No. 58
ENERO — ABRIL/2011
REVISTA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Nº 58
Contenido 2
Fukushima está más cerca de lo que creemos Por Raúl A. Montenegro
44
El derecho a la sostenibilidad fiscal es un atraco a la Constitución Política de 1991 Por Rafael Uribe Uribe
Recordando a CHERNOBYL suponemos FUKUSHIMA
50
El temor a Dios
12
La revuelta árabe y el pensamiento estratégico
54
Matrimonio civil para las parejas del mismo sexo en Colombia
14
La universidad puesta en abismo
60
Sistema Universitario de Investigación y Libertad de Cátedra
18
EDUCACIÓN Y CONFLICTO Una crisis encubierta
10
Por Javier Rodríguez Pardo
Por Raúl Zibechi
Por Carlos Enrique Restrepo
Para una mamá, como es mi caso, defender la 24 vida, no solamente de sus hijos sino de toda la especie humana, es parte de su deber Por Fabiola Lalinde
28 35 37 39
Por Fabio Humberto Giraldo Jiménez
Por Jorge Mahecha G.
64
¿El antiliberalismo y la antidemocracia de Uribe vs el liberalismo y la democracia de Santos? Por Francisco Cortés Rodas
69
Liberalismo y antiliberalismo: URIBE Y SANTOS
74
Propósitos y contenidos actitudinales en la ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Wikileaks
82
La rebelión de Wisconsin
¿Es inconstitucional la Ley 1438 de 2011? Breves consideraciones jurídicas
84
Comer es verbo y no sustantivo
88
Obama Vine, vidi y no dije nada...
La información como bien público Por Javier Darío Restrepo
Diez estrategias de manipulación mediática Por Eduardo Villanueva
Por Jaime Gañán
Por Jorge Andrés Hernández
Por Marco A. Gandásegui
Por Vicent Boix
Por Frida Modak
Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresión de las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.
Alberto Uribe Correa, Rector - Luquegi Gil Neira, Secretario General Editor: Alberto González Mascarozf, agonzale@arhuaco.udea.edu.co Correción: Luis Javier Londoño Balbín Diseño original: Saúl Álvarez Diagramación: Juan Camilo Vélez Rodríguez Impresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia Departamento de Información y Prensa – Secretaría General - Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín. Teléfonos 2195023 y 2195026. Fax 2331627. E-mail: almamater@arhuaco.udea.edu.co Consulte DEBATES en http://almamater.udea.edu.co/debates El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus —1— afirmaciones sólo a ellos compromete.
No. 58
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Japón
Por qué Argentina no está exenta de sufrir el peor accidente nuclear
Fukushima está más cerca de lo que creemos Por Raúl A. Montenegro Profesor Universidad Nacional de Córdoba. Argentina* raulmontenegro@flash.com.ar
* Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM). Premio Nobel Alternativo 2004 (Wright Livelihood Award –RLA–, Estocolmo, Suecia) por su defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. El RLA lo otorga el Parlamento sueco desde el año 1980 (268.000 dólares en efectivo). “Se rinde honor a Montenegro por su sobresaliente trabajo con las comunidades locales y pueblos indígenas, en defensa del ambiente y la conservación de los recursos naturales tanto dentro como fuera de América latina”, indica el veredicto del jurado. El Premio Nobel Alternativo fue instituido por Jakob von Uexkull, un escritor, filatelista profesional y ex miembro del Parlamento europeo, de nacionalidad sueca y alemana, que vendió una colección de raras piezas filatélicas para crear su fundación y reunir un fondo inicial de un millón de dólares.
Japón tiene 55 centrales nucleares, 14 de ellas localizadas en la zona afectada por el terremoto y el tsunami ocurridos a mediados de marzo. Once enfrentaron problemas y seis sufren situaciones extremadamente graves, en particular Fukushima Daiichi. Para entender por qué Argentina no está exenta de tener un accidente nuclear nivel 7 en la escala INES1 –el peor posible– y por qué sus ciudadanos no están preparados para enfrentarlo, haremos un breve recorrido por las realidades nucleares de Japón, Alemania y nuestro país. Si los gobiernos de la nación y algunas provincias no aprenden la lección de Fukushima estaremos condenados a repetir sus mismos errores. Solo que después de grandes accidentes nucleares no suele haber una segunda oportunidad.
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Antes del terremoto del 11 de marzo de 2011, las autoridades nucleares de Japón y los operadores privados (entre ellos TEPCO, responsable de Fukushima I) consideraban que las centrales de Fukushima I, Fukushima II, Onagawa y Tokai podían resistir terremotos y tsunamis de máxima intensidad. Ese día a las 14:46 JST (tiempo estándar de Japón) se produjo en la costa nordeste un terremoto con 8,9 grados de intensidad en la escala de Richter. A las 15:41 llegó el tsunami. En Fukushima I funcionaban los reactores 1, 2 y 3 (no así las unidades 4, 5 y 6, fuera de servicio). En Fukushima II los reactores de potencia 1, 2 y 3. En Onagawa otros tres reactores y en Tokai la unidad II, cuya unidad I ya fue desmantelada. Todos ellos, pero muy especialmente los reactores de Fukushima I, colapsaron. Comenzó entonces la creciente fuga de materiales radiactivos al ambiente, que continúa en este momento. También se iniciaron evacuaciones masivas en las comunidades más cercanas. Por primera vez en la historia nuclear de la humanidad se accidentaron varios reactores al mismo tiempo. Originalmente la situación de Fukushima se asimiló a un evento nuclear nivel 4 en la escala del INES (que va de 0 a 7), pero a medida que se agravaba la cadena de sucesos se alcanzaron los grados 5 y 6 y muy posiblemente el temido nivel 7. El mismo nivel de Chernobyl. Las centrales nucleares del nordeste japonés no resistieron la fuerza del terremoto y del tsunami. Pese a las reiteradas garantías de seguridad que históricamente declamaron la autoridad nuclear de Japón y los operadores privados, las estructuras, funcionamiento y dispositivos de emergencia de los reactores colapsaron. Se potenciaron entonces entre sí numerosas crisis: destrucción masiva, mortandad, miles de heridos, redes viales deterioradas, interrupción en el suministro de combustible, electricidad y alimentos, problemas de transporte, comunicaciones defectuosas y réplicas intermitentes del terremoto, que todavía continúan. La preparación de la sociedad civil para enfrentar terremotos, tsunamis y accidentes tecnológicos explica porqué no hubo centenares de miles de muertos en una de las regiones más densamente pobladas del planeta. La sociedad respondió pero no sucedió lo mismo con las autoridades nucleares del gobierno, quienes –en las últimas décadas– no lograron advertir que concentrar muchos reactores nucleares sobre superficies pequeñas y cercanas a grandes centros poblados era un despropósito, sobre todo en un país que soportó históricamente fuertes terremotos y tsunamis. Lo curioso es
Antes del terremoto del 11 de marzo de 2011, las autoridades nucleares de Japón y los operadores privados (entre ellos TEPCO, responsable de Fukushima I) consideraban que las centrales de Fukushima I, Fukushima II, Onagawa y Tokai podían resistir terremotos y tsunamis de máxima intensidad. que siendo el único país de la Tierra donde la insensatez de un enemigo hizo estallar dos bombas nucleares sobre población inocente, Japón desarrollara la misma tecnología que generó las bombas “Little Boy”, a base de Uranio 235, y “Fat Man”, con Plutonio 239.
Alemania La canciller alemana Angela Merkel reaccionó con rapidez ante la tragedia humana, ambiental y tecnológica de Japón. El 15 de marzo de 2011 aplazó por tres meses la extensión de la vida útil de 17 reactores nucleares, y un día después paralizó “temporalmente” las 7 centrales más antiguas de Alemania. Tomó esta decisión aunque el país no tenga riesgo de grandes terremotos ni tsunamis2. Decisiones similares están siendo adoptadas en distintos países. Hasta el 17 de marzo de 2011, diez de los 31 países que poseen reactores nucleares de potencia anunciaron la paralización de nuevos proyectos y dispusieron una profunda revisión de su seguridad.
Argentina Contrariamente a lo sucedido en Alemania, donde se adoptó una rápida medida preventiva, el Gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gabriel Barceló, descartó que lo ocurrido en Japón pueda suceder en Argentina pues nuestro país “usa una diferente tecnología y además no estamos en zona sísmica”3. Esta aseveración es incorrecta. Las tecnologías son diferentes pero los materiales radiactivos que se manejan son igualmente peligrosos y los sismos –por otra
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Por qué Argentina no está exenta de sufrir el peor accidente nuclear. Fukushima está más cerca de lo que creemos
parte– no son la única causa de accidente nuclear. Cualquier reactor puede sufrir un accidente nivel 7. Ese máximo accidente “posible” puede ser el resultado de varios factores, aislados o que actúan en forma simultánea. Primero, actividad sísmica. La central de Embalse en Córdoba está localizada sobre la falla de Santa Rosa, en una región donde ya se han registrado movimientos sísmicos importantes: magnitud 5,5 e intensidad VII en 1947 y magnitud 6,0 e intensidad VIII en 1934. La “falla del frente occidental de la Sierra Chica” se extiende desde Carlos Paz hasta Berrotarán y Elena. Su potencial para generar sismos es desconocido. En la región también se encuentra la falla de Las Lagunas, cercana a Sampacho –localidad destruida por un sismo en 1934– que llega hasta Río Cuarto4. Segundo, fallas humanas. El 30 de junio de 1983 la central nuclear de Embalse sufrió un grave incidente que no llegó a descargar material radiactivo al ambiente. Pero delató “fallas en el diseño, errores en los documentos y procedimientos, y desaciertos en la organización interna”. Este crudo diagnóstico está contenido en un documento del IRS, oficina de las Naciones Unidas con sede en Austria que centraliza los informes sobre incidentes. La CNEA, además de mantenerlo en secreto, tardó tres años en comunicar lo sucedido al IRS. Recién se conoció cuando la revista Der Spiegel, que tuvo acceso a 250 informes secretos, lo publicó en Alemania en 1987.
Por primera vez en la historia nuclear de la humanidad se accidentaron varios reactores al mismo tiempo. Originalmente la situación de Fukushima se asimiló a un evento nuclear nivel 4 en la escala del INES (que va de 0 a 7), pero a medida que se agravaba la cadena de sucesos se alcanzaron los grados 5 y 6 y muy posiblemente el temido nivel 7. El mismo nivel de Chernobyl.
Tercero, fallas técnicas. Los reactores Candú tienen fallas inherentes a su diseño que explican por ejemplo las numerosas descargas de agua pesada radiactiva vertidas al lago de Embalse. Por ejemplo, febrero-marzo de 1986, agosto de 1987, septiembre de 1987, diciembre de 1987, diciembre de 1995 y octubre de 20035. Los Candú son particularmente sensibles a ciertos tipos de accidentes6. Cuarto, impacto de avión comercial de gran porte por accidente o acto terrorista contra el reactor o contra el depósito de combustible nuclear agotado. Es importante señalar que Embalse tiene dos sitios extremadamente peligrosos, uno muy protegido por “barreras de ingeniería”, el corazón del reactor, y otro menos protegido estructuralmente, el depósito de combustible nuclear agotado. Allí están depositadas las barras de descarte, altamente radiactivas, que se produjeron durante sus 28 años de operación (19832011). Al final de su vida útil estaría acumulando más de 120.000 barras que mantienen su peligrosidad durante 1.000 a 1.500 siglos. La situación en Atucha I es similar. Si un Boeing 767 impactara contra esos depósitos, el combustible nuclear se fragmentaría y los residuos radiactivos, transportados en altura por la corriente conectiva del incendio, podrían diseminarse. El viento generaría sucesivas “plumas de contaminación” o nubes. Chernobyl y Fukushima han mostrado que esta contaminación puede afectar zonas muy extensas, incluso a gran distancia de los reactores accidentados7.
—Embalse y Atucha I liberan rutinariamente materiales radiactivos Las centrales nucleares de Argentina solo son controladas por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) cuyos miembros siempre mantuvieron estrechas relaciones con CNEA y NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.), que opera los dos reactores. Los gobiernos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires –por otra parte– no controlan adecuadamente los reactores nucleares de Embalse y Atucha I, ni preparan a las poblaciones locales para el “peor accidente posible” (nivel 7 del INES). Además de la liberación accidental de materiales radiactivos –usualmente no informadas a la población– ambos reactores descargan rutinariamente una larga lista de radioisótopos al ambiente. Embalse por ejemplo libera al lago, entre otros, Tritio 3, Zirconio 95, Cesio 137 y 134, Estroncio 90, Cromo 51, Niobio 95, Cerio 141 y 144, Gadolinio 153, Iodo 131, Rutenio 106 y 103, Cobalto 60, Antimonio —4—
125, Bario 140, Manganeso 54, Plata 110 M, Zinc 65 y Curio 51. El aire –en tanto– recibe Tritio 3, Xenón 133, Xenón 135, Kriptón 85, 85 M y 88, Niobio 95, Zirconio 95, Cerio 144, Rutenio 103. Cerio 141, Antimonio124 y 125, Cobalto 60, Hierro 59, Plata 110m y Iodo 131. Todos son de riesgo y dado que algunos tienen vidas medias largas como el Tritio 3 (12,3 años), el Cesio 137 (30,1 años), el Estroncio 90 (28,7 años) y el Cobalto 60 (5,2 años) es muy posible que se hayan acumulado en las cadenas alimentarias del lago y del suelo. El Cesio 137, químicamente similar al potasio, ingresa por ejemplo en tejido muscular y el Estroncio 90 –similar al calcio– en tejido óseo. Dado que el gobierno de la provincia de Córdoba no controla a NASA –la operadora de la central– se ignora lo que está sucediendo. En Atucha I –donde las principales descargas se vuelcan al río Paraná– la situación es parecida.
Es importante señalar que Embalse tiene dos sitios extremadamente peligrosos, uno muy protegido por “barreras de ingeniería”, el corazón del reactor, y otro menos protegido estructuralmente, el depósito de combustible nuclear agotado. Allí están depositadas las barras de descarte, altamente radiactivas, que se produjeron durante sus 28 años de operación (1983-2011). Al final de su vida útil estaría acumulando más de 120.000 barras que mantienen su peligrosidad durante 1.000 a 1.500 siglos.
—A nivel de radiación ionizante no hay niveles inofensivos La radiación ionizante emitida por los materiales radiactivos es dañina para las células, tejidos y organismos vivos. Incluso la exposición a la radiación natural de fondo, relativamente baja, implica riesgos. Cualquier aumento de ese fondo aumenta la posibilidad de efectos negativos. Cada ciudadano debe saber que biológicamente ningún umbral de radiactividad es seguro. Maurice Errera de la Universidad de Bruselas lo expresa muy claramente: “todo aumento de radiación, por pequeño que sea, es susceptible de incrementar la incidencia de enfermedades hereditarias o del cáncer”. El descubrimiento del efecto Petkau cambió la historia del impacto sanitario. Hoy sabemos que las pequeñas dosis de radiación también pueden afectar a las células vivas y su material genético (ADN), y generar cáncer. La radiación actúa de dos formas, directamente cuando las partículas Alfa y Beta y los rayos Gamma alcanzan las células vivas. Indirectamente cuando los átomos “impactados” por esa radiación pierden sus electrones, y éstos actúan como si fueran balas dañinas sobre otras células y sus respectivos materiales genéticos. Los efectos de la radiación, sin embargo, suelen aparecer bastante tiempo después de la exposición. La radiación ionizante, que no tiene olor, ni se ve, ni se toca, enferma y mata en silencio8.
—Córdoba, con más Tritio radiactivo que Buenos Aires En Córdoba, el lago de Embalse recibe los mayores impactos de la central nuclear de Embalse. Ade-
más de las varias decenas de materiales radiactivos que descarga rutinariamente la central, su circuito terciario sobrecalienta las aguas del lago en más de 3 grados centígrados. Uno de los radioisótopos críticos que vuelca es el Tritio 3, cuya vida media es de 12,43 años. Los habitantes de Embalse, por ejemplo, consumen agua potable con 220 becquerelios por litro de Tritio 3. Para la CNEA este valor está “por debajo” de sus límites. Pero para la Directiva 98/93 de la Comunidad Europea, aprobada el 3 de noviembre de 1998, el límite aceptable para agua potable es 100 becquerelios por litro. ¿Por qué un habitante de Embalse debe consumir agua con 500 veces más Tritio 3 que un habitante de Buenos Aires o Roma, sabiendo lo que hoy sabemos sobre el efecto de las pequeñas dosis? CNEA y otras oficinas federales minimizan esta realidad pero sin dar cifras9.
—En Argentina la población no está preparada para enfrentar accidentes nucleares En Embalse y Atucha I, las tres instituciones nucleares de Argentina –ARN, CNEA y NASA–, organizan simulacros de accidente nuclear “menor” solamente en un radio de 10 kilómetros alrededor de cada reactor nuclear. Su plan de evacuación de personas se limita, en cada caso, a 3 kilómetros alrededor de las plantas. Fukushima y Chernobyl muestran hasta qué punto es-
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Por qué Argentina no está exenta de sufrir el peor accidente nuclear. Fukushima está más cerca de lo que creemos
Pero ellos no son los únicos responsables. Los gobiernos de la provincias potencialmente afectadas por un accidente nuclear nivel 7 en la escala del INES –ya sea en Embalse o Atucha I– también siguen mirando para otro lado. El caso de Córdoba es particularmente grave. La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) le entregó al gobernador Juan Schiaretti, en noviembre de 2010, un Plan Ciudadano con consignas para que los pobladores sepan cómo actuar ante un accidente nuclear. A la fecha (marzo de 2011) el gobernador nunca respondió. De allí que FUNAM esté analizando la posibilidad de accionar judicialmente contra el gobernador y haya decidido, unilateralmente, distribuir públicamente el Plan Ciudadano.
De allí que en Argentina millones de personas queden marginadas de los sistemas de prevención. Nunca se elaboraron planes ciudadanos con consignas para que cualquier poblador de las ciudades de Río Cuarto o Villa María en Córdoba, o de Rosario en Santa Fe, o de la ciudad de Buenos Aires sepa cómo actuar ante el peor accidente posible. Ni siquiera se han acordado tareas conjuntas con Uruguay para que sus ciudadanos también estén preparados. CNEA se limita a decir que la probabilidad de accidente nuclear es baja y que la tragedia de Fukushima no podría ocurrir en nuestro país.
—Las limitaciones de las pastillas de Iodo
tas distancias son insignificantes. Tokio, que se ha estado preparando para reducir la exposición a residuos radiactivos transportados por aire, está ubicada a 224 kilómetros de Fukushima. En Chernobyl la contaminación radiactiva alcanzó lugares situados a 700 kilómetros de distancia e incluso más lejos. De allí que en Argentina millones de personas queden marginadas de los sistemas de prevención. Nunca se elaboraron planes ciudadanos con consignas para que cualquier poblador de las ciudades de Río Cuarto o Villa María en Córdoba, o de Rosario en Santa Fe, o de la ciudad de Buenos Aires sepa cómo actuar ante el peor accidente posible. Ni siquiera se han acordado tareas conjuntas con Uruguay para que sus ciudadanos también estén preparados. CNEA se limita a decir que la probabilidad de accidente nuclear es baja y que la tragedia de Fukushima no podría ocurrir en nuestro país. Al excluir la mayor parte de la población de las consignas de seguridad, las autoridades nucleares de Argentina cometen un error social trágico. Para evitar eventuales críticas y temores prefieren no preparar a la población que vive más allá del radio de los 10 kilómetros alrededor de Embalse y Atucha I.
Durante los accidentes nucleares suelen liberarse cantidades importantes del radioisótopo Iodo 131, que tiene una vida media de 8,1 días10. Al igual que todos los materiales radiactivos es una sustancia cancerígena. Por eso se distribuyen pastillas de Iodo estable (no radiactivo) entre la población. Al saturarse la glándula tiroides y estar la persona expuesta al Iodo 131 radiactivo, la glándula no lo fija y el radioisótopo se elimina, mayoritariamente, por orina y materia fecal. Lo que no explican con claridad las autoridades nucleares es que las pastillas de Iodo solo sirven para detener las formas radiactivas del Iodo. No ayuda a eliminar el Cesio 137 ni el Estroncio 90 ni ninguno de los otros materiales radiactivos descargados durante un accidente nuclear. Tampoco “absorbe” la radiación. Debido a esta confusión muchas personas creen que tomando pastillas de Iodo quedan protegidas de todos los materiales radiactivos y de la radiación, lo que no es cierto.
—Argentina ya tuvo su accidente grado 4 en la escala del INES Argentina figura en los listados de accidentes nucleares importantes debido al grave accidente que ocurrió en el reactor de investigación RA-2 en el Centro Atómico Constituyentes, en Buenos Aires (CAT). El 23 de septiembre de 1983 estaba realizándose allí un experimento que requería cambiar la configuración del “corazón” del reactor. Se produjo entonces una “excursión crítica” (reacción fuera de control) que expuso al operador a 2.000 rad
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de radiación Gamma y 1.700 rad de neutrones, lo que produjo su muerte dos días después. Otras 17 personas ubicadas fuera de la habitación del reactor recibieron dosis que variaron entre 35 rad (0,35 Gy) y menos de 1 rad (0,01 Gy). Este accidente fue calificado como nivel 4 en la escala del INES. En Argentina debe revisarse el programa nuclear y someterse a revisión independiente los sistemas de seguridad de sus reactores de potencia y experimentales.
Propuestas En nuestro país están definiéndose obras que ponen en peligro sanitario y ambiental vastas regiones geográficas y ciudades muy pobladas. Esto se debe a la gran movilidad de los contaminantes atmosféricos en caso de accidente con descarga masiva de radioisótopos. En Japón las sustancias radiactivas eliminadas desde Fukushima están llegando a Tokio, la ciudad más poblada del planeta (con 35,8 millones de habitantes), que se encuentra a 224 kilómetros de distancia. En Argentina el gobierno nacional alienta la consolidación de un “parque” de reactores en Lima en la provincia de Buenos Aires que integra, en la actualidad, Atucha I (en operación), Atucha II (en construcción) y el CAREM 25 (en construcción). Es intención del gobierno nacional agregar además la proyectada Atucha III. El ya antiguo reactor de Atucha I se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y próximo a ciudades del Uruguay. Si ocurriera un accidente nivel 7 afectaría potencialmente a la Argentina, Uruguay y posiblemente parte del sur de Brasil. Las “plumas” de contaminación radiactiva podrían alcanzar Uruguay por aire y por agua (río Paraná, río de la Plata). Entre las localidades uruguayas con ubicación crítica se encuentran Fray Bentos, Mercedes, Dolores, Carmelo y Colonia. En la provincia de Córdoba los gobiernos nacional y provincial tomaron la decisión de extender la vida útil de la central nuclear de Embalse por 25 años violando, abiertamente, la ley provincial de Ambiente 7.343, el decreto provincial 2.131 sobre Evaluación de Impacto Ambiental y la ley Nacional de Ambiente 25.675, que prevé la realización de Audiencias Públicas. Esta decisión –pese a la oposición pública y los reclamos de FUNAM, iniciados en 2005– ignoró por completo a los ciudadanos de la provincia. De sumarse la vida útil ya cumplida, el tiempo que aún queda de operación (2011-2012) y la extensión
(25 años) se sobrepasa el medio siglo de funcionamiento. Esto aumentaría los riesgos de accidente del reactor, pese a la renovación de partes, pues funcionaría con muchos elementos antiguos e impactados. Crecería además el efecto negativo de sus descargas radiactivas al ambiente (rutinarias, accidentales), en particular sobre el lago de Embalse y el río Ctalamochita, pues se incrementaría la acumulación de radioisótopos de larga vida media. En caso de accidente nivel 7 debe recordarse que Embalse dista apenas 35 kilómetros de Río Tercero, 86 kilómetros de Alta Gracia, 110 kilómetros de Río Cuarto y 120 kilómetros de Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina. Al noreste del país, la nación y el gobierno de Formosa pretenden instalar junto al río Paraguay un reactor CAREM de 150 MW. Se desconocen los estudios de impacto ambiental y no ha habido consultas públicas. Este reactor es experimental pues nunca antes se construyó en forma completa un CAREM 150. Solo hubo pruebas de la unidad crítica que violaron en su momento la legislación de la provincia de Río Negro (1997) y se está construyendo un prototipo, el CAREM 25, en Lima (Buenos Aires). En caso de accidente nivel 7 en la escala del
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En Argentina el gobierno nacional alienta la consolidación de un “parque” de reactores en Lima en la provincia de Buenos Aires que integra, en la actualidad, Atucha I (en operación), Atucha II (en construcción) y el CAREM 25 (en construcción). Es intención del gobierno nacional agregar además la proyectada Atucha III. El ya antiguo reactor de Atucha I se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y próximo a ciudades del Uruguay. Si ocurriera un accidente nivel 7 afectaría potencialmente a la Argentina, Uruguay y posiblemente parte del sur de Brasil.
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INES podrían verse afectados el noreste de Argentina y Paraguay. Resulta llamativo que los gobiernos de la Argentina y Formosa sigan adelante con este proyecto experimental sin haber consultado previamente al gobierno de Paraguay y sin que se conozca la posición de los paraguayos. Una eventual pluma de contaminación que se extendiera por el río Paraguay podría afectar además las provincias de Chaco y Corrientes, e incluso otros lugares ubicados aguas abajo (después de la confluencia Paraguay-Paraná). En plena democracia, el gobierno de la Nación y algunos gobiernos provinciales vuelven a repetir la mecánica autoritaria de los gobiernos militares, principales impulsores del programa nuclear. Argentina debe replantear su costoso programa nuclear en base a debates amplios e informados y consultas públicas, en particular porque la nación impulsa –unilateralmente– la consolidación del primer parque de reactores nucleares de América Latina en Lima (Buenos Aires) cuando Fukushima mostró, dramáticamente, lo peligroso que resulta concentrar en una misma localidad varios reactores nucleares ubicados –además– a distancia crítica de grandes centros poblados. Urge suspender la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse e investigar administrativa y judicialmente porqué se decidió dicha extensión sin respetar las leyes y sin audiencia pública. También debe suspenderse la construcción del reactor CAREM de Formosa, un proyecto que ignoró a los ciudadanos del nordeste de Argentina y al Paraguay. Asimismo debe someterse a revisión externa la seguridad de todas las instalaciones nucleares, no solamente reactores (centros atómicos, planta de enriquecimiento de uranio, minas de uranio sin remediar, Dioxitek etc.), y encarar estudios ambientales y epidemiológicos independientes para conocer los impactos negativos que ya provocaron las actividades nucleares sobre los ecosistemas y la salud. Para ello será necesario convocar a universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto debe analizarse la viabilidad y seguridad de Atucha II y del CAREM 25. Finalmente, las actividades nucleares de Argentina no pueden seguir siendo fiscalizadas por un organismo como la Autoridad Regulatoria Nuclear, que ha mostrado vínculos profesionales, técnicos y políticos con la propia CNEA y NASA. Nuestro país necesita Planes Ciudadanos para
Lo que debe quedar claro es que Argentina no debe fabricar la trampa en que ya cayó Francia, donde más del 80% de la energía eléctrica que se consume es de origen nuclear. Además de numerosas alternativas energéticas y fuentes blandas (eólicas, solares, fotovoltaicas, de biomasa residual, etc.) existe la estrategia del ahorro energético, insuficientemente desarrollada en nuestro país.
que las distintas comunidades puedan reaccionar adecuadamente ante accidentes nucleares. Es preciso revisar además los actuales simulacros para que incluyan el peor accidente posible (nivel 7 en la escala del INES). Argentina debe desarrollar una Política Energética de Estado en base a la participación de los gobiernos, de los partidos políticos y de distintos actores no gubernamentales para generar un programa de largo plazo que no aísle la cuestión energética del ambiente, de la propia sociedad y del escenario mundial. En este enfoque las conductas de ahorro, las tecnologías sustentables y las fuentes blandas deben tener prioridad. No puede ser que las decisiones e inversiones en materia energética sean decididas en Argentina desde un ministerio nacional, grandes intereses corporativos y una total ausencia de consulta. Lo que debe quedar claro es que Argentina no debe fabricar la trampa en que ya cayó Francia, donde más del 80% de la energía eléctrica que se consume es de origen nuclear. Además de numerosas alternativas energéticas y fuentes blandas (eólicas, solares, fotovoltaicas, de biomasa residual, etc.) existe la estrategia del ahorro energético, insuficientemente desarrollada en nuestro país. Todas estas alternativas son más baratas y menos peligrosas que la nuclear, y no dejan residuos radiactivos que por su larga vida media comprometen la salud y el ambiente de futu-
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ras generaciones. No es razonable que reactores nucleares con vidas útiles de apenas 30 años generen grandes volúmenes de residuos que siguen siendo radiactivos durante 1.000 a 1.500 siglos. Depender de una tecnología absurdamente cara y peligrosa en lugar de consolidar matrices energéticas variadas y más sustentables es suicida. Japón –víctima de ese suicidio– le acaba de asestar un golpe durísimo al mito nuclear, mito que nació del militarismo, la sospecha y la corrupción. Si los ciudadanos e instituciones no logramos romper la tradición de hermetismo, secreto y autoritarismo con que se edificó el fastuoso programa nuclear de Argentina –que apenas provee del 5 al 6% de la energía eléctrica– entonces deberemos prepararnos para resistir sus impredecibles efectos colaterales. No olvidemos que un solo accidente nuclear grave puede hacer colapsar durante décadas y siglos una región entera. Fukushima está más cerca de lo que creemos.
Fuente
4 Estas fallas están siendo estudiadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto. El geólogo Guillermo Sagripanti –a cargo de los estudios- expresó que la zona de Río Cuarto “es sísmicamente activa”. Ver La Voz del Interior (Córdoba), 15 de marzo de 2011 y diario Puntal (Río Cuarto) 16 de marzo de 2011. 5 Montenegro, R.A. 2007. “The nuclear programme of Argentina and the creation of nuclear-free zones for reducing risks of nuclear facilities”. In: “Updating International Nuclear Law”, Eds. H. Stockinger, J. Van Dyke, M. Geistlinger, S. K. Fussek y P. Marchart, Ed. NW Verlag, BMW Berliner Wissenschaftsverlag & Intersentia, Wien-Graz, pp. 259-284. 6 El reactor nuclear Candú de Embalse tiene problemas que le son propios: 1) Mayor probabilidad de pérdida de agua pesada desde el circuito primario dada la complejidad de su tubería. 2) El reaprovisionamiento de combustible mientras continúa funcionando el reactor introduce factores adicionales de riesgo. 3) Las sucesivas fallas y roturas de los tubos de presión está relacionada con la misma aleación de Zirconio-Niobio utilizada en las tuberías de Chernobyl. 4) La combinación de uranio natural-agua pesada tiene serias implicancias en materia de seguridad. El coeficiente de reactividad es positivo, de allí que cualquier accidente que ocasione la pérdida de refrigerante pueda acarrear escape de energía. 5) El uso de agua pesada genera grandes cantidades de Tritio 3 radiactivo, y el uso generoso de Zirconio en el núcleo tiene como consecuencia un elevado potencial de reacción Zirconio-vapor de agua. 6) No está diseñado para soportar los peores accidentes que involucran extensas reacciones de Zirconio-vapor de agua, explosiones de hidrógeno y vapor de agua, y ruptura de las modalidades comunes de los ciclos de enfriamiento primarios y secundarios dentro de la contención. 7 Montenegro, R.A. 2007. “The nuclear programme of Argentina and the creation of nuclear-free zones for reducing risks of nuclear facilities”. In: “Updating International Nuclear Law”, Eds. H. Stockinger, J. Van Dyke, M. Geistlinger, S. K. Fussek y P. Marchart, Ed. NW Verlag, BMW Berliner Wissenschaftsverlag & Intersentia, Wien-Graz, pp. 259-284.
Agencia Latinoamericana de Información http://alainet.org/active/45211:
8 Ídem
Notas 1 INES, Escala Internacional de Eventos Nucleares. El grado 6 fue asignado por la Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (El País, Madrid, 15 de marzo de 2011). 2 En Europa las instituciones nucleares tienen una posición muy crítica sobre los accidentes ocurridos en Japón. El Comisario europeo de Energía, Günther Öttinger calificó como “fuera de control” la situación en Fukushima (El País, Madrid, 16 de marzo de 2011). 3 “CNEA: en Argentina no podría pasar lo que sucede en Japón”. Noticia de la Agencia TELAM, 14 de marzo de 2011. La aseveración de G. Barceló es técnicamente incorrecta pues Argentina tiene zonas sísmicas.
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9 Según datos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (1998) los valores de Tritio 3 en aguas del Embalse de Río Tercero, en Córdoba, son 32 a 520 veces más altos que los medidos en el río Paraná en inmediaciones de Atucha I. Las cifras de Tritio 3 en el agua potable que consumen los pobladores de Embalse, en tanto, son 34 a 367 veces más altas que las registradas en agua subterránea (potable) de pozos situados 5 kilómetros al sur de Atucha I (provincia de Buenos Aires). Ver [5]. 10 Cada material radiactivo tiene una vida media observada. Cuando se dice que el Iodo 131 tiene una vida media de 8,1 días implica lo siguiente: si tengo 100 gramos de Iodo 131 a los 8,1 días quedará la mitad, es decir 50 gramos; a los 16,2 días la mitad de la mitad, 25 gramos, y así sucesivamente.
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Recordando a CHERNOBYL suponemos FUKUSHIMA Por Javier Rodríguez Pardo Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) – Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA – Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE Argentina)- Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) Tel: (011) 1567485340
El reactor cuatro de Chernobyl comienza a fundirse a la una y siete minutos de la madrugada, un sábado primaveral, 26 de abril de 1986. La nube radiactiva, imposible de concebir por mente alguna, emerge del reactor después de que una fuerte explosión termina con la vida de todos los operarios en el seno de la central. De todos. La nube primero se desplazó hacia el este y luego rotó hacia el norte. Enseguida se dividió en cuatro pétalos como si se abriera una flor, en distintas direcciones. Uno de los pétalos de la nube radiactiva fue detectado por un soldado finlandés en un puesto fronterizo. En el mismo instante, en una central nuclear sueca registran altas dosis radiactivas en las botas de un operario. El director de seguridad de la central sueca, Ben Gelman, no termina de entender qué pasa y por la orientación de los vientos sospecha que la radiación proviene del Reino Unido y cuenta más tarde que lo primero que pensó fue en un ataque nuclear en territorio británico, hasta que veinte minutos más tarde se cree que la nube letal proviene de la Unión Soviética. El silencio se hizo interminable. Los soviéticos contestan con evasivas y
dicen no saber nada cuando los suecos les preguntan que los vientos provienen de Chernobyl. Hasta ese instante habían transcurrido diez horas de la voladura y fusión del reactor y los bomberos se sumaban a luchar contra el núcleo convertido en una brasa. Los soviéticos reconocen más tarde el desastre diciendo que “no querían alarmar a nadie” y en consecuencia no evacuaron inmediatamente a la población de Pripyat, además hábitat de los trabajadores de la central, la que recibió radiación cuatrocientas veces superior a la generada por la bomba atómica sobre Hiroshima. La gente de Pripyat, con las primera luces del día, recorría las calles y la plaza con sus hijos, sin saber que sus días estaban contados. Se cruzaron con soldados que portaban trajes y botas como de lluvia y un barbijo en el rostro, y respondían que se trataba de “un simple entrenamiento”. La fusión del núcleo fue imparable. El setenta por ciento de los radionucleidos cae en Bielorrusia. El 2 de mayo la nube llega a Japón donde miden radiación altísima. El día 4 toca territorio chino y el 5 la nube sobrepasa la India. El 6 de mayo aparece en la costa de Estados Unidos y Canadá. Los informes advierten que la nube radiactiva de Chernobyl dio tres vueltas al globo terráqueo. En Europa también recibió el impacto Alemania, Francia, norte de Italia e Islas Baleares, y en el resto del viejo continente, aunque en menor medida. Los análisis de orina de algunos habitantes catalanes registraron altos índices de yodo radiactivo, un radionucleido que se aloja en la glándula tiroides y se mantiene vivo por ocho días bombardeando desde adentro todo el cuerpo. Pero digamos que hay muchos otros radionucleidos, como el Cesio 137 que contamina durante 30 años todo lo que toca. El Estroncio 90, que ataca la médula ósea y se confunde con el calcio del cuerpo ha-
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Lo increíble sucedió después cuando setecientos mil soldados fueron enviados a cumplir ese objetivo. Se inmolaron. La orden era que cada uno no estuviera más de tres minutos en esa labor porque no hay traje capaz de frenar ese poder destructivo. Se sumaron a semejante esfuerzo muchísimos campesinos y pobladores, los bomberos y otras fuerzas del orden involucradas, que enfermaron gravemente. Ocho mil quinientos de estos héroes murieron en horas y poco a poco el cáncer iba dando cuenta del resto.
ciendo el mismo recorrido; tiene una vida media de 90 años. Entre los productos de fisión que hay en el núcleo del reactor se halla el gas Xenón, veneno que se inhala y ni la lluvia lo disuelve, permanece vivo por seiscientos años. Son muchísimos los radionucleidos “criados” en la fisión nuclear pero citemos principalmente al más peligros de todos por su alta actividad, el plutonio 239 que se instala en el planeta para no irse por 250.000 años, causando enfermedades terminales. Es inimaginable, pero pensemos que hace 10.000 años había volcanes en Francia y que concluía el último período glacial, y que hace 8000 años el desierto del Sahara era una sabana verde y fértil. El plutonio, creado por el hombre en la fisión del reactor posee una vida media de 24.400 años, pero seguirá activo por 250.000 años. Este cuadro es el que se reproduce actualmente en Japón, aunque creemos que mucho peor, porque combatir contra cinco reactores a los que habrá que envolver en hormigón, sólo para mitigar el impacto radiactivo al exterior, porque continuarán emitiendo radiactividad por milenios, será una tarea que no permite ver el final. Por lo pronto Fukushima es ya una ciudad fantasma como lo es actualmente la ucraniana Pritya. Nadie puede ocultar la realidad ni la documentación que se fue gestando sobre Chernobyl con diez millones de afectados por cáncer y leucemias, cinco meses después del desastre nuclear. Cuando los robots enloquecían en el techo del reactor ucraniano, con la utopía de ahogarlo químicamente y sellarlo con una coraza de hormigón, se precipitaban –incontrolados– en el núcleo del reactor. Lo increíble sucedió después cuando setecientos mil soldados fueron enviados a cumplir ese objetivo. Se inmolaron. La orden era que cada uno no estuviera más de tres minutos en esa labor porque no hay traje capaz de frenar
ese poder destructivo. Se sumaron a semejante esfuerzo muchísimos campesinos y pobladores, los bomberos y otras fuerzas del orden involucradas, que enfermaron gravemente. Ocho mil quinientos de estos héroes murieron en horas y poco a poco el cáncer iba dando cuenta del resto. La tragedia continuaba en cada nacimiento de nuevos seres de aquellas mujeres contaminadas en varios kilómetros a la redonda: los niños de Chernobyl, algunos de los cuales estuvieron en Buenos Aires, en nuestro hospital Garraham, años después. ¿Es alarmista este texto y en consecuencia debemos ocultarlo? Estamos siendo literales en la descripción de los hechos por eso coincidimos con gran parte del mundo que equipara -por ahora- la tragedia de Chernobyl y Fukushima. Pero este último sitio se agrava por su sismicidad. Salvando esto, se asemejan mucho los dos casos porque en Japón, a cuatro días del desastre, el gobierno se esfuerza en convencer al mundo que la radiación es tolerable; en Chernobyl, dos días después, el 28 de abril, el comunicado oficial leído por la autoridad soviética decía que “se había dañado un reactor y estaban reparándolo.” Las mismos burócratas prohibirían luego toda información vinculada con el caso, un velo que se fue destapando cuando desaparece la URSS. Lamentablemente, las nuevas autoridades ucranianas y rusas reconocen que gran parte de la documentación sobre Chernobyl fue destruida.
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Fuente INFO 594 21 de marzo de 2011 informativo@attac.org • http://attac-info.blogspot.com
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La revuelta árabe y el pensamiento estratégico las consecuencias de la entrada en el núcleo de la crisis sistémica global. La inestabilidad social prevalecerá sobre la naturaleza de seguridad pública del régimen”.
Por Raúl Zibechi Docente e investigador
Estrategia vs adivinanza
Las rebeliones en Túnez y Egipto, así como las que despuntan en otros países de la región, perfilan un cambio sistémico en la relaciones internacionales que se puede resumir en la desarticulación del papel de los Estados Unidos, y sus aliados, en Medio Oriente. En junio de 2008 el boletín mensual del Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP), advirtió que los regímenes árabes pro occidentales se encontraban a la deriva y que había “60 por ciento de riesgos de explosión político-social en el eje Egipto-Marruecos”. El análisis hacía hincapié en las consecuencias de la “crisis sistémica global” por la cual esos regímenes afrontarían serias dificultades ante inminentes motines de hambre y verificaba la “incapacidad de Washington y sus aliados europeos para tener un discurso que no sea el de la seguridad”1. Cuando se enfoca en Egipto, el Laboratorio registra un crecimiento de la inestabilidad “a causa del estancamiento político en que lo coloca el final del reinado de Mubarak, mientras que el régimen es incapaz de satisfacer las esperanzas económicas y sociales radicalizadas de una proporción creciente de la población”. La conclusión del centro europeo de análisis estratégicos es llamativa a la luz de los hechos actuales: “Para nuestros investigadores, Egipto será políticamente arrastrado por
La forma como se llega a este tipo de conclusiones anticipatorias no tiene nada de azaroso. En rigor, no se trata ni de adivinanzas ni de pronósticos, porque el futuro no es previsible. La cuestión es más compleja. Se trata de comprender las líneas de fuerza, las relaciones de poder, los puntos fuertes y débiles de las relaciones internacionales entendidas como un sistema. Algo así como detectar qué ladrillos del muro son los que sostienen la estructura, de modo que si son retirados o se ven afectados puede venirse abajo toda la construcción, por más sólida que sea en apariencia. Para eso se requieren análisis de largo y de corto plazo, múltiples enfoques (políticos, económicos, sociales y culturales,) o sea un conjunto completo y complejo de lecturas que permitan una compresión de conjunto, tanto cuantitativa como cualitativa. Un análisis sistémico que suele ser realizado en equipo con vocación de comprender la totalidad. Los conceptos de “crisis sistémica” y de “desarticulación geopolítica”, que utiliza habitualmente el LEAP, pertenecen a este tipo de análisis. Sin embargo, cuando se insiste en que estamos atravesando una crisis sistémica no debe entenderse, como suele suceder muchas veces, de que es el sistema capitalista el que está en crisis terminal. Lo que se pretende enfatizar es que el sistema internacional tal y como venía funcionando desde su última gran reestructuración, punto que podemos fijar en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no seguirá existiendo durante mucho tiempo. Los análisis sistémicos no suelen precisar fechas exactas para que los cambios
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sucedan, sino apenas indicar que se ha ingresado en una etapa signada por algunas tendencias de fondo. Por ejemplo: la crisis de la hegemonía estadounidense. Eso quiere decir que Estados Unidos por sí solo ya no puede delinear el mapa del mundo a su antojo como lo hizo durante cinco o seis décadas. Pero no quiere decir que vaya a desaparecer sino que seguirá siendo una potencia, seguramente la más importante, pero sin el poder de antaño en un mundo multipolar. Del mismo modo, cuando se asegura que fue el año 2008 cuando se produjo ese viraje, que en realidad sucedió bajo el mandato de George W Bush, se trata de fechas aproximadas, simbólicas, que indican sólo puntos de inflexión.
Egipto como punto de inflexión Durante los dos últimos años, BRECHA ha venido registrado algunos de estos cambios sistémicos. Además del declive del poder de los Estados Unidos, se ha enfatizado en el crecimiento del BRIC (Brasil, Rusia, India y China, a la que ahora se suma Sudáfrica). También se ha detectado el viraje de Turquía, país que viene abandonando la esfera de influencia de Washington. Sin embargo, la revuelta árabe es un giro de tuerca pronunciado. En el caso de Egipto, como apunta el periodista Hossam el-Hamalawy, lo extraño es que la explosión no haya sucedido antes. “Durante los últimos años la revuelta estaba en el aire”, señala en una entrevista difundida por Al Jazeera el 27 de enero. Como ninguna rebelión cae del cielo, explica que en 2008 hubo dos “mini intifadas” en Túnez y que en Egipto se registran fuertes movimientos huelguísticos desde diciembre de 2006, con epicentro en la industria textil de la ciudad de Mahalla en el Delta del Nilo. Como consecuencia de esta oleada de huelgas se han formado dos sindicatos independientes del régimen, los cobradores de impuestos con 40 mil afiliados y el de técnicos de salud con 30 mil. El primer cambio de larga duración a tener en cuenta es “el grado de valentía de la gente”, que ha perdido el miedo, se ha convertido en protagonista y no será sencillo volver a encerrarla en sus casas. Si no hubo levantamientos antes fue porque el régimen acertó en colocar en el centro el combate al terrorismo para inhibir cualquier disenso. El segundo cambio es que Estados Unidos está perdiendo de forma acelerada a sus más importantes aliados en la región. Ya perdió a Turquía, luego a Túnez
y ahora a Egipto, el país que más ayuda recibe luego de Israel. Si coincidimos con Immanuel Wallerstein en que vivimos la segunda rebelión árabe (la primera fue en 1916 para independizarse del Imperio Otomano), Washington es el gran perdedor. Por el contrario, el gran ganador es Irán. Por curioso que parezca, al derribar a Saddam Hussein los Estados Unidos le sirvieron en bandeja de plata un papel destacado a Teherán en Medio Oriente, porque el líder iraquí había sido “el enemigo más feroz y más eficaz de Irán”. La Casa Blanca no ha podido ocultar su falta de política alternativa a los regímenes dictatoriales, más allá del célebre discurso de Barack Obama en El Cairo el 4 de junio de 2009 que, ironías de la historia, se tituló “Un nuevo comienzo”. Hillary Clinton se limitó a hacer llamados genéricos a la democracia y la paz, a pedir una transición ordenada sin vacío de poder, y poco más. Sin apoyarse en Egipto, un verdadero régimen cliente, creado y sostenido por la ayuda militar y política, el peso de Estados Unidos en Oriente Medio retrocederá varios escalones. Pero no sólo Washington pierde en esta región. Todo Occidente, y muy en particular la Unión Europea, que recibe el petróleo a través del Canal de Suez, verán cómo su influencia se desvanece en las calles y las plazas árabes. Finalmente, todas las miradas apuntan a Turquía. Alejada de Washington y de Tel Aviv, sin llegar a alinearse con Irán, se va erigiendo tanto en bisagra como en ejemplo a seguir. Los futuros gobernantes de El Cairo tendrán en Ankara una fuente de inspiración casi ineludible, toda vez que los ejes del nuevo, y precario, equilibro en la región se encuentran cada vez más alejados de aquellos países que fueron hasta ahora fieles aliados de la ex superpotencia.
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* Además de periodista y asesor de varios colectivos sociales, el uruguayo Raúl Zibechi es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina. Notas 1 Geab No. 26, 17 de junio de 2008 Fuente Agencia Latinoamericana de Información email: info@alainet.org • Twitter: http://twitter.com/ALAIinfo
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La universidad puesta en abismo Por Carlos Enrique Restrepo Seminario: Universidad sin condición Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia alteridad@quimbaya.udea.edu.co
A Bruno Mazzoldi, con cariño y gratitud.
Nuestro título retoma el motivo de la conferencia de Jacques Derrida titulada Las pupilas de la universidad1. Hablamos del “motivo” para aludir al “orden de las razones”, pero también en sentido pictórico, recogiendo la escena del sobrecogedor paisaje de la Universidad de Cornell, lugar de la conferencia, situada en las afueras de la ciudad y separada de ésta por la línea de sus bordes que se levantan sobre el abismo. Lo abismal es aquí mucho más que una metáfora, o lo es mientras por ésta se entienda el necesario traslado del campus universitario a una espacialidad singular desde la cual hay que considerar su perspectiva. Según el motivo, la universidad constituye un espacio autónomo amenazado en sus már-
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genes, cuya puesta en abismo es el riesgo inherente de su situación limítrofe, pero también la garantía de un horizonte y la salvaguarda de su soberanía. ¿Qué significa lo abismal en cuanto límite de la universidad? Derrida remite la pregunta a la meditación kantiana sobre lo sublime. En el lenguaje de Kant, sublime es la experiencia de una grandeza sin igual en el hombre, que determina el “ideal de la razón”, en el sentido de la aspiración a una “totalidad del saber”. Referido a la universidad, lo sublime es el horizonte que se tiene a la vista y que, en cuanto tal, ha de ocupar el entero ángulo de visión de sus pupilos/as: la tarea espiritual de quien consagra sin reservas su vida al cultivo del saber. Sublime es, en suma, la aspiración de la razón. Ésta pertenece a la esencia de la universidad en el sentido de una tarea nunca plenamente lograda, pues moviliza la pretensión de una “magnitud sin medida” cuya grandeza rebasa la limitada naturaleza del hombre. En cuanto totalidad, el saber es siempre una obra no realizada, nunca acabada, diferida y aplazada al trasiego de las generaciones. No es la tarea del individuo aislado, sino un esfuerzo conjunto al que subyace la “fe racional” en un ideal de humanidad. La universidad es el dispositivo de saber ordenado colectivamente a la prosecución de este fin; su composición en facultades —interrelacionadas, y sin embargo, autónomas— equivale a una cierta externalización de las facultades cognoscitivas que, consideradas independientemente, sólo pueden producir alcances parciales, pero que conjuntamente desarrollan algo así como un tejido de funciones orgánicas orientadas a la composición del todo. Ninguna facultad es, en esa medida, reina y señora entre los saberes, aunque algunas así lo pretendan, como lo prueba el clásico “conflicto de las facultades”. El saber es más bien este proceso que anima la vida de la universidad, falible como todo lo humano, pero posible en ese espacio privilegiado, de relaciones altamente complejas, no exentas de rivalidad. Tanto en lo falible del saber humano como en lo insondable de su magnitud acontece lo abismal como línea que bordea la universidad. Pero también surge como la contraparte del requisito de fundamentación que es común a todos los saberes, en virtud del cual el principio de razón se convierte en el fundamento o el suelo mismo sobre el que reposa la universidad. Ciertamente, los saberes admitidos en el espacio universitario, y en especial, los que adoptan la forma de la ciencia, obedecen por regla general a los criterios
Para la universidad, la razón no es sólo aquello sobre lo cual descansa, sino también aquello para lo cual existe, una cierta finalidad. Esto, por otra parte, explica su repudio para con esa instancia —a la vez visible y fantasmática— que rodea y ocupa sus intersticios, y a la cual por su parte la universidad le resulta a menudo obstaculizante y problemática: el poder.
de la cientificidad moderna que hace depender lo humano de una determinada comprensión de la racionalidad. A la luz de esta comprensión, lo humano del hombre estriba en lo racional, contrario en su definición a lo bárbaro, y más exactamente, a la animalidad. Para la subjetividad moderna, el principio de razón es el requisito que surte la exigencia cognoscitiva de un fundamento, de un basamento para la arquitectónica de la razón que posibilita el edificio sistemático de las ciencias. Sin este fundamento no es posible ninguna pretensión “científica”, pues es él el que le brinda al saber un suelo firme sobre el cual sostenerse. Por eso el principio de razón, en cuanto rector de la noción moderna de ciencia, es el fundamento mismo de la universidad: lo es en el doble sentido de la razón que sustenta su existencia, pero también como aquello a partir de lo cual la universidad tiene una razón de ser. Nada es sin razón, nada hay en el mundo sin razón, nada surge de la nada —como asegura la religión al aludir a la creación ex nihilo—. Sin este requisito la universidad y todo el saber que se imparte en ella sería carente de razón, sin fundamento (Ab-grund), es decir, infundado, lo que perdería a la universidad en el abismo de la sinrazón. Por todos lados, entonces, la universidad se ve siempre amenazada por el riesgo de lo abismal. Pero esta amenaza es a la vez su condición necesaria e ineludible, precisamente aquello a lo que debe su existencia. Lo abismal resulta ser, así, la esencia misma de
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La universidad puesta en abismo
la universidad. Así también en el caso del individuo, allí donde, por ejemplo, la locura (la del filósofo, la del científico, y en general, la del hombre que piensa) constituye una suerte de continua amenaza para el pensar. La sinrazón es uno de los modos en los que se produce la caída en lo abismal que es el riesgo de una tarea sublime. La razón está como por naturaleza siempre bajo esa amenaza, le es esencial el abismo en cuanto aquello frente a lo cual se autoafirma la racionalidad. Esta afirmación se asegura entonces bajo la forma del principio de razón. Ahora bien, este principio no tiene tan sólo la forma del fundamento, sino que también opera en el modo de la causalidad. El principio de razón es, en ese sentido, causa de la universidad, pero no tanto en el modo de la causa eficiente, sino más bien en el sentido del para qué, con vistas a lo cual o hacia qué se dirige, vale decir, en el modo de la causa final. Para la universidad, la razón no es sólo aquello sobre lo cual descansa, sino también aquello para lo cual existe, una cierta finalidad. Esto, por otra parte, explica su repudio para con esa instancia —a la vez visible y fantasmática— que rodea y ocupa sus intersticios, y a la cual por su parte la universidad le resulta a menudo obstaculizante y problemática: el poder. El poder, en efecto, no tiene ni rinde (ni escucha) nunca razones. Su única razón es la fuerza, su única fundamentación y legitimación es el uso de la fuerza, aunque ésta, en sentido estricto, no es ninguna razón. Por eso el poder es tan contrario al saber, y en especial, a la filosofía, porque no tiene razones y porque nunca las da, mientras que responder de la razón, resguardarla y rendirla ha sido siempre la exigencia de la universidad, y a su interior, la exigencia por excelencia de la facultad de filosofía. Pero también hay que advertir de ese peligro máximo que resulta de un poder que adopta la forma de las razones, lo cual sólo surge cuando todos los productos de la razón se tornan instrumentos del poder. Cuando la razón es confiscada por los poderes para tornarse su instrumento ésta adopta siempre la forma del cálculo. La Alemania nazi, por ejemplo, esa máquina de procesar “unidades” en campos de muerte, fue una obra del cálculo; baste pensar cuántos saberes sirvieron allí, toda la razón puesta en obra para ordenar los transportes, para asegurar el abastecimiento de armas, para conducir a las masas mediante el dispositivo psicológico de la propaganda, etc. Un poder semejante sólo pudo levantarse sobre el andamiaje gigantesco de la ins-
La universidad, sin duda, tiene sus razones, las que la fundan y también las que animan su existencia, las que la hacen ser; pero estas razones a veces se extravían, se debilitan, se ensombrecen, y quienes más fácilmente las pierden de vista son sus dirigentes, debido a sus continuos tratos, capitulaciones y consentimientos con el poder. Cuando así ocurre, la universidad ya no está meramente bordeada, sino que cae en la penumbra y se hunde en el abismo.
trumentalización de la racionalidad. La “toma del saber” por parte de los poderes puede así producir lo que Ernst Jünger denominó la movilización total: situación en la que “no hay ningún movimiento —ni siquiera el de una trabajadora doméstica en su máquina de coser— que no encierre una aportación bélica al menos indirecta”2. También en este punto la razón se define por su relación con lo abismal: allí donde el poder se apropia de las razones, donde los saberes pierden sus propias razones, donde la universidad es anexada como un engranaje más de las maquinaciones de los poderes, allí donde es entregada al uso de otros fines, y especialmente, a los que le destinan los lugartenientes del poder. La universidad, sin duda, tiene sus razones, las que la fundan y también las que animan su existencia, las que la hacen ser; pero estas razones a veces se extravían, se debilitan, se ensombrecen, y quienes más fácilmente las pierden de vista son sus dirigentes, debido a sus continuos tratos, capitulaciones y consentimientos con el poder. Cuando así ocurre, la universidad ya no está meramente bordeada, sino que cae en la penumbra y se hunde en el abismo. Las universidades entonces se convierten en meros establecimientos en los que, como dice Heidegger, nada se encuentra ya que recuerde la antigua esencia de la universitas y en los que, frente a la expec-
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tativa de transformación del mundo, nada llega a decisión: “Conservarán el último resto de una cultura decorativa sólo por tanto tiempo cuanto deban todavía permanecer como medios de propaganda de “política cultural”3. Actualmente, atravesamos a nivel global la difícil prueba de este “nihilismo universitario”, en el que la pérdida de la razón —otrora entendida como “luz natural”— ha dejado paso a este “tiempo de la falta de claridad”. Pero allí donde los cuerpos (docentes y estudiantiles) sufren este oscuro invernal, la “noche gélida de la cultura”, cabe invocar con una fuerza inusitada, y en una especie de meditación nocturna, otra idea de universidad, cuya afirmación precisa de un principio de resistencia, pero más aún, de una fuerza de disidencia contraria a todo proyecto de servidumbre universitaria trajeado bajo la prerrogativa de la gestión del saber por imposiciones políticas. Invocamos con Derrida esta idea por venir y este porvenir de la universidad bajo la consigna: la universidad sin condición. Sólo esta puede significar una defensa real y no meramente aparente de la universidad, en el sentido en que dicha defensa apunta a la salvaguarda incondicional de su soberanía. Escribe Derrida: Digo “la universidad”, porque distingo aquí, stricto sensu, la universidad de todas las instituciones de investigación que están al servicio de finalidades y de intereses económicos de todo tipo, sin que se les reconozca la independencia de principio de la universidad. Y digo “sin condición” tanto como “incondicional” para dar a entender la connotación del “sin poder” o del “sin defensa”: porque es absolutamente independiente, la universidad también es una ciudadela expuesta. Se ofrece, permanece expuesta a ser tomada, con frecuencia se ve abocada a capitular sin condición. Allí donde acude, está dispuesta a rendirse. Porque no acepta que se le pongan condiciones, está a veces obligada, exangüe, abstracta, a rendirse también sin condición. ¡Sí! Se rinde, se vende a veces, se expone a ser simplemente ocupada, tomada, vendida, dispuesta a convertirse en la sucursal de consorcios y de firmas internacionales. (…) Se plantea entonces una cuestión que no es sólo económica, jurídica, ética, política: ¿puede (y, si así es, ¿cómo?) la universidad afirmar una independencia incondicional, reivindicar una especie de soberanía, una especie muy original, una especie excepcional de soberanía, sin correr nunca el riesgo de lo peor, a saber,
de tener —debido a la abstracción imposible de esa soberana independencia— que rendirse y capitular sin condición, que permitir que se la tome o se la venda a cualquier precio?4 En esta defensa habrá que ser decididos e incondicionales. A ella nos reclama nuestra responsabilidad como universitarios, sin distinciones disciplinares ni de “clase” (según los distintos estamentos). La “idea” actual de universidad —sitiada, paranoide, de puertas cerradas a la sociedad— puede obstinarse en perdurar, sin percatarse que no es más que el signo decadente de una realidad que agoniza. Para superarla habrá que poner las pupilas (y los pupilos) en otro horizonte: allí donde se dibuja a fuerza de desearla y en contornos necesariamente difusos una universidad por venir.
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Notas 1. J. Derrida. “El principio de razón: la universidad en los ojos de sus pupilo/as”. Trad. Bruno Mazzoldi y Ramiro Pabón Díaz. En: Nomade, No. 3. San Juan de Pasto, Universidad de Nariño, junio de 1984. Para otra traducción, cf., “Las pupilas de la universidad. El principio de razón y la idea de la universidad”. En: Cómo no hablar y otros textos. Trad. Cristina de Peretti. Barcelona, Proyecto A Ediciones, 1997. Disponible en: www.jacquesderrida.com.ar 2. E. Jünger. Sobre el dolor. Seguido de la movilización total y fuego y movimiento. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Barcelona, Tusquets, 2003, p. 97. 3. M. Heidegger. Aportes a la filosofía. Acerca del evento. Trad. Dina Picotti. Buenos Aires, Biblos/Almagesto, 2003, § 76, p. 134. No desconocemos los riesgos de adherir en algunos puntos a la filosofía de Heidegger, a sabiendas de su ejercicio de rectorado en Friburgo en el que entregó la idea de la universidad a la causa nazi, como consta en sus escritos La autoafirmación de la universidad alemana (Trad. Ramón Rodríguez. Madrid, Tecnos, 1989) y en otros menos conocidos como el ensayo “El estudiante alemán como trabajador”. Trad. Julio Quesada. En: Er, Revista de Filosofía. No. 29. Sevilla, 2001, pp. 135-164. 4. J. Derrida. La universidad sin condición. Trad. Cristina Peretti y Paco Vidarte. Disponible en: www.jacquesderrida.com.ar
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EDUCACIÓN Y CONFLICTO
Una crisis encubierta Los conflictos armados están privando de instrucción escolar a 28 millones de niños, al exponerlos a la violencia sexual generalizada, los ataques contra las escuelas y otros atropellos, según advierte el Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo de 2011. El Informe, titulado Una crisis encubierta: conflictos armados y educación, presentado por la Unesco el 1 de marzo en París, exhorta a que se tomen medidas más enérgicas contra quienes violan los derechos humanos, se revisen las prioridades de la ayuda humanitaria internacional y se preste más atención a la capacidad de la educación para fomentar la paz.
Los conflictos armados privan a 28 millones de niños de la posibilidad de instruirse y los exponen al riesgo de ser víctimas de violaciones y otros abusos sexuales, al tiempo que propician ataques contra las escuelas y atentados contra los derechos humanos, según el Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2011 editado por la UNESCO. El informe Una crisis encubierta: conflictos armados y educación, advierte que el mundo no va por buen camino para lograr en 2015 los seis objetivos de la educación para todos suscritos por 160 países en Dakar el año 2000. Aunque se han realizado progresos considerables en muchos ámbitos, se distará mucho
Informe elaborado y remitido para publicación por la Oficina de Comunicaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Bogotá. Contacto: Amparo Díaz Uribe. Teléfono: 4889020. Avenida 82 No. 10 - 62, Piso 3, Bogotá amparo.diaz@undp.org http://www.undp.org/spanish/
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de alcanzar la mayoría de los objetivos fijados, en gran medida debido a conflictos armados que aún azotan a muchas regiones del mundo. De los niños del mundo en edad de ir a la escuela primaria que están sin escolarizar, un 42%, esto es 28 millones, vive en países pobres afectados por conflictos. Las conclusiones del informe están respaldadas por cuatro premios Nobel: Oscar Arias Sánchez, Shirin Ebadi, José Ramos-Horta y el arzobispo Desmond Tutu: “Las páginas de este informe detallan crudamente la violencia real que se está ejerciendo contra algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo, comprendidos sus niños en edad escolar, y retan a los dirigentes de todos los países, ricos y pobres, a emprender una acción decisiva”, dice el arzobispo Tutu en su colaboración especial para el informe. “Los conflictos armados –dice la directora general de la Unesco, Irina Bokova– siguen representando un importante obstáculo para el desarrollo humano en muchas partes del mundo, pero hasta ahora se han ignorado ampliamente sus repercusiones en la educación. La originalidad de este informe estriba en que expone documentadamente la magnitud de esta crisis encubierta y sus causas subyacentes, al mismo tiempo que presenta propuestas bien argumentadas para efectuar los cambios que se imponen”. El informe exige que se ponga fin a la cultura de impunidad que se da en torno a las violencias de carácter sexual, intensificando la vigilancia de los atentados perpetrados contra los derechos humanos, aplicando con más rigor las normas del derecho internacional vigente y creando una comisión internacional sobre las violaciones y los abusos sexuales que esté respaldada por la Corte Penal Internacional. “Los niños y los sistemas educativos –dice el director del informe, Kevin Watkins– no sólo se ven envueltos accidentalmente en un fuego cruzado en un combate, sino que se están convirtiendo cada vez más en un blanco sistemático en los conflictos armados. El fracaso de los gobiernos en la protección de los derechos humanos es sumamente nocivo para los niños, ya que les está privando de la única posibilidad que tienen de recibir educación. Es hora de que la comunidad internacional pida cuentas a los que perpetran crímenes odiosos, como las violaciones sistemáticas, y respalde las resoluciones de las Naciones Unidas con una acción firme y resuelta”. El informe señala también que los conflictos armados desvían hacia el gasto en armamento los fondos
“Los conflictos armados –dice la directora general de la Unesco, Irina Bokova– siguen representando un importante obstáculo para el desarrollo humano en muchas partes del mundo, pero hasta ahora se han ignorado ampliamente sus repercusiones en la educación.
públicos que podrían emplearse en la educación. “Lo que en verdad debemos preguntarnos no es si podemos disponer de recursos para lograr la universalización de la enseñanza primaria, sino más bien si podemos permitirnos el lujo de seguir manteniendo prioridades equivocadas y aplazando el momento de convertir las bombas en libros”, dice Oscar Arias Sánchez, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz (1987), en una colaboración especial para el informe. El gasto en armamento también merma los recursos que los países donantes podrían destinar al apoyo de la educación en los países pobres. Tan sólo con lo que dedican en seis días los países ricos al gasto militar se podría disminuir el déficit anual de financiación de la educación para todos, que se cifra en 16.000 millones de dólares. La educación apenas representa 2% del total de la ayuda humanitaria y sólo se satisface una proporción muy reducida de las peticiones de apoyo a los sistemas educativos con los recursos de esta categoría de ayuda. Los recursos de los fondos comunes destinados a la ayuda humanitaria tendrían que incrementarse para alcanzar 2.000 millones de dólares. Por eso el informe llega a la conclusión de que los donantes deben suprimir la línea divisoria artificial entre la ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo a largo plazo. También preconiza que se canalice una parte más importante de la ayuda al desarrollo por conducto de los fondos comunes por país y que los donantes adopten disposiciones multilaterales para una financiación agrupada, incrementando los recursos de la Iniciativa Vía Rápida
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(IVR) en pro de la Educación para todos, una vez que sea reformada, a fin de que ésta disponga de una dotación anual de 6.000 millones de dólares.
En su colaboración especial para este importante documento, el arzobispo Tutu dice: “Las páginas de este informe detallan crudamente la violencia real que se está ejerciendo contra algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo, comprendidos sus niños en edad escolar, y retan a los dirigentes de todos los países, ricos y pobres, a emprender una acción decisiva”.
Deficiencias que contribuyen a fomentar los conflictos — La deficiente formación de la juventud. En muchos países afectados por conflictos el peso demográfico de la juventud es enorme –un 60% de la población– pero los sistemas educativos no dotan a los jóvenes con las competencias que necesitan para salir de la pobreza, del desempleo y de una situación desesperanzadora. — La utilización incorrecta de los sistemas educativos. La educación tiene un gran potencial para actuar como fuerza de paz, pero con demasiada frecuencia se instrumentaliza para atizar las divisiones sociales, la intolerancia y los prejuicios que conducen a la guerra. En Guatemala, las poblaciones indígenas del país consideraron que la imposición del idioma español en las escuelas fue uno de los instrumentos importantes de un sistema más vasto de discriminación social generalizada. En Colombia, el gobierno es consciente de que el sistema educativo puede contribuir a la creación de una cultura de paz y, por eso, ha adoptado iniciativas encaminadas a resolver el problema de la violencia en el medio escolar que han tenido resultados positivos. — La insuficiente atención prestada a la educación en la consolidación de la paz. La educación se tiene que integrar a estrategias más vastas encaminadas a fomentar la tolerancia, el respeto mutuo y la capacidad para convivir pacíficamente con los demás. — El número de niños sin escolarizar está disminuyendo con demasiada lentitud. — Son muy numerosos todavía los niños que desertan de la escuela antes de finalizar el ciclo de la enseñanza primaria. — Más del 8% de los adultos de la región de América Latina y el Caribe –esto es, unos 33 millones de personas– son analfabetos. — De aquí a 2015 será necesario contratar 1,9 millones de maestros suplementarios en todo el mundo para conseguir la universalización de la enseñanza primaria.
Violaciones y otros abusos sexuales La generalización de las violaciones y otros abusos sexuales privan a millones de niños de la posibilidad de recibir educación en los países afectados por conflictos, según señala el Informe.
Aunque los tribunales internacionales creados a raíz del conflicto en la ex Yugoslavia y del genocidio de Rwanda han establecido inequívocamente que las violaciones y otros abusos sexuales perpetrados en situaciones de conflicto son crímenes de guerra, se sigue recurriendo ampliamente a este tipo de actos como verdaderas armas de combate. Un tercio de las víctimas de las violaciones denunciadas en la República Democrática del Congo fueron menores, y un 13% de éstos tenían menos de 10 años. Es muy posible que el número de violaciones perpetradas y no denunciadas en las zonas de conflicto del este del país sea entre diez y veinte veces superior al de las denunciadas. Si esta estimación es exacta, tan sólo en 2009 el número de violaciones podría haber oscilado entre 130.000 y 260.000. Las violencias sexuales constituyen un grave perjuicio para la educación a múltiples niveles. A las muchachas que son objeto de violaciones se les infligen con frecuencia graves heridas, que les impiden asistir a la escuela durante mucho tiempo. Además, las secuelas psicológicas de ese tipo de actos –depresión, retraimiento, trauma y vergüenza – causan estragos en la capacidad de aprendizaje de las víctimas de ese tipo de actos. Muchas niñas abandonan la escuela después de haber sido violadas, a causa de los embarazos indeseados, los abortos practicados en malas condiciones y el contagio de enfermedades sexualmente transmisibles como el sida, o porque han visto decaer su salud, padecen traumas, son objeto de estigmatización y se ven obligadas a cambiar de domicilio. En muchos países que han sufrido conflictos armados en el pasado –por ejemplo Guatemala y Liberia– se sigue señalando la existencia de índices elevados de violacio-
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nes y abusos sexuales, lo que induce a pensar que esos comportamientos surgidos durante los conflictos violentos quedan enquistados en la sociedad duraderamente. El informe señala que los dispositivos de supervisión y presentación de informes sobre las violaciones y otros abusos sexuales figuran entre los sistemas internacionales más endebles de ese tipo, y añade que los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones solamente disponen de elementos de información que suelen ser fragmentarios y anecdóticos.
Propuestas de cambio — Crear una comisión internacional sobre las violaciones y abusos sexuales que pueda comprobar las proporciones que alcanza este problema en los países afectados por conflictos, identificar a los culpables y examinar las respuestas que den los gobiernos. Esa comisión debería estar encabezada por la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. — Pedir a los gobiernos de los Estados afectados por conflictos que elaboren planes nacionales para poner freno a la violencia sexual, basándose en las prácticas más idóneas. Los países donantes de ayuda y los organismos de las Naciones Unidas deberían coordinar sus esfuerzos en apoyo de esos planes. — Reforzar la coordinación de los organismos del sistema de las Naciones Unidas para luchar contra las violencias sexuales, encomendando esta tarea a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), dotándola para ello con los recursos y medios necesarios, y encargándola también de supervisar el cumplimiento de las resoluciones que el Consejo de Seguridad adopte en este ámbito. — Hacer que la Corte Penal Internacional desempeñe un papel más activo en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y fomente los esfuerzos de los países, las regiones y las Naciones Unidas para verificar cuántas violaciones y abusos sexuales se perpetran, establecer criterios de referencia para luchar contra su impunidad, proporcionar formación y fortalecer el papel de la mujer en puestos de responsabilidad a nivel local y nacional. En su colaboración especial para este importante documento, el arzobispo Tutu dice: “Las páginas de este informe detallan crudamente la violencia real que se está ejerciendo contra algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo, comprendidos sus niños en
edad escolar, y retan a los dirigentes de todos los países, ricos y pobres, a emprender una acción decisiva”. De todos los niños del mundo en edad de ir a la escuela primaria que están sin escolarizar, un 42%, esto es 28 millones, vive en países pobres afectados por conflictos.
Colombia en el Informe En el periodo 1999-2008, 35 países del mundo se vieron afectados por conflictos armados. Colombia fue uno de ellos. Los sistemas educativos se hallan en primera línea de esos conflictos, porque los combatientes consideran “legítimo” lanzar ataques contra los edificios de las escuelas, los alumnos y los maestros. Con frecuencia, las escuelas son el escenario de esos reclutamientos forzosos. Los refugiados y desplazados internos del mundo entero tropiezan con importantes obstáculos para acceder a la educación, según señala el Informe. Colombia es el segundo país del mundo, con más desplazados internos. Los adolescentes desplazados colombianos de 12 a 15 años que todavía cursan primaria son dos veces más numerosos que los no desplazados de la misma edad. Esto indica que los desplazados ingresan tardíamente en la escuela primaria, repiten curso con mayor frecuencia y desertan con más facilidad. —El reclutamiento en las fuerzas armadas y el secuestro La evidencia de Colombia ha puesto de relieve la asociación entre el desplazamiento y el secues-
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La evidencia de Colombia ha puesto de relieve la asociación entre el desplazamiento y el secuestro. Grupos armados rutinariamente reclutan niños como soldados y trabajadores en el comercio de narcóticos ilegales, y las escuelas son a menudo los sitios de este reclutamiento forzoso. Un estudio encontró que la edad promedio de reclutamiento era de 13 años. El temor al reclutamiento forzado ha sido identificado como una de las principales causas de los desplazamientos en al menos cinco departamentos
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tro. Grupos armados rutinariamente reclutan niños como soldados y trabajadores en el comercio de narcóticos ilegales, y las escuelas son a menudo los sitios de este reclutamiento forzoso. Un estudio encontró que la edad promedio de reclutamiento era de 13 años. El temor al reclutamiento forzado ha sido identificado como una de las principales causas de los desplazamientos en al menos cinco departamentos (de las Naciones Unidas, 2009d). —El desplazamiento, una barrera a la educación Los desplazados internos han ido creciendo con el tiempo. A finales de 2009, se estimaba que había 27 millones de desplazados internos en 53 países. Cerca de 11.6 millones de desplazados internos en África, con la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán el 72% del total (IDMC, 2010D). Después de Sudán, con 5,3 millones de personas desplazadas, la mayor población desplazada internamente está en Colombia, con más de 3 millones (IDMC, 2010C). En ambos países, los desplazados internos exceden el número de refugiados. En varios países, incluyendo Colombia, Georgia, Sri Lanka y Uganda, el desplazamiento suele durar por muchos años (Ferris y Winthrop, 2010). —Los desplazados internos son menos visibles y más marginados En Colombia existen brechas significativas en la escuela secundaria entre los niños desplazados y el resto de la población. Sólo el 51% de los jóvenes desplazados internos asisten a la escuela secundaria, en comparación con el 63% de los jóvenes no des-
A pesar de estos logros, los desplazados internos de Colombia siguen enfrentándose a enormes dificultades. Mientras que gozan de una fuerte protección legal hay aún problemas en la traducción de los derechos nominales en derechos reales. La planificación en muchos municipios adolece de mala coordinación, poca capacidad y en algunos casos limitada voluntad política.
plazados. La proporción de jóvenes desplazados que todavía está en la escuela primaria en edades de 12 a 15, es casi el doble que para los no desplazados, lo que lleva a una incorporación más tardía, más repitencia y deserción escolar (Ferris y Winthrop, 2010). El hecho de que los afro-colombianos e indígenas se vean más afectados por el desplazamiento aumenta las disparidades nacionales de educación. —Las limitaciones a las oportunidades de educación, una fuente de pobreza e inseguridad Las personas se unen a grupos armados por muchas razones. Las consideraciones económicas no operan en forma aislada, de tal modo que la pobreza, el desempleo, la hostilidad, el resentimiento y la falta de alternativas son potenciales estímulos para el ingreso a grupos armados. Una combinación de situaciones ha llevado a niños somalíes, de Kenia, Mogadiscio, Afganistán o la República Democrática del Congo a ingresar a las filas de milicias que, cualquiera sea su causa, de algún modo les permiten generar algunos ingresos, alimentos y refugio. La violencia contra los niños en las escuelas tiene muchos efectos físicos, psicológicos y sociales, y un impacto significativo sobre sus logros. También puede aumentar el riesgo de que los niños se comporten de manera agresiva y participen en actividades delictivas y otras conductas de riesgo (Pinheiro, 2006). Mientras que los enlaces directos son a menudo difíciles de identificar, la evidencia de varios países muestra que la violencia en las escuelas puede llegar a ser parte de un ciclo de conflicto. Uno de esos países es Colombia. Los niños y adolescentes que viven en los municipios y barrios con altos niveles de conflictividad violenta muestran niveles más altos de agresión y acoso escolar. Encuestas realizadas en colegios de Bogotá en 2006 y 2007 sugieren que esto ha tenido efectos negativos sobre las relaciones interpersonales, a lo que se suman la rivalidad y la violencia común, las disputas de poder y la competencia por la popularidad asociada con la posesión de dinero, drogas y armas. Al discutir las preocupaciones sobre los niveles de robo, presencia de armas e intimidación en escuelas de Bogotá, un concejal identificó la situación de “defenderse de la violencia por medio de la violencia” como «el principio del paramilitarismo y señaló que el carácter universal de la violencia hace imposible aislar a los estudiantes de la misma”. Reconociendo que las escuelas pueden ayudar a
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crear una cultura de paz, el gobierno colombiano ha tomado iniciativas para abordar la violencia basada en la escuela (véase el capítulo 5). - Fuentes: Chaux et al. (2009), Martínez (2008), Villar-Márquez (2010). —Los derechos legales pueden hacer la diferencia – la legislación colombiana sobre los desplazados internos Con una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, Colombia tiene probablemente el más fuerte marco legislativo para proteger a los civiles desplazados y su acceso a los servicios básicos, incluida la educación. ¿Qué tan efectiva ha sido la ley para hacer frente a la crisis de desplazamiento? El desplazamiento ha sido durante mucho tiempo una característica de la violencia armada en Colombia. Más de la mitad de los desplazados son menores de 18 años.
Los conflictos familiares y sociales pueden extenderse a las escuelas en forma de violencia entre los estudiantes. Algunos países de América Latina, incluyendo Brasil, Colombia y Perú, han establecido políticas explícitas en su legislación y han puesto en marcha iniciativas destinadas a enfrentar la violencia escolar mediante la promoción de los valores de consolidación de la paz (Villar-Márquez, 2010). En Colombia, el reconocimiento de la interconexión entre los conflictos armados y la violencia en las comunidades y las escuelas ha llevado a muchos programas de prevención de la violencia a centrarse en el desarrollo de “competencias ciudadanas” entre niños y jóvenes.
Los esfuerzos para fortalecer sus derechos han sido impulsados por los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Bajo la ley colombiana, los niños desplazados son elegibles para la educación gratuita, lo cual ha tenido un impacto positivo. Los datos del Ministerio de Educación muestran un aumento constante de la proporción de desplazados internos entre 5 y 17 años que asisten a la escuela, pasando de 48% en 2007 a 86% en 2010. A pesar de estos logros, los desplazados internos de Colombia siguen enfrentándose a enormes dificultades. Mientras que gozan de una fuerte protección legal hay aún problemas en la traducción de los derechos nominales en derechos reales. La planificación en muchos municipios adolece de mala coordinación, poca capacidad y en algunos casos limitada voluntad política. El nuevo gobierno colombiano, electo en 2010, se ha comprometido a reforzar el apoyo pero se enfrenta a considerables desafíos políticos y administrativos. Algunos de estos desafíos se relacionan con las dificultades que enfrentan los desplazados internos en el registro de su situación real ya que a menudo tienen dificultades para demostrar su elegibilidad para programas específicos, incluidos los educativos. Por otra parte, los derechos legales no eliminan automáticamente los efectos de la pobreza y la marginación. Muchos desplazados internos comienzan la escuela tarde, con altos niveles de repitencia y deserción temprana. Fuentes: Birkenes (2006); Cepeda Espinosa (2009), Ferris (2010b).
tenderse a las escuelas en forma de violencia entre los estudiantes. Algunos países de América Latina, incluyendo Brasil, Colombia y Perú, han establecido políticas explícitas en su legislación y han puesto en marcha iniciativas destinadas a enfrentar la violencia escolar mediante la promoción de los valores de consolidación de la paz (Villar-Márquez, 2010). En Colombia, el reconocimiento de la interconexión entre los conflictos armados y la violencia en las comunidades y las escuelas ha llevado a muchos programas de prevención de la violencia a centrarse en el desarrollo de “competencias ciudadanas” entre niños y jóvenes.
—La educación como una fuerza de paz Los conflictos familiares y sociales pueden ex—23—
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Para una mamá, como es mi caso, defender la vida, no solamente de sus hijos sino de toda la especie humana, es parte de su deber Por Fabiola Lalinde Defensora Derechos Humanos* “Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud”. Sn Marcos 10,32-45
Distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo Es conferida cada año por el Concejo de Medellín. En 2011 le fue otorgada a la señora Fabiola Lalinde en la categoría “Mérito Personal” y a la Fundación Sumapaz en la categoría “Mérito Institucional”. “Fabiola Lalinde es la madre de Luis Fernando Lalinde, detenido, desaparecido, torturado y asesinado por agentes del Estado el 3 de octubre de 1984. Además, ha sido una luchadora incansable por la verdad, la justicia y la defensa de la dignidad de toda la comunidad”, dijo, a propósito del acto, la Personería de Medellín.
Quiero expresar mis más sinceros y profundos agradecimientos a todas aquellas personas que me postularon para una distinción de esta naturaleza en homenaje a la memoria del doctor Jesús María Valle Jaramillo, humanista, vilmente asesinado, de gran sensibilidad social y una capacidad de servir, defender, orientar y trabajar sin descanso por el bienestar de las clases menos favorecidas, los
La Fundación Sumapaz, creada en 1998, tiene como propósito “aportar al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad, especialmente de las comunidades en situación de vulnerabilidad y conflictividad, como respuesta a la crisis humanitaria que se enfrenta con el recrudecimiento del conflicto político, social y armado del país”. * Palabras leídas en el recinto del Concejo de Medellín el jueves 10 de marzo de 2011
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campesinos, los indígenas, las mujeres, los niños, los detenidos, los perseguidos, los desaparecidos, los desalojados de sus viviendas de manera violenta, al amanecer, por las mismas autoridades, como en el caso de los habitantes de la quebrada La Iguaná a los que acompañó hasta cuando logró su reubicación en un lugar digno. Lo acompañé en ese proceso.
En aras de la verdad, sinceramente considero que este tipo de homenajes corresponden, especialmente, a mujeres y hombres que sin ser víctimas directas del conflicto armado que padecemos desde hace muchas décadas, trabajan con tanto compromiso por los derechos fundamentales de todas las personas, hasta ofrendar su propia vida por las causas que defienden.
Este reconocimiento a mi labor es un honor que me desborda y no lo manifiesto por modestia, humildad o sencillez. En aras de la verdad, sinceramente considero que este tipo de homenajes corresponden, especialmente, a mujeres y hombres que sin ser víctimas directas del conflicto armado que padecemos desde hace muchas décadas, trabajan con tanto compromiso por los derechos fundamentales de todas las personas, hasta ofrendar su propia vida por las causas que defienden. En cambio para una mamá, como es mi caso, defender la vida, no solamente de sus hijos sino de toda la especie humana, es parte de su deber. Mis fortalezas en el desempeño en materia de Derechos Humanos son una especie de primeros auxilios, orientación y pequeños favores con base en la experiencia personal a través del testimonio. Ingresé como aprendiz por razones de fuerza mayor, a raíz de la detención-desaparición y ejecución extrajudicial de mi hijo mayor Luis Fernando Lalinde Lalinde por una patrulla del Batallón Ayacucho de Manizales en la vereda Verdún, del municipio de Jardín, Antioquia, el 3 de octubre de 1984. Yo tenía la convicción de que ese tipo de delitos solamente eran propios de las dictaduras militares. Nunca había pasado por mi mente que en Colombia con su trayectoria de país demócrata ocurrieran crímenes de esa magnitud. Mi primer maestro en estas lides fue el doctor Héctor Abad Gómez, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Antioquia, quien me acompañó en este drama de la búsqueda de los desaparecidos hasta el 25 de agosto de 1987, fecha en la cual fue vilmente asesinado. Un médico incomparable, solidario, promotor y defensor, como todos los humanistas comprometidos, con la población marginada y quien abrió el camino de la Comisión Interamericana de D. H. de la OEA denunciando los hechos sucedidos a mi hijo. El doctor Jesús María Valle asumió posteriormente como Presidente del Comité hasta su cobarde asesinato en febrero de 1998. Me vinculé como miembro activo de su gran equipo de colaboradores en 1989 cuando me prejubilé. Tuve la gran opor-
tunidad de conocer a fondo lo que es, representa y significa en Colombia ser defensor de derechos humanos: más que una profesión es un apostolado de alto riesgo que ha costado numerosas vidas de personas que dejan huellas imborrables, han abierto caminos, sembrado semillas de respeto, de dignidad, de honradez, se juegan sus vidas por la verdad, por la justicia, por un país mejor y más amable para todos. Ellos fueron maestros incomparables, que sentaron las bases de los derechos fundamentales que se plasmaron formalmente en la Constitución de 1991. Los crímenes de lesa humanidad no cesan, en este nuestro país; hombres y mujeres son amenazados a diario por ser defensores de las clases más vulnerables y desamparadas, por denunciar los atropellos de toda índole que se cometen, aún, en el presente año, por exigir verdad, justicia y reparación integral para las víctimas e impedir que el manto de la impunidad cubra todos los actos atroces que se cometen en esta particular democracia. Ser defensor de derechos humanos requiere de formación académica, de disciplina, de capacidad de resistencia, de rigor en la investigación, en la denuncia y en su sustentación, de honestidad a toda prueba. Por estas múltiples razones y otras más, con toda sinceridad considero que este honor me desborda y lo recibo a nombre de todos esas mujeres y esos hombres dignos de toda nuestra admiración y pro-
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ta, los defensores de D. H. son de las Farc, los campesinos e indígenas son considerados auxiliares bien sea de la guerrilla, de los paras o de los narcos con el fin, más que todo, de desplazarlos para despojarlos de sus tierras. El cuerpo de las mujeres de todas las edades, incluidas las niñas, convertidas en botín de guerra: violadas, asesinadas, desaparecidas, descuartizadas, sumadas el gran número de madres que han muerto de cáncer a raíz de la desaparición de sus hijos e hijas y ni hablar de la pésima atención en salud. Pero a nadie parece importarle. Hemos inventado una nueva religión, somos fariseo-cristianos. Los fariseos no solamente eran hipócritas sino, ante todo legalistas.
Tuve la gran oportunidad de conocer a fondo lo que es, representa y significa en Colombia ser Defensor de Derechos Humanos: más que una profesión es un apostolado de alto riesgo que ha costado numerosas vidas de personas que dejan huellas imborrables, han abierto caminos, sembrado semillas de respeto, de dignidad, de honradez, se juegan sus vidas por la verdad, por la justicia, por un país mejor y más amable para todos. fundo respeto por exponer su seguridad y sus vidas por una noble causa, en un país paraíso de corruptos, de falsos reinsertados, de ejecuciones extrajudiciales, de campesinos e indígenas obligados a dejar sus tierras para apoderarse de ellas con otros fines. Sumados atropellos, montajes, chuzadas, interceptaciones de toda índole y amenazas hasta por internet. También recibo ésta distinción in memoria a nombre de quienes se hallan detenidos y/o desaparecidos, jóvenes de ambos sexos de las ONG, víctimas de montajes, de falsas acusaciones, de recompensas por “colaborar” con la justicia y demás atropellos porque en mi familia lo hemos vivido en carne propia. Un montaje con dos kilos de cocaína de alta pureza, que significaban una pena de 25 años de prisión para mí, acusada de narcotráfico y de ser la jefe de la narcoguerrilla en Antioquia, con el fin de sacarme de circulación por incómoda para el Estado. Ayer, miércoles de ceniza estuve meditando durante la ceremonia los cambios que nuestra sociedad ha experimentado en más de medio siglo: una deshumanización y degradación nunca imaginada, crímenes atroces, violencia y decadencia a todos los niveles, a los cuales hemos llegado los colombianos, con el agravante de que la barbarie se ha convertido en rutina, y quien expone diferencias es estigmatizado, pues quien no es uribista es terroris-
Por mi mente, en la iglesia, desfilaron ayer estos humanistas nuestros, colombianos, vilmente asesinados, comprometidos al estilo de Cristo con las clases marginadas, los perseguidos, las mujeres apedreadas, las viudas, los enfermos, los niños, y pensé: siempre que asesinan un defensor de derechos humanos, están crucificando nuevamente a Cristo y, precisamente, en un país que se precia de católico. Casualmente, ayer enterramos a doña Lucila Restrepo, integrante de Asfaddes, Medellín, una madre ejemplo de resistencia, que no dejó ni un solo día de exigir verdad y justicia por las atrocidades cometidas con su hijo, estudiante, ejecutado extrajudicialmente. De este reconocimiento son merecedoras todas esas mujeres admirables desde la Guajira y la Costa, hasta el Putumayo; desde el Urabá y el Pacífico, hasta los Llanos: indígenas, campesinas, afrodescendientes, madres e hijos de todas las víctimas: de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente, de secuestrados, masacrados, arrojados a los ríos, en fosas como N.N. (no identificados) discapacitados por las minas, desplazados. Las madres de los soldados secuestrados y aún desaparecidos dentro de la misma institución o torturados y víctimas de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes aprendidos en la famosa Escuela de las Américas de la cual Colombia es su mejor cliente, aunque muchos países latino-americanos se hayan retirado de ella por sus prácticas tenebrosas. Es llamada la Escuela del Dolor. Pero según la versión oficial en Colombia no pasa nada. Hago extensiva esta distinción, especialmente, a mis hijos e hija, a mis nietos en la distancia, a mis nueras, quienes siempre me han acompañado en
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Esta decisión del Concejo de Medellín debe ser modelo para otros gobernantes y la clase dirigente del país, pues se compromete y reconoce la importancia de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, como fundamento y sustento de una democracia real. De mi parte, seguiré cumpliendo con mi compromiso de mantener viva la memoria del doctor Jesús María Valle Jaramillo a través del Partido de las Mamás, del cual me declaré militante cuando conocí el drama de muchas familias, independientemente de quien fuera el victimario; porque el dolor de una familia y de una madre no admite diferenciaciones.
este transitar por los caminos de la noche y de la niebla al costo que cada uno ha pagado: el exilio, la cárcel, el desprestigio y demás atropellos que perduran en el tiempo. Ellos son el motor que ha movido mi existencia. A mis hermanas y mis sobrinas. A mi familia alternativa, grupo admirable de jóvenes, hombres y mujeres de diversas organizaciones nacionales e internacionales, siempre presentes en estos difíciles años con su solidaridad incomparable para mantener viva la memoria de Luis Fernando. A mis solidarias compañeras desde el Colegio hasta el Aula de Mayores de hoy. Y a la familia Valle Jaramillo nuestra admiración y gratitud permanente por lo que fue y representó el doctor Jesús María Valle en nuestras vidas y por lo que ellos siguen significando por su apoyo a la causa de los derechos humanos. También quiero destacar la acertada idea de crear la distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo por el honorable Concejo de Medellín, porque ello permitirá
mantener viva la memoria de tan preclaro hombre para que su ejemplo de valor, dignidad y solidaridad sirva de modelo a seguir para las nuevas generaciones, y porque es encomiable reconocer el aporte significativo que en materia de derechos humanos hacen las personas y organizaciones distinguidas con este homenaje. Esta decisión del Concejo de Medellín debe ser modelo para otros gobernantes y la clase dirigente del país, pues se compromete y reconoce la importancia de la labor de defensa y promoción de los derechos Hhumanos, como fundamento y sustento de una democracia real. De mi parte, seguiré cumpliendo con mi compromiso de mantener viva la memoria del doctor Jesús María Valle Jaramillo a través del Partido de las Mamás, del cual me declaré militante cuando conocí el drama de muchas familias, independientemente de quien fuera el victimario; porque el dolor de una familia y de una madre no admite diferenciaciones. Finalmente, recibir el premio con la Fundación Sumapaz me llena de satisfacción por lo que ha sido su trayectoria en la labor de defensa de los derechos de los pobres, de los oprimidos, de las mujeres a quienes promueven para que asuman liderazgos constructivos en medio de una sociedad enferma. Yo también he sido beneficiaria de Sumapaz, y de las organizaciones que apoyan el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que crearon la galería de la memoria de nuestra historia de vida para conmemorar los 25 años de la desaparición de Luis Fernando, dignificando su existencia y reconociendo su valor como ser humano admirable. Por ello me siento sumamente orgullosa. El tiempo es corto para manifestar todo lo que ha habido alrededor de nuestra historia, de 26 años de lucha y trasegar acompañados siempre por la solidaridad y compromiso de muchos y muchas que a nivel nacional e internacional nos han apoyado inconmensurablemente. Me da pena no nombrarlos, quisiera reconocerlos a todos, pero los llevo en mi corazón y les ofrezco esta distinción. Muchas gracias, Medellín, marzo 10 de 2011
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La información como bien público Por Javier Darío Restrepo Periodista y escritor
El paso de la infancia a la madurez de la institución periodística ha sido el resultado del afinamiento de su sensibilidad e interés por lo público… Una profesora de la Universidad Católica de Buenos Aires, Raquel San Martín, lo expresó de manera concisa: “el periodismo tiene una vinculación esencial y constitutiva con la ética si se concibe la información como un bien público”.
Cuando escribí estas líneas la semana pasada, los periódicos informaban en primera página sobre las sanciones impuestas a las EPS y sobre otra jornada de protestas contra el presidente Mubarak de Egipto; también daban cuenta de la investigación emprendida contra un ex procurador y sobre los alivios decretados a favor de las víctimas de las inundaciones; se ocupaban de los pronósticos de un ex presidente sobre el partido liberal y acerca del modelo de desarrollo que le impondrá al país la emergencia invernal, asuntos todos que tienen que ver con el interés público.
Texto leído por el autor en la Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez, realizada en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia el viernes 11 de febrero de 2011, con motivo de la celebración en Colombia del Día del Periodista.
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Estoy seguro de que hoy, 11 de febrero, una mirada a las primeras planas de los periódicos daría un parecido resultado. Hace poco, y en el mismo día, el diario El Tiempo registró y celebró su primer siglo de vida y la revista Semana sus 1.500 ediciones. Las dos publicaciones volvieron a las más importantes noticias dadas en sus páginas y resultó otra vez notorio que todas tienen que ver con el interés público. Aún la misma noticia del aniversario del periódico o de la revista, que pudieran ser un asunto privado de las respectivas empresas editoriales, se vuelve pública porque es el interés público que estas dos publicaciones han servido, el que le da sentido a su existencia como medios de comunicación. Los principales asuntos públicos han llegado a ciudadanos como ustedes y yo porque los medios nos los han hecho seguir y vivir. Los gritos de las víctimas de las inundaciones llegaron hasta nuestras casas, lo mismo que el sufrimiento de los secuestrados o el regocijo de los liberados; han resonado entre las paredes familiares los disparos y las explosiones de guerrilleros y paramilitares, o las discusiones vehementes sobre la reelección presidencial, las conversaciones del Caguán, el proceso 8000 y los hechos de la parapolítica, que son noticias relacionadas con lo público. A veces los medios se detienen en asuntos triviales: los resultados de un campeonato de fútbol, o de un reinado de belleza, o de una carrera de autos; pero son informaciones que logran el paso al reino de la noticia porque responden a un interés público y tienen repercusión y efectos en la vida pública. Es lo que se extrae de la historia individual de un hombre que cayó a un caño y fue arrastrado por la corriente, o la del taxista que devolvió a su dueño el maletín con dinero, olvidado en el cojín de atrás. Parecen asuntos que sólo conciernen a sus protagonistas, pero que publicados producen una corriente de solidaridad, o de rechazo y esto los vuelve públicos. Hay, desde luego, informaciones tan privadas como la primera comunión del nieto del director, o el cambio de pareja de un actor o de una cantante, que cuando aparecen en los diarios, o en la televisión o en los relatos de la radio, cambian el interés por el curioseo, la preocupación pública por el chismorreo. En la infancia del periodismo esa era la función que cumplían los diarios, porque era demasiado temprano –sucede en todas las infancias– para entender la naturaleza del instrumento periodístico y para hacer un uso debido de sus posibilidades.
Cuando uno aprende en los cursos de periodismo que las características de la noticia son su exactitud, su equilibrio, objetividad y concisión y que, además debe ser oportuna, de interés, atractiva, dramática y singular, deja sin considerar una calidad fundamental: es un bien público.
El paso de la infancia a la madurez de la institución periodística ha sido el resultado del afinamiento de su sensibilidad e interés por lo público. Así como en el crecimiento moral se pasa del ser humano que física y sicológicamente permanece en posición fetal, vuelto hacia sí mismo y de espaldas a los demás, al sujeto erguido que mira al frente, hacia los otros, en periodismo hay un crecimiento profesional y moral cuando se mira hacia adelante y se entra en los dominios de lo público. Una profesora de la Universidad Católica de Buenos Aires, Raquel San Martín, lo expresó de manera concisa: “el periodismo tiene una vinculación esencial y constitutiva con la ética si se concibe la información como un bien público”. Es un concepto que está en el fondo de las discusiones sobre la naturaleza de wikileaks. ¿Es legítimo que este hacker ponga a disposición de los periódicos, y que estos lo conviertan en material público, el producto de unas filtraciones? ¿Con qué derecho se vuelven públicas, comunicaciones de embajadores, gobernantes o empresarios, documentos sobre políticas de gobierno o de empresa, cartas de funcionarios, conversaciones y manifestaciones de hechos públicos? ¿Lo que ellos escribieron y se comunicaron entre sí, con qué legitimidad se vuelve público? En la respuesta a estas intrigantes preguntas será necesario tener en cuenta –como concepto clave– que la información es un bien público. Cuando uno aprende en los cursos de periodismo que las características de la noticia son su exactitud, su equilibrio, objetividad y concisión y que, además
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debe ser oportuna, de interés, atractiva, dramática y singular, deja sin considerar una calidad fundamental: es un bien público. Yo no sabría decir, como en el problema del huevo y la gallina, qué fue primero, si la madurez del periodismo que lleva a esa visión de la noticia, o si es la noticia tratada como bien público la que determina la madurez de la prensa y de los periodistas. Lo que sí sé es que hay una relación y que el tema propuesto para esta sesión por el profesor Hernán Mira es de alto interés profesional para nosotros. Como quien mira un poliedro, les propongo examinar cinco caras de esta realidad de la información, y por tanto, de la noticia.
1.-La información es un bien público porque es lo propio de su naturaleza En un bello texto de Gershom Scholem sobre la cábala, cuenta que las letras de la Torah se hallaban mezcladas confusamente y sólo cuando se producía en el mundo algún determinado acontecimiento, se reunían las letras en palabras que contaban ese suceso. El cabalista da por hecho que el lenguaje encuentra su orden y estructura cuando se trata de comunicar asuntos e historias de todos a los no iniciados y a los iniciados
Quien conoce lo que sucede, tiene la materia prima de la participación. Informar es democratizar, es introducir un factor de igualdad. Por eso la debilidad de las democracias nacionales comienza con una información de mala calidad o cuando se silencia la información; es fuerte la democracia cuando toda la población participa de ese bien público que es la información. El medio de comunicación que ofrece información presta un servicio público indispensable.
porque tanto el lenguaje como las noticias son bienes públicos que Zeus, orgulloso de haber encontrado las letras, se las ofreció a Amón, dios de Tebas, porque la posesión de las letras hacía más sabios a los egipcios y les ayudaría a tener memoria de los hechos. Esta tradición griega, contada por Sócrates en el Fedro, hace coincidir con la judía esta percepción de la palabra y la noticia como bien público necesario. La palabra, por su naturaleza, crea relación, hace público lo privado, no sólo refleja realidades, las crea. Existe la convicción extraída de la historia de que sus hechos “son el resultado de una acción verbal.” Así lo anota Carmen Benito Vasels en su historia heterodoxa de “La palabra en el tiempo de las letras.” Agreguen ustedes a esa función de la palabra, la fuerza propia de las palabras con que se cuenta la noticia. Un investigador, Harold de Bock, se propuso observar lo que pasó en 1977cuando los holandeses se quedaron sin televisión por una prolongada huelga de técnicos; después hubo una huelga de periódicos. A los datos de esa investigación agregó los que ya se conocían de una huelga de periódicos en Nueva York en 1945 y 1958. En todos estos casos fueron percibidos dos factores: una necesidad insatisfecha de información y la molestia de un ritual interrumpido. Echaban de menos el ritual de oír las noticias de televisión a determinadas horas, el 55%; aún se sintieron más frustrados los lectores de periódicos que en un 77% los echaron de menos. No es sólo la falta de la noticia como tal, es la ruptura de una relación o contacto con ese mundo que ha continuado haciendo su historia allá afuera, lejos del conocimiento y contacto del individuo. Eso convierte a la información en algo parecido al aire, o a la luz, necesarios para sentirse vivo. La expresión es del profesor Lorenzo Gomis: “Los medios ofrecen el presente social, sin ellos ese presente es pobre y encogido y reducido a la familia. Gracias a los medios vivimos en el mundo y sabemos lo que allí pasa”. Ese efecto de la información la convierte en elemento esencial de la democracia. Quien conoce lo que sucede, tiene la materia prima de la participación. Informar es democratizar, es introducir un factor de igualdad. Por eso la debilidad de las democracias nacionales comienza con una información de mala calidad o cuando se silencia la información; es fuerte la democracia cuando toda la población participa de ese bien público que es la información. El medio de comunicación que ofrece información presta un servicio público indispensable.
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Aparece así la singular característica del periodista que, sin ser funcionario, presta un servicio público, desde una empresa privada.
Ejercer una profesión como un servicio para todos, con el aporte de la inteligencia, con la valentía que supone y exige alcanzar el interés de todos, y exigirlos por encima de los intereses particulares o de grupo, transforma el ejercicio profesional en una operación de impacto histórico; es rescatar una profesión del pozo gris y pequeño de lo privado, para revestirla con la dignidad de lo público.
2.- La dignidad del periodismo resulta del servicio público de la información En efecto, si el periodismo a través de la información presta un servicio público, le da a la profesión la dignidad de lo público. Leo en el código ético de los periodistas de Israel que “para alcanzar un nivel elevado de actitud profesional, los periodistas deben considerarse servidores de lo público.” Y coinciden con ellos, a pesar de la distancia geográfica e ideológica los periodistas de Liberia: “Un alto nivel de conducta profesional requiere devoción por el interés público”. Los dos textos insisten en relacionar la devoción por lo público con el alto nivel profesional y ético. Es una actitud que eleva. Esta relación se da en la profesión periodística y en todas las profesiones. Su devoción a lo público es la fuente de una elevada dignidad que no se da en quien convierte su profesión en un negocio privado. Un caso ejemplar y presente es el de quien da nombre y dignidad a esta cátedra: el médico Héctor Abad Gómez, quien le dio a su profesión una unción de dignidad cuando introdujo la filosofía de la salud pública. Ejercer una profesión como un servicio para todos, con el aporte de la inteligencia, con la valentía que supone y exige alcanzar el interés de todos, y exigirlos por encima de los intereses particulares o de grupo, transforma el ejercicio profesional en una operación de impacto histórico; es rescatar una profesión del pozo gris y pequeño de lo privado, para revestirla con la dignidad de lo público. En esa calidad radica la alta jerarquía de los raros políticos que viven en función de lo público. La política en sí es la más alta profesión por eso, porque es una actividad que conlleva a la vez la centelleante misión de servir lo público y el riesgo de asumir como propios los intereses de todos. El periodismo sobrelleva esas dos iguales características: el honor y el riesgo, con el valor agregado de que vive para lo público, no para alcanzar el poder, meta del político, sino para prestar un servicio, diferencia específica del periodista. En las recientes celebraciones del centenario de El Tiempo fue notorio que el recuento de sus episodios gloriosos tuviera un elemento común: su aporte a la historia de los colombianos; y cuando se menciona-
ron sus perplejidades y problemas, estaban ligados a situaciones en que alguien de la familia Santos saltó del periodismo a la política. Las dos son formas de servicio de lo público, pero los periodistas mantenemos la convicción de que la nuestra es la más alta. Cuando digo estas cosas y pienso en el mundo real en que trabaja el periodista de hoy, parezco levitar y navegar entre nubes como cualquier nefelibata, de tan extensas como han llegado a ser las distancias entre lo real cotidiano y el ideal profesional. Hecho al que se refería con cierto desdén Max Weber al afirmar: “Sí, fueron los periódicos de peor fama los que intentaron y consiguieron tirada y dinero, pero no honra”. Desde luego, observo yo, hay quien lo quiere todo, circulación o raiting, dinero y también dignidad y honra. Aspiración imposible porque el servicio de lo público supone una radical independencia frente a lo privado y esta es mi tercera afirmación.
3.-Estar al servicio de lo público impone la ruptura de múltiples sujeciones Mal se puede servir al interés público si el periodista está sujeto a un gobierno, aunque haya gobiernos que se sienten la encarnación y la voz de lo público. Nombrados o elegidos para que fortalezcan y defiendan lo público, los gobiernos sin embargo no son lo público. Lo público los excede y se convierte en una misión
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narcotráfico comprara influencia en el manejo de lo público, fue una defensa que exigió del periodismo romper dependencias partidistas, en algunos casos neutralizar el miedo y por sobre la vanidad profesional, extremar el rigor para el encuentro de la verdad con el fin de lograr una información creíble para servicio de lo público. Esa misma independencia implica la defensa de lo público amenazado por las múltiples formas de corrupción, o por las formas delictivas de la parapolítica, o por las aspiraciones de guerrilleros y paramilitares. Es ejemplar e inspiradora la actividad del periodista que en las zonas rojas, puesto en la mira de los armados, asume la defensa de lo público. Es al mismo tiempo deprimente el drama del periodista que calla o mira para el otro lado cuando el dinero de la publicidad oficial lo vuelve ciego, sordo y mudo cuando lo público debe ser defendido. A pesar del alto costo, este trabajo independiente a favor de lo público es indispensable para consolidar la respetabilidad e influencia del periodismo. Y esta es mi nueva afirmación.
Estar al servicio de lo público implica poner distancia respecto de los poderosos. El poderoso, sea gobernante, empresario, banquero, militar u obispo, tiende a mantener relaciones de dominación con lo público; si es la cultura para imprimirle su huella o para utilizarla como recurso; si es la economía, para ponerla al servicio de sus intereses o de los intereses de los suyos; si es la educación, para trazarle cauce; y si es la salud para subordinarla a su ideología o política.
imposible su pretensión de encarnar y dar vocería a lo público. Sería tanto como privatizar, en un gobernante, lo público. Así como ellos no son la patria –porque siempre resultan pequeños frente a la grandeza que encarna la patria– tampoco son lo público. Por eso es necesario para el periodista diferenciarlos y, en consecuencia, servir lo público con independencia respecto del poder. Estar al servicio de lo público implica poner distancia respecto de los poderosos. El poderoso, sea gobernante, empresario, banquero, militar u obispo, tiende a mantener relaciones de dominación con lo público; si es la cultura para imprimirle su huella o para utilizarla como recurso; si es la economía, para ponerla al servicio de sus intereses o de los intereses de los suyos; si es la educación, para trazarle cauce; y si es la salud para subordinarla a su ideología o política. Un periodista contribuye a la liberación e independencia de lo público sólo si rompe sus propias dependencias respecto de los poderes. Son dependencias las del dinero, o las que crea el miedo, o la que resulta de la infaltable arrogancia profesional. La defensa de lo público comprometido en el proceso 8000, cuando se creó la coyuntura de que el poder económico del
4.- Cuando la información se usa como bien público, al servicio de lo público, el periodismo influye Es posible que aquí esté la clave de uno de los aspectos de la crisis de la prensa de hoy. Son más conocidos y lamentados los otros aspectos: el de la caída de la circulación de los periódicos o de las audiencias de la radio y la televisión, y con esa caída la de la credibilidad de la prensa. También hace parte de la crisis la multiplicación y la indiferencia pública ante los atentados contra su libertad, pero en relación con los múltiples factores de crisis, o como consecuencia de ellos, aparece el debilitamiento de la influencia de la prensa. Se lo preguntó la prensa colombiana cuando tras su campaña de informaciones sobre el proceso 8000 que apuntaba a la renuncia del presidente, se cumplió a pesar de todo el anuncio del mandatario: aquí estoy y aquí me quedo. Contra su costumbre, el diario El Tiempo editorializó sobre la conveniencia de esa renuncia; sugerencia que resultó irrisoria cuando el presidente se mantuvo en el poder hasta el último minuto de su mandato. Hoy el hecho que pone en tela de juicio esa influencia es el de la corrupción. Es quizás el tema que más informaciones de la prensa ha merecido;
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la unidades investigativas y los reporteros han escudriñado hasta poner en evidencia que los corruptos y sus acciones se encuentran hasta debajo de las piedras, y sin embargo nunca antes la corrupción tuvo tal ubicuidad y poder. ¿Dónde está prensa, tu poder? ¿Qué fue de tu influencia? Existe la percepción, no medida, de que junto con la circulación y la credibilidad, la prensa está perdiendo influencia en la vida de la sociedad y que esa pérdida se explica, entre otras razones porque la información dejó de ser un bien público y se convirtió en un instrumento al servicio de lo privado. En efecto, la influencia no se apoya en argumentos o discursos sino en el prestigio o reputación de la fuente de la que procede, anota Gomis, citando a Talcott Parsons. Pero este prestigio personal desaparece dentro de los actuales esquemas empresariales de los medios, cuando el periódico o el medio de comunicación crecen hasta formar un conglomerado que deja atrás, como algo caduco, la empresa familiar original. Dentro de esta nueva realidad empresarial importan más la marca y el espíritu corporativo, que la persona con su aura moral. Se está dando el fenómeno de que tras la percepción por parte del público de que ha aparecido una empresa dedicada a trabajar para sí y no para el bien público –expresión que suena a retórica anticuada– como ente poderoso y sin rostro personal. El ejemplo está a la vista: el centenario diario de los Santos, ahora el diario de Planeta; un nombre personal, un aura moral propia está siendo reemplazado por una marca. Es cierto, la organización empresarial, la unión con otras empresas, el flujo creciente de dinero y de ganancias son elementos de poder, pero no de influencia que es el producto del prestigio personal. Y esto, a su vez, resulta de la identificación de una persona, o de un grupo de personas con el bien público. Apunta Gomis: “El llamado poder de los medios no es tanto el de poder, como el de influencia.” Al describir esa influencia Parsons dice que así como el dinero activa la economía y el poder es instrumento en el que se apoyan los políticos para alcanzar metas sociales, la influencia mueve a los patrones de intereses particulares a que acepten obligaciones. El que influye no manda, ciertamente, pero persuade al que manda, opera sobre las intenciones del influenciado. La influencia permite tener presencia y voz en el centro de las decisiones del otro. Conscientes de esto, los medios destacan los re-
sultados de su influencia. “Por informaciones de este diario se reforzaron las medidas de seguridad” se lee en alguna primera página rebosante de autosatisfacción. Y se justifica esa reacción. Entre los objetivos y logros de un medio de comunicación, el de la influencia es la más destacable de sus victorias. El periodismo se hace para influir.
5.- La información como bien público es la clave del buen periodismo El periodismo ha tenido dificultad para mirarse al espejo y reconocer su identidad, de tan cambiantes que han sido las imágenes que ha encontrado allí reflejadas. Comenzó, según relatan Kovach y Rosenstiel con unos cuadernos que llenaban los marinos con relatos de sus viajes y aventuras. En los bares se leían esas historias con apasionado interés. Ha quedado como una impronta en el perfil del periodista, ese rasgo de contador de historias. ¿Es el periodismo una actividad de entretenimiento con sus historias de aventuras? Al saborear las delicias de la fama literaria algunos de los buenos periodistas están emigrando hacia el club de
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Al periodismo no lo está dignificando su transformación en poderosas empresas, ni la posesión y uso de las más recientes y avanzadas tecnologías; no le aumentan dignidad la circulación alta o las audiencias multitudinarias sino su servicio a lo público y su respeto a la información como bien de todos, porque de allí surgen su influencia, su independencia y su calidad técnica y ética. Al manejar la información pública tenemos en las manos la materia prima de más elevada nobleza porque es tanto como trabajar con el alma de la sociedad.
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Existe la percepción, no medida, de que junto con la circulación y la credibilidad, la prensa está perdiendo influencia en la vida de la sociedad y que esa pérdida se explica, entre otras razones porque la información dejó de ser un bien público y se convirtió en un instrumento al servicio de lo privado.
los autores de libros de historias periodísticas. ¿Es este un periodismo que, finalmente, llegó a puerto? Antes de la revolución francesa los reyes mantuvieron con mano de hierro el monopolio de las gacetas en donde se daba la versión de los hechos, como se veían desde el palacio real. ¿Es acaso el periodismo la voz de los poderosos? A fines del siglo 19 y comienzos del siglo 20 el periodismo pareció concentrarse en las historias que podían observarse a través del ojo de las cerraduras y oírse detrás de las puertas. ¿Ser periodista era tanto como ser coleccionista de intimidades e indiscreciones? Según las indicaciones de los técnicos de mercadeo, el periodismo es, ante todo, el negocio de las noticias, convertidas en mercancías. ¿Coincide ese entusiasmo por el negocio de las noticias con nuestra pasión de periodistas? Se necesitaron hechos como las guerras en donde el papel del periodista desbordó los triviales esquemas que definían su oficio, y lo reveló como un profesional cuya influencia era tan poderosa que podía cambiar la dirección de los cañones y de los bombarderos. Sucedió en la guerra de Crimea en 1854 cuando el artículo de Howard Russell, La carga de la brigada ligera, reveló el fracaso de las tropas inglesas, a pesar de que los generales habían tratado de ocultarla, para continuar la guerra. O en la guerra de Vietnam en donde la investigación y las crónicas de Seymour Hersh sobre la matanza de My Lai y la revelación de los Papeles del Pentágono fueron elementos decisivos para detener las tropas y las armas, los aviones y helicópteros de com-
bate; hechos como estos, influyentes en las guerras, o investigaciones como las de Watergate pusieron fin a la adolescencia del periodismo y abrieron las nuevas etapas de la madurez que coinciden con una percepción clara del periodista como servidor de lo público y de la información como un bien de toda la sociedad. Ese descubrimiento impuso, como criterio de calidad, el eje información sociedad y como valor ético fundamental, el servicio de lo público. Los jurados de premios de periodismo han introducido una categoría entre las que se buscan para determinar la calidad de los trabajos sometidos a juicio y hablan de pertinencia, o sea la relación de las piezas periodísticas en juicio, con lo público. Concluyo, por tanto, que para hacer un periodismo de calidad se tiene que partir de la doble convicción: 1.- Que la información periodística, puesto que contiene la vida de la sociedad es un bien público, y en vista de que contiene los sueños, las frustraciones, los logros, las tristezas, los triunfos o las derrotas de todos, adquiere la calidad de lo sagrado. La otra convicción tiene que ver con la identidad del periodista como servidor de lo público. Son dos convicciones necesarias para entender el periodismo en su más alto nivel de dignidad. 2.- En la medida en que el periodismo se despoja de las ínfulas y pretensiones de poder y se reviste de un espíritu de servicio a la sociedad, se elevan su credibilidad y dignidad porque será mirado como eficaz servidor de lo público, es decir identificado con los intereses de todos. Lo público, en efecto, dignifica, eleva, lo privado priva, limita, reduce. 3.- Aquí está el núcleo de la dignidad y nobleza del trabajo periodístico. Al periodismo no lo está dignificando su transformación en poderosas empresas, ni la posesión y uso de las más recientes y avanzadas tecnologías; no le aumentan dignidad la circulación alta o las audiencias multitudinarias sino su servicio a lo público y su respeto a la información como bien de todos, porque de allí surgen su influencia, su independencia y su calidad técnica y ética. Al manejar la información pública tenemos en las manos la materia prima de más elevada nobleza porque es tanto como trabajar con el alma de la sociedad.
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Diez estrategias de manipulación mediática
El lingüista estadounidense Noam Chomsky, célebre por su militancia política progresista, elaboró una lista de las “10 estrategias de manipulación” a través de los medios. Prescindiendo de las consideraciones ideológicas que Chomsky agrega, las fórmulas de manipulación que sintetiza son, en líneas generales, en forma alternativa y a veces simultánea*.
1. Estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. —35—
2. Crear problemas, después ofrecer soluciones Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez.
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4. La estrategia de diferir Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarlo con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad” (ver Armas silenciosas para guerras tranquilas).
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad —36—
de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores” (ver Armas silenciosas para guerras tranquilas).
Wikileaks
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y, sin acción, no hay revolución!
Por Eduardo Villanueva
En su libro de 2009 Texting, the Gr8 Deb8, David Crystal se divierte demostrando que la gran mayoría de prácticas y estilos que se usan en el texteo o envío de mensajes de textos por teléfonos móviles no es más que la reutilización de formas de escritura que tienen tantos años como la escritura misma. Los griegos usaban abreviaturas comparables a nuestros “omg”, “wtf” o “lol”. Nos escandalizamos, sorprendemos o entusiasmamos con estas prácticas según nuestra particular manera de ver el mundo, y según nuestra particular pérdida de perspectiva sobre la historia de la cultura y la escritura. Algo parecido ocurre con Wikileaks. Sin negar que hay diferencias de escala tanto en el alcance de las
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El “sistema” ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
* Texto difundido por Attac (Grano de Arena: informativo@attac.org) Fuente http://www.institutojoaogoulart.org.br/noticia. php?id=1861&back=1 <http://www.institutojoaogoulart.org.br/noticia.php?id=1861&amp;back=1>
Wikileaks nos muestra un escenario fascinante: en un mundo todavía organizado por Estados-Nación, pero cada vez más articulado alrededor de sofisticadas redes económicas, sociales y simbólicas, bajo el control de actores transnacionales, aparece un conjunto de personas altamente conectadas que traslada un ideario al accionar público, y lo ejecuta a escala global. —37—
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fugas como en la cantidad de material disponible, ni las filtraciones de documentos secretos son novedad (pensemos en los Pentagon Papers) ni tampoco nuevas en lo digital (pensemos en Cryptome, que tiene más de 10 años haciendo esto). La diferencia de fondo es la intención clara de crear un discurso político alrededor de la actividad de Wikileaks, que además coincide con un resurgimiento de las actitudes más conservadoras en la política de los Estados Unidos como para hacer un estilo de opuestos casi perfecto. Wikileaks enarbola una posición que podríamos llamar hackerismo ultra. La posición de los hackers, los especialistas en informática que están tras movimientos como el FLOSS y la lucha contra el exceso en las leyes de derechos de autor, suele resumirse en el dictum “la información quiere ser libre”. Dadas las condiciones técnicas indispensables, la información puede estar a disposición de cualquier persona medianamente entrenada, y por ello debería estarlo. Aunada a una posición libertaria que asume que los Estados buscan opacidad para negar libertades individuales, los hackers normalmente luchan por la mayor transparencia, desde el código informático libre hasta la información gubernamental libre. Wikileaks lleva esta posición a ultranza y además asume una actitud relativamente común en los extremismos: pureza, absoluta e indiscutible certeza moral. Lo que hacen está no solo bien, sino que es indispensable para el bien común; y oponerse está mal. Podemos estar de acuerdo o no con los fines y propósitos de Wikileaks, pero el resultado puede ser positivo. Varias revelaciones de esta organización han sido positivas, otras no tanto, otras son fundamentalmente banales. Lo más significativo es el discurso público, que ha convertido a Wikileaks en un actor esencial en la búsqueda de transparencia y en la defensa de libertades, con la cuota de ambigüedad o generalidad política que permite lecturas desde cualquier ángulo. Digamos que, sin importar el propósito final de Wikileaks, su posición es lo suficientemente útil para otros discursos como para que sea acogida con mucho entusiasmo: los periodistas que se postulan como defensores de la verdad pueden verse reflejados en la actitud desenfadada y contestataria de Wikileaks; los libertarios puros la ven como una ruta clara hacia sus ideales; los izquierdistas irredentos contemplan un arma potencial más en el avance hacia la destrucción del capitalismo bajo sus propias contradicciones. Frente a esto, el Estado se ve agredido, porque si bien las revelaciones no llegan a una escala de cataclismo político, sí afectan la integridad de la función
estatal. Digamos que el privilegio del secreto, en sus distintas escalas, es casi irrenunciable para un Estado moderno. Digamos también que este secreto, casi una derivación conceptual del principio del monopolio de la fuerza, es efectivamente central a la marcha de ciertas actividades estatales, si bien para otras puede ser contraproducente: un diplomático negociando un tratado necesita ser franco y directo, sin miedo a ser despedido por su opinión poco, precisamente, diplomática; un congresista que se encierra clandestinamente con cabilderos está influyendo oscuramente en esa misma negociación. Pero precisamente por esa noción de integridad, al Estado le gusta que no le digan desde afuera qué debe y qué no debe revelar. Peor todavía cuando la revelación es decidida unilateralmente por un grupo de personas que ni siquiera son ciudadanos del Estado-Nación al que afecta esta transparencia. La Internet existe en parte por este sistema global que ha permitido que invenciones de origen local se distribuyan por todo el mundo, a través de la acción de conglomerados de telecomunicaciones, mediáticos e informáticos. Wikileaks, como también Avaaz, o antes Greenpeace, entre otros, aprovecha esta infraestructura para proponernos. Entonces, Wikileaks nos muestra un escenario fascinante: en un mundo todavía organizado por Estados-Nación, pero cada vez más articulado alrededor de sofisticadas redes económicas, sociales y simbólicas, bajo el control de actores transnacionales, aparece un conjunto de personas altamente conectadas que traslada un ideario al accionar público, y lo ejecuta a escala global. Si bien sabemos que hay un sistema global de comercio, de finanzas, de intercambios en general, este sistema normalmente existe porque los EstadosNación le dan su anuencia y permiten que funcione: en efecto, ceden su soberanía en aras de un sistema que trae, supuestamente, mayores beneficios que los que un Estado-Nación puede proveer. Wikileaks no cambiará el mundo, pero sí lo hará mucho más entretenido.
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Fuente: Agencia de Información Solidaria http://www.revistaideele.com/idl/node/862 http://alainet.org/active/44835
¿Es inconstitucional la Ley 1438 de 2011? Breves consideraciones jurídicas
Por Jaime Gañán Profesor Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia gananr@une.net.co
Según nuestra actual Constitución Política1, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. De acuerdo con el artículo 2º de la Constitución son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos
La Ley 1438 de 2011 que regula el derecho a la salud en su dimensión de servicio público esencial fue tramitada como una ley ordinaria, violando los claros preceptos del artículo 152 referido. Por ello sólo, tal ley podría ser, en nuestro juicio, declarada como inconstitucional por vicios de trámite.
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en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Artículo que en forma inescindible está relacionado con los artículos 365 y 366 de la Carta en cuanto determinan que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Así mismo, en cuanto se determina que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable2. En tal contexto el derecho a una vida digna y con calidad3 y el derecho a una igualdad real, material o fáctica4 en derechos y deberes son fines últimos de un Estado social. Lógicamente, el derecho a la salud5 en el marco de una interpretación sistémica e integral de los preceptos constitucionales constituye en su calidad de derecho y en su dimensión de servicio público esencial6, como núcleo vital de la materialización
En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se consagra que toda persona tiene derecho a la salud, entendida “…como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. Así mismo que se reconoce como un “… bien público” . De acuerdo con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “… La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
de un verdadero Estado social de derecho, un pilar básico de respeto a la dignidad humana. Dignidad humana que a su vez se inserta en los fundamentos de los derechos humanos y en la protección de toda persona en forma universal e integral. Concepto que se arraiga en los tratados internacionales de derechos humanos que se integran a la Constitución por vía del llamado bloque de constitucionalidad7. Precisamente es a partir de los instrumentos internacionales que hoy en día hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad que el derecho a la salud se erige como un verdadero y serio derecho humano fundamental. En el devenir histórico verificable de la determinación de la salud como un derecho nos encontramos que el derecho a la salud está prolijamente regulado en los instrumentos jurídicos de carácter internacional, consagración de la cual se puede colegir que el derecho a la salud es un derecho humano, indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos8. Además es un derecho universal, inclusivo, interdependiente con otros derechos. Entraña libertades y derechos9. Por tanto, un derecho fundamental por ser inherente a toda persona humana, inalienable, indivisible y que vincula a todos las ramas del Estado y por ende a todas a las autoridades públicas.10 Por medio del PIDESC, se determina el derecho a la salud como un derecho social al reconocerse como “…el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental…”11. Mediante la Observación General 14 se amplía su concepción al definirse como un “derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos”12, y al determinarse que “El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos.”13. Según la misma Observación, tal derecho no debe entenderse sólo como un derecho a estar sano, entraña también libertades y derechos. Entre las libertades está el derecho a controlar la salud y el propio cuerpo, con la inclusión de la libertad sexual y genésica. Entre los derechos también está el relativo a contar con un sistema de protección de la salud14. En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se consagra que toda persona tiene derecho a la salud,
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entendida “…como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. Así mismo que se reconoce como un “… bien público” 15. De acuerdo con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “… La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”16. En el mismo sentido declaraciones como la de Alma–Ata (1978), la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005), la de DOHA (sobre los ADPIC y la Salud Pública) (2001), la Declaración de Lisboa (Asociación Médica Mundial, adoptada por la 34ª Asamblea en 1981, acogida en Colombia mediante la Resolución 13437 de 1991, Ministerio de la Salud y el mismo Código Iberoamericano de la Seguridad Social (ratificado por la ley 516 de 1999) determinan la salud como un derecho humano fundamental. Por su parte, en Colombia el derecho a la salud se elevó a rango constitucional con la Constitución Política de 199117. Igualmente, el derecho a la salud fue expresamente consagrado como un derecho fundamental en el artículo 44 de la Constitución de 1991. Por tanto, respecto de la fundamentalidad del derecho a la salud de los niños es indiscutible su carácter de derecho fundamental, en consecuencia, su protección, justiciabilidad y garantía se podrán llevar a cabo por medio de la acción de tutela cuando éste se encuentre vulnerado o amenazado18. Al respecto ha sido abundante la jurisprudencia constitucional colombiana en la afirmación de tal derecho como fundamental, autónomo y directo en los menores de edad19. De tal modo, el derecho a la salud puede derivarse de la enunciación normativa de algunos artículos constitucionales. En efecto, por la redacción del artículo y desde la visión integral del derecho a la salud y la concepción sistémica de los derechos puede colegirse la estipulación del derecho a la salud en ellos. Así, por ejemplo, de la enunciación normativa del artículo 46 puede deducirse el derecho a la salud o a los servicios de salud de las personas de la tercera edad o adulto mayor. Lo mismo con el artículo 47 en lo referente a las personas en estado de discapacidad. El 52 en cuanto se refiere al ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas en función de la preservación y desarrollo de una mejor salud en el ser humano. El 53 con relación a la salud de los trabajadores. El 54 respecto de los trabajadores adultos mayores o
...el derecho a la salud fue expresamente consagrado como un derecho fundamental en el artículo 44 de la Constitución de 1991. Por tanto, respecto de la fundamentalidad del derecho a la salud de los niños es indiscutible su carácter de derecho fundamental, en consecuencia, su protección, justiciabilidad y garantía se podrán llevar a cabo por medio de la acción de tutela cuando éste se encuentre vulnerado o amenazado.
en estado de discapacidad. El 64 en cuanto a los trabajadores agrarios. El 79 como determinante del derecho a un ambiente sano. Sumadas las anteriores consideraciones sería claro que el derecho a la salud es un derecho fundamental en Colombia. Pero, si a tales consideraciones agregamos que sentencias de la Corte Constitucional como la sentencia T-307 de 200620 retoma el argumento del derecho a la salud como fundamental en sí mismo “… cuya efectiva realización depende, como suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como de las circunstancias del caso concreto”, sin que por ello deje de ser un derecho fundamental; o la sentencia T-016 de 200721 que señala, entre otros, los muy interesantes y, a la vez, muy controvertibles puntos: “todos los derechos constitucionales son fundamentales, la fundamentalidad de los derechos no depende –ni puede depender– de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica, la salud es un derecho fundamental cuyo contenido es acentuadamente prestacional”22; o la sentencia C-811-200723 que determinó que el derecho a la salud es un derecho que tiene categoría autónoma como fundamental, y que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos; o la sentencia C-463 de 200824
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que expresó que el carácter universal del derecho a la seguridad social en salud apareja como consecuencia su fundamentabilidad25, entonces sería indudable el carácter iusfundamental del derecho a la salud. Este carácter fue en forma enfática reiterado por la sentencia T-760 de 200826 que reconoce, sin ningún tipo de ficción jurídica, que el derecho a la salud es un derecho fundamental27. En consecuencia, es decir, de acoger por vía del bloque de constitucionalidad o por vía del precedente judicial de las sentencias T y C arriba anunciadas de la Corte Constitucional, entonces habría que afirmar sin ningún tipo de dilación que el derecho a la salud es un derecho fundamental y debe ser protegido por las garantías constitucionales que todo derecho seriamente fundamental posee según la Constitución de 199128. En tal sentido, la reglamentación del derecho fundamental a la salud habría que hacerse a través de una ley estatutaria a la luz del artículo 152 de la Constitución Política. Máxime, cuando sin lugar a dudas el artículo 44 constitucional se refiere a los derechos fundamentales de los menores (niños, niñas y adolescentes) entre ellos la seguridad social y la salud como arriba se había afirmado. No obstante lo anterior, la Ley 1438 de 2011 que regula el derecho a la salud en su dimensión de servicio público esencial fue tramitada como una ley ordinaria, violando los claros preceptos del artículo 152 referido. Por ello sólo, tal ley podría ser, en nuestro juicio, declarada como inconstitucional por vicios de trámite. De otra parte, quizá más de conveniencia social, más de ciencia política, pero igualmente jurídica, se podría decir que el no cambio del modelo estructural del SGSSS, por el contrario su fortalecimiento a la luz del artículo 1º de la Ley 1438 de 2011, es decir el fortalecimiento del modelo de mercado del sistema, el mantenimiento del derecho con base en la capacidad económica de las personas, el mantener a su vez la diferenciación de los planes de beneficios del régimen contributivo y del régimen subsidiado a pesar de los expresos mandatos contenido en la sentencia T-760 de 2008, el recentralizar los recursos del régimen subsidiado, la participación formal más no real en la estructuración de la ley, el acelerado trámite de la misma, el no tomarse como un asunto de Estado y de país sino quizá como un asunto de gobierno el tema de una reforma estructural del sistema, implica que la Ley 1438 de 2011
también sea inconstitucional ante un estado de cosas inconstitucional en salud. Finalmente, el continuar con la práctica de entregar facultades jurisdiccionales a la Supersalud, en nuestro juicio, rompe en forma lenta e imperceptible con la estructura del Estado constitucional al violentar la teoría de los pesos y contrapesos de los poderes públicos y de la división de los poderes, toda vez que por motivos justificados o no se le entregan a un mismo poder, el ejecutivo, las facultades que corresponden naturalmente al órgano jurisdiccional. De contera, y en forma muy sutil, colocando barreras reales a la utilización de la acción de tutela como medio de defensa del derecho fundamental a la salud y por qué no a otras acciones de defensa colectiva de tal derecho. Ello también podría implicar la inconstitucionalidad de la ley 1438 de 2011 o por lo menos de algunos aspectos de tal ley. Así las cosas, y por las breves consideraciones expuestas, la ley 1438 de 2011 puede ser inconstitucional. De todas formas el goce efectivo del derecho fundamental a la salud debe ser protegido efectivamente y por ello se requiere de medidas de cambio estructural en favor de su universalidad, su integridad y su calidad.
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8 Efectivamente el derecho a la salud fue consagrado como un derecho humano en la Declaración Universal de Derecho Humanos. Numeral 1º del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho a la salud es consagrado como un derecho a la preservación de la salud y al bienestar. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948, artículo XI: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. 9 Se reconoce la salud como un bien público, garantizado por los estados parte. Por la lectura de las normas consagradas en los instrumentos jurídicos internacionales, todos coinciden que el derecho a la salud implica la dignificación del ser humano y la búsqueda de su bienestar integral. 10 Apartes tomados de la tesis doctoral: Los muertos de Ley 100. Prevalencia de la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud. Una razón de su ineficacia. Caso del POSC. Universidad Externado de Colombia. Autor Jaime Gañán. 2010. 11 Artículo 12, numeral 1 del pacto citado. 12 “Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente”. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del PIDESC. Observación General 14 (2000). El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del PIDESC). Párrafo 1º. 13 “… en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud”. Ob. cit., párrafo. 3. 14 Véase Ob. cit., párrafo. 8.
Notas 1 Artículo 1. Constitución Política de 1991. 2 Confróntese los artículos referidos. Constitución Política de 1991 3 Véase el artículo 11 de la Constitución Política de 1991. 4 Confróntese el artículo 13 de la Constitución de 1991. 5 Artículo 49 de la Constitución Política de 1991. En cuanto a la iusfundamentalidad del derecho a la salud véanse, entre otras, las sentencias T-016 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, C-463 de 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería, T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y la T-120 de 2009. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 6 Confróntese la Ley 100 de 1993. 7 Véase los artículos 93 y 94 de la Constitución de 1991.
15 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 1988. Artículo 10. Derecho a la Salud. 16 “… El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados”. Principios de la Constitución de la OMS. Documentos básicos, suplemento de la 45 edición, octubre de 2006. 17 Principalmente a través del artículo 49, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009, capítulo II. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, del título II. De los Derechos, las Garantías y los Deberes de nuestra Constitución Política.
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18 En los términos del artículo 86 de la Constitución de 1991 y los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 19 Véase, entre otras muchas, T-576 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, p. 27, y la T-760 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, p. 124 20 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. pp. 12 y ss. 21 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, pp. 16 y ss. En igual sentido, véanse las sentencias T-770 y T-816 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, pp. 11 y 5, respectivamente. 22 Se comparte con la sentencia la determinación del derecho a la salud como fundamental, que el derecho fundamental a la salud debe ser analizado a la luz de los instrumentos jurídicos internacionales que actualmente lo regulan, porque siendo fundamental no es necesario buscar conectarlo con otros derechos expresamente fundamentales. No se comparte con tal sentencia que todos los derechos constitucionales sean fundamentales. Al respecto, Vila Casado se refiere a que sostener que todos los derechos constitucionales son fundamentales porque hacen parte de la Constitución […] es negar, contra toda evidencia, que existe un conjunto de derechos con prerrogativas especiales que los diferencian de los demás derechos constitucionales. Véase Vila Casado, Iván. Fundamentos del Derecho Constitucional Contemporáneo. Primera Edición. Bogotá: Legis, 2007, p. 465. En igual sentido véase Chinchilla Herrera, Tulio Elí. ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Las nuevas líneas de la jurisprudencia. Segunda Edición. Bogotá: Ed. Temis, 2009, p. 113. 23 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, p. 33. 24 M. P. Jaime Araújo Rentería, p. 31. 25 Esto es, su carácter de derecho fundamental, tanto respecto del sujeto como del objeto de este derecho, por su universalidad y por su relación directa e inescindible con el principio de la dignidad humana. 26 Véase la sentencia T-760 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, p. 18. 27 La sentencia en cita retoma el hecho de que uno de los elementos centrales que le da sentido al uso de la expresión “derechos fundamentales” es el concepto de dignidad humana, concepto que se relaciona directamente con la “libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle”. Véase la sentencia T-881 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. p. 33. Recuérdese que la sentencia T-227 de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett ya había señalado que sería fundamental todo derecho que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo, p. 11. 28 Estas garantías son: Aplicación inmediata. Artículo 85 C.P, Acción de Tutela. Artículo 86 C.P, Reserva de ley para su reglamentación. Artículo 152, C.P, no suspensión en estados de excepción. Artículos 93 y 214.2 C.P, Artículo 4º Ley 137 de 1994, Artículo 27 de la Convención Americana de DDHH y poseen una protección especial para su modificación. Artículo 377 C.P.
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El derecho a la sostenibilidad fiscal es un atraco a la Constitución Política de 1991
Por Rafael Uribe Uribe Profesor jubilado Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Antioquia
Atendiendo las recomendaciones de una corriente neoliberal, la Public Choice o Teoría Económica de la Política, en el sentido de que los fallos del Estado, que se consideran peores que los fallos del mercado, se deben corregir acudiendo a la Constitución, con reglas fiscales que tengan el rango constitucional, el presidente Álvaro Uribe, a través del Ministro de Hacienda, presentó [en ejercicio del cargo] un proyecto de reforma constitucional para establecer el derecho a la sostenibilidad fiscal. Las notas que siguen quieren destacar lo nefasto que sería este derecho, hoy día transformado en principio por los debates del Congreso. El acto legislativo modifica tres artículos de la constitución económica. El 334, para lograr que el Esta-
Una verdad de Perogrullo es que Colombia es campeón mundial en muerte de sindicalistas, en la eliminación de partidos de oposición a bala y motosierra y en desigualdad económica, donde acompañamos a Haití.
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Se introdujo en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 41, una definición laxa o imprecisa de lo que es gasto público social, pues considera el artículo que todo gasto tendiente al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida es gasto público social (GPS), lo que lleva a que cualquier cosa se haga pasar por tal gasto. do lleve la dirección general de la economía en un marco de sostenibilidad fiscal y planteando que “la sostenibilidad fiscal es indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, es un derecho de todos y es deber de todas las ramas y órganos del poder público colaborar armónicamente, dentro de sus competencias, para hacerla efectiva”; el 346, para lograr que el presupuesto se elabore, presente y apruebe dentro de un marco de sostenibilidad fiscal; el 339, para lograr que el plan de inversiones públicas garantice la sostenibilidad fiscal. La Public Choice concibe al Estado como un leviatán donde opera no la mano invisible del mercado sino la pata invisible del Estado. Los gobernantes, los burócratas públicos y los políticos los conciben como homo economicus, maximizadores de su propio interés al igual que los agentes del mercado. Los fallos del Estado que destacan son: el poder monopolístico de la burocracia pública, la democracia representativa de occidente, los grupos de presión, el ciclo político electoral, la ilusión fiscal y la votación por mayoría simple. Las soluciones a estos fallos serían: federalismo fiscal, privatizaciones en sus diversas formas, y enmiendas constitucionales en la parte de su constitución económica, la que forman los artículos de la constitución fiscal y la constitución monetaria que están en nuestro Título XII. Para estos economistas las soluciones clásicas de separación de poderes, elecciones generales y periódicas, bicameralismo y federalismo político no bastan para corregir los fallos del Estado, de allí la solución de la Constitución económica. Una verdad de Perogrullo es que Colombia es campeón mundial en muerte de sindicalistas, en la elimi-
nación de partidos de oposición a bala y motosierra y en desigualdad económica, donde acompañamos a Haití. Los Gine de la tierra, la propiedad accionaria y la riqueza en general son superiores a 0.7 cada uno, amén de que el Gine de la renta nacional es de 0.6. Toda una vergüenza internacional. Para mitigar en algo esta triste realidad macondiana y obligar al Estado a pagar su deuda social, así como lo hace tan cumplidamente con la deuda financiera con la banca nacional y mundial, los constituyentes del año 1991 dejaron estas medidas: 1) Artículo 1, pasar del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, vale decir, pasar del Estado Gendarme o Protector al Estado Benefactor; 2) Se establece en el artículo 366 que el objetivo fundamental de la actividad del Estado es la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que, para tales efectos, en los planes de desarrollo y en los presupuestos de la Nación y las entidades territoriales, el gasto público social (GPS) tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación; 3) El artículo 350 impide el uso de la tijera presupuestal con el GPS, pues se establece que la ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado GPS, el cual no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior, respecto del gasto total (excluyendo el gasto en servicio de la deuda pública); 4) Los artículos 356 y 357 ordenan la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la Nación (ICN), transferencia nacional conocida como Sistema General de Participaciones (SGP), para poder que las ET puedan financiar gasto público social, dado que sus impuestos representan un enano 3% del PIB. En resumen, los constituyentes del año 1991 establecieron una regla fiscal para poder que el Estado colombiano pagará su enorme deuda social. Esta regla fiscal estableció que el GPS tiene prioridad asignativa en los planes de desarrollo, en los presupuestos públicos, en el quehacer del Estado –regla fiscal cualitativa–, y que dicho GPS no se puede disminuir entre dos vigencias fiscales –regla fiscal cuantitativa–. Pero resulta que dicha regla fiscal, tanto la cualitativa como la cuantitativa, ha sido y fue violada y/o desconocida hasta el cansancio, especialmente en los dos períodos de gobierno del señor Uribe Vélez, así: 1) Se introdujo en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 41, una definición laxa o imprecisa de lo que es gasto público social, pues considera el artículo que todo gasto tendiente al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida es gasto público social (GPS), lo que lleva a que cualquier cosa se haga pasar por tal gasto.
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2) Los ingresos del presupuesto nacional para el Sistema General de Participaciones se desligaron, tanto en el gobierno de Pastrana como en el de Uribe, del comportamiento de los ingresos corrientes de la Nación hasta el año 2016, a través de los actos legislativos 01/2001 y 04/2007, ello con el fin de disminuir el monto transferido a las ET. 3) En los dos gobiernos de Uribe, sin modificar textualmente la Constitución en materia de GPS, la política de Estado llevada a cabo arrasó con la primacía constitucional del gasto social, pues la primacía pasó a ser la seguridad democrática y la confianza inversionista, quedando en tercero o último lugar el GPS. En otras palabras, en los hechos se transforma al ESD en ED, con el voto favorable del 80 de la opinión pública y el silencio de casi toda la academia. 4) El proyecto de reforma constitucional dejado por Uribe para establecer el derecho o principio a la sostenibilidad fiscal, de ser aprobado por las mayorías del uribismo y el conservatismo –proyecto al que se oponen el Polo, el Partido Liberal, los Verdes y los indígenas– pretende que tal derecho o principio contrarreforme la CP/91 en materia de gasto social. Las cosas de la vida política: una regla fiscal, el derecho a la sostenibilidad fiscal, neutralizando a otra regla fiscal, la primacía del gasto social. Un supuesto derecho colectivo, la sostenibilidad fiscal, limitando o restringiendo unos derechos económicos y sociales individuales. El equilibrio presupuestal impidiendo la realidad de los llamados derechos económicos y sociales de segunda generación. Perversidades del derecho a la sostenibilidad fiscal 1– Neutralizar la acción de tutela que es uno de los principales logros de la Constitución Política del 91 y con ello el llamado activismo del poder judicial. Por la eterna falta de recursos, la tutela para reclamar salud, vivienda digna, educación, etc., moriría. La Corte Constitucional y los jueces no podrían emitir fallos a favor de los derechos que reclaman los ciudadanos, ya que tendrían que partir de que no hay recursos para financiarlos. Los ciudadanos al ver que la respuesta a sus peticiones siempre es la misma –no hay presupuesto para cubrirla–, dejarían de reclamar sus derechos económicos y sociales vía la acción de tutela. 2– Cualquier ley puede ser considerada violatoria del derecho a la sostenibilidad fiscal, lo mismo se aplicaría a las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El gobierno obligaría, en cumplimiento de la Consti—46—
tución Política, a que un juez diga no a la tutela presentada por un ciudadano, porque los derechos reclamados llevan a más gasto público, el cual trae más déficit fiscal, este a su vez eleva la deuda pública, ésta lleva a la inflación, la que a su vez atenta contra la estabilidad económica. 3– El derecho a la sostenibilidad fiscal va contra el artículo 366 de la Constitución Política del 91, pues la prioridad del GPS en los planes de desarrollo, en los presupuestos y en el quehacer del Estado, es sustituida por la prioridad de la sostenibilidad fiscal. Para un buen neoliberal la estabilidad económica dada por la velación del derecho a la sostenibilidad es el bien público por excelencia. Los fines del Estado Social de Derecho quedarían subordinados a que no atenten contra la sostenibilidad fiscal. 4– El derecho a la sostenibilidad fiscal coloca el saneamiento de las finanzas públicas por encima del cubrimiento de los derechos económicos fundamentales como la vivienda digna y la salud. Una cirugía de vida o muerte podría ser negada, ya que al elevar el gasto público vendría el déficit fiscal. Algún filósofo local capturado por el uribismo diría: “En aras de que todos tengamos estabilidad económica, poco importa que mueran algunos por falta de una cirugía. La revolución francesa y otras se equivocaron con los derechos que reclamaron y conquistaron, pues el derecho grande e importante es el derecho de la sostenibilidad fiscal. Sin sostenibilidad fiscal los pobres no podrían hacer
Las cosas de la vida política: una regla fiscal, el derecho a la sostenibilidad fiscal, neutralizando a otra regla fiscal, la primacía del gasto social. Un supuesto derecho colectivo, la sostenibilidad fiscal, limitando o restringiendo unos derechos económicos y sociales individuales. El equilibrio presupuestal impidiendo la realidad de los llamados derechos económicos y sociales de segunda generación.
realidad sus derechos económicos y sociales. Esta es la genialidad de Uribe Vélez”. 5– La sostenibilidad fiscal sometería a subordinación a la democracia al establecer una dictadura fiscal, pues el poder ejecutivo nacional, a través de su Ministro de Hacienda, ante la estructural escasez de recursos económicos, estaría conceptuando de manera permanente que tal gasto solicitado es fiscalmente inviable y debe archivarse. El Minhacienda sería el que establecería las prioridades del gasto público. 6– Se rompe el equilibrio de poderes, al limitar el accionar del poder legislativo y el judicial. Se fortalece más el poder ejecutivo o presidencialismo. 7– La sostenibilidad fiscal como derecho es una forma solapada de plantear a nivel constitucional la regla de oro de la hacienda pública clásica y neoliberal: el equilibrio presupuestal. Es que “el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal”. Si se llegare a aprobar por el Congreso el derecho o principio a la sostenibilidad fiscal, ello representaría el darle rango constitucional en Colombia a la visión neoliberal sobre las supuestas bondades del equilibrio presupuestal y las maldades del déficit público, condenando otras visiones de la hacienda pública, como la keynesiana, tal cual lo plantea un reciente artículo del economista Amilkar Acosta. Ningún país tiene el equilibrio presupuestal en su constitución política.
El derecho a la sostenibilidad fiscal coloca el saneamiento de las finanzas públicas por encima del cubrimiento de los derechos económicos fundamentales como la vivienda digna y la salud. Una cirugía de vida o muerte podría ser negada, ya que al elevar el gasto público vendría el déficit fiscal.
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8– La sostenibilidad fiscal podría llevar a que las finanzas públicas, al observar el derecho constitucional a la sostenibilidad fiscal, se vuelvan procíclicas, pues en la recesión de una crisis habría que reducir el gasto público para ajustarlo a la merma automática de los ingresos fiscales. En la crisis de 1930 eso fue lo que ocurrió. La crisis contrajo los ingresos públicos, entonces el Ministro de Hacienda recortó el gasto público para lograr las anheladas bondades de la regla de oro de la hacienda clásica, con la consecuencia trágica de que buscando la sostenibilidad fiscal, el resultado fue que la crisis pasó a ser depresión económica, dando lugar a eso que con mayúsculas se llama La Gran Depresión. 9– La sostenibilidad fiscal eleva a rango constitucional la creencia neoliberal de que los déficits públicos son siempre malos en todo tiempo y lugar. La historia enseña que no siempre es así. Se conocen de las bondades del déficit en algunos casos. 10– El proyecto de acto legislativo para aprobar el derecho a la sostenibilidad fiscal es sesgado al extremo, pues le achaca al gasto público social la existencia del déficit en las finanzas públicas. El gasto público también crece por otros motivos: –El costoso servicio de la deuda pública –La seguridad democrática, vale decir, la defensa de las libertades de la libre empresa, la vida de los oferentes o empresarios, los bienes o propiedad privada, la ganancia empresarial, en resumen, la actividad del Estado Gendarme o Protector vale en Colombia un ojo de la cara, amén de que en poco tiempo tendremos cerca de 500.000 empleados de la fuerza pública gozando de pensión de buen retiro. –En los gobernantes, pero de manera especial en ciertos contratistas privados, opera una especie de “pata invisible” que lleva a que unos y otros terminen incrementando el gasto público, unos por las comisiones que piden y otros por las demandas que establecen contra el Estado. La corrupción siempre parte de que se trabaja es por interés general. –Los subsidios públicos también hacen crecer el gasto público y el déficit, unos porque están mal focalizados ya que benefician no a pobres sino a personas pudientes, otros sub-
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El derecho a la sostenibilidad fiscal es un atraco a la Constitución Política de 1991
sidios es porque están “bien focalizados”, vale decir, van a personas pudientes como los entregados por Agro Ingreso Seguro. Estos últimos se clasifican como bien entregado porque así se desprende de la escuela de la economía de la oferta, como diría el ex ministro Arias. 11– El proyecto es sesgado porque para lograr la estabilidad económica le coloca límites y recortes al gasto público social en vivienda digna, salud, agua potable, educación, recreación y cultura, dejando por fuera de los recortes al gasto público en seguridad democrática, al servicio de la deuda pública, a los gastos de funcionamiento, al gasto en subsidios a poderosos agricultores. 12– El proyecto de acto legislativo es sesgado pues olvida establecer otras soluciones para lograr la sostenibilidad fiscal, por ejemplo: –Establecer en la constitución económica una regla fiscal cuantitativa, que limite los billonarios incentivos o gabelas tributarias en el impuesto personal a la renta, así: dichos incentivos no pueden ser superiores al 0.5% del PIB. –Prohibir en la constitución económica la práctica desleal con otras economías de conceder contratos de estabilidad jurídica en materia de impuestos. –Sancionar la corrupción con la muerte política del funcionario público, la muerte de contratación con el Estado del empresario privado, la pena de cárcel severa para ambos. En Colombia, las demandas judiciales emprendidas contra el Estado por contratistas privados atentan más contra la sostenibilidad fiscal que lo que cuestan las tutelas en salud. –Impulsar en la ONU el aislamiento mundial de los paraísos fiscales en los órdenes político, económico, cultural y militar por favorecer la evasión y la elusión mundial que causa déficit público. –Elevar la evasión y la elusión tributaria a delito social grave sancionable penal y pecuniariamente. –Acudir a la regla fiscal, en la constitución económica del Título XII, que diga: excepto en caso de guerra exterior, el presupuesto de la fuerza pública no puede ser superior al 3% del PIB. En estas notas no se aboga por los déficits públicos grandes que suelen perjudicar a ricos y pobres. Se toma partido es en contra del equilibrio presupuestal
El proyecto es sesgado porque para lograr la estabilidad económica le coloca límites y recortes al gasto público social en vivienda digna, salud, agua potable, educación, recreación y cultura, dejando por fuera de los recortes al gasto público en seguridad democrática, al servicio de la deuda pública, a los gastos de funcionamiento, al gasto en subsidios a poderosos agricultores.
que propone el Consenso de Washington y que recoge la propuesta de acto legislativo para establecer en Colombia el derecho a la sostenibilidad fiscal; así mismo se protesta contra la ideología que plantea la consecución de la sostenibilidad a través del recorte o negación del gasto público social. Los pobres por falta de una cirugía de vida o muerte, o por falta de la aprobación de un medicamento esencial pueden ir a la tumba acompañados de baja inflación; muchos pobladores no tendrán acceso a la vivienda digna y vivirán en pocilgas acompañados de vallas donde el Gobierno Nacional y el Banco de la República anunciaran que logramos la inflación objetivo; muchos compatriotas morirán sin saber que es un empleo digno, que es una plena ocupación de los recursos escasos, pero a la tumba los acompañará el canto de sirena de que el leviatán no se endeudó externamente para evitar la revaluación; a las solicitudes de las universidades públicas de más presupuesto para ampliar cobertura y mejorar calidad les responderán: no tenemos ingresos sanos o corrientes y no podemos endeudarnos porque ello trae un crowding aut que eleva la tasa de interés y desaloja a la sagrada inversión privada. Así las cosas, para los pobres el derecho a la sostenibilidad fiscal será un derecho cagao. El derecho a la sostenibilidad fiscal los llevará de manera progresiva a morir pobres y desempleados, eso si, gozando la economía de estabilidad económica.
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El temor a Dios Por Fabio Humberto Giraldo Jiménez Director Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia
En alguna parte de sus escrituras, que hoy no recuerdo con exactitud, dijo Dostoievski que si Dios no existiera todo estaría permitido. Contiene esta sentencia la idea de que el temor a Dios es la más primigenia contención de todos los desafueros humanos puesto que existe un poder absolutamente superior e inefable que puede sobre la vida, la muerte, el conocimiento y por tanto sobre el destino, con más fuerza que todas nuestras potencias humanas juntas. Se afirma allí que todo lo que las leyes humanas no detienen, hinca sus rodillas y se paraliza frente al poder de Dios y que ese temor es la base de la más elemental y mínima moralidad individual y social. In-
...un asunto es el primigenio temor a Dios y otro muy distinto su uso y administración, que ya no son ocupaciones de Dios sino de las religiones y de las iglesias, que en su intermediación terminan desdibujando el original
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tuyo que, además, lo dijo apercibido de que no poca gente vive en la frontera de la maldad, la ilegalidad, la ambición desmadrada y el delito. Nada de nuevo hay en el contenido de la frase. Ya en la tragedia de Antígona, de Sófocles, y en toda la historia del iusnaturalismo en su versión teológica, se invoca la última instancia de la autoridad y la eternidad de la ley de Dios, frente a la veleidad y provisionalidad de la autoridad y de las leyes humanas. Lo novedoso en el aforismo del eterno y universal escritor ruso es su lapidaria y patética belleza, que además puede entenderse como un manifiesto de antropología pesimista o de realismo crudo. Este recuerdo ha llegado hasta mi pluma en versión contemporánea de PC, porque existe un personaje típico de la sociedad actual que tiene todas las características del que es capaz de eludir el temor a Dios, no enfrentándolo directamente sino mediante esguinces, gambeteos, vueltas, trapisondeos, triquiñuelas, malabarismos, trapicheos, corvetas, evasivas, regateos, arterías o rodeos. Se trata de aquel que es un poco político, un poco ilegal, un poco violento, un poco traqueto, un poco malandro, un poco ladrón, un poco mentiroso, un poco corrupto, un poco negociante, un poco marrullero, un poco alocado, rebelde y díscolo, un poco cortesano, un poco trepador, un poco intrigante, un poco decente, un poco sociable, un poco caritativo, un poco buen padre, un poco buen cónyuge, siempre buen hijo, regularmente apegado a las normas de urbanidad más conspicuas, como las de Carreño y, sobre todo, con gran religiosidad. No sobra decir que de las proporciones que de estas características posea un individuo depende su personalidad moral y legal y que en este sentido el paradigma del maloso es el que reúne altas dosis de político corrupto, negociante de la miseria y de la ignorancia, rico e influyente, traquetero de mercancías ilícitas, violento, pero siempre con una intensa dosis de religiosidad; pero tampoco sobra decir que establecer su verdadera personalidad es muy difícil porque tiene además gran maestría en estrategias del disimulo. Y es por ello que considero que no es deleznable cavilar más en el significado de esa frase tomada aquí al vuelo, porque un asunto es el primigenio temor a Dios y otro muy distinto su uso y administración, que ya no son ocupaciones de Dios sino de las religiones y de las iglesias, que en su intermediación terminan desdibujando el original; éstas convierten ese temor primigenio del que hablara Dostoievski, en catecismos de mínimas y máximas obligaciones
Se trata de aquel que es un poco político, un poco ilegal, un poco violento, un poco traqueto, un poco malandro, un poco ladrón, un poco mentiroso, un poco corrupto, un poco negociante, un poco marrullero, un poco alocado, rebelde y díscolo, un poco cortesano, un poco trepador, un poco intrigante, un poco decente, un poco sociable, un poco caritativo, un poco buen padre, un poco buen cónyuge, siempre buen hijo, regularmente apegado a las normas de urbanidad más conspicuas, como las de Carreño y, sobre todo, con gran religiosidad. para las cuales proveen premios y castigos. En esa especie de tránsito aparentemente natural entre el primero y los otros, el temor a Dios se muda en miedo ya no sólo al castigo de Dios sino a la retaliación de los hombres revestidos del poder divino adscrito a las iglesias; ya no sólo al castigo del infierno administrado por esa especie de espejo maligno y espurio de Dios que es Satanás, sino también al castigo de la cárcel y de la violencia gobernado en fiducia satánica por sus terrenales representantes. Administrado por las burocracias eclesiales y abrigado religiosamente con toda la liturgia y la parafernalia, ese temor se ha convertido en miedo al castigo sobre almas y cuerpos. Por ello hay complementariedad entre, por una parte, los “siete pecados capitales” cuyo contenido rubrica el primer y más elemental código penal, que es a su vez la prehistoria de los actuales y, por otra parte, los castigos descritos con minuciosa perversión por Dante en la “Divina Comedia”. A cada prohibición le corresponde un castigo matemática y económicamente calculado según la levedad y gravedad del pecado. En contrapartida, se dispensan indulgencias y perdones también dosificados y tasados a discreción
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El temor a Dios
con la filigrana y la técnica propias del sistema bancario, lo cual no es más que la expresión de la administración del temor a Dios con el mismo modelo de la fiducia y el fideicomiso. En esta transfiguración del temor a Dios ya no hay enfrentamiento directo con él, si no con sus administradores. Este es un verdadero proceso de privatización de ese temor muy parecido al de la privatización del temor al Estado. Dios ha sido gambeteado: si él es incorruptible no lo son sus representantes y si el Estado es insobornable no lo son sus gobernantes. Para ilustrar literariamente, remito a otro pasaje del libro quinto de Los hermanos Káramasov en el que “El Gran Inquisidor” descubre que Jesús ha llegado furtivamente a la tierra y después de detenerlo y someterlo a un largo interrogatorio, termina considerándolo como un peligro para la seguridad de la ya milenaria, burocratizada y enriquecida iglesia que fundara su discípulo Pablo pero de la cual Jesús -hombre Dios- es el origen. Y lo condena. Esta hipócrita moral de acumular poder y riquezas administrando el precio que adquiere el miedo al castigo y tasando el precio de las indulgencias y perdones en el bazar eclesiástico, fue lo que Maquiavelo puso de manifiesto en sus libros al reconocer a la religión y a las iglesias como utensilios de poder. Por ello el escribano florentino resulta ser el más iconoclasta de los pensadores políticos; descubrió, en efecto, que la moral y la religión, primigeniamente basadas en el temor a Dios, son usados en la política para sostener o para derrumbar un poder. Después de Maquiavelo, el temor a Dios perdió la virginal ingenuidad de la fe y pasó a ser una técnica basada en la eficiencia: lo que es eficiente es bueno y políticamente correcto y lo que es ineficiente es malo y políticamente incorrecto. De ser asunto de la moral pasó a ser ingeniería política. Y el temor a Dios dejó de ser un principio para convertirse en medio y en instrumento. Hobbes elevaría de categoría epistemológica este descubrimiento al transmutar mediante artilugios racionalistas el temor a Dios en temor al Estado porque convierte a éste en una especie laica de Dios-Leviatán todopoderoso, omnisciente y ubicuo y, sobre todo, eficiente. Hobbes apuntaló el temor al Estado como justificación primordial de la sociedad política para evitar los desafueros del estado de naturaleza en el que, parodiando a Dostoievski, si el Estado no existiera todo estaría permitido, inclusive las guerras religiosas que asolaron la Inglaterra de su época. Es por esto que
Esta hipócrita moral de acumular poder y riquezas administrando el precio que adquiere el miedo al castigo y tasando el precio de las indulgencias y perdones en el bazar eclesiástico, fue lo que Maquiavelo puso de manifiesto en sus libros al reconocer a la religión y a las iglesias como utensilios de poder. Por ello el escribano florentino resulta ser el más iconoclasta de los pensadores políticos; descubrió, en efecto, que la moral y la religión, primigeniamente basadas en el temor a Dios, son usados en la política para sostener o para derrumbar un poder.
para Hobbes adquiere pleno sentido histórico una justificación racional del Estado Absoluto. Reconocer el novedoso descubrimiento de Maquiavelo no desmiente que en los siglos precedentes la moral de las religiones y sus respectivas iglesias no fueran instrumentos de poder y fuente de acumulación de riquezas. En efecto, una larga tradición de hipocresía hizo metástasis en la época de los grandes cismas como la Reforma, que apuntaron sus críticas no sólo a problemas teológicos, sino también a cuestiones sobre la administración de la religiosidad y de la fe. Lo que habrá de cambiar a partir de la obra de Maquiavelo no es el hecho sino la justificación. Se trata de la diferencia entre una justificación realista que después sería racionalista y una justificación teológica o basada en la fe del santo cura de Ars, que básicamente se resume en la sentencia según la cual hacer preguntas, investigar y buscar justificaciones, es desconfiar de la omnisciencia divina. Pecado execrable. La novedad es que se reconoce que Dios tiene muchos usos, todos ellos justificados por el cálculo racional de costos y beneficios. Y nuestro paradigmático personaje de marras lo usa a su manera, sobre todo porque existen instrumentos para la expiación de las posibles culpas morales que el cinismo no al-
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canza a curar tal como es el caso de la reinvención del triple artilugio: arrepentimiento, contrición de corazón y propósito de enmienda, que son fuertes detergentes para quedar inmaculado después de pecar y delinquir y para tratar de adelgazar la maldad con el fin de pasar por el hueco de la aguja que la biblia cristiana les asignó a los expoliadores como su estrechísima puerta de entrada al cielo, en contraste con la amplitud de las puertas de las iglesias. Se evade así el enfrentamiento directo con la autoridad divina; la intermediación lo permite. Entre la orden superior y el que la aplica se esquiva la fuerza del que ordena originalmente. El temor a Dios ha sido evadido. Y no sobra decir que este método de indulgencia y perdón tiene gran similitud con el que es propio de los modernos códigos de procedimiento penal en figuras jurídicas como la negociación de penas, las rebajas por delación, la sentencia anticipada, los indultos, las normas de emergencia y, por supuesto en las normas fabricadas “a la carta” por la parte interesada. Y, por último, el aludido personaje es una especie de pillo pícaro al estilo de los que son típicos en la literatura picaresca, con la diferencia de que los de ésta suelen ser socialmente inocuos y pobres hasta la indigencia y aquel suele ser ricacho y socialmente exitoso. Cito como conspicuo representante del paradigma moral al que nos hemos estado refiriendo a José Fouché, ese extraordinario personaje biografiado por Stefan Sweig, que pasó del anonimato de un convento, en el que con piedad y dedicación dictaba clases de física y matemáticas, a participar activamente en la Revolución Francesa como un radical, llegando a ser diputado de la Convención durante el Régimen del terror de Robespierre con quien terminará distanciado a pesar de haber tratado de congraciarse con ese régimen ejerciendo cruel y violentísima persecución contra curas y enemigos; rescatado del destierro aparece de nuevo en las épocas republicana e imperial de Napoleón, llegando a ser Ministro de Policía; y desterrado también por el Emperador, entrará de nuevo en escena durante la restauración de la Monarquía. Y todo ese tránsito lo hizo sin despelucarse, porque aunque siempre lo rozara la guillotina nunca perdió la cabeza. Este fue un pícaro con suerte y con éxito y por tanto muy distinto de un “Lazarillo de Tormes”, de autor anónimo, o de un “Guzmán de Alfarache” (primera parte) de Mateo Alemán, para citar sólo dos personajes de la rica estirpe de los pillos de la literatura. Además, la picardía de los pícaros de la literatura está plena de
ingenio no exento de la ingenuidad y de la espontaneidad que son causadas por la necesidad, mientras que la picardía de nuestro personaje excede a aquella por la ambiciosa planificación, la calidad y la cantidad de sus crímenes. Pero no deja de sorprender que para muchos resulte simpático y hasta ejemplar el ingenio del paradigmático malandro que describimos, porque, sin mirar las diferencias, se asemeja en algo con la picardía de, por ejemplo, un “Don Pablos” de Quevedo. Y entonces empieza uno a notar que existen moralidades especiales. Es decir, códigos morales exclusivos. Una especie de supermercado de la moralidad en el cual el que paga pone las condiciones, aunque no se llame paga por pudor mediático, sino ofrenda en sacrificio. Ceremonia litúrgica, limosna y pólvora para celebrar el triunfo de la ley fabricada a la medida y del negocio “bueno”. Se exorciza el pecado y el delito. Se limpia la culpa adormilándola con sedantes morales, jurídicos y mediáticos. Se invoca a Dios para que las legitime, a la religión para que las absuelva, a los clérigos para su bendición y a los medios de comunicación para que las brille. Dios se convierte en trompo “puchaletas”. Pero no falta quién recuerde que todas las riquezas son mal habidas, inclusive las legales. Por supuesto son mal habidas en sentido neto las que se surten del dolor de los otros, de la violencia, de la expoliación, de la corrupción y de los negocios oscuros y que andan buscando cobija moral, religiosa, política y jurídica. La diferencia de aquellas riquezas con las que ya están legitimadas y legalizadas no es el origen, sino su proceso de ingreso al establecimiento. Mientras las unas tienen aún fresco su carácter expoliativo y engañoso y apenas son emergentes, éstas ya forman parte del establecimiento y no pocas veces se cruzan con aquellas. Lo que definitivamente las identifica es que viven de lo mismo: de la pobreza de los muchos. Nota. No se me escapa el hecho de que estas palabras pueden ser avaladas como sermón por cualquier oficiante de cualquier iglesia que busque desprestigiar a otras iglesias creyéndose aséptico.
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Matrimonio civil para las parejas del mismo sexo en Colombia Declaración pública ante la Corte Constitucional por el respeto a la dignidad y la igualdad
“Normas como la acusada derivan entonces de la existencia de viejos y arraigados prejuicios contra la homosexualidad, que obstaculizan el desarrollo de una democracia pluralista y tolerante en nuestro país. Por ello, la Constitución de 1991 pretende construir una sociedad fundada en el respeto de los derechos fundamentales de las personas y en donde la diversidad de formas de vida no sean un factor de violencia y de exclusión sino una fuente insustituible de riqueza social. La diferencia y la igualdad encuentran sus lugares respectivos en esta Constitución que pretende así ofrecer las más amplias oportunidades vitales a todas las personas”. (Corte Constitucional, sentencia C-481 de 1998)
Las firmas que acompañan esta declaración pertenecen a organizaciones y personas comprometidas con la causa por una sociedad donde prime la dignidad del ser humano, indispensable para la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Con empeño y convicción dirigimos nuestros más altos esfuerzos a la formación de una sociedad donde las leyes promuevan el reconocimiento y el respeto a las diferencias como una condición propia e indispensable entre las personas. Por consiguiente, quienes firmamos esta declaración, estamos manifestando, con determinación y
compromiso, nuestra adhesión a la demanda a favor del reconocimiento del derecho al matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, interpuesta ante la Corte Constitucional, el pasado 29 de noviembre de 2010, por Colombia Diversa y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia). Los firmantes representamos distintos sectores sociales, tendencias políticas, criterios y creencias religiosas. Somos personas ciudadanas heterosexuales y también personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT). Representamos un país pluralista y diverso y, por lo tanto, entendemos que la defensa de la igualdad en el acceso a los derechos humanos, no corresponde exclusiva ni mayoritariamente a las personas cuyos derechos no son garantizados, ni a las minorías, como la LGBT, históricamente discriminadas y socialmente vulnerables. Como principios fundamentales, la dignidad, la igualdad y no discriminación trascienden al interés de todos los ciudadanos y ciudadanas. La causa por los derechos de las parejas del mismo sexo y de las personas LGBT es una causa común. Con ella defendemos también los derechos de hermanos y hermanas, amigos, amigas, conocidos y conocidas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, cuya situación de desprotección ante las leyes colombianas, nos preocupa y nos interesa. ¿Podemos creer en las leyes que nos gobiernan a todos? ¿Podemos creer que son justas para nosotros, si están siendo injustas para otros? Por tanto, como expresión de nuestra determinación de apoyar la demanda por derecho al matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, instaurada ante la Corte Constitucional, los firmantes de este documento declaramos que:
1. Denunciamos la inconstitucionalidad de las normas que excluyen a las parejas del mismo sexo, del reconocimiento del derecho al matrimonio civil Particularmente, advertimos el profundo y grave error provocado por las expresiones “un hombre y una mujer” y “de procrear” contenidas en el artículo 113 del Código Civil, que definen la pareja y sus funciones, como beneficiaria del derecho al matrimonio civil. Advertimos que, de esta manera, las normas niegan la realidad de muchas de las familias colombianas que están conformadas de manera diferente a la que pretende determinar dicho artículo. Una norma del Código Civil promulgado en el siglo —54—
La causa por los derechos de las parejas del mismo sexo y de las personas LGBT, es una causa común. Con ella defendemos también, los derechos de hermanos y hermanas, amigos, amigas, conocidos y conocidas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, cuya situación de desprotección ante las leyes colombianas, nos preocupa y nos interesa.
XIX, de una época y una sociedad remotas, no puede seguir vigente si niega la realidad y provoca una profunda discriminación. La realidad es mucho más compleja, diversa y, por tanto, más humana, que la del artículo mencionado. Las relaciones entre las personas, que las llevan a apoyarse, protegerse mutuamente y a unirse en torno a un genuino amor, se pueden definir no sólo entre un hombre y una mujer. En Colombia, en el país real, muchas familias están unidas por diferentes lazos de consanguinidad o afrontan la ausencia del padre o de la madre. A pesar de que no coinciden con la definición que se puede inferir de las normas, las familias comparten los mismos intereses y necesidades de protección que aquellas conformadas por una mujer y un hombre heterosexuales. Las expresiones aludidas contradicen el espíritu pluralista y democrático de la Constitución Política Nacional, especialmente, los artículos 1, sobre la dignidad humana y el Estado Social de Derecho; 13, el derecho a la igualdad; 14, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y su estado civil; 15, el derecho a la intimidad y al buen nombre; 16, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y 42, el derecho a la autonomía reproductiva. Igualmente, la definición de la procreación como función esencial de la pareja no sólo niega cualquier posibilidad de protección a las parejas del mismo sexo,
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“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
sino también a aquellas parejas heterosexuales que por razones personales o médicas, o de diferente orden, no pueden o no quieren tener hijos biológicos. En ese caso, una pareja dispuesta a casarse tendría que renunciar a los métodos anticonceptivos. En el caso de aplicar literalmente la norma, como sucede con las parejas del mismo sexo, las parejas infértiles e incluso, aquellas que se niegan a tener hijos, tampoco podrían aspirar al matrimonio civil. Para estas parejas, el matrimonio civil estaría negado si en su caso, la ley se aplicara literalmente, como sucede con las parejas del mismo sexo. Finalmente, la norma aludida contradice el derecho a la autonomía reproductiva, amparado por la Constitución Política de Colombia, específicamente por medio del artículo 42, que atañe al derecho a decidir libremente sobre si tener o no hijos; el artículo 15, sobre la intimidad personal y familiar y, el artículo 16, acerca del libre desarrollo de la personalidad de los contrayentes.
2. Declaramos que el matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, es un derecho amparado por la Constitución La demanda a favor del matrimonio civil como derecho de las parejas del mismo sexo, alude al espíritu democrático y pluralista de nuestra Constitución Política, profundamente respetuoso de la condición humana, cuando reconoce la diversidad
entre las personas y así mismo, advierte con certeza diáfana y rotunda, la igualdad ante las leyes. Sólo el prejuicio, la ignorancia o la necedad pueden inspirar confusiones o interpretaciones equivocadas, porque la Constitución, en su artículo 13, es demasiado clara para determinar que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. Igualmente, en el derecho internacional de los derechos humanos se pueden encontrar innumerables instrumentos para demostrar que no hay un camino diferente al del reconocimiento del matrimonio civil como derecho de las parejas del mismo sexo, en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. De acuerdo con la jurisprudencia y los principales tratados internacionales de derechos humanos, la Corte Constitucional no puede decidir, con una interpretación restrictiva, que el matrimonio civil no es un derecho de las parejas del mismo sexo. Los derechos humanos tienen un carácter progresivo e integral, de manera que sólo pueden ser interpretados y adoptados para mejorar el acceso que las personas tienen a ellos, en igualdad de condiciones para todas las ciudadanas y ciudadanos. De ninguna manera, el Estado no puede reaccionar limitando a unos y negando a otros un derecho o cualquier libertad reconocida en la normatividad interna. Al respecto, la Honorable Corte Constitucional ha explicado que debe tenerse en cuenta la Constitución viviente, y que es deber de las autoridades de la República eliminar las injusticias presentes. Entre muchos otros tratados que se refieren a la condición progresiva de los derechos humanos se destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Protocolo de San Salvador y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, reconoce en su artículo 29, que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier
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derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Parte o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados”.
3. Declaramos que las leyes no rigen ni protegen a seres ideales, sino reales y, así mismo, que ser diferente no es un error, sino una cualidad humana que requiere protección Uno de los argumentos contra el matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, advierte que estas normas responden a un ideal de pareja y de familia, que las leyes deben ambicionar y promover. En este caso, las normas serían aún más excluyentes y dejarían a muchas más personas sin protección, si se consideran otros factores económicos, genéticos y hasta culturales, para definir la pareja y la familia ideales. Considerar la orientación sexual como un factor determinante para definir estos patrones ideales, incurre en una muy grave ofensa, discriminación y señala a las personas LGBT, como imperfectos, anormales, equivocados y, en todo caso, ciudadanos de segunda y tercera categoría.
4. Aclaramos que el debate es jurídico, no religioso ni basado en prejuicios morales. La demanda interpuesta se refiere al matrimonio civil, que se celebra ante las leyes civiles, y no atañe, de ninguna manera, al matrimonio religioso ni al sacramento católico, como lo han sugerido, el discurso y las declaraciones públicas de algunas personas que no están de acuerdo con este derecho
rechos de las parejas del mismo sexo en Colombia. Durante las dos últimas décadas, las parejas del mismo sexo han reiterado su solicitud de derechos, por medio de siete demandas interpuestas ante la Corte Constitucional, seis proyectos de ley ante el Congreso de la República y un sinnúmero de batallas legales de personas LGBT que han pretendido solucionar ante las instancias correspondientes la implementación de sus derechos humanos reconocidos en el país. Creemos que, en su mayoría, los argumentos opositores están fundados en el prejuicio y la ignorancia y que, de ninguna manera, han podido justificar la permanencia de una negación de derechos a personas que son iguales a todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas. Con frecuencia, los opositores han invocado las creencias, los dogmas y hasta el temor a Dios de los creyentes, contra los derechos de las parejas del mismo sexo. Con términos de odio y de desprecio, sus opiniones se alejan de la tolerancia, el diálogo y la democracia. Sus argumentos –que reiteran sobre la defensa de la familia, la moral y el buen ejemplo–, con mucha frecuencia adolecen del rigor jurídico que, por el contrario, las demandas ciudadanas LGBT han procurado. La demanda ciudadana por el matrimonio civil de las parejas del mismo sexo sólo admite una dis-
Al respecto advertimos que algunos líderes religiosos y personajes del poder político en el país han pretendido alejar la discusión de los términos jurídicos y someterla a consideraciones de tipo religioso o de prejuicio moral. Han pretendido desviar el tema central hacia debates sobre las leyes naturales, las “leyes divinas”, la moral cristiana o las buenas costumbres. De esta manera, con argumentos en esencia similares a los que en su momento demoraron reconocimientos hoy incuestionables, como el sufragio femenino, la capacidad de las mujeres de manejar sus propios bienes o la libertad de los esclavos, están dilatando aún ahora los debates en torno a los de—57—
La demanda ciudadana por el matrimonio civil de las parejas del mismo sexo sólo admite una discusión jurídica, ya que se refiere al matrimonio civil, como un contrato que genera un vínculo jurídico entre dos contrayentes y que los compromete a una serie de obligaciones personales y recíprocas en el ámbito exclusivo de la pareja y que, así mismo, los acepta como beneficiarios de la protección que la ley dispone para el caso.
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cusión jurídica, ya que se refiere al matrimonio civil, como un contrato que genera un vínculo jurídico entre dos contrayentes y que los compromete a una serie de obligaciones personales y recíprocas en el ámbito exclusivo de la pareja y que, así mismo, los acepta como beneficiarios de la protección que la ley dispone para el caso.
5. Reiteramos que la demanda exige igualdad: las parejas del mismo sexo reclaman los mismos derechos y las mismas obligaciones, ni más ni menos, que aquellos que benefician a las parejas heterosexuales en Colombia Declaramos que no existe justificación jurídica posible ni razonable para que por motivo de orientación sexual, ciudadanos y ciudadanas de igual dignidad, sean percibidos como inferiores o deban ser privados de la protección jurídica. En esencia, la única diferencia que existe entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales es la orientación sexual de los contrayentes. Por tanto, las decisiones jurídicas basadas en la orientación sexual son discriminatorias. Actualmente, las parejas del mismo sexo que conviven tienen algunos, pero no los mismos derechos que amparan a las parejas heterosexuales y, así mismo, el acceso a esos derechos también es desigual y desventajoso. Para lograr que sus derechos sean una realidad, las parejas del mismo sexo deben seguir largos y, con
Con argumentos en esencia similares a los que en su momento demoraron reconocimientos hoy incuestionables, como el sufragio femenino, la capacidad de las mujeres de manejar sus propios bienes o la libertad de los esclavos, están dilatando aún ahora, los debates en torno a los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia.
frecuencia, zigzagueantes procesos de reclamación judicial o para que los funcionarios relacionados con el cumplimiento de estos derechos, acaten las decisiones de la Corte. Justificar, a través de la ley, este clase de discriminación es quizás el acto más ofensivo contra la democracia y la vigencia de un orden justo. ¿Por qué negar los mismos derechos a quienes son iguales? ¿Por qué existen diferentes derechos entre personas igualmente dignas? Si todas las personas colombianas son iguales ante la ley, ¿por qué cuando se unen en parejas del mismo sexo son consideradas diferentes y hasta inferiores en cuanto a su acceso a los derechos humanos? Rechazamos enérgicamente cualquier fórmula jurídica o denominación que clasifique y diferencie el valor de las personas ante la ley, según su orientación sexual. Son inadmisibles e inconstitucionales los argumentos que pretenden negar los mismos derechos a quienes son iguales. Negar los derechos a las personas por el sólo hecho de su orientación sexual se traduce en una sanción velada de la libertad y de la dignidad humana. Menos aún se justifica que según la orientación de las personas se determinan derechos diferentes, cuando la misma Corte Constitucional, por medio de cinco sentencias promulgadas desde 2007, ha reconocido, de manera reiterativa, a las parejas del mismo sexo y a su valor como sujetos jurídicos, sociales y políticos, portadores de derechos humanos irreductibles e irrenunciables. Después de reiterar sobre la existencia jurídica de las parejas que están conformadas por personas del mismo sexo, no hay ninguna justificación posible para limitarles sus derechos como pareja. No resulta coherente, equiparar a las parejas del mismo sexo, con las parejas heterosexuales para, a continuación, darles a las primeras un valor menor y, por tanto, menos derechos.
la posibilidad de adoptar niños o niñas. De hecho, muchas personas LGBT tienen hijas e hijos biológicos y, así mismo, otras, como individuos, han adoptado menores de edad, lo cual es permitido en las leyes colombianas. Muchos gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas ya son padres y madres; de tal manera que, negar la adopción a las parejas del mismo sexo, no impedirá que sus familias ya estén constituidas, sean reales, con las mismas necesidades de protección que las parejas heterosexuales. Si las personas LGBT, como individuos, pueden adoptar o tener hijos ¿qué diferencia justifica que al conformar una pareja no puedan hacerlo de manera conjunta? ¿Qué diferencia razonable puede justificar que una familia no sea amparada por las leyes porque está conformada alrededor de una pareja del mismo sexo? Antes que un derecho de las parejas, la adopción en las leyes colombianas proviene del derecho que tienen los niños y las niñas a disfrutar de una familia. Entonces, si el derecho a la adopción responde a la primacía de los derechos del niño y de la niña, ¿qué puede hacer diferente y de menor valía al hijo o la hija de una pareja del mismo sexo, de manera que no pueda gozar de la misma protección que las leyes han reservado a los hijos e hijas de parejas heterosexuales?
6. Advertimos que diferentes opositores a los derechos LGBT han pretendido incluir el tema de la adopción en el debate sobre el derecho civil de las parejas del mismo sexo, por medio de una propaganda de miedo y alarma, sustentada en premisas falsas, contra las cualidades de las personas LGBT como padres y madres de menores de edad
Por consiguiente, nos permitimos advertir sobre las limitaciones que encontraría el Alto Tribunal si admitiera una discusión sobre las leyes divinas o sobre las buenas costumbres, materias que son propensas a la especulación, la contradicción y a aumentar indefinidamente el tiempo de espera de derechos urgentes e inaplazables. No obstante, reconocemos la muy alta autoridad de los Honorables Magistrados en la interpretación de las leyes ciudadanas. Confiamos en que apoyarán su voto en la Constitución y en la condición humana de la diversidad, y que
A la luz de las leyes sobre adopción, la orientación sexual no puede ser un argumento para negar —58—
7. Por todo lo anterior, quienes firmamos esta intervención ante la Corte Constitucional, hacemos un llamado a los Honorables Magistrados y a la Honorable Magistrada, para que de acuerdo con su compromiso con las leyes ciudadanas y la imparcialidad de su juicio, no permitan la dilación del debate y se dispongan a diferenciar los argumentos jurídicos de aquellos fundados en el prejuicio
Rechazamos enérgicamente cualquier fórmula jurídica o denominación que clasifique y diferencie el valor de las personas ante la ley, según su orientación sexual. Son inadmisibles e inconstitucionales los argumentos que pretenden negar los mismos derechos a quienes son iguales. Negar los derechos a las personas por el sólo hecho de su orientación sexual se traduce en una sanción velada de la libertad y de la dignidad humana.
centrarán sus argumentos en los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos colombianos. A veinte años de ser proclamada la Constitución Política de Colombia, confiamos en el espíritu pluralista, democrático, ciudadano y profundamente respetuoso de la dignidad humana que la inspiró. Así como los constituyentes de 1991, quienes firmamos esta declaración creemos que la igualdad es la única garantía para una sociedad democrática y justa.
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Fuente y más información: http://www.colombiadiversa.org
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Sistema Universitario de Investigación y Libertad de Cátedra Por Jorge Mahecha G. Profesor, Instituto de Física, Universidad de Antioquia*
El CODI tiene la misión de asesorar a la Universidad en los aspectos referentes a la investigación científica. Se ocupa de asuntos de la operación rutinaria del Sistema Universitario de Investigación. Pero de vez en cuando discute temas de carácter general, con algún contenido conceptual. Es interesante notar que a esos temas se llega a partir del tratamiento de actividades concretas, y no por un simple interés académico. La libertad de cátedra e investigación se reconoce como un derecho en la Constitución de 1991 (Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.). Este derecho ha sido tocado en recientes actuaciones de la actual Vi-
* Coordinador Grupo de Física Atómica y Molecular, Representante Grupos A-A1 en el CODI. Sede de Investigación Universitaria SIU.
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cerrectoría de Investigación: Premio a la investigación; reformas al reglamento del sistema de investigación; registro de toda investigación que realicen los servidores de la institución. El premio a la investigación. El jurado en la presente edición, y en algunas de las anteriores, escogió autónomamente el ganador. ¿Es válida dicha autonomía, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el jurado del año 2010 declaró haber usado los siguientes criterios para asignar una calificación a cada uno de los trabajos presentados? 1- Participación de la Universidad de Antioquia en el artículo y pertenencia de la investigación a la Universidad de Antioquia. 2- Pertinencia social y científica. 3- Nivel de la revista. 4- Originalidad. Todos estos criterios, incluyendo el 3, podrían ser cuestionados. El 1, para unas personas buscaría valorar positivamente la “internacionalización”, para otras la investigación “hecha en casa”. Pero los criterios 2 y 4 tienen clara relación con el mencionado derecho constitucional. ¿Cómo se pudo medir “el impacto social y científico” de artículos de temas muy diversos? ¿Cómo se pudieron comparar entre si las “originalidades” de los artículos? ¿Pueden los jurados sobrepasar el proceso de “referato” realizado por revistas de reconocida seriedad? El requisito 4 no es de calidad, sino todo lo contrario. Al proponerse calificar el grado de “originalidad” de una investigación, se acepta la validez del concepto de “investigación no original”. Para este jurado sería válido calificar, por ejemplo, “investigaciones” plagiadas. El requisito 2, que exige “pertinencia social y científica”, viola el principio de libertad de cátedra e investigación, allí donde circunscribe la investigación a un radio de acción reducido, temporal y geográficamente de manera implícita, y temáticamente de manera explícita. ¿Qué clase de investigación es aquella sometida a tales limitaciones? Pero esta violación de la libertad de investigación tiene consecuencias mucho más amplias: 1. Desconoce que la investigación puede tener efectos y, por tanto, posibilidad de aplicación, en un futuro indeterminado y a la solución de problemas imprevisibles. 2. Desconoce que la producción investigativa es fruto de la libertad y no admite la pregunta de “para qué sirve”. Su utilidad es un problema difícil de definir, pues puede aportar soluciones a corto o a largo plazo, y por los caminos más impredecibles, y en la forma, no necesariamente de herramienta que se aplica como una so-
lución técnica, sino también, posiblemente, como una claridad conceptual que amplía los horizontes de pensamiento o que cuestiona los puntos de vista vigentes. ¿Qué habría sucedido si la Universidad de Cambridge le hubiese calificado a Newton su investigación, en los términos del requisito 2, cuando su propósito era formular leyes que integraran la mecánica terrestre y la mecánica celeste? Y “peor aún”, ¿si los evaluadores contratados por esa universidad le hubieran calificado su “agenda investigativa”, que no se siguió ni en las investigaciones de Newton ni en las de ningún investigador de verdad? ¿Qué hubiera pasado si Newton hubiese determinado su investigación por la pregunta “para qué sirve?”. Hoy sabemos que al formular las leyes de la dinámica no sólo aportó la base de innovadores avances científicos, sino que incidió en la autoconciencia de la humanidad, por caminos que ni la Universidad de Cambridge ni el mismo Newton se propusieron de antemano. Si la investigación no se concibe como un acto de libertad absoluta, la universidad pierde su razón de ser: producir conocimiento. Todo nuevo conocimiento, por sí mismo, es pertinente para la ciencia, la sociedad local y la humanidad. El nuevo conocimiento necesariamente habrá de contribuir con la solución de los problemas, sociales, humanos o técnicos, pero no de una manera calculada o predecible, sino por las vías más impredecibles. La investigación que pretende ser pertinente a corto plazo, pierde no sólo su esencia sino la posibilidad de ser pertinente a largo plazo. En la Propuesta de transición en el Sistema Universitario de Investigación, se establece que el SUI no usará los criterios de calificación de los grupos de investigación por COLCIENCIAS (que cuantifica las pruebas de producción científica ciñéndose a estándares cienciométricos internacionales), sino los siguientes: “la formulación de la agenda de investigación, con una clara justificación académica, institucional y social, la existencia de al menos un proyecto recientemente terminado y otro en ejecución, y la certificación de producción científica o tecnológica.” Esto significa que, para que una investigación sea aceptada por el SUI, se requiere, a juicio de la Vicerrectoría de Investigación de turno, que sea una investigación “justificada” mediante unos criterios dudosos de “validez académica, institucional y social”, y que se desarrolle siguiendo una “agenda investigativa”. Lo anterior desconoce la libertad de cátedra e investigación. Finalmente, se discute un reglamento de formalización de las investigaciones que actualmente se realizan por fuera del SUI. Un punto central del reglamento de
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¿Cómo se pudo medir “el impacto social y científico” de artículos de temas muy diversos? ¿Cómo se pudieron comparar entre si las “originalidades” de los artículos? ¿Pueden los jurados sobrepasar el proceso de “referato” realizado por revistas de reconocida seriedad?
dicho “programa”, son los requisitos y condiciones mínimas de tales investigaciones. Se propone que, independientemente de si reciben o no recursos de la universidad, tales investigaciones sean sometidas a procesos de evaluación por parte de los centros de investigación y otros. No sería descartable que estén pensando en los mismos jurados y criterios utilizados para escoger el trabajo ganador del Premio a la Investigación Universidad de Antioquia. Para ser consecuentes, las publicaciones producidas en la “informalidad” deberían ser unos “regalos no bienvenidos”; el reglamento debería prohibirle el uso de la afiliación institucional a un servidor de la universidad que publique un artículo proveniente de una investigación “no registrada”; “¡qué vergüenza si llegara a hacerse aquí una investigación parecida a la del matemático Grigori Perelman!” (http://es.wikipedia.org/ wiki/Grigori_Perelmán). Le preguntarían, ¿tiene alguna investigación registrada, señor Perelman? Imaginémoslo haciendo las vueltas para “registrar” su proyecto... Y a los jurados buscando la “pertinencia”... La existencia de una inteligencia superior a la cual le corresponde avalar la corrección de los comportamientos humanos es un tema recurrente en la historia de la humanidad. El actual procurador ya tiene sus respuestas acerca de: uniones de pareja, lgtb, hijos legítimos, uso de preservativos, drogas psicoactivas, aborto, eutanasia... No sólo el procurador, sino también muchas personas de mentalidad laica, le darán una respuesta negativa a la pregunta ¿es real o no una unión de pareja sin un registro notarial? La investigación científica está en el centro de las
controversias éticas, desde cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por seguir sus propias ideas y no los mandatos de Dios. La ética no es un aspecto del comportamiento humano fácil de conceptualizar. Algunos pensadores clásicos se han atrevido a preguntarse por fundamentos “objetivos” de la ética, es decir “una ética a prueba de seres humanos”. Por ejemplo Spinoza en su Ethica ordine geometrico demonstrata y Kant en su Crítica de la razón pura y Fundamentación de la metafísica de las costumbres. La pregunta no tiene aún respuestas consolidadas. Pero la gente no se ha resignado a abandonarla. Véanse, por ejemplo, las siguientes referencias, muy recientes, en las cuales se realiza un escrutinio acerca de cómo los valores humanos podrían tener un soporte científico: http://www.samharris.org/site/full_text/the-morallandscape/ http://en.wikipedia.org/wiki/Breaking_the_ Spell:_Religion_as_a_Natural_Phenomenon ¿Es real o no una investigación científica carente de registro institucional? Los temas de la afiliación institucional son muy controversiales. En el siguiente enlace se encuentra el artículo “Declaración de Libertad Académica: Derechos Científicos del Ser Humano”, que contiene algunas ideas que ayudan a la caracterización de los proyectos de investigación que se adelantan sin contar con un registro en el Sistema Universitario de Investigación, y otros temas referentes a la investigación: http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=2064 60&recNo=17&toc=1. Además, el artículo considera otros aspectos relevantes para la inclusión de la investigación dentro del Estatuto Profesoral, puesto que, al establecerse la investigación como derecho fundamental, no se deberían contratar, como ahora, profesores dedicados sólo a “dictar clases”. Es una especie de “Declaración universal de los derechos académicos y científicos”. Contiene un punto muy controversial, el Artículo 12: Responsabilidad ética de los científicos. La investigación o es libre, o no es investigación. Este concepto entra en conflicto con los “aspectos éticos” mencionados en el Artículo 12 de la Declaración: la “investigación contratada”, en general, no sería investigación legítima, independiente de si se realiza al servicio de un “Estado democrático” o uno “antidemocrático”.
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RECONOCIMIENTO Agradezco los valiosos aportes de la Dra. Clara Inés Ríos, profesora de ética en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.
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Informes: Consulta el lugar de recepción de obras y demás condiciones en el teléfono: (57 - 4) 219 51 75 • Visita www.udea.edu.co/premiosnacionalesdecultura
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¿El antiliberalismo y la antidemocracia de Uribe vs el liberalismo y la democracia de Santos?*
Por Francisco Cortés Rodas Profesor Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia E-mail: franciscocortes2007@gmail.com
El ex presidente Álvaro Uribe representa el antiliberalismo y la antidemocracia. El presidente Juan Manuel Santos encarna la democracia y el liberalismo. El antiliberalismo es no solamente una tradición política, filosófica e intelectual, es también una práctica política. El antiliberalismo impugna la idea de la libertad individual y el respeto a los derechos humanos. Afirma que los derechos humanos son una ideología de la burguesía industrial y comercial europea de los siglos XVIII y XIX, que se utilizó para afianzar su proyecto político, desplazar las viejas clases aristocráticas de terratenientes y no-
*Artículo publicado en Razón Pública el lunes 24 de enero de 2011.
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bles, y para el sojuzgamiento de la gente corriente, hombres y mujeres. El antiliberalismo está en contra del individualismo, la razón, el humanitarismo, el universalismo y el cosmopolitismo. Se basa en el parroquialismo, los valores particulares; defiende la identidad étnica, la solidaridad nacional y ve en la secularización un desastre moral. El antiliberalismo considera que la separación de poderes, las elecciones competitivas, la prensa libre, la tolerancia religiosa, los presupuestos públicos, y el control judicial a la policía, que son lo más esencial de la política liberal, son a la vez los síntomas tempranos de la decadencia cultural y la desintegración moral del mundo moderno. El pensamiento antidemocrático es también una vieja tradición filosófica y una práctica política. Los antidemócratas consideran que en el proceso de fundamentación del Estado los valores más importantes son la paz y la seguridad, y que en casos de necesidad política es posible renunciar a la libertad política para asegurar los primeros. Los antidemócratas desprecian la idea de que la soberanía es expresión de la voluntad popular. El hecho de que ésta radica en el pueblo, es inalienable y se realiza a través de procedimientos que permiten asegurar la voluntad de los representados les resulta inaceptable. Aman la libertad para los miembros de su clase pero la consideran un valor inalcanzable para las masas. Para los antidemócratas no constituye un problema moral, político, ni jurídico, la violación de las normas procedimentales de la democracia, si la ocasión lo amerita. Repiten sin problema alguno el dictum de Maquiavelo: “no se puede hacer una mesa sin destruir árboles, no se puede hacer una tortilla sin romper huevos, no se puede hacer una república sin matar gente”.1 Entre los pensadores más importantes del antiliberalismo, que además, por principio, son antidemócratas están, entre otros: Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Edmund Burke, Donoso Cortés y Carl Schmitt. Algunos de los políticos más importantes en los siglos XIX, XX y XXI del antiliberalismo, que son también, por principio, enemigos de la democracia, son, entre otros: Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin y el generalísimo Francisco Franco. Entre nosotros se han destacado en los últimos años como miembros de esta venerable tradición política: el casi juzgado por genocidio Pinochet, Videla y su Junta Militar, procesados y juzgados como criminales y genocidas, Fidel Castro, Alberto Fujimori, Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Sería necesario hacer
El antiliberalismo considera que la separación de poderes, las elecciones competitivas, la prensa libre, la tolerancia religiosa, los presupuestos públicos, y el control judicial a la policía, que son lo más esencial de la política liberal, son a la vez los síntomas tempranos de la decadencia cultural y la desintegración moral del mundo moderno. muchas precisiones para establecer claras diferencias entre estos influyentes personajes de nuestras débiles democracias, pero esto no es posible aquí. Álvaro Uribe representa el antiliberalismo no solamente porque doctrinariamente se separó del liberalismo, personificado en Colombia en el partido liberal, para fundar un nuevo movimiento político, doctrinariamente cercano al pensamiento conservador. Se separó de un liberalismo que él, con toda razón, diagnosticó como un partido viciado por la corrupción y el clientelismo; se apartó del partido liberal encarnado por las clientelas políticas de los Turbay, los Samper, los Serpa, etc. El estatuto de seguridad de Turbay Ayala fue la primera estocada que el liberalismo se clavó a sí mismo, destruyendo con esto la posibilidad de consolidación de la democracia en Colombia. El escándalo de los apoyos de la mafia a la campaña presidencial del presidente Ernesto Samper fue la última estocada que se auto propinó la elite liberal y constituyó, con los dineros “sucios” entrados “a espaldas” del presidente Samper, el fin de la dominación política absoluta del trapo rojo en las plazas públicas, los concejos, asambleas departamentales y el Congreso. Uribe representó las banderas políticas de la anticorrupción y la lucha contra el clientelismo; simbolizó la eficiencia, el trabajo, la lucha contra la inseguridad, y a favor del crecimiento, el desarrollo y la superación de la pobreza. Ejercitó de una forma novedosa la política, se acercó a la gente, actuó con autoridad y
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¿El antiliberalismo y la antidemocracia de Uribe vs el liberalismo y la democracia de Santos?*
El liberalismo es un sistema complejo que articula dos formas de libertad, las cuales han sido denominadas libertad negativa y positiva. La libertad negativa, como escribe Benjamin Constant, “no es otra cosa que el derecho a no estar sometido sino a las leyes, no poder ser detenido, ni preso, ni muerto, ni maltratado de manera alguna por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o de muchos individuos; es el derecho de decir su opinión, de escoger su profesión, de ejercerla, y de disponer de su propiedad, y aún de abusar si se quiere, de ir y venir a cualquier parte sin necesidad de obtener permiso, ni de dar cuenta a nadie de sus motivos o sus pasos;
valentía frente a las guerrillas y las arrinconó. Pero esto lo hizo de forma antiliberal y antidemocrática. Es contrario al espíritu del liberalismo y de la democracia intentar imponer una estructura de relaciones de poder en el Estado en la que predomine el poder ejecutivo sobre los otros dos poderes; y lo es más si esto se intenta utilizando caminos ilegales. Los procedimientos de los que se valieron Uribe, y sus asesores y ministros: José Obdulio Gaviria, Bernardo Moreno, Diego Palacio, Sabas Pretelt fueron ilegales en el caso de la primera reelección y fueron inconstitucionales en el caso del intento de una nueva reforma constitucional para promover una segunda reelección. Fueron inmorales y contrarias al derecho, además, prácticas políticas como pretender controlar y eliminar a la oposición utilizando la policía secreta con fines políticos, como en el caso de las chuzadas; asesinar y desaparecer personas para demostrar triunfos de las fuerzas militares ante la opinión pública, como sucedió con los llamados falsos positivos; distribuir los recursos del
Estado entre los más ricos, como en el caso de Agro Ingreso Seguro; comprar votos por notarías y otros cargos públicos para asegurar la primera reelección; comprar contratos para pagar prebendas y distribuir las zonas francas como beneficio dinástico; favorecer un proceso de acumulación de enormes riquezas y de concentración de la propiedad territorial en alianza con elites regionales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo; y establecer unas condiciones de negociación con el paramilitarismo sobre la base de la aceptación de un alto grado de impunidad, de un sacrificio de la verdad y de una casi inexistente política de reparación a las víctimas. Así, pues, un presidente que desarticula el sistema de pesos y contrapesos establecidos en el texto constitucional de un Estado social de derecho, en función de los intereses del poder ejecutivo; que utiliza los organismos de inteligencia del Estado para amedrentar a los jueces que investigan a sus aliados políticos; que convierte al Estado en un instrumento para el enriquecimiento de funcionarios y allegados del grupo dominante en el poder mediante la generalización de la corrupción; y que como ex presidente acude al expediente de buscar en sus países amigos protección política mediante el asilo para sus funcionarios investigados, es un ciudadano que simboliza el antiliberalismo y la antidemocracia. Su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos, contra todo lo previsible en una campaña, que en parte ganó porque representaba el uribismo, puede llegar a encarnar la democracia y el liberalismo. Pocas semanas después de tomar posesión del cargo mostró una faceta política completamente distinta a la de su antecesor. Los gestos, las formas, el lenguaje, el nombramiento de su equipo ministerial, los proyectos de ley presentados al Congreso, el cambio de nómina para desentrabar el nombramiento del Fiscal General de la Nación, la designación del nuevo director del Sena, han permitido ver que se ha iniciado otra época, que el país, destruido institucionalmente por el despotismo impuesto por Álvaro Uribe Vélez, pero feliz con su autoritarismo, podría volver a la senda de la democracia y del liberalismo. El presidente Santos ha mostrado durante todos estos meses con sus acciones políticas que puede distanciarse del uribismo y hacer de Colombia un país liberal y democrático. Esto viene de atrás; él pertenece a una estirpe de viejos liberales: Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Mi-
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chelsen son sus antecesores ideológicos y políticos. Su familia, que defendió en El Tiempo al liberalismo de los ataques viscerales y terribles de Laureano Gómez, Mariano Ospina Pérez y Doña Bertha Hernández de Ospina, y de la coacción a la libertad de prensa y la negación de las libertades políticas en la dictadura de Rojas Pinilla, es una familia de periodistas liberales, críticos y comprometidos con las causas civiles, políticas y sociales, como lo es el hermano del presidente, Enrique Santos o su sobrino Alejandro Santos Rubino, el director de Semana. El presidente Juan Manuel Santos es un liberal, tiene vínculos muy profundos con el liberalismo. ¿Podrán encauzar este presidente y su equipo de gobierno de nuevo a la sociedad colombiana en la senda de la democracia? ¿Pero qué son el liberalismo y la democracia? Hay que volver a los clásicos del pensamiento liberal y democrático para responder esta pregunta, a John Locke, Montesquieu, James Madison, George Washington, Alexander Hamilton, Emmanuel Sieyes, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, Thomas Paine y John Stuart Mill. El liberalismo es un sistema complejo que articula dos formas de libertad, las cuales han sido denominadas libertad negativa y positiva. La libertad negativa, como escribe Benjamin Constant, “no es otra cosa que el derecho a no estar sometido sino a las leyes, no poder ser detenido, ni preso, ni muerto, ni maltratado de manera alguna por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o de muchos individuos; es el derecho de decir su opinión, de escoger su profesión, de ejercerla, y de disponer de su propiedad, y aún de abusar si se quiere, de ir y venir a cualquier parte sin necesidad de obtener permiso, ni de dar cuenta a nadie de sus motivos o sus pasos; es el derecho de reunirse con otros individuos, sea para deliberar sobre sus intereses, sea para llenar los días y las horas de la manera más conforme a sus inclinaciones”.2
de vida, la profesión y las actividades que cada uno decida emprender. Abarca además el derecho a tener propiedades y poder disponer de ellas libremente, y los derechos de reunión y asociación. Constant identifica la libertad moderna con la experiencia personal de la seguridad, con aquello que Montesquieu denominó la tranquilidad de espíritu, resultante de que ningún ciudadano pueda temer nada de otro. La libertad negativa es, entonces, aquello que los individuos tienen el derecho de hacer y es aquello en que la sociedad no tiene el derecho a intervenir. La dimensión privada del individuo queda completamente separada de la sociedad. El individuo domina con total libertad su ámbito privado y el ámbito público queda por fuera, bajo el control de la sociedad. Libertad es el nombre dado al límite que separa esos dos espacios de acción, a la barrera más allá de la cual cualquier intervención de la sociedad es ilegítima, donde el individuo decide cada cosa por sí mismo. Pero Constant introduce una segunda dimensión de la libertad cuando habla del derecho de tomar parte en el gobierno político. La libertad moderna sería incompleta si se redujera a su dimensión negativa. “El peligro de la libertad moderna puede consistir en que, absorbiéndonos demasiado en el goce de nuestra independencia privada y en procurar nuestros intereses particulares, podamos renunciar muy
La libertad negativa comprende la idea del debido proceso: nadie puede ser juzgado, detenido, ni preso, sino de acuerdo a leyes preexistentes al acto que se le imputa, en consonancia con procedimientos establecidos por la ley y por las autoridades instituidas. La libertad negativa contiene además el derecho de tener una opinión propia y poder expresarla públicamente sin ningún tipo de restricción, salvo el respeto a la dignidad y privacidad de los otros. La libertad negativa incluye también la libre elección de la forma —67—
Constant reclama un fortalecimiento de la democracia, el cual se debe concretar en el ejercicio de las libertades políticas: la práctica de la libertad de prensa, el control por parte de la sociedad civil de las actividades de los funcionarios públicos mediante una opinión pública crítica y deliberante, el desempeño de una vigilancia activa y constante sobre los representantes elegidos para ver si cumplen exactamente con su encargo.
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fácilmente al derecho de tomar parte en el gobierno político”.3 Contra este peligro Constant reclama un fortalecimiento de la democracia, el cual se debe concretar en el ejercicio de las libertades políticas: la práctica de la libertad de prensa, el control por parte de la sociedad civil de las actividades de los funcionarios públicos mediante una opinión pública crítica y deliberante, el desempeño de una vigilancia activa y constante sobre los representantes elegidos para ver si cumplen exactamente con su encargo. Si estos derechos políticos no se ejercen y se confía en la buena voluntad de los gobernantes y en sus promesas de respeto a las leyes y a la constitución se crea un vacío en el ejercicio del poder. ¿Es posible disfrutar de los goces de la libertad privada sin las garantías para el ejercicio de las libertades políticas? ¿Y dónde encontraríamos esas garantías si renunciásemos a la libertad política?, se pregunta Constant. Pretender disfrutar de los derechos privados sin hacer uso de los derechos políticos, “esto sería una locura, semejante a la de un hombre que bajo el pretexto de no habitar sino un primer piso, pretendiese edificar sobre la arena un edificio sin cimientos”.4 Es decir, todos los derechos civiles pueden ser abrogados en la ausencia del derecho a la libertad política. Así, podemos ver que la libertad moderna es un sistema complicado y entrelazado, en el cual dos formas de libertad se combinan la una con la otra y se dan soporte mutuo. Pero es incluso posible dar un paso más e introducir una formulación más amplia de la idea de participación política: el ejercicio de la autonomía pública no tiene valor solamente como instrumento para la protección de la autonomía privada, sino que tiene un valor en sí mismo. El placer de la participación en tomar parte en el gobierno político es el placer de la acción, de la imaginación, de una exaltación duradera, de la gloria y las emociones generosas y profundas. Ese placer que hallaban los antiguos en la existencia pública no tiene por qué desaparecer en el mundo moderno. Pretender reducir la naturaleza humana al disfrute de las fórmulas del bienestar privado es entender de forma muy estrecha al hombre. “No”, escribe Constant, “yo certifico la existencia de la parte mejor de nuestra naturaleza; de esta noble inquietud que nos persigue y nos atormenta; de este ardor de extender nuestras luces y desarrollar nuestras facultades; […] y la libertad política ciertamente es el más poderoso y enérgico modo de perfección que el cielo nos ha
dado entre los dones terrenos.”5 La libertad política, es decir, la convocatoria a todos los ciudadanos a que concurran con sus determinaciones y sufragios al ejercicio del poder; garantizándoles un derecho de vigilancia por medio de la manifestación de sus opiniones, los eleva a la más alta posición moral. Al darles a todos los ciudadanos la tarea de examinar y estudiar sus más grandes intereses, la libertad política agranda su espíritu, ennoblece sus pensamientos; y esto hace que la nación adquiera un esplendor del que carecía. Si el presidente Juan Manuel Santos quiere realmente defender estos grandes ideales del liberalismo y de la democracia tiene que, de un lado, romper con lo que representa el uribismo, es decir, con el despotismo, el populismo político de los “talleres democráticos”. Tiene que romper con lo más nefasto del uribismo: el desconocimiento de los derechos individuales y de la Constitución de 1991 y, de otro lado, dar el “cambio radical” que Colombia requiere para ser una nación más justa, más democrática y más liberal, es decir, emprender el camino de la redistribución de la riqueza, del aseguramiento de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y económicos para todos los colombianos. Es un reto similar al que tuvo López Pumarejo con la Revolución en Marcha y al que tuvo Alberto Lleras, tras el fin de la dictadura de Rojas Pinilla.
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Notas 1. Véase: Arendt, H.,Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Península, Barcelona, 1996, p. 151. 2. Constant, B., Del espíritu de conquista, Tecnos, Madrid, 1998, 67. 3. Constant, Benjamin, De la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, Tecnos, Madrid, 1998, p. 90. 4. Constant, Benjamin, De la libertad, Op.cit., p.91. 5. Constant, Benjamin, Del espíritu de conquista, Tecnos, Madrid, 1998, 90.
Liberalismo y antiliberalismo: URIBE Y SANTOS Por Jorge Andrés Hernández* Docente Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia
Uno de los estudiosos más lúcidos del totalitarismo del siglo XX y eminente constitucionalista liberal, Carl Joachim Friedrich, demostró que el antiliberalismo y el autoritarismo del siglo XX, de cuño fascista y nacionalsocialista, surgió de las entrañas mismas de las instituciones democráticas y liberales. Hitler asciende al poder en Alemania a través del sufragio popular en elecciones pluripartidistas, la institución emblemática de la democracia liberal contemporánea. Y consolida su poder dictatorial mediante el estado de excepción, una institución contenida en las constituciones liberales contemporánea que busca salvar un orden constitucional existente, en crisis, a través de medidas de “dictadura constitucional” (suspensión de las libertades y de la división de poderes), pero que se justifican en la teoría constitucional liberal por su carácter provisional y transitorio.
Una de las lecciones clásicas de la filosofía de David Hume1 es su famosa distinción entre los enunciados descriptivos (sobre lo que es) y los enunciados normativos (sobre lo que debería ser) y su apelación a no confundir tales ámbitos. En cuestiones políticas, una cosa es describir o pretender describir la realidad tal como es y otra, bien diferente, es desarrollar planteamientos sobre cómo debería estar configurada la realidad. Hemos asumido en la época contemporánea que de lo primero se ocupa la filosofía política y de lo segundo la ciencia y la sociología políticas. Pero, a menudo, los estudiosos de la política mezclan tales ámbitos y lo que es aparece como lo que debería ser o viceversa. En un artículo reciente, intitulado ¿El antiliberalismo y la antidemocracia de Uribe vs el liberalismo y la
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Liberalismo y antiliberalismo: URIBE Y SANTOS
democracia de Santos?,2 el profesor Francisco Cortés oscila entre las actitudes mencionadas y, al final, el lector no logra concluir si se trata de un análisis basado en hechos políticos o, más bien, en sus deseos y sus convicciones normativas liberales. En su ensayo, Cortés pretende demostrar que el anterior presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, representa la antidemocracia y el antiliberalismo, mientras que el actual presidente Juan Manuel Santos “encarna la democracia y el liberalismo”. Existen abundantes razones teóricas y evidencias empíricas y judiciales que demuestran la primera afirmación3, así que me ocuparé de la segunda. A través del texto, queda claro que el profesor Cortés es vacilante sobre su afirmación central, de la que parece dudar reiteradamente, esto es, que Santos encarna la democracia y el liberalismo. Paradójicamente, el título mismo del artículo plantea este asunto como un interrogante, la primera afirmación del texto lo establece como un hecho (“Santos encarna...”), en la mitad del artículo se nombra como posibilidad (“Santos... puede llegar a encarnar...”) y, al final del texto, se enumeran una serie de condiciones para que Santos pueda encarnar los ideales del liberalismo. La tesis central aparece así de forma contradictoria como interrogante, hecho, posibilidad o hipótesis condicional en diferentes lugares del texto. El texto del profesor Cortés acusa un problema central: carece de dimensiones históricas y sociológicas y permanece en el puro mundo de las ideas. De allí se derivan dos déficits en el análisis. El primero se traduce en la incomprensión sobre la compleja relación entre democracia y antidemocracia, de un lado, y liberalismo y antiliberalismo, de otro, en la realidad histórica, que el profesor Cortés analiza como dos pares meramente antagónicos y mutuamente excluyentes. Pero, para parafrasear a Hume, una cosa es el mundo de las ideas políticas y otra, bien diferente, es su ejecución y desarrollo en la realidad. Si los textos de los grandes pensadores liberales (Locke, Montesquieu, Madison, Mill, Berlin, Rawls y otros) contienen de manera clara, coherente y definida el proyecto liberal y democrático desde el punto de vista normativo, otro asunto es la manera en que el liberalismo concreta su proyecto en el ámbito real. Como demuestran estudios de ciencia política contemporánea, existen conexiones dialécticas entre democracia y liberalismo y sus respectivos contrarios. Uno de los estudiosos más lúcidos del totalitarismo del siglo xx y eminente constitucionalista liberal, Carl Joachim Friedrich4, demostró que el antiliberalismo y el autoritarismo del siglo XX, de cuño fascista y na-
cionalsocialista, surgió de las entrañas mismas de las instituciones democráticas y liberales. Hitler asciende al poder en Alemania a través del sufragio popular en elecciones pluripartidistas, la institución emblemática de la democracia liberal contemporánea. Y consolida su poder dictatorial mediante el estado de excepción, una institución contenida en las constituciones liberales contemporáneas, que busca salvar un orden constitucional existente, en crisis, a través de medidas de “dictadura constitucional” (suspensión de las libertades y de la división de poderes), pero que se justifican en la teoría constitucional liberal por su carácter provisional y transitorio. Es una gran ironía histórica, como profusamente ha discutido la ciencia historiográfica y política germanas, que Hitler haya utilizado las elecciones, de un lado, para acabar con el régimen democrático y, de otro, la constitución liberal de Weimar para establecer un estado de excepción permanente y de paso eliminar las libertades y garantías propias de un estado constitucional. La gran enseñanza de esta experiencia histórica es que las instituciones liberales y democráticas pueden ser utilizadas por sus antagonistas políticos. Una cuestión decisiva, como lo demuestran dos obras centrales de política comparada, es el modo en que se establecen las alianzas político-sociales a favor o en contra de la democracia. La discusión contemporánea en la sociología política sobre el éxito de la democracia li-
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Existen dudas razonables para concordar con el optimismo de muchos que ven en los primeros seis meses del gobierno de Santos el inicio de “una nueva época”, como plantea el Profesor Cortés, con toda la radicalidad de cesura histórica que quiere caracterizar tal concepto. No cabe duda del cambio de estilo presidencial y del diferente clima político que vive la nación. Pero el analista político debe proceder con cautela y esperar un paso del tiempo razonable para analizar con mayor distancia histórica el curso de los acontecimientos.
beral en una sociedad moderna oscila entre dos tendencias. Los que sostienen, como Barrington Moore5, que el éxito de la democracia depende del poder que tenga la burguesía liberal, de su capacidad para desarrollar alianzas con las fuerzas sociales y políticas progresistas, como el proletariado, y de que la oligarquía rural y terrateniente sea muy frágil. Otros, como Rueschemeyer et al6, creen que la fuerza social decisiva para el éxito de la democracia es un proletariado fuerte que, en alianza con la burguesía, lograría un bloqueo de las fuerzas reaccionarias y antidemocráticas. ¿Por qué es relevante esta discusión teórica en este contexto? Porque democracia y antodemocracia, liberalismo y antiliberalismo, están también conectados en el caso colombiano. Cuando se plantea que Uribe y Santos son antagonistas, el uno como encarnación de la antidemocracia y el antiliberalismo, el otro como expresión de lo contrario, surgen numerosos interrogantes: ¿no fue Santos uno de los ministros estrella del gobierno que encarna, en palabras del profesor Cortés, “el antiliberalismo y la antidemocracia”? ¿No fue Santos el responsable político, como Ministro de Defensa, de ejecuciones extrajudiciales, que el profesor Cortés considera “inmorales y contrarias al derecho”? ¿Cómo se explica que la encarnación del liberalismo y la democracia surja políticamente de un gobierno que encarnaría todo lo contrario? Los primeros dos interrogantes contienen ya implíctamente una respuesta, pero creo que carecemos de suficientes evidencias para responder adecuadamente la última pregunta7. Existen dudas razonables para concordar con el optimismo de muchos que ven en los primeros seis meses del gobierno de Santos el inicio de “una nueva época”, como plantea el profesor Cortés, con toda la radicalidad de cesura histórica que quiere caracterizar tal concepto. No cabe duda del cambio de estilo presidencial y del diferente clima político que vive la nación. Pero el analista político debe proceder con cautela y esperar un paso del tiempo razonable para analizar con mayor distancia histórica el curso de los acontecimientos. Muchos de los que ahora enfatizan las notables diferencias entre Uribe y Santos son los mismos que hace seis meses aseguraban la continuidad del proyecto político uribista con su fiel y leal heredero. Como nos enseña la política comparada, la promoción de la democracia y del liberalismo en Colombia, o de sus contrarios, dependerá de las alianzas políticas y sociales que los promuevan, de su real poderío y de la coherencia que demuestre el Presiden-
Como bien han mostrado diversos historiadores latinoamericanos, como Tulio Halperin Dongui y José Luis Romero, el liberalismo latinoamericano ha estado envuelto desde el movimiento de la emancipación en una curiosa paradoja: adhiere explícitamente a las ideas del liberalismo europeo y norteamericano, pero en la práctica política y constitucional, cuando se comprueba que tales instituciones liberales hacen ingobernable a estas naciones, ejecuta la derogación práctica, nunca formal, de las instituciones liberales. te Santos en llevar a cabo su proyecto intencionadamente liberal y democrático. Ya demostró Santos que puede ser un ministro eficaz de un proyecto político antiliberal y antidemocrático. Pero aun debe demostrar con hechos políticos de largo alcance que puede liderar un cambio democrático y liberal. Como reza el viejo adagio popular, “el infierno está lleno de buenas intenciones.” Amanecerá y veremos. Un segundo déficit en el análisis del profesor Cortés es su creencia, infundada, en que el trapo rojo enarbolado históricamente en las plazas públicas colombianas por “la estirpe de viejos liberales” es la fiel encarnación de las ideas de Locke, Mill y de lo más granado del liberalismo moderno. Como bien han mostrado diversos historiadores latinoamericanos, como Tulio Halperin Dongui y José Luis Romero, el liberalismo latinoamericano ha estado envuelto desde el movimiento de la emancipación en una curiosa paradoja: adhiere explícitamente a las ideas del liberalismo europeo y norteamericano, pero en la práctica política y constitucional, cuando se comprueba que tales instituciones liberales hacen ingobernable a estas naciones, ejecuta la derogación práctica, nunca formal, de las instituciones liberales. Se trata, en últimas, de las condiciones de la recepción de ideas políticas configuradas en un proceso social e histórico ajeno. Las ideas liberales surjen en el contexto norteamericano y europeo a par-
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tir de procesos sociales liberadores: la secularización, el fin del absolutismo, el ascenso de la burguesía y el ocaso de la clase terrateniente, la industrialización y la emergencia del proletariado, la creación de los estados nacionales y el establecimiento de la tolerancia religiosa, entre otros fenómenos. Para decirlo hegelianamente, las ideas liberales son la traducción conceptual del mundo liberal existente. Pero las ideas liberales en América Latina deben operar en un contexto patrimonialista, clientelista, autoritario, poblado de cacicazgos políticos y grupos armados ilegales. Esto es, en un contexto antiliberal. El “liberalismo latinoamericano” es, así, la traducción práctica de un mundo diferente al de Locke, Mill y Rawls. La historia colombiana y la “estirpe de viejos liberales” de que habla el profesor Cortés nos proporcionará los ejemplos para explicar lo que aquí se quiere decir. El primer gobierno de López Pumarejo prefiguró lo que podría haber sido una auténtica revolución liberal y es por eso recordado en el país, por sus notables impulsos reformistas, pero se quedó corto por la poderosa reacción de las fuerzas sociales que se oponían al proyecto liberal y por su propia timidez e inconsecuencia para llevar a féliz término sus nobles propósitos. De ahí en adelante tendremos un proceso largo y lamentable en el desarrollo de un liberalismo antiliberal y antirreformista. El gobierno de Eduardo Santos representa el freno definitivo al proyecto reformista de López. El profesor Cortés menciona a la familia Santos como defensora del liberalismo frente a la dictadura de Rojas Pinilla, pero olvida que el golpe militar del 13 de junio de 1953 fue apoyado por el partido liberal y por el diario El Tiempo, como una “solución necesaria” ante los excesos de la dictadura civil de Laureano Gómez. El editorialista de ese diario –probablemente el ex presidente Eduardo Santos– escribe el 1 de julio de 1953, dos semanas después del golpe: “El país (...) mira ese empeño nobilísimo del Presidente Teniente-General Rojas Pinilla con simpatía y lo aplaude con esperanza. Porque en esa transformación indispensable está el secreto del buen éxito de sus honestos y generosos prospectos de servicio nacional de la paz dentro del derecho y de la libertad dentro del orden”. (p. 2) El mismo día escribe el columnista Calibán, Enrique Santos Montejo, abuelo del presidente Juan Manuel Santos, en su habitual columna “Danza de las horas”: “Restaurar el orden moral es la obligación imperativa del régimen, en buena hora presidido por un hombre puro como el general Rojas Pinilla”. (p. 2)
El trabajo de un intelectual social y político conduce a una escaramuza esencial: el equilibrio entre el compromiso y la distancia, como formula el gran sociólogo alemán Norbert Elias. En estas tierras sudamericanas, en las que muchos habitantes soportan diversas tiranías locales de múltiples grupos armados, el abandono estatal y diversas formas de crueldad, el intelectual liberal tiene un compromiso con la dignidad humana. Pero este compromiso, que involucra también sus pasiones y sus emociones políticas, debe permitir un rescoldo de distancia, aquella que ilumina el análisis y la comprensión de lo que ocurre en esta muy nebulosa realidad política. No viene al caso ahondar en los acontecimientos que ocasionan el rompimiento del partido liberal con la dictadura de Rojas Pinilla. Se trata sólo de confirmar esa compleja relación entre liberalismo y antiliberalismo, democracia y antidemocracia. Lamentablemente carecemos de una historiografía seria sobre el liberalismo colombiano que supere las crónicas y anécdotas de los epígonos. Lleras Carmargo tiene también una ambigua relación con estos pares. De un lado, Lleras Camargo representa al partido liberal para pactar con Laureano Gómez –la encarnación del antiliberalismo– en Benidorm y Sitges los acuerdos del Frente Nacional, un pacto que muchos justifican en nombre de la paz, pero que es antiliberal y antidemocrático. En su momento también se justificó el acuerdo con el ospinismo para llevar a Rojas Pinilla al poder en 1953: en un caso se acuerda la dictadura militar, en otro se acuerda un régimen de partidos oficiales que la politología contemporánea denominaría autoritarismo electoral8. De otro lado, Lleras Carmargo promete en 1958 el retorno a la normalidad constitucional, tras un estado de excepción permanente que comienza en 1949. Pero pronto gobernará Lleras Camargo con las herramientas del estado de sitio (excepción) y, al final de su período presidencial, por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso
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de la República incorpora como leyes ordinarias de la nación toda la legislación dictada en virtud del estado de excepción permanente entre el 9 de noviembre de 1949 y el 20 de julio de 1958 (Ley 141 de 1961). Es decir, se legitima toda la normatividad excepcional de las dictaduras precedentes, incluída la de Rojas Pinilla, y se inagura el largo período de estado de excepción permanente que caracteriza al Frente Nacional. Como sabe cualquier estudiante de teoría constitucional liberal, esto significa la autodisolución de un estado constitucional y el tránsito a un estado autoritario o un estado de hecho: de este modo gobernaron los regímenes autoritarios como el nacionalsocialismo alemán entre 1933 y 1945, la Junta Militar chilena entre 1973 y 1989 y la Junta Militar argentina entre 1976 y 1983. De Carlos Lleras Restrepo se destaca su ímpetu reformista, pero también su fracaso en la reforma agraria, ante la oposición radical de la clase terrateniente. Pero se destaca aun más su participación en la noche lamentable del 19 de abril de 1970, que propició un muy probable fraude electoral. La defensa de los acuerdos del Frente Nacional, con resultados electorales predeterminados, primó sobre la voluntad popular. Alfonso López Michelsen, el niño rebelde del MRL, el gran contradictor de los acuerdos antidemocráticos del Frente Nacional, enfrenta una presidencia (1974-78) con grandes convulsiones sociales y responde con medidas de estado de excepción: se reestablecen los consejos de guerra militares, se aumentan los delitos juzgados por militares y se autorizan los allanamientos sin orden judicial a cualquier hora del día. Mencionaré sólo dos perlas jurídicas, de claro tinte antiliberal y antidemocrático, dictadas por el gobierno: el Decreto 2195 de 1976 estableció reclusión hasta por seis meses para quienes alterasen el curso normal de las actividades, para quienes hiciesen reuniones sin requisitos legales y para quienes pintasen frases ultrajantes en las paredes. El Decreto 2578 de 1976 sancionó con multas “a quienes por sus antecedentes, actividades, hábitos y costumbres fuesen sospechosos de cometer delitos”(!) Tras este breve repaso histórico puede comprenderse que un posterior gobierno del partido liberal, como el de Turbay Ayala (1978-82), no sea, como plantea el profesor Cortés, “la primera estocada que el liberalismo se clavó a sí mismo”, sino la cima de un largo proceso del liberalismo colombiano en su tarea de destrucción del ideario y del constitucionalismo liberales. Quizá tampoco sorprenda entonces que un militante liberal de toda la vida, alcalde, senador y gobernador de tal partido, haya liderado a nombre de un proyecto
pluripartidista el proceso más antiliberal y antidemocrático de la historia contemporánea colombiana. El trabajo de un intelectual social y político conduce a una escaramuza esencial: el equilibrio entre el compromiso y la distancia, como formula el gran sociólogo alemán Norbert Elias. En estas tierras sudamericanas, en las que muchos habitantes soportan diversas tiranías locales de múltiples grupos armados, el abandono estatal y diversas formas de crueldad, el intelectual liberal tiene un compromiso con la dignidad humana. Pero este compromiso, que involucra también sus pasiones y sus emociones políticas, debe permitir un rescoldo de distancia, aquella que ilumina el análisis y la comprensión de lo que ocurre en esta muy nebulosa realidad política.
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Notas Abogado y Licenciado en Filosofía y Letras. Ph.d. (c) en Ciencias Políticas, Universidad de Maguncia, Alemania
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1. David Hume. Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Orbis, 1985. 2. Razón Pública, 24 de enero de 2011 y Portal Virtual Universidad de Antioquia, 7 de febrero de 2011 3. Algunos profesores universitarios, con notable presencia mediática en la última década, ejecutan aparatosos malabares discursivos para defender las tesis de que Uribe sería la encarnación criolla de los proyectos liberales de Rawls o Habermas y “la cima de la modernidad”. Es muy significativo que tales juicios provengan de antiguos militantes marxistas antiliberales, quienes (antes y ahora) cultivan proyectos políticos con fervor cuasi-religioso, pero no han cambiado en lo fundamental: siguen siendo antiliberales. Tales juicios no pueden ser tomados en serio en un debate académico riguroso, pero fueron muy útiles en la tarea de darle una base pretendidamente intelectual y académica al proyecto político antiliberal del uribismo. 4. Carl Joachim Friedrich. Dictadura totalitaria y autocracia. Buenos Aires: Libera, 1965. 5. Barrington Moore Jr. Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. Barcelona: Península, 2002. 6. Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Stephens & John Stephens. Capitalist Development and Democracy. Chicaco: Chicago University Press. 7. Algunos plantean la hipótesis de que Uribe representa fundamentalmente la oligarquía rural y terrateniente, mientras que Santos representa la tradicional burguesía comercial. Pero esto aun no explica el desarrollo de la anterior alianza ni la pretendida actual disputa. 8. Cfr. Andreas Schedler. Electoral Authoritarianism. Boulder & Londres: Lynne, 2006; Steven Levitsky y Lucan Way. Competitive Authoritarianism. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
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Propósitos y contenidos actitudinales en la ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS El Documento Rector de la Transformación Curricular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, en el aparte “Perfil de la formación del estudiante de ciencias”, destaca algunas de las actitudes a procurar en el proceso formativo, tales como: “La reflexión ética sobre la responsabilidad del científico, en el sentido de que la ciencia impacta todos los ámbitos de la sociedad y por lo tanto sus resultados tienen consecuencias socioculturales. La comprensión del valor actual de lo interdisciplinario y la capacidad para interactuar en grupo, de modo solidario y eficaz con profesionales de otras disciplinas en contextos complejos. La capacidad para fortalecer una actitud autocrítica frente a su desempeño, para cuestionar su actividad y elevar la exigencia intelectual por el trabajo. El respeto por la riqueza natural, ambiental, científica, tecnológica y cultural del país. El discernimiento de las responsabilidades éticas inherentes a los desarrollos en los campos de la investigación, la práctica profesional y la educación, en cumplimiento de la función social de la Universidad” Texto elaborado por el Comité de Transformación Curricular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, FCEN Autores: María Victoria Alzate (Coordinación Comité), José Luis Pérez (Vicedecano), Ana Esperanza Franco (Biología), Nicolás Raigoza (Física), Pablo Cuartas (Astronomía), Raúl Eduardo Velásquez (Matemáticas), Wilson Ruiz (Química), Norbey García (Asesor curricular).
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Introducción Alrededor del científico se ha tejido un manto de misticismo igual o peor al que se quiso establecer con el advenimiento del pensamiento racional en la Jonia del siglo VI A.C., cuna de los primeros filósofos griegos. El científico moderno es confundido por el público general con la persona que sabe sobre temas que van desde los extraterrestres, la Atlántida y el triángulo de las Bermudas, hasta los temas referentes a la investigación de la naturaleza, sus formas, sus manifestaciones y sus leyes. Para muchos de quienes así piensan, la ciencia es vista como una especie de prodigio, de objeto mágico que sólo unos pocos alcanzan a interpretar y conocer. Este desconocimiento del significado cultural de la ciencia conlleva a la confusión entre lo que ella es y lo que no es, vale decir, conduce a la pseudociencia, la que impera en aquellos espacios culturales no llenados por el conocimiento científico, con la particularidad de que dicha pseudociencia no deja de surtir sus propios efectos de magia y de prodigio ante los ojos de quienes la obedecen. En el mismo sendero de todo lo expresado se encuentran igualmente aquellas situaciones a superar, directamente ligadas al conocimiento científico, que analistas de la educación subrayan insistentemente: la ciencia sin conciencia, la inteligencia ciega, los excesos de la racionalización y la especialización, los riesgos del error y la ilusión que conlleva el conocimiento1. Es, pues, deber de las ciencias llenar los vacíos culturales y acabar con el malentendido sobre su naturaleza y su lugar en la sociedad, como también sobre los alcances filosóficos, éticos, estéticos y políticos de la
educación de quienes se han de ocupar del cultivo y ejercicio de aquellas. Al igual que la pintura o la música, la ciencia produce belleza y satisfacción intensas, por lo mismo, incluye el fomento de formas de saber, de sentir y de actuar conformes con éstas, en tanto su ámbito real es el de la cultura y la vida de la sociedad. Así las cosas, la educación en ciencias ha de proyectarse sobre un horizonte que incluye la educación en la racionalidad del conocimiento científico pero que está lejos de agotarse en ésta, pues también ha de hacerlo sobre el plano de las actitudes, los valores y las actuaciones prácticas que necesariamente acompañan el quehacer científico, trátese del astrónomo, del matemático, del sociólogo, del físico o del naturalista. Es esta la problemática que el presente texto aborda, en un esfuerzo por traer a la superficie y hacer suficientemente visibles el significado y la pertinencia de los “contenidos actitudinales” en la formación, conforme a las directrices señaladas en el marco del proceso de transformación curricular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Las actitudes y los valores en la actividad científica A comienzos del siglo XXI y años subsiguientes es cada vez más claro que las ciencias son modos de aprehensión de la realidad y también es más clara la relación estrecha entre el conocimiento científico y la capacidad de actuar de modo eficaz o no eficaz sobre el mundo. Las ciencias hoy en día no son sólo un conjunto de saberes y de métodos de conocimiento, son un fenómeno socio-cultural que incide en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en las comunidades como en los individuos, y plantean a la humanidad problemas cruciales para afrontar tales como la conservación del agua y del planeta, la energía nuclear, el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo del trabajo y las oportunidades de empleo, los avances biogenéticos, la industria armamentista, los diversos problemas ecológicos y también la desestructuración de las culturas tradicionales, entre otros. La creciente racionalidad científica, tecnológica e instrumental muestra evidencias cada vez más claras de que se trata de transformar el mundo, y somos los humanos los responsables de dicha transformación y a la vez responsables de la transformación de nuestra propia existencia. Esto provee a las ciencias, a la tecnología y a la innovación de una profunda dimensión política, económica, ética, normativa y de valores y actitudes. La
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investigación hoy en día no se limita sólo a resolver problemas científicos, sino que se plantea, cada vez más, la utilización de los conocimientos y métodos científicos en los procedimientos industriales, en la fabricación de nuevos materiales y de nuevos artefactos, en las modificaciones genéticas, en los planes de desarrollo de una región o de un país. Las ciencias son un factor de poder en el orden económico, político y socio-cultural. Esta situación invita y compromete a la justeza de reivindicar, justificar e integrar, de modo social e individual, la reflexión filosófica, ética, normativa y de valores y actitudes, acerca del sentido de nuestra existencia social y personal, y de las finalidades que pueda tener la acción humana. Como afirma Aguirre2 se debe tratar de situar, articular y orientar la racionalidad científica en el contexto de una racionalidad de mayor amplitud, que se cuestione y busque la finalidad de la existencia humana, y no se centre sólo en los medios de realización de lo imperante y dominante, los cuales se dan por supuestos sin cuestionamientos y sin reflexión sobre los principios y criterios políticos, éticos, normativos y de los valores, que permitan el pensamiento acerca de otras opciones posibles para la convivencia humana.
Concepto y pertinencia de los propósitos y contenidos actitudinales en la educación superior en ciencias Ciertamente, la transformación curricular debe generar cambios cualitativos en la formación de los estudiantes para que aprendan a conocer (contenidos conceptuales), aprendan a hacer (contenidos procedimentales), y aprendan a ser y a convivir (contenidos actitudinales). Específicamente, estos últimos se orientan a la capacidad social de los estudiantes de participar en ámbitos, contextos y situaciones diferentes a los de la cotidianidad, con normas, valores y actitudes aprendidas durante su proceso de formación. En la educación superior el tema de las actitudes viene al caso en tanto se procura la apropiación duradera por parte de los estudiantes de intereses, valores y predisposiciones personales, concurrentes con el ideal de la formación humana, en el entendido de que los estudiantes, aparte de conocer y razonar, sienten, imaginan, proponen, aprecian, comparten, intuyen. A los contenidos actitudinales también se los vincula con la dimensión afectiva de los aprendizajes. Las actitudes suele asociárselas, pues, con “valores”, “intereses”, “motivaciones”, “responsabilidades”,
Este desconocimiento del significado cultural de la ciencia conlleva a la confusión entre lo que ella es y lo que no es, vale decir, conduce a la pseudociencia, la que impera en aquellos espacios culturales no llenados por el conocimiento científico, con la particularidad de que dicha pseudociencia no deja de surtir sus propios efectos de magia y de prodigio ante los ojos de quienes la obedecen.
“comportamientos”, “conductas”, “dimensiones ética y estética”, “dimensión afectiva”, “modos de ser”, referentes que no dejan de situar las cosas en un terreno riesgoso puesto que en algunas circunstancias, extremas ciertamente, la incursión en lo actitudinal puede conducir a la manipulación o imposición ideológica, sea ésta ética, política o religiosa, mediante la prédica o el proselitismo, prácticas inaceptables en el contexto particular de la universidad pública, por cuya esencia laica y civilista está obligada a mostrarse respetuosa del fuero interno de las personas en cuanto a creencias, convicciones y opciones doctrinarias. La literatura especializada en educación superior presenta importantes referencias al tema en consideración y, en especial, a la necesidad de su inclusión adecuada en los currículos universitarios. Por ejemplo, la CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR, en 1998, abordó el tema solicitando a los Estados miembros “… contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas”3. Wilches y Furió4, de la Universidad de Valencia, señalan en tono crítico: “La importancia social del tema de las actitudes es bien reconocida en las recientes reformas curriculares en ciencias que se están desarro-
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llando. En todas ellas los diseñadores del curriculum han incluido explícitamente objetivos y contenidos actitudinales y será necesario que estas intenciones se lleven al aula por los realizadores del curriculum, es decir, por el profesorado. …La relevancia del tema no sólo es social, sino que también se manifiesta en la enseñanza de las ciencias y en la investigación didáctica correspondiente. El profesorado ha de conocer que la existencia de un clima de aula actitudinalmente positivo es esencial para favorecer un mejor aprendizaje e interés por la enseñanza de las ciencias5. Los propios profesores de ciencias somos los primeros en percibir la existencia de este problema didáctico …el profesorado reconoce la importancia vital de la motivación y las actitudes como motores que impulsan el aprendizaje de las ciencias pero, una vez en el aula, se olvidan de ellas”. La “Propuesta para desplegar un cambio académico”, de la Universidad Nacional de Colombia, reza textualmente: “No basta entonces con una formación académica de alta calidad en lo técnico y en lo conceptual, se requiere capacidad para enfrentar situaciones de la vida en las que se interactúa con los otros, a quienes se reconoce y se respeta. Es importante que el profesional de la Universidad Nacional sea capaz de ser cuidadoso consigo mismo y con los demás, que sea prudente, que sea solidario, que no tolere los abusos o arbitrariedades en los que alguien sufre daño injustamente, que aprenda de su experiencia y de las de los demás y que esté dispuesto a compartir sus conocimientos y a expresar sus puntos de vista, evitando ofender a su interlocutor. En el proceso de desarrollo de la sensibilidad y de apropiación del conocimiento que requiere la vida social son importantes tanto la vivencia de las ventajas del diálogo y la cooperación propias de la cultura académica como el acceso a las artes y las humanidades”6. Formulaciones del mismo tenor se han hecho en la Universidad de Antioquia, seguramente al igual que en el resto de las instituciones de educación superior colombianas. En efecto, en el aparte sobre la Misión de la Universidad de Antioquia, el Estatuto General establece, entre otros objetivos, los de “formar integralmente a los estudiantes sobre bases científicas, éticas y humanísticas. Capacitarlos para el trabajo autónomo y en equipo, para el libre desarrollo de la personalidad, para cumplir responsablemente las funciones profesionales, investigativas, artísticas y de servicio social que requieren la región y el país, y para liderar creativa-
mente procesos de cambio. Desarrollar la sensibilidad hacia las artes y la cultura, y el aprecio por el trabajo y los valores históricos y sociales de la comunidad”7. Por su parte, el Documento Rector de la Transformación Curricular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, en el aparte “Perfil de la formación del estudiante de ciencias”, destaca algunas de las actitudes a procurar en el proceso formativo, tales como: “La reflexión ética sobre la responsabilidad del científico, en el sentido de que la ciencia impacta todos los ámbitos de la sociedad y por lo tanto sus resultados tienen consecuencias socioculturales. La comprensión del valor actual de lo interdisciplinario y la capacidad para interactuar en grupo, de modo solidario y eficaz con profesionales de otras disciplinas en contextos complejos. La capacidad para fortalecer una actitud autocrítica frente a su desempeño, para cuestionar su actividad y elevar la exigencia intelectual por el trabajo. El respeto por la riqueza natural, ambiental, científica, tecnológica y cultural del país. El discernimiento de las responsabilidades éticas inherentes a los desarrollos en los campos de la investigación, la práctica profesional y la educación, en cumplimiento de la función social de la Universidad”8.
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Las ciencias hoy en día no son sólo un conjunto de saberes y de métodos de conocimiento, son un fenómeno socio-cultural que incide en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en las comunidades como en los individuos, y plantean a la humanidad problemas cruciales para afrontar tales como la conservación del agua y del planeta, la energía nuclear, el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo del trabajo y las oportunidades de empleo, los avances biogenéticos, la industria armamentista, los diversos problemas ecológicos y también la desestructuración de las culturas tradicionales, entre otros.
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La mirada concreta desde el interior del proceso de transformación curricular - FCEN Los referentes mencionados conducen a asociar el tema actitudinal con el de la formación integral, que en estricto sentido es el de la formación, así, sin adjetivos, es decir, aquella que señala el ideal de la formación del ser humano en su multidimensionalidad, sin reducciones ni fragmentaciones. De esta manera, los alcances de la educación en el terreno de las actitudes se conectan con el conocimiento racional, pero también con el cultivo de la imaginación, la creatividad, la fantasía, la intuición, etc. En suma, la educación en cualquier área y nivel se dirige al ser humano, al hombre, al ciudadano, al sujeto de la cultura, dimensiones de un t odo que las visiones simplificadas y simplificadoras ahogan fácilmente bajo los rótulos de “alumno”, “profesional”, “científico”. Más que al hombre educado, el concepto clásico de formación alude al hombre culto. Tal sentido de integralidad, vale decir, de instauración de un ambiente de cultura y de genuina formación que enmarque los aprendizajes de los distintos tipos de contenidos, ha llevado al Comité de Transformación Curricular a proponer dos frentes
Ciertamente, la transformación curricular debe generar cambios cualitativos en la formación de los estudiantes para que aprendan a conocer (contenidos conceptuales), aprendan a hacer (contenidos procedimentales), y aprendan a ser y a convivir (contenidos actitudinales). Específicamente, estos últimos se orientan a la capacidad social de los estudiantes de participar en ámbitos, contextos y situaciones diferentes a los de la cotidianidad, con normas, valores y actitudes aprendidas durante su proceso de formación.
concretos de intervención. No se trata de poner el acento exclusivo en lo actitudinal, lo cual equivaldría a desintegrar y a aislar aspectos de la formación, pero sí de darle plena visibilidad y asegurarle el soporte y el espacio académico adecuados, más claro aún, de legitimar el tratamiento sin ambigüedades de lo actitudinal en la actividad docente.
A. Orientación actitudinal desde el núcleo de proyectos El primero de los dos llamados “frentes concretos” de los propósitos y contenidos actitudinales está conformado por un haz de proyectos orientados desde varios ángulos a la formación integral del estudiante. —Proyecto de “Tutoría y asesoría a estudiantes” que hoy se denomina “Plan de acompañamiento permanente a los estudiantes” – PAP– En el marco general de la propuesta de transformación curricular se establece como un componente del nuevo modelo curricular, un Plan de Acompañamiento Permanente (PAP), encaminado a aportar estrategias que disminuyan los índices de deserción, cancelación y pérdida de cursos, contribuyendo a mejorar tanto el rendimiento académico como la permanencia con bienestar de los estudiantes. El PAP debe ser un proceso sistemático de orientación y acompañamiento, de carácter académico, profesional y psico-social. —Proyecto de lectura y escritura, hoy denominado “Cultura académica” Con este proyecto se pretende elevar la calidad de la cultura académica en la perspectiva de articular nuevas prácticas discursivas, orales y escritas, en los planes de formación de los programas de pregrado, así como crear espacios para potenciar, en las áreas de la astronomía, la biología, la física, las matemáticas, la química y la tecnología química, relaciones inter y transdisciplinares con campos como las humanidades y las artes. Se plantea el reto de afrontar actitudes y conocimientos nuevos que obligan a la participación en procesos de descripción, de argumentación, de demostración y de diálogo, entre otras posibilidades. —Proyecto de “Cátedra Universitaria” Con la Cátedra Universitaria se pretende aportar una visión interdisciplinaria e historizada del proceso de desarrollo de la cultura, que integre a las ciencias naturales y a las matemáticas con las ciencias humanas y sociales, a partir de las biografías y de los avances científicos, matemáticos y conceptuales de los personajes de la historia de la humanidad que hicieron grandes aportes al desa-
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rrollo científico, tecnológico, humano y social. Se busca mostrar distintos aspectos humanizantes y por tanto esenciales para la configuración de un perfil profesional pertinente desde el cual la facultad, a través de sus estudiantes y egresados, impacte positivamente a la sociedad, la cual ha venido atravesando momentos críticos que requieren del aporte y del concurso de la universidad para su superación. —Proyecto de “Currículo y gestión tecnológica” Con este proyecto se busca propiciar las relaciones de cooperación entre la facultad y los sectores público y productivo con el fin de generar y aplicar con pertinencia conocimientos, tecnologías y recursos humanos, que contribuyan a la modernización y al desarrollo de la región y el país, con base en el fomento de la cultura de la creatividad, la innovación, el emprendimiento y la asociatividad, en la comunidad académica, inserto con particular énfasis en la gestión curricular de los pregrados y posgrados de la facultad. Con estos proyectos se procura que el estudiante acepte y construya responsablemente su autonomía, y que el egresado sea capaz de desenvolverse como sujeto activo de un saber, de una época y de una sociedad.
B. Orientación actitudinal desde la cotidianidad formativa A esta perspectiva corresponde el segundo frente de intervención anunciado atrás. Puesto que se trata de formar matemáticos, biólogos, químicos, físicos, astrónomos, estadísticos y tecnólogos que, además de desempeñarse competentemente, actúen como personas cultas en el mejor sentido de los términos, entonces deben hacerse visibles en todos los programas, áreas y asignaturas, los saberes, las actitudes y los valores que a ello concurren. Al tenor de ello, el Comité de Transformación Curricular ha esbozado, a manera de ilustración, una síntesis de los posibles contenidos actitudinales comunes a los distintos programas, procurando que a éstos se agreguen las expresiones inherentes a la especificidad disciplinaria de cada uno de los programas. Una primera línea de orientación de lo actitudinal se asienta en el respeto por la vida y el compromiso con el entorno natural y social. Se espera que los currículos promuevan y refuercen la sensibilidad hacia la vida de los distintos seres vivos y hacia la preservación del medio ambiente. Igual cosa se espera que ocurra con respecto a la solución de los problemas y la identificación con el progreso de la región y del país.
Una primera línea de orientación de lo actitudinal se asienta en el respeto por la vida y el compromiso con el entorno natural y social. Se espera que los currículos promuevan y refuercen la sensibilidad hacia la vida de los distintos seres vivos y hacia la preservación del medio ambiente. Igual cosa se espera que ocurra con respecto a la solución de los problemas y la identificación con el progreso de la región y del país.
La segunda línea de orientación actitudinal tiene que ver fundamentalmente con la afirmación de la racionalidad como uno de los valores esenciales a la convivencia y al desarrollo social y humano. Esforzarse en habituar a los estudiantes en el ejercicio de la reflexión, la discusión argumentada, el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad de opiniones y credos, por la libertad individual y colectiva, debe pesar lo suficiente en las actividades lectivas como para que ello deje una impronta positiva en la mentalidad de los estudiantes. Despertar el espíritu de indagación y de aprendizaje autónomo define una tercera línea de intervención hacia lo actitudinal. La vocación y las habilidades requeridas en el trabajo interdisciplinario y en la actividad creativa así como la puesta en práctica de rasgos personales asociados con la paciencia y la perseverancia en la resolución de los problemas, pueden muy bien inscribirse en el ámbito formativo de las distintas áreas y asignaturas. Finalmente, no por ello menos importante, el desarrollo de la sensibilidad estética desde las ciencias o a propósito de ellas mismas, representa una línea de orientación actitudinal que ejerce grandes repercusiones en la búsqueda de un tipo de egresado que aparte de su condición de profesional competente aúne su calidad de persona culta. Los saberes de la humanidad: el arte, la historia, la filosofía, la literatura, las matemáticas, las ciencias naturales, no están relacionados
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Propósitos y contenidos actitudinales en la ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
racional, de espíritu propositivo, de preocupación por las condiciones de vida en el planeta. La universidad en cada uno de sus ámbitos, en cada una de sus actividades relevantes –la enseñanza y el aprendizaje en primer término– ha de procurar el fomento de las actitudes en las que se traducen tales principios, normas y valores. Desde luego, magnificar los contenidos actitudinales o separarlos de los demás contenidos empobrece tanto a la educación como ignorarlos. Lo que corresponde hacer es evitar que el todo impida ver las partes y que las partes impidan ver el todo; de evitar que la expresión “educación en ciencias” se convierta en una abstracción que ampare el perder de vista alguna o algunas de las significaciones que la constituyen como es la que el presente artículo ha tratado de subrayar. En resumen, si un currículo ha representado o no una opción verdaderamente integral e integradora en la formación de los estudiantes, será factible apreciarlo en la conjugación tanto de los saberes como de las actitudes que aquellos exhiben en su desempeño como egresados, identidad que se habrá forjado necesariamente a partir de la experiencia vivida al amparo de cada programa, de cada asignatura y de cada profesor.
Los saberes de la humanidad: el arte, la historia, la filosofía, la literatura, las matemáticas, las ciencias naturales, no están relacionados únicamente con la búsqueda del entendimiento, también se encuentran vinculados con la celebración de la belleza recóndita en el universo. Las propias teorías científicas encierran una dimensión estética que no siempre es puesta de relieve en la cotidianidad formativa. Todo ello deja un vacío actitudinal por llenar en la apreciación y el disfrute de las artes y en la comprensión de la relación de éstas con la actividad científica.
únicamente con la búsqueda del entendimiento, también se encuentran vinculados con la celebración de la belleza recóndita en el universo. Las propias teorías científicas encierran una dimensión estética que no siempre es puesta de relieve en la cotidianidad formativa. Todo ello deja un vacío actitudinal por llenar en la apreciación y el disfrute de las artes y en la comprensión de la relación de éstas con la actividad científica.
Epílogo Cabe cerrar este texto sobre los contenidos actitudinales con palabras muy similares a las usadas con igual fin en nuestro documento anterior sobre los “Contenidos Procedimentales”. Allí se señaló, entre varias, una actitud fundamental a evitar: “Concebir al conocimiento científico solamente como un cuerpo conceptual”. En efecto, adicionalmente a la adquisición de éste, el aprender ciencias debe significar crecimiento personal, y enseñarlas debe significar aporte a la construcción de la sociedad. Ciencia y sociedad se entrelazan en la actuación y el desempeño de los egresados, lo cual, aparte del dominio de teorías y técnicas, demanda conocimiento y sujeción a principios, normas y valores de convivencia, de ejercicio de la democracia, de crítica —80—
Notas 1. Morin, Edgar, 1999, La cabeza bien puesta. Bases para una reforma universitaria. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 2. Aguirre, O. José M. 2008. Ciencia y ética. Retos y perspectivas, en Bermejo Diego (Ed), 2008. En las fronteras de la ciencia, Antropos Editorial, Primera Edición, pág. 129-162. 3. La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción 9 de octubre de 1998. MISIONES Y FUNCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR. Artículo 1. La misión de educar, formar y realizar investigaciones. 4. Ciencia, Tecnología, Sociedad: Implicaciones en la Educación Científica para el Siglo XXI, Amparo Vilches, Carlos Furió, Universitat de València, España. www.oei.es/salactsi/ ctseducacion.htm (Septiembre 2010) 5. Ausubel, D. P. et al. 1976. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Ed. Trillas, México. 6. Propuesta para desplegar un cambio académico” Universidad Nacional de Colombia. Agosto de 2007 Pág. 83. 7. Universidad de Antioquia, Estatuto General, Artículo 27, Literal B. 8. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.2009. Documento Rector de la Transformación Curricular, págs. 32-33, Universidad de Antioquia, Medellín.
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La rebelión de Wisconsin
Por Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
El mundo árabe tiene algo en común con EEUU: sus economías han colapsado y sus clases dominantes están en quiebra. En el caso de EEUU los riesgos aumentan en la medida en que sus gobernantes siguen jugando a la ruleta con su economía. Las consecuencias sociales y políticas comienzan a asomarse sobre el horizonte. La rebelión de Wisconsin es una señal.
Los titulares de la prensa mundial derrochan palabras y exclamaciones para destacar el derrocamiento de los gobiernos favorables a EEUU de Egipto y Túnez. También se refieren a la “represión contra manifestaciones en Libia”. Igualmente, muestran fotos de los “manifestantes bahreiníes”. (Un senador norteamericano se recubrió de su toga y proclamó que EEUU ¿debía revisar su política de ayuda militar al emirato sede de la V Flota de ese país?) Por otro lado, “el presidente de Yemen promete no renunciar a pesar de las personas muertas en manifestaciones, las protestas se expanden en Marruecos y el presidente Bashir de Sudán no se presentará para otro mandato presidencial”. En medio de esta difusión espectacular de la “revolución” de los pueblos árabes, ha aparecido otra fuente de protestas y manifestaciones. Sin embargo, los medios de comunicación han sido muy parcos y cuidadosos en
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dar a conocer detalles sobre sus protagonistas. Se trata de los trabajadores de EEUU que en diferentes escenarios, ciudades y centros de producción han comenzado a rebelarse. La crisis económica de EEUU ha golpeado a sus propios trabajadores, quienes han quedado desempleados (10 por ciento de la fuerza laboral) y sin vivienda (3 millones de familias han perdido sus hogares). Las protestas y manifestaciones populares en los estados norteamericanos de Wisconsin, Minnesota y Ohio están generando preocupación entre los políticos y analistas norteamericanos. Son estados industriales que han sido golpeados por la crisis económica en forma especial. La sobreproducción (o en otras palabras, el subconsumo) de la economía norteamericana está creando serias dudas sobre la capacidad que tiene ese país para salir de la recesión a mediano plazo, mucho menos a corto plazo. En Wisconsin, 80.000 personas se concentraron frente al capitolio de la ciudad de Madison para defender los derechos a la negociación colectiva de los trabajadores. [Han realizado jornadas de protesta] en repudio a un proyecto de ley presentado por el gobernador republicano Scott Walker, quien pretende suprimir los contratos colectivos, los derechos sindicales y aumentar los descuentos salariales por razones de seguro y fondos de pensiones. (Wisconsin es un estado al extremo norte de EEUU). El gobernador Walker, elegido el año pasado, pretende recortar los salarios y eliminar los derechos a la negociación colectiva de los empleados públicos. Los senadores demócratas representantes del estado –que salieron del estado para paralizar la votación del proyecto de ley– enviaron una carta al gobernador Walker diciendo que los trabajadores aceptarían los recortes a las pensiones y mayores contribuciones a los planes de salud y de jubilación, si él aceptaba tratar el tema de la negociación colectiva. Los recortes propuestos por Walker dejarían sin beneficios económicos o capacidad para negociar a miles de trabajadores públicos como maestros, policías y bomberos. Las protestas se iniciaron el pasado martes 15 de febrero, y han seguido fortaleciéndose, con la decisión de miles de trabajadores que no dejarán de pelear contra lo que ven como un “vasto plan de los republicanos para debilitar a los trabajadores”. Los senadores demócratas, que se oponen a la propuesta, han reiterado su rechazo del proyecto. Una de sus acciones más notorias fue abandonar físicamente el estado para evitar una votación sobre el proyecto. Hasta ahora la respuesta presentada por las autoridades es llevar adelante el proyecto afirmando que las protestas no los harán desistir. Según Walker, la ley antisindical pretende reducir el
El profesor de Lingüística del Instituto Tecnológico de Massashusetts (MIT), Noam Chomsky, plantea que la actual intranquilidad en EEUU se debe a que los trabajadores han tomado conciencia que “los empleos no regresarán”. Esto se debe a que “la política consiste en exportar los empleos a países donde la fuerza de trabajo es más barata”. La razón es sencilla, es mucho más rentable invertir en la especulación financiera que en la producción económica. déficit del estado mediante recortes de salarios, pensiones, beneficios de salud y derechos de negociación colectiva. Pese a las maniobras del gobernador republicano, los maestros del Estado se han declarado en huelga hasta que no se retire el proyecto de ley. Las manifestaciones se han extendido a ciudades vecinas como Milwaukee y a otros estados con gobernadores republicanos como Ohio, Indiana y Pensilvania. El profesor de Lingüística del Instituto Tecnológico de Massashusetts (MIT), Noam Chomsky, plantea que la actual intranquilidad en EEUU se debe a que los trabajadores han tomado conciencia que “los empleos no regresarán”. Esto se debe a que “la política consiste en exportar los empleos a países donde la fuerza de trabajo es más barata”. La razón es sencilla, es mucho más rentable invertir en la especulación financiera que en la producción económica. El mundo árabe tiene algo en común con EEUU: sus economías han colapsado y sus clases dominantes están en quiebra. En el caso de EEUU los riesgos aumentan en la medida en que sus gobernantes siguen jugando a la ruleta con su economía. Las consecuencias sociales y políticas comienzan a asomarse sobre el horizonte. La rebelión de Wisconsin es una señal.
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Más información http://alainet.org RSS: http://alainet.org/rss.phtml Twitter: http://twitter.com/ALAIinfo Agencia Latinoamericana de Informacion email: info@alainet.org
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Comer es verbo y no sustantivo
Por Vicent Boix Escritor nicaragüense*
¿Mercado o soberanía alimentaria? “Entre 2010 y 2011, los precios de los alimentos han batido récords siete meses consecutivos (…) Asimismo, los incrementos en los precios de los productos básicos se han convertido en un factor desestabilizador de la economía mundial, y que han provocado tensiones y disturbios en varios países en desarrollo y, más recientemente en Argelia, Túnez y Egipto”. Así lo aseguraba el Parlamento Europeo en una resolución aprobada el 17 de febrero, añadiendo que “…los altos precios de los alimentos sumen a millones de personas en la inseguridad alimentaria y amenazan la seguridad alimentaria mundial a largo plazo”1.
* Autor del libro “El parque de las hamacas. El químico que golpeó a los pobres”, una obra que desnuda el impacto que han tenido sobre la población trabajadora los productos químicos utilizados por las transnacionales en las plantaciones bananeras de Nicaragua.
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Ante esta nueva y trágica crisis alimentaria, se repite una y otra vez que la causa principal del ascenso de los precios es un desequilibrio entre una menor oferta y una mayor demanda a nivel mundial, es decir, cada vez se requieren más cultivos y este año los rendimientos fueron peores. Pero, ya en un artículo anterior2 indiqué que durante los años 2003-2004, la situación a nivel mundial en cuanto a la cantidad de alimentos básicos como los cereales había sido peor que desde 2007 hasta ahora. Contrariamente y tomando como referencia el “Índice para los Precios de los Alimentos” que calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los precios en 2003-2004 fueron un 50% inferiores en comparación con los de la crisis de 2008 y un 100% respecto a enero de 2011. Por tanto, algo está manipulando y alterando los mercados y ese algo es la especulación que según el Parlamento Europeo es la culpable del 50% de los aumentos recientes. La propia FAO reconoce que sólo el 2% de los contratos de futuros termina con la entrega de la mercancía y la mayoría se negocian nuevamente, por eso “…este tipo de contratos –u obligaciones– atraen cada vez a un número creciente de especuladores financieros e inversores, ya que sus beneficios pueden ser más atractivos en relación a cómo se comportan los de acciones y bonos”3. El problema no es de escasez o de una menor oferta de alimentos como se dice sin parar, sino de unos precios inflados por especuladores como constata la Eurocámara en una resolución anterior: “…en la actualidad el suministro total mundial de alimentos no es insuficiente (…) son más bien la inaccesibilidad de los mismos y sus elevados precios los factores que privan a muchas personas de la seguridad alimentaria”4. Sin embargo la especulación, causante de los ascensos, no es propiamente la raíz del problema. Ésta se debería frenar, pero los precios de los alimentos seguirían sujetos a los vaivenes de la oferta y la demanda, en una época en la que crece el interés por los agrocombustibles y en la que grandes transnacionales controlan los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. Es decir, mientras las naciones marginen su autosuficiencia y la panacea sea comprar alimentos básicos en el gran supermercado global, a la vez que se exportan a éste materias primas y cultivos exóticos (soja para forraje, algodón, plátanos, flores, piñas, café, maíz para bioetanol, etc.), la alimentación seguirá sujeta a la dinámica de un mercado manejado por ciertos pulpos que poco entienden de hambre. No se dice con ello que se prescinda del mercado internacional, pero es vital su regularización y sobre
...mientras las naciones marginen su autosuficiencia y la panacea sea comprar alimentos básicos en el gran supermercado global, a la vez que se exportan a éste materias primas y cultivos exóticos (soja para forraje, algodón, plátanos, flores, piñas, café, maíz para bioetanol, etc.), la alimentación seguirá sujeta a la dinámica de un mercado manejado por ciertos pulpos que poco entienden de hambre. todo que las naciones prioricen su soberanía alimentaria entendida como la facultad de los pueblos y los agricultores en decidir sus políticas agrarias para garantizar la seguridad alimentaria. En los tiempos que corren tal vez sea una herejía, pero curiosamente, en el mismo comunicado de prensa en el que la FAO hace poco anunciaba que los precios de los alimentos habían alcanzado un record histórico, un economista de dicha institución indicaba que “El único factor alentador hasta el momento proviene de un cierto número de países en los que –debido a las buenas cosechas– los precios domésticos de algunos alimentos básicos permanecen bajos comparados con los precios mundiales”5. Dicho de otra manera, estos países podrán abastecerse de comida barata porque la cultivan ellos mismos y no tienen que adquirirla en los “reinos” de las multinacionales y los fondos de inversión. Pero muy a pesar del dato, la tendencia es más bien la contraria. La liberalización alienta la inversión y la deslocalización de la producción hacia los países del sur, cuyas tierras dejan de parir alimentos para transformarse en fincas donde brotan los agrocombustibles, los forrajes y los postres de las naciones pudientes. Estas tierras se concentran en acaudalados terratenientes o incluso inversionistas mientras el campesino es expulsado del campo. El resto de eslabones de la cadena alimentaria (semillas, intermediación, manufactura, etc.) se concentran en pocas manos que dictan las condiciones, monopolizan los mercados, encarecen los alimentos del consumidor y ahogan al agricultor hasta su claudicación. La agricultura y la alimentación como sustentos básicos desaparecen en favor de la visión mercan-
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tilista: el fin último no es garantizar comida ni trabajo, sino hacer un buen negocio caiga quien caiga. Este modelo basado en la exportación al mercado internacional donde todo es susceptible de ser cotizado, comprado y vendido, no sólo es incoherente porque crea dependencia alimentaria del mercado exterior y sus precios, sino que además crea dependencia del petróleo por el transporte y porque la agricultura industrial necesita abundantes agroquímicos. Con las revueltas actuales en países como Libia, nuevamente el petróleo se encarece, lo que agudizará la crisis en los alimentos como en 2008. Y si se añade que “cambio climático” y “cénit del petróleo” son cuestiones de actualidad, todavía resulta más surrealista encomendar nuestras calorías al oro negro.
Pero mientras a estas naciones se les presiona para que retomen las exportaciones y no almacenen comida para sus poblaciones, nadie se atreve a poner en tela de juicio la barbaridad de millones de toneladas de maíz estadounidense que se destinan a bioetanol (el 14% del maíz mundial). Y esto es así porque bajo el intocable prisma neoliberal que impera, los alimentos no tienen porque alimentar estómagos, sino que son mercancías que inexorablemente deben ser cotizadas en el mercado, en donde los pujadores condicionarán los precios porque el fin último es agrandar las ganancias y si éstas crecen con los coches, pues que sigan rugiendo los estómagos.
El analgésico milagroso A mediados de febrero, el Banco Mundial comunicaba que debido al incremento en los precios de la comida, el número de hambrientos se estaba acercando a los 1.000 millones, cuando los últimos datos de la FAO los cifraba en 925. Además 44 millones de personas están franqueado el umbral de la extrema pobreza porque sus débiles economías familiares han sido desestabilizadas por los montos elevados de la comida6. La situación es gravísima pero los precios siguen elevados y en una economía globalizada, los últimos fenómenos climáticos locales –tormentas en África, heladas en México, sequías en China, etc.– se convierten en un mundial quebradero de cabeza. Pero ojo, no se trata de un problema de escasez, y los rugidos de 1.000 millones de estómagos vacíos no son suficientes para que se dé el golpe de mesa definitivo que ponga en su sitio al mercado y a los especuladores. Se han disparado, eso sí, muchos fuegos de artificio en forma de buenas intenciones. En la reciente reunión del G-20, por ejemplo, se hablaba de una mayor transparencia en los mercados, limitación de la especulación, mejor información sobre los cultivos… en resumen, nada que no se haya oído antes y nada que no se haya quedado en nada, a pesar de que el 17 de febrero el Parlamento Europeo pidió al G-20 “…que se combatan a escala internacional los abusos y manipulaciones de los precios agrícolas, dado que representan un peligro potencial para la seguridad alimentaria mundial…”, aparte de reclamar “…la adopción de medidas dirigidas a abordar la excesiva volatilidad de precios…”7 Las propuestas a corto plazo para atajar la situación están siendo tan injustas como infructuosas, porque se ha pretendido solucionar el desaguisado jugando en la
cancha y acatando las reglas del juego del ente distorsionador (mercado), en lugar de enfrentarlo y frenar sus desvaríos. En esta dirección, por ejemplo la FAO ha reconocido que desde julio su principal objetivo ha sido “calmar a los mercados”8. Para ello, el analgésico estrella empleado por este organismo ha consistido en engatusar a ciertos países que habían restringido sus exportaciones –de cereales sobre todo– para que las reanudaran rápidamente y así recuperar el flujo de la oferta que amansara los precios en el mercado internacional. Hay que indicar que estos países exportadores cerraron sus fronteras, supuestamente para garantizar comida a sus ciudadanías, primero porque las cosechas no fueron buenas, segundo porque la mejor manera de no caer en la crisis de precios internacionales es con producciones nacionales. Pues bien, algo que como mínimo es normal y hasta legítimo, ha sido considerado por muchos como la principal causa de la crisis de precios de los alimentos, porque bajo la lógica del libre mercado se estaba manipulando la oferta mundial de esa mercancía llamada comida. Pero mientras a estas naciones se les presiona para que retomen las exportaciones y no almacenen comida para sus poblaciones, nadie se atreve a poner en tela de jui-
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cio la barbaridad de millones de toneladas de maíz estadounidense que se destinan a bioetanol (el 14% del maíz mundial)9. Y esto es así porque bajo el intocable prisma neoliberal que impera, los alimentos no tienen porque alimentar estómagos, sino que son mercancías que inexorablemente deben ser cotizadas en el mercado, en donde los pujadores condicionarán los precios porque el fin último es agrandar las ganancias y si éstas crecen con los coches, pues que sigan rugiendo los estómagos.
Pan para hoy y hambre para mañana Ahora se pretende “calmar a los mercados” y el fracaso ha sido estrepitoso. La restauración de las exportaciones de alimentos no apagó el fuego que siguió expandiéndose ante las noticias de cosechas menores y ante fenómenos meteorológicos que añadían zozobra a la situación. Se pidieron concesiones a los países exportadores que no aplacaron la crisis y, el 26 de enero, la desesperada FAO lanzaba un informe10 con recomendaciones para que se apretaran el cinturón en este caso las naciones importadoras, entre las que se encuentran mayoritariamente las pobres. El paquete de medidas se centraba fundamentalmente en un único punto: que los estados apliquen medidas económicas y comerciales para reducir el precio de los alimentos, como por ejemplo subvenciones directas, préstamos para la financiación de las importaciones, incentivos fiscales, reducción de impuestos como el IVA, reducción de los aranceles e impuestos a las importaciones de comida, insumos, maquinaria agrícola, etc. Algunas de estas recomendaciones –más cercanas a la filosofía del FMI o del Banco Mundial– fueron adoptadas durante la crisis de 2008 y algunos países las están aplicando ya. Guatemala por ejemplo, a inicios de febrero anunció la importación de maíz con arancel cero para hacer frente al alza de precios11. Lógicamente estas medidas debilitarán las arcas de las naciones que dejarán de ingresar impuestos o directamente subvencionarán alimentos con fondos de los presupuestos, lo que afectará a medio y largo plazo la financiación de otros programas y servicios públicos. Para las naciones que puedan tener problemas con los presupuestos y la balanza de pagos, la FAO recomienda, léase bien, que recurran a los programas del Banco Mundial y el FMI, o lo que es lo mismo, que se endeuden más para sufragar las brutales ganancias que el mercado y sus especuladores están acumulando con el alza de precios. Como se observa y como se ha repetido hasta la saciedad en este artículo, nadie le toca un pelo al ente distorsionador situado justamente entre los países que
producen y compran comida, que son a los que se les pide sacrificio y que se adapten a los caprichos del mercado, incluso comprometiendo sus cuentas. Y las clases políticas de estos países, viendo las imágenes de Egipto o Libia, no se arriesgan a que la comida sea inaccesible y están bailando claqué al son que se les indica. Mientras se esperan nuevos datos sobre los precios de la comida, la situación empieza a ser sumamente asfixiante y podría derivar en una crisis peor que la de 2008. Por eso sobra ya la verborrea grandilocuente y urgen soluciones reales y efectivas, porque para la humanidad comer es verbo y no un sustantivo pomposo y demagógico.
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Fuente Agencia Latinoamericana de Información email: info@alainet.org http://alainet.org/rss.phtml
Notas 1. http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/02-17/0071/P7_TAPROV%282011%290071_ES.pdf 2. http://www.elparquedelashamacas.org/html/diosmercado.html 3. FAO: “Los mercados de futuros necesitan algún tipo de regulación”. Roma, 23 de junio de 2010. 4. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110006+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 5. FAO: “Los precios mundiales de los alimentos alcanzan un nuevo récord histórico” Roma, 3 de febrero de 2011. 6. http://www.europapress.es/epsocial/noticia-numeropersonas-sufren-hambre-cronica-acerca-mil-millones-2011021614184.html 7. http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/02-17/0071/P7_TAPROV%282011%290071_ES.pdf 8. FAO: “Puntualización por el Director General de la FAO” Roma, 27 de enero de 2011. 9. http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20110110/agrocarburantes-como-donde/657156.shtml 10. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/ISFP_ guide_web.pdf 11. http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/34103/guatemala-importara-maiz-y-harina-con-arancel-0-para-hacer-frente-alza-precio.aspx
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Obama Vine, vidi y no dije nada... Por Frida Modak Periodista. Ex secretaria de Prensa del presidente Salvador Allende
El título de este artículo no es mío, corresponde al comentario hecho por José Piñera, hermano del presidente chileno Sebastián Piñera, y publicado por el diario El Mercurio junto a otros dichos de distintas personalidades al término del discurso de mandatario estadunidense. El texto completo “Vine, vide, vinci”, fue el tweet de César a Roma tras una victoria. “Vine. vidi y no dije nada”, será el tweet hoy de Obama”. Pero José Piñera, ex ministro del Trabajo y de Minería de Pinochet no es el único que piensa así, aunque su hermano dice estar muy satisfecho. El presidente del partido Socialista dijo que “los estadunidenses son especialistas en hacer buenos shows y este fue un show, muy pocas nueces para tanto ruido.” El senador demócrata cristiano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno dijo que lamentaba que Obama “no abordara los temas que esperábamos los latinoamericanos y los chilenos. No hubo propuesta sobre el desafío de avanzar en la lucha contra la pobreza, ni en el problema migratorio, el término del proteccionismo agrícola y la eliminación del embargo a Cuba o un importante mea culpa por los derechos humanos”.
Hay muchos otros comentarios similares, como así también artículos de agencias noticiosas internacionales y notas de prensa de otros países. La agencia alemana DPA, por ejemplo, destacó que Obama propuso a las Américas una alianza, sin anunciar medidas, plazos ni comprometer apoyos políticos. La gira, que incluyó a Brasil, Chile y El Salvador fue también muy carrereada debido tanto al desarrollo de los acontecimientos en Libia, como a las acusaciones de que Obama ha violado la constitución estadunidense al apoyar la intervención en ese país, lo que lo obligó a acortar en horas sus estadías en Chile y El Salvador. Pero no es tan efectivo que el mandatario estadunidense no haya dicho nada. Planteó cosas que no explicó, ignoró demandas. Lo que es una forma de responder, y no entró en detalles sobre su propuesta de actualizar la Alianza para el Progreso kennediana de los años sesenta, lo que también tiene un significado.
Brasil La primera etapa de su viaje fue Brasil y los acontecimientos allí no se desarrollaron armónicamente porque fue desde ahí de donde Obama dio el vamos a los bombardeos sobre Libia, encabezados y dirigidos por su país, como habían acordado con sus aliados. Como se sabe, Brasil se abstuvo en la votación del Consejo de Segundad de las Naciones Unidas cuando se adoptaron las medidas para establecer la exclusión aérea en Libia, lo que equivale a un operativo de guerra, como dijera hace ya algunas semanas un general estadunidense. Obama tuvo la opción y la excusa para postergar la gira y no lo hizo, presumiblemente estimó que al no estar en su país quedaba, en apariencias, al mar-
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Pero no es tan efectivo que el mandatario estadunidense no haya dicho nada. Planteó cosas que no explicó, ignoró demandas. Lo que es una forma de responder, y no entró en detalles sobre su propuesta de actualizar la Alianza para el Progreso kennediana de los años sesenta, lo que también tiene un significado. gen de esos hechos. Pero los bombardeos a Libia lo acompañaron toda la gira y el “vamos “ que dio desde Brasil tuvo consecuencias. Ese fue el motivo por el cual el ex presidente Lula no fue a la comida que la presidenta Dilma Rouseff le ofreció al visitante. En Brasil hay una importante colectividad árabe. El país fue colonia de Portugal y la nación europea estuvo bajo el dominio árabe durante más de un siglo, detalles históricos que al parecer el Departamento de Estado no considera debidamente en sus análisis, Tal vez por eso Obama dijo después en un discurso que la transición brasileña era un modelo para el mundo árabe. Claro que también dijo en Santiago que la experiencia chilena es un modelo para la región y para el mundo.
Chile Ya desde Brasil y a través de un matutino chileno, el mandatario estadunidense había señalado que en el discurso que pronunciaría en Chile explicaría “nuestra visión para el hemisferio y que se funda en el concepto de alianza igualitaria que he perseguido desde que asumí la Presidencia de Estados Unidos”. En Chile, inició su discurso diciendo “We are all Americans”, “Todos somos Americanos”. Luego se refirió a la unidad alcanzada por los países latinoamericanos y afirmó que esta región “está contribuyendo a la prosperidad y seguridad mundial” y que por lo tanto va a ser “cada vez más importante para Estados Unidos”, afirmación suficiente para encender algunas luces rojas.
Siempre en esa línea sostuvo que “en América no hay socios mayores y no hay socios menores, sólo socios iguales”, de modo que las asociaciones de igualdad “exigen” una responsabilidad compartida, lo que podría parecer democrático si tales asociaciones se establecieran entre iguales, lo que obviamente no ocurre. Esa es la base de su propuesta, cuyos alcances son obvios: América Latina va bien en los aspectos que a Estados Unidos le interesan, de modo que nos vamos a asociar. Aquí hay petróleo suficiente para todos, tanto descubierto como por descubrir, una Amazonia y una Antártica con más riquezas y yacimientos enormes de agua dulce. Lo que no explicó el presidente Obama es por qué tendríamos que asociarnos con su país, cuando somos tan capaces y tan ricos. Si fuera por recursos económicos para explotar esas riquezas, en la actualidad hay muchos interesados en aportarlos y posiblemente pongan menos condiciones y exijan menos ventajas. Esto es lo sustancial del discurso, en el cual Obama buscó apoyarse en la imagen de John Kennedy, admitiendo que esa Alianza para el Progreso de 1961 ya estaba superada, si bien lo cierto es que cuando fue puesta en práctica ya lo estaba porque sus metas no conducían al progreso. Cabe recordar que el planteamiento de Kennedy al hacerla pública fue “a nuestros vecinos del Sur les pedimos que den un poco para no perderlo todo” y así fue. Lo que importaba era proponer reformas a medias para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana a la que desde la “era Kennedy” se le impuso el bloqueo económico. Y a propósito de Cuba, el mandatario estadunidense aseguró haber hecho muchos esfuerzos para mejorar las relaciones y supuestamente también su economía, pero que Cuba no había correspondido. No se le ocurrió que bastaría levantar el bloqueo para que esa nación desarrolle todo su potencial, del cual ha dado prueba en estos 50 años. De lo que no dijo nada fue de lo que numerosos chilenos, entre ellos el escritor Ariel Dorfman, le pidieron públicamente y a través de la prensa: que se disculpara con los chilenos por el golpe militar de 1973 y las violaciones a los derechos humanos cometidas al amparo y colaboración de Washington. Dorfman, en un artículo en el diario español El País, le señaló que no necesitaba pedir perdón, ni expresar remordimiento por la intervención estadu-
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Obama Vine, vidi y no dije nada...
Lo que no explicó el presidente Obama es por qué tendríamos que asociarnos con su país, cuando somos tan capaces y tan ricos. Si fuera por recursos económicos para explotar esas riquezas, en la actualidad hay muchos interesados en aportarlos y posiblemente pongan menos condiciones y exijan menos ventajas.
nidense en Chile, que bastaría con que visitara la tumba del presidente Salvador Allende y le dedicara “un par de minutos solitarios”, con lo que enviaría una señal al sur de Río Bravo de que sería posible una nueva relación con Estados Unidos. Nada ocurrió y en un momento los periodistas chilenos que cubrían la visita acordaron preguntarle si su país colaboraría en la investigación de las muertes del presidente Allende y su antecesor Eduardo Frei y si pediría perdón por la participación de su país durante el régimen militar. Obama respondió que considerarían cualquier solicitud. Pero después agregó que “debemos aprender de nuestra historia, y entender nuestra historia, pero no sentirnos atrapados por la historia, porque tenemos muchos desafíos hoy, incluso lo más importante, tenemos desafíos para el futuro que debemos poner atención”.
Allí todo se desarrolló a la carrera. Obama se reunió con el presidente Funes y luego dieron una conferencia de prensa en la que el único anuncio importante fue que Estados Unidos daría 200 millones de dólares para el combate a la criminalidad en América Central a través de un plan que, según trascendió, se desarrollará fuera de la Iniciativa Mérida suscrita con México. Hecho este anuncio, Obama y el presidente Mauricio Funes fueron a la catedral salvadoreña, donde se encuentran los restos de Arzobispo Arnulfo Romero, asesinado de un balazo cuando decía una misa. El autor del crimen fue el mayor golpista Roberto D’Abuisson, del partido Arena, que gobernó durante varios períodos hasta la elección de Funes. Fue Obama quien pidió ir a la catedral. El Padre Juan Vicente Chopin replicó con un interesante análisis sobre el significado de esa visita, señalando que tendría sentido si se trataba de “un reconocimiento al testimonio de vida que llevó Monseñor Romero. Con ello se estaría legitimando su defensa de los derechos humanos”. Agregó que si sólo tuviera un carácter político, Obama estaría buscando popularidad, pero si en el supuesto político el presidente de Estados Unidos pidiera la derogación de la ley de amnistía que encubre a muchos asesinos, o si pidiera disculpas por los crímenes que cometieron ”soldados entrenados en la Escuela de las Américas” entonces “su discurso sería esperanzador en aras de construir una democracia real y estable”. Obama no dijo nada, la respuesta la había dado en Chile.
Fuente
El Salvador En la mañana del martes, después de desayunar con el presidente Piñera, el gobernante estadunidense partió a El Salvador, última etapa de su gira. Casi al mismo tiempo que llegaba se produjo un temblor en la nación centroamericana. En la capital salvadoreña había plantones y marchas de protesta, pero al igual que en Chile, no fueron vistas por el visitante, debido al cierre de calles. —90—
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