigir algún cambio valorable en el sistema económico y político mundial. Toda esta exigencia de reforma tiene como base la responsabilidad de aquellos que modelan las leyes de mercado en su favor y en perjuicio de los más pobres.

La responsabilidad de los países ricos surge cuando conocemos la razón por la cual se ha acumulado su riqueza y su enorme ventaja económica. Aquí la responsabilidad es tomada como un cargo o deber moral por parte de los actores afluentes causantes de esa situación de pobreza. Como se ve, en Pogge el término responsabilidad hace referencia sólo a un deber moral y no a una exigencia política o económica. La diferencia es evidente, el deber moral se asocia a la idea de la buena voluntad o la voluntad buena kantiana. La exigencia política o económica se asocia a la idea de la obligación. En ésta hay un compromiso mayor, en aquélla sólo un compromiso posible. ¿Por qué los gobiernos ricos y las corporaciones fuertes o solventes tienen una responsabilidad fuerte

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desde una perspectiva moral? La respuesta es que ni en el plano doméstico ni internacional hay una institución encargada de diseñar una ley que prohíba o castigue la violación de un deber negativo. Por esto la reforma al orden global no es una obligación normativa o un deber político, sino tan sólo un deber moral. Sin embargo, no debemos desconocer que una posible reforma al orden mundial actual entrañaría repercusiones políticas, esto es claro. Lo que tenemos que subrayar ahora es que la posibilidad de realizar tal reforma se aleja aún más cuando tal petición de reformar se hace a través de demandas morales.

Los efectos de la pobreza severa son desastrosos.

Casi 18 millones de personas mueren anualmente por causas relacionadas con la pobreza. Otros millones padecen de desnutrición y viven en condiciones muy precarias. Nos preguntamos cómo sería posible la reducción efectiva de estos problemas a su mínima expresión en un futuro próximo.

Pogge observa con optimismo que es más realista “alcanzar un progreso substancial en el frente de la pobreza a través de reformas institucionales que hagan del orden global algo menos oneroso para los pobres del mundo.”5 Pogge es conciente de que la suma total desembolsada anualmente por los individuos, corporaciones y gobiernos de los países ricos en la lucha contra la pobreza, no es suficiente, ya que es una cantidad muy pequeña comparada con los daños inflingidos sobre los pobres globales.

Además, considera que esperar, por medio de un cambio de opinión moral un aumento de 27 veces en los fondos a disposición con el fin de iniciar una ofensiva seria contra la pobreza no es una postura que sea muy realista.

mover una reforma no es tan factible sino más bien utópica, pues ésta reforma descansa después de todo, en la base de una espera no muy realista, es decir, en la base de un cambio de opinión moral de los agentes relevantes.

Claro está, Pogge lo que busca no es destruir o desmantelar el actual orden mundial, sino más bien realizarle algunas mejoras para alcanzar un funcionamiento más equitativo del mismo. Así pues, su propósito no es transformar sino mejorar, y su propuesta no es revolucionaria sino reformista. Reforma que Pogge propone realizar en forma vertical de arriba hacia abajo. De ahí que él no dé otra alternativa a los pobres globales más que la de esperar con los brazos cruzados a que los países ricos y sus representantes tengan la buena voluntad de parar el proceso que reproduce la pobreza en un régimen institucional mundial que –según él– es injusto. Esta es la vieja ilusión de que la buena voluntad de las gentes en el poder es suficiente en ellas mismas para cambiar las condiciones existentes. Pogge no plantea alternativas realizables de organización o creación de nuevas relaciones entre los países pobres que hoy hacen parte de este orden y que por eso mismo se ven directamente afectados. Me refiero a un orden construido, no a partir de la utópica buena voluntad de los gobiernos más poderosos o corporaciones fuertes, sino a partir de la acción conjunta de países no muy favorecidos que creen alternativas más justas de comercio e intercambio como mecanismo de presión para exigir un nuevo sistema económico y político mundial más equitativo. Cosa de la que se aleja Pogge

Pero analicemos mejor la siguiente frase: “Es más realista alcanzar un progreso substancial en el frente de pobreza a través de reformas institucionales.”6 La pregunta que le haríamos a Pogge es cómo sería posible la realización de tales reformas. ¿No sería acaso a través de la postura no realista que él plantea, teniendo en cuenta que la necesidad de una reforma se deriva de un deber moral? En una palabra, la reforma al orden actual mundial, ¿no se haría a través de un cambio de opinión moral en los agentes relevantes? Pues al fin y al cabo, los derechos humanos sociales y económicos son descritos por Pogge como pretensiones morales frente a instituciones globales.7 Pogge mismo cae en un absurdo al aceptar implícitamente que la posibilidad más realista de pro—69—

Pogge lo que busca no es destruir o desmantelar el actual orden mundial, sino más bien realizarle algunas mejoras para alcanzar un funcionamiento más equitativo del mismo.

Así pues, su propósito no es transformar sino mejorar, y su propuesta no es revolucionaria sino reformista.

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porque defiende la buena voluntad, la buena fe, en resolución, la concesión por parte de los que están arriba. No defiende por el contrario la exigencia o la reivindicación por parte de los que están abajo porque ignora, ya sea voluntaria o involuntariamente a causa de su optimismo, que la desigualdad es una situación que beneficia a los más ricos, y que constituye además un interés concreto y eminentemente racional que difícilmente abandonarán. Pogge, para mal de un cambio real, deja el papel de reformar las instituciones mundiales en manos de quienes menos interesados están en modificar el status quo. Pogge, de ninguna manera se da la oportunidad de desarrollar y aplicar su tesis de un modo concreto, práctico y verdaderamente crítico.

Lo que se necesita ahora es un cambio urgente y un movimiento consciente promovido desde abajo que exija una reforma a un sistema mundial que causa millones de muertes cada año. Un movimiento que exija una reforma a aquellos que tienen el poder de hacerlo y que son responsables de esta situación. Responsabilidad que los convierte en blanco para demandar de ellos una solución a los problemas creados.

Ahora bien, lo que debemos mirar en este momento es hasta qué punto la responsabilidad directa es un argumento para demandar soluciones, y hasta qué punto la responsabilidad puede presionar para un cambio urgente en las condiciones mundiales que reproducen la pobreza.

Aquí, se hará necesario precisar lo que implica el término responsable. Para empezar, responsable es quien está relacionado concientemente de algún modo con la producción de una situación concreta.8 En la responsabilidad se dan diversos matices y grados, ya que no es lo mismo ser responsable desde un plano moral que desde un plano legal. En este último, ya no se es responsable sino culpable de un delito y a quien es responsable de este modo se le castiga por haber realizado una acción que es contraria al derecho.

Dice Kant que una trasgresión no intencionada que, sin embargo, puede imputarse, se llama simple culpa. Pero que una intencionada (es decir, la que está ligada a la conciencia de ser una trasgresión) se llama delito.9 Aquí se parte del supuesto de que para que una acción sea delito debe haber una ley que la castigue. Ahora bien, para la situación que estamos observando, a saber, la responsabilidad de los países afluentes en la imposición de un sistema injusto que

Lo que se necesita ahora es un cambio urgente y un movimiento consciente promovido desde abajo que exija una reforma a un sistema mundial que causa millones de muertes cada año. Un movimiento que exija una reforma a aquellos que tienen el poder de hacerlo y que son responsables de esta situación. reproduce la pobreza y produce millones de muertes anuales, la frase kantiana no funciona. Pues en el orden mundial internacional, la trasgresión que se hace a los pretendidos derechos humanos económicos y sociales no puede ser imputada por la ley, cuando más por la moral, y por tanto, no va más allá de ser una simple responsabilidad ética.

Ahora, a pesar de que sepamos que esta trasgresión es intencionada (por cuanto constituye la violación de un deber negativo que arroja un resultado concreto que beneficia a los más ricos, y, por tanto, está ligada a la conciencia de ser una trasgresión), no podemos decir que se establezca con ello un delito. Pues no hay leyes externas que prohíban o castiguen la violación de un deber negativo. A razón de esto no podemos hablar del orden actual mundial como culpable de un delito por la violación de un derecho humano, sino como violador de un deber negativo que tiene en su responsabilidad una mayor carga moral. Aquí opera la lógica de que lo que ley no castiga la moral lo reprocha.

Para precisar más, quiero valerme ahora de un ejemplo que Pogge introduce10 en un texto suyo, a saber, el de la niña herida que perderá su pierna si no es trasladada urgentemente al hospital. Este mismo ejemplo, quiero modificarlo un poco y decir que hay una niña herida, atropellada por un automóvil a punto de morir a la orilla de la carretera. Si suponemos que pasa un transeúnte y no la socorre, éste será blanco de acusaciones morales. Pero si el que no la socorre es el conductor que hirió a la niña, habrá

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sin duda una responsabilidad mayor, o en palabras de Pogge, habrá “una mayor carga moral”.11 Lo que Pogge no ve aquí es que el transeúnte que ignora la situación, no podrá ser más que reprochado por insensible o por falta de misericordia. El segundo, causante de la situación, ya no será insensible ni inmisericorde, sino un criminal o un homicida en caso de que la niña muera, y será reprochado no desde la moral sino desde la ley, y será juzgado no por la moral, sino por la ley. Entonces ¿por qué habla Pogge de una responsabilidad moral de los agentes afluentes? Responsabilidad moral la tiene el primer hombre del ejemplo que sigue insensible su camino. ¿La tendrá el segundo?

En la situación que describe Pogge, a saber, relación causal entre orden global y pobreza mundial, ¿habrá una responsabilidad moral y no más bien una responsabilidad económica, política e incluso legal? ¿Cómo llamaríamos a aquél que pudiendo evitar un mal no lo evita, siendo además el culpable de la existencia de ese mismo mal? ¿Cómo llamaríamos a un orden institucional mundial que provoca la muerte, la desnutrición y otros muchos males a millones de personas en el mundo anualmente teniendo la posibilidad de evitarlo? ¿Lo llamaríamos un orden mundial injusto como lo llama Pogge, y no más bien un orden mundial criminal?

Para terminar, será preciso aclarar que cuando hablamos de razones morales o de un deber moral de reformar, parece invocarse con ello el deber de asistencia rawlsiano y se incita a pensar que los países ricos por el hecho de ser ricos deben ayudar a los países pobres, y en este caso su decisión será de qué tan liberales y dadivosos sean estos países. Pero no es así cuando conocemos la razón por la cual se ha acumulado su riqueza y su enorme ventaja económica y logramos ver que estos países son ricos en virtud de la violación de un deber negativo, y que por tanto la necesidad de construir instituciones más justas viene dada no por un deber, sino por una exigencia, no por la buena voluntad, sino por una obligación derivada de un derecho que le ha sido violado a los menos favorecidos del actual orden institucional mundial: los pobres globales.

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Notas 1 El DRG –Dividendo sobre Recursos Globales– es planteado por Pogge como una alternativa realizable en orden a la distribución equitativa de los recursos.

2 Pogge Thomas. Asistiendo a los pobres globales. p. 9 3 Ibíd., p. 6 4 “Rawls mantiene que nuestra responsabilidad moral en relación con la pobreza severa en el exterior puede ser descrita en su totalidad como un deber de asistencia”. Pogge Thomas, Reconocidos y violados por la ley internacional: los derechos humanos de los pobres globales. Traducción de Andrea León Montero. p. 9 5 Ibíd., p. 41 6 Ibid. p. 41.

7 Pogge Thomas, La importancia Internacional de los Derechos Humanos. p. 29 8 Si un individuo actúa de manera consciente, y conoce las consecuencias y el significado moral de la acción en cuestión, y (2) actúa voluntariamente, es decir, tiene la opción de actuar de manera diferente, (3) entonces, el individuo es responsable por sus acciones. [(1) & (2) son condiciones de (3)]. Gosepath Stephan, Responsabilidad por la eliminación de daños morales. p. 3 9 Kant Immanuel, La metafísica de las costumbres. Tauros.

Madrid. 1989. p. 30.

10 Pogge Thomas. Asistiendo a los pobres globales. p. 28 11 Ibid. Pág. 28

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Pogge como lector de Rawls

Por Wilmar Martínez*

I En la enumeración que Ralws realiza de los ocho principios de justicia que deberían regir en el ámbito internacional a los pueblos liberales y a los denominados por él bien ordenados, es el último de estos –“los pueblos tienen un deber de asistir a otros pueblos que viven bajo condiciones desfavorables, las cuales les impiden que tengan un régimen político y social justo y decente”1 – el que en mayor grado llama la atención de Thomas Pogge, en lo concerniente al tema de la justicia social, en la medida en que dicho principio –por lo menos así parece–, más que encajar de manera estructural con los demás, sería un intento de Rawls por solventar en algo las previsibles consecuencias de un sistema de intercambio económico que se encuentra modelado según las exigencias de las sociedades más poderosas: esta incorporación, dice Pogge, pretende

Creo que la gran virtud de la crítica de Pogge a Rawls es que desvirtúa la idea presente en toda la tradición libertariana de que las causas de la pobreza son puramente domésticas; y como consecuencia de esto, llega a mostrar el nivel tan alto de responsabilidad que tienen los países ricos para con la solución de la misma. Esto lo hace Pogge en tres momentos que quiero pasar rápidamente.

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mostrar que la propuesta de Rawls puede dar una explicación plausible de la justicia global, aunque menos igualitaria que la que sus críticos cosmopolitas han estado demandando”.

El interés que busca la enunciación de tal principio es pues, que cada pueblo pueda acceder a las condiciones de independencia e igualdad necesarias para poder, en esta medida, interactuar con las demás sociedades elevadas sobre estas mismas bases; razón por la cual una solución estructural de la pobreza, en los pueblos que se acogen al principio de asistencia, queda por fuera de los objetivos de éste.

Para Pogge, si bien el principio de asistencia de Rawls se encaminaría a disminuir en algo la brecha de desigualdad que separa los naciones partícipes de la comunidad de pueblos, sus alcances serían extremadamente limitados, en tanto el único y principal objetivo del mismo sería proporcionar las condiciones para que aquellos pueblos que encuentran en la pobreza una limitante para acceder al modelo de las sociedades justas, puedan superar tal condición y unirse a éstas : la pobreza no debe impedir que ningún pueblo pueda organizarse a sí mismo como una sociedad liberal o decente.

El interés que busca la enunciación de tal principio es pues, que cada pueblo pueda acceder a las condiciones de independencia e igualdad necesarias para poder, en esta medida, interactuar con las demás sociedades elevadas sobre estas mismas bases; razón por la cual una solución estructural de la pobreza, en los pueblos que se acogen al principio de asistencia, queda por fuera de los objetivos de éste. El principio de asistencia se agota cuando el pueblo al cual acoge alcanza el mínimo de requerimientos para integrar el conjunto de las sociedades libres o decentes: “la finalidad de la asistencia es ayudar a las sociedades lastradas a fin de que sean capaces de convertirse en miembros de la sociedad de pueblos bien ordenados. Esto define la meta de la asistencia. Después de que ésta se haya alcanzado, no se requiere una asistencia que vaya más allá, aun cuando la nueva sociedad bien ordenada sea todavía pobre. De este modo, las sociedades bien ordenadas que den asistencia no deben actuar de modo paternalista, sino en una medida mesurada que no entre en conflicto con el fin último de la asistencia: libertad e igualdad para las sociedades anteriormente lastradas.”2 Así las cosas, desde la perspectiva de la justicia global de Rawls, la pobreza y la desigualdad dentro de los pueblos son una cuestión puramente indiferente y por tal los estados más desarrollados no tienen ningún deber moral para subsanar dichas condiciones; su participación, en la solución de éstas, se desempeña en términos voluntaristas o caritativos como donaciones o asistencias humanitarias.

Ahora bien, de todo esto surgen dos cuestiones:

1- ¿En razón de qué se puede justificar el principio de asistencia ralwsiano, si bien puede ser un elemento igualmente indiferente a los ojos de los países desarrollados?

2- ¿Por qué tal justificación, si existe, no puede acoger el problema de la pobreza dentro de los pueblos?

Al inicio del texto se dio lo que pareciera ser la razón que trataba de justificar este deber de asistencia –las consecuencias del sistema de intercambio– desde la perspectiva de Rawls. Pero, hablando estrictamente, dicho principio se basa en lo fundamental en la idea de cuño kantiano de la creación de una confederación de naciones, donde poder instituir, por fin, la anhelada paz perpetua. Así, este principio al basarse en tal proyecto ilustrado, puede pasar de largo ante las condiciones de precariedad en los pueblos.

La responsabilidad para con la pobreza no es asunto que le interese, en tanto la idea de una causalidad de la misma no aparece, en lo absoluto, en los planteamientos de Rawls: “nuestro objetivo –dice Rawls– es extender la ley de los pueblos a las sociedades decentes y mostrar que éstas aceptan la misma ley de los pueblos de las sociedades liberales”3.

II Para Rawls, la pobreza de los pueblos es una consecuencia de su propia estructuración, políticas,

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creencias, cultura, entre otros; de ahí que los demás países no tienen ninguna obligación para ayudar a solucionar la misma, en la medida en que no pueden ser responsables por los errores de otro: “las causas y las formas de la riqueza de un pueblo radican en la cultura política y las tradiciones religiosas, filosóficas y morales que sustentan la estructura básica de sus instituciones políticas y sociales”.

Esta es la hipótesis doméstica de la producción de la pobreza, que busca, como bien muestra Pogge, liberar del deber que tienen los ciudadanos de los países desarrollados para con la miseria y desigualdad que padece actualmente, cerca del 85% de la población mundial.

Pero ¿lo logra?

Esta es la hipótesis doméstica de la producción de la pobreza, que busca, como bien muestra Pogge4, liberar del deber que tienen los ciudadanos de los países desarrollados para con la miseria y desigualdad que padece actualmente, cerca del 85% de la población mundial. Pero ¿lo logra?

Creo que la gran virtud de la crítica de Pogge a Rawls es que desvirtúa la idea presente en toda la tradición libertariana de que las causas de la pobreza son puramente domésticas; y como consecuencia de esto, llega a mostrar el nivel tan alto de responsabilidad que tienen los países ricos para con la solución de la misma. Esto lo hace Pogge en tres momentos que quiero pasar rápidamente5: 1- En una primera instancia recurre a la historia para recalcar que los pueblos existentes han llegando a sus niveles actuales de desarrollo social, económico y cultural a través de un proceso histórico marcado por la esclavitud, el colonialismo e incluso el genocidio.

2- En segunda instancia, muestra cómo los países desarrollados han aprovechado la endeble estabilidad política de las naciones atrasadas- manifiesta en fenómenos tan graves como la corrupción o las dictaduras- para, por medio de instituciones de negociación internacional como el privilegio de disposición de recursos y el de acceder a empréstitos con los organismos internacionales a nombre de la nación, generar, de un lado, un inmenso grado de beneficios para ellos; y, de otro lado, más miseria en los países víctimas de tales instituciones.

3- Por último, Pogge pone de manifiesto la inequidad presente en los actuales tratados de intercambio comercial entre naciones, donde los países desarrollados, además de disponer de bastos recursos tecnológicos y de información, someten a sus pequeños socios a estatutos que son altamente proteccionistas de sus gremios y descaradamente laxos en lo que concierne a las garantías de los gremios de los chicos. Lo cual

degenera, por supuesto, en un acrecentamiento aún mayor de la pobreza.

De este modo, entonces, Pogge muestra la responsabilidad de las naciones ricas en la producción de la pobreza de los pueblos subdesarrollados y, con base en esto, argumenta el deber moral que tienen los ciudadanos de tales naciones para propiciar los mecanismos que hagan posible una solución estructural de la pobreza: el principio de asistencia rawlsiano debe extenderse, en su aplicación, a la solución de la pobreza; pero por otra razón: la responsabilidad.

III Pogge, gracias a esto, puede pasar ahora a elaborar la crítica de lo que él denomina la asimetría en las teorías de la justicia de Rawls6.

Es por todos bien conocido el argumento que utiliza Rawls en su célebre libro Teoría de la Justicia para la estructuración de lo que él denomina es una sociedad justa: el proceso de deliberación por parte de los representantes de los individuos, en la posición original, produce como normas básicas de dicha sociedad los dos principios de justicia; el principio de igualdad y el de desigualdad. Principios que guardan en sí un alto grado de preocupación por las condiciones mínimas de bienestar de los individuos. Aspecto que constituye uno de los elementos más atrayentes del liberalismo rawlsiano. Sin embargo, aspecto que desaparece cuando

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el experimento mental de estructurar una sociedad, en este caso la de los pueblos decentes, se traslada al ámbito internacional: Pogge se refiere a esto como una ruptura entre las dos teorías de justicia de Rawls, pues mientras que en la primera la característica de la seguridad de los bienes básicos es esencial, en la segunda simplemente no aparece.

Las razones para esta discontinuidad entre ambos planos las encuentra Pogge en la forma misma como se estructura la sociedad de pueblos, desde la ficción operativa del estado inicial rawlsiano, y las expone de la siguiente manera: 1- En el plano doméstico, aquellos que entablan el proceso deliberativo para convenir las condiciones de justicia son los individuos; por tal, aquí rige el individualismo normativo: el individualismo normativo es aquella concepción que respecto al establecimiento de principios morales, postula que solo deben valer los intereses de los seres humanos individuales. Esto es, aquí las necesidades individuales se hayan establecidas como primer parámetro de justicia; pero, en el plano internacional, ocurre algo totalmente distinto, en vista de que los sujetos de la deliberación no representan a los individuos, sino los pueblos, y en ésta medida, los intereses buscados cambian, ya que como Rawls lo expone, “los intereses de los individuos no deben contar en absoluto parar la selección y la justificación del particular conjunto de normas que gobiernan las conductas de los pueblos. Lo único que cuenta es el interés de cada pueblo de preservar su igualdad e independencia”7.

Así, en el plano de la comunidad de pueblos, las necesidades básicas de la gente desaparecen; y desaparecen porque su solución se debe, según Rawls, a las políticas internas de cada estado, que son independientes –por la menos así lo piensa Rawls– de las condiciones externas, es decir, son puramente domésticas, y en tanto domésticas, 2- Su solución no debe recaer, como ocurre al interior la sociedad justa, donde es la misma comunidad quien debe responder por las necesidades básicas de los individuos, en los demás pueblos, pues sería injusto que unos debieran pagar por las malas políticas –económicas, culturales, etc.– de los otros.

Así, es el elemento de la responsabilidad en la generación de la pobreza y desigualdades el que

parece ser el punto de ruptura entre ambas teorías de la justicia, en lo que concierne, por lo menos, al ámbito social. Responsabilidad que, sin embargo, como se vio, sí recae sobre los países desarrollados, en la medida en que estos han sido, en buena parte, los productores y los directamente más beneficiados de su existencia. Por lo cual, entonces, son ellos mismos los directos llamados a brindar soluciones estructurales a la misma.

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* Estudiante de la Maestría en Filosofía. Miembro del Grupo de Investigación de Filosofía Política y del Grupo de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

Notas 1 Rawls, J. The Law of Peoples, Cambridge, Mass., London : Harvard University.1999. pp.37 2 Ibidem. pp.111 3 Ibidem. pp.63 4 Pogge, T. La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos. Paidos, Barcelona. 2005 5 Ibidem.pp.

6 Pogge, T. La Incoherencia entre las Teorías de la Justicia de Rawls, en Revista Internacional de Filosofía Política. No. 23, Jul. 2004: pp. 28-48 7 Rawls, J. Opus Citatum, pp. 29

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El dividendo global de recursos, propuesta para erradicar la pobreza estructural

Por

Verónica Pasos Pérez Estudiante de Ciencias Políticas Universidad EAFIT lopxyz@hotmail.com

Resumen Este artículo ilustra cómo para Thomas Pogge la magnitud y la extensión de la pobreza mundial1 conducen a la necesidad de reformar el orden económico actual. Reforma que consistiría en la introducción de un impuesto global sobre el uso de los recursos naturales, el cual tendría como principales beneficiarios las áreas más pobres del mundo, garantizándoles así un usufructuo sobre el patrimonio común. Con el fin de que “todos los seres humanos puedan satisfacer sus propias necesidades básicas con dignidad” (Pogge, 2004, 250)

Abstract This article illustrates how for Thomas Pogge the magnitude and extension of world poverty lead to the necessity for reforming the present economic order.

The reformation would consist of the creation of a glo-

“Una renta básica universal, incondicionada, individual y en dinero rompería radicalmente la estructura injusta de la sociedad colombiana.”

(Giraldo).

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bal tax on the use of natural resources, which would have as main beneficiaries, the poorest areas of the world, and thus guaranteeing them profits over the common patrimony. In order to make sure that: “all human beings can satisfy their own basic necessities with dignity”2 (Pogge, 2004, 250)

De ahí que muchas de las medidas que se toman para combatir la pobreza por parte de los países ricos son débiles y gozan de un carácter discrecional, arrojando resultados poco eficaces y poco valiosos, puesto que ayudan a quienes desean ayudar, ya sea a aquellos con los que comparten un lazo de comunidad o cultura, o aquellos frente a los que tengan ciertos intereses políticos o económicos. Y no adquieren un compromiso serio frente al problema de la pobreza.

1. Introducción Pese al amplio conocimiento que se tiene sobre la pobreza global, son muy pocos los que consideran que los países más desarrollados tienen la obligación moral (obligación que se comprende como un cierto tipo de deber de connotación moral, pero no de moral positiva, sino en términos de un deber negativo de no reproducir la injusticia) de encabezar políticas redistributivas para el beneficio de los más pobres. Pogge argumenta que los países más ricos son más que potenciales entes caritativos (Pogge, 2004, 270), ya que tienen una responsabilidad negativa, es decir, una obligación moral de cesar su participación e imposición de un orden global que ayuda a aumentar los índices de pobreza.

Para lograr que se cumpla con dicha obligación, Pogge propone el dividendo sobre recursos globales, en adelante DRG, el cual comporta una estructura donde los gobiernos se comprometen a compartir un porcentaje sobre los recursos naturales que usen o vendan. Este porcentaje se denominaría dividendo y beneficiaría especialmente a los pobres del mundo que “poseen una porción inalienable de todos los recursos naturales no renovables” y sería un primer paso para la implementación de las políticas redistributivas (Pogge, 2004, 249) El DRG puede asimilarse con lo que autores como Van Parijs llaman la renta básica, “ingreso pagado por una comunidad política a todos sus miembros de manera individual, independientemente de sus medios y no a cambio de trabajo” (Parijs 2002,94), ya que éste es definido como un dividendo que se le da a los miembros de una comunidad por el hecho de considerarse accionistas de los recursos naturales de su país; cabe aclarar que aunque la meta es hacer a todos “propietarios” de los recursos naturales de un país se guarda cierta proporción ya que quienes poseen más cosas que lo que le corresponde a todos obtendrán ‘menos’ de los dividendos comunes, es decir 0 pesos.

La renta básica encuentra su justificación en la idea de la distribución del ingreso que permita garantizar

aspectos como la libertad real de las personas, el soporte material de la ciudadanía, derechos económicos, y el derecho que tienen todos los miembros de la sociedad a participar en el usufructo del patrimonio común, ya sea el caso del petróleo, del arriendo de bosques, minería, etc.

Este texto pretende: primero, señalar la relación que Pogge establece entre la pobreza global y los deberes negativos con el propósito de que se constituya en un problema que se tome en serio y no como un mero acto de beneficencia. Segundo, presentar la propuesta del DRG como un mecanismo político y económico de implementación de la renta básica, como una herramienta idónea y eficaz para combatir la pobreza global.

2. El deber negativo de los países más ricos para erradicar la pobreza Pogge es claro al diferenciar dos formas que se tienen para concebir la pobreza como desafío moral: la primera consiste en el incumplimiento de un deber positivo de ayudar a los demás en tanto A está mejor que B, por lo que A podría ayudar a B sin que esto significase un desmejoramiento en la calidad de vida de A. Sin embargo, para Pogge un deber positivo no es suficiente para crear conciencia de la necesidad de disminuir la pobreza mundial, aun cuando ésta consti-

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA El dividendo global de recursos, propuesta para erradicar la pobreza estructural

tuye una desigualdad radical (Pogge, 2004, 251), pues en el mejor de los casos al no ayudar a bajar los índices de pobreza se estaría violando un deber positivo de beneficencia, lo cual moralmente no implicaría más que un acto de egoísmo y en ningún caso se estaría violando un deber negativo de justicia ya que se podría argumentar que los países ricos no contribuyen directamente a la agudización de la pobreza en países en vías de desarrollo y que ésta es en gran parte producto de sus estructuras internas.

Es aquí precisamente donde radica la responsabilidad negativa de los países ricos al violar un deber negativo de justicia, porque se está reconociendo que estos países a través de sus esquemas institucionales contribuyen al empobrecimiento y muerte de miles de personas que se ven inmersas en un orden institucional global que contribuye a perpetuar su miseria.

De ahí que muchas de las medidas que se toman para combatir la pobreza por parte de los países ricos son débiles y gozan de un carácter discrecional, arrojando resultados poco eficaces y poco valiosos, puesto que ayudan a quienes desean ayudar, ya sea a aquellos con los que comparten un lazo de comunidad o cultura, o aquellos frente a los que tengan ciertos intereses políticos o económicos. Y no adquieren un compromiso serio frente al problema de la pobreza.

La desigualdad radical sólo adquiere su valor de responsabilidad negativa cuando Pogge introduce tres enfoques específicos: los efectos de instituciones sociales compartidas, la exclusión sin compensaciones del uso de los recursos naturales y los efectos de una violenta historia común. Haré referencia a los dos primeros al considerarlos el fundamento de la propuesta del DRG. El primer enfoque alude a que factores como las diferencias genéticas, o los desastres naturales que no pueden adecuadamente explicar el esparcimiento de la inequidad que indiscriminadamente prevalece a escala global. Afirma, además, que aquellos que están en la cima son los responsables por la pobreza ya que toman ventaja de su gran influencia política y económica al imponer un orden global en las instituciones internacionales que gobiernan los mercados, el comercio, los tratados, y las relaciones internacionales que tienen una incidencia directa sobre los países más pobres, por esta razón, son responsables por los efectos previsibles que sus acciones puedan tener.

Consecuentemente, señala que factores locales y especificidades de cada Estado como la desigual distribución de los recursos naturales, la corrupción o la existencia de gobiernos opresivos no pueden justificar la prevalecía de la pobreza. En cambio, sostiene que los países ricos se han encargado de utilizar su poder para configurar las reglas de la economía

mundial acorde con sus propios intereses, privando a gran parte de la población de una participación justa de la renta global, situación que se podría evitar con mecanismos como el DRG. Es aquí precisamente donde radica la responsabilidad negativa de los países ricos al violar un deber negativo de justicia, porque se está reconociendo que estos países a través de sus esquemas institucionales contribuyen al empobrecimiento y muerte de miles de personas que se ven inmersas en un orden institucional global que contribuye a perpetuar su miseria.

3. El DRG: mecanismo político y económico de implementación de la renta básica El segundo enfoque, expresa lo que sería la base de la propuesta del DGR: “quienes hacen un uso más abundante de los recursos del planeta deberían compensar a quienes, involuntariamente usan muy pocos.” (Pogge, 2004, 559) Pogge afirma que los países más ricos disfrutan de ventajas significativas en el uso de los recursos naturales, excluyendo a gran parte de la población pobre sin que obtengan beneficio alguno por la utilización de los recursos. Y aunque éstos pagan por

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su uso, dichos pagos no se distribuyen de manera tal que las utilidades recompensen a los pobres que no participan en esta actividad (muchas veces de forma involuntaria), pues al ser accionistas de los recursos naturales del país tienen derecho a recibir un dividendo por su explotación.

Este derecho se deriva de la condición de ciudadanos3 de cada uno de los integrantes de una comunidad, y encuentra su materialización en la idea de una renta básica gracias a la cual reciben unos ingresos periódicos, que aseguran la cobertura de sus necesidades materiales independientemente de cuál sea su situación dentro de la esfera productiva, es decir, sin importar si se es un gran empresario o un perezoso sin propiedad alguna, los dos en calidad de ciudadanos pueden disponer de una renta (guardando la proporcionalidad) que tiene como objetivo no sólo “mejorar la alimentación, la atención médica y las condiciones sanitarias de los pobres, sino también hacer posible que puedan hacerse cargo de, y defender por sí mismos de manera efectiva, sus intereses básicos.” (Pogge, 2004, 250). Una renta básica que les permita en última instancia, decidir sobre su vida, por cuáles caminos y con cuáles medios han de buscar unos ingresos por su actividad.

De esta manera, el DRG se constituye en un mecanismo para buscar la erradicación de la pobreza estructural. Pobreza que es sinónimo de una gran injusticia, frente a la cual muchos países ricos no asumen más que un débil deber positivo de ayudar sin tomar conciencia de que están contribuyendo a perpetuar la pobreza de muchas personas y que, por lo tanto, deberían asumir una responsabilidad negativa, teniendo presente que sostienen una: “vinculación causal y moral con la suerte de los pobres”. (Pogge, 2004, 266) Vinculación causal y moral que encuentra su justificación en el orden institucional que han venido imponiendo los países ricos, el cual reproduce la pobreza de una manera previsible y evitable; y se les priva a gran parte de los pobres de la posibilidad de participar en el usufrutuo del patrimonio público, el cual es disfrutado sólo por ciertas élites.

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Bibliografia GIRALDO, Jorge. 2007. La renta básica, herramienta para la justicia global POGGE, Thomas. 2004. Pobreza mundial y derechos humanos, Cambridge.

VAN PARIJS, Philippe. 2002. Hacia una concepción de justicia global. www.nodo50.org/redrentabasica

Notas 1 La parte más pobre de la población mundial, el 46%, sólo posee el 1.2% de la renta global. Un tercio de todas las muertes humanas están relacionadas con la pobreza. En el otro extremo, el 15% de la humanidad, perteneciente a las economías de rentas altas, posee el 80% de la renta global.

2 La traducción de la cita es responsabilidad de la autora de este artículo.

3 “Especialmente entre los que ven la renta básica como una política general contra la exclusión, necesitan concebir la participación en un sentido más amplio, que incluya a todos los residentes permanentes legales. El criterio operativo podría ser, para los no-ciudadanos, un tiempo mínimo de residencia, o podría estar asociado a las condiciones que actualmente definen la residencia con efectos impositivos”.

Pogge cabría dentro de este grupo. Van Parijs, Philippe.

Hacia una concepción de la justicia global. Fundación Confiar, 2002, Medellín. p.100

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¿Qué sabemos los profesionales sobre profesión?

Por Walter Cataño O. Egresado Medicina Veterinaria.

Universidad de Antioquia

Al recibir, recientemente, el título que me acredita como profesional de la Medicina Veterinaria, he sentido la necesidad de profundizar y compartir la poca información que he acumulado sobre el concepto de profesión. Debo confesar que durante los años de mi vida universitaria, sólo en la última actividad académica formal que recibí, el diplomado en ‘profesión y sociedad’, fui estimulado a la reflexión crítica sobre profesión y profesional.

Esto es lamentable pues, como veremos a lo largo de este ensayo, las competencias técnico-científicas son sólo unas entre las múltiples capacidades que definen una personalidad profesional. Es igualmente importante el pensamiento crítico y autocrítico que se logran con la formación socio-humanística a la que generalmente dejamos de lado.

“… saber tomar decisiones es hoy, por lo menos tan apreciado como el saber técnico de resolución de problemas; en la práctica profesional no pueden separarse el uno del otro” (Altarejos F, 2003)

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La palabra profesión se relaciona con vocación; y esto me recuerda la situación de los jóvenes que terminan su bachillerato y se enfrentan a la disyuntiva de ‘qué carrera voy a estudiar’; realmente no se preguntan ‘qué profesión estoy en capacidad de profesar’.

Con esto quiero señalar la confusión en que podemos caer como producto del uso vulgar del lenguaje. Será entonces necesario discutir, brevemente, los conceptos de vocación, carrera y profesión.

Vocación es definida por Orlando Martínez como “…un deseo entrañable hacia lo que uno quiere convertirse en un futuro, a lo que uno quiere hacer por el resto de su vida, es algo que va enlazado y determinado por los conocimientos generales.”

En cuanto a la palabra carrera, esta parece ser más un comodín que sirve para cualquier ocasión.

En todo caso, la palabra carrera se asocia con hacer algo en el menor tiempo posible o en superar obstáculos para llegar a una meta. A ratos parece que esta acepción de la palabra tuviera gran influencia en los estudios universitarios.

Como puede verse, esta definición se refiere más al conjunto de cursos, al pensum, a la suma de requisitos; con lo cual caemos de nuevo en la idea de carrera de obstáculos, más dirigida a la meta; esto es, al título, que a la observación y disfrute del camino, o sea a una verdadera formación.

El concepto de profesión, que es el eje central de este ensayo, tiene múltiples acepciones y condiciones que vamos a tratar más adelante; pero para efectos de esta introducción tomaremos una de las definiciones que ofrece el autor citado en el epígrafe: “…en términos generales se ha definido la profesión como una ocupación que monopoliza una serie de actividades privadas sobre la base de un gran acervo de conocimiento abstracto, que permite a quien lo desempeña una considerable libertad de acción y que tiene importantes consecuencias sociales”.

El hecho de que un estudiante inicie sus estudios universitarios sin esta claridad sería justificable; pero que termine con un flamante diploma que adorna su alcoba sin saber qué es ser profesional, es un descuido del sistema educativo y una clara demostración de la primacía de la formación técnica y de la falta de énfasis social y humanístico.

Definiciones y condiciones de profesión El término profesión tiene su origen en lo religioso.

Se nombraba profesional a aquella persona que asumía

Tal vez si llegáramos a preguntar en un establecimiento de formación profesional sobre las normas éticas de cada profesión nos veríamos enfrentados a descubrir que se ofrecen pocos conocimientos al respecto.

Esto debido a que centramos la educación profesional en formas de ganar dinero y dejamos de lado el proceso de formación ética que se debe asumir para poder señalarse a sí mismo como un profesional. el cargo de portador y proclamador de las enseñanzas de Dios; esta persona tenía el honor de ser llamado profesional ya que creía y hacía pública esta creencia (Gómez y Tenti 1989, citados por J. Fernández, 2001).

Además portaban una misión impuesta por Dios; lo que implicaba no sólo un trabajo sino una forma de pensar y actuar acorde con su religión.

Lutero cambia el contexto de misión con Dios y amplia la definición de profesión hasta convertirla en “proyección y trabajo”; pero este reformador continuó adherido a lo religioso ya que piensa en la profesión como un llamado al trabajo perfecto (Altarejos F, 2003).

Jorge Fernández, ya citado, dice que “Carr Saunders y Wilson (1933) señalaba que una ocupación alcanzaba el estatus de profesión cuando un tipo de actividad no se ejerce más que mediante la adquisición de una formación controlada, la sumisión a reglas y normas de conducta entre los miembros, y los no miembros, y la adhesión de una ética del servicio social.”

Wilensky, 1964 (citado por J. Fernández, 2001 ) establece “…que una actividad pasa a ser considerada profesión cuando supera las cinco etapas del proceso de profesionalización, en donde el trabajo se convierte en una ocupación de tiempo integral como consecuencia de la necesidad social del surgimiento y ampliación del mercado de trabajo; se crean escuelas para el adiestramiento y formación de nuevos profesionales; se constituye la asociación profesional en donde

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿Qué sabemos los profesionales sobre profesión?

se definen los perfiles profesionales; se reglamenta la profesión asegurando así el monopolio de competencia del saber y de la práctica profesional; y se adopta un código de ética con la intención de preservar así a los genuinos profesionales”.

Otra perspectiva de profesión la tiene Millerson, 1964, (citado por J. Fernández, 2001): quien “…definió que toda profesión debe cumplir algunas características que permitan medir el grado de profesionalización de las diferentes ocupaciones, ya que los profesionistas deberían tener un sueldo elevado, un estatus social alto y autonomía en su trabajo”.

C. W. Gichure, 1995, (citado por F. Altarejos, 2003) presenta cuatro criterios que pueden resumir las exigencias para formar parte de la lista de profesiones: 1. Una base sistemática del saber o especialización 2. Fines claros y definidos 3. Componentes científicos del saber 4. Estandarización Además de estos cuatro criterios, Gichure resume y explica con ejemplos claros los requisitos que configuran el perfil de profesión. Estos criterios son, textualmente, los siguientes: a. Poseer conocimientos especializados de naturaleza intelectual y técnica. b. Tener estudios de un nivel superior garantizados por una titulación. c. Definir procedimientos de selectividad para la entrada a la profesión. d. Prestar servicios sociales útiles. e. Acordar un conjunto de reglamentos o normas para el autogobierno. f. Poseer alguna modalidad de inspección o auto vigilancia del quehacer profesional para el necesario control de su calidad técnica.

Además de lo anterior es necesaria la AUTONOMIA; esto lo resume W. Carr y S. Kemmis, 1988, como “derechos a formular juicios autónomos exentos de control extraprofesional”, junto con el “conocimiento fundado en un saber teórico” y la “subordinación del profesional al interés y bienestar del cliente” (citado por F. Altarejos, 2003).

Otra forma de valorar la profesión la presenta J. Sarramona, 1992. Este autor (citado por F. Altarejos, 2003) propone que las profesiones deben tener: a. Delimitación de un ámbito específico de acción.

Podríamos definir profesional a aquella persona que es portadora de una misión que imprime carácter y es consiente de las implicaciones sociales que esto conlleva; que tiene una formación sistemática y, ante todo, capacidad de aprender durante toda la vida; que pertenece a una comunidad controlada, con un código deontológico, con autonomía y con reconocimiento social y legal.

También hace parte de la definición de profesión la existencia de un gremio que asegure la autovigilancia y las condiciones de ingreso a la profesión y que además se preocupe por el estatus social y económico de sus integrantes. b. Preparación técnica científica para resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. c. Compromiso de actualización y perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades que le son propios. d. Unos ciertos derechos sociales como individuo y como colectivo profesional. e. Autonomía en la actuación. f. Compromiso deontológico con la práctica profesional.

J. Fernández, 2001, citando a Cleaves, 1985, recuerda que un profesional debe tener “…elevadas normas éticas”. Tal vez si llegáramos a preguntar en un establecimiento de formación profesional sobre las normas éticas de cada profesión nos veríamos enfrentados a descubrir que se ofrecen pocos conocimientos al respecto. Esto debido a que centramos la educación profesional en formas de ganar dinero y dejamos de lado el proceso de formación ética que se debe asumir para poder señalarse a sí mismo como un profesional.

Es cierto que para ser un profesional, hoy, se debe

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tener un conocimiento científico-técnico del oficio ya que la posesión de este conocimiento es la carta de presentación de un verdadero profesional. Pero parece que solamente importa memorizar información y algunas ideas de otras personas; como si profesional significara profesar el pensamiento de otros y no el pensamiento propio. No se tiene en cuenta que un requisito básico es la autonomía para la toma de dediciones propias.

La sociedad, al imponer el uso del lenguaje, también contribuye a fijar elementos que, por un lado confunden y por el otro enriquecen el significado de esta palabra. Así, se utiliza con gran frecuencia la palabra profesional para calificar a una persona que hace algo en forma continua y persistente, sin importar de qué tipo de trabajo se trata, ni el nivel de complejidad del mismo. Se olvida por completo que ser profesional no es sólo una forma de ganarse la vida sino una formación del hombre que satisface su intelecto y que busca ejercer, más que una ciencia, un arte que llena las necesidades no sólo de un cliente sino que satisface al actor. Recordemos que profesión viene del latín professio onis que significa acción o efecto de profesar (profesar lo que se cree, lo que se lleva por dentro) y no de la palabra trabajar (ocuparse en actividades físicas o intelectuales).

También, comúnmente, se califica a alguien o a un trabajo como ‘muy profesional’ cuando esta persona o el trabajo o servicio en mención, son confiables en cuanto a su eficacia, su pertinencia, su confiabilidad, en fin, su calidad. Parece pues que desde el mismo uso vulgar existe una exigencia de calidad.

Tantas definiciones parecen estar indicando que esta discusión es muy importante y que no existe un acuerdo definitivo. Sin embargo, me parece que más que contradicciones lo que se encuentran son complementariedades y unos ejes centrales que de una manera u otra son comunes. Podríamos definir profesional a aquella persona que es portadora de una misión que imprime carácter y es consciente de las implicaciones sociales que esto conlleva; que tiene una formación sistemática y, ante todo, capacidad de aprender durante toda la vida; que pertenece a una comunidad controlada, con un código deontológico, con autonomía y con reconocimiento social y legal. También hace parte de la definición de profesión la existencia de un gremio que asegure la autovigilancia y las condiciones de ingreso a la profesión y que además se preocupe por el estatus social y económico de sus integrantes.

Para terminar, invoco el pensamiento de Jorge Fernández Pérez, 2001, que nos resume a su manera la importancia y la urgencia de los temas que hemos tratado: “La historia señala que los primeros hombres formaban pequeños grupos ante la necesidad que tenían de organizarse para poder sobrevivir. Si consideramos que por organización gremial podemos entender la integración de un grupo de personas que se caracteriza por la necesidad permanente de comunicación e interrelación entre ellos, en el cual sus integrantes conocen el papel que debe desempeñar cada uno y la interdependencia de las diversas responsabilidades del grupo, puede entenderse por qué la asociación profesional ha constituido un elemento táctico dentro de las lucha que sostienen las profesiones para obtener mayor autonomía y reconocimiento social.”

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Agradecimientos: A la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia por darme la oportunidad de hacer el Diplomado en Profesión y Sociedad y al profesor J. Ossa por su estímulo y por la revisión repetida de este manuscrito.

Referencias 1-Altarejos F. La ambigua noción de profesión. En: Ética docente. La docencia como profesión asistencial. Altarejos F, Ibáñez-Martínez J, Jordan J, Jarever G. Eds. Editorial Ariel S.A. Barcelona, pp 20-50. 2003.

2-Martínez O. Ética profesional. http://www.monografias. com/trabajos15/fundamentos-profesionales/fundamentosprofesionales.shtml Fernández J. Elementos que consolidan al concepto profesión. Notas para su reflexión Revista electrónica de investigación educativa. Noviembre vol. 3, Universidad Autónoma de Baja California. 2001.

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El derecho a la información y a la libertad de prensa

Por José Jaramillo Alzate Profesor Jubilado Facultad de Comunicaciones.

Universidad de Antioquia

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social.

Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.

No habrá censura”.

(Artículo 20. Constitución Política de Colombia)

Esta es la designación común que se da a los actos legislativos que consignan, organizan y legalizan el funcionamiento de los medios de comunicación y los procesos que la fundamentan en el transito al receptor. Son concepciones que provienen desde el descubrimiento de la imprenta, primero y luego, cuatro siglos después, de la radio y la televisión, lo cual ha dado mas permanencia, presencia y dimensión de todos los medios de comunicación, dando lugar a la denominación de medios masivos o “mass media”. Es lo que da lugar a la expresión pluralista y al avance del conocimiento masivo sobre los hechos y circunstancias de ocurrencias diarias, sucesivas y de evolución cuya difusión se va registrando permanente e intensivamente a través de los sistemas informativos, sus modelos, estilos, temas y aplicaciones dentro de los avances tecnológicos. Es lo que hoy constituye un marco de desarrollo cultural en todas sus derivaciones, vinculadas

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a la organización social, como son la información, la motivación, la promoción, la recreación, la educación y el acceso a todas las áreas del conocimiento.

Cuando se nos pidió la colaboración para elaborar el proyecto de ley, que fue luego la 51 de 1975, estudiamos los antecedentes, siguiendo los principios del derecho a la información y a la libre expresión, en lo cual se conjuga la libertad de prensa.

En la consulta respectiva encontramos disposiciones similares en normas provenientes desde la independencia, con las siguientes referencias que señalan una cronología del origen y desarrollo de las normas que garantizan el derecho a la información y a la libertad de difundirla a través de los medios de comunicación, en todas sus modalidades.

-La Constitución de Cundinamarca, en 1811, en el capitulo sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano, consagra la libertad de imprenta como un derecho inviolable y enuncia la responsabilidad de los autores de escritos impresos.

-En la Constitución de Antioquia, 1812, se establece una amplia libertad de imprenta y se consigna, por primera vez, la sanción por los abusos, igual que prohíbe los escritos anónimos y exige el pie de imprenta.

-En la Constitución de Cartagena de Indias, 1812, se garantiza la libertad de imprenta y se reglamenta su ejercicio y responsabilidad, sancionando lo que va contra la tranquilidad o seguridad del Estado, la honra y la dignidad de los ciudadanos.

-En la Constitución del Estado de Mariquita, 1815, se consigna la libertad de imprenta y el derecho de critica a los actos del gobierno. Se puede escribir y reimprimir lo que se quiera, con excepción de escritos obscenos.

-En la nueva Constitución de Antioquia, 1815, se renueva la libertad de imprenta y se acoge lo establecido en las de Cartagena, Cundinamarca y Mariquita sobre responsabilidad de los autores, editores e impresores.

Además se agrega la prohibición de los escritos que perturben el orden público y la tranquilidad ciudadana.

-En el reglamento provisorio de Pamplona se cita la prensa al señalar la libertad de opinión y expresión por este medio, siempre que no se atente contra la tranquilidad pública, la moral cristiana, la propiedad y el honor de los ciudadanos. Igual se establece en la Constitución de Neiva, expedida este mismo año.

-La Constitución de Cúcuta, ya en la república, 1821, se dispone (articulo 156) que “todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus opiniones sin necesidad de revisión

Quedan pendientes las reformas que impone el proceso avanzado del conocimiento en la ciencia, la tecnología y el ordenamiento social, a los cuales no pueden sustraerse los derechos a la información ni la libertad de expresión a través de todos los medios. previa, pero los que abusen de esa facultad serán castigados conforme a las leyes”. Este principio se acoge en el decreto orgánico de 1828, que se convierte en ley constitucional hasta 1830.

-En 1832 se expide la Constitución del Estado de Nueva Granada, una vez disuelta la Gran Colombia, y en su capitulo X, artículos 198-199, se consagran las mismas disposiciones de la ley de imprenta.

-En 1843, cuando se proclama la Constitución Política de la Nueva Granada, se ratifican los mismos derechos de la libertad de prensa, creando jurados de intervención para establecer responsabilidades y las penas a que hubiere lugar, determinadas por la ley (titulo XII, artículo 163) -En 1853 la Nueva Constitución Política de la Nueva Granada, consigna la absoluta libertad de imprenta, sin limite alguno, pero con ajuste a las disposiciones legales (articulo 5º, capitulo Iº), igual que se había establecido en la ley 2100 de 1851.

-La Constitución Política para la Confederación Granadina, expedida en 1858, establece la liberad de imprenta sin responsabilidad alguna y elimina los delitos de imprenta. Es lo que algunos historiadores consideran la influencia neoliberal en la vida política nacional.

Es cuando se juzga que la prensa se constituye en un instrumento atizador de los conflictos políticos.

-En el Pacto de Unión, sellado en septiembre de 1861, cuando gana la guerra civil que antecedió, Tomas Cipriano de Mosquera, se conserva lo dispuesto anteriormente, en su articulo quinto.

-La Constitución de Rionegro, expedida en mayo de 1863, proclama en la sección II, articulo 6º: “ la

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libertad absoluta de imprenta y de la circulación de los impresos, así nacionales como extranjeros”. Y en el artículo 7º fija “la libertad de expresar sus pensamientos de palabra o por escrito, sin limitación alguna”.

El periodista profesional no estará obligado a dar a conocer sus fuentes de información ni a revelar el origen de sus noticias, sin perjuicio de las responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones

-La Constitución de 1886, señala en su articulo 42: “La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atenten contra la honra de las personas, el orden social y la tranquilidad pública”. Y agrega: “ninguna empresa editorial de periódico podrá, sin permiso del Gobierno, recibir subvención de otros gobiernos ni de compañías extranjeras”.

-En 1944 se presentó una nueva legislación sobre prensa, ley 29, en la cual se consagra la libertad de prensa en tiempos de paz, pero responsable con arreglo a las disposiciones de esta ley. Allí se clasifican derechos y deberes de los medios y se determinan las sanciones que corresponden a cada infracción de la ley.

- El desa debe llegar, fuera del rumor, de la improvisación y de lo supuesto, para lograr el objetivo y el efecto que se busca, sustraído a las especulaciones.

Saber lo que se dice, a quien se dice, como, cuando y donde, es el procedimiento fundamental en la estructura de la comunicación. Es lo que todos debemos aplicar en todo tipo de relación social y en su ordenamiento, de lo cual no puede excluirse la politica, como ciencia que es en el arte de gobernar. Es decir, intensificar la comunicación colectiva con la verdad, la razón y el conocimiento, acogiéndonos a la frase de Feuerbach, según la cual originariamente no es el derecho el que depende de la ley, sino la ley la que depende del derecho.

En 1983, durante la presidencia del doctor Belisario Betancur, se elaboró un proyecto de reforma, a solicitud de las agremiaciones periodísticas, con el fin de dar una mayor identificación en las actividades de periodistas, comunicadores y locutores, para garantizar su ejercicio profesional y expedir la respectiva tarjeta de identidad. Se creó un comité consultivo que señalo los puntos básicos para la reforma de lo consagrado en las normas anteriores. Y de acuerdo con sus recomendaciones se elaboró un anteproyecto de ley, en el cual se disponía fundamentalmente lo siguiente: Articulo 3º.- La tarjeta profesional de periodista, creada por la ley 51 de 1975, será el documento legal que acredite a su tenedor como periodista profesional.

Articulo 4º.- La tarjeta será otorgada a la persona que llene uno de los siguientes requisitos: poseer titulo en periodismo, a nivel de educación superior, con

estudios de duración mínima de cuatro años lectivos; poseer titulo en periodismo, obtenido en el exterior, reconocido o convalidado por el Gobierno Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Periodismo; la tarjeta profesional habilita a su titular para ejercer el periodismo en cualquier medio de comunicación, sin ningún otro requisito.

Articulo 11.- El periodista profesional no estará obligado a dar a conocer sus fuentes de información ni a revelar el origen de sus noticias, sin perjuicio de las responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones Articulo 13.- Crease el Consejo Nacional de Periodismo como organismo adscrito al Ministerio de Educación Nacional y para que colabore en lo concerniente a la aplicación de esta ley, a la ética periodística, a la garantía de las libertades de información, expresión y organización sindical, así como al establecimiento de medios que procuren al periodista seguridad y progreso en el desempeño de sus labores.

En el articulo 14 se indicaba la constitución e integración de este Consejo en la siguiente forma: El presidente o su delegado, con su respectivo suplente de la Asociación Colombiana de Periodistas.

El presidente o su delegado, con su respectivo suplente, del Círculo de Periodistas de Antioquia.

El presidente o su delegado, con su respectivo suplente, del Círculo de Periodistas de Bogotá.

El presidente o su delegado, con su respectivo suplente, del Circulo Colombiano de Reporteros Gráficos.

El presidente o su delegado, con su respectivo suplente, del Colegio Nacional de Periodistas.

El presidente o su delegado, con su respectivo suplente, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Prensa, Fedeprensa.

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El presidente o su delegado, con su respectivo suplente, de la Organización Periodistas Asociados de Manizales.

El presidente o su delegado, con su respectivo suplente, de la Organización Reporteros Sindicalizados de Antioquia.

En apoyo a la sustentación de esta reforma se citaron opiniones de varios pensadores que señalaban el poder manifiesto en la información y la comunicación., entre ellos el filosofo francés Juan François Revel, quien define la revolución de la información como una revolución intelectual, al establecer la relación con la democracia para garantizar derechos y libertades fundamentales. Y se cita igualmente el articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. También se determina que los medios de comunicación, en la sociedad moderna, cumplen una función eminentemente social, sin cuyo ejercicio adecuado no es posible el progreso de la comunidad. Con toda razón, para este ejercicio profesional de la comunicación, Juan Zuleta Ferrer respondía a un interrogante de Otto Morales Benítez, en los debates sobre el derecho a la información y la libertad de prensa, que “el verdadero periodista es el que puede expresar sus ideas con eficacia, con honestidad, con respeto para todos los que no las comparten y con una clara orientación de servicio a la comunidad.”

La vigencia de estos principios, con la cobertura global de los medios, queda institucionalizada en la Constitución de 1991, en el titulo Il, sobre los Derechos, Garantías y los Deberes, consignados en el artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”

Quedan pendientes las reformas que impone el proceso avanzado del conocimiento en la ciencia, la tecnología y el ordenamiento social, a los cuales no pueden sustraerse los derechos a la información ni la libertad de expresión a través de todos los medios.

El ocaso de la unipolaridad y el renacimiento de la globalización Por Eduardo Gudynas Investigador en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina).

Montevideo (Uruguay)

Los defensores de la actual globalización están cambiando sus argumentos. Ahora reconocen que los procesos globales actuales generan desigualdad pero achacan los efectos negativos al haber quedado bajo una única potencial mundial. Los mismos ideólogos que antes consideraban que Estados Unidos, era el motor de la mundialización, ahora sostienen que sería el culpable de un mundo unipolar que impide una globalización balanceada. Bajo esas ideas, la globalización actual en sí misma no tendría ninguna arista negativa, sino que simplemente ha sido desvirtuada por la ausencia de otras superpotencias globales.

Las evidencias sobre los impactos de la globalización son tan abrumadoras que parecería inevitable un profundo cambio en el manejo de los procesos globales. Pero apenas se admite que Estados Unidos “estropeó” la globalización, tal como sostiene

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Steven Weber, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de California. En un análisis que publicó recientemente en la revista Foreign Policy, junto a otros autores, señala que las “malas noticias para el siglo XXI es que la globalización tiene un lado oscuro significativo”.

Algunos países del sur son tentados a ingresar al club selecto de líderes globales en un mediano plazo. Especialmente se coquetea con Brasil, India, Sudáfrica y China. Pero más allá de esa presencia, de todas maneras persiste una globalización asimétrica, donde hay grandes potencias que deben “guiar”, “orientar” y “conducir” los procesos globales, y que las demás naciones deberán seguir y acatar. El multilateralismo estalla bajo esas ideas.

Weber considera que las ideas convencionales de la globalización son en sí mismas muy buenas, pero advierte que proponer que sea guiada por una superpotencia, es un camino errado. La predominancia del poder de Estados Unidos “tiene muchos beneficios, pero la gestión de la globalización no es uno de ellos”. “Los efectos negativos de la globalización desde 1990 no son el resultado de la globalización en sí misma. Son el lado oscuro de la predominancia de Estados Unidos”, dice Weber.

Este es un ejemplo del cambio de visión en los centros globales sobre el papel de Washington. Hasta hace poco se defendía a Estados Unidos como motor global, policía internacional y hegemón benévolo.

Influyentes neoconservadores, como Michael Mandelbaum, no solo rechazaban que fuese calificado como un imperio, sino que reclamaban acentuar su papel de gobernante mundial y exigía que las demás naciones industrializadas lo apoyaran todavía más.

Es evidente que esos razonamientos son de una superficialidad asombrosa. Nunca se aclaran los verdaderos significados de un gobierno mundial sentado en Washington (¿quién puede defender con seriedad que el Congreso de Estados Unidos sirva a la representación de los demás pueblos del planeta?). Tampoco se exploran contradicciones evidentes tales como el uso de la fuerza militar, o el rechazo de los compromisos globales sobre la pobreza, la paz o el ambiente.

La alternativa de una globalización multipolar también era resistida por los neoconservadores.

Por ejemplo, Niall Ferguson, de la Hoover Institution, sostiene que “la alternativa a una única superpotencia no es una utopía multilateral, sino la pesadilla anárquica de una Edad Oscura”. Los neoconservadores consideran que no hay alternativa a la unipolaridad, ya que se caería en una “apolaridad”. Por lo tanto defienden el papel de Washington como gendarme global para evitar esa anarquía global, donde los puertos de la economía global “serán los blancos de saqueadores y piratas”, según Ferguson. Es un escenario de caos y terrorismo planetario, donde este analista llega a advertir desde Foreign Policy, que en América Lati-

na, “ciudadanos miserablemente pobres buscarán consuelo en la cristianidad evangélica importada por las órdenes religiosas de Estados Unidos”.

Pero los errores y consecuencias negativas del rol de Washington han escalado tales niveles que la idea de la unipolaridad es insostenible. Reconocer ese problema es un paso adelante, pero esas críticas avanzan muy poco. No ponen bajo cuestión las relaciones asimétricas de poder de los grandes sobre los pequeños, ni la base económica y cultural de la globalización actual. Apenas se cuestiona que el poder esté en manos de un único país, y se postula como solución pasar a tener un grupo selecto de superpotencias que mantenga la presión para las aperturas comerciales y la liberalización de los flujos de capital. Sueñan con un nuevo club del gobierno mundial que debería sumar a Inglaterra, Francia o Japón.

Se reitera así la fe en la globalización actual, y se achacan los problemas actuales a sus aplicaciones ineficaces y defectuosas. Se escucha que la liberalización de los mercados y los flujos de bienes, servicios y capital no está mal en sí misma, sino que todo se ha distorsionado por una distribución asimétrica del poder.

Las críticas a Estados Unidos tienen muchos ecos en el sur, en especial por conocer en carne propia algunas de sus expresiones, por ejemplo en el plano militar o comercial. Pero la perspectiva crítica

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no puede quedar únicamente en ese plano, ya que suplantar a Washington por Bruselas, no significará ninguna mejora para América Latina, si no existe simultáneamente un cambio radical en cómo se entienden los procesos bglobales.

Algunos países del sur son tentados a ingresar al club selecto de líderes globales en un mediano plazo. Especialmente se coquetea con Brasil, India, Sudáfrica y China. Pero más allá de esa presencia, de todas maneras persiste una globalización asimétrica, donde hay grandes potencias que deben “guiar”, “orientar” y “conducir” los procesos globales, y que las demás naciones deberán seguir y acatar. El multilateralismo estalla bajo esas ideas.

La solución no está en contrabalancear esos tratados con otros con la Unión Europea, sino que se debe poner en cuestión los fundamentos de relaciones internacionales basadas en jerarquías y dependencias, donde los “grandes” conducen a los “pequeños”. La multipolaridad no es una solución suficiente para una globalización unipolar, ya que es todo el entramado global el que debe ser rediseñado. Esta es una cuestión de la mayor importancia, por ejemplo, en las negociaciones de la Comunidad Andina con Bruselas, así como en las consecuencias que podría tener el acuerdo de “socio estratégico” que los europeos le han otorgado a Brasil.

Además, esta es una problemática que también debe considerarse en la integración dentro de América Latina. Si ensayos como la Unión Suramericana apelarán a los mismos mecanismos de jerarquías y tamaños económicos, donde los más “grandes” supuestamente deben guiar a los más “pequeños”, terminaremos reproduciendo dentro del continente las mismas asimetrías y consecuencias negativas que hoy observamos a escala planetaria.

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