Debates 78

N°. 78 • SEPTIEMBRE/DICIEMBRE/2017 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ISSN 1657-429X

De memorias y olvidos Las huellas del conflicto armado en la ciudad Cinco analistas políticos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia presentan su visión del informe Medellín: memorias de una guerra urbana. Los investigadores escudriñan capítulo a capítulo el Medellín ¡Basta Ya! que el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el concurso de organizaciones públicas y privadas y las universidades Eafit y de Antioquia, publicó en 2017 sobre las violencias que padeció la ciudad en el marco del conflicto armado.

La memoria que nos hace falta ... es necesario generar un equilibrio entre el olvido y la memoria, principalmente en los procesos de memoria colectiva, para facilitar así la transmisión y la recepción del conjunto de valores y creencias que hacen parte de la identidad y el destino de una sociedad.

(Especial para DEBATES del proyecto Memoria Histórica, un convenio de la Deutsche Welle Akademie y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia)

Paz, democracia y educación.

Reflexiones en tiempos de crisis Es necesario un proceso de justicia social redistributivo si queremos eliminar las razones estructurales que llevaron a la violencia. Es cínico, irresponsable y antipatriótico amenazar con más violencia si se le da a la propiedad privada su función social constitucional.

N. 78 • SEPTIEMBRE/DICIEMBRE/2017 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

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Medellín: desorden, tragedia e institucionalización

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La mirada sobre actores del conflicto armado en Medellín

ISSN 1657-429X

Por Diana Paola Rojas

Por Germán Darío Valencia Agudelo

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Modalidades y repertorios de violencia

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Soñar con París

21

Memorias de resistencia y sobrevivencia

28

Reflexiones en torno al perdón como acto público

36

Pecados y bondades de la Iglesia en el conflicto colombiano

41

Yosef Yerushalmi: el valor del olvido en la transmisión de la memoria

46

Pierre Nora: lugares que redefinen los sentidos de la memoria

51

“Sin acceso a los archivos del Estado no hay memoria pública”: Kirsten Weld

57

Por María Ochoa Sierra

Por Wilmar Martínez Márquez

Por James Gilberto Granada Vahos

Por Equipo de periodistas de Hacemos Memoria

Por Juan Camilo Castañeda Arboleda

Por Yhobán Camilo Hernández Cifuentes

Por Margarita Isaza Velásquez

Por Natalia Maya Llano

El archivo de Tele Itaré aportaría a la verdad sobre el conflicto armado en Sonsón Por Elizabeth Otálvaro Vélez

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El archivo fotográfico de Asovida en Granada aportará a la verdad del conflicto

66

Paz, democracia y educación. Reflexiones en tiempos de crisis

72

Los estudios de paz: un marco conceptual para la construcción de paz en Colombia

87

La estética en la cotidianidad de la cultura escolar

Por Esteban Tavera Martínez

Por Francisco Cortés Rodas Por Roberth Uribe Álvarez

Por Marta Cecilia Palacio Arteaga

Mauricio Alviar Ramírez, Rector • David Hernández García, Secretario General Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresión de las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.

El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus afirmaciones sólo a ellos compromete.

Directora: Alma Nury López Patiño • Edición y correción de textos: Luis Javier Londoño Balbín • Diseño: Carolina Ochoa Tenorio • Impresión y terminación: Publicaciones VID Dirección de Comunicaciones – Ciudad Universitaria, bloque 16, oficina 336. Medellín.

Teléfono 2195026. • E-mail: almamater@udea.edu.co

Las huellas del conflicto armado en la ciudad

E

l Centro Nacional de Memoria Histórica, la Corporación Región, el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Medellín, la Universidad Eafit y la Universidad de Antioquia publicaron en 2017 el informe Medellín: memorias de una guerra urbana.

En cinco capítulos, los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica y de organizaciones y universidades de la ciudad hacen un recorrido por distintas expresiones de violencia que tuvieron como epicentro a la ciudad de Medellín y sus periferias, desde 1965 hasta 2014.

En este primer apartado, la revista DEBATES presenta las reseñas de los capítulos constitutivos del informe Medellín: memorias de una guerra urbana, elaboradas por profesores investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Por tanto, el lector encontrará los respectivos análisis de 1. Medellín: desorden, tragedia e institucionalización. 2. Trayectoria de los actores del conflicto armado en Medellín. 3. Modalidades y repertorios de violencias. 4. Una ciudad herida: daños, pérdidas y transformaciones. 5. Memorias de resistencia y sobrevivencia.

Es, pues, otra manera de acercarse a las más de 500 páginas del Medellín ¡Basta Ya!, desde la mirada de los profesores del Instituto de Estudios Políticos.

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Medellín: desorden, tragedia e institucionalización 1

Por Diana Paola Rojas Profesora del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

L

a violencia y el conflicto armado han hecho presencia en las dinámicas de Medellín, al punto de ser reconocida como una de las ciudades más violentas del país. Una violencia que ha sido agenciada por distintos actores a lo largo de su historia, en la cual es posible la identificación de procesos y repertorios que han ido transformándose, y en la que es posible reconocer la manera en la que la ciudad ha resistido y se ha sobrepuesto a la violencia y la criminalidad. El informe Medellín, memorias de una guerra urbana tiene como propósito contar esa historia de la ciudad desde las violencias, repertorios, actores, periodos y procesos de resistencia y construcción de memoria.

El capítulo 1 Medellín: desorden, tragedia e institucionalización (CNMH et. al, 2017) presenta el contexto explicativo del conflicto armado y las violencias asociadas a este en la ciudad desde 1965 hasta 2014.

Lo ocurrido se puede explicar desde distintas trayectorias sociales, políticas y económicas que fueron determinantes para que la violencia y el conflicto armado fuese más drástico en Medellín que en otras ciudades del país. Para ello se contemplan cinco periodizaciones, que a su vez son los apartados del capítulo: el marchitamiento de la primavera en Medellín 1965-1981; el “gran desorden” y el desafío armado del Cartel de Medellín: 1982-1994; una calma frágil y corta 1991-1994; la disputa por el orden y la urbanización del conflicto arma3

En Medellín hicieron presencia todos los grupos protagonistas del conflicto armado nacional, con el agravante de que en esta ciudad había una base disponible de bandas, combos y guerreros retirados de todos los viejos bandos que reactivaron sus destrezas en el ejercicio de la violencia y las pusieron al servicio de las grandes organizaciones militares.

do: 1995-2005; hacia la estabilización del orden institucional: 2006-2014.

Entre los años 1965 y 1981, Medellín, al igual que otras ciudades del país, consolida un proceso de urbanización como epicentro de distintas dinámicas que empezarían a marcar los primeros antecedentes de las violencias que luego se exacerbarían. Algunos de los rasgos señalados en el informe para este periodo refieren a una falla en los procesos de planificación de la ciudad, siendo el crecimiento y expansión irregular una de las principales problemáticas. Lo anterior implicó un déficit en materia de vivienda que trajo consigo prácticas ilegales en materia de control territorial y provisión de bienes públicos.

En materia económica se destaca un crecimiento importante durante el frente nacional (19581974), sin embargo entre 1974 y 1976 tiene lugar un periodo de recesión en el país que se reflejó en un aumento de la pobreza. Lo anterior hace evidente un rasgo recurrente para los periodos abordados en este capítulo de contexto, la relación entre el comportamiento de la economía a nivel nacional con los periodos de agudización de violencia en la ciudad y el surgimiento de prácticas ilegales ligadas al incremento de la pobreza y la desigualdad. Esta relación entre el nivel nacional y local también se puede leer en términos políticos, ya que durante este periodo el funcionamiento de las administraciones locales dependía en buena medida de las directrices del gobierno nacional.

La dimensión ideológica también empezó a pre4

sentar cambios importantes, ya que se señala una pérdida de influencia de la iglesia católica debido al surgimiento de fenómenos contraculturales y agrupaciones de izquierda.

Al despuntar este primer periodo el balance es una ciudad con problemáticas de desigualdad y pobreza, pocos niveles de autonomía para la gestión y administración pública local. Una Medellín que se enfrentaba en el nivel periférico a la fundación de guerrillas revolucionarias rurales (1981), mientras en lo rural urbano tenía lugar la consolidación de pequeñas bandas y unidades guerrilleras, donde la actividad criminal del narcotráfico adquiría mayor reconocimiento.

El gran desorden, así denominó este informe al periodo comprendido entre 1982 y 1994, caracterizado por la avanzada en el nivel urbano de las agrupaciones guerrilleras y el enfrentamiento entre narcotraficantes, Estado y élite local durante la época del Cartel de Medellín. Sin duda, fue el aumento de los homicidios uno de los principales reflejos del recrudecimiento de la violencia en la ciudad: Tomando como base el año 1983 (en el que hubo 869), el número de asesinatos en la ciudad se duplicó en dos años (1.749 en 1985), luego se cuadruplicó cinco años después (3.603 en 1988) y creció 8 veces en el año terrible de 1991 (6.809), cuando uno de cada cuatro de los homicidios colombianos ocurrió en la ciudad (…). (p. 66-67).

Para este periodo nuevamente una crisis económica registra sus impactos en Medellín. Entre 1982 y 1986 tuvo lugar un déficit comercial y un debilitamiento de la industria. Nuevamente por su estructura productiva y social la ciudad sintió el impacto de esta crisis; en particular, fue la población joven la que durante este periodo contó con mayores niveles de riesgo, no solo porque Medellín “era la ciudad del país con el mayor segmento juvenil masculino (15 a 29 años)” (p. 66), también estos jóvenes se ubicaron entre la población con mayores niveles de pobreza y desigualdad. Así mismo fueron las mayores víctimas de la violencia homicida presentada durante la época y se constituyeron en una base social importante para las redes del narcotráfico.

Rasgos como la presencia cada vez mayor de las guerrillas en las urbes; el surgimiento de los grandes carteles del narcotráfico en ciudades como Medellín y Cali; los nexos de estos actores con la clase política y dirigente; el fortalecimiento del proyecto paramilitar; y la falta de capacidades institucionales —donde entes como la Policía Nacional contaban con niveles de legitimidad bastante bajos— marcaron las dinámicas del conflicto armado en esta época. La guerra sucia o la declaratoria directa de guerra por parte de las organizaciones del narcotráfico al Estado colombiano fueron el reflejo de cómo operaron los actores durante esta época a partir de la definición de enemigos, que a la manera de Carl Schmitt (2005) configuraron el espacio de lo político.

El abatimiento de Escobar, las negociaciones adelantas con la guerrilla del M-19 y el proceso constituyente posibilitaron que en el periodo entre 1991-1995 tuviera lugar una calma frágil y corta en Medellín (p. 73). Sin embargo, esta época continuó marcada por la pobreza y desigualdad, una debilidad en materia de capacidades institucionales y la persistencia de las formas de violencia asociadas al conflicto armado. De acuerdo con este informe, fueron dos los hechos que marcaron la relación entre el gobierno nacional y el nivel local: i) la creación de cooperativas de vigilancia y seguridad privada (Convivir) y, ii) la conversión de las milicias populares en la Cooperativa de seguridad y servicio a la comunidad (Coosercom); ambos procesos de delegación y privatización de la seguridad que posibilitaron la activación de nuevos conflictos (p. 78-79).

Dicha tendencia a la privatización de la seguridad tuvo su mayor expresión durante el periodo 1995-2005, que se caracterizó por la urbanización del conflicto armado (p. 80). En este marco tuvo lugar la disputa entre guerrillas y paramilitares, con la creación en 1994 de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que para 1997 se transformarían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sumado a ello, las crisis políticas e institucionales también estuvieron presentes durante esta época; el proceso 8000 una vez más develó los lazos existentes entre el poder político y los grupos narcotraficantes.

En clave de actores, este periodo inicia con el surgimiento de “combos” y “bandas”, siendo los pactos de no agresión una de las estrategias de privatización en la provisión de la seguridad en la ciudad empleadas por la institucionalidad. Lo anterior posibilitó una consolidación territorial de estos grupos, donde se reconocen dos organizaciones con marcado acento político, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). También tiene lugar un proceso de expansión paramilitar en relación con la vinculación de recursos del narcotráfico, donde la disputa entre el Bloque Metro y la Oficina de Envigado sería el reflejo del resquebrajamiento de esta relación. Desde los actores, el Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que: En Medellín hicieron presencia todos los grupos protagonistas del conflicto armado nacional, con el agravante de que en esta ciudad había una base disponible de bandas, combos y guerreros retirados de todos los viejos bandos que reactivaron sus destrezas en el ejercicio de la violencia y las pusieron al servicio de las grandes organizaciones militares. (2017, p. 88-89) En este marco tuvo lugar en 2002 la operación Orión, luego para 2003 se da el proceso de desmovilización paramilitar y se repliegan las Farc y el ELN. El homicidio en la ciudad continuó presentando cifras preocupantes, pero sin duda los impactos más grandes también se identificaron en el reclutamiento efectuado por los grupos armados ilegales, los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales en cabeza del Estado.

Los procesos de desmovilización paramilitar continuaron develando los nexos existentes entre la clase política, los actores armados y los actores del narcotráfico en la ciudad y en el país, por lo 5

que el panorama para los años siguientes (20062014) contempló la estabilización del orden institucional y el aumento de capacidades estatales.

Desde 2004 la ciudad consolidó una política pública de seguridad y convivencia, caracterizada por aumentos considerables en materia presupuestal y la puesta en marcha de estrategias que precisaron un mayor nivel de coordinación interinstitucional.

El papel de iniciativas del gobierno nacional como la Consejería Presidencial para Medellín fue determinante en este proceso de fortalecimiento institucional, pero también posibilitó la participación activa de distintos actores: “(…) La consejería significó un nuevo modelo de gestión pública basado en la integración de la sociedad civil, las agencias de cooperación internacional y los actores privados, al proceso de toma de decisiones públicas. (…)” (p. 97). Tales iniciativas impactaron de una manera positiva la consolidación de iniciativas desde la sociedad civil; la articulación entre movimientos y actores sociales, junto con sectores de la academia y el empresariado posibilitaron que Medellín fuese reconocida entre otras cosas por: su urbanismo social, la resiliencia y su capacidad de transformación.

Un balance: una ciudad signada por múltiples trayectorias El contexto presentado en el primer capítulo del informe Medellín, memorias de una guerra urbana permite concluir que la violencia y el conflicto armado en Medellín desde 1965 hasta 2014 debe leerse desde las trayectorias y las formas como es-

tas se enlazaron en los distintos periodos. No es posible pensar el conflicto armado en la ciudad solo desde sus actores y repertorios; sin duda, los componentes social, cultural, político, económico, ideológico e institucional son otros de los factores explicativos de cara a construir un contexto que responda a un cuestionamiento presente en todo el texto: ¿Cuáles fueron las condiciones que tuvo una ciudad como Medellín para que el conflicto armado en ella se presentara de una manera más aguda respecto de otras ciudades del país?

Sin duda la pobreza y desigualdad que han caracterizado a la ciudad y las relaciones que se han establecido entre actores armados, economías ilegales e institucionalidad son una respuesta, así como las crisis económicas y la relación entre el nivel nacional y local explican otro tanto de lo ocurrido. Pero un componente que se aborda brevemente en los últimos apartados del capítulo, y por el cual vale la pena preguntarse de una manera más amplia, es el papel de la sociedad civil.

Lo anterior debe estudiarse con mayor detalle, en tanto las capacidades de resistir, sobreponerse, organizase y participar que caracterizaron las distintas iniciativas sociales son un elemento importante para la comprensión de la violencia en la ciudad. Paralelo a las tramas y trayectorias delineadas en el capítulo, la sociedad también se manifestó y construyó sus explicaciones frente al conflicto armado y la violencia.

Pues como se enuncia en la presentación de este informe, todos los habitantes de Medellín de alguna u otra manera tuvimos que ver la violencia y el conflicto armado ocurrido durante estos años.

1. Reseña del capítulo 1 del informe Medellín: memorias de una guerra urbana (2017). Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia, Bogotá.

Referencias —Centro Nacional de Memoria Histórica, Et. Al. (2017). Medellín, memorias de una guerra urbana. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia.

—Schmitt, Carl. (2005). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial.

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La mirada sobre actores del conflicto armado en Medellín

1

Por Germán Darío Valencia Agudelo Profesor del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

S

egún la teoría de la elección racional cada sujeto le apuesta con sus actos a alcanzar un objetivo: busca maximizar su bienestar o el de la agrupación a la que pertenece; y para ello, utiliza los recursos que tiene a su alcance (Elster, 2010). De allí que, a partir de esta misma teoría, se pueda afirmar, primero, que hacer la guerra o construir la paz es una decisión personal: cada individuo —bien sea solo o en compañía de otros— basado en sus deseos, motivaciones o creencias, resuelve ejecutar o abstenerse de cometer los actos bárbaros que conlleva la guerra (Kalyvas, 2006); y, segundo, que deberían ser estos mismos sujetos los responsables directos, ante la sociedad y la ley, por los hechos consumados; por tanto, podrían ser castigados o premiados como consecuencia de sus acciones en situaciones de guerra o de paz.

Esta relación íntima entre sujetos y fines ha provocado entre los analistas sociales que se llegue al consenso de poner siempre especial interés a los actores en sus estudios. Es necesario —advierten los investigadores— identificar a los agentes y definir y analizar sus acciones y resultados. Esta lógica de trabajo conlleva una serie de tareas, entre ellas, por ejemplo, la de definir desde el inicio quiénes serán los actores y quiénes no lo serán, identificar los objetivos de cada uno de ellos, evaluar sus acciones en el logro de los mismos y reconocer los efectos colaterales que tienen sus acciones sobre el conjunto social.

Este fue precisamente uno de los objetivos que se trazó el libro Medellín: memorias de una guerra urbana (CNMH et. al, 2017). Desde 7

la introducción, el trabajo quiso poner en el primer plano a los protagonistas “político y militar” de la guerra reciente en Medellín. En él, nos dice, se busca “describir la trayectoria, evolución y transformación de los actores armados que han tenido presencia en la ciudad” (p. 43). Prometen los investigadores caracterizar las “decisiones estratégicas” de los actores de guerra y delinear la manera como se ha configurado y reconfigurado el territorio en la ciudad a través de sus dinámicas (p. 110).

El presente artículo busca, precisamente, a modo de reseña, hacer un comentario crítico del libro, poniendo la mirada en los actores de guerra en Medellín. La postura que se asume aquí es que el equipo de trabajo tuvo un acierto desde el inicio al identificar lo que podría llamarse “los actores clásicos de la guerra” en Colombia (guerrilla, paramilitares y Fuerzas Armadas del Estado) y complementarlos con otros actores “no clásicos” que en la ciudad han tenido un rol fundamental en la configuración del territorio, como el narcotráfico y las organizaciones delincuenciales y criminales. Pero este acierto inicial de reconocer todos estos actores no se respeta en el segundo capítulo del informe, titulado Trayectoria de los actores del conflicto armado en Medellín. Allí se olvida introducir al Estado como actor central del conflicto y se hacen alusiones mínimas a este. Esto a pesar de que en todo el texto (tanto en la introducción como en los capítulos 1, 3, 4 y 5) hay directos señalamientos de las acciones cometidas por este agente.

Digamos, como se acaba de enunciar, que el informe sobre Medellín es claro en identificar los actores principales en las dinámicas de la guerra en la ciudad. Según el informe estos son tres: “guerrillas (ELN y FARC) o milicias articuladas a ellas (Milicias Bolivarianas); paramilitares (Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara —BCN—, Frente José Luis Zuluaga) y miembros de las Fuerzas Armadas del Estado (Ejército y Policía)” (p. 20). Siendo el mismo grupo de actores armados ilegales del conflicto armado que participaron en el contexto nacional y que “tuvieron presencia en Medellín y desplegaron acciones propias de la guerra y enfrentamientos armados en la ciudad” (p. 110).

Inmediatamente, esta trilogía de actores es complementada con otros importantes agentes de la violencia en la ciudad: los que participan en el crimen organizado, los narcotraficantes, las 8

bandas y los combos, al igual que los actores que ejercen variadas violencias privadas (como la común, intrafamiliar, callejera y vecinal). Estos últimos, aunque no tienen una relación directa con los actores colectivos y tradicionales de la guerra, es decir, con aquellos que “tienen una estabilidad y una fuerza suficientes como para asegurar que quienquiera que hable en su nombre representa efectivamente los intereses y los objetivos de la unidad superior y no exclusivamente los suyos” (Dente & Subirats, 2014, p.76), sí son agentes que tiene incidencia en el problema; sobre todo, en las alianzas que han establecido con los actores clásico de la guerra, prestaron sus servicios de manera consciente, convirtiéndose en actores también del conflicto armado en la ciudad.

Este reconocimiento inicial de actores “clásicos” y “nuevos” de la guerra generó en el informe un rico trabajo de redes (network analysis) dentro del entramado de actores (Dente & Subirats, 2014, p.

90), tanto en el capítulo uno, sobre el desorden, la tragedia y la institucionalización, como en el tres, sobre las modalidades y repertorios de violencia, en el cuatro, sobre los daños, pérdidas y transformación, y en últimas sobre memorias de resistencia. Se logra en estos capítulos identificar la variedad de agentes que han participado e incidido en el conflicto armado de la ciudad: una rica interrelación de actores clásicos y nuevos que han provocado en diversos momentos de la ciudad el marchitamiento de la primavera, han generado desorden, han creado terror y barbarie, y, sobre todo, han generado en el territorio miles de víctimas en casi cuatro décadas de guerra.

Pero la riqueza analítica del complejo entramado de actores del conflicto se relaja en el segundo capítulo, precisamente en aquel donde se promete centrarse en el estudio de las Trayectoria de los actores del conflicto armado en Medellín. Allí “se da cuenta de la presencia de actores como las guerrillas” (p. 109), los paramilitares, el narcotráfico (el Cartel de Medellín) y las estructuras criminales. El texto, siguiendo la división cronológica adoptada en la introducción, pasa revista, primero, por la presencia e incidencia de la guerrilla (entre 1965 y 1981), y en ella el auge y declive de la izquierda armada (desde 1982 hasta 1994) y la trayectoria de las milicias; segundo, por el narcotráfico y el fundamental papel del Cartel de Medellín (1982-1994);

tercero, reconoce el surgimiento y presencia de la ofensiva paramilitar (1995-2005); y finaliza con la permanencia de las estructuras criminales, que hasta 2014, donde finaliza el informe, se reconoce su “capacidad como actor del crimen para tratar de asegurar su permanencia” (p. 159).

graves violaciones a los derechos humanos por parte de algunos sectores de la Policía y Ejército” (CNMH et. al, 2017, p. 28) en la ciudad. Y donde se reitera que:

Algunos sectores de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado también apelaron a formas de violencia ilegal y reaSin embargo, como se advirtió al inicio de este lizaron asesinatos selectivos, desapariciones texto, se olvida en este capítulo introducir al Estaforzadas, ejecuciones extrajudiciales, detendo como actor que participa e incide en la guerra ciones arbitrarias, torturas y masacres. En el en Medellín. No se dedica en ninguna de las cinco periodo 1982–1994, muchas de las masasesiones del capítulo a hablar de la trayectoria del cres, asesinatos selectivos y desapariciones Estado como actor del conflicto armado en la ciuforzadas cometidas en la ciudad estuvieron dad. Solo de manera muy marginal se hace alusión asociadas a miembros de organismos estataa los miembros de las Fuerzas Armadas, como Ejérles como el B2, el F2, el DAS y el Deparcito y Policía. Se habla en el capítulo de “señalatamento de Orden Ciudadano (DOC), según mientos y amenazas que creen que se orquestaron los relatos e informes de organismos de deredesde la IV Brigada” (p. 119). Desconociendo de chos humanos. Durante la urbanización del esta forma, por un lado, los avancen alcanzados a conflicto armado las actividades de estos actores se concentraron en las acciones bélicas y en lgunos sectores de la fuerza pública y de los los asesinatos selectivos. organismos de seguridad del Estado también apelaron Después del proceso de desmovilización de a formas de violencia ilegal y realizaron asesinatos los paramilitares se los selectivos, desapariciones forzadas, ejecuciones asoció con desaparición forzada, ejecuciones exextrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas trajudiciales, asesinatos y masacres. de miembros de ONG, líderes sociales y militantes de la izquierda (p. 31).

A

nivel nacional sobre la responsabilidad señalada, tanto en el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (CNMH, 2013), elaborada por el mismo Centro del informe de Medellín, como del otro informe que dos años después elaboró la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV, 2015): Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, donde coinciden, ambos estudios, en reconocer al Estado como uno de los principales responsables del largo conflicto armado en el país.

Y, por el otro lado, también se desconoce los avances que el mismo informe sobre Medellín había logrado en la introducción y primer capítulo, donde se advierte (páginas 17 a la 44) sobre “las

En conclusión, el reciente informe de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, elaborado conjuntamente con algunas organizaciones y universidades de la ciudad, realiza un trabajo muy valioso para comprender una de las guerras que se ha dado en Colombia en el pasado reciente: la guerra urbana. Logra en sus 516 páginas entregarnos valiosos elementos para seguir construyendo nuestra memoria política; en especial, logra identificar una variedad precisa de actores que han conseguido configurar la trayectoria del conflicto armado en la ciudad. Desafortunadamente, como se ha mostrado en este comentario, existe una deficiencia en el segundo capítulo del informe, donde se ha olvidado darle centralidad al Estado como actor en la guerra, tanto de los “miembros de las Fuerzas 9

Armadas del Estado (Ejército y Policía)” como de las otras ramas del poder (la judicial, por ejemplo), y con ello se desconoce o margina la responsabilidad que como actor debe tener el Estado en el conflicto armado y sus víctimas.

Afortunadamente, como bien lo reconoce el mismo texto al final de la introducción, este: […] no pretende ser la única verdad ni la última palabra sobre el tema. Sabemos que este texto se inscribe en un campo de disputas por la memoria y que muchas personas y sectores de la sociedad, algunos de los cuales no aceptaron participar de este proceso, tendrán objeciones al respecto. El trabajo de memoria está en pleno auge y seguramente muchas voces no han sido aún escuchadas. Y sin duda los procesos de justicia restaurativa que se desprenden del Acuerdo Final entre las Farc y el Gobierno aportarán nuevas perspectivas. Bienvenidos sean la discusión y el debate (p.43-44).

1. Reseña del capítulo 2 del informe Medellín: memorias de una guerra urbana. (2017).

Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia.

moria Histórica (2017).

Medellín: memorias de una guerra urbana. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia.

Referencias bibliográficas

—Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Bas-

—Centro Nacional de Me-

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ta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.

—Dente, B. y Subirats, Joan (2014). Decisiones públicas.

Barcelona: Ariel.

—Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

(2015). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

—Elster, J. (2010). La explicación del comportamiento social. Barcelona: Editorial Gedisa.

—Kalyvas, S. (2006). La lógica de la violencia en la guerra civil. Barcelona: Akal.

Introducción

Modalidades y repertorios de violencia 1

Por María Ochoa Sierra Profesora del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

El informe Medellín: memorias de una guerra urbana, surge como una necesidad identificada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, de crear un “relato sistemático” (p. 18) de las formas que han tomado las violencias y el conflicto armado en la ciudad entre 1980 y 2014, con un especial énfasis en las memorias de las víctimas (p. 39). Hace parte de otras narrativas que recuperan las memorias plurales del conflicto armado, como una contribución a la “reparación integral, el esclarecimiento histórico, las garantías de no repetición y la construcción de una paz sostenible” (2017), resultado de un proceso largo en el país de reconocimiento de las víctimas y de emergencia de la memoria como problema de interés nacional y recurso de denuncia y resistencia (p. 37). El informe establece algunos consensos sobre el conflicto armado colombiano: prolongado, complejo por la pluralidad de actores involucrados, discontinuo y con marcadas diferencias regionales (p. 20). De ahí que sea importante resaltar por qué, entre tantos casos del país, Medellín tiene una historia particular.

De acuerdo con el informe, los factores determinantes en el conflicto armado y las formas de violencia que ha vivido la ciudad son el narcotráfico, las demandas no satisfechas de la población, la respuesta estatal diferenciada (en unos casos como actor del conflicto armado y en otros con una relativa indiferencia frente a la difícil situación de buena parte de la población víctima de estas vio11

lencias), las crisis económicas (1982-1985, y 1998-2001), y las prácticas sociales e institucionales asociadas a la ilegalidad. Esto ha contribuido a que en Medellín la “magnitud y cercanía” de las violencias sea de alta intensidad (p. 32-34).

El acontecimiento

que da entrada a la próxima periodización y sus modalidades de violencia asociadas al conflicto armado, pero entrecruzadas con el narcotráfico y el crimen organizado (p. 169), es el surgimiento del MAS (Muerte a Secuestradores), que conduce su accionar al exterminio de personas consideradas por ellos como indeseables (habitantes de calle, consumidores de drogas, prostitutas, población LGBTI), y contra la insurgencia.

Esta reseña se ocupa del capítulo Modalidades y repertorios de violencias asociadas al conflicto en la ciudad. En el capítulo se identifican cuatro períodos de acuerdo con las modalidades de violencia: “las violencias selectivas y el desafío revolucionario (1965-1981); la guerra sucia y la turbulencia (1982-1994); las disputas territoriales y la urbanización de la guerra (1995-2005); y la reorganización de la criminalidad (2006-2014)” (p. 164). Estas modalidades están marcadas por la magnitud de la guerra, los actores involucrados, las acciones de esos actores (o diferentes formas o tipos de violencias), y los daños directos e indirectos generados.

Las violencias selectivas y el desafío revolucionario (1965-1981) El informe establece que para este período las “violencias asociadas a la criminalidad” son todavía incipientes y que la relación entre el conflicto armado nacional y el local no es tan estrecha (p. 165).

El hito de esta etapa es el Estatuto de Seguridad Nacional decretado por el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), que marca una tendencia con respecto a la percepción sobre las organizaciones de izquierda, a violencias “acotadas y regentadas por el Estado”, mediante departamentos como el B2, F2, DAS y DOC (Departamento de Orden Ciudadano) (p. 168), y a formas de “violencia propiamente política” y de “impugnación política” en la que los actores principales son los grupos guerrilleros (p. 166).

La baja magnitud de las cifras de víctimas habla de la escasa presencia del conflicto armado en la ciudad. Entre 1976 y 1981 se registran 150 víctimas relacionadas con el conflicto armado interno asociadas a “violencias discriminadas y selectivas de baja intensidad” y las modalidades incluyen “asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, secuestros extorsivos y políticos, ejecuciones extrajudiciales”, y formas de justicia de retaliación (p. 167).

El acontecimiento que da entrada a la próxima periodización y sus modalidades de violencia asociadas al conflicto armado, pero entrecruzadas con el narcotráfico y el crimen organizado (p. 169), es el surgimiento del MAS (Muerte a Secuestradores), que conduce su accionar al exterminio de personas consideradas por ellos como indeseables (habitantes de calle, consumidores de drogas, prostitutas, población LGBTI), y contra la insurgencia.

La guerra sucia y la turbulencia (1982-1994) Este período se caracteriza por la pluralidad y superposición de violencias en la ciudad (p. 169), lo que marca un cambio en las dinámicas del conflicto armado interno y especialmente en su legibilidad.

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Se narra como un “período caótico y confuso”, “turbulento” (p. 184).

De 150 registros de víctimas en el período anterior, pasamos a 11.249 entre 1982 y 1994 (p. 171); los jóvenes son los más vulnerados, así como también los principales actores del conflicto armado, una generación perdida en la que los sobrevivientes cuentan casi todos sus primos, amigos o coetáneos asesinados. Este período se identifica con lo que se conoce como la “guerra sucia”, y hace referencia a la persecución de dirigentes de izquierda, miembros de organizaciones comunitarias, estudiantes y profesores de universidades públicas, sumado a la confrontación entre narcotraficantes extraditables y el Estado, la proliferación de milicias en la ciudad (p. 171), la expansión de las guerrillas y la consolidación del paramilitarismo (p. 173). Modalidades como la desaparición forzada, las masacres, el desplazamiento forzado y el asesinato selectivo aumentaron considerablemente (p.

172).

Para ejemplificar, puede decirse que en 1987, recordado como un año fatídico, son asesinados quince profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, cinco en julio y cinco en agosto (p. 173); en ese mismo año asesinan a dos sindicalistas reconocidos, a tres militantes de organizaciones de izquierda, y masacran a seis personas de la Juventud Comunista, lo que da una idea de la zozobra que se podía experimentar en determinados grupos sociales en aquel momento, como consecuencia de formas de violencia ejemplarizante con un fin aleccionador (p. 187).

Por otro lado, las organizaciones armadas de izquierda también aumentan sus acciones en contra de quienes consideran sus enemigos, o enemigos de la causa revolucionaria (“violencia de carácter retaliador” (p. 187)), desde miembros de la Fuerza Pública hasta líderes sociales (p. 174). Las milicias, asociadas en algunos casos a estas guerrillas, se vuelven un actor comunitario para la resolución de conflictos y sobre todo “una oferta de seguridad” frente a la sensación de desprotección de los habitantes (p. 186).

A esto se suma la violencia del narcotráfico y la figura de Pablo Escobar como una síntesis de ella, en la que la persecución contra la Policía (153 policías muertos en tres años) (p. 181), y la rama judicial es sistemática, y las acciones predominantes son los atentados terroristas y los secuestros extorsivos (p. 179). Estas formas de “victimización indiscriminada” tienen su mayor apogeo entre 1988 y 1993, lapso recordado como “la época de las bombas” (p. 180).

Por otro lado,

las organizaciones armadas de izquierda también aumentan sus acciones en contra de quienes consideran sus enemigos, o enemigos de la causa revolucionaria (“violencia de carácter retaliador”, desde miembros de la Fuerza Pública hasta líderes sociales.

La amenaza continua a los representantes del orden público demuestra la capacidad de este actor armado para desestabilizar la ciudad y atacar a quienes no se consideran vulnerables; tiene además un efecto insospechado y es que la población recurre a la justicia privada frente a lo que interpreta como una incapacidad de los garantes legítimos del orden. Las demarcaciones estrechas del territorio asociadas a grupos con capacidad limitada alimentan la proliferación de asociaciones delictivas. A su vez, los atentados terroristas alcanzan a la élite citadina, que percibe por primera vez la desprotección y muchas de las formas de victimización del conflicto armado (p. 182).

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Que el

desplazamiento forzado e intraurbano sea la modalidad de victimización más extendida durante este período muestra por lo menos dos cosas: que la estrategia de terror del período anterior tiene un efecto concreto, prolongado y verificable, y que la afectación de la violencia es mayor cuando el territorio se diputa que cuando un actor es preponderante en él y se establece cierta calma asociada a un orden local.

La “limpieza social”, forma de exterminio de sujetos considerados indeseables, es una estrategia implementada en este período por diversos actores armados legales e ilegales (p. 185), así como comunitarios, para establecer un orden por medio del control absoluto, o la exclusión radical. En el informe se documentan seis organizaciones diferentes dedicadas a este fin. El desprecio por la vida de ciertas personas que manifiesta este tipo de violencia se alude en los testimonios documentados: “se mataba por matar” o “se llevaban por llevar” (p.

185), narraciones de un sinsentido de las violencias. La gente no logra percibir o entender una estructura justificable y coherente en ellas.

La conclusión significativa de este período es que el conflicto armado tocó a sectores que antes habían sido inmunes, y que los actores armados no tenían temor de proceder frente a personas que no eran una amenaza directa. Los efectos del terror fueron los éxodos masivos y un detrimento o “desmonte” en el liderazgo de procesos sociales y comunitarios (p. 176) que se habían fortalecido en la década de 1970. Tal vez la modalidad que mejor expresa este periodo fue la desaparición forzada (p. 178) y la idea de “carros fantasmas” que podían llevarse a las víctimas en cualquier momento (p. 183).

Las disputas territoriales y la urbanización de la guerra (1995-2005) Las disputas y pretensiones de control territorial en esta década se imbrican con formas de acción legal e ilegal y dejan 52.004 víctimas registradas. Los actores centrales son los locales que cooptan para su servicio a combos o bandas, y están representados de un lado por las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad) y de otro por las milicias. Las acciones de guerra en la ciudad corresponden a la competencia armada entre “guerrillas, milicias, bloques paramilitares y fuerza pública” y marcan la afectación en este período (p. 189).

En esta década aumenta de manera exponencial el desplazamiento forzado (especialmente intraurbano) y de manera más mesurada pero significativa “los asesinatos selectivos a líderes barriales, las masacres, la violencia sexual, las amenazas, la tortura y el despojo de propiedades” (p. 197) y el secuestro, que ahora tiene como víctimas a personas de clase media y en algunos casos de clases populares.

Que el desplazamiento forzado e intraurbano sea la modalidad de victimización más extendida durante este período muestra por lo menos dos cosas: que la estrategia de terror del período anterior tiene un efecto concreto, prolongado y verificable, y que la afectación de la violencia es mayor cuando el territorio se diputa que cuando un actor es preponderante en él y se establece cierta calma asociada a un orden local. La magnitud del daño es proporcional a la dificultad de identificarlo e indisociable de la pluralidad de violencias superpuestas: conflicto armado, narcotráfico y crimen organizado.

Los territorios en disputa se caracterizan por un recambio poblacional y una alta afectación de los civiles en el conflicto a quienes se asume como posibles colaboradores por las relaciones que sostienen

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con los actores armados (familiares, de compadrazgo, de amistad, de pareja, en todo caso de conocimiento e intercambio cotidiano). Esa violencia ocurrida entre prójimos (Theidon 2004 citada en CNMH, 2017) desata nuevas conflictividades barriales que se entrecruzan con las del conflicto armado interno. Violencias privadas que se mezclan con las públicas (p. 214).

Mientras tanto los bloques paramilitares retoman los territorios disputados y se articulan con reductos del narcotráfico, se enfrentan entre sí y con las milicias para dominar la ciudad (p. 190). Esta disputa territorial arrecia la violencia en los barrios agobiados y afecta la confianza entre vecinos por el carácter de sospecha latente que supone la disputa.

Por su parte, la Fuerza Pública ejecuta operaciones militares en la ciudad (se cuentan seis sólo en la comuna 13 entre 2001 y 2002) con el fin de acabar con las milicias. No obstante, estas operaciones vinculan elementos ilegales y afectan de manera considerable a la población civil. Como resultado de estas operaciones se documenta en el informe a quince muertos, 146 detenidos y 74 heridos (p. 193).

A estas cifras se suma la Operación Orión en este misma comuna, en la que 1.500 hombres de la Fuerza Pública irrumpen en la comuna y dejan un saldo aproximado de 179 detenidos, 120 casas vacías, 50 civiles heridos y 14 muertos (El Colombiano, 217).

La reorganización de la criminalidad (2006-2014) Estos años están definidos por la derrota de las guerrillas en la ciudad y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que conlleva un reordenamiento de la criminalidad en la ciudad y el aprovechamiento de estructuras de crimen organizado que deja un saldo de 68.310 víctimas asociadas al conflicto armado y el tránsito a la inseguridad (p. 201).

Durante este período decrecen otras modalidades de victimización, aunque aumenta el desplazamiento forzado e intraurbano, resultado de la desaparición forzada, los asesinatos selectivos, los enfrentamientos, el reclutamiento de menores, los toques de queda, las fronteras invisibles. El miedo y la sensación de desprotección contribuyen a que las modalidades de violencia simbólica sean más efectivas, bastando la amenaza para instaurar el orden (p. 204). Así mismo, se relata en el informe la pervivencia de violencias inscritas en la guerra, violencia estatal asociada a la violencia política y el señalamiento a organizaciones comunitarias, de manera paralela con la renta criminal.

Los “aparatos

organizados de poder con expresiones criminales” obtienen aprendizajes de las formas en las que se desarrolla el conflicto armado que pasan desde el ejercicio de poder y la dominación de un territorio, hasta la obtención de rentas ilegales y el solapamiento en los espacios de participación política.

Los “aparatos organizados de poder con expresiones criminales” obtienen aprendizajes de las formas en las que se desarrolla el conflicto armado que pasan desde el ejercicio de poder y la dominación de un territorio, hasta la obtención de rentas ilegales y el solapamiento en los espacios de participación política (p. 201). Esto conduce a que los actores armados legales e ilegales repliquen formas de violencias de unos y otros, aunque en desigual magnitud y con diferentes objetivos que se detallan por actor en la siguiente tabla (p. 216).

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Tabla 1 Predominancia de modalidad de victimización por actor Grupos paramilitares

El informe aduce,

siguiendo a Blair (2014), que la crueldad y el exceso fueron un mecanismo de sometimiento de la población. Los aprendizajes de la guerra también fueron adquiridos por los pobladores, quienes asimilaron memorias de adaptación y silenciamiento, huida o evasión reflejados en no querer saber quién fue el victimario o no encontrar utilidad en denunciarlo.

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Violencias ejemplarizantes Fin: crear reputación violenta (p. 216)

Guerrillas y milicianos Violencias justicieras y retaliadoras Fin: castigar a quienes van en contravía de los intereses del pueblo (p. 217)

Fuerza Pública Violencias retaliadoras Fin: Compensar las fallas institucionales y los límites de la legalidad (p.

217)

Narcotraficantes Violencias justicieras, vengativas y selectivas Fin: someter e intimidar a quienes amenazaban sus intereses (p.

217)

Masacres

Acciones bélicas

Masacres

Atentados terroristas

Torturas

Torturas

Torturas

Secuestros políticos

Amenazas

Amenazas

Ejecuciones extrajudiciales

Asesinatos selectivos

Asesinatos selectivos

Reclutamiento de menores

Desaparición forzada

Ajusticiamientos

Desplazamientos selectivos Daños a bienes Pelas

Asesinatos selectivos

Detenciones arbitrarias

Secuestros Fuente: elaboración propia con base en el informe.

Consideraciones finales El informe aduce, siguiendo a Blair (2014), que la crueldad y el exceso fueron un mecanismo de sometimiento de la población. Los aprendizajes de la guerra también fueron adquiridos por los pobladores, quienes asimilaron memorias de adaptación y silenciamiento, huida o evasión reflejados en no querer saber quién fue el victimario (p. 207) o no encontrar utilidad en denunciarlo (p. 212).2 Los incalculables de esos aprendizajes de los actores armados y de los pobladores afectados son aquellas “violencias que se callan o esconden” (p. 220): la violencia sexual, la angustia, la enfermedad, las secuelas mentales y psicológicas (p. 220). “Se trata de aquellas que no se narran porque sus manifestaciones y protagonistas se encuentran todavía presentes en el territorio. Son violencias que se evaden porque aún no es el momento de hablar de ciertos temas, es decir, aún no es tiempo para la memoria por lo costosa que esta puede resultar” (p. 221) o porque avergüenza haberlas vivido, quieren ser olvidadas o no pueden ser cuantificadas porque el daño es moral, o el subregistro es muy alto.

“Con la información registrada en la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH es difícil ubicar espacialmente las comunas donde se presentó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, la desaparición forzada, el secuestro y el daño a bienes, pues los casos que registran el lugar de ocurrencia del hecho no sobrepasan el 20 %. Sin embargo, los registros con información sobre las víctimas de los asesinatos selectivos ubican el lugar de ocurrencia en un 73 % de los casos; en el caso de las víctimas de masacres el registro alcanza el 65 %; y en el caso de las víctimas de acciones bélicas llega al 55 %.” (p. 210). Es decir, presumiendo un subregistro alto, el informe expone ya cifras aberrantes.

Vale la pena valorar que muchas de estas cifras hayan sido desagregadas por género. En ellas es evidente que los hombres han sido los más afectados de este conflicto armado, aunque podría decirse también, los actores principales en cuanto a homicidios, masacres, acciones bélicas, secuestro, desaparición forzada, reclutamiento de menores. Las mujeres y la población LGBTI, en cambio, son las más transgredidas en cuanto a violencia sexual, que en todos los casos está acompañada de tortura (p. 227 - 253). Aunque no se documenta en el informe, probablemente el desplazamiento también aqueja de manera más amplia a las mujeres, pues muchas se marchan de un barrio a otro como resultado de una victimización previa en la que ha muerto algún hombre cercano.

Ciertos factores intervinientes que agudizan el conflicto armado en algunas comunas (especialmente la 1, la 13 y la 3) tienen que ver con “la calidad de la intervención estatal, la presencia de actores armados y grupos criminales previos, el bienestar al que podían acceder los pobladores, y la evaluación que los actores armados hacían del territorio por su posición estratégica e histórica” (p. 207).

En las narraciones de las víctimas no logra verse la magnitud y conmoción que expresan las fuentes secundarias. La escasez de la descripción en los testimonios da cuenta o de la forma en que se pregunta o de lo que creo es más evidente, la dificultad de construir relatos de memoria. Incluso puede afirmarse que en aquellos relatos donde se asoma la descripción de lo sucedido (especialmente los extraídos de la base de datos del CNMH) tiende uno a repudiar el texto. Es interesante la reflexión que el documento promueve sobre la dificultad de narrar violencias cercanas y la necesidad de la distancia para recordar sin encontrarse amenazado o sentirse vulnerable física o emocionalmente.

Ciertos factores

intervinientes que agudizan el conflicto armado en algunas comunas (especialmente la 1, la 13 y la 3) tienen que ver con “la calidad de la intervención estatal, la presencia de actores armados y grupos criminales previos, el bienestar al que podían acceder los pobladores, y la evaluación que los actores armados hacían del territorio por su posición estratégica e histórica.

Un segundo aprendizaje trascendente para el momento transicional que atraviesa el país, que se deriva de la lectura de esta historia sintetizada, tiene que ver con la urgencia de implementar acciones estatales a escala local que contengan las violencias producto de reacomodamientos por los vacíos de poder, o los aprovechamientos estratégicos de actores de carácter criminal. Dicho de otra manera, a nivel nacional puede disminuir el conflicto armado pero a nivel local algunos actores tienden a reestructurarse.

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Finalmente, la exposición pública de la muerte o los castigos ejemplarizantes, las “balas perdidas”, las “fronteras invisibles” muestran la privatización que lo actores armados hicieron del espacio público y la incertidumbre colectiva que esto produjo en la población civil.

Los habitantes de algunas comunas de la ciudad no se sentían seguros en su barrio, en su vivienda, y tuvieron que restringir la movilidad y trastocar las formas de pertenencia a una comunidad de sentidos.

Esto muestra la obligación de reconstrucción de lo público como valor social y del espacio público que ha sido objeto prolongado de violencias o lugar de zozobra o inquina, que recuerda masacres o muertes de los seres queridos.

1. Reseña del capítulo 3 del informe Medellín: memorias de una guerra urbana.

(2017). Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia.

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2. En el capítulo Memorias de resistencia y sobrevivencia el lector encontrará otros aprendizajes asociados a la defensa y reclamación de derechos que le da un matiz importante a esta afirmación.

—El Colombiano (2017). 15 años de Orión, cuando la guerra llegó a la ciudad. En línea: http://m.elcolombiano. com/especiales/operacionorion#creativosComuna Recuperado el 10 de octubre de 2017.

Referencias bibliográficas

—Centro Nacional de Me-

moria Histórica (2017).

Medellín: memorias de una guerra urbana. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia.

Soñar con París

1

Por Wilmar Martínez Márquez Profesor del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

E

l capítulo sobre Impactos del informe Medellín Basta Ya: Memorias de una guerra urbana (CNMH et. al, 2017) da cuenta de las distintas afectaciones que produjo la violencia asociada al conflicto armado en la ciudad. Violencia que ha tenido como una de sus características el involucramiento directo de los habitantes de los barrios donde se desplegó; es decir que esta violencia fue también “entre prójimos” (p.212, 279).

Esto explica en buena medida los impactos que produjo. El capítulo clasifica esos impactos en pérdidas, daños y transformaciones. La principal pérdida fue la de cientos de vidas cegadas en las zonas más vulnerables de la ciudad, lo cual condujo a una espiral de retaliaciones y venganzas que fracturaron algunas comunidades. La ausencia de confianza, la ruptura del tejido social y el miedo fueron varios de los efectos más palpables de esta dinámica (p. 270).

Así mismo, la violencia dañó o limitó el ejercicio de derechos como el de locomoción, participación política y autonomía, e hizo que el espacio de lo público se perdiera, copado por los armados. La violencia transformó la ciudad (p.312). Generó nuevos comportamientos, pero también exacerbó prácticas preexistentes. En una ciudad con profundas inequidades, que ha consagrado el progreso material y el emprendimiento individual como elementos de identidad, sin enfatizar de la misma manera las formas legítimas para lograrlos, el ejercicio de la violencia derivó en una oportunidad de ascenso social (p.321). Hubo casos exitosos. Hombres que hicieron fortuna con las oportunidades y los negocios que ofrecía la violencia. Una élite ilegal se gestó y con ello se afianzó un imaginario que presentaba el carácter emprendedor y el atrevimiento como condiciones esenciales —y loables— del progreso personal. El lujo y la ostentación aparecieron como “justas” recompensas, pero también el fracaso, la muerte y la persecución se convirtieron en el destino de una gran cantidad de jóvenes que no lograron, pero buscaron sobrevivir en 19

medio de esa situación, ser incluidos en el negocio o aprovechar la oportunidad.

La violencia entre prójimos se ensañó con los jóvenes de estos barrios. Es cierto que la ciudad vivió lo que se denominó “la urbanización de la guerra” y con ella tuvo lugar lo que sus teóricos llaman la “escisión maestra” que, en nuestro caso, tomó cuerpo en los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares (p. 188). Es cierto que en los barrios se habló de hacer la revolución o detener la avanzada comunista. Hubo enemigos y batallas, pero los ejércitos se conformaron especialmente por muchachos. Era el conflicto armado nacional apeñuscado en las cuadras de estas comunas y confiado a ellos. El desenlace: jóvenes matando y muriendo por la injusticia del régimen o por la conservación de los valores de la propiedad y la tradición, o por defender el statu quo o los grandes negocios, o por no importa qué más, todo tan lejano, tan ajeno a ellos. Y claro, con esos fusiles y operaciones militares, resolviendo sus problemas de muchachos: el que me quitó la novia, el que me caía mal por picado, el que me ofendió en el baile. Y esos otros problemas de los adultos, como los ajustes de cuentas y venganzas. ¡Nuestra guerra!

Todo lo patriótico que se le atribuye —con sus himnos, medallas, condecoraciones, discursos, tácticas y estrategias— hecho menuda, hecho parodia en las manos de estos héroes de callejón y tenis con cámara de aire, ínfimos, vulnerables y sin posibilidad alguna de gloria o reconocimiento, como Chátala.

Conocí a Chátala en el año 2001 cuando empezaba la guerra entre los Bloques Metro y Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia por la hegemonía de la ciudad. Chátala era un combatiente del Bloque Metro. Su labor, en la Sierra, era patrullar para evitar que los enemigos, los del ELN que hacían presencia en el barrio 8 de marzo, y los de la otra facción paramilitar que rodeaban el resto del sector, ingresaran. No eran más de doce cuadras, mal contadas, las que tenía que vigilar. Aunque nunca me dijo su edad, supuse que tenía 2 años más que yo. Es decir, tendría unos 16. Las distintas veces que subí a la Sierra, pues un amigo me invitaba seguido a jugar

fútbol, Chátala lucía igual: un buzo grande azul, estampado en el frente, jeans oscuros y tenis blancos.

Y en su rostro, un cansancio de años. Yo iba a eso de las cinco de la tarde, justo cuando Chátala salía de su casa para empezar a camellar, como él decía.

Pues era su trabajo ya que su mamá, muy mayor, no conseguía en ninguna parte. Su labor de patrullaje era desde la noche hasta la madrugada. Y en la acera de mi amigo, que era su vecino, nos encontrábamos.

Ahí me hablaba de lo que le pasó la noche anterior, que casi se les meten, que la cosa estaba dura, pero que ellos tenían con qué responder y me mostraba el arma que llevaba. Pero no por alardear o asustarme.

Nunca vi eso en Chátala. Siempre me pareció muy amable, casi protector. A veces me preguntaba por las peladas de mi barrio, que si estaban lindas. Yo le decía que debería ir, pero él se reía. Ambos sabíamos que no podía hacerlo. Ni al Centro puedo bajar, me respondía, pues los colectivos pasan por el territorio enemigo y ahí le pueden dar a uno. La guerra lo tenía confinado a esas pocas cuadras. En sus ojos cafés, rodeados por una cercos gigantes, se leía una resignación brutal ante esto, un así es la vida lapidario que no debe tener alguien a esa edad. Entonces se despedía y se encaramaba en una terraza de una casa a esperar. Yo mientras tanto me preguntaba si él conocía el mar o si sabía que existe una ciudad llamada París con su gigante torre de metal. ¿Cuáles serán los sueños de Chátala? ¿Tendría sueños, soñaría con conocer París? Me hacía siempre las mismas preguntas. Cada vez que salía de la Sierra me iba triste al pensar en su estrechísimo mundo, en su vida de cuadras. Nunca más lo volví a ver. Cuando arreció la guerra entre las facciones paramilitares dejé de ir.

De todo lo injusto que produjo esta violencia habría que insistir en que hizo de jóvenes como Chátala sus combatientes, sus víctimas. Ojalá que ellos hubieran podido resolver sus problemas a puño limpio, correteando a quien los dejó sin novia o yendo al barrio vecino a conseguir otra. Ojalá que hubieran podido poner la queja en la casa del que les hizo una zancadilla en el colegio. Ojalá que hubieran podido trabajar de mensajeros o meseros. Pero para muchos esto se tornaba inalcanzable.

1. Reseña del capítulo 4 del informe Medellín: memorias de una guerra urbana. (2017). Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia.

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Memorias de resistencia y sobrevivencia 1

Por James Gilberto Granada Vahos Profesor del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

E

l capítulo “Memorias de resistencia y sobrevivencia” del libro “Medellín: memorias de una guerra urbana”, busca mostrar “algunas de las formas como los sujetos padecieron las violencias, pero también, cómo las enfrentaron, evadieron, negociaron para sobrellevarlas (adaptaron), y redefinieron órdenes, relaciones y estructuras sociales” (P. 332). Con este propósito, el texto hace énfasis en un tema que suele ser obviado, olvidado o simplemente ignorado en muchos de los trabajos académicos: las capacidades de las personas que han sido victimizadas o que trabajan con esa población. El texto señala “que los sujetos tienen capacidad de

agencia, es decir, la capacidad y la posibilidad de maniobra y (de transformar) las condiciones del contexto”, resaltando la intersubjetividad en los procesos sociales y la “capacidad-posibilidad de los actores individuales y colectivos de producir efectos y modificaciones” (P. 332). Estos aspectos son importantes toda vez que se alejan de visiones que pretenden revictimizar, así como de las que buscan despojar a la población victimizada de sus saberes y de su potencia, con lo que el trabajo hace evidentes las capacidades de resistencia y sobrevivencia de dicha población.

Para dar cuenta de las capacidades de resistencia, el trabajo desarrolla el concepto de “repertorio de resistencia”, que es entendido como las “accio21

nes de oposición, confrontación, inconformidad por parte de sujetos y colectivos, frente a estrategias de dominación de grupos armados relacionados con el conflicto armado”, y que tal vez por esa misma razón suelen ser no violentas. Así mismo, define las resistencias como las “prácticas que buscan restituir, de alguna forma, la cotidianidad de los lugares, la “normalidad’, esto es, la posibilidad de existencia por fuera del marco de orden que se pretende implantar” (P. 333).

En lo que concierne a la sobrevivencia, el texto muestra “las negociaciones, los cruces, los acuerdos contingentes, los pactos y las alianzas transitorias que resultan ser muy eficaces para protegerse, mantenerse con vida y poner algunos límites a las acciones de los grupos armados.” Los repertorios de estas prácticas se entienden como “procedimientos silenciosos usados cuando la situación no favorece el uso de interpelaciones abiertas o de acciones colectivas públicas de rechazo” (P. 334).

Las acciones de sobrevivencia suelen ser poco visibles, buscan y logran pasar desapercibidas, al menos por mucho tiempo, a la vez que logran fracturar “por lo bajo las estructuras de dominación de los actores armados” (P. 334).

Ambas formas de actuación, resistencia y sobrevivencia, coexistieron, se entrelazaron, se juntaron y a veces se separaban. Estas acciones dan cuenta del porqué la población, en su cotidianidad, no sucumbió a la violencia asociada al conflicto armado (P. 334).

El texto realiza una periodización, en tres momentos, de las formas que adoptaron los repertorios de resistencia y sobrevivencia: El primero va de 1982 a 1994 y está marcado por acciones colectivas orientadas a la defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida. En el segundo, 1995-2005, las víctimas irrumpen en el espacio público, haciendo evidentes los daños y las pérdidas que el conflicto armado les había provocado y reclamando por políticas públicas de atención a esta población. En el tercero, 2006-2014, aumentan las iniciativas de memoria como eje de resistencia frente a la pretensión de olvido. Este último período se destaca por la consolidación de las organizaciones sociales (P. 334) En el primer periodo, el texto resalta la defensa de los derechos humanos como una forma de 22

resistencia; igualmente, la construcción colectiva de un pacto social frente a las violencias y la búsqueda de alternativas para la ciudad, que redundaron en experiencias de defensa de la vida en diferentes zonas y comunas.

En el segundo periodo, el capítulo da cuenta de la irrupción en lo público de las víctimas por medio de la visibilización de los daños, de la reivindicación de la no violencia, la convivencia y el respeto por la vida y el arte como una herramienta para decirle no a la guerra. En este periodo se asiste también a los primeros momentos de la construcción colectiva de la memoria. Así mismo, llama la atención sobre el papel de los defensores de derechos humanos y la acción de los artistas que “llamaron a las cosas por su nombre” (P. 388), reconociendo la violencia en la ciudad.

El tercer periodo muestra la consolidación de los procesos de memoria como una forma de rescatar el honor de las víctimas y de buscar la no repetición. Igualmente, muestra la resistencia en medio del conflicto armado, la exigencia de verdad, justicia y reparación, además de las acciones cotidianas de sobrevivencia y resistencia, tanto en los lugares de vivienda, como en los de estudios, trabajo o de esparcimiento.

Ahora, para comprender estas formas de resistencia desplegadas en la ciudad, es importante considerar varios aspectos que se desarrollan a lo largo del texto Medellín: memorias de una guerra urbana: En primer lugar, si bien la violencia en la ciudad no fue siempre ni exclusivamente entre conocidos, gran parte de esta fue ejercida entre cercanos, próximos y sobre vecinos principalmente; en muchos de esos casos, una gran parte de la sociedad, por diferentes razones, guardó silencio. Aquí se hace mención de esto para resaltar precisamente esa otra parte de la ciudad que se negó a hacer parte de la “guerra urbana” y que además se negó a guardar silencio, como dice precisamente una canción de hiphop producida en Medellín: una parte de la “sociedad que desafía la misma”, la que dice que “desafiamos a aquellos que nos desafían.”2 Gracias a esto se puede comprender que si bien fue cierto que un buen número de las acciones colectivas, las resistencias y movilizaciones en

En todos estos procesos de resistencia,

el informe destaca el protagonismo de las mujeres. Incluso es posible afirmar a partir del mismo que si la “guerra urbana en Medellín tiene rostro de hombre”, y sus afectaciones sobre hombres y mujeres son diferenciadas, la sobrevivencia y la resistencia tuvo un marcado matiz de mujer.

Medellín se dieron contra el Estado y los actores armados, o a favor de la vida y los derechos humanos, también muchas de ellas pretendían mover al resto de la sociedad que estaba indiferente, pretendían desafiar el silencio impuesto por unos y aceptado por otros. Al fin de cuentas, esto recuerda que la memoria de la resistencia es una acción propia de resistencia frente a la guerra, frente a los guerreros y respecto al resto de la sociedad. Así mismo, que por lo menos las acciones colectivas y las resistencias siempre son desafíos a lo impuesto o a lo que pretende serlo.

Lo anterior permite comprender también las muchas formas que adquirieron esos procesos de sobrevivencia y resistencia y de la memoria que se construyó y se fue consolidando, pues si la violencia fue en gran medida, aunque no solo, entre iguales y/o cercanos que se encapuchaban, la resistencia fue similar, en la familia, en el barrio, en las organizaciones e instituciones, y por eso muchas veces parecía algo pasiva, se ocultaba, se disimulaba en una obra de teatro, en una canción o en un partido de fútbol, y muchas otras veces era directa, fuerte y de frente, pero casi siempre pacífica. Eran acciones dirigidas al vecino, al familiar, al amigo y al desconocido que hacían un llamando a parar la violencia o a decir algo en contra de esta.

En todos estos procesos de resistencia, el informe destaca el protagonismo de las mujeres. Inclu-

so es posible afirmar a partir del mismo que si la “guerra urbana en Medellín tiene rostro de hombre”, y sus afectaciones sobre hombres y mujeres son diferenciadas, la sobrevivencia y la resistencia tuvo un marcado matiz de mujer. Claro, no fueron sólo ellas, hubo un montón de protagonismos de hombres, pero si los victimarios en muchas ocasiones las tomaron como botín, como objeto de la guerra, la memoria y la resistencia necesitó de su protagonismo. Sin ellas, la memoria en Medellín no sería tal; en muchos casos fueron ellas quienes podían confrontar y “regañar” a los actores armados, las que podían romper los cercos o fronteras trazados por los violentos, las que se juntaron con diferentes excusas para romper las prohibiciones o los miedos a la reunión. En muchos de los barrios y comunas fueron esas reuniones disimuladas en el tejer, rezar o simplemente para conversar, las que dieron paso a procesos de memoria que aún se mantienen.

Por supuesto, el informe también resalta las acciones de resistencia en y sobre el Estado. Se trata de aquellas ocasiones en las que la sociedad civil no se quedó a la espera de lo que pueden y quieren hacer las instituciones estatales, sino que se movilizó para lograr “entrar” en el Estado o, por lo menos, en el gobierno local y en las políticas que este realizaba. Aquí no solo se trataba de resistencia, sino de una acción que se decidió por hacer 23

que cambie el curso de acción de la sociedad. De hecho, en uno de los testimonios del trabajo, un líder subrayó la manera en que promovieron sus propias políticas de paz en los territorios. En efecto, el trabajo muestra cómo en muchas oportunidades el Estado llegaba a los territorios luego de la acción decidida de organizaciones comunitarias y de la entrada posterior de algunas ONG´S para defender los mismos y construir paz en ellos. En otras ocasiones, fueron algunos integrantes de esas mismas organizaciones los que llegaban a dependencias estatales y ya como funcionarios, servidores o contratistas, orientaban acciones que antes realizaban desde las organizaciones.

El arte y el deporte fueron otras de las acciones que jugaron un papel fundamental en lo que ha sido la resistencia, y principalmente en la población joven, que ha sufrido a su vez formas de victimización directas y que por la misma razón en muchas ocasiones utilizaron ambos: pintura, música, poesía, teatro, clown, fútbol, entre otras, como formas de acción directa pero a la vez camufladas para confrontar acciones de violencia, para construir comunidad, paz y defender la vida, a la vez que desafiaban a la sociedad pasiva o que avalaba y legitimaba la violencia.

Finalmente las acciones comunitarias, los llamados a ocupar los espacios públicos, el encontrarse de nuevo, el hacer las fiestas, los campeonatos de-

portivos, el no dejarse encerrar, el inventarse excusas para el encuentro fueron todas ellas acciones de resistencia, así como acciones que reconstruyeron tejido social. Fueron acciones que buscaban el (re) construir confianzas y solidaridades para continuar las acciones. Precisamente una de las afectaciones que generó el conflicto fue sobre la confianza: se afectaron las relaciones entre los cercanos y esto ha hecho difícil volver a actuar juntos, lo que ha llevado a que las acciones de resistencia fueran también acciones que se niegan a la desconfianza.

En las memorias que se hacen en el texto sobre la resistencia y sobrevivencia también hay alusiones a un par de cuestiones sobre las cuales se debe profundizar. La primera de ellas es que aún faltan los balances de los daños políticos respecto a los temas organizativos comunitarios, en los liderazgos que se perdieron por asesinatos, desapariciones o desplazamientos forzados y exilios. El segundo punto es también la falta de balances más generales sobre las memorias que se realizan desde las comunidades, las organizaciones y algunas instituciones sobre estas mismas sobrevivencias, resistencias, movilizaciones y acciones colectivas.

Aún queda por saber cuáles se han hecho en Medellín desde las mismas poblaciones que resisten; hacer un rastreo de la memoria política permanente como una forma de resistencia.

1. Reseña del capítulo 5 del informe Medellín: memorias de una guerra urbana. (2017). Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia.

2. Sociedad FB7. El desafío.

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Performance “Memoria y arte”, en desarrollo del Diploma Memoria Histórica 2017

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La memoria que nos falta —Introducción— El proyecto Hacemos Memoria investiga, discute y propone un diálogo público sobre la construcción de memoria histórica en comunidades locales, desde la perspectiva del periodismo. En este especial para DEBATES presenta seis textos, en los cuales confluyen conceptos y voces provenientes del momento actual de Colombia, desde lo local hasta la experiencia internacional, con la idea de pensar el pasado con la mirada puesta en el futuro, y convocar a más ciudadanos en esa deuda que es la memoria del conflicto armado del país.

Por Hacemos Memoria Convenio entre la DW Akademie y la Facultad de Comunicaciones

D

esde que empezamos el proyecto Hacemos Memoria, la pregunta por la memoria se nos ha vuelto más compleja. Con optimismo creeríamos que al ir trabajando con un pie en las comunidades y otro en la universidad, ya sabríamos el porqué y el para qué de esta búsqueda del pasado que aún pesa en el presente; pero la verdad es que las dudas, que no son obstáculos, se nos han multiplicado, quizás para proveer la certeza de más sentidos, de mayor hondura. En suma, hemos aprendido mucho, pero queremos saber más.

Ese es el trabajo de la memoria: acaso la distancia crítica sobre un problema que nos atañe y que queremos comprender porque es parte estructural de la sociedad en la que vivimos, acaso el mecanismo cultural que nos permite fortalecer o reconfigurar el sentido de pertenencia a los grupos y comunidades que nos acogen. Es este un trabajo siempre inacabado, siempre impreciso, porque no tiene fórmulas ni maneras específicas de aplicarse. Las preguntas nos surgen para buscarles respuestas, y de estas se desprenden nuevas preguntas que nos incorporan a un circuito académico, social, práctico, de vida, porque no se agota, porque siempre queda debiendo.

Así, quizás, se puede caracterizar el proyecto Hacemos Memoria, un convenio de la Deutsche Welle Akademie y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, que desde 2014 se ha 26

acercado a periodistas locales, grupos de víctimas, asociaciones civiles y, en general, a ciudadanos que también tienen preguntas y que quieren aportar su propia comprensión del pasado a los procesos sociales y culturales de sus municipios.

En Granada, Sonsón y Medellín, contextos disímiles donde prima la intención de elevar y mejorar la participación de los ciudadanos en las decisiones locales, especialmente sobre la definición de su historia y de las violaciones a los Derechos Humanos que allí se han cometido, se han establecido alianzas entre grupos que antes no eran tan cercanos o cuya relación podía dar mayores frutos: los medios de comunicación han convocado, desde el quehacer periodístico, a sus audiencias a la construcción de memoria histórica; y sus audiencias, no ya transeúntes desprevenidos sino gentes activas, se ubican en la producción del mensaje, más que en su recepción, y lo están alimentando con constancia, con revisiones de lo que ayer se dijo y no pudo ser así, y con una perspectiva de futuro que los fortalece como comunidad.

Granada Stéreo, La Viga en el Ojo y Vahos TV, de Granada, junto a Sonsón TV, y a los medios de las organizaciones Mi Comuna, Ciudad Comuna, Convivamos y Palco, de Medellín, así como el Sistema Informativo De la Urbe —del pregrado de Periodismo—, han sido aliados de la Universidad de Antioquia en el conocimiento de sus territorios; ellos, multiplicando el escaso tiempo de sus agendas propias, han decidido sumarse a la pregunta por la memoria para desarrollar respuestas desde el periodismo —local, comunitario, ciudadano, universitario—, desde la posible actualidad en la que todos se hallan, para aportar a sus comunidades herramientas de comprensión que se convierten en herramientas de participación. En ello, grupos consolidados como la Asociación de Víc-

timas de Granada y la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón se les han unido para guiarlos en la pesquisa, en una relación mucho más honda que aquella que el periodista puede, en contextos más efímeros, establecer con sus fuentes.

Asimismo, en el propósito de elevar la calidad de la participación ciudadana, Hacemos Memoria dialoga con la academia para motivar reflexiones sobre los contornos del pasado y ampliar el espectro de nuevas preguntas y posibles respuestas. Qué es la memoria, qué es la paz, qué es la historia, qué es la reconciliación, cómo se entrelazan estos contextos en Colombia, qué experiencias de otros países o desde otras disciplinas pueden aportar en la construcción de memoria, por qué esto es o no importante, para qué hacerlo, quiénes son las víctimas del conflicto, quiénes han sido responsables de la comisión de crímenes, qué ha hecho la sociedad en general ante el desarrollo de una guerra nacional… En fin, tantas preguntas como subjetividades están entrelazadas en la memoria social. Desde la Universidad de Antioquia, nos unimos a estas reflexiones porque no podemos ser víctimas del “abuso de la memoria” denunciado por Tzvetan Todorov, aquel que en vez de dar más luces sobre la sociedad en que vivimos termina por opacar sus sentidos y dejarnos presos de un horror improductivo, anclado en el pasado, inconexo al presente, incapaz de abrirle esperanza al futuro.

Esa reflexión con currículo pero sin fórmula estricta la proponemos desde el Diploma en Memoria Histórica que en 2017 tuvo su tercera cohorte; en esta experiencia han participado más de 90 estudiantes y alrededor de 30 docentes y expertos de diferentes disciplinas. Reconocemos la memoria como un campo en construcción que necesita de las ciencias sociales, las humanidades, las artes y todas las mentes dispuestas, para hilar más fino y entrar en el debate de la sociedad que somos y que aún no termina de comprender qué ha sido de ella, especialmente tras tantos años de guerra y de ideas enfrentadas.

El proyecto Hacemos Memoria tiene, entonces, una búsqueda a medio camino entre la universidad y la sociedad, que reflexiona desde los libros y los expertos, pero indaga también en comunidades y grupos que han vivido y pensado su historia; no es una apuesta inductiva, sino más bien constructiva con limitaciones disciplinares pero con la gran ventaja de querer convocar a otros. La página www.hacemosmemoria.org, así como las redes sociales del proyecto, están disponibles como lugar de conversación sobre hechos y relatos, afines al presente y

al pasado convulso de Antioquia y Colombia, para seguir creando preguntas e imaginando respuestas ante los desafíos de esta época surcada por la inestabilidad de los actores y de las decisiones políticas.

En este especial para la revista DEBATES, Hacemos Memoria se apoya en hechos centrales que ocurrieron en 2017 para motivar nuevas reflexiones y seguir invitando al diálogo público por la memoria histórica. El pedido de perdón de las Farc en Granada y la posibilidad de que las fuentes documentales contribuyan al esclarecimiento del pasado en Colombia desde lo local, son en estas páginas ejes de discusión para conceptos como el perdón, el olvido, los lugares de memoria, la verdad y el archivo.

Primero, “Reflexiones en torno al perdón como acto público” y “Pecados y bondades de la Iglesia en el conflicto colombiano” abren esta conversación para partir de la coyuntura, como lo hace el periodismo, y dar paso a dos textos más reflexivos: “Yosef Yerushualmi: el valor del olvido en la transmisión de la memoria” y “Pierre Nora: lugares que redefinen los sentidos de la memoria” —escritos por colaboradores de Hacemos Memoria en el contexto de la Maestría en Ciencia de la Información, mención Memoria y Sociedad, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología—, cuyo énfasis está puesto en la discusión de conceptos básicos que atañen a la memoria.

Luego, el tema informativo y de análisis son los archivos de Derechos Humanos, que tan importantes se han vuelto en los días más recientes de conformación de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición en el país. La mirada de la antropóloga Kirsten Weld se encuentra en el texto “Sin acceso a los archivos de Estado no hay memoria pública” con la experiencia de Gustavo Meoño Brenner, director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala; y para cerrar, se proponen los dos casos de conformación de archivos locales en Sonsón y Granada, donde la obstinación ciudadana, cuando es acompañada por instituciones como la Universidad de Antioquia, demuestra que su poder es más efectivo que las voluntades de la política local.

Estos textos son, de este modo, preguntas abiertas a la sociedad, porque el debate sobre la memoria histórica y los llamados a construirla no puede abandonarnos. Hacemos Memoria es un proyecto entre muchos que quiere ser un puente entre la universidad pública y las comunidades, entre el periodismo y sus audiencias, entre las víctimas y el resto de la sociedad, para aportar a la comprensión de quienes somos y al planteamiento de quienes queremos ser.

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Reflexiones en torno al perdón como acto público A un año de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el perdón parece ser, cada vez menos, un ideal moral. Su funcionalidad en el proceso de justicia transicional y en la aspiración de reconciliación, ha dejado algunas reflexiones y críticas entre expertos en temas como el derecho penal, la filosofía política y la historia de nuestro más reciente conflicto armado. ¿Cuál es la importancia del perdón en el momento de transición hacia la paz que vive el país?

Equipo de periodistas de Hacemos Memoria

E

l Acuerdo final firmado por el Gobierno Nacional y las Farc establece que con el fin de que haya aportes a la verdad por parte de los victimarios y reparación simbólica para las víctimas, el Estado promoverá “actos tempranos de aceptación de responsabilidades y de responsabilidad colectiva”.

Según se estableció en el punto de Víctimas del Acuerdo —precisamente en el apartado 5.1.3.1—, el Estado contará con el apoyo de diversas instituciones religiosas para propiciar este tipo de espacios en el país. A su vez, deja abierta la posibilidad de que tanto las Farc como el Ejército y otros sectores de la sociedad, responsables en el desarrollo del conflicto, promuevan actos de petición de perdón de forma voluntaria.

Por otra parte, en uno de los numerales del punto 5.1.1, que desarrolla las funciones de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, se afirma que aquellos espacios que se abrirán para dialogar con víctimas y victimarios también pueden ser destinados a que los grupos armados reconozcan sus responsabilidades y pidan perdón.

Sobre los aportes de estas iniciativas al trabajo de la Comisión de la Verdad, Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, opina que el hecho de que sean actos tempranos implica un avance significativo en el acumula28

do de trabajo que tendrá esta corporación para el esclarecimiento de la verdad.

“Si uno sigue la ruta de Bojayá, La Chinita, los diputados del Valle, el club El Nogal y Granada, se va creando un cúmulo de contribuciones que van a generar una sinergia entre asumir la responsabilidad y ser directos frente a las víctimas. Vale advertir que no se trata de un solo actor del conflicto, el Estado deberá hacer lo propio”, asegura Villarraga. De la misma manera, recuerda que ya el presidente Santos pidió perdón a nombre del Estado por el caso de la Unión Patriótica y reconoció la acción de exterminio sistemático que se hizo sobre sus miembros en aras de aniquilar ese proyecto político.

Desde ese punto de vista, los encuentros entre víctimas y victimarios son esencialmente espacios para hacer memoria. Acerca del perdón, dice el filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur, en su libro La memoria, la historia, el olvido (2000), que es el resultado de una tensión entre dos polos: la confesión de la falta y el deseo de perdonar: “El perdón, si tiene algún sentido y existe, constituye el horizonte común de la memoria, de la historia y del olvido”, señala Ricoeur.

Atados a ese vínculo con el llamado “deber de memoria”, que algunos estados —como el colombiano— han adoptado en procesos de transición, están los rituales de perdón, que se popularizaron de la mano de los modelos de justicia transicional, los cuales emergen a partir de la puesta en marcha de los tribunales de Núremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Con la premisa de que son un aporte al fin de un conflicto, este tipo de rituales fueron incluidos en el acuerdo con el que el Estado colombiano pretende implementar un modelo de justicia transicional.

Angelika Rettberg, doctora en filosofía política y profesora de la Universidad de los Andes, explica que la justicia transicional es un modelo que incluye múltiples mecanismos que van más allá del uso del derecho, y con estos, particularmente en nuestro país, se espera llegar a una restauración de las víctimas, más que a una sanción penal para los victimarios.

En palabras de Rettberg: “Los procesos de justicia transicional pasan de una lectura exclusiva de la justicia como castigo a los perpetradores, a un

énfasis mucho mayor en reparar el daño que causaron a la sociedad; por esta razón, hoy en día se les presta tanta atención a las víctimas y a las relaciones sociales que se ven afectadas por el conflicto. Ahora hay todo un repertorio de cosas que se hacen para que la justicia no solo se remita a la pregunta sobre cómo manejar la culpa de quienes perpetraron los actos, sino que también procure reparar el daño social. En ese marco se entienden los actos de petición de perdón”.

El perdón para las víctimas No hay una fórmula infalible para pedir perdón. Sin embargo, hay aproximaciones basadas en la observación de situaciones de conflicto en diferentes contextos. El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) señala, en el informe Más que palabras: las disculpas como formas de reparación, publicado en marzo de 2016, algunos atributos fundamentales para la ejecución de un acto de perdón: “Unas disculpas eficaces toman en consideración, de la manera más sensible, lo que las víctimas puedan estar sintiendo y pensando sobre lo que se está diciendo. Las disculpas deben honrar a las víctimas y señalar la importancia de restaurar el respeto por ellas, reconociendo su dignidad”, entre otras recomendaciones mencionadas en el informe.

A pesar de esto, pocas veces esta intencionalidad está presente. Con frecuencia, tales actos públicos son organizados por el Estado buscando resarcir viejas omisiones, y las víctimas quedan reducidas a una participación accesoria. El 25 de marzo de 2004, el presidente argentino Néstor Kirchner pidió perdón públicamente en nombre del Estado en el acto de inauguración del Museo de la Memoria en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Otros actos de este tipo se han llevado a cabo en otras latitudes. En Kenia, el presidente Uhuru Kenyatta presentó disculpas en el marco de la Comisión de la Verdad, en marzo de 2014. En ambos casos el papel de las víctimas consistió en un acto de acompañamiento a las disculpas ofrecidas por los jefes de Estado.

Si bien el informe del ICTJ alude al perdón como disculpa, insiste en reconocer “los límites y las complejidades de la disculpas cuando se ofrecen sin ir acompañadas de alguna otra medida de admisión de responsabilidades”. Los actos públi29

“Los procesos de justicia transicional pasan de una lectura exclusiva de la justicia como castigo a los perpetradores, a un énfasis mucho mayor en reparar el daño que causaron a la sociedad; por esta razón, hoy en día se les presta tanta atención a las víctimas y a las relaciones sociales que se ven afectadas por el conflicto.

cos de perdón son tan solo un mecanismo formal para la reparación de las víctimas. Para el caso de Colombia, el ICTJ resalta la concreción de la no repetición como uno de los desafíos importantes para asegurar un compromiso de paz más genuino.

El desafío colombiano En Colombia, las Farc han promovido cuatro eventos de este tipo, que responden a lo pactado en La Habana, Cuba. En el primer acto, realizado el 6 de diciembre de 2015, le pidieron perdón a la comunidad de Bojayá por el cilindro bomba que explotó en la iglesia, cuando la población se refugiaba de los combates entre grupos paramilitares y las Farc. En el segundo, esa organización guerrillera pidió perdón por los hechos ocurridos el 23 de enero de 1994 en el barrio La Chinita de Apartadó, Urabá antioqueño, donde fueron asesinadas 35 personas y trece más resultaron heridas.

El tercer acto estuvo dirigido a los familiares de los once diputados del Valle que fueron asesinados en cautiverio por esta guerrilla. Y, finalmente, el pasado 23 de septiembre, Pastor Alape, en nombre de las Farc, les pidió perdón a los habitantes de Granada, Antioquia, por los daños que causaron durante las dos décadas en las que desplegaron sus acciones militares en el municipio; especialmente, por la destrucción del pueblo con 400 kilos de dinamita el 6 diciembre del año 2000.

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Aunque estos gestos de reconciliación son los más representativos, desde la aplicación de la Ley 975 de 2005, en Colombia se han presentado actos de perdón ordenados por sentencias judiciales.

Igualmente ha sucedido con algunas decisiones de cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acostumbra recomendarlos como forma de reparación simbólica.

Esa intervención del derecho y del Estado en la motivación de los actos de perdón es una de las razones por las que algunos académicos y pensadores, como el filósofo Jaques Derrida, insisten en que estos actos no son rituales de perdón auténtico, sino escenificaciones en las que se tienen fines políticos como la búsqueda de la reconciliación.

Hay que recordar que Derrida da su debate a la luz de la reflexión sobre los crímenes de lesa humanidad, el exterminio del pueblo judío y algunos otros casos internacionales.

Esto, dicho en otras palabras, consiste en reconocer la impureza del perdón si está manchado por fines o condiciones políticas. Para este filósofo contemporáneo, “un perdón ‘finalizado’ no es un perdón, es solo una estrategia política o una economía sicoterapéutica”.

Para el caso colombiano, también hay quienes se han encargado de proponer una posición crítica frente al perdón. El profesor de la Universidad

del Rosario Adolfo Chaparro Amaya, en el texto La función crítica del perdón sin soberanía en los procesos de justicia transicional, plantea la necesidad de “construir un perdón sin soberanía” que sea incondicionado y que permita desligarse de las decisiones políticas como las amnistías o los perdones presidenciales.

“En principio, entonces, el perdón debe comprender dos singularidades: el culpable y la víctima.

Desde el momento en que interviene un tercero, se puede a lo sumo hablar de amnistía, de reconciliación, de reparación, etc., pero no ciertamente de perdón puro, en sentido estricto”, dice Derrida.

En el caso de las Farc, de acuerdo con Angelika Rettberg, profesora de ciencia política en la Universidad de los Andes, el objetivo es legitimarse ante la sociedad: “Según todas las encuestas, la gente esperaba verlos en la cárcel, y no está a favor de su participación en la política. Ahí hay un mensaje muy claro: tienen mucho trecho por recorrer para lograr la aceptación política por parte de la sociedad. Entonces, realizar este tipo de actos les permite, por un lado, reconocer que se equivocaron; eso lo han hecho tentativamente, y, por el otro, reparar sus relaciones con una sociedad que no los quiere y de la cual necesitan el aval para participar en política”.

En Granada, las Farc pidieron perdón Pastor Alape, miembro de la dirección de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común e integrante de la Comisión de Reincorporación, pidió perdón el 23 de septiembre a los habitantes de Granada, Antioquia, por el dolor que ocasionaron las FARC en medio de la guerra. Allí se comprometió a aportar al esclarecimiento de la verdad sobre las violencias que ocurrieron en este municipio y a la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Para algunos granadinos este gesto es un paso más hacia la reconciliación; para otros se trató simplemente de un acto con fines políticos.

La petición de perdón inició a las 9:30 de la mañana con un acto simbólico en el atrio de la parroquia Santa Bárbara, donde 50 víctimas de la Asociación de Víctimas Unidas de Granada, Asovida, encendieron velas como emblema de su compromiso con la paz y la reconciliación. Posteriormen-

te, el alcalde del municipio, Omar de Jesús Gómez Aristizábal, dio la bienvenida a los asistentes, entre los que se encontraban Antonio Araníbar, jefe de la Oficina Misión Naciones Unidas para Antioquia y Córdoba; Carlos Lopera, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; Jorge Mario Alzate, director de la Unidad de Víctimas de Antioquia; Adriana Valderrama, directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, y el sacerdote Pedro Pablo Ospina, director de la Pastoral Social de la Diócesis Sonsón-Rionegro, entre otras personalidades.

Frente a un templo colmado por habitantes del municipio, entre los que se encontraban hombres y mujeres que sostenían pancartas exigiendo respeto y cuestionando el perdón de las Farc, Gómez aseguró que “hoy estamos en el momento más significativo de la historia de Granada, pues estamos reinventando el municipio desde la mirada de la reconciliación y la paz”. Además, afirmó que los granadinos no pueden seguir viviendo en el dolor, pues “sería estar en un círculo vicioso donde no habría reconciliación ni oportunidad para el perdón; generaríamos un legado de odio a las personas que quieren disponer unas palabras a favor de la paz”.

El padre Óscar Orlando Jiménez, quien ofició la eucaristía y fue párroco de Granada durante los años más difíciles de la guerra, afirmó en su homilía que el mundo, Colombia y Granada necesitan del perdón para que la paz sea posible, y se enfocó principalmente en la dimensión moral y personal del mismo: “Perdonar no es permitir que quien nos agredió se salga con la suya o que quede impune el daño que nos causó. El perdón es la mejor decisión que podemos tomar porque nos libera y nos permite ser capaces de salir adelante, independientemente de que la persona que nos hizo daño lo reconozca o no”.

Jiménez insistió en que el perdón no es para frágiles, citando los casos de Martin Luther King, Nelson Mandela, Juan Pablo II, san Pablo y Jesucristo, quienes tuvieron la valentía de perdonar a sus agresores. La homilía cerró con la invitación a que cada uno de los asistentes hiciera un acuerdo de paz consigo mismo y luego con los demás, para transitar el camino de la tan anhelada reconciliación para el país. A pesar de las palabras del sacerdote, cuando finalizó la eucaristía, la mitad de los 31

asistentes abandonaron el templo y no presenciaron el acto de perdón oficial.

El párroco Jorge Eliécer Montoya dio inicio al acto central en el que víctimas de las Farc y Pastor Alape compartieron discursos sobre el perdón y la reconciliación. En sus intervenciones citó algunos fragmentos del discurso que pronunció el papa Francisco en Villavicencio, en su encuentro con víctimas del conflicto, como “quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos, y que así todos podamos mirar y caminar hacia adelante con fe y esperanza”.

Por parte de las víctimas hablaron Wilson Giovanny Salazar, Hernán Gómez, Rubiela López, Gloria García y Jaime Montoya. Omar Salazar, hermano de Wilson Giovanny, fue una de las 23 víctimas de la toma guerrillera del 6 de diciembre de 2000. En su discurso, Wilson calificó la jornada como un acto de humildad y criticó que el país estuviera lleno “de arrogancia, de soberbia, de verdades absolutas. Si queremos perdonar, debemos ser humildes pero ¿qué se perdona? Se perdona lo imperdonable porque de otra manera es el mismo diálogo de monólogos, solo disculpitas infantiles; debemos construir un país donde aflore la diversidad y podamos dialogar con todo entusiasmo y creatividad para que nuestros hijos tengan una mejor morada”.

Igualmente, Hernán Gómez Gómez, hermano del exalcalde Jorge Alberto Gómez Gómez, asesinado por las Farc el 13 de julio de 2001, aseguró que desde hace varios años había perdonado a la guerrilla por la muerte de su hermano, pues lo que ha buscado siempre ha sido la verdad y su sanación.

Gómez también recordó las palabras de Francisco en Villavicencio, quien decía que a Colombia le hace falta memoria para el pasado, coraje para el presente y esperanza de futuro. “La profundidad de este texto nos lleva a entender que si la mayoría de los colombianos comprendiéramos que el camino correcto para construir un nuevo país es el perdón, seguramente viviríamos en condiciones mejores. Esperamos la no repetición, que haya compromisos para la reparación de las víctimas y que todo se dé a pesar de las dificultades que existen, porque es imposible que todos estemos de acuerdo”.

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Finalmente, el delegado de las Farc, Pastor Alape, inició su discurso expresando que a Granada no llegaron con la intención de justificar lo injustificable. Manifestó que las Farc cargan con responsabilidades en la guerra en muchos territorios del país y que, para alcanzar la paz y la reconciliación, será necesario replicar estos actos de solicitud de perdón con víctimas de todo el país: “Traemos nuestro corazón abierto, dispuesto a reconciliar, dispuesto a que nos entiendan, pero también dispuesto a comprender a quienes no estén en capacidad de perdonar; es humano y así creemos que tiene que ser”.

Alape explicó que además de reconocer las responsabilidades, las Farc pueden comprometerse con decir la verdad sobre sus acciones en el marco del conflicto, para aportar a la reparación de las víctimas. “Queremos que esto sea un gesto de humanidad, un gesto de reconciliación, donde lo único que podemos poner es nuestra disposición a la verdad, es nuestro esfuerzo para que la verdad se conozca”, expresó.

Así mismo, dijo que en esos procesos de esclarecimiento de la verdad, las Farc pueden comprometerse con aportar información para la búsqueda de personas que fueron desaparecidas en medio de la guerra y que para ello adelantan procesos con la recién creada Unidad de búsqueda de personas dadas como desaparecidas.

Finalmente pronunció las palabras que la comunidad granadina estaba esperando: “No tendría más qué decir que extender nuestros brazos ante ustedes, que les entregamos nuestras manos abiertas, esperando que algún día nos perdonen, con el perdón que nace del corazón, con el perdón que nace del profundo espíritu de paz”.

Alape no mencionó en su discurso hechos victimizantes puntuales cometidos por las Farc en Granada, como el ajusticiamiento de civiles, el desplazamiento, la desaparición forzada y el emblemático carrobomba detonado el 6 de diciembre de 2000, que destruyó el pueblo y dejó 23 víctimas, de las cuales 19 eran civiles. La generalidad de sus palabras suscitó ciertos reclamos de víctimas que no estaban de acuerdo con el acto de perdón, quienes se le acercaron en privado a preguntarle por el paradero de sus familiares desaparecidos.

El evento cerró con la firma del compromiso “Nunca más” por parte de representantes de las víctimas y de delegados de las Farc: “Somos habitantes de Granada con un sueño de paz que iremos construyendo con todas las voces y todas las manos. Anhelamos un territorio tranquilo donde todos podemos habitar. Este es un sueño colectivo de vida, de justicia y de paz”. Una copia de este documento quedará en el Salón del Nunca Más y en la Casa de la Memoria del corregimiento de Santa Ana.

Reacciones tras el acto de perdón Sonia Suárez, integrante de la Asociación de Víctimas y del Comité Interinstitucional del municipio de Granada: “El solo hecho de que Pastor Alape haya estado acá, que nos haya dado la cara, ya es importante para nosotros. Desde un principio manejábamos el siguiente lema: ‘No importa qué tanto perdón nos vengan a pedir, nos importa qué tanto perdón estamos dispuestos nosotros a dar’, y tenemos claro que eso es lo que más nos va a ayudar a sanar.

Ya no estamos pensando en lo que ellos puedan hacer por nosotros, con esta decisión del perdón nuestra se nos van a abrir muchos caminos en la vida. Yo lo sentí a él sincero, y como él lo expresó inicialmente, no vinieron a justificar lo injustificable, porque todo lo que pasó ya no se puede resarcir, las vidas que se perdieron, la destrucción que hubo, tanto dolor que causaron; lo único que

hemos podido hacer y seguiremos haciendo es, a través de toda esta experiencia y dolor sufrido, fortalecernos, unirnos, salir adelante y caminar como comunidad”. Ángela Ramírez, víctima del conflicto armado y habitante de Granada: “Uno sabe que el acto es una farsa, que ellos están buscando bienes políticos. A uno se le remueven todos los recuerdos, todo lo que le pasó.

A nosotros nos dio muy duro la violencia, nos mataron a una hermana en abril del 2000, también asesinaron a un sobrino en el carrobomba que acabó con el pueblo. Yo pienso que ellos no son sinceros, están buscando beneficios políticos; si tuvieran algo de humanidad, ya hubieran entregado a todos los que tienen por ahí enterrados.

Yo quise venir a escucharlos y quería hablar, pero solo hablan los que dicen sí perdono; es muy duro perdonar de corazón porque a uno no se le olvida lo que pasó”.

Pedro Pablo Ospina, director de la Pastoral Social de la Diócesis Sonsón-Rionegro: “Este acto de perdón es un primer paso para construir paz social y es un llamado para reconciliarnos con las personas que han hecho la guerra en Colombia. Después de una violencia tan cruda con las Farc, este evento nos impulsa a empezar a desmontar el lenguaje, a desmontar la guerra verbal, la guerra de los corazones heridos, y es un llamado de atención también para las personas

Alape

no mencionó en su discurso hechos victimizantes puntuales cometidos por las Farc en Granada, como el ajusticiamiento de civiles, el desplazamiento, la desaparición forzada y el emblemático carrobomba detonado el 6 de diciembre de 2000, que destruyó el pueblo y dejó 23 víctimas, de las cuales 19 eran civiles.

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que todavía siguen con el odio, que merecen por supuesto todo nuestro respeto. Vi mucho heroísmo en el acto, el de las víctimas, que es un ejemplo para aquellos que vieron la guerra por televisión y que en muchos casos son quienes más odio sienten. Y finalmente es un acto que nos invita a pensar en el futuro, puntualmente el trabajo que nos corresponde para ayudar en la búsqueda de los desaparecidos a través de la verdad, que fue lo que mencionó este miembro de las Farc en su discurso”.

Pastora Mira García, víctima del conflicto armado en San Carlos: “Hoy es un día de resurgimiento, volvemos a retomar nuestra dignidad. El mensaje que escuché de parte del representante de las Farc, Pastor Alape, se refiere a la necesidad que tenemos de mirarnos a los ojos como hermanos, de perdonarnos entre quienes estuvimos en diferentes orillas para poder reconciliarnos. Y en cuanto a su compromiso de ayudarnos a encontrar a nuestros desaparecidos, esa deuda social tan alta que tienen

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con tantas familias que no han podido, que no hemos podido aún, iniciar ese duelo, creo que es un compromiso sincero de su parte, así lo sentí, y apunta a una necesidad de todo este Oriente antioqueño, si iniciamos la reparación por ahí, estará muy bien”.

Antonio Aranibar, jefe de la Oficina Misión Naciones Unidas para Antioquia y Córdoba: “Este acto de perdón congregó a muchas organizaciones, fundamentalmente a la Iglesia católica que le ha dado seguimiento al mensaje del Papa en su visita a Colombia. Entendemos que haya corazones que todavía no están listos para este tipo de perdón. El mensaje que transmite es fundamental porque abre el camino de la reconciliación, el único que nos puede llevar a construir una paz sostenible y duradera en Colombia, pero también es importante porque se comprometió con las garantías de no repetición. Granada ha renacido varias veces, que esta vez renazca con la convicción y la certeza de que esos hechos de violencia no deben, no pueden y no van a repetirse nunca más”.

Performance “Memoria y arte”, en desarrollo del Diploma Memoria Histórica 2017

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Pecados y bondades de la Iglesia en el conflicto colombiano En el encuentro con las víctimas en Villavicencio, el papa Francisco le dirigió un discurso sobre reconciliación a la sociedad colombiana, en el que se entrevé el compromiso actual de la Iglesia con la paz en Colombia. Sin embargo, a lo largo del conflicto armado, esta institución ha tenido diferentes posturas frente la guerra y la paz. El historiador e investigador William Plata explica en esta entrevista cómo ha sido la participación de la Iglesia en la guerra nacional.

Juan Camilo Castañeda Arboleda Periodista de Hacemos Memoria.

Autor del libro Nuestro otro infierno: Violencia y guerra en Manrique

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ías antes de la visita del papa Francisco a Colombia, Medellín se llenó de vallas que fueron instalada por la Alcaldía y la Arquidiócesis de la ciudad: unas le daban la bienvenida y otras le atribuían frases como esta: “El primero en olvidar es el más feliz”, una afirmación polémica porque no fue pronunciada por Francisco, y que además planteó un interrogante: ¿Qué quiere olvidar la Iglesia? “¿Se referirá a la pedofilia, la colaboración con dictaduras, desprecio a las mujeres, condena a los gays?”, se preguntó el periodista Martín Caparrós en un trino.

William Plata, historiador que en los últimos veinte años se ha dedicado a estudiar la religión en Colombia, considera que uno de los principales problemas de la Iglesia católica en el país es que quiere negar la historia, probablemente, porque esas memorias podrían dejar en evidencia la actuación de esta institución en los distintos escenarios de violencia que ha vivido el país desde el siglo XIX. En un fragmento de una investigación que adelanta junto al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a partir de la literatura académica que se ha producido sobre la participación de la Iglesia en el conflicto armado colombiano, Plata destaca dos actitudes por parte del clero en respuesta a la guerra.

La primera es una actitud de intransigencia frente a las ideas de la modernidad y del liberalismo en el siglo XIX, y en contra de corrientes 36

ideológicas como el socialismo y el comunismo en el siglo XX. Una postura con la que algunos curas promovieron, por ejemplo, la persecución de liberales en los años cincuenta. Por otro lado, a algunos sectores de la Iglesia se les reconoce, a finales del siglo XX, como promotores de cambio social, de paz y de resistencia a la violencia.

William Plata creció en Betulia, Santander, un municipio afectado durante las décadas de 1980 y 1990 por la confrontación entre paramilitares, guerrillas y Ejército. En este pueblo, que hace parte de la región del Magdalena Medio, conoció de cerca el trabajo de los sacerdotes que salían a las calles y trabajaban para las comunidades. Se creó así la imagen de una iglesia social.

En Bogotá, cuando fue a estudiar historia en la Universidad Nacional, conoció el sector más conservador de la Iglesia. Sus estudios universitarios lo llevaron a interesarse por la religión en Colombia.

Plata, doctor en historia, arte y arqueología en la Universidad de Namur, en Bélgica, vio con preocupación que los relatos de memoria que se construyen en el país no abordan el papel de la Iglesia; por esta razón, le propuso al CNMH realizar un informe que se pregunte por la actuación del clero en la guerra; una investigación que hoy adelanta con el grupo Sagrado y Profano de la Universidad Industrial de Santander, donde se desempeña como docente e investigador.

Hacemos Memoria conversó con él para conocer su opinión sobre el papel que ha cumplido la Iglesia en el conflicto armado colombiano. ¿Por qué esa actitud de intransigencia por parte de la Iglesia frente a las ideas modernas y liberales?

—La Iglesia en Europa estuvo fuertemente anclada a las monarquías, a eso se le conoce como estado de cristiandad, y se vivió en la Edad Media y aquí en la Colonia. Lo religioso era político a la vez y había una simbiosis muy clara. Ese modelo lo rompió la Revolución francesa de una manera muy dramática, y en Francia, particularmente, con mucha violencia. Eso hace que la Iglesia se repliegue por miedo y decida condenar el mundo moderno y las ideas liberales. ¿Cómo se refleja esa intransigencia en Colombia?

—Después de la Independencia, los gobiernos liberales del siglo XIX crearon una serie de leyes que afectaron los interés económicos y políticos de la Iglesia. En su gobierno, Tomás Cipriano de Mosquera le quitó todos los bienes a la Iglesia con políticas como la desamortización.

Aunque aquí no hubo violencia directa contra los curas, coincidió con lo que estaba pasando en Europa. Eso generó una reacción de intransigencia en la Iglesia que decidió meterse con lo político.

Es el partido conservador el que hábilmente utiliza a la Iglesia como aliada. Aparecen, entonces, los curas que llamaron a la rebelión en contra de los gobiernos liberales. No faltó el que dijera que ser liberal era pecado. En eso se fue la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX, lo que marcó sensiblemente el clero colombiano.

Pero se debe aclarar algo: el clero no es homogéneo. En regiones como Antioquia, aún hoy, la Iglesia tiene mucha incidencia. Pero no ocurre lo mismo en la costa Atlántica o en Santander. Esas divisiones comenzaron a notarse después de la primera mitad del siglo XX. ¿Cuáles son las contradicciones y divisiones que se dan dentro de la Iglesia colombiana en la década de 1960?

—En ese momento, algunos curas se fueron del país, muchos a estudiar a Europa. Allí vieron cambios, reformas y movilizaciones. Cuando regresaron, encontraron que la jerarquía eclesiástica en Colombia tenía una actitud muy retardataria. Los recién llegados plantearon propuestas y rupturas.

El caso más emblemático es el de Camilo Torres, que termina en la guerrilla.

En esta época, internacionalmente, la Iglesia no tenía esa actitud intransigente: muchos grupos intentaron conciliar con la modernidad y propusieron corrientes e ideas. Esta línea triunfa con el Concilio Vaticano II. La década de 1960 también representa transformaciones para América Latina; sobre todo, por los procesos de urbanización. Muchas personas llegaron a las ciudades en condiciones de pobreza, y las urbes no estaban preparadas para recibirlos.

Esta situación evidenció la injusticia social.

Con esta fractura, varios obispos y sacerdotes latinoamericanos iniciaron trabajos alternativos: 37

su acción evangelizadora no se enfocaba solo en predicar para el alma, sino que se trataba de algo más integral. Esas experiencias fueron sistematizadas por el peruano Gustavo Gutiérrez en 1969, y a eso se le llamó teología de la liberación.

la Universidad Nacional como capellán, después como político en el partido Frente Unido que intentó organizar. Pero la gente todavía era muy campesina en su mentalidad y no se movía en ese tipo de partidos.

¿Qué papel jugó la II Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en este contexto?

Creo que Camilo Torres no tuvo paciencia, porque el clero y varios sectores políticos lo persiguieron y lo atacaron muy fuerte. En esa época, además, se pensaba que la revolución era cuestión de meses y, en parte por eso, entró al ELN.

—En la II Conferencia del CELAM, que se realizó en Medellín, los obispos que habían trabajado en esos procesos transformadores, sobre todo los del Cono Sur, declararon la opción preferencial de la Iglesia por los pobres. Esa apuesta motiva muchas acciones.

¿Cuáles son las secuelas de esa intransigencia de la Iglesia en nuestro conflicto más reciente?

—Esa intransigencia pasa del campo religioso y se instala en la política. El Frente Nacional intentó frenar esa violencia, pero vino la exclusión de la izquierda, la cual reaccionó armándose. Después vinieron los paramilitares, y con Álvaro Uribe volvió a surgir el discurso radical; y esa intransigencia se vio reflejada en el plebiscito.

Cuatro años después, el CELAM se retracta, aunque no oficialmente. Desde Roma, nombran como presidente de este Consejo al tolimense Alfonso López Trujillo, un joven sacerdote de 38 años que tenía fama de anti-izquerda. Él fue una especie de espía: señalaba a los curas que trabajaban en una línea social, fueran de izquierda parecen, entonces, los curas que llamaron a la o no, para que los mandaran a Roma o fueran rebelión en contra de los gobiernos liberales. No suspendidos.

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Esta fue la destrucción de una experiencia que pudo haber sido muy interesante... Pero a todos estos curas los veían como comunistas.

faltó el que dijera que ser liberal era pecado. En eso se fue la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX, lo que marcó sensiblemente el clero colombiano.

¿Y es en ese momento cuando aparecen curas como Camilo Torres?

—Sí, aquí la experiencia es la misma que en el resto de Latinoamérica. Una sociedad injusta y fragmentada, pero muy católica; una contradicción a los valores que promueve el catolicismo.

Muchos sacerdotes, siendo el caso más dramático el de Camilo Torres, no querían hacer parte de esa contradicción y actuaron en consecuencia.

Cuando Camilo Torres vuelve de Europa, impregnado de esas corrientes que conciliaban con la modernidad, se encuentra con la realidad de los barrios marginales de Bogotá, y comienza un trabajo de crítica política muy fuerte; primero, en 38

Esa actitud nos ha afectado para mal, pues ha impedido el desarrollo de la democracia. Y no solo se trata de una actitud de la derecha, sino también de la izquierda; es una actitud de la cultura política colombiana. Nos falta mucho por aprender, porque siempre excluimos al que piensa diferente. ¿En qué momento la Iglesia empieza a asumir una postura decidida en pro de la paz?

—A nivel religioso, todavía quedan muchos retazos de esa intransigencia. Hasta la década de 1990, todos los curas que pensaban en clave social eran atacados. Incluso, hubo sacerdotes que, lastimosamente, trabajaron con el paramilitarismo.

Muchos sacerdotes, sobre todo en las grandes ciudades, asumieron una actitud personal de oposición frente a los diálogos con las guerrillas. Pero otros curas que trabajaban en zonas donde las dimensiones del conflicto armado eran muy grandes, apoyaban los diálogos por una cuestión de supervivencia.

La Constitución de 1991 fue fundamental, pues acabó con los grandes privilegios que tenía la Iglesia y permitió que la sociedad se abriera al diálogo.

Eso llevó a que el episcopado fuera más consciente y trabajara por el tema de la paz y por el éxito de los diálogos. ¿La Iglesia debería pedir perdón?

—Uno de los problemas de nuestra sociedad es que quiere negar la historia, y esa también es una ac-

titud de la Iglesia. No queremos recordar porque nos duele. A la Iglesia no le interesan mucho esos procesos de memoria, porque puede salir mal parada.

Tenemos cierta amnesia consentida, pero la Iglesia sí debería pedir perdón por haberse unido a un partido político, por haber promovido y patrocinado más de una guerra en el siglo XIX, por haber permitido la matanza ocurrida en los años cincuenta, por haber apoyado una empresa paramilitar, por no haber sido más comprometida con el cambio, por haberse aliado con el poder. El papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por la Inquisición, y aquí nunca se han hecho cosas de ese estilo; entre otras cosas, porque no se sabe qué pasó y no se quiere saber. Cuando uno pide perdón, depone las armas y desarma los espíritus. Las víctimas lo único que quieren es que les pidan perdón.

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Yosef Yerushalmi: el valor del olvido en la transmisión de la memoria

Por Yhobán Camilo Hernández Cifuentes Periodista, estudiante de la Maestría en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, EIB, Universidad de Antioquia.

Colaborador de Hacemos Memoria

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n el texto Reflexiones sobre el olvido, el historiador judeoestadounidense Yosef Hayim Yerushalmi plantea la tesis de que es necesario generar un equilibrio entre el olvido y la memoria, principalmente en los procesos de memoria colectiva, para facilitar así la transmisión y la recepción del conjunto de valores y creencias que hacen parte de la identidad y el destino de una sociedad.

Dicho planteamiento cobra especial relevancia en un mundo globalizado como el actual, que ante la inmediatez de los acontecimientos está empecinado en guardar registro de todo. Por ello, el presente texto desarrolla su exposición con base en la pregunta central que hace Yerushalmi en su obra: ¿En qué medida nos hace falta olvidar o recordar?

El planteamiento de este historiador se identifica con lo expresado por otros autores en el sentido de que recordar implica olvidar.

Pero no solo refiere el olvido como parte inherente de los procesos de memoria colectiva, sino que le da un valor o lugar significativo al hecho de olvidar, planteándolo como una acción que permite desechar aquellos elementos del pasado que no le aportan al futuro o que no pueden integrarse al sistema de valores de una sociedad.

De alguna manera, en el texto de Yerushalmi, el olvido aparece también como un pasado perdido, sobre el cual actúa un proceso de reminiscencia que extrae los elementos constitutivos de la cultura de una sociedad en aras de poderlos transmitir a las futuras generaciones.

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Por ello, para el autor existe la necesidad de construir una sociedad de valores que permita transformar la historia en memoria, pues piensa que actualmente el papel de la historia no contribuye a la memoria colectiva y por ende no aporta a la recepción y transmisión de las tradiciones y creencias que constituyen la identidad de los pueblos.

Como una manera de introducir sus planteamientos, Yerushalmi inicia su exposición trayendo a colación dos obras del psicólogo ruso Alexandr Romanovich Luria. La primera sobre un hombre que perdió la memoria y la segunda sobre un hombre que podía recordarlo todo.

Y así, haciendo una sencilla comparación, plantea una paradoja: tanto recordarlo todo, como no poder recordar nada, se convierte en un conflicto para cada personaje. De esta manera, el autor deja claro que debe existir un equilibrio o definirse un límite entre lo que se olvida y lo que se recuerda.

La Tora fue olvidada

total o parcialmente en al menos tres ocasiones de la historia judía, sin embargo luego pudo ser recuperada. Y aquí, el autor plantea una de sus ideas principales: “aquello que el pueblo ‘olvidó’ puede, en ciertas circunstancias, ser recuperado”

Partiendo de lo anterior, Yerushalmi divide su texto en cinco numerales en los que va abordando una serie de nociones y situaciones que le permiten profundizar poco a poco los argumentos centrales de su tesis, hasta finalmente consolidar un planteamiento más estructurado sobre el papel del olvido y la importancia de la memoria colectiva en la construcción cultural e identitaria de las sociedades; y en el caso puntual de su obra, de la sociedad judía. Por ello, el autor centra su análisis en el libro y en la ley sagrada del judaísmo: la Tora y la halakhah.

Inicialmente el autor aborda las nociones de memoria y reminiscencia. Luego se refiere a los usos del olvido poniendo como ejemplo el caso de la biblia hebrea. Posteriormente problematiza sobre el olvido colectivo, y en esta parte aborda el asunto de la recepción y la transmisión de la memoria como un proceso clave para las generaciones futuras. Finalmente, presenta una serie de conclusiones que están ancladas al caso de la sociedad judía y la transmisión de sus leyes y creencias, no sin antes debatir sobre el papel de la historia y más específicamente sobre cómo la historicidad afecta la memoria colectiva, como también lo hace la aceleración del tiempo en la actualidad.

A mi modo de ver, los asuntos claves para entender la tesis de Yerushalmi están en la manera como los judíos recuperan la Tora, el libro que guarda sus tradiciones culturales y religiosas. La Tora fue olvidada total o parcialmente en al menos tres ocasiones de la historia judía, sin embargo luego pudo ser recuperada. Y aquí, el autor plantea una de sus ideas principales: “aquello que el pueblo ‘olvidó’ puede, en ciertas circunstancias, ser recuperado” (1989, p. 21).

No obstante, Yerushalmi deja claro que esos recuerdos colectivos que se recuperan vuelven transformados o metamorfoseados a la memoria. Y en este sentido va otra de las ideas fuertes del texto, cuando se hacen estos procesos de anamnesis (reminiscencia), se olvida aquello que no es importante de transmitir a las futuras generaciones. En el caso de los judíos, el autor dice que “lo único que la memoria retiene es aquella historia que puede integrarse en el sistema de valores de la halakhah. El resto es ignorado, ‘olvidado’” (1989, p. 20).

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En la reflexión sobre memoria y olvido que plantea el autor, la halakhah resulta esencial para entender el sentido de lo que él argumenta, principalmente en relación con el asunto de cómo la memoria y también el olvido le dan forma a la tradición, a la identidad, al futuro.

Por eso, al final del texto aclara que halakhah no significa ley en el sentido estricto de la palabra, sino que “viene de la palabra hebrea halakh¸ que significa ‘marchar’; es, por lo tanto, el camino por el que se marcha, el Camino, la Vía, el Tao, ese conjunto de ritos y creencias que da a un pueblo el sentido de su identidad y de su destino” (1989, p.

22). Y lo que afirma Yerushalmi es que cada pueblo tiene su halakhah.

Memoria y olvido, categorías interrelacionadas Las dos categorías centrales en el texto de Yerushalmi son la memoria y el olvido. Y es que si bien el artículo se titula “Reflexiones sobre el olvido”, el autor no construye su argumentación solo en torno a la categoría de olvido sino que articula ésta a la categoría de memoria, en tanto ambas se relacionan entre sí y de cierta manera se complementan. Si fuera necesario jerarquizar entre las dos, diría que la categoría principal es la memoria y que en un segundo nivel está el olvido, en tanto el autor pone su centro en la construcción de la memoria y en la manera como el olvido contribuye en ese proceso.

En cuanto a los conceptos y nociones que usa Yerushalmi, identifico en principio los conceptos de mnémesis (memoria) referido por el autor en un sentido de continuidad, ininterrupción; y anamnesis (reminiscencia) concebido como el proceso de recordar lo que se olvidó. A partir de esos dos conceptos, el autor abordará las nociones de olvido colectivo y memoria colectiva, las cuales, advertirá, se trata de nociones problemáticas.

Aparecen además en el texto, aunque de manera menos tangible, las nociones de tiempo y espacio. El tiempo en relación con el pasado, el presente y el futuro, sobre los cuales se construyen los procesos de memoria y olvido colectivos; y el espacio asociado al concepto de los lugares de memoria, construido por Pierre Nora, para destinar esos artefactos en los que se deposita la memoria. En su texto, Yerushalmi advierte que en otro momento él mismo los llamó “canales y receptáculos de la memoria”.

En la reflexión

sobre memoria y olvido que plantea el autor, la halakhah resulta esencial para entender el sentido de lo que él argumenta, principalmente en relación con el asunto de cómo la memoria y también el olvido le dan forma a la tradición, a la identidad, al futuro.

Esto último tiene relación con la noción de “cadena de tradición”, que el autor sustenta en los conceptos de recepción, que podemos entender como el acto de recibir en el presente la memoria del pasado; y de transmisión, entendiéndolo como la acción de transmitir o entregar a futuro la memoria construida en el presente.

Finalmente, quiero plantear que la noción de “cadena de tradición”, implica obviamente el concepto de tradición, que en Yerushalmi bien puede definirse desde el mismo significado que los judíos le han dado a la halakhah. Desde allí podríamos decir que para el autor el concepto de tradición se condensa en “ese conjunto de ritos y creencias que da a un pueblo el sentido de su identidad y de su destino”, como lo referí anteriormente.

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Conclusiones Una primera conclusión que presenta el autor es que en su tradición el pueblo judío le otorgó un lugar privilegiado al problema de la memoria y el olvido. Y esto lo afirma argumentando que los ejemplos y situaciones descritos en su texto, dan cuenta de que a lo largo de su historia los judíos han atravesado procesos de memoria colectiva, crisis de olvido y anamnesis colectivas.

De una manera más abierta, y dejando más inquietudes que conclusiones, Yerushalmi concluye que el campo del olvido es tan extenso que hay un olvido que no se puede ni mencionar, dice él, un olvido que fue olvidado por completo. De cierta manera, deja así abierta la puerta a una infinidad de reflexiones, discusiones o problemas que pueden desarrollarse a partir del olvido.

Plantea además el autor que la fenomenología de la memoria y el olvido colectivo es esencialmente la misma en todas las sociedades.

Y a partir de esto concluye que los elementos del pasado que constituyen la identidad y la cultura de un pueblo pueden sobrevivir en la medida en que se conviertan en una tradición.

El autor concluye también que los procesos de reminiscencia transforman inevitablemente su objeto, de cierta manera hacen que el pasado se convierta en presente, que lo antiguo sea nuevo, y eso lo explica en el hecho de que todo proceso de ‘reforma’ o de ‘renacimiento’, “regresa a un pasado a menudo distante para recuperar episodios olvidados o dejados de lado para los cuales hay un súbito acuerdo, una empatía, un sentimiento de gratitud” (1989, p. 22).

Otra conclusión que se desprende del texto es que la historia de los historiadores no es ni memoria colectiva ni un recuerdo en su sentido más primario. Esto, argumenta el autor, se debe a que no pasa por procesos de mneme y anamnesis, y a que el pasado que restituye la historia “es un pasado perdido, pero no aquel de cuya pérdida nos lamentemos” (1989, p. 23).

Y tal vez la conclusión que más problematiza, que mejor resume el argumento del autor y que a la vez deja abierta la puerta al debate, es que, en palabras de Yerushalmi, “nuestro verdadero problema es que ya no disponemos de una halakhah”, pues según el autor estamos en un mundo que enfrenta una crisis cultural y espiritual de la cual se deriva la crisis del historicismo y la dificultad, cuando no imposibilidad, para saber qué se debe dejar de lado y qué se debe recordar, es decir, para generar ese equilibrio entre memoria y olvido.

Referencia —Yerushalmi, J. H. (1989). “Reflexiones sobre el olvido”. En: Usos del olvido. Comunicaciones al coloquio de Royaumont. Buenos Aires: Nueva Visión. Pp. 13-26.

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Pierre Nora: lugares que redefinen los sentidos de la memoria

Por Margarita Isaza Velásquez Periodista, coordinadora de Hacemos Memoria. Estudiante de la Maestría en Ciencia de la Información, Énfasis en Memoria y Sociedad, EIB, Universidad de Antioquia

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ierre Nora plantea en “Entre memoria e historia. La problemática de los lugares”, capítulo de Les lieux de mémoire, que en el momento presente de la sociedad ha habido una ruptura consciente con el pasado, que se confunde con un desgarramiento de la memoria, todo lo cual produce una búsqueda incesante de la memoria de ese pasado al que no se puede regresar. Obedecen esta ruptura y este desgarramiento, vertidos en una aceleración del tiempo, a fenómenos de masas como la mundialización, la democratización y la mediatización; en suma, a una globalización que habla sobre todo del ahora aunque lucha por traer al presente el pasado.

A partir de allí, el autor hace un recorrido por las relaciones entre ambos conceptos, teniendo como mediador el hilo del tiempo, para poder explicar qué son los lugares de memoria, cómo es esa memoria que guardan y qué les plantea a los hombres en su necesidad constante de significación. Más que desarrollar una tesis principal, Nora empieza a problematizar la noción y el uso de los lugares de memoria, porque no son ya la historia y los acontecimientos los que pueden proyectar alguna luz en el presente sobre las vivencias de los individuos partícipes de las sociedades.

Dice el autor que ocurre en este periodo, posterior a la Revolución francesa, el fin de las sociedades-memorias y de las ideologías-memo-

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rias, ambas atadas a cierta moral que, o bien quiere heredar valores en vez de tradiciones, o bien busca legar progreso o revolución para el futuro de “naciones” atrapadas en un presente continuo que vive de lo efímero, de lo actual.

La memoria verdadera, social, y la historia, entendida esta como aquello que las sociedades hacen con el pasado, toman distancia entre sí, no solo desde lo que los individuos y las colectividades crean y entienden frente al tiempo, sino también desde el análisis o desde la teoría: memoria e historia se separan en el quehacer y en la explicación del mundo, y lo que pasa entonces es que ambas, al decir de Nora, sufren adecuaciones que las resignifican en el contexto contemporáneo.

Es así como con tales adecuaciones, la memoria y la historia, ahora oponibles, son descritas bellamente por Nora en un párrafo que vale la pena citar entero, porque conceptualiza cada camino, uno en función del otro, y esto permite, más adelante en el capítulo, comprender las primeras nociones asociadas a los lugares de la memoria.

La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes y, en ese sentido, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones. La historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente eterno; la historia, una representación del pasado. Por ser afectiva y mágica, la memoria solo se ajusta a detalles que la reafirman; se nutre de recuerdos borrosos, empalmados, globales o flotantes, particulares o simbólicos; es sensible a todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones. La historia, por ser una operación intelectual y laicizante, requiere análisis y discurso crítico. La memoria instala el recuerdo en lo sagrado; la historia lo deja al descubierto, siempre prosifica. La memoria surge de un grupo al cual fusiona, lo que significa, como dijo Halbwachs, que hay tantas memorias como grupos, que es por naturaleza múltiple y desmultiplicada, colectiva, plural e individualizada. La historia, por el contrario, pertenece a todos y a nadie, lo cual le da vocación universal. La memoria se enraíza en lo concreto, el espacio, el gesto, la imagen

y el objeto. La historia solo se liga a las continuidades temporales, las evoluciones y las relaciones de las cosas. La memoria es un absoluto y la historia solo conoce lo relativo (Nora, 2009, pp. 20-21).

A partir de esta oposición de conceptos, de maneras de ver el mundo, el autor pareciera mostrar a la memoria como enemiga de la historia, lo que da inicio a una historia de la historia o, llamado de otra forma, una conciencia historiográfica. Esto no es otra cosa que la misma historia tratando de bloquear en ella misma lo que no es historia, “descubriéndose como víctima de la memoria y esforzándose por liberarse de esta” (Nora, 2009, p. 22).

En ese sentido, la conciencia historiográfica implica fortalecer la tradición y asociar el pasado a unos mitos y objetos que en vez de debilitar su sentido por fuerza de incluir otras miradas, terminan sacralizándolo y haciéndolo cimiento del artilugio antes nombrado como nación y, a partir de la década de 1930, ante la ausencia de amenazas a su conformación y cohesión, empieza a definirse como sociedad.

Aparece, entonces, uno de los planteamientos más interesantes del capítulo, que tiene que ver con los usos del tiempo en los conceptos de memoria e historia. Dice Nora que con el advenimiento de la sociedad, la legitimación por el pasado y por la historia cede ante la legitimación por el futuro, al que ya no hay que erigirle altares como ocurría con el pasado, sino que hay que prepararlo, o sea interpretarlo como la búsqueda de progreso, lo que conlleva a una desritualización, a un empequeñecimiento de aquello que quedó atrás y a poner la mirada sobre lo que pueda seguir, en donde sin duda los patrimonios son privados, hablan para pocos y no tienen que ver ya con el mundo común del ayer, pletórico de héroes y banderas, que conformó la nación.

En este punto, Nora empieza a esbozar el concepto de los lugares de memoria: “Son, ante todo, restos, la forma extrema bajo la cual subsiste una conciencia conmemorativa en una historia que la solicita, porque la ignora” (2009, p. 24). Esto significa que el pasado antes venerado o visto como tradición se ha desdibujado a tal punto que empiezan a requerirse lugares físicos o materialidades para invocarlo y tratar de reconstruir sus glorias para un público que no lo vivió y es incapaz de apreciarlo. Los lugares de memoria son una espe47

La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes

y, en ese sentido, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones.

cie de espejo empañado que refleja un ayer bastante impreciso, pero ayer al fin y al cabo.

Entonces, por causa de la aceleración del tiempo, con la historia convertida en ciencia social y con la memoria más cercana a lo que persiste del pasado en el presente, explica el autor que ocurre una obsesión por el archivo y lo material que se sale del ámbito de los intelectuales, historiadores y anteriores guardianes de la tradición, para alcanzar a todas las personas, que parecieran necesitadas de atrapar el presente antes de que se convierta en pasado. Ocurre, pues, una explosión de testimonios que ya no son los de grandes héroes de la historia sino de las cotidianidades comunes a los miembros de la sociedad.

Dice Nora que producir archivo es el imperativo de la época, y no tiene que hacerlo solamente el Estado sino todo aquel que pueda, desde su yo individual y desde sus círculos íntimos que poco a poco van encontrando conexiones, en el archivo mismo, con otros círculos más abiertos de la sociedad. Son los álbumes familiares, las genealogías, las colecciones propias, las bibliotecas, entre otras, aquellas materialidades que van erigiéndose como lugares de memoria, que requieren la recordación como deber individual antes que colectivo.

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¿Y cómo pueden los individuos hacer caso a ese mandato de memoria? No ya a través de los mitos que funcionaban para la otrora nación, luego sociedad, sino de los ritos e hitos constantemente reinterpretados que terminan convirtiéndose en algún tipo de lugar de memoria.

Más adelante en el capítulo, el autor explica que estos lugares pueden ser simples y ambiguos, naturales y artificiales, abiertos a la experiencia sensible y a la vez fruto de elaboraciones abstractas. Que son lugares materiales, simbólicos y funcionales, pero en grados diversos según cada caso; y que en últimas, lo que les da su característica principal es que albergan voluntad de memoria.

Su razón de ser como lugares de memoria es, explica Nora, “detener el tiempo, bloquear el trabajo del olvido, fijar un estado de cosas, inmortalizar la muerte, materializar lo inmaterial para […] encerrar el máximo de sentido en el mínimo de los signos” y, más que eso, para resignificar: “los lugares de memoria no viven sino por su aptitud para la metamorfosis” (2009, p. 33). Esa aptitud se presenta también en diferentes grados y es lo que hace que haya lugares de memoria de diferente importancia y potencialidad, que con el paso del tiempo van consolidando o perdiendo su natura-

leza, su virtud, y pueden llegar a ser solo acontecimientos de la historia, o pueden caer en el olvido, o pueden dejar de llamarse lugares de memoria.

El autor se acerca al concepto de acontecimiento (que está más del lado de la historia que del de la memoria) y refiere que existen al menos dos tipos: los que parecen carecer de valor cuando suceden, pero que el futuro los dota de grandeza en retrospectiva, y los que desde su misma ocurrencia se cargan de significado y son en sí una conmemoración. Aparece tácitamente en este punto lo antes expresado sobre la aceleración del tiempo por causa de fenómenos mediatizados, masificados, globalizados.

De vuelta a la caracterización inicial de los lugares de memoria como materiales, funcionales y simbólicos, Nora sugiere que aquellos que toman como preponderante la tercera característica, en su forma de refugio, santuarios de lo espontáneo, son el cora-

zón viviente de la memoria. Quizás sea así porque liberan al visitarlos —y sin hacer mucho esfuerzo— esa voluntad de memoria que es capaz de crear y recrear nuevos significados a partir del individuo.

El capítulo se cierra con puntadas sobre las posibilidades que ofrecen los lugares de memoria para la resignificación del mundo, del contexto, del entorno de los individuos, de la sociedad en sí. Queda de alguna forma la historia convertida en anécdota, o no ya como la única reina de la vida de los hombres, sino con espacio cedido a la memoria, a la historia oral, a la ficción, al archivo, a las innumerables relaciones que pueden tejerse entre los lugares de memoria y sus visitantes, con todo el poder expresivo que ambos guardan y son capaces de explotar para reinventar tanto pasado como presente. La historia, dice Nora, es nuestro imaginario sustituto, porque el principal está por hacerse, guardado acaso en la memoria dotada de sentido.

Referencia —Nora, P. (2009). “Entre memoria e historia. La problemática de los lugares”. En: Laura Masello (traductora). Pierre Nora en Les lieux de mémoire. Santiago: LOM, Trilce. Pp. 19-38.

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“Sin acceso a los archivos del Estado no hay memoria pública”: Kirsten Weld A partir de la experiencia de justicia y acceso a la verdad en Guatemala —con el descubrimiento accidental del Archivo Histórico de la Policía Nacional—, Kirsten Weld, latinoamericanista de la Universidad de Harvard, advierte sobre las “guerras de archivos y memoria” que se presentan en los procesos de transición a la paz y señala que el principal reto para Colombia será que sus ciudadanos presionen públicamente al Estado y demás actores del conflicto para que abran y desclasifiquen sus archivos y permitan esclarecer qué fue lo que ocurrió.

Por Natalia Maya Llano Periodista de Hacemos Memoria Especialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Cualitativa de la Universidad de Antioquia

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ara muchas personas hablar de archivos implica pensar en cúmulos de papeles viejos y empolvados que solo les importan a los historiadores y a algunos periodistas e investigadores “desocupados”. Sin embargo, según Kirsten Weld, profesora de historia de la Universidad de Harvard y autora del libro Cadáveres de papel: los archivos de la dictadura en Guatemala, los archivos cumplen un papel crucial como “tecnología de gobierno y sitio de luchas sociales: son muy importantes para el ejercicio del poder estatal y también abren una oportunidad a la ciudadanía para contestar a ese poder”.

La recolección de información sobre la población les permite a los estados hacer “legibles” a sus ciudadanos; en ese sentido, de acuerdo con Weld, “es posible afirmar que no se puede gobernar sin archivos”.

A esta premisa se sumó el derecho de los ciudadanos, consagrado a finales del siglo XIX y comienzos del XX, de acceder públicamente a la información que los gobiernos tienen sobre ellos.

Tal derecho, señala esta investigadora, “cerró un antiguo debate en torno a si los ciudadanos debían acceder o no a los archivos de gobierno y abrió uno nuevo: ¿hasta dónde debe llegar tal acceso público y cómo balancear la libertad con la obligación del secreto de Estado?

Esta ha sido una de las tensiones más fuertes dentro de las sociedades liberales de los últimos siglos”.

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Pero el rol de los archivos como “sitio de luchas sociales” emergió con la Guerra Fría, según las precisiones de Weld, y se consolidó, al menos en América Latina, con el fin de los conflictos internos en la mayoría de sus países —generados precisamente en el marco de esta contienda internacional—, y con el giro hacia el paradigma de los derechos humanos que desvió la atención hacia la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y hacia el resarcimiento de las víctimas de graves violaciones.

veres de papel tras vivir dos años en este país, en el que narra las historias personales de varios trabajadores del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) que emprendieron el difícil proyecto de recuperación de las cerca de 80 millones de hojas de papel que lo conforman y que fue descubierto accidentalmente en julio de 2005.

El hallazgo casual del AHPN ocurrió nueve años después de que el Estado y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) firmaran el acuerdo de paz que le puso fin a 36 años de un conflicto armado interno que terminó con la vida de trescientas mil personas, entre las que se encuentran cuarenta y cinco mil desaparecidos. Este archivo llevó a prisión a políticos como el exdictador José Efraín Ríos Montt y el exjefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, algunos de los más buscados de la historia reciente del país.

A partir de los años ochenta, con la popularización en toda América Latina de la justicia transicional y de las comisiones de la verdad, primero en Argentina, luego en Chile, Guatemala y El Salvador, se fortaleció la idea de que los perpetradores o victimarios en los conflictos tenían que ser castigados en las cortes y que los derechos de las víctimas debían ser restablecidos, principalmente los de verdad y justicia. Esta tendencia, según Weld, es necesario involucrar a los ciudadanos con puede entenderse como los archivos desde distintos ángulos, es decir, que una “cascada de justicia que generó unas guerras los conciban como elementos de valor y se apropien de archivos y memoria” de ellos, no solamente en el marco judicial, “sino por todas las dificultades también como inspiración artística, herramienta de y resistencias que enfreneducación popular, fuente para documentales, taron las organizaciones sociales y de víctimas de para música, para obras de arte. estos países para poder acceder a la información.

...

“Tan solo en 1992 se da un caso muy contundente que es el descubrimiento de los archivos del terror en Paraguay, rescatados por accidente y luego utilizados en la comisión de la verdad; luego en la época de los Kirchner, en Argentina, hubo varios esfuerzos de abrir los archivos militares de la dictadura; en 2008 el presidente Vásquez en Uruguay inauguró un archivo nacional de la memoria; en 2009, en Brasil, Lula creó la página web Memorias reveladas, donde recopila documentación del ejército en el periodo de la dictadura brasileña; y en 2010, en Chile, la presidenta Bachelet creó un museo de la memoria que tiene un centro de documentación sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet”, indica Weld.

Pero el caso más cercano para esta historiadora es el de Guatemala, del que escribió el libro Cadá52

De acuerdo con la experiencia de Weld, son cuatro los aprendizajes que Colombia podría retomar del caso guatemalteco en su actual proceso de transición a la paz y esclarecimiento de la verdad histórica: “Primero, entender que las condiciones y las características de una guerra civil se verán reproducidas en las condiciones como esa misma sociedad construye su paz y que, a su vez, dichas condiciones políticas determinarán el manejo de sus archivos: “no podemos esperar una política de archivos que sea muy democrática, abierta y transparente si esas condiciones no existen en otros ámbitos de la vida política y social del país”.

“Segundo, comprender la importancia de los marcos institucionales, legales y el tratamiento

profesional de los archivos. Es decir, es muy importante que en cualquier país exista una ley nacional de archivos. “En España, por ejemplo, aunque en 2010 el presidente Zapatero hizo un esfuerzo por armar un archivo de documentación de la guerra civil española, no pudo modificar la ley nacional de archivos de la época de Franco, que dice que cualquier documento que haya tenido un sello de ‘secreto, confidencial o reservado’, nunca podrá ser abierto al público. Ese es otro obstáculo para la ciudadanía y su anhelo de buscar verdad, justicia y memoria, por eso es importante conocer y fortalecer la ley nacional de archivos y luchar para que se modernice y que la protección de la información no dependa de un mandatorio de turno”, dice Weld.

Tercero y fundamental, la presión de los ciudadanos y de las organizaciones sociales “para que no cesen en la lucha de exigirle al gobierno que abra y desclasifique los archivos de Estado que tanto en Colombia como en Guatemala pueden ayudar a conocer información de las miles de personas desaparecidas que dejó el conflicto, entre otros crímenes”, concluye Weld.

Y, por último, que es necesario involucrar a los ciudadanos con los archivos desde distintos ángulos, es decir, que los conciban como elementos de valor y se apropien de ellos, no solamente en el marco judicial, “sino también como inspiración artística, herramienta de educación popular, fuente para documentales, para música, para obras de arte”.

En Colombia el Gobierno y las Farc no estipularon en el Acuerdo de Paz cómo lograr la apertura y la protección de los archivos oficiales de inteligencia y contrainteligencia, y frente a esta incertidumbre investigadores de Dejusticia llamaron la atención en su libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo: “escasamente se logró una remisión a ‘las leyes aplicables’ y ‘las leyes vigentes’ con alguna que otra frase formal de facilitación por parte del Gobierno para acceder a la información, sin que esto pareciera ser suficiente para llegar a la verdad que se guarda en esos depósitos. Más aún, existe un alto riesgo de que la información más importante o incriminatoria se destruya antes de que se pongan en marcha los mecanismos de justicia transicional”.

Este riesgo señalado por Dejusticia se torna más inminente con las dilaciones actuales del Congre-

so para la aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Con este panorama, las recomendaciones de Kirsten Weld cobran aún más vigencia, especialmente la que exhorta a los ciudadanos del país a presionar públicamente al Estado y demás actores del conflicto para que abran y desclasifiquen sus archivos y permitan esclarecer qué fue lo que ocurrió en medio de la guerra.

Gustavo Meoño: el archivero de los Derechos Humanos en Guatemala El guatemalteco Gustavo Meoño Brenner ha sido un hombre clave en el conflicto armado y la transición a la paz en su país: militó en la guerrilla, dirigió la Fundación Rigoberta Menchú Tum y desde 2005 hasta hoy es el responsable del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Durante su visita a Medellín habló sobre su vida y sobre la importancia de los archivos para las causas de la memoria, la verdad y la justicia en países como Colombia.

Cuando Gustavo Meoño Brenner habla de su vida, no puede evitar hacer alusión a las circunstancias y reflexiones religiosas, sociales y políticas que fueron definiendo su rumbo desde que tenía 17 años. El hoy director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala compartió su experiencia con los estudiantes de la tercera cohorte del Diploma en Memoria Histórica, que organiza el proyecto Hacemos Memoria, y fue el invitado principal en el foro Archivos de memoria y verdad: las experiencias de Guatemala y Colombia, que se llevó a cabo el 27 de septiembre en el auditorio del Edificio de Extensión.

Descendiente de una familia de clase media baja de la ciudad de Guatemala, Meoño recibió una educación cristiana dogmática, pero en medio de una década que él califica de excepcional: los años sesenta. La Guerra Fría intensificándose, el triunfo de la Revolución Cubana, el carisma del Papa Juan XXIII, los discursos del Concilio Vaticano II y posteriormente las propuestas de la teología de la liberación y la llamada “Opción preferencial por los pobres”, le fueron planteando un dilema que no se tardó mucho en resolver: “me preguntaba si lo que me correspondía era simplemente vivir mi vida y pensar en mis intereses y en mi futuro, o si tenía la obligación humana, la obligación vital de pensar en que esa realidad de injusticia, de explotación, de opresión que yo veía y vivía todos los 53

días era realmente un sino trágico para mi país o si eso podía cambiar”.

Al terminar su bachillerato decidió —en compañía de uno de sus mejores amigos—, emprender un viaje por su país para conocerlo, con la esperanza de encontrar las respuestas que estaba buscando.

Se atrevieron a partir sin un centavo en sus bolsillos, confiados en que iban a contar con el apoyo de la Iglesia. A donde llegaban lo primero que hacían era visitar la parroquia, contarles sus intenciones a los curas, pedirles hospedaje y alimentación y ofrecerse para ayudar a las comunidades campesinas e indígenas de la zona. El ritual, antes de partir de cada lugar, era agradecer por haber sido acogidos y solicitar una carta de recomendación para presentarle al cura del siguiente pueblo. Así fue como Meoño y su amigo cumplieron con el propósito de darle la vuelta a Guatemala en un mes y medio.

Este viaje les permitió encontrarse de frente con las realidades de injusticia, explotación, opresión y discriminación que se vivían sin tregua en las áreas rurales indígenas de su país. “Al final del recorrido estábamos todavía más confundidos y problematizados sobre qué hacer con nuestras vidas. Llegando tuvimos la posibilidad de participar en un cursillo de capacitación social dirigido también por religiosos, que terminó en diciembre con la visita a un departamento de Guatemala, ubicado en la frontera con México, que no habíamos conocido en nuestro periplo anterior y que significó el quiebre final a nuestro dilema y a nuestro conflicto”, cuenta Meoño, quien se había inscrito a la carrera de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala y, cuando debió comenzar las clases, su crisis vocacional tocó fondo. Al final optó, conscientemente, por quedarse en las aldeas campesinas e indígenas del noroccidente de su país y entregarle su vida a las causas que él consideraba más justas.

Integró un grupo llamado Crater, donde hombres y mujeres jóvenes —inquietos por cuestionamientos similares a los suyos—, trabajaban en compañía de religiosos para mejorar las condiciones de vida y dignidad de los campesinos e indígenas de Guatemala. Fueron acusados de “llevar ideas exóticas e incitar al pueblo a la rebelión”; luego los amenazaron de muerte.

“Era diciembre de 1967, desde ahí comenzó mi historia —asegura Meoño— porque significó salir al exilio y vivir un año absolutamente intenso en 54

México, un país que se contagió de la fuerza de los movimientos estudiantiles alrededor del mundo y que padeció la cruel masacre de la Plaza de Tlatelolco en octubre de 1968. Vivir todas esas luchas me llevó a involucrarme decididamente con el movimiento revolucionario guatemalteco”.

Su regreso a Guatemala fue clandestino y estuvo marcado por su participación en la fundación de una nueva organización revolucionaria: el Ejército Guerrillero de los Pobres —EGP—, un grupo insurgente que priorizó a los pueblos indígenas y que estuvo genuinamente influenciado por la teología de la liberación.

Desde agosto de 1968, militó en el EGP, principalmente en el frente urbano. Haciendo parte de esta guerrilla enfrentó a unas fuerzas armadas oficiales que, en medio de la guerra y como parte de su doctrina contrainsurgente, cometieron “actos constitutivos del delito de genocidio”, según lo demostró el informe Memoria del silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, publicado tras la firma del acuerdo de paz logrado en 1996 entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca —URNG—, que agrupó a las organizaciones insurgentes más importantes del país.

25 años después de su primer día de militancia —a finales de 1993 y cuando se cumplían siete años de negociaciones de paz inconclusas—, decidió renunciar a la dirección nacional del EGP; sus desacuerdos con la forma en que los demás directivos del movimiento guerrillero estaban manejando el proceso de paz hacia la militancia revolucionaria, hacia los combatientes y hacia las bases de apoyo fueron irreconciliables. Sin embargo, se despidió en los mejores términos de sus compañeros de lucha, convencido de que había actuado en consecuencia con sus principios e ideales.

“De ninguna manera cuestiono y mucho menos reniego de esos largos años de militancia — recalca Meoño—, por el contrario, creo que hice lo que tenía que hacer, que fui consecuente con mi pensamiento y lo llevé a la práctica con decisión y con honestidad, por lo tanto soy también consciente de los errores, de los excesos e incluso de las atrocidades que cometimos en nombre de la revolución; lejos de negarlo lo he asumido y lo he planteado públicamente porque es lo correcto, pero eso no implica, repito, que niegue o me arrepienta de mis años en la guerrilla”.

Un día después de renunciar al EGP consiguió trabajo con la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú Tum. El conflicto armado de su país los había convertido en grandes amigos y por eso ella decidió confiarle la dirección de la Fundación que lleva su nombre. Durante 11 años de trabajo intenso, Meoño compartió con Rigoberta grandes experiencias en torno a la construcción de paz, la reconciliación y la justicia transicional en diferentes países del mundo.

“Recuerdo con mucha nostalgia mi primera visita a Colombia —cuenta Meoño—. Vinimos juntos en 1999 a una semana por la paz organizada en Bogotá, en medio del proceso de negociación del Caguán, y terminamos sirviendo como mediado-

asumir la dirección del recién descubierto Archivo Histórico de la Policía Nacional —AHPN—, institución que había negado la existencia de estos documentos y que había sido disuelta en 1996 tras la firma del Acuerdo de Paz. En julio de 2005, ocho kilómetros de papeles viejos fueron encontrados, entre ratas y cubiertos de excrementos de murciélagos, en las ruinas de una construcción abandonada. Eran los restos mortales de una de las máquinas de represión en los 70 y 80 en Guatemala. Después de un intenso y discreto trabajo de archivística, de digitalización y, sobre todo, de interpretación, el Archivo Histórico de la Policía empieza a hablar. Aporta una voz potente a los procesos judiciales y a la reescritura de la sangrienta historia reciente del país centroamericano.

“De ninguna manera cuestiono y mucho menos

El hallazgo accidental de este archivo administrativo por parte de la reniego de esos largos años de militancia –recalca Procuraduría de DereMeoño–, por el contrario, creo que hice lo que tenía chos Humanos —PDH— que hacer, que fui consecuente con mi pensamiento de Guatemala, reprey lo llevé a la práctica con decisión y con honestidad, sentó para las víctimas y sobrevivientes del conpor lo tanto soy también consciente de los errores, flicto armado el principal de los excesos e incluso de las atrocidades respaldo de sus denunque cometimos en nombre de la revolución... cias y abonó el camino hacia la búsqueda de la verdad y la justicia que la amnistía general acordada entre el Estado y la URNG les había negado. res entre el gobierno del presidente Pastrana y la guerrilla del ELN, a raíz de tres secuestros masivos Desde el primer día en que se supo de la exisque había cometido este grupo y su exigencia de tencia del AHPN hasta hoy, Gustavo Meoño ha tener también una zona de distensión como la de sido el principal encargado de custodiarlo. Nunca las Farc. Para mí la visita de una semana se alargó estudió una carrera profesional, pero terminó cona dos meses y terminó con la entrega por parte del vertido en ‘archivero’ y, en estos 12 años de trabaELN de sus rehenes y el inicio de unos diálogos jo incansable, ha contribuido a la recuperación de exploratorios en La Habana que fracasaron”.

21 millones de folios —de los 80 millones enconMeoño vivió muchas experiencias similares al lado de Rigoberta, hasta que, en 2005 —cuando estaba decidido a dejar la Fundación por ciertas inconformidades—, le hicieron la propuesta de

trados—, que ya son de acceso público y que están jugando un papel fundamental en la búsqueda de la justicia y en la construcción de memoria en Guatemala.

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E El archivo de Tele Itaré aportaría a la verdad sobre el conflicto armado en Sonsón El archivo del canal Tele Itaré, que funcionó entre los años 1995 y 2006 en el municipio de Sonsón, tiene un acervo de cerca de 1.900 casetes audiovisuales que podrían responder cuestionamientos alrededor de los acontecimientos ocurridos en la época más sangrienta del conflicto armado en el Suroriente antioqueño. La tarea pendiente es recuperarlo y sumarlo a los esfuerzos del deber de la memoria que plantea la Ley de Víctimas y la implementación de los acuerdos de La Habana.

Por Elizabeth Otálvaro Vélez Periodista de Hacemos Memoria

ntre los años 1995 y 2006 el canal público Tele Itaré, propiedad del municipio de Sonsón, era el único medio de televisión local con el que contaba la zona páramo del territorio antioqueño. Los habitantes de la región conformada por los municipios de Argelia, Abejorral, Nariño y, por supuesto, Sonsón —a 111 kilómetros de Medellín—, vieron la cotidianidad de sus problemáticas a través de las producciones hechas por sus vecinos: los periodistas empíricos que llegaban casi como voluntarios a Tele Itaré.

La década que retrató el canal Tele Itaré no se trata precisamente de una más y sin importancia. Los años en los que estuvo al aire —con los equipos mínimos para transmitir—, antes de que existiera el ahora privado pero comunitario Sonsón TV, coinciden con los más cruentos del conflicto armado en este rincón del Suroriente antioqueño. Las imágenes de las masacres ocurridas en esta zona, en la mayoría de casos, fueron tomadas primero por Tele Itaré antes que por cualquier otro canal de carácter nacional. Incluso Teleantioquia, el canal regional más próximo, no podía llegar con la rapidez con la que desde Sonsón un camarógrafo se trasladaba para estar en el lugar de la noticia.

Por aquellos años se paseaban por los caminos del páramo, principalmente, los guerrilleros de los frentes 9 y 47 de las Farc, los del Carlos Alirio Buitrago del ELN y los paramilitares de las Autodefensas 57

Campesinas del Magdalena Medio. Karina e Iván Ríos eran tal vez los más temidos de la zona, pero alias Macgyver y Ramón Isaza también hicieron lo suyo. Por su parte, las Fuerzas Armadas del Estado hicieron su arremetida con la potencia que significaron las operaciones militares en el tiempo de la seguridad democrática implementada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El caos que la presencia de estos actores produjo lo registró Tele Itaré, sin mayor reflexión sobre su trabajo periodístico, pero con la certeza de que debían estar ahí para cubrir; así lo recuerda Natalia Grisales, quien fue periodista de Tele Itaré y ahora es directora del canal comunitario Sonsón TV.

En los artículos

143, 144 y 145, la mejor conocida como Ley de Víctimas establece la obligación del Estado de conformar un archivo sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que garantice la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas y la no repetición de los hechos violentos.

Quizá el acto de violencia más visible de la zona de páramo en esta región fue la toma al municipio de Nariño, entre el 30 de julio y el primero de agosto de 1999. Un ataque perpetrado por 300 miembros de los frentes 9 y 47 de las Farc, en el que fueron asesinadas 16 personas y un carrobomba destruyó el parque principal de este enclave de la cordillera central. Ahí estuvo Tele Itaré para registrarlo.

Ahora que la guerra parece haberse ido, han emergido los esfuerzos por hacer y aportar a la memoria; entre ellos, el deseo por rescatar las imágenes de un canal que ya no existe, pero que para quienes crecieron viendo su noticiero diario, es tal vez la más fiel muestra de lo que fueron, lo que hicieron y lo que los construyó como comunidad, entre otras cosas, resistente al oprobio de los armados.

Dice José Fernando Botero, director de Cultura y Patrimonio del municipio de Sonsón: “Estamos lanzando un S.O.S. por el rescate de este archivo que va a ser vital para el posconflicto”. Sabe muy bien que el Estado, desde su Ley 1448 de 2011, está dispuesto a promover el cuidado de estos archivos, pues su deber de memoria así se lo plantea.

En los artículos 143, 144 y 145, la mejor conocida como Ley de Víctimas establece la obligación del Estado de conformar un archivo sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que garantice la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas y la no repetición de los hechos violentos. Botero está convencido de que el archivo del canal Tele Itaré, que se recuperó en 2015, contribuirá a este cometido; al menos, podría esclarecer la verdad, que poco se conoce, sobre lo acontecido en la subregión páramo de Antioquia con ocasión del conflicto armado.

La intención de rescatar el archivo de lo que fue el canal público de los sonsoneños también está registrada en un capítulo del Plan de Cultura de Sonsón, 2012-2023, pero hasta ahora no hay ningún esfuerzo real por conservar y digitalizar el acervo de Tele Itaré, más allá de un proyecto construido con la asesoría de Tomás Campuzano, experto en la recuperación de archivos y cocreador del Festival de Memoria Audiovisual MAMUT, asimismo con el acompañamiento de Hacemos Memoria, proyecto que ha promovido la creación de piezas audiovisuales alrededor de la memoria histórica en Sonsón, desde 2015.

En la actualidad, el archivo está custodiado en la Casa de la Cultura del municipio de Sonsón, donde también se encuentran el archivo

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judicial de Sonsón, que registra documentos de los años 1723 a 1900, y el archivo personal de la poetisa Josefina Henao Valencia, cuyo seudónimo es Lucía Javier.

La recuperación es urgente. Antes de 2015, año en el que el archivo de Tele Itaré fue trasladado, los 1900 casetes de vhs, minidv y betamax estaban en unos estantes de madera, cerca de una pared que en el día recibía el reflejo del sol y en las noches toda la inclemencia del frío sonsoneño, cuya temperatura puede bajar a 11.º C. El 50% del acervo tiene hongos, según el trabajo de evaluación hecho por Tomás Campuzano; además, se encuentra en unas estanterías de madera y metal no aptas para su conservación. Si no se digitalizan pronto podrían perderse once años de memorias de los noticieros y magazines que se dedicaron a temas educativos, religiosos, culturales y deportivos; en suma, a contar la vida de los sonsoneños.

“En este país nos debemos una reconstrucción histórica de la verdad en muchos territorios; por esta razón, es importante recuperar archivos audiovisuales como el de Tele Itaré. El patrimonio de la nación debe ser conservado y debe ser puesto al servicio de la comunidad. No podemos pensar que digitalizar es lo único que hay que hacer. La digitalización es el primer paso. Después de que eso suceda, tendrán que entrar un montón de personas a trabajar con ese material, a crear documentales, a llevarlos a otras zonas no urbanas del municipio”, dice Campuzano.

A principios de 2017, un grupo de estudiantes de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad de Antioquia, sede Sonsón, se propuso el rescate de algunas imágenes del archivo de Tele Itaré.

Se encontraron con que acceder a este material no era tan sencillo como lo pensaron cuando propusieron, para el cumplimiento de un compromiso con el proyecto de extensión del Banco Universitario de Proyectos de Extensión —BUPPE—, “Narrativas de memoria en Sonsón”, un corto documental en perspectiva de memoria histórica que rescatara los actos de resistencia de los habitantes del municipio de Sonsón entre 2002 y 2006, años en lo que el conflicto armado alcanzó su cenit en la zona.

Si no se digitalizan

pronto podrían perderse once años de memorias de los noticieros y magazines que se dedicaron a temas educativos, religiosos, culturales y deportivos; en suma, a contar la vida de los sonsoneños.

Emprendieron una labor casi arqueológica vigilada por José Fernando Botero y apoyada por Tomás Campuzano y Hacemos Memoria, en la que después de buscar en los registros de las bases de datos, aun desordenadas, con las que cuenta el archivo, encontraron imágenes de eventos alrededor de la resistencia: las jornadas de la luz, las marchas por la vida y otros encuentros que se hicieron en el municipio, un lustro antes de que en el país se hablara de paz. Prometieron que su manipulación sería rigurosa y, sobre todo, que esto sería un aporte para que se reconozca la importancia de una recuperación técnica del archivo.

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El archivo fotográfico de Asovida en Granada aportará a la verdad del conflicto La Universidad de Antioquia y la comunidad granadina se unieron para fortalecer el archivo fotográfico de la Asociación de Víctimas Unidas de Granada —Asovida— con la ejecución del proyecto Imágenes de la memoria. Se espera que este esfuerzo aporte a las necesidades de reparación en este municipio del Oriente antioqueño y a la construcción de la verdad del conflicto armado en Colombia.

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l archivo de la Asociación de Víctimas Unidas de Granada —Asovida—, en el que reposan las actas de fundación de la asociación, decisiones judiciales relacionadas con procesos de reparación, notas de prensa y fotografías de las víctimas y de las acciones de resistencia emprendidas por esta comunidad, es uno de los registros de Derechos Humanos que despierta mayor interés para la Comisión de la Verdad que fue acordada en La Habana por el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Estos documentos serán esenciales a la hora de entender la complejidad de las dinámicas del conflicto en este municipio y en el Oriente antioqueño.

Por esta razón, Isabel Vinasco y Ana María Tangarife, profesoras de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, se propusieron organizar el archivo que juiciosamente elaboraron las víctimas desde el año 2007, cuando se fundó la asociación.

Por Esteban Tavera Martínez Periodista de Hacemos Memoria

“Nos acercamos a Asovida porque es una de las organizaciones que aparece en el Censo de archivos de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, realizado por la bibliotecóloga Martha Lucía Giraldo. En esta investigación, se identificaron los archivos de asociaciones de víctimas de Antioquia que requieren algún tipo de intervención, y uno de ellos es el de Asovida. Al principio, formulamos una propuesta que pretendía organizar la documentación del archivo, pero la comunidad 61

nos sugirió que trabajáramos con las fotografías, pues las imágenes son indispensables para el trabajo de la organización”, cuenta Ana María Tangarife, una de las profesoras involucradas en el proceso.

Asovida también hace parte de la alianza que el proyecto Hacemos Memoria ha promovido en el municipio de Granada, para la construcción de memoria histórica en conjunto con los medios de comunicación locales.

Asovida fue

fundada en el año 2007. Desde esa fecha, los miembros de la asociación han recopilado los relatos sobre los hechos de dolor y resistencia que marcaron la historia de Granada.

Esa preocupación por la memoria, los llevó a abrir las puertas del Salón del Nunca Más en julio de 2009, un espacio museográfico que reivindica a las víctimas.

Así, como lo explica la profesora Tangarife, surgió Imágenes de la memoria, un proyecto que diseñó una metodología para organizar el archivo fotográfico de Asovida, con el apoyo de miembros de la comunidad que han participado en acciones relacionadas con la memoria del conflicto en este municipio. El proceso duró ocho meses y fue apoyado por el Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión —BUPPE— de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, una misión universitaria que pretende que el conocimiento esté al servicio de la sociedad.

La primera fase consistió en diagnosticar el estado en que se encontraba el archivo fotográfico. Durante ese proceso, las investigadoras encontraron imágenes repetidas y otras en mal estado; además, muchas de las fotografías no tenían información sobre las personas o los hechos retratados.

El siguiente paso fue depurar la información recopilada por Asovida y otras entidades del municipio como la Alcaldía y la Personería.

Luego, para darle contexto a las imágenes, realizaron talleres colectivos con los familiares de las víctimas y los líderes del municipio.

Los encuentros contaron con la participación de treinta personas y abordaron temas como los sentidos de la fotografía y el acceso, uso, protección y conservación de los archivos de Derechos Humanos.

Asovida fue fundada en el año 2007. Desde esa fecha, los miembros de la asociación han recopilado los relatos sobre los hechos de dolor y resistencia que marcaron la historia de Granada. Esa preocupación por la memoria, los llevó a abrir las puertas del Salón del Nunca Más en julio de 2009, un espacio museográfico que reivindica a las víctimas. En este momento, la organización, que reúne cerca de 200 personas, promueve acciones de memoria y reconciliación en el municipio y acompaña a las víctimas en los procesos de justicia y reparación.

Gloria Quintero, vicepresidenta de Asovida, participó en este proyecto porque, según su opinión, la imagen ha acompañado el proceso de memoria que adelanta la organización desde 2007. “Como asociación, una de las primeras acciones que hicimos fue recolectar fotos en la comunidad. Creo que las fotografías son fundamentales en la construcción de memoria porque una imagen dice mucho. Con una foto, uno recuerda a un ser querido; además, se pone en el lugar de quien sufrió en la guerra. A las víctimas del municipio les gusta mucho entrar al Salón del Nunca Más en compañía de un familiar o un amigo para mostrarle la foto de su ser querido, y yo pienso que eso ayuda mucho a la elaboración del duelo”, explica Gloria.

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En total, las investigadoras encontraron doce mil fotografías, y después de un proceso de depuración seleccionaron dos mil quinientas para el archivo. “Identificamos dos tipos de imágenes: fotos de víctimas y registros de las actividades organizadas por Asovida: asambleas de la Asociación, conmemoraciones y otras acciones de resistencia en las que participa la comunidad”, explica Ana Tangarife.

Este proyecto responde a la necesidad de fortalecer los archivos de Derechos Humanos en Colombia, pues son una herramienta política para buscar justicia, verdad y reparación.

Así lo establece el Archivo General de la Nación, la institución encargada de preservar oficialmente los registros del país. Según esta entidad, este tipo de archivos cumple con cuatro objetivos: que las víctimas del conflicto y la sociedad en general tengan acceso a la información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos, que se haga difusión de los casos en los que hubo vulneraciones, que la información quede preservada de forma segura y que se protejan los archivos para que no haya impunidad.

En Colombia, a raíz de la Ley 1448 de 2011, también llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el Estado asumió el “deber de memoria”. Con esto se comprometió a propiciar las garantías para que centros de pensamiento, organizaciones de víctimas, academia y organizaciones sociales cuenten con los recursos necesarios para emprender iniciativas de reconstrucción de la memoria del conflicto.

Una parte de esta labor está relacionada con los archivos. Por esta razón, desde el año 2015, la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica se puso en la tarea de encontrar los registros de familiares de víctimas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos con el propósito de conservar y difundir esta información.

Esa búsqueda, por ejemplo, ha permitido identificar y organizar documentos relacionados con la desaparición forzada que fueron compilados por la Corporación Madres de la Candelaria, y el archivo personal de Fabiola Lalinde en el que se guardan los registros que dan cuenta de su lucha por encontrar a su hijo Luis Fernando Lalinde, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente por el Ejército en 1984.

Las fotografías familiares, los documentos de identificación de Luis Fernando, las cartas y solicitudes enviadas por doña Fabiola a funcionarios del Estado, a miembros de la fuerza pública y a organismos internacionales, sirvieron para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera en 1998 la primera resolución que responsabilizaba al Estado colombiano en un caso de desaparición forzada.

En el caso de

Granada, el archivo fotográfico les facilitará a las víctimas el uso de la información recopilada, bien sea para seguir promoviendo acciones de resistencia y de construcción de paz, como para soportar procesos judiciales.

En el caso de Granada, el archivo fotográfico les facilitará a las víctimas el uso de la información recopilada, bien sea para seguir promoviendo acciones de resistencia y de construcción de paz, como para soportar procesos judiciales.

Una de las enseñanzas que dejó el proyecto Imágenes de la memoria, tanto para las investigadoras como para los miembros de Asovida, 63

es que cuando la academia se pone al servicio de los intereses de las comunidades, como ocurrió en este proceso, se construyen experiencias conjuntas que aportan a la construcción de la memoria del conflicto armado en Colombia.

“La universidad tiene la obligación de vincularse a este tipo de iniciativas, y creo que los estudiantes deberían involucrarse más. Es muy bueno cuando los jóvenes salen de las aulas y se encuentran con nosotros en las comunidades”, dice Gloria Quintero.

... cuando la

academia se pone al servicio de los intereses de las comunidades, como ocurrió en este proceso, se construyen experiencias conjuntas que aportan a la construcción de la memoria del conflicto armado en Colombia.

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Para Isabel Vinasco y Ana María Tangarife, esta experiencia deja grandes retos para la Universidad de Antioquia. “Siempre hay que tener en cuenta el conocimiento de las comunidades. Sin el apoyo de los granadinos habría sido imposible organizar el archivo fotográfico.

Además, tenemos el reto de seguir impulsando estas iniciativas. Este archivo no es el único que necesita de una intervención, hay otros municipios que han recopilado documentación y necesitan asesoría”, explica Tangarife.

Además, consideran que este proceso le aportará información valiosa a la Comisión de la Verdad que se pactó en La Habana. “Las comunidades son las que saben qué ocurrió en sus territorios. Por ejemplo, el muro con las fotografías de las víctimas que está en el Salón del Nunca Más, en muchas ocasiones, ha servido para identificar a las personas desaparecidas o asesinadas durante el conflicto en Granada y para documentar hechos concretos”.

Imágenes de la memoria es una iniciativa que refleja los retos que el posconflicto les impone a las comunidades más afectadas por la guerra y a la academia. En ese tránsito hacia la paz, las víctimas esperan encontrar en la universidad un aliado que acompañe sus apuestas políticas en la construcción de la verdad.

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Paz, democracia y educación Reflexiones en tiempos de crisis

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Por Francisco Cortés Rodas Director del Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia

La paz por medio del derecho “La paz por medio del derecho” es una corriente jurídica que considera que la guerra es el efecto de un Estado sin derecho. Esta corriente se concreta hoy en los acuerdos alcanzados en las negociaciones entre el gobierno y las FARC, pero había sido planteada mucho tiempo antes en las guerras del equilibrio europeo, en las guerras napoleónicas, así como en la filosofía política de Hobbes, Kant y el abate de Saint Pierre.

Hobbes considera el pacto como aquel acto por medio del cual dos contendientes ponen fin a una situación de guerra y establecen entre sí un estado de paz. La gran dificultad del pacto hobbesiano que se celebra en el estado de guerra de todos contra todos está en la inseguridad que experimentan cada uno de los pactantes, acerca del cumplimiento por parte de los otros. “Por eso, dice Hobbes, quien cumple en primer lugar se entrega a su enemigo y no ejerce el derecho a defender su propia vida”.

La hipótesis de Hobbes es muy plausible si consideramos lo que sucede en el momento de la finalización de una guerra civil, cuando se plantea el asunto del desarme y la desmovilización. El acuerdo al que se llegue no debe estar basado en simples promesas, justificadas en la moral. Los pactos, sin la espada, dice Hobbes, son flatus vocis (palabras vacías). Si los hombres no respetan las leyes tiene que haber una autoridad estatal que obligue al cumplimiento de los pactos.

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No se trata de llegar a una situación de desarme bilateral, sino “de entregar las armas a un tercero que desde ese momento actúe como garante del respeto de los pactos entre los contrayentes desarmados, y, por tanto, a crear una situación de monopolio de la fuerza” (Bobbio).

En la argumentación de Kant resulta posible para los individuos en el Estado instaurar una autoridad común para superar el problema de la guerra interna, y para los Estados, crear las condiciones para realizar la paz interestatal. Con esta se fundamenta el nuevo derecho internacional basado en la paz, que no reconoce la guerra como un proceso jurídico.

Ahora bien, si interpretamos el proceso de negociación entre el gobierno y las Farc en términos de “la paz por medio del derecho”, podemos diferenciar dos niveles jurídicos: normas en las que se establecen las condiciones para firmar un acuerdo (acuerdos sobre desarrollo rural, drogas ilícitas, participación política, las víctimas del conflicto y de cese bilateral al fuego), y normas que determinen qué se debe hacer en el caso de que alguna de las partes no cumpla. “Aquellos acuerdos cuyo cumplimiento no se garantiza no son instrumentos de paz, dice Bobbio, sino solo nuevas ocasiones de conflicto y guerra”. “La paz por medio del derecho” no es una paz utópica; quiere decir: busca poner fin a una guerra entendida como empleo no regulado de la fuerza, pero no al fin del uso de la fuerza. Una consecuencia fundamental: las Farc como grupo armado se convertirá en actor político desarmado.

La controversia entre las ciencias y las humanidades La política planteada por Colciencias en los últimos años sobre el papel de la investigación en la universidad en Colombia se ha enfocado de manera clara por una concepción de universidad centrada en el conocimiento científico, la innovación, la renta y el crecimiento económico, y excluye una idea de universidad que articule el avance de la ciencia con el cultivo de las humanidades y las ciencias sociales. Un grupo de científicos de la Universidad de Antioquia, la Nacional de Colombia, la Dirección de Fomento a la Investigación de Colciencias y empresarios presentaron a la discusión pública universitaria el año pasado el

borrador de un proyecto de ley sobre política pública para el fomento de la investigación (Borrador Proyecto de Ley, 2014).

El mencionado grupo propone una reforma en el sistema nacional de investigación, con el fin de dar pasos hacia la construcción de universidades de rango mundial con alto nivel de desempeño en investigación de frontera, y para esto diferencian las misiones de lo que serían las universidades de investigación y de docencia.

El proyecto tiene un gran problema, y es que las ciencias sociales y las humanidades no son concebidas desde su específica racionalidad. Están insertas en él no como saberes independientes con su propia historia y tradición ni como disciplinas de investigación que tienen cada una su particularidad, sus formas de publicación y racionalidad. Las ciencias sociales y las humanidades son definidas de forma subordinada frente a las otras ciencias, como disciplinas que darán un apoyo del conocimiento a estas universidades para plantear los paradigmas del desarrollo en el país. Las humanidades están incluidas en el planteamiento desde una visión unilateral del conocimiento científico.

Algunos científicos consideran que la ciencia ha hecho el mundo moderno y es ella la que ha formado su cultura. Piensan que la ciencia dirige la economía, la política, y que la práctica científica ha sido la fuerza determinante en el desarrollo de la globalización. Pero la sociedad no se apoya solo en el dominio de la naturaleza, en los importantes avances de la medicina, o en la dirección de la economía; la sociedad se basa en todo esto, tanto como en la creación de aquellas prácticas que permiten una comprensión de la historia, las culturas, la ordenación normativa de las relaciones entre los hombres.

El modelo de la universidad de investigación que promueve Colciencias tiene un problema central: se basa en una política según la cual la financiación debe ser casi exclusivamente para “ciencia, tecnología e innovación”. Esta política pone en un segundo lugar la orientación sobre la universidad basada en “sociedad”, propiciando así solamente la competitividad y la productividad y olvidándose de la formación de la persona, del ciudadano y del individuo racional. Al dejar que la política educativa sea diseñada exclusivamente por científicos y empresarios, ella queda supedita67

da a los cálculos de los beneficios empresariales.

Esto sucede porque en este modelo se invita solamente a los científicos y empresarios a marcar las directrices de la investigación y la docencia. Exigir la inclusión de las humanidades en esta discusión es un gran reto para las nuevas administraciones de las universidades públicas.

El neoliberalismo y las políticas de educación

la pasividad del gobierno ante el desfinanciamiento de las universidades públicas se manifiesta una idea: la agenda neoliberal mundial de transformación de las universidades en forma completa.

Claro que muchos dirán que es obsoleto y ridículo hablar de agenda neoliberal mundial. Lenguaje de izquierdistas, recurso de moda cuando se trata de encontrar chivos expiatorios. Pero en política hay que aclarar de qué estamos hablando. Cuando aquí hablo de sociedad neoliberal hago referencia al proyecto político y económico globalizado, en el cual se ha implementado una transformación profunda en las relaciones entre las corporaciones multinacionales y los Estados nacionales y entre la naturaleza y el hombre.

El Ministerio de Educación ha tenido desde hace tiempo el problema de haber sido ocupado por personas poco sensibles a la universidad pública y a la formación humanista y crítica de los universitarios. La forma en que este gobierno ha tratado la educación ha estado más determinada por ajustar El neoliberalismo ofrece una teoría del capitala evaluación a rankings internacionales que no eslismo que contiene una estrategia de capacitación tán pensados para ella que por crear las condiciones institucionales para fortalecer la educación pública mediante una adecuada financiación.

Por qué políticos populistas están ganando las

¿

La ministra María Ferelecciones en diferentes países del mundo? La nanda Campo proveeducación está fracasando. Vivimos en un mundo nía del sector privado y habitado por expertos, especializados en una como tal actuó: propuso una reforma en 2011 variedad de saberes, que a la vez son personas sin que promovía la particieducación y distanciados del mundo público. pación de capital privado en la educación superior.

Gina Parody, del mundo de la política del especlaboral y perfeccionamiento físico o corporal de la táculo, impulsó propuestas contrarias a la sostenibipoblación, no centrada en la educación, como en lidad financiera de la universidad pública: Ser pilo el modelo de la Ilustración, sino en la construcción paga es funcional para el aumento de los ingresos y de un sujeto que solamente trabaja y consume. de la presencia de las universidades privadas (98,4% Así, el neoliberalismo reduce la libertad política a de sus recursos ha ido a las universidades privadas), la libertad económica y sustituye al ciudadano por y debilita a las públicas al no desarrollar programas el sujeto trabajador y consumidor. La base humana para enfrentar su desfinanciamiento estructural. La de la universidad “será la de universitarios econóactual ministra, Yaneth Giha Tovar, que tiene una micamente racionales, pero cultural y cívicamente amplia experiencia en seguridad y defensa, hizo en embrutecidos” (Villacañas).

Colciencias una pésima gestión en política científica. Tenemos entonces a tres ministras con una ca¿Por qué políticos populistas están ganando las racterística común: son poco sensibles a lo que poelecciones en diferentes países del mundo? La demos llamar modelo ideal de universidad pública. educación está fracasando. Vivimos en un mundo habitado por expertos, especializados en una Pero esto indica otro asunto que debe ser explivariedad de saberes, que a la vez son personas cado. En la noción de privatización de la educación sin educación y distanciados del mundo público. superior de Campo, en el estímulo económico inEstos ciudadanos sin interés por la política hacen directo a las universidades privadas de Parody y en 68

parte de las denominadas mayorías manipulables que votaron por Trump, el Brexit, etc.

Patologías de la universidad pública Salomón Kalmanovitz hace un diagnóstico sobre la situación de las universidades públicas del país en el que dice importantes verdades (El Espectador, 27.03.16). Una buena parte de las universidades públicas regionales están capturadas por el clientelismo y la corrupción. Como ejemplo menciona las universidades de Cartagena y del Tolima, que están prácticamente quebradas, y han perdido sus niveles de calidad al haber sido tomadas por el clientelismo. Destaca tres universidades públicas de buena calidad: Nacional, Antioquia y Valle. Finalmente, propone acabar paso a paso las universidades de mala calidad, y crear varias universidades públicas de investigación en las regiones, de cincuenta mil estudiantes cada una, y blindadas de la política.

Kalmanovitz no analiza, sin embargo, los problemas que tienen, de forma diferente, las tres grandes universidades públicas: las deficiencias de calidad educativa, el desfinanciamiento y el clientelismo político.

Un primer dato para comprender las insuficiencias de calidad de la educación superior resulta del aumento de la cobertura estudiantil, que pasó de 159.218 estudiantes en 1993 a 529.487 en el 2011, mientras que el número de profesores permanece casi el mismo.

Un segundo dato es el aumento de los profesores de cátedra, que en el país llegó en 2014 al 55%. Un tercer dato es que como consecuencia del aumento de la dedicación de los profesores a investigación y extensión se ha puesto en segundo lugar la docencia en los pregrados. El cuarto dato es la desfinanciación que alcanzó en 2012 la cifra de 11,3 billones de pesos. Así, la suma de más estudiantes, más frentes de trabajo profesoral, el mismo número de profesores y el desfinanciamiento ha producido como resultado un deterioro de su calidad académica, aunque con diferencias entre las universidades.

Instituciones como las universidades, cuando están mal financiadas, mal administradas, cuando sus fines no están claramente definidos, cuando factores como el clientelismo político interno y

externo las corrompen, generan sus propias patologías. La deserción es una de ellas y el que haya llegado al 46% en 2015 indica un grave fracaso del sistema de educación superior.

Otra patología realmente nociva en algunas universidades es la selección de los profesores, que no escoge a los mejores, sino que favorece la contratación de los propios egresados y de los que comparten las mismas ideologías. Y otra es el clientelismo interno, que promueve la designación de los directivos, no por logros académicos, sino por negociación entre grupos de interés. ¿Cuál es la terapia? Me parece que hay que plantear cómo debe darse una educación que les enseñe a los estudiantes a cuestionarse, a ser críticos teniendo en cuenta la historia y los problemas del presente. Si pensamos que la solución consiste en universidades de investigación, se debe adoptar como fundamento un programa básico de formación humanista que comprenda el estudio de los autores clásicos en literatura, historia, filosofía, matemáticas, física, ecología. Los tiempos han cambiado realmente, pero la supremacía de una idea de universidad centrada en la investigación no puede invalidar el humanismo, o hacerlo irrelevante para el hombre contemporáneo.

Nos queda Montesquieu Lo dijo una vez Benjamin Constant, hablando en el Ateneo de París cuando este país sufría los rigores del dominio despótico de Napoleón: “Nos queda Montesquieu”. Quizás esto mismo se pueda decir hoy en la profunda crisis de la democracia colombiana, producida por personas, grupos y partidos que se han vinculado al poder del Estado sirviendo supuestamente a los ideales de justicia, libertad y paz de la Constitución del 91, pero que los han instrumentalizado en función de sus propios intereses. Los casos sobre tutelas con indicios de corrupción en la Corte Constitucional, en los que están involucrados el presidente de la Corte y un exmagistrado, muestran solamente una parte de la descomposición del más respetado tribunal de Colombia, de la Justicia y de las otras ramas del Estado.

Para una sociedad que busca desarrollar el proceso de profundización democrática constituye un fracaso que sus gobernantes, legisladores y jueces 69

conviertan el Estado en un medio para la implementación de cambios en su estructura contrarios a los principios de la constitución política de esa sociedad, o que el Estado sirva para la generalización de la corrupción en las instituciones y la sociedad en general, o que en los organismos del Estado, nacionales, departamentales y municipales, predominen prácticas politiqueras y clientelistas para elegir o designar a sus gobernantes o directivos, desconociendo la participación democrática.

les no sean anulados en la práctica. Y para poder ejercer esta vigilancia se requiere que los ciudadanos defiendan democráticamente la constitución ejerciendo sus derechos políticos, resistiendo mediante la crítica y la protesta todos los abusos del poder, utilizando la libertad de prensa para defenderse de la opresión y apelando, si el poder judicial se recupera, a los tribunales para hacer valer los derechos individuales.

Tierra y guerra Según Montesquieu, “la libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu Colombia busca salir de la guerra mediante la que nace de la opinión que tiene cada uno de su negociación política con las Farc y el ELN, pero seguridad. Y para que exista la libertad es necesauna buena parte de la sociedad no quiere aceptar rio que el gobierno sea tal que ningún ciudadano que dejar atrás la guerra es beneficioso. Este secpueda temer nada de otro”. Para el barón de Montor, afincado en la defensa a ultranza de una justitesquieu (1689-1755), el sistema de frenos y contrapesos de los poderes del Estado da una resn diferentes zonas de la nación, los campesinos puesta a esto. En nuestra han estado durante décadas bajo el poder de situación de crisis de la democracia es imperaejércitos privados de derecha e izquierda, han vivido tivo volver a Montesatrapados como víctimas de la polarización armada, quieu. A partir de su fueron despojados de sus tierras y desplazados obra podemos plantear problemas sobre la “rea los cinturones de miseria de las ciudades. forma de equilibrio de poderes”: ¿cómo debe ser organizado un Estacia retributiva absoluta con la que pretende impedo, y cómo deben comportarse sus funcionarios, dir que haya impunidad para las Farc, centrado en de tal manera que ningún ciudadano pueda temer la impugnación de la Justicia Especial para la Paz, nada de otro? ¿Qué puede frenar a los detentaJEP, y en la demonización de la profundización de dores del poder estatal para que no pongan los la democracia, deja de lado las cuestiones que han medios públicos al servicio de sus fines privados causado el conflicto, como la desigualdad econóilícitos? mica, el papel de la concentración de la propiedad La experiencia política de Colombia en los últiy la cuestión agraria. mos años nos ha hecho ver que la representación Negar la guerra interna colombiana con el arpolítica y el sistema de frenos y contrapesos engumento de que lo único que hubo fue terrorismo tre los tres poderes son instrumentos insuficientes por parte de las Farc es negar el papel central que para enfrentar la corrupción y el abuso del poder, fenómenos como las disputas por los derechos de y que para defender la libertad política es necepropiedad sobre la tierra jugaron en la misma. sario, por medio de una profunda reforma del Estado, establecer salvaguardias positivas y cuerpos Es incomprensible que el país político, los meintermedios bastante poderosos para emplear a dios y el entorno uribista giren en sus discusiones y favor de los ciudadanos desprotegidos. argumentaciones en torno a asuntos que realmente se han convertido en triviales de tanto repetirNo basta tener una constitución, es necesario los y que como ciudadanos no seamos capaces de poder ejercer una vigilancia en cada momento enfrentar los problemas de fondo de nuestro país. para asegurar que los principios constituciona-

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En diferentes zonas de la nación, los campesinos han estado durante décadas bajo el poder de ejércitos privados de derecha e izquierda, han vivido atrapados como víctimas de la polarización armada, fueron despojados de sus tierras y desplazados a los cinturones de miseria de las ciudades. La sociedad colombiana tiene una deuda con ellos y con los sectores más pobres, y saldarla debería estar por encima de los intereses partidistas y particulares.

Ahora que se inicia la discusión sobre el proyecto de ley de tierras para dar cumplimiento al acuerdo agrario, caen rayos y truenos sobre esta iniciativa que, realmente si fuéramos una sociedad justa y decente, debería ir más allá de lo acordado con las Farc. Pero el representante de Fedegán, José Félix Lafaurie, la demoniza porque es parte del acuerdo. La ley de tierras, dijo en CM&, “perturba la propiedad privada. El día que se vulnere la propiedad privada se prende la mecha”. Frase

aterradora y amenazante. Y mucho más frente a la dramática cifra de 127 líderes sociales asesinados en el país en los últimos meses. ¿Qué pretende la ultraderecha con su discurso incendiario contra los acuerdos?

Quien conozca la historia de Colombia no puede desconocer que el problema de la tierra y la posibilidad de una reforma agraria han estado en el centro de la confrontación en el país desde el siglo xix. En el orden político existente la tierra se ha concentrado en pocas manos. Según los datos disponibles, el 77% de esta está en poder del 13% de propietarios, y además, 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra (Reyes, 2009). Es necesario un proceso de justicia social redistributivo si queremos eliminar las razones estructurales que llevaron a la violencia. Es cínico, irresponsable y antipatriótico amenazar con más violencia si se le da a la propiedad privada su función social constitucional.

1. Fragmentos del libro Paz, democracia y educación, de Francisco Cortés Rodas, publicado por la Editorial Universidad de Antioquia. Todas las columnas aparecieron originalmente en el periódico El Colombiano.

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Introducción Los denominados ‘Estudios para la paz’ [EP] son un campo de saber interdisciplinario de las ciencias humanas y sociales, surgido como respuesta de la academia universitaria europea del siglo XX a las necesidades de resolución negociada de los conflictos armados, pensada en el marco de una “paz por medios pacíficos”.1

Los estudios de paz: un marco conceptual para la construcción de paz en Colombia

Por Roberth Uribe Álvarez Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia

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Sus inicios se remontan a mediados del siglo XX2, una vez vieron luz las pioneras investigaciones de Adam Curle3 y, posteriormente, las de Johan Vincent Galtung, en torno a la relación entre conflictos y violencias a través del pacifismo, a partir de la cual fueron elaboradas las bases conceptuales y metodológicas de la categoría “paz por medios pacíficos”, cometido teórico e instrumento cultural más importante de los EP. Por su parte, la consolidación de los EP tiene su origen especialmente en la fundación y puesta en marcha, a iniciativa del propio Galtung, del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz en la Universidad de Oslo, en 1959, y de la Revista de Investigación sobre la Paz (Journal of Peace Research), en 1964, en dicho Instituto.4 Más de seis décadas después, son hoy varias las instituciones universitarias del mundo que cuentan con académicos, institutos de investigación y de posgrados, publicaciones y revistas de EP, a partir de los cuales no sólo se postula, sino que se proyecta, la autonomía e identidad epistémica de los EP, en el marco de una plurali-

dad de concepciones teóricas y metodológicas de éstos5, que siguen siendo todavía un campo interdisciplinario conceptual y metodológicamente abierto y en constante construcción.6 Con todo, esta apertura no imposibilita efectuar una aproximación teórica básica a las categorías que integran los EP, a efectos de generar un marco conceptual y metodológico básico para el análisis de la situación colombiana actual respecto de la construcción de paz surgida de la terminación del conflicto entre el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep, producto del Acuerdo entre estas dos partes de la negociación cuyo proceso de implementación comienza.

1. El pacifismo como discurso central de los EP: el proyecto de una paz por medios pacíficos Los EP se han ocupado de investigar las relaciones entre conflictos, violencias y paz(ces). Las principales conclusiones en torno a estas relaciones apuntan a reconocer el conflicto, en sus diversas manifestaciones, como un elemento inherente a la convivencia social.7 De allí que la preocupación central de los EP no sea la existencia de situaciones de conflicto, tanto como el recurso a diferentes modos de violencia en su desarrollo y resolución.

Por ello, los EP se centran en la categoría ‘transformación pacífica y positiva de los conflictos’, esto es, en lograr que de la situación conflictiva surja una transformada en algo favorable, que contribuya a la armonía individual y social. En otros términos, los EP no niegan el carácter ontológico de los conflictos sociales en la organización y la vida sociales, sino que se centran en elaborar herramientas para erradicar las diferentes violencias conflictivas como soluciones negativas de estos.

Ahora bien, la transformación positiva de los conflictos se sirve de una cultura de la no-violencia representada en las doctrinas pacifistas.8 De los pacifismos proviene la idea de que los conflictos son situaciones que acompañan la convivencia social, así como su rechazo al recurso de cualquier forma de expresión de violencia en el ámbito de dicha convivencia, conflictiva o no, proponiendo en su lugar una convivencia en armonía; una convivencia pacífica.

Esta concepción del conflicto y sus posibilidades de transformación positiva son incorporadas de los pacifismos por los EP, lo que conlleva que el proyecto epistemológico de estos EP esté orientado a responder la pregunta central de ¿cómo transformar los conflictos de forma pacífica (y positiva)?

De los pacifismos

proviene la idea de que los conflictos son situaciones que acompañan la convivencia social, así como su rechazo al recurso de cualquier forma de expresión de violencia en el ámbito de dicha convivencia, conflictiva o no, proponiendo en su lugar una convivencia en armonía; una convivencia pacífica.

Para estos efectos, y teniendo en cuenta que el trabajo académico de Galtung ha sido no sólo en el ámbito de los EP, sino también en el de la teoría social, especialmente de los conflictos y las violencias como dos de sus grandes problemas de investigación, todo en el marco conceptual de una “paz por medios pacíficos”, los EP utilizan las categorías de clasificación de las violencias y las paces introducidas por este autor9, según la cual los conflictos y la convivencia social 73

se transforman pacífica y armónicamente, y de forma positiva, erradicando las tres formas esenciales de violencia social: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural o simbólica, a través de la paz directa, la paz estructural y la paz simbólica o cultural, respectivamente.

Además de las anteriores clasificaciones, también distingue Galtung entre una ‘paz negativa’ y una ‘paz positiva’ para referirse a la paz como superación de la violencia directa; de los hechos de conflicto (paz negativa), y a la paz como generación de condiciones políticas, sociales y culturales para la superación de las violencias estructural y cultural (paz positiva), respectivamente.10 a. Violencia y paz directas

Cuando las

desigualdades sociales y políticas llegan a niveles de insatisfacción extrema de las necesidades básicas de la población, se considera que la pobreza y la miseria como manifestación de inequidad e injusticia social y política constituyen, en sí mismas, violencia estructural...

La violencia directa es toda aquella situación que implica, en el marco de un enfrentamiento armado, el ejercicio de la fuerza física y/o psíquica lesiva de la vida, la salud o la integridad de un ser humano o un colectivo de seres humanos por otro sujeto individual o colectivo, con el propósito de generar la aniquilación, el sometimiento o la dominación de otros.11 La ‘paz directa’ es entendida como la terminación de la violencia directa en todas sus formas. b. Violencia y paz estructurales Este tipo de violencia (y de paz) están relacionadas con la estructura social. Este concepto está enmarcado en el ámbito de las relaciones políticas y sociales suscitadas en las organizaciones sociales.

Estas establecen reglas y conocen prácticas que históricamente han implicado el establecimiento de clases sociales y grupos políticos que se caracterizan por ser desiguales, en cuanto al acceso a la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones y al papel de la sociedad y del Estado en la disminución de la desigualdad social.12 Cuando las desigualdades sociales y políticas llegan a niveles de insatisfacción extrema de las necesidades básicas de la población, se considera que la pobreza y la miseria como manifestación de inequidad e injusticia social y política constituyen, en sí mismas, violencia estructural (al tiempo que generan acciones y omisiones institucionales de violencia estructural).

La superación de estas condiciones de exclusión y desigualdad sociales, de un modo también estructural, esto es, posibilitando la satisfacción generalizada de las necesidades básicas de la población, dando lugar a altos niveles de igualdad y equidad social, es considerada en la irenología o investigación para la paz, la ‘paz estructural’. c. Violencia y paz culturales o simbólicas La violencia cultural es definida como cualquier elemento de la cultura que legitima aspectos tanto de la violencia directa como de la violencia estructural.13 Estos elementos culturales pueden ser lingüísticos, religiosos, ideológicos, artísticos, científicos, entre otros. La paz cultural o simbólica surge de la superación de estas formas de legitimación cultural de las violencias directa y estructural, mediante

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la creación de una cultura que de forma explícita rechace estas violencias y promueva el pacificismo como cultura social.

2. El discurso de los EP y su utilización para la construcción de una paz por medios pacíficos en Colombia 2.1. La paz directa o negativa: el Acuerdo de terminación del conflicto colombiano Gobierno-Farc Los EP plantean un marco (meta)teórico que incluye conceptos, categorías, discursos y metodologías de construcción e investigación de paz que tiene una capacidad de rendimiento limitada, tanto para el conocimiento de situaciones de conflicto como para el planteamiento de procesos de paz para superarlas, que exige la identificación y el estudio de condiciones de adecuación a situaciones de contexto, como por ejemplo geopolíticas, jurídicas, económicas, culturales, sociales, internacionales, entre otras, que demandan (re)diseños institucionales concretos adecuados a las necesidades de construcción de paz por medios pacíficos.14 Tal es el caso de la construcción de paz en el contexto colombiano actual del Acuerdo entre Gobierno y Farc-EP. Este representa un marco de orientación o una carta de navegación para el Estado, los sujetos negociadores (gobierno y Farc), los garantes y demás sujetos internacionales y la sociedad civil, en lo que respecta a la institucionalización e implementación de dicho Acuerdo, y para la construcción de una paz sostenible y duradera en Colombia, por supuesto. De allí que el estudio de este Acuerdo constituya, por tanto, un aspecto central de contextualización de los EP para la construcción de paz en Colombia.

Los temas generales que están contenidos en los diferentes puntos del Acuerdo de La Habana representan no sólo un aspecto de carácter normativo sino también, en cada caso, todo un marco de condiciones para formular teorías o reflexiones teóricas y empíricas acerca de ellos, cuya investigación universitaria se torna de gran pertinencia y relevancia, en ámbitos como los que se sugieren a continuación:

Los temas generales

que están contenidos en los diferentes puntos del Acuerdo de La Habana representan no sólo un aspecto de carácter normativo sino también, en cada caso, todo un marco de condiciones para formular teorías o reflexiones teóricas y empíricas acerca de ellos...

Punto 1. Reforma rural integral: estudios de las nuevas ruralidades colombianas, ciudadanías rurales, desurbanización de la población colombiana y desarrollo.

Punto 2. Participación política: estudios sobre democracia participativa en Colombia, problemas de la participación política en Colombia y una nueva teoría política en Colombia.

Punto 3. Cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas (estudios del derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario; estudios de reintegración social; estudios de garantías de seguridad para defensores de derechos humanos y líderes políticos y de movimientos sociales.

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Punto 4. Solución al problema de drogas ilícitas: estudios sobre economías ilegales; estudios de salud pública de los consumidores; estudios sobre economías alternativas.

Punto 5. Resarcimiento y reparación a las víctimas: estudios sobre victimología y derecho; principios de la justicia transicional y victimología; estudios sobre justicia restaurativa y victimología.

Punto 6. Implementación y verificación de los Acuerdos.

2.2. La justicia… transicional

La justicia

consensualrestaurativa se funda en la idea de la capacidad de los sujetos de una relación en conflicto para transformar pacífica y elicitivamente su disputa y llegar a un acuerdo que les permita superarla de modo positivo.

La convivencia social se ve constantemente desafiada por competencias por recursos, por intereses contrapuestos respecto de estos y por diversidad de conflictos, de modo que la capacidad para vivir en medio de una situación conflictiva y, ante todo, de su resolución civilizada y pacífica, es un aspecto sobre el cual las organizaciones sociales y políticas, como por ejemplo los Estados constitucionales, deben construir políticas públicas de justicia(s), en pro de la convivencia armónica y pacífica de los asociados, con mayor razón en aquellas sociedades que, como la colombiana, experimentan conflictos armados internos.

Cuando se habla de justicias, desde un punto de vista ideal o normativo, hablamos de modos de dirimir los conflictos sociales, de posibilitar su superación generando acceso equitativo a bienes y recursos básicos, y contribuir al mantenimiento de la armonía. Pensar en plural ‘las justicias’ conlleva la admisión de que los conflictos pueden ser resueltos de formas diferentes, con aplicación de criterios y elementos de justicia(s) también plurales y diversos.

A este respecto, para hablar de ‘justicia transicional’ es importante enmarcar la reflexión sobre la justicia en dos grandes tipologías, que responden a dos criterios diferentes de comprensión de esta categoría de la razón pública: en primer lugar, desde un criterio formal, es posible identificar el dualismo compuesto por el enfoque de la justicia autocompositiva, de carácter consensual o negocial, contrastado con el de la justicia heterocompositiva, de carácter institucional o estatal. En segundo lugar, obedeciendo un criterio de carácter sustancial, se encuentra el dualismo que da cuenta de los modelos de justicia retributiva punitiva o sancionatoria, contrarios a los de justicia restaurativa o resarcitoria.

Una teoría de orientación institucional respecto de la justicia, esto es, que piense en esta como una institución social y, en cierta medida, en la perspectiva de un sistema de justicia que responda de forma integral a las demandas de justicia de la sociedad, debería posibilitar la combinación de los dos criterios mencionados bajo la siguiente orientación funcional: los modelos de justicia consensual son de orientación preponderantemente restaurativa; por su parte, los modelos de justicia heterocompositiva (judicial) se orientan de forma preponderantemente retributiva.

La justicia consensual-restaurativa se funda en la idea de la capacidad de los sujetos de una relación en conflicto para transformar pacífica

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y elicitivamente su disputa y llegar a un acuerdo que les permita superarla de modo positivo. Para ello, la generación y la profusión de capacidades y competencias sociales en resolución consensual y pacífica de conflictos, específicamente en mediación, entre otros mecanismos (conciliación, transacción, arbitramento), constituye un compromiso social y estatal en educación en ciudadanía y en convivencia armónica.

La justicia estatal o judicial se funda, por su parte, en la idea de que los sujetos del conflicto no logran tramitar —en lugar de decir que no fueron capaces—; llegar entre ellos y de modo directo a un acuerdo para resolver pacíficamente su conflicto, de modo que se hace necesaria y procedente la intervención de un tercero que es provisto por el Estado: el juez.

La justicia consensual debería ser la regla general, mientras que la justicia judicial debería ser subsidiaria o residual a aquella. Lo anterior significa que se requiere el diseño institucional de un sistema de justicia que posibilite y proyecte escenarios de justicia consensual que permitan que este modelo funcione como regla general de justicia, y un sistema judicial que, aunque residual o subsidiario del anterior, esté fortalecido institucionalmente.

La transición de una situación de conflicto armado interno hacia una de convivencia pacífica resulta desafiada por la aplicación cabal de los criterios de la justicia institucional ordinaria. De allí que los EP planteen que para hacer viable la superación de un conflicto armado interno y el asentamiento de las bases para una convivencia pacífica, sea necesario reducir los estándares de la justicia ordinaria, la cual está diseñada para situaciones regulares de conflicto, esto es, para conflictos no-armados.

Es por ello que se postula la categoría de la ‘justicia transicional’, esto es, una justicia especial, si se quiere “dúctil”, “de mínimos”, diferente a la ordinaria, para el juzgamiento de los ilícitos penales, administrativos y civiles que fueron realizados durante el marco de un conflicto armado interno, y en aras de garantizar los principios que orientan este tipo de justicia especial, básicamente dirigidos a la protección de los derechos de las víctimas del respectivo conflicto: verdad, reparación integral, no-repetición y reconciliación.

La justicia

transicional se encarga entonces de incluir ámbitos de jurisdicción según la clase de ilicitudes que se cometen en el marco del conflicto armado.

La justicia transicional se encarga entonces de incluir ámbitos de jurisdicción según la clase de ilicitudes que se cometen en el marco del conflicto armado. En el caso colombiano, estos ámbitos son la jurisdicción para la restitución de tierras, la jurisdicción penal de justicia y paz (del proceso de reintegración de los paramilitares) y la reparación administrativa integral de las víctimas. Además de éstas, a partir de los Acuerdos de La Habana, está en curso la entrada en vigencia la Justicia Especial de Paz —JEP—.

Un sistema de justicia transicional tiene el reto de realizar respuestas satisfactorias e idóneas a las demandas de justicia de las víctimas del conflicto, como destinatarios especiales o privilegiados de este modelo transicional de la justicia, como también de los actores beligerantes del respectivo conflicto.

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3. Paz positiva 3.1. La superación de la violencia estructural: armonización social de y con los excombatientes, memoria histórica y equidad territorial a. Reincorporación (armonización social y política) En los procesos de construcción de paz positiva, esto es, de paz estructural y cultural, es clave la garantía de condiciones de reintegración o reincorporación a la vida social y política de quienes abandonan las armas y se aprestan a una convivencia social pacífica y en armonía. Por ello, los EP se ocupan también de la investigación acerca de dichas condiciones de armonización social y política para la paz.

El acceso a medios

de información y comunicación, las garantías para el ejercicio de la política democrática en condiciones de seguridad para la vida y el ejercicio de la actividad política, forman también parte de los elementos que dan cuenta de un proceso de armonización integral...

Es de gran importancia que quienes, como integrantes de un grupo político armado, inician una vida de convivencia pacífica y armónica, cuenten con el acceso a su mínimo vital garantizado, por lo menos por un buen tiempo, mientras logran por sí mismos proveérselo.

Son varias las cuestiones relacionadas con la armonización social, además de la relativa a la garantía del ingreso mínimo vital de quienes se reincorporan a la vida social y política, que hacen parte de los problemas a ser resueltos en el proceso de pensar la paz positiva: la educación, que debe ser integral, es decir, garantizar el acceso a la educación básica, pasando por la media, incluyendo la educación superior, cuando menos técnica o tecnológica; la participación política, que debe ser permitida en condiciones de igualdad con los diferentes partidos y movimientos políticos; el acceso a un trabajo digno y decente, y a la financiación de recursos para la generación de proyectos de economía solidaria.

El acceso a medios de información y comunicación, las garantías para el ejercicio de la política democrática en condiciones de seguridad para la vida y el ejercicio de la actividad política, forman también parte de los elementos que dan cuenta de un proceso de armonización integral, que por tal razón debe ser asegurado por el Estado y la sociedad a los reintegrados. b. Memoria histórica y social Los EP buscan posibilitar una identificación y una comprensión (existen múltiples posibilidades de esta identificación y comprensión) de los hechos de guerra suscitados en el marco de un conflicto armado interno, tanto para efectos de la justicia que respecto de estos hechos se espera, sobre todo por las víctimas del conflicto, como también para su desvaloración social e institucional como hechos constitutivos, varios de ellos, de negaciones a la inviolabilidad del ser humano, conditio sine qua non de la dignidad humana.

Este proceso de comprensión deviene del carácter narrativo y dialógico que tienen las sociedades políticamente organizadas como democráticas y civilizadas. En estas sociedades, las relaciones sociales se construyen, en efecto, sobre la base del intercambio de narratividades, las cuales aportan a configurar representaciones sociales y

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subjetividades en torno a ciertas situaciones, a partir de determinadas categorías. Valorar los actos de paz y desvalorar los hechos de guerra, son prácticas narrativas y, con ello, valorativas o axiológicas que las sociedades acometen a efectos de fijar estándares de comportamiento en términos de su corrección o incorreción ética y de su licitud o ilicitud jurídica.

De allí que reconstruir la historia para crear un acopio de memorias acerca de la guerra que sucedió en determinada sociedad, contribuye a la creación de una cultura de paz que no olvide los actos de atrocidad y deshumanización propios de un conflicto interno, como el colombiano, escalado en sus niveles de violencia y de crueldad, pero que no lo olvide ante todo para aprender a partir de su reconstrucción histórica y narrativa, la importancia y el valor de la paz y la armonía como formas de vida y de relacionamiento colectivo.

En tal medida, los EP tienen, en las investigaciones sobre memoria histórica y social, un componente de gran trascendencia en cuanto al dimensionamiento y significación cultural de los niveles de crueldad a los que ha llegado y puede llegar el ser humano con sus congéneres, degradando con ello la dignidad humana como valor fundante de la convivencia pacífica, y también en cuanto a la capacidad de generar retracciones comportamentales respecto de dichos actos de guerra, por la vía del enaltecimiento de actos de paz como criterios moralmente valiosos de acción y relacionamiento en una sociedad pacífica y civilizada. c. Equidad territorial: nuevas ruralidades, nuevas ciudades Los EP se ocupan también, de forma especial, de un problema complejo, sobre todo en los Estados constitucionalmente regulados con una forma de Estado centralista o unitarista y cuya forma de gobierno es presidencialista, como Colombia: en estos modelos, los EP llaman especialmente la atención respecto de la cuestión de la equidad territorial de la paz, al punto que promueven una “paz territorial”.

A la forma de

Estado unitario se contrapone la del Estado federal, e incluso las formas matizadas de federación como la de las regiones con autonomía administrativa parcial.

A la forma de Estado unitario se contrapone la del Estado federal, e incluso las formas matizadas de federación como la de las regiones con autonomía administrativa parcial. Por su parte, a la forma de gobierno presidencial se contrapone una parlamentaria o las alternativas cercanas a ella.

En el caso colombiano, el conflicto armado interno que con discontinuidades ha caracterizado nuestra historia republicana (hay que tener en cuenta que hemos vivido muchos conflictos y posconflictos), ha estado atravesado por la reivindicación de una forma de Estado y de gobierno que busca ser alternativa al unitarismo centralista y al hiperpresidencialismo que históricamente nos caracterizan.

El Acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las Farc-EP estuvo precedido de la explícita renuncia a discutir el modelo político y económico que nos rige. Pero, la vigencia adecuada de la Constitución de 1991, junto con la implementación de los referidos acuerdos para una paz sostenible, indudablemente deberán responder, así sea de forma mínima, a la cuestión territorial inmersa en nuestras tradiciones 79

colombianas en torno a la forma de Estado y de gobierno: ¿cómo lograr otorgar autonomía administrativa y, con ello, reconocimiento de identidad y diversidad regionales, a los diferentes territorios que existen en Colombia? Más aún, ¿como posibilitar la igualdad y la equidad entre estos diferentes territorios y sus habitantes, especialmente, entre los rurales y los urbanos y, en el caso de los urbanos, entre los estratos más bajos y los medios y altos?

La incorporación

del pacifismo y su potencial para transformar positivamente las situaciones de conflicto requiere de procesos colectivos, formales e informales, de configuración de subjetividades apropiadas a esta forma de pensar la convivencia civilizada.

Una paz estructural sostenible y duradera pasa por el establecimiento de políticas públicas de equidad en diversos niveles, pero especialmente en los territoriales, que tienen directa relación con los dualismos ciudad-campo / pobres-ricos. Si no se brinda a los campesinos y a los habitantes de estratos bajos de las ciudades las condiciones de tener el estatus de ciudadanos iguales a los habitantes de estratos medios y altos de estas, específicamente en cuanto a la satisfacción cabal de sus derechos fundamentales a la educación, la salud, la seguridad social, el acceso a la información y a la cultura, no es posible hablar de una paz positiva y en ocasiones, logrando la erradicación del conflicto armado, ni siquiera de una paz negativa.

De allí que un gran tema a constituirse en objeto de estudio por los EP, además del concerniente a otros tipos de equidad como la de los enfoques de género y diferencial, es la equidad territorial, en pro de una paz territorial equitativa y justa.

3.2. La superación de la violencia cultural: cultura de paz a. Educación para la paz La incorporación del pacifismo y su potencial para transformar positivamente las situaciones de conflicto requiere de procesos colectivos, formales e informales, de configuración de subjetividades apropiadas a esta forma de pensar la convivencia civilizada. Por ello es de gran relevancia la generación de una cultura de paz que promueva el pacifismo.

Sobre este aspecto es importante evitar incurrir en la categoría denominada “cultura violenta” o “cultura de la violencia”, que desde la perspectiva de Galtung es inadecuada como forma de explicación y comprensión de algunas de las violencias sociales. Conforme a la teoría de Galtung no existe una cultura violenta, más sí una ‘violencia cultural’, especialmente de carácter simbólico. Por ello, cuando se habla de una ‘cultura de paz’, no se hace como respuesta a una “cultura de la violencia”, sino como respuesta a la ‘violencia cultural’ llevada a cabo a través de distintas formas de violencia simbólica.15 Lo anterior significa que la cultura (de paz) puede contribuir de buen modo a reconfigurar simbologías que sirven como instrumentos de violencia, y en su lugar conformar semióticas para el ejercicio del pacifismo y la convivencia armónica. Este es el sentido de la cultura de paz como parte de los EP para la construcción de paz. Una cultura de paz puede suministrar insumos valiosos para que los diversos procesos culturales (las artes, la literatura, la política, el ámbito público, etc.) de las sociedades, sean procesos pacifistas de interacción social.

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Ahora bien, en el marco de los procesos culturales para la paz, la ‘educación para la paz’ es, sin duda, uno de los componentes de la cultura de paz de más idoneidad para su consolidación.16 Como factor cultural, se habla aquí de la educación en el sentido más amplio que el término admite, para incluir tanto los ámbitos de educación informales como formales. Los primeros están constituidos por escenarios como la familia, la religión, la actividad política, la salud pública, los medios de comunicación, entre otros, que aportan elementos educativos a la consolidación de una cultura pacifista en el sentido hasta ahora advertido.

Los segundos están integrados por los ámbitos escolares, tanto de la educación básica, media y la universitaria, esta última en los niveles técnico, tecnológico, profesional y posgradual. En estos es de gran importancia la formación de los sujetos pedagógicos en clave de los discursos y las prácticas educativos pacifistas (pedagogías de paz): la concepción de la epistemología pedagógica como creación más que como recreación; de la evaluación pedagógica por fuera de las dimensiones de justicia retributiva y del castigo y adentrada en los modelos de justicia consensual y restaurativo, coherentes con la promoción de las capacidades de mediación, convivencia y de formación integral; de la escuela como un escenario para la creación de un espacio y/o territorio de paz que es capaz de cuestionar y transformar las prácticas de violencia simbólica, tanto intra como extraescolar.

Por ello, la teoría educativa, los currículos, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, las políticas públicas de la educación, entre otros aspectos, deben formar parte de la investigación y la enseñanza de los EP para la construcción de la paz. b. Justicia… restaurativa, transformación elicitiva de conflictos y mediación Uno de los fines justificatorios de los Estados constitucionales es la promoción de una convivencia social en paz y en armonía. Para la convivencia pacífica y armónica uno de los instrumentos esenciales con los que cuenta el Estado constitucional es el sistema de justicia, que debe dar cuenta, de forma integral, tanto de las dimensiones consensual como judicial y transicional de la justicia.

... los EP se

dirigen a promover la consolidación de una justicia enmarcada en la cultura de paz, es decir, de una justicia que contribuye a la cultura de paz: la ‘justicia restaurativa’.

Pero los EP no se agotan en la teorización de la justicia transicional, pues ésta tiene unos destinatarios definidos, que están representados por los sujetos del conflicto y sus condiciones de reconciliación: víctimas y perpetradores de los daños a estas (directos e indirectos).

Más allá de este importante propósito de reconciliación, que de forma directa involucra a los referidos sujetos y al sistema de justicia transicional, los EP se dirigen a promover la consolidación de una justicia enmarcada en la cultura de paz, es decir, de una justicia que contribuye a la cultura de paz: la ‘justicia restaurativa’.

Como se dejó enunciado, este modelo parte de una comprensión de la justicia que valida no sólo aquella de carácter heterocompositivo e institucional (entiéndase judicial), sino también, y ante todo, 81

aquella que proviene de las iniciativas autocompositivas de los ciudadanos, que puede ser descrita como la justicia consensual.

La justicia consensual en sus diversas modalidades incluye una serie de prácticas sociales de justicia que si bien reconocen y recurren a la jurisdicción eventualmente, se asientan en una cultura de justicias “negociadas”, que son posibles cuando los ciudadanos son educados con capacidades de mediación y transformación positiva de conflictos, como parte de una cultura de no-adversariedad y de no-escalamiento de estos, entre las cuales se destaca la denominada “justicia restaurativa”.

A diferencia del

modelo de justicia transicional, que es especial (en cuanto a los destinatarios) y temporal (tiene límites de tiempo), el modelo de justicia restaurativa tiene una vocación de regularidad y permanencia, o en otros términos, es estructural.

A diferencia del modelo de justicia transicional, que es especial (en cuanto a los destinatarios) y temporal (tiene límites de tiempo), el modelo de justicia restaurativa tiene una vocación de regularidad y permanencia, o en otros términos, es estructural. Este modelo se basa en prácticas autocompositivas legítimas (pacíficas) de transformación de los conflictos sociales, entre las cuales despunta como primordial y relevante la ‘mediación’. Educar en justicia restaurativa es promover la cultura de la mediación, y generar condiciones estructurales de una cultura de mediación es establecer condiciones estructurales para una cultura de paz.

Por ello, cuando se trata de la justicia, los EP se ocupan tanto de la justicia transicional como, especialmente, de la justicia restaurativa, sobre todo por la orientación de esta última a la configuración de un sistema de justicia que sea conducente a la transformación positiva, armónica y pacífica de los conflictos sociales en el marco de una cultura de paz. c. Reconciliación y armonía (convivencia pacífica) En las experiencias de construcción de paz en el marco de la terminación de conflictos armados, especialmente internos, suscitada en medio de circunstancias y contextos muy disímiles, se suele afirmar que la reconciliación es el Talón de Aquiles. De allí que para los Estudios de paz (EP) la reconciliación sea uno de sus problemas teóricos centrales, y para la experiencia de construcción de paz propiamente dicha su desafío más grande.

Sin embargo, es común que los EP no sean de amplio conocimiento o, mejor aún, no estén muy apropiados por los universitarios, ni siquiera los de las disciplinas humanas y sociales, con todo y que los académicos y profesionales de éstas sean frecuentes y apropiados partícipes de la construcción de paces. Lo anterior puede deberse, entre otras razones, a que estos estudios son aún recientes, si se miran desde el punto de vista de la historia de las ciencias sociales, consolidadas un siglo antes que éstos, que son contemporáneos. También puede obedecer a que existe una división, con diferentes matices, entre la teoría de los EP y su praxis social e institucional. Y es probable también que esta escasa propensión hacia los EP se origine en el carácter multidisciplinar de estos estudios, que trascienden la interdisciplina y llegan incluso a combinar tradiciones culturales occidentales y orientales; todo un desafío en términos de nuestras tradiciones epistemológicas.

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Ahora bien, como parte que son de los EP, los problemas concernientes a la reconciliación son también, y tal vez de modo más notorio, objeto de una mirada escéptica e incluso de rechazo por diferentes trabajadores de paz. Además de las razones descritas, este distanciamiento respecto de la reconciliación es claro que obedece al origen religioso de esta, la cual está presente como institución teológica en las más diversas religiones de Oriente y Occidente.

Un problema a resolver, a este respecto, es, entonces, la viabilidad (o no) de una fundamentación secular o no religiosa de la reconciliación, a efectos de su inclusión en las agendas académicas de los EP y de su incorporación en las experiencias de construcción de paz en el momento actual en Colombia; problema que determina los elementos estructurales de la reconciliación como aspecto constitutivo o medular para una consolidación de los EP en nuestras universidades y para la experiencia de construcción de paces en Colombia, actualmente.

En cuanto a la cuestión de la fundamentación secular de los estudios de reconciliación como parte de los EP, tiene sentido indicar que desde una perspectiva muy amplia la reconciliación se suele definir como el restablecimiento de la amistad y la convivencia entre dos partes que han estado enfrentadas o enemistadas, en un ambiente de conflicto armado y violento.

La historia de la reconciliación está ligada al decurso de diversas religiones orientales y occidentales, para las cuales las acciones de “perdonarse” y “reconciliarse” (volver a estar conciliados, es decir, juntos, aquellos que estuvieron en contradicción), hacen parte de las reglas para llegar a dios.

Este rasgo común de la reconciliación, como norma común de las más diferentes religiones, ha llevado a algunas aproximaciones ecuménicas de esta categoría, que no por ello deja de ser religiosa.

Pero no todos los enfoques de la reconciliación conducen a su concepción como un valor religioso. También es posible, desde una ética civil, laica o secular, disertar acerca de la Reconciliación como un valor ético adscrito a una moral social crítica, que no a una moral teológica.

Así vista, la reconciliación es un valor ético-social que forma parte del concepto del “(derecho a la) paz”. La paz en una de sus manifestaciones, esto es, como paz positiva, precisa reconciliación.

La historia de la

reconciliación está ligada al decurso de diversas religiones orientales y occidentales, para las cuales las acciones de “perdonarse” y “reconciliarse” (volver a estar conciliados, es decir, juntos, aquellos que estuvieron en contradicción), hacen parte de las reglas para llegar a dios.

De este modo la reconciliación, como aspecto conceptual del (derecho a la) paz, forma parte de la razón pública y práctica, desde tres niveles discursivos de esta, que aunque diferentes son complementarios: desde el nivel de la filosofía del derecho, en tanto el derecho a la paz integra el conjunto de derechos fundamentales de los ciudadanos de un Estado constitucional, de cuya protección y garantía debe ocuparse el derecho y el Estado (de derecho); desde el nivel de la filosofía moral o de la ética normativa, en cuyo marco procede dilucidar si la reconciliación, como la paz, es un valor moral (o no), y de serlo cómo funciona este valor, en un contexto de construcción de 83

civilidad; y, desde el nivel de la filosofía política, en el que la reconciliación propone una forma de concebir y ejercer el poder político y las relaciones políticas de una sociedad democrática, en la que la participación social en lo público es uno de los aspectos estructurales de la democracia constitucional.

Si la reconciliación es objeto de estudio de la filosofía del derecho, de la filosofía moral y de la filosofía política, lo es desde una dimensión de la paz como derecho fundamental y como valor de la democracia constitucional, pero un derecho fundamental y un valor constitucional enmarcados en el laicismo como parte de una teoría del Estado moderno que tiene clara la separación del Estado y la(s) iglesia(s) y, con ello, del derecho, la ética y la política de las religiones.

... la reconciliación

es el instrumento a través del cual se restauran las bases de la convivencia armónica entre los actores otrora confrontados de un conflicto político.

Y entendida así la justificación del derecho a la paz surge una dimensión de la reconciliación como parte de un derecho, una moral y una política de un Estado y una sociedad civil, laicos y seculares.

Con ello, el carácter religioso y teológico de la reconciliación puede ser objeto de estudio de la historia de ésta, enriqueciendo su entendimiento conceptual y su apropiación como competencia social, pero desde una teorización de la reconciliación desde una razón pública laica y no-confesional.

Ahora bien, la reconciliación tiene relevancia no sólo en el ámbito de la razón práctica, sino en el de la experiencia de construcción de paz como hecho institucional complejo, individual y colectivo, es decir, como acción de la que forman parte diversas organizaciones y grupos de personas, víctimas y victimarios, que estuvieron en una confrontación política que recurrió al uso de diferentes violencias.

En efecto, la reconciliación es el instrumento a través del cual se restauran las bases de la convivencia armónica entre los actores otrora confrontados de un conflicto político. A través de ella es posible el reconocimiento mutuo de la inviolabilidad del ser humano, de su noinstrumentalidad para fines diferentes de sí mismo en tanto que ser digno, único e irrepetible.

La reconciliación posibilita la sanación de las heridas espirituales, individuales y colectivas, que deja en los seres humanos, sobre todo en quienes son víctimas, la presencia del conflicto armado y violento.

La reconciliación es, metafóricamente hablando, el cicatrizante de dichas heridas, permitiendo a víctimas y victimarios retomar la vida en común aceptando, por ejemplo, la aplicación de la justicia transicional viéndola, no como impunidad, ni con sed ni deseo de venganza, sino como un instrumento de justicia restaurativa y reparadora, cuyo fin no es la retribución ni el castigo sino el retorno de la indemnidad y de la dignidad de las víctimas.

A partir de esta función restaurativa, la reconciliación presenta nuevos desafíos para el accionar de los académicos de las más diversas disciplinas, en cuanto a problemas de investigación y estudio, y para los trabajadores de paz obviamente, problemas a partir de los cuales la construcción de paz en Colombia resulta contextualizada a nuestras condiciones de realidad y contexto.

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A este respecto, una primera cuestión es la que tiene que ver con el estudio de las emociones (entendidas como sentimientos negativos que pueden reconducirse en sentimientos positivos), dado que la reconciliación está atravesada por ellas. El estudio de la filosofía de la mente y de la teoría cognitiva por los diferentes teóricos de las ciencias sociales, especialmente por la psicología, la antropología y el trabajo social, indudablemente contribuirá a una experiencia de construcción de paz mejor apropiada de la reconciliación laica, liberando esta del dogal de la teología y la religión.

En torno a la reconciliación surgen prácticas sociales muy ligadas a ciertas emociones que pueden trasuntar al nivel de sentimientos positivos (o quedarse en el nivel de sentimientos negativos): el arrepentimiento de los perpetradores y el perdón de las víctimas a éstos. La reconciliación como un proceso de arrepentimiento y perdón mutuos y genuinos, sanativos y restauradores de la capacidad de paz personal y relacional de perpetradores y víctimas, es la mayor garantía de reparación de los tejidos sociales, de no repetición de la violencia y del conflicto, y de una paz estable y sostenible.

En segundo lugar, la configuración de los habitus para la paz, esto es, de formas de vida alternativas a las de la guerra y las violencias, deberían formar parte de la agenda de los trabajadores e investigadores de paz, con respecto a la construcción de paz en Colombia.

En tercer lugar, la reconfiguración de nuestras concepciones acerca del territorio y de la relación política entre centralidades y periferias debe estar instalada en las acciones de investigación en los EP y en la construcción de paz que surge como reto hoy para Colombia, para promover unas nuevas concepciones y prácticas de la ciudadanía y la gobernanza rurales.

En cuarto lugar, y no por ello menos importante, es menester promover en las concepciones y prácticas de la cultura de paz, la educación en competencias para la reconciliación. Es indudable que como sociedad en guerra durante decenios, tenemos un lenguaje bélico, que debe ser repensado tanto en el nivel de la semántica como de la pragmática social, para transformar en lo posible nuestra teoría de la comunicación política.

... la

reconfiguración de nuestras concepciones acerca del territorio y de la relación política entre centralidades y periferias debe estar instalada en las acciones de investigación en los EP y en la construcción de paz que surge como reto hoy para Colombia ...

Son muchas las cuestiones relacionadas con la reconciliación de las cuales dar cuenta de modo sumario es difícil. Sin embargo, el llamado es estar abiertos a las posibilidades que tiene apropiar esta categoría concibiéndola en clave de la Modernidad y su racionalismo epistémico, es decir, como un concepto secularizado, propio de una sociedad laica. Con ello tanto los EP como la experiencia de construcción de paces podrá utilizar la reconciliación para potenciar el pacifismo y la transformación elicitiva y positiva de los conflictos.

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Notas 1. Cf. Vintamaya, 2015.

2. Cf. Checa, 2014.

3. Cf. Woodhouse (2010).

4. Cf. Checa, ídem.

5. Del Arenal, 1986.

6. Cf. Nasi/Rettberg, 2006.

7. Cf. Del Arenal, 1987.

8. Cfr. Lederach, 2000.

9. Cfr. Galtung, 1981 y 1985, p. 236: “Paz = paz directa + pazestructural + paz cultural”.

10. Cfr. GALTUNG, 1981, 2003, 2005.

11. Cfr. Galtung, 1981.

12. Cfr. López Becerra, 2011.

13. Cfr. Galtung, 2003, p.

8: La violencia cultural hace que la violencia directa y la violencia estructural aparezcan, e incluso se perciban, como cargadas de razón —o cuando menos no malas—.

Igual que la ciencia política trata de dos problemas —el uso del poder y la legitimación del uso del poder—, los estudios de violencia son (sic) sobre dos problemas: la utilización de la violencia y la legitimación de su uso. El mecanismo psicológico sería su interiorización. El estudio de la violencia cultural pone de relieve la forma en que se legitiman el acto de la violencia directa y el hecho de la violencia estructural, y, por lo tanto, resultan aceptables a la sociedad.”

14. Cf. GALTUNG, 2010.

15. Cfr. GALTUNG, 2014.

16. Cfr. LEDERACH, 2000.

La estética en la cotidianidad de la cultura escolar

Por Marta Cecilia Palacio Arteaga Profesora de la Facultad de Educación Universidad de Antioquia

E

l texto en cuestión tiene como propósito enunciar algunos planteamientos que, más que certezas, tienen el carácter de hipótesis o de intención de obtener claridad sobre los principios que han de constituir el corazón de la formación del sujeto-maestro, cuyo deseo debería compaginar los postulados de la Facultad de Educación y de la estética en el ámbito escolar.

Digamos que el término estética tiene diversas acepciones. En el argot popular denota en general lo bello. Desde la perspectiva filosófica se tienen dos definiciones. De un lado, es el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Del otro, se refiere a la teoría del arte. Finalmente, también hace alusión a todas aquellas acciones que se realizan para alcanzar el ideal de belleza imperante. En este sentido, nuestra época abunda en ejemplos: tratamientos quirúrgicos, medicinas estéticas, cirugías estéticas corporales y dentales, gimnasias activas y pasivas, dietas reductoras corporales y masoterapias, por nombrar solo algunos.

Por tanto, de las definiciones en cuestión se deduce que el término ‘estética’ hace alusión al concepto de belleza que puede estar presente en diversos campos, a saber: artes plásticas, filosófico, musical, arquitectónico, corporal y, claro está, en el arte de enseñar. Ahora bien, si la pregunta por la estética es fundamental en la cultura escolar, cabe interpelar: ¿qué constituye el sentido de lo bello en el arte de enseñar o en la cultura escolar? Y en el continuo quehacer pedagógico, ¿cuáles acciones contribuyen a la construcción del sentido estético de lo bello?

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Cuando en el proceso de enseñar y aprender predomina el malestar subjetivo, se generan conductas contestatarias que no solo lesionan el aprender a vivir con el otro y lo otro, sino que, en muchos casos, obstaculizan y, por qué no decirlo, extravían para siempre el camino hacia el saber y el aprendizaje.

Con el propósito de ahondar en la comprensión y significado del término estética quisiere evocar la bella sentencia del poeta alemán Schiller, que le escuché a la profesora Clara Inés Ríos A., quien la define como la «expresión de la resistencia que el espíritu autónomo ofrece al instinto natural». Tendencias o inclinaciones vívidas en pasiones como el odio, la destrucción y la agresividad, presentes en casi todo ser humano. Comportamientos que según Plauto (citado en Freud, 1979), a la manera de un lobo, hacen que el hombre se aniquile a sí mismo y a su semejante, y que bien podemos constatar en acontecimientos como las invasiones bárbaras, las incursiones de los hunos, la cruel conquista de Jerusalén, la batalla de Maratón y Salamina, la Guerra del Peloponeso, la Guerra de Vietnam, Hiroshima y Nagasaki, la Primera y la Segunda Guerra Mundial (con sus fábricas de muerte instaladas en los campos de concentración de Chelmno, Belzec, Majdanek, Auschwitz, Treblinka, en Polonia), el muro de Berlín, la demolición de las Torres Gemelas, la invasión a Irak, el conflicto armado en Colombia, Venezuela, Siria, entre muchos. Son aquellas expresiones de impulsos agresivos y destructivos que también hacen presencia en la cultura escolar y se reflejan en el quehacer pedagógico.

El arte de enseñar supone la existencia subjetiva de un lazo social al Otro, representado por el maestro que en tanto sucedáneo del ‘padre’ tiene a cargo, además de la tarea de transmitir los contenidos de la cultura, representar formas de jerarquía y autoridad; en otras palabras, el maestro enuncia el límite y la norma cuando los impulsos, que escapan a la simbolización reguladora, hacen presencia viva en el acto educativo, en el vínculo establecido entre maestro y educando, educando y maestro; y entre discípulo y condiscípulo.

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Se tiene el caso acontecido en nuestra ciudad de un maestro que, frente a la conducta contestataria de su educando, arrastrado por la pasión de una furia incontrolada, sella la boca de su alumno con cinta para que aprenda a guardar silencio, y la lista continúa2: o bien, aquel acto cruel en el que un niño tras discutir con su compañero le entierra un lápiz en el ojo, causándole la muerte. O, el acto en el cual un niño, movido por la pasión de la ignorancia, rechifla a su maestra durante la clase.

Cuando en el proceso de enseñar y aprender predomina el malestar subjetivo, se generan conductas contestatarias que no solo lesionan el aprender a vivir con el otro y lo otro, sino que, en muchos casos, obstaculizan y, por qué no decirlo, extravían para siempre el camino hacia el saber y el aprendizaje.

En suma, si la estética está en relación directa con el sentido de lo bello o con su percepción, ello demanda al hombre aprender un hacer ético con las tendencias ominosas que habitan su casa interna.

Y en este sentido, entre las alternativas civilizatorias que hacen posible domeñar y pacificar las pasiones, cabe mencionar en primer lugar el arte, la música, la literatura. Vehículos de sublimación que, sin lugar a duda, hacen posible el progreso de la cultura hacia mejores metas, tal como lo reconoce, además del Código de Infancia y Adolescencia, la Facultad de Educación, implementando diversos eventos artísticos realizados en las regiones. Verbigracia: ‘El encuentro artístico y regional: entre música, teatro y danza’, realizado el 16 de mayo de 2017, en el municipio de Andes, cuyo propósito era estimular la participación y creación artística de los estudiantes de las sedes regionales de la Universidad de Antioquia.

En segundo lugar, cabe mencionar el amor por el saber. Amor en el sentido platónico, eros, que es una

actitud presente en todo ser humano, por tanto, inherente a la pedagogía. Amor o eros, fuerza que ha suscitado en los poetas los versos más sublimes, es lo que lleva al hombre a la conformación de grupos y colectividades humanas, llámense artísticas, deportivas, científicas o religiosas; de igual modo, el arte de enseñar, de ser maestro, no está exenta de la presencia de esta fuerza. Al respecto, escuchemos el sentir de la experiencia del escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges, como maestro:

vida, de la amistad, se hace con ello posible construir caminos para acceder al saber y al conocimiento. En este sentido, se diría que: «conocer es gozar» (Carrizosa, 2003, p. 95). Gozar del saber es la puerta de entrada a otros mundos, a otros siglos, a formas más vastas de aprehender la realidad que jamás en la vida alcanzaremos. Es uno de los caminos que permite al hombre ser un poco mejor o, por lo menos, menos ignorante que ayer, digo parafraseando a la escritora belga Marguerite Yourcenar.

Yo dicté cátedra durante veinte años en la Facultad de Filosofía y Letras. Disponía de cincuenta a cuarenta alumnos y cuatro meses. Lo menos importante eran las fechas y los nombres propios, pero logré enseñarles el amor de algunos autores y de algunos libros (…). Porque si uno habla de un autor, debe ser para revelarlo a otro. Es decir, lo que hace un profesor es buscar amigos para los estudiantes. El hecho de que sean contemporáneos de que hayan muerto hace siglos, de que pertenezcan a tal o cual región, eso es lo de menos. Lo importante es revelar belleza y sólo se puede revelar belleza que uno mismo ha sentido (Borges, 1996, p. 45).

Cuando en la cultura escolar el vínculo social que se establece entre maestro y educando, educando y maestro, y finalmente, entre discípulo y condiscípulo, está fundado en el principio de la amistad, del amor, se construye un saber, una verdad. Si el saber, el conocimiento, contiene en su misma esencia una sensación de alegría, de contento, es porque en él opera la unión. Así, pues, cuando un maestro funda su ser y su hacer en el principio del amor, de la amistad, además de promover el saber, enuncia la ley, el límite, más allá de una posición tiránica o déspota, cuya esencia es borrar a rajatabla, la diferencia.

Teniendo presente el sentir del poeta en cuestión, su experiencia docente, cabe señalar que el maestro enseña o trasmite el amor a algo; en este caso, y para seguir con nuestro ejemplo, el amor al saber. En este sentido, otro maestro, Héctor Abad Gómez (1996), afirma que el hombre sólo aprende cuando está motivado o tiene un deseo de aprender.

Tal como lo indica el intelectual colombiano Héctor Abad Gómez y el poeta argentino Jorge Luis Borges, la pasión por el saber es una de las vías que hace posible acceder a la experiencia estética del goce de la belleza, y consentir al saber. Cuando en aquel que ocupa el lugar de maestro dominan, en el vínculo que establece con sus educandos, los principios de la

Referencias —Abad, H. (1996). Manual de tolerancia. Medellín. Universidad de Antioquia.

—Borges, J. (1996). Obras completas. Tomo IV. Buenos Aires. Emecé.

—Carrizosa, D. (2003). El pensamiento de Empédocles a partir de sus versos. Mede-

llín. Fondo Editorial. Universidad Eafit.

—Freud, S. (1979). El malestar en la cultura. Buenos Aires. Amorrortu Notas 1. Psicoanalista, licenciada en educación preescolar y magíster en orientación y consejería de la Facultad de

Es el principio de la amistad, de la unión, la ruta que hace posible la construcción de un diálogo fundado en el ejercicio de la razón argumentativa, que se va entretejiendo en una sinfonía de dichos, saberes, sentires, que cobran vida en la narrativa de sucesos y hechos históricos a partir de la experiencia de vida de los discípulos, de su concepción de muerte, exterminio, perdón. Se trata del poder de la palabra, de la razón argumentada, que amén de buscar tramitar conceptualmente la violencia, tiene como propósito esencial visibilizar la diferencia y reconocer la relevancia que esta cobra en la construcción de una pedagogía de la paz. En suma, es el poder de la memoria que busca desfijar al hombre de la pasión por la ignorancia, tan propia del siglo XXI.

Educación de la Universidad de Antioquia, donde en la actualidad es profesora de cátedra del Departamento de Pedagogía, Educación Infantil. Es, además, coordinadora del Colectivo Ética y Educación Política.

2. «Si no te gusta, bien puedes salirte del aula, o te saco»; «¡ah!, eso se sabía», «qué

más se puede esperar de usted», «siempre vos, bestia», «pendejo», «bobo»,«ojerón», «afuera nos vemos», «ahí está pintado»; «ponela como querás»; «deje así»; «he visto cosas mejores» , «no me vengas con cuentos», «en qué cabeza cabe», «¿qué sales ganando con eso?»; «¡vaya acontecimiento!», etcétera.

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