07 I Julio I 2013

amqueretaro.com

Domingo 07 de julio de 2013 Querétaro, Querétaro Sección B

S U P L E M E N T O

CON INFORMACIÓN DE

D O M I N I C A L

Descarrila tren el infierno en Canadá

AP

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Empieza la rendición de Cuentas ›PÁGS. 10, 11 Y 12

ALERTA NOTICIOSA Bolivia concederá asilo al estadounidense Edward Snowden si lo solicita formalmente, ha anunciado el presidente Evo Morales.

“Quiero decirles a los europeos y a los norteamericanos que, como justa protesta, ahora vamos a dar asilo, si así nos pide, a ese norteamericano perseguido por sus compatriotas”, consignó el mandatario.

Morales aseguró: “no tenemos ningún miedo” tras el anuncio de asilo para Snowden y ha deplorado que se le haya acusado falsamente de trasladar lo a su país en el avión presidencial el pasado martes.

EU

Avionazo en San Francisco AP

SEGURIDAD

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El truculento enredo del caso Heaven ›› Los cuerpos

fueron abandonados en un camino de terracería en la comunidad de Tajumulco, municipio de Huitzilac, en Morelos, zona dominada por la organización Guerreros Unidos, un remanente del Cártel de los Beltrán Leyva.

Estaban con las manos atadas y presentaban huellas de tortura. Los peritos no encontraron perforaciones producidas por arma de fuego en ninguno de ellos; tampoco había ningún narcomensaje.

›› El plagio de las 12 personas en el bar ubicado en la Zona Rosa,

el asesinato de uno de los propietarios y las anomalías durante el proceso de captura de los responsables pone en evidencia una red de extorsión nacional que funciona desde el barrio de Tepito y la presencia implacable del crimen organizado en el corazón del país Raúl Monge Proceso

La muerte de Dax Rodríguez Ledezma (copropietario del bar Heaven After, quien apareció calcinado junto con su novia Heydi Fabiola Rodríguez Velasco y la prima de ésta) y el silencio de los detenidos despejó las dudas sobre la presunta participación del crimen organizado en la desaparición de los 12 jóvenes de Tepito en ese antro el pasado 26 de mayo.

Los cuerpos fueron abandonados en un camino de terracería en la comunidad de Tajumulco, municipio de Huitzilac, en Morelos, zona dominada por la organización Guerreros Unidos, un remanente del Cártel de los Beltrán Leyva.

Estaban con las manos atadas y presentaban huellas de tortura. Los peritos no encontraron perforaciones producidas por arma de fuego en ninguno de ellos; tampoco había ningún narcomensaje.

Inmediatamente después de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comenzó a buscarlo para pedirle su declaración sobre los hechos del 26 de mayo, Dax salió con su novia del Distrito Federal y viajó a Acapulco. Ahí, la pareja estuvo varios días; luego se fue a Iguala a la casa de la familia de Dax. En éste y otros municipios de la franja norte de Guerrero, se disputan el territorio los cárteles de Guerreros Unidos, con Mario Casarrubias al frente, y La Familia Michoacana-Estado de México, comandado por Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish, y José María Chávez Magaña, El Pony, así como Los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez Martínez, La Tuta.

La pareja permaneció en Iguala hasta el 20 de junio. Ese día por la tarde, Dax, Heydi y su prima Diana Guadalupe Ve-

Los operativos en la Zona Rosa poco pueden hacer en contra de las fuerzas del narco, quienes “cobran” el uso de suelo./foto: Agencia Reforma

›› Sin embargo,

cuando dio su testimonio ante el Ministerio Público sí inculpó abiertamente a los hermanos Dax y Mario Alberto, quienes, dijo, tenían problemas con Jerzy Ortiz Ponce, de 16 años y líder de Los Tepis, una organización dedicada al narcomenudeo y la extorsión.

lasco Peña fueron al cine, sin percatarse de que eran vigilados por varios individuos, quienes se desplazaban en dos autos. Al salir de la función los interceptaron y se los llevaron.

La madrugada del día 22 los tres cuerpos calcinados fueron localizados cerca del ayuntamiento de Huitzilac. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos reportó el hallazgo a su par del Distrito Federal. Al día siguiente, el 23 de junio, agentes capitalinos se trasladaron a la morgue de Morelos para tomar las muestras necesarias e intercambiar información con el propósito de detectar si tenían relación con los tepiteños levantados un mes antes.

Tras cotejar las muestras recabadas con los ADN de los desaparecidos el resultado fue negativo. El 28 de junio la madre de Diana Guadalupe se presentó en la morgue morelense luego de una

semana sin saber dónde estaba su hija.

Ahí reconoció los cuerpos de Heydi y Diana Guadalupe.

La PGJDF cotejó el ADN de Dax con el de su hermano Mario Alberto, El Moshino, quien se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente desde el martes 2 por el presunto delito de secuestro agravado. Junto con él fueron consignados Gabriel Carrasco Ilizaliturri, El Diablo, y Andrés Estuart Hononet González, El Andresote, jefe de seguridad y empleado del bar Heaven, respectivamente. Los resultados fueron positivos en 99.98%.

En su declaración preparatoria ante el Juzgado 25 Penal, con sede en el Reclusorio Oriente, ninguno de los tres internos aportó datos concretos sobre lo sucedido en el antro el 26 de mayo último. Según Mario Alberto, copropietario del Heaven, supo del levantón a través de Ismael García Polo, El Polo, su gerente, y negó tener participación en ese evento.

No obstante, cuando se entregó a la justicia tras la captura de su esposa Brenda, quien ya fue liberada, sí aportó detalles: admitió la venta de drogas en su negocio porque el grupo La Unión (cuyo ámbito de operación está en Tepito) lo tenía amenazado; reveló también que Horacio Vite Ángel, El Chaparro, distribuía droga en su negocio.

Según El Andresote, también chofer del Moshino, el día de los hechos salió del bar a las ocho de la mañana y pasó el resto del día con su familia. Sólo El Diablo, el jefe de seguridad del Heaven, se reservó su derecho a declarar.

Sin embargo, cuando dio su testimonio ante el Ministerio Público sí inculpó abiertamente a los hermanos Dax y Mario Alberto, quienes, dijo, tenían problemas con Jerzy Ortiz Ponce, de 16 años y líder de Los Tepis, una organización dedicada al narcomenudeo y la extorsión.

Con base en las declaraciones ministeriales del Moshino, El Diablo y El Andresote, la PGJDF pudo capturar a otros tres presuntos implicados en el secuestro de los tepiteños, entre ellos a Armando Hernández Gómez, El Ostión, quien confesó que el plagio múltiple fue en represalia por el asesinato del Chaparro en el bar Black de la colonia Condesa el 24 de mayo, dos días antes de los hechos del Heaven.

De 34 años, El Ostión, uno de los principales distribuidores de droga en el barrio de Tepito, responsabilizó a Ernesto

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›› Jerzy, de

16 años, es hijo de Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, quien purga una condena en el penal de máxima seguridad en Hermosillo.

Hasta su detención, hace 10 años, era el principal distribuidor de droga en el barrio de Tepito y otras zonas de la Ciudad de México.

Actualmente, se encuentra recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora. Said es hijo de Alejandro Sánchez Zamudio, El Papis, también preso por delincuencia organizada y extorsión.

›› Dax le

ordenó al Polo entretener a los tepiteños, mientras los miembros de La Unión Insurgentes pedían refuerzos. “Los Tepis están enfiestados y los pendejos no se han dado cuenta de que los de La U están entrando y saliendo. Yo creo que esto va a valer madre”, dijo un empleado del bar.

Espinosa Lobo, socio del Heaven, quien se encuentra arraigado; a Jesús Carmona, El Chucho, y a un sujeto identificado como El Javi. Los dos últimos (prófugos), dijo, son los presuntos líderes de La Unión.

Junto con El Flaquito, El Camaleón, El Calabozo, El Leinad Chuta, El Hummer y Beto Broncas, según el detenido, El Chucho y El Javi secuestraron a los tepiteños.

TESTIGO CLAVE

Al igual que el gerente del Heaven, Ismael García Polo, quien está prófugo, Dax Rodríguez era una pieza clave para la PGJDF. Ambos, según la dependencia, participaron de manera directa en la desaparición de los 12 jóvenes, la mayoría de los cuales pertenecen a Los Tepis. Ese día habían llegado al bar, del que eran asiduos, a las 8:30 horas. Iban en dos grupos.

Ese día Zoé Pedraza Aguilar, El Toñín (el testigo que rindió su declaración en el Centro de Atención a Personas Extraviadas) saludó a Dax, quien estaba con El Diablo, El Andresote y El Polo. Fue este último el encargado de introducirlos al bar. Incluso les asignó mesas en la parte alta del establecimiento de la calle Lancaster 27, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

Una hora después El Polo alertó a su patrón vía telefónica, quien en ese momento desayunaba en un restaurante de la colonia Roma, de una disputa dentro del bar entre integrantes de La Unión Insurgentes (cuyo ámbito de operaciones comprende el corredor RomaCondesa-Insurgentes y es protegido por Los Caballeros Templarios) y Los Tepis, liderado por Ortiz Ponce y Said Sánchez García.

Jerzy, de 16 años, es hijo de Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, quien purga una condena en el penal de máxima seguridad en Hermosillo. Hasta su detención, hace 10 años, era el principal distribuidor de droga en el barrio de Tepito y otras zonas de la Ciudad de México. Actualmente, se encuentra recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora. Said es hijo de Alejandro Sánchez Zamudio, El Papis, también preso por delincuencia organizada y extorsión.

Dax le ordenó al Polo entretener a los tepiteños, mientras los miembros de La Unión Insurgentes pedían refuerzos.

“Los Tepis están enfiestados y los pendejos no se han dado cuenta de que los de La U están entrando y saliendo. Yo creo que esto va a valer madre”, dijo un empleado del bar.

Cuando llegaron los refuerzos de La Unión Insurgentes (Chucho Carmona, El Javis, Hummer, Calabazo, Flaquito, Camaleón, Leinad Chuta y Panqué, entre otros), El Polo ordenó al dj apagar la música y encender las luces. “Me acaban de avisar que va a haber un operativo, tenemos 20 minutos para desalojar”, justificó.

Así, sin aparente violencia de por me-

›› Desde hace

poco más de dos décadas, células de los cárteles de Juárez, Los Arellano Félix, Los Valencia, del Golfo, Culiacán y de Cali tienen una activa presencia en el Distrito Federal y su zona conurbada; más recientemente, Los Zetas, Los Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios también han dejado sentir su presencia.

dio, salvo porque un testigo vio que uno de los de La U llevaba una arma, la agrupación de narcomenudistas apadrinada por Los Caballeros Templarios se llevó a Alan Omar Atiencia Barranco; Eulogio Fonseca Arreola; Guadalupe Karen Morales Vargas; Gabriela Téllez Zamudio; Montserrat Loza Fernández; Rafael Rojas Marines; Jennifer Robles González, El Toñín; Zoé Alberto Osorio Sansón, El Zoé; Luis Ramón Rodríguez Morales, El Chupón; Jerzy Ortiz Ponce; José Piedra Moreno, El Chupetes; Aarón Piedra Moreno; Gabriela Ruiz Martínez, y Said Sánchez García. De ellos, 12 no aparecen aún.

El pasado 6 de junio, un presunto miembro de La Unión Insurgentes, cuya identidad no se dio a conocer, declaró a la agencia EFE que a los 12 tepiteños “se lo quebraron”. Los ejecutores, dijo, son sicarios de Los Caballeros Templarios.

El motivo, según el confidente: vengar la muerte del narcomenudista Horacio Vite, quien trabajaba para dicho grupo en el bar Black. “Lo dejaron como a un perro en un árbol con un balazo”, dijo a la agencia española. Asimismo afirmó que Los Caballeros Templarios dominan el negocio de la droga en la Zona Rosa.

EL MAYOR TIANGUIS

›› Esos grupos

criminales han dejado sus huellas por todos lados: ejecuciones, decapitaciones, introducción de todo tipo de drogas, operaciones de lavado de dinero, ajustes de cuentas, levantones y atentados contra jefes policiacos federales y locales. Su prolongada estancia en la capital, además de la creciente violencia, ha convertido el entorno y a los 17 municipios conurbados en el tianguis de estupefacientes más grande de país.

A pesar de contar con la mayor fuerza en el territorio nacional (74 mil efectivos, sin contar las corporaciones federales y militares), las autoridades de la Ciudad de México no pudieron impedir el asentamiento de cárteles mexicanos y colombianos en el corazón político, económico y social del país.

Desde hace poco más de dos décadas, células de los cárteles de Juárez, Los Arellano Félix, Los Valencia, del Golfo, Culiacán y de Cali tienen una activa presencia en el Distrito Federal y su zona conurbada; más recientemente, Los Zetas, Los Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios también han dejado sentir su presencia.

Esos grupos criminales han dejado sus huellas por todos lados: ejecuciones, decapitaciones, introducción de todo tipo de drogas, operaciones de lavado de dinero, ajustes de cuentas, levantones y atentados contra jefes policiacos federales y locales. Su prolongada estancia en la capital, además de la creciente violencia, ha convertido el entorno y a los 17 municipios conurbados en el tianguis de estupefacientes más grande de país.

Buena parte de la droga que entra a la capital y solía tener como destino final el mercado estadunidense, ahora se comercializa en al menos 10 mil puntos de la megaurbe; 4 mil 500 son narcotienditas. La razón: en el Distrito Federal se concentra casi 50% de la población adicta del país, alrededor de 500 mil personas según datos de la Secretaría de Salud.

Y aun cuando las autoridades capitalinas niegan su existencia, el Cártel de Tepito no ha desaparecido; sólo han

cambiado su denominación y sus socios.

Surgió en los ochenta, cuando integrantes de la familia Arias (David y Víctor Arias Pérez, Narciso y Ulises Arias Solorio y Héctor y Gustavo Arias Orozco) unieron fuerzas y comenzaron a comercializar cocaína, mariguana y psicotrópicos en ese cuadrante formado por 57 calles. La venta de grapas de cocaína y mariguana se extendió luego a colonias de la delegación Gustavo A. Madero, en el norte de la Ciudad de México.

La familia Arias se alió con otro grupo de Tepito dedicado a la venta de droga a gran escala liderada por el padre de Jerzy Ortiz, Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, y Fidel Camarillo Salas, El Papirín, y Juan Carlos Rodríguez, El Colombiano.

De esa fusión surgió el Cártel de Tepito.

ALIANZAS TEPITEÑAS

Según de las investigaciones derivadas del caso Heaven, Jerzy Ortiz intentaba seguir los pasos de su padre, aun cuando él aseguró la semana antepasada al diario español El País no saber a qué se dedicaba su hijo. Señaló, sin embargo, que las autoridades capitalinas saben perfectamente bien quién controla la venta de droga en Tepito.

El caso de Jerzy no es el único. De acuerdo con datos obtenidos por Proceso, una buena parte de los jóvenes desaparecidos andaba en malos pasos. Gabriela Téllez Zamudio y Jennifer Robles González, por ejemplo, tenían nexos con una persona identificada como El Grande, a quien testigos del bar Black involucran en el crimen de Horacio Vite.

De acuerdo con la PGJDF, El Grande se dedica a la extorsión (cobro de piso) en Tepito y otras zonas de la ciudad.

Sus operadores son, entre otros: los hermanos Josué y Aarón Piedra Moreno, Luis Antonio González Torres y Alán Omar Atiencia Barranco (este último fungía como dealer en el corredor Condesa-Roma-Insurgentes y está casado con Guadalupe Karen Morales Vargas).

El 26 de mayo Aarón iba acompañado de Gabriela Ruiz Martínez; González Torres mantenía una relación sentimental con Monserrat Loza Fernández. Rafael Rojas Marines, otro de los desaparecidos, dealer de Los Tepis y familiar de El Lobo y El Quick, quienes operan el centro nocturno El Deep, ubicado en el perímetro de la delegación Gustavo A. Madero.

El barrio de Tepito está formado por 57 calles, la mayoría de ellas invadidas por más de 20 mil ambulantes, quienes contravienen la ley, pues no aportan sus cuotas a la Tesorería capitalina.

La pobreza aparente que reina en ese histórico espacio urbano colindante con el Centro Histórico es pura fachada.

Muchas de las vecindades construidas después de los sismos de 1985 y viviendas semiderruidas en realidad son bodegas y están repletas de mercancía, gran parte de la cual es ilegal.

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Protección ciudadana de dientes para afuera ›› La administración de Enrique Peña Nieto se la juega

con nombres clave en el blindaje de activistas, por lo que el control interno del país quedaría en manos de una mejor y ordenada estrategia en materia de derechos humanos ›› Entre mayo

y junio pasados Avilés estuvo a cargo de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo, instancia que decide si es necesaria la protección de un periodista o defensor y de qué tipo. Los dictámenes del jefe policial, caracterizados por desestimar los riesgos o amenazas, guiaron en ese periodo las acciones de protección propuestas por la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y donde la Policía Federal (PF) tiene una representación permanente.

Jorge Carrasco Araizaga Proceso

El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende entregar a antiguos hombres de confianza de Genaro García Luna, exsecretario federal de Seguridad Pública, el control del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Intentó primero con quien fue coordinador de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal el sexenio pasado, Rafael Avilés Avilés. Ahora, con el exjefe de la División de Inteligencia de esa corporación, Benito Roa Lara.

Entre mayo y junio pasados Avilés estuvo a cargo de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo, instancia que decide si es necesaria la protección de un periodista o defensor y de qué tipo. Los dictámenes del jefe policial, caracterizados por desestimar los riesgos o amenazas, guiaron en ese periodo las acciones de protección propuestas por la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y donde la Policía Federal (PF) tiene una representación permanente.

Sin que se llegara a definir si estaría comisionado por la PF, Avilés dejó el Mecanismo... pero no se quiere ir del todo.

Propuso como sustituto a Roa Lara, quien fue coordinador general de Inteligencia y Prevención del Delito de la PF y durante el último año del sexenio de Felipe Calderón fue designado por García Luna coordinador de la División de Inteligencia de esa corporación. La llegada de Roa Lara aún no se concreta.

Aunque pocas veces se presentó en la oficina del Mecanismo, Avilés se hizo cargo de asuntos como las amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y del equipo de Artículo 19, capítulo México, la organización no gubernamental internacional dedicada a defender la libertad de expresión.

También participó en reuniones de la

›› Como

responsable también del operativo de la PF en Ciudad Juárez, enfrentó en agosto de 2010 la rebelión de unos 300 agentes que se inconformaron con sus mandos, a quienes acusaron de maltrato y de sembrar droga a los ciudadanos para extorsionarlos.

Esos mandos fueron destituidos, pero Avilés aseguró que la corporación también investigó al “grupo de personas instigadoras”.

Junta de Gobierno del Mecanismo, a donde concurren todas las dependencias gubernamentales obligadas, por ley, a proteger la integridad de esas personas.

Con la Segob al mando de la PF, su nombramiento fue avalado por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, la expanista Lía Limón, de quien depende la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo.

La Segob tomó la decisión de promover a Avilés pese a las recomendaciones de organismos y organizaciones internacionales que participan como observadores del Mecanismo, las cuales se oponen a que los análisis de evaluación de riesgo de los periodistas y defensores queden sólo en manos de policías.

En las casi cuatro décadas de carrera policial de Avilés destaca su paso por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde formó parte del Agrupamiento Fuerza de Tarea, conocido como Grupo Zorros.

Fue uno de los hombres de confianza de García Luna, quien lo hizo director general de Coordinación y Desarrollo de Policías Estatales y Municipales, y luego, comisario de la División de Fuerzas Federales, donde se concentra el mayor número de efectivos de la PF. Antes, ambos habían estado en la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación.

Avilés fue el responsable de los operativos conjuntos contra el narcotráfico ordenados por el entonces presidente Felipe Calderón, así como de los realizados por iniciativa de la corporación federal, como el que en Michoacán dejó numerosas bajas federales y de la organización delictiva La Familia Michoacana.

Fue señalado por familiares de policías federales desaparecidos en Michoacán como uno de los jefes de la corporación que no les pudo dar respuesta de lo ocurrido con los agentes, al parecer secuestrados por la delincuencia organizada en noviembre de 2009 en Zitácuaro (Proceso 1755).

Como responsable también del operativo de la PF en Ciudad Juárez, enfrentó en agosto de 2010 la rebelión de unos 300 agentes que se inconformaron con sus mandos, a quienes acusaron de maltrato y de sembrar droga a los ciudadanos para extorsionarlos. Esos mandos fueron destituidos, pero Avilés aseguró que la corporación también investigó al “grupo de personas instigadoras”.

Fue además, junto con el entonces comisionado de la PF, Facundo Rosas,

encargado del operativo policial para la toma y vigilancia de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza cuando Calderón ordenó su desaparición, el 10 de octubre de 2009. Las crónicas periodísticas destacaron que, desde un helicóptero, Avilés dirigió el operativo en el que las fuerzas federales se apoderaron del Centro de Operación y Control de la empresa, donde se localiza el sistema central de distribución de la energía eléctrica para el Valle de México.

La Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala que la Unidad de Evaluación de Riesgos es un órgano auxiliar (“de carácter técnico y científico”) de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, encargado de evaluar los riesgos, definir las medidas preventivas o de protección, así como su temporalidad. Además debe dar seguimiento a la puesta en práctica de esas medidas para definir si continúan.

Según la ley, la unidad tendrá al menos cinco expertos en materia de evaluación de riesgo y protección; de ellos, uno deberá serlo en la defensa de los derechos humanos y otro, en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

CRÍTICAS INTERNACIONALES

A un año de la entrada en vigor de la ley y a siete meses del gobierno de Peña Nieto, la Unidad de Evaluación de Riesgos ni siquiera ha podido integrarse. Sólo se había definido la llegada de Avilés, aunque ahora en la mesa de Lía Limón está el nombre de Roa Lara.

Sin que se conociera la preponderancia policial en el Mecanismo, el pasado 25 de junio, al cumplirse un año de la promulgación de la ley, más de 100 ONG nacionales e internacionales enviaron cartas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las deficiencias del Mecanismo: recursos detenidos, falta de personal y ausencia de respaldo político.

En su carta, las organizaciones mexicanas señalaron que el Mecanismo carece de personal necesario, pero sobre todo del respaldo político e institucional para operar a escalas federal, estatal y municipal. La organización estadunidense Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos se refirió también a los obstáculos para acceder a los fondos del Mecanismo y las dificultades de coordinación entre las

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Frente a la oleada de violencia que aqueja al país, organismos internacionales se oponen a que la defensa de periodistas quede solo en manos de la Policía./foto: Agencia Reforma

›› El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado a finales del sexenio calderonista ante las presiones internacionales al Estado mexicano por los crecientes ataques a esos colectivos en el contexto de la guerra que el expresidente le declaró al narcotráfico.

instituciones involucradas en la protección de periodistas y defensores.

Amnistía Internacional, que también se dirigió a Osorio Chong, incluso se refirió a “incumplimiento por parte de otras instituciones, como la Policía Federal, de algunas medidas acordadas”.

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado a finales del sexenio calderonista ante las presiones internacionales al Estado mexicano por los crecientes ataques a esos colectivos en el contexto de la guerra que el expresidente le declaró al narcotráfico.

Pero no fue sino hasta el 30 de noviembre de 2012, a unas horas de abandonar el poder, cuando Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso el 30 de abril de ese año. El 25 de junio Calderón había publicado la ley diseñada con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil.

En la elaboración de la ley participaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las organizaciones Amnistía Internacional y Peace Brigades International. Una de sus recomendaciones fue que para una mejor aplicación del Análisis de Riesgo se considere una gama amplia de medidas de protección no enfocadas meramente en la policiaca y asegurando que correspondan al nivel y

›› La ley dice que sus integrantes deben ser subsecretarios o su equivalente de la Segob, del comisionado nacional de Seguridad, de la SRE, la PGR, la CNDH y cuatro representantes del Consejo Consultivo. Está presidida por la Segob, pero la subsecretaria Limón prácticamente ha estado ausente de las reuniones, pese a ser la principal responsable de la operación del Mecanismo.

naturaleza del riesgo.

El Mecanismo no termina de integrarse y, como coincidieron las organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras, no se han liberado los fondos de operación empaquetados en un fideicomiso y los recelos prevalecen entre las instituciones federales que lo integran.

DESINTERÉS

El Mecanismo está estructurado con una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional. La Junta de Gobierno es su órgano máximo.

La ley dice que sus integrantes deben ser subsecretarios o su equivalente de la Segob, del comisionado nacional de Seguridad (dependiente de Gobernación), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cuatro representantes del Consejo Consultivo. Está presidida por la Segob, pero la subsecretaria Limón prácticamente ha estado ausente de las reuniones, pese a ser la principal responsable de la operación del Mecanismo.

No es el único caso. En las reuniones de la Junta de Gobierno han variado los enviados de las dependencias. La SRE, por ejemplo, tiene como representante al embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Pero a

las reuniones se han presentado el ministro Juan José González, director general adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos; Alejandro Alday, director general de Derechos Humanos; o bien Consuelo Olvera, directora de Política Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Democracia.

Por parte de la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Manuel Mondragón y Kalb, ha participado el comisario Javier Santos Plata, director general de Seguridad Física, en representación del comisionado general de la PF, Francisco Galindo Ceballos.

Algo similar ha ocurrido con la CNDH. Quien está llamado a participar es el quinto visitador general, Fernando Batista, pero en su lugar ha asistido el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Por la PGR, el representante es el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Ricardo García Cervantes, pero a la Junta de Gobierno se presenta la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla Moreno. En ocasiones en su lugar ha ido el fiscal Alberto Peralta Flores, director general adjunto de la fiscalía.

La Junta de Gobierno se instaló formalmente el 12 de noviembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec. Ahí, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunció un presupuesto inicial de 40 millones de pesos. Pero ahora tiene uno que rebasa los 200 millones. Los recursos, sin embargo, no han sido liberados por el fideicomiso encargado de su administración. Como consecuencia, no están ocupadas las 18 plazas programadas ni tampoco se pueden operar todas las medidas de protección.

En las reuniones de la Junta de Gobierno están también representantes de organizaciones civiles que forman parte del Consejo Consultivo del Mecanismo, y con derecho a voz asisten las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados, el Poder Judicial de la Federación, la Conferencia Nacional de Gobernadores y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pero en las reuniones ha quedado de manifiesto que la Ley de Protección es omisa en las responsabilidades de los gobiernos de los estados cuando servidores públicos son los responsables de amenazas o ataques a los periodistas y defensores. Un representante de un gobierno estatal puede darse por no enterado de las denuncias o llegar sin ninguna respuesta efectiva sin que sea sancionado. La ley tampoco involucra a las comisiones estatales de derechos humanos. Los gobiernos de los estados están a salvo porque la ley sólo propone convenios de colaboración no vinculantes con el Mecanismo.

B.6 ❱ AM2.0 ›› La falta de

coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ha generado “incumplimientos” en las medidas de protección, y un rezago en la resolución de los casos, dijo Alberto Solís, vocero de Espacio OSC.

›› A través del

Mecanismo los activistas y periodistas que hayan recibido amenazas a su seguridad pueden obtener vigilancia policial permanente o ser trasladados a otra ciudad o estado para su protección, según lo amerite el caso.

›› Los gobiernos

estatales no dan una negativa absoluta sobre acatar las medidas que dicta el mecanismo, pero las cumplen parcialmente, comenta Delia Sánchez, de la organización Propuesta Cívica.

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Estados “incumplen”

›› Los gobiernos estatales no ven como obligatoria la protección

a estos sectores, por la falta de apoyo de la Segob, denuncian organizaciones civiles; exhortan a una acción inmediata en el caso Lizbeth Padilla Fajardo Proceso

Los gobiernos estatales no toman “con seriedad” las resoluciones que dicta el Mecanismo para la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, poniendo en peligro la integridad de los afectados, denuncian organizaciones civiles.

Un diagnóstico, realizado por 17 organizaciones integradas en el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC), detectó que los gobiernos estatales “han representado un obstáculo para el cumplimiento de los plazos para brindar la protección”, pues no toman como obligatorias estas medidas aunque así lo marca la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ha generado “incumplimientos” en las medidas de protección, y un rezago en la resolución de los casos, dijo Alberto Solís, vocero de Espacio OSC. A través del Mecanismo los activistas y periodistas que hayan recibido amenazas a su seguridad pueden obtener vigilancia policial permanente o ser trasladados a otra ciudad o estado para su protección, según lo amerite el caso.

Los gobiernos estatales no dan una negativa absoluta sobre acatar las medidas que dicta el mecanismo, pero las cumplen parcialmente, comenta Delia Sánchez, de la organización Propuesta Cívica.

Uno de los casos que ha acompañado Propuesta Cívica es el de una defensora de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en Oaxaca. La mujer (por seguridad no se revela su nombre) recibió amenazas y allanaron su casa en enero de este año, por lo que pidió protección al mecanismo.

Sin embargo, mientras los gobiernos federal y estatal se coordinaban para brindar la seguridad, hombres armados rodearon su casa. Ella decidió abandonar su comunidad.

nóstico, se retiró por lo que el defensor tuvo que abandonar el albergue para proteger su vida.

“Si el mecanismo les ordena que hagan tales medidas tendrían que hacerlo, pero no está operando así”, dice Solís, “lo que hace difícil proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentran en diferentes zonas del país y en condiciones diversas”.

“Le piden oficios a Segob o les dan pretextos (a los afectados), pero no hay una negativa absoluta”, comenta Delia Sánchez, solo una falta de coordinación, pues al presentarse un caso urgente “no saben quién es el enlace o (los gobiernos locales) no tienen la capacidad de actuar y tomar decisiones”.

Esta publicación buscó a Juan Carlos Gutiérrez, jefe de la Unidad de Promoción de los Derechos Humanos y titular del Mecanismo pero hasta la publicación de esta información no obtuvo respuesta.

EL MECANISMO, SIN APOYO INSTITUCIONAL

En lo que va del sexenio se han registrado 70 agresiones contra periodistas en todo el país, las cuales han quedado impunes./foto: Especial

›› De noviembre

de 2012 a abril de 2013, la Segob (encargada de la operación del Mecanismo) ha recibido 64 solicitudes (26 de periodistas y 38 de personas defensoras), de las cuales solo ha atendido 20, dictando medidas de protección para 18 de ellas, pero solo en 11 casos fue otorgada la protección, según información de la dependencia.

Sánchez comenta que no ha habido disposición del gobierno de Oaxaca para generar las condiciones mínimas de seguridad para que la activista vuelva a su comunidad, la cual dejó desde enero pasado para desplazarse a la Ciudad de México.

Marcelino Gutiérrez, de la coordinación para la atención de los derechos humanos de Oaxaca, confirmó a esta publicación que sí hay coordinación entre el gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación (Segob) en el tema del mecanismo, pero dijo que no podía dar más información pues “el orden normativo nos impide decir más”.

De noviembre de 2012 a abril de 2013, la Segob (encargada de la operación del Mecanismo) ha recibido 64 solicitudes (26 de periodistas y 38 de personas defensoras), de las cuales solo ha atendido 20, dictando medidas de protección para 18 de ellas, pero solo en 11 casos fue otorgada la protección, según información de la dependencia.

Uno de ellos es el caso de un activista de La 72 Hogar Refugio para Migrantes, a quien se le había dictado como medida de protección la vigilancia permanente de la Policía Federal, pero ésta, “sin ningún tipo de explicación”, según el diag-

Según el diagnóstico, el Estado mexicano no considera la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como “relevante dentro de la política gubernamental”, pese a que hace un año fue promulgada la Ley para proteger a estos sectores y el mecanismo forma parte de los compromisos del Pacto por México.

Las organizaciones buscaron un acercamiento con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia, Lía Limón, para que se pronuncien “sobre la importancia de la labor de derechos humanos y el deber que tiene el Estado mexicano” para garantizarlos.

Este miércoles durante la presentación del Informe de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, Lía Limón dijo que se requiere que las instancias federales y locales en los estados “trabajen de la mano” en la investigación de las amenazas contra activistas y periodistas, pues de lo contrario “difícilmente podremos avanzar”.

Según la ONU, de noviembre de 2010 a diciembre de 2012 se registraron 89 agresiones en contra de defensores de los Derechos Humanos en México y solo fueron consignados tres presuntos responsables de los ataques, sin que exista una “sentencia firme” en su contra.

“El mecanismo en su estructura no tiene un respaldo institucional o político lo suficientemente fuerte para que los diferentes niveles de gobierno y los estados lo tomen con la seriedad que se requiere”, dice Alberto Solís.

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) informó este martes que ha habido un cumplimiento parcial de las medidas de protección y pidió a Gobernación la plena implementación del mecanismo.

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AM Querétaro, Querétaro / Domingo 07 de julio de 2013 / amqueretaro.com

›› Las únicas

entidades en las que no ha habido hechos de violencia relacionados con los procesos electorales son Aguascalientes, Baja California, Coahuila (aquí asesinaron al líder de un partido político ya desaparecido, pero sin ninguna intervención en el actual proceso electoral), Hidalgo (donde únicamente se eligen diputados locales) y Tlaxcala.

›› En cinco

(Durango, Chihuahua, Oaxaca, Puebla y Sinaloa) hay muertos por atentados perpetrados presuntamente por el crimen organizado. En Veracruz, un muerto en un enfrentamiento entre priistas y panistas. En Tamaulipas y Veracruz, secuestros.

Los candidatos impuestos ›› En medio de una atmósfera ríspida para la democracia, casi la mitad de los habitantes de la República acudirán a las urnas para elegir a sus cabeceras estatales, no obstante, las filas del narcotráfico hacen artimaña de estrategias para imponer el miedo en la ciudadanía y mermar el voto Jesús Cantú Proceso

Hoy, domingo 7, hay elecciones en 14 entidades de la República Mexicana. En 13 de ellas se elegirán mil 348 presidentes municipales con sus respectivos ayuntamientos (más de la mitad de los municipios del país) y en nueve han ocurrido hechos de violencia (presuntamente perpetrados por el crimen organizado) contra los actores políticos implicados en los comicios.

Entre estos actos violentos destaca la muerte de 11 personas. Una de esas muertes fue producto de un enfrentamiento entre grupos políticos rivales, pero en los casos restantes las características de los atentados sí apuntan al crimen organizado. Los 10 asesinatos fueron de dos precandidatos, dos candidatos, dos familiares de un candidato, el familiar de un coordinador de campaña, un dirigente estatal del PRD, un dirigente municipal del PRI y un coordinador de campaña.

Entre otras acciones violentas del crimen organizado se encuentran los secuestros de un consejero distrital en Nuevo Laredo, Tamaulipas, perpetrado en marzo durante una sesión del órgano electoral y quien sigue desparecido; y el de un candidato a primer regidor en Boca del Río, Veracruz, el pasado lunes 1. Además hay amenazas, agresiones, incendios, ataques a balazos y con bombas molotov, robos de documentos y equipos y más.

Las únicas entidades en las que no ha habido hechos de violencia relacionados con los procesos electorales son Aguascalientes, Baja California, Coahuila (aquí asesinaron al líder de un partido político ya desaparecido, pero sin ninguna intervención en el actual proceso electoral), Hidalgo (donde únicamente se eligen diputados locales) y Tlaxcala.

En cinco (Durango, Chihuahua, Oaxa-

›› En general

las autoridades se niegan a reconocer la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, pero más por las dos últimas vías, porque ello implicaría reconocer que “los espacios públicos han sido capturados por actores criminales y la sociedad.›› Está a merced de estos criminales”, como señaló, en referencia a la situación de Tamaulipas, Carlos Flores, profesor de la Universidad de Connecticut, al Wall Street Journal, lo que reprodujo el diario regiomontano El Norte el 21 de noviembre de 2010.

ca, Puebla y Sinaloa) hay muertos por atentados perpetrados presuntamente por el crimen organizado. En Veracruz, un muerto en un enfrentamiento entre priistas y panistas. En Tamaulipas y Veracruz, secuestros.

En el último mes se incrementaron los atentados contra candidatos y dirigentes de campaña o partidistas, pero el hecho no es exclusivo de estos procesos electorales; la intervención del crimen organizado es una constante en los últimos procesos electorales, particularmente los locales, al menos desde 2007.

En octubre de ese año el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, Alejandro Sáenz, denunció que el narcotráfico quitaba y ponía candidatos y reconoció que no lograban encontrar aspirantes para las alcaldías de Ciudad Mier y Nueva Ciudad Guerrero.

Unos días después de su declaración se hicieron públicos los secuestros del candidato a alcalde de Ciudad Mante, Eliseo Trejo y del candidato a primer regidor del ayuntamiento de Reynosa y tesorero de la campaña, Rodrigo Moreno Ricart; y el 29 de noviembre de 2007 sacudió al país el asesinato del candidato del PT a la alcaldía de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

No tiene sentido seguir el recuento, pues dos años y medio después el país se cimbró con el asesinato del candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.

Y el 7 diciembre de 2011, desde Monterrey, el entonces presidente Felipe Calderón reconoció la presencia del crimen organizado en las elecciones: “En Michoacán el crimen amenazó y bajó de la candidatura a 50 candidatos, de todos, del PRI, PAN y PRD, porque les dijeron: ‘O te alineas con nosotros o te desaparezco’. Renunciaron. Es un problema grave y no es una cosa ni personal ni partidista, es un asunto que debe verse con esa mira de Estado”.

Al crimen organizado le interesa con-

trolar a las autoridades locales porque su colaboración (activa o pasiva) es fundamental para el desarrollo de sus operaciones delictivas. Por ello no es casual que, según datos de la Federación Nacional de Municipios de México, como difundió el portal de CNN México el miércoles 3, “en los últimos cuatro años han sido asesinados mil 200 funcionarios municipales, de los cuales 34 eran alcaldes”.

Pero el control del crimen organizado empieza precisamente desde los procesos electorales; son ellos los que “quitan y ponen candidatos”, como denunció hace seis años el dirigente panista de Tamaulipas. Los asesinatos, secuestros y demás hechos violentos son simplemente una de las manifestaciones de este mal que lamentablemente hoy está muy arraigado en la vida política nacional y penetra a todos los partidos políticos.

El crimen organizado incide en los procesos electorales al menos en cuatro ámbitos: en la designación de candidatos, en el financiamiento de sus campañas, en la delimitación de sus posibilidades reales de hacer campaña y de difundir sus propuestas y en el control del voto ciudadano. Las primeras dos son las que más reflectores reciben, aunque –hasta hoy– no hay ningún caso probado de intervención del crimen organizado. Pero las otras dos son igualmente relevantes y también afectan el resultado electoral.

Los delincuentes deciden quién y dónde puede hacer campaña; qué pueden difundir los medios de comunicación de las diversas localidades, con lo cual no hay igualdad de condiciones para buscar el voto ciudadano; pero además también inhiben el voto libre y secreto en las comunidades pequeñas, obligando a votar por un determinado candidato o partido, y en las mayores porque los electores temen ser víctimas de la violencia o no tienen opciones reales ante la imposición de candidaturas.

En general las autoridades se niegan a reconocer la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, pero más por las dos últimas vías, porque ello implicaría reconocer que “los espacios públicos han sido capturados por actores criminales y la sociedad... está a merced de estos criminales”, como señaló, en referencia a la situación de Tamaulipas, Carlos Flores, profesor de la Universidad de Connecticut, al Wall Street Journal, lo que reprodujo el diario regiomontano El Norte el 21 de noviembre de 2010. Ésta es la realidad mexicana y la concentración de procesos electorales locales de 14 entidades en un solo día lo único que hizo fue mostrarla diáfanamente.

Garantizar la seguridad de los candidatos y permitir que los ciudadanos acudan a sufragar hoy no cambia nada; los grupos de la delincuencia organizada ya impusieron a sus candidatos para muchos de los puestos que hoy se eligen.

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Entre el narco, la autodefensa y la guerrilla ›› La percepción de ingobernabilidad crece en la entidad con cada manifestación y movimiento de indignación ciudadana, la cual se suma a la incesante ola de violencia y ejecuciones que paralizan a las autoridades locales y asfixia a la sociedad ›› Por un lado el

actual secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara Montellanos (excomandante de la Octava Zona Naval en la entidad), dice a Proceso que la guerrilla (“EPR y ERPI”) está detrás de los grupos de autodefensa surgidos en la región de la Costa Chica.

›› No obstante,

para el almirante en retiro no existen nexos entre el narco y el grupo de autodefensa oriundo de Tecpan, encabezado por el activista Leopoldo Soberanis.

Ezequiel Flores Contreras Proceso

Los grupos de autodefensa proliferan en cinco de siete regiones de la entidad para asumir funciones de seguridad pública al desplazar a las autoridades gubernamentales. El aval otorgado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero ya ocasionó una nueva crisis en su administración estatal.

La brutal ola de violencia presente en la entidad y la propagación de grupos de civiles armados ya ocasionó la renuncia del recién designado secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez.

Por un lado el actual secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara Montellanos (excomandante de la Octava Zona Naval en la entidad), dice a Proceso que la guerrilla (“EPR y ERPI”) está detrás de los grupos de autodefensa surgidos en la región de la Costa Chica.

No obstante, para el almirante en retiro no existen nexos entre el narco y el grupo de autodefensa oriundo de Tecpan, encabezado por el activista Leopoldo Soberanis.

En respuesta, el comandante de la IX Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, asegura que la delincuencia organizada subsidia al grupo de civiles armados liderados por Soberanis, surgido el jueves 20 de junio para enfrentar a Los Caballeros Templarios.

Este grupo de autodefensa se formó después de bloquear más de 30 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Para aminorar el conflicto el gobierno del estado, a través de Ernesto Aguirre, sobrino y asesor del gobernador Ángel Aguirre y el secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara, avaló y respaldó las acciones de este grupo de autodefensa que instaló retenes y realiza operativos con gente armada. Para justificar sus acciones argumenta que combate a Los Caballeros Templarios.

No obstante, tres días después (el 23 de

›› De acuerdo

con documentos oficiales, Chava Granados es hermano de Rubén El Nene Granados, ahora preso, acusado por el gobierno federal de ser operador del Cártel de los Beltrán Leyva.

junio último), mediante la colocación de narcomantas, Los Caballeros Templarios acusaron a Soberanis de trabajar para Los Granados, un remanente del extinto Cártel de los Beltrán Leyva dirigido por Salvador Chava Granados y exigió a las autoridades gubernamentales mantenerse al margen de la disputa por este importante corredor de drogas en la entidad.

De acuerdo con documentos oficiales, Chava Granados es hermano de Rubén El Nene Granados, ahora preso, acusado por el gobierno federal de ser operador del Cártel de los Beltrán Leyva.

También se le acusa de encabezar una brutal disputa por el control de la Costa Grande frente a sicarios al servicio del cacique y exalcalde priista de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, también preso y vinculado con el Ejército y con el Cártel de Sinaloa, aliado de Los Caballeros Templarios.

SEÑALAMIENTOS

El miércoles 3, durante una reunión con comisarios municipales, Lozano Espinoza lanzó sus acusaciones contra el grupo armado de Soberanis. Además los exhortó a no apoyar a las autodefensas y policías comunitarias que proliferaron

durante el gobierno de Aguirre pues, dijo el militar, se trata de grupos ilegales y están incurriendo en acciones delincuenciales. De acuerdo con una nota publicada en el periódico El Sur, el comandante de la IX Región Militar declaró: “En el grupo de autodefensa de Tecpan de Galeana no se ha detectado influencia de grupos guerrilleros, sino afinidad con la delincuencia organizada”.

Al siguiente día, el jueves 4, un grupo de pobladores del municipio de Petatlán, encabezados por el director de Ecología del ayuntamiento administrado por el PRI, Ignacio Salto Villa, bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado de Coyuquilla norte, para exigir al gobierno estatal la salida de la Marina y el retiro de un retén instalado por el grupo de autodefensa de Soberanis.

Según los manifestantes, la autodefensa de Tecpan está deteniendo personas, principalmente jóvenes, en un retén de la comunidad de El Llano y posteriormente aparecen ejecutadas.

Los civiles armados de Tecpan, respaldados por el gobierno estatal y la Marina, llevan una lista donde incluyen nombres de presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios; por eso exigen identificaciones a los automovilistas

Grupos de autodefensa se han proclamado en “servitud” de la ciudadanía a fin de bloquear la escalinata de violencia que se vive en el estado./foto: Agencia Reforma

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›› Los

manifestantes advirtieron que desbloquearán la vía cuando el gobernador Aguirre asuma el compromiso de retirar a la Marina y el retén del grupo de autodefensa de Tecpan.

El Ejército, afirman, debe resguardar esta franja costera de la entidad considerada importante corredor de drogas.

›› Por su parte,

Soberanis dijo que durante la madrugada del 26 de junio en la comunidad de Los Laureles, municipio de Tecpan, la Marina detuvo al principal “lavador de activos de Los Caballeros Templarios”, Leonardo Valle Torres,

Desde que los maestros inconformes tomaron instalaciones de escuelas e inmuebles, los narcopolíticos desataron una atmósfera propia para la actividad delictiva en la región./foto: Agencia Reforma

y pasajeros de autobuses, indicaron los manifestantes procedentes en su mayoría de la parte serrana de Petatlán, zona emblemática del narco y donde operan grupos paramilitares a cargo de la producción y el trasiego de enervantes.

Los manifestantes advirtieron que desbloquearán la vía cuando el gobernador Aguirre asuma el compromiso de retirar a la Marina y el retén del grupo de autodefensa de Tecpan. El Ejército, afirman, debe resguardar esta franja costera de la entidad considerada importante corredor de drogas.

Por su parte, Soberanis dijo que durante la madrugada del 26 de junio en la comunidad de Los Laureles, municipio de Tecpan, la Marina detuvo al principal “lavador de activos de Los Caballeros Templarios”, Leonardo Valle Torres, El Patrón, propietario de la empresa Mangos y Cocos de Guerrero. No obstante, señaló Soberanis, fue liberado al día siguiente tras un bloqueo realizado por sus trabajadores y vecinos del poblado donde está la empacadora sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

La grave situación prevaleciente en la región de la Costa Grande se agudizó esta semana ante la confrontación de las bases sociales de los grupos delincuenciales que se disputan este importante corredor de drogas del Pacífico frente a la inexistente presencia gubernamental.

Aunado a esto, a 45 días de su designación como secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez renunció al cargo en medio de una creciente inseguridad y violencia generada por la confrontación

›› Al cierre de

esta edición, el bloqueo carretero en la región de la Costa Grande por habitantes de la sierra de Petatlán que se oponen a la presencia de la Marina y al grupo de autodefensa de Tecpan presuntamente ligado a Los Granados se había prolongado más de 30 horas. Decenas de familias, turistas, paseantes y transportistas quedaron varados.

entre bandas delincuenciales y la expansión de grupos de autodefensa ligados al narco y la guerrilla, según el Ejército y la Marina.

BERRINCHE

La dimisión del exdiputado del Movimiento Ciudadano (MC), quien públicamente declaró su admiración por la guerrilla colombiana, ocurrió el miércoles 3, luego de que el gobernador Aguirre designó un día antes a su mentor y exsecretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, coordinador general del Ejecutivo.

Cruz Ramírez llegó al gabinete estatal apenas el 20 de mayo en sustitución de Salgado Gómez, defenestrado luego del conflicto magisterial que puso en jaque a la administración aguirrista por su falta de oficio político para resolver conflictos sociales.

La causa de la renuncia de Cruz Ramírez, quien llegó al gabinete estatal mediante componendas de tipo político, se debió a que estaba acotado y fue relegado en todo momento por Aguirre.

Este hecho se evidenció cuando el mandatario estatal viajó a Estados Unidos del 19 al 30 de junio para promover los destinos turísticos de la entidad y dejó como encargado de despacho del Ejecutivo a su compadre, el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva.

Mientras que Ernesto Aguirre, sobrino y asesor principal del mandatario, se encarga de atender los conflictos sociales, como lo hizo con el conflicto magis-

terial, pues se encargó de pagar las fianzas de los cetegistas procesados por las protestas en contra de la reforma educativa registradas desde finales de febrero.

A su regreso, Aguirre decidió rehabilitar a Salgado Gómez, como coordinador general del Ejecutivo, un cargo en la administración estatal equiparado con el de un vicegobernador, el cual ha sido ocupado por familiares del mandatario, quien por cierto se ha caracterizado por el nepotismo en su administración.

Mediante un comunicado oficial, el gobierno estatal informó que Salgado Gómez se encargará de los proyectos de infraestructura urbana emblemáticos de la administración aguirrista y considerados el principal negocio de este gobierno. Este hecho provocó la ira de Cruz Ramírez, quien renunció simplemente porque “siempre estuvo limitado en sus funciones”, indicaron fuentes oficiales a Proceso.

Al cierre de esta edición, el bloqueo carretero en la región de la Costa Grande por habitantes de la sierra de Petatlán que se oponen a la presencia de la Marina y al grupo de autodefensa de Tecpan presuntamente ligado a Los Granados se había prolongado más de 30 horas.

Decenas de familias, turistas, paseantes y transportistas quedaron varados.

Contrario a la actitud asumida por el gobierno de Aguirre frente al bloqueo realizado anteriormente por el grupo de autodefensa de Tecpan, ningún secretario de despacho acudió al lugar del conflicto como lo exigen los manifestantes para destrabar el conflicto.

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Empieza la rendic

›› En un evento sin precedentes, el

extitular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, está citado a comparecer frente a la justicia no sólo por las desapariciones y asesinatos perpetrados durante el sexenio de Felipe Calderón, sino para enriquecer las investigaciones contra altos mandos ›› El citatorio

está fechado el 17 de junio para que Galván declare desde la Ciudad de México por videoconferencia y enlazado con el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, donde se ubica la prisión militar en la cual están varios de los procesados en las causas penales que se siguen por homicidio, tortura y desaparición de cadáveres.

Jorge Crrasco Araizaga Proceso

El titular de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, general de división retirado Guillermo Galván Galván, ha sido llamado a declarar ante la justicia federal por la tortura, muerte y desaparición de presuntos narcotraficantes durante el Operativo Chihuahua, en el que participó el Ejército como parte de “la guerra contra el narcotráfico” emprendida por el mandatario panista.

El exfuncionario fue citado por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, donde el próximo 6 de agosto deberá rendir declaración como testigo dentro de la causa penal 53/2012 abierta por los delitos contra la salud, acopio de armas y robo, pero que forma parte de una investigación más amplia relacionada con la desaparición de personas a manos de militares durante 2008.

El citatorio está fechado el 17 de junio para que Galván declare desde la Ciudad de México por videoconferencia y enlazado con el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, donde se ubica la prisión militar en la cual están varios de los procesados en las causas penales que se siguen por homicidio, tortura y desaparición de cadáveres.

Se trata de la primera acción de la justicia civil en la que es citado el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a causa de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón. El citatorio coincide con la liberación, decretada el viernes 5 por otro juzgado federal, de tres generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército a quienes no se les pudo comprobar la acusación fincada por el anterior gobierno de que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva.

El testimonio de Galván fue requerido por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, interno en la prisión militar de Mazatlán desde agosto de

›› Se trata de la

primera acción de la justicia civil en la que es citado el extitular de la Sedena a causa de la guerra al narco.

2009, acusado inicialmente por robo, posesión de arma y posesión de droga, pero después de casi cuatro años de prisión, apenas el 13 de junio pasado, fue encausado penalmente en una alegada desaparición forzada.

Juárez Ramírez, un oficial con 29 años de servicio en el Ejército al momento de su detención, pidió la declaración de Galván y de otros jefes y exjefes del Ejér-

cito para desacreditar las acusaciones en su contra y demostrar la actuación por consigna de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), asegura su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano.

En la prueba testimonial requerida, Galván deberá responder sobre el Operativo Chihuahua y lo que le fue informado por los comandantes de la zona en respuesta a sus instrucciones de actuar

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ición de cuentas

para combatir a los narcotraficantes. El cumplimiento quedó a la interpretación de los jefes militares, comandantes de regiones, zonas, guarniciones y unidades no sólo en Chihuahua, sino en todo el país. Lo que siguió fue la fuerza desmedida y, en el caso del Operativo Chihuahua, prohijó al llamado “pelotón de la muerte” (Proceso 1889).

LOS CITATORIOS

El próximo 6 de agosto quedarán ventiladas las operaciones “ilícitas” del Ejército Nacional, mismas por las que habrán de responder sus cabecillas ante la justicia./foto: Agencia Reforma

›› En la prueba

testimonial requerida, Galván deberá responder sobre el Operativo Chihuahua.

con mano dura durante los operativos ordenados por Calderón.

En septiembre u octubre de 2008, refiere la defensa del teniente coronel, Galván se reunió con los generales a cargo del operativo iniciado por el Ejército en Chihuahua medio año antes. Galván llegó a la base aérea militar de Chihuahua, donde se encontró con los comandantes

›› La instrucción

de Galván fue innovar los métodos de trabajo y de operación para combatir a los narcotraficantes.

de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, aunque abarca también a Chihuahua. Juárez Ramírez era comandante de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), ubicada a siete kilómetros del cuartel general de la guarnición militar de Ojinaga.

La instrucción de Galván fue innovar los métodos de trabajo y de operación

Egresado de la Universidad del Valle de México y con estudios de posgrado en la Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tadeo Solano pretende también la presentación ante la justicia civil del general de división Marco Antonio González Barreda, quien al momento de los hechos era comandante de la XI Región Militar.

El divisionario concluyó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército. Hoy es director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, designado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena.

El abogado busca además la declaración judicial del entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Demetrio Gaytán Ochoa, quien después de los sucesos en Chihuahua fue designado subsecretario de la Sedena. El año pasado encabezó una de las más fuertes disputas en la secretaría para suceder a Galván. Ahora es el director del Banco del Ejército (Banjército), también por decisión del general secretario.

El litigante también citó al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien en 2008 era comandante de la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del Operativo Chihuahua. De acuerdo con la defensa, ambos estuvieron en la reunión con Galván, lo mismo que los comandantes de las zonas militares Sexta, con sede en Saltillo, Coahuila, y 42, con base en Parral, Chihuahua.

El actual comandante de la Quinta Zona Militar es el general Leopoldo Noé Gaytán Ochoa –hermano del director del Banjército– quien se niega a una inspección judicial de esas instalaciones solicitada por el abogado y autorizada por los juzgados Segundo y Décimo de Distrito Civil en Chihuahua. Según el comandante, el ingreso sólo puede ser autorizado por el titular de la Sedena.

Tadeo Solano, quien litiga el caso entre la Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua, asegura que la defensa ha recibido amenazas de muerte por parte de “personal de la Quinta Zona Militar”.

Ello lo motivó a enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que responsabiliza al general secretario y a la PGJM de cualquier acto en su contra.

CONTINÚA EN LA SIG. PÁG.

B.12 ❱ AM2.0 En el documento se queja también de la procuraduría militar porque, expone, se ha negado a presentar durante el juicio a los elementos de la Policía Judicial Militar (PJM) que participaron en la captura de los militares y están acusados de tortura para involucrar a jefes que participaban en el Operativo Chihuahua. La PGJM asegura que no los puede presentar por seguridad personal.

En entrevista, el abogado asegura que sin ser parte en los juicios, el agente del Ministerio Público de la Quinta Zona Militar y personal del Juzgado de la III Región Militar, en Mazatlán, solicitan informes a los juzgados Segundo y Décimo de Distrito con sede en Chihuahua.

Ambos juzgados radicaron las causas penales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterios respecto al fuero militar y estableció que el caso Ojinaga debía pasar a la jurisdicción civil. Y aun cuando desde septiembre y octubre de 2012 fijó los criterios para limitar el fuero militar, fue en enero pasado cuando se resolvió en definitiva el conflicto competencial a favor de los juzgados civiles, por lo que durante más de tres años la instrucción estuvo a cargo de la justicia castrense.

EL ENCUENTRO DE 2008

Entre los asistentes a la reunión con Galván en la base aérea de Chihuahua estuvo el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, donde, según las acusaciones en la causa penal 49/2012 que se instruye en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, ocurrieron las muertes de por lo menos un civil y adonde fueron llevados tres presuntos delincuentes antes de ser torturados, asesinados y calcinados en poblados aledaños a Ojinaga, entre junio y agosto de 2008.

Los desaparecidos son José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca, y Erick Campos Valenzuela, El Campitos.

Moreno Aviña es ahora uno de los 31 militares procesados en las diferentes causas penales que, de acuerdo con los acusados, fueron enderezadas por consigna por la justicia militar. Apenas el 27 de junio pasado durante una audiencia para recabar su testimonio, alegó que su primera declaración ministerial hecha el 19 de agosto de 2009 ante la PGJM en la Ciudad de México, donde se encontraba en la Dirección General de Personal, desapareció de su expediente. Esa irregularidad no fue tomada en cuenta por el juez militar Gonzalo Corona González, quien inicialmente conoció la causa antes de que declinara a favor de la justicia civil.

Moreno Aviña asegura además que fue declarado antes de que existiera una petición oficial del Ministerio Público militar adscrito a la comandancia de Ojinaga. La justicia militar falseó documentos, asegura, para ocultar esa arbitrariedad, también cuestiona los peritajes de la PGJM sobre los supuestos

amqueretaro.com / Domingo 07 de julio de 2013 / AM Querétaro, Querétaro

El general de brigada, Guillermo Galván Galván, enfrenta una polémica relacionada directamente con las acciones de Felipe Calderón durante la guerra contra el narcotráfico, misma que ha dejado

›› Moreno Aviña

es ahora uno de los 31 militares procesados en las diferentes causas penales que, de acuerdo con los acusados, fueron enderezadas por consigna por la justicia militar.

›› Apenas el

27 de junio pasado durante una audiencia para recabar su testimonio, alegó que su primera declaración ministerial hecha el 19 de agosto de 2009 ante la PGJM en la Ciudad de México, donde se encontraba en la Dirección General de Personal, desapareció de su expediente.

restos óseos de los desaparecidos y que la procuraduría militar no ha querido aportar como prueba.

El mismo día de la detención del general Moreno Aviña, el 19 de agosto de 2009, ocurrió la del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y la de otros oficiales y soldados. El operativo estuvo a cargo del entonces coronel y ahora general brigadier David Eduardo Velarde Sigüenza, director de la PJM. También participó el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, como investigador de la PJM. Todos los detenidos, excepto uno, alegan haber sido torturados para incriminarse.

En el caso del teniente coronel Juárez Ramírez, quien tiene diferentes cursos de instrucción en México, Chile y Estados Unidos, efectivos de la PJM llegaron al cuartel donde se alojaba en la CINE. Según el parte oficial, en un cajón del buró de Juárez Ramírez le encontraron dosis de cocaína y mariguana que, alega el acusado, eran utilizadas para el adiestramiento del personal bajo su cargo por órdenes del general Moreno Aviña. Los policías militares lo acusaron de f lagrancia en el delito de posesión de enervantes con fines de comercio.

Lo interrogaron hasta las 11 de la noche del siguiente día. Por la mañana lo llevaron en un avión del Ejército a la prisión militar de la III Región, en Mazatlán, donde está preso desde entonces.

Los militares detenidos fueron entregados al mayor Rivera Medeles, quien asentó en el acta ministerial haber interrogado al teniente coronel sobre una caja de madera escondida fuera de la CINE y cerca de la mina La Perla, rumbo a la ciudad de Camargo.

Según el mayor, la caja contenía armas de fuego, dinero nacional y extranjero, cartuchos de diferentes calibres y joyas de oro, y dio con ella por las decla-

›› Aunque ahora

nadie se quiere responsabilizar de la existencia del “pelotón de la muerte”, el Ejército sigue en el centro de la polémica por la “guerra” de Calderón.

Apenas la madrugada del viernes 5 el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, decretó por falta de pruebas el sobreseimiento de la causa penal e inmediata liberación de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y del mayor Iván Reyna.

raciones del sargento conductor hojalatero Andrés Becerra Vargas, uno de los señalados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”.

El ministerial dijo que el teniente coronel respondió que las armas eran de las que se aseguraban a los civiles y no se ponían a disposición de las autoridades porque las utilizaba para sembrarlas a otros civiles que se detenían y a los que no se les encontraba nada. En la versión asentada por el Ministerio Público militar Juárez Ramírez señaló que el general Moreno Aviña le daba dinero, también asegurado a civiles, para gastos de operaciones militares y que el comandante de la Guarnición era quien en complicidad con dos civiles ordenaba la ejecución de otros civiles.

Uno de los principales inculpados, Rodas Cobón, asegura que fue torturado por la justicia militar para inculparse del homicidio de Rojas Lemus y Samaniego Rey, y responsabilizar al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez. El 16 de abril pasado, en un testimonio que dio a petición de Moreno Aviña, Rodas Cobón identificó a quienes, alega, lo torturaron.

Después de su traslado a la Ciudad de México desde Ensenada, Baja California, el 26 de agosto de 2009 fue llevado a Ojinaga, donde fue entregado al mayor Rivera Medeles en una cabaña dentro de las instalaciones militares: “Me ordenó… que me sentara. Al sentarme, el capitán Héctor Raúl Salgado Urióstegui me propinó bofetadas, y al quererme levantar fui sujetado por ambos brazos por el mayor Rivera Medeles y el capitán Román Rodríguez…

“Dime ya de muertos y ejecutados ordenados por el general Moreno Aviña, no te hagas pendejo… Nosotros como agentes de la Policía Federal Militar estamos protegidos y recibimos órdenes directas del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y mientras él esté en el poder no nos van a hacer nada, así se quejen ante quien se quejen…”.

Aunque ahora nadie se quiere responsabilizar de la existencia del “pelotón de la muerte”, el Ejército sigue en el centro de la polémica por la “guerra” de Calderón. Apenas la madrugada del viernes 5 el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, decretó por falta de pruebas el sobreseimiento de la causa penal e inmediata liberación de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y del mayor Iván Reyna, quienes estaban en prisión desde el año pasado acusados por el gobierno de Calderón de fomento al narcotráfico.

En abril pasado la justicia federal liberó al general de división en retiro y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la PGR se desistiera de las acusaciones fincadas en su contra por el gobierno de Calderón de proteger desde los más altos niveles del Ejército al Cártel de los Beltrán Leyva.

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Cautivos en el Infierno ›› “Llegaban

a las casas y así nomás apuntaban con sus armas, violaban a señoras. Los trataban muy mal, duraban 15 días sin bañarse, de comida les daban puras Maruchan, los traían robando, armados, dando vueltas por el pueblo.”

›› Escuadrones de guerra, cofiados al “blindaje” de ranchos,

bodegones, narcolaboratorios, mansiones de caciques y pueblos enteros son esclavizados diariamente por los cárteles de las drogas, mientras sus familias quedan a la expectativa de no saber dónde están o si la vida se le va en el filo de un arma Marcela Turati Proceso

“Mi hermano desapareció cuando tenía 19 años. Trabajaba en el pueblo, en una carpintería, y un día unos amigos le dicen que los acompañe a llevar una troca a la sierra, llegando allá con un mueble les dicen: ‘Ustedes se van a quedar aquí a trabajar’, y les dan armas poderosas y trocas y los ponen a cuidar al pueblo. Estaban bajo las órdenes de un comandante, entre la gente, matando. Porque los ponían a matar. Pero mi hermano nunca mató.”

El testimonio es de una joven de Chihuahua. No es un relato más de los que se susurran durante las reuniones de familiares dedicados a la búsqueda de uno de los suyos (extraviados, levantados, secuestrados o desaparecidos), de esos que dan cuenta de que no todos los desapa-

›› “Cuando

escapó, ellos llamaban a mi hermano para decirle que se regresara para que no nos mataran a nosotros.

Mis papás lo mandaron a Chihuahua con un tío, pero él estaba intranquilo”

recidos están muertos, algunos están vivos, esclavizados; esta historia contiene datos, nombres de pueblos, descripción de criminales.

“Llegaban a las casas y así nomás apuntaban con sus armas, violaban a señoras. Los trataban muy mal, duraban 15 días sin bañarse, de comida les daban puras Maruchan, los traían robando, armados, dando vueltas por el pueblo.”

–¿Y cómo sabes eso? –se le pregunta.

–Mi hermano nos lo contaba.

–¿Cómo?

–Un día logró ir a un cerro y desde arriba le llamó por teléfono a mi papá para decir que estaba bien, pero que los trataban muy mal. Otro día apareció en casa... aprovechó que hubo una balacera... Escapó.

La joven, aunque habla en voz baja, no se ve nerviosa. Parece que tiene nece-

sidad de contar su historia. Está en un encuentro de familias de todo el país que también buscan a uno de los suyos. Aquí supo que su caso no es aislado y acaba de prometerse que nunca dejará de buscar a ese hermano mayor que regresó del infierno y se lo describió, pero tuvo que regresar a él, por su propio pie, para salvar a su familia de ser sometida a un purgatorio, lento, cruel, salvaje, en esta vida.

“Cuando escapó, ellos llamaban a mi hermano para decirle que se regresara para que no nos mataran a nosotros.

Mis papás lo mandaron a Chihuahua con un tío, pero él estaba intranquilo.

Duró allá unos días, regresó a la casa, creemos que para entregarse, y de inmediato vinieron por él y se lo llevaron a la sierra. La última vez que supimos de él fue un día que habló llorando, decía que no quería estar ahí, que no aguantaba, que veía cosas, que hacían muchos delitos. Llevamos dos años sin noticias.”

El infierno que ella describe es el de una prisión sin rejas. Una cárcel a campo abierto; su hermano vivía con puros jóvenes, unos reclutados a la fuerza, otros estaban ahí por su voluntad, en una casa abandonada a las afueras del pueblo. Se turnaban para dar rondines y vigilar que no llegaran otros a balear.

CONTINÚA EN LA SIG. PÁG.

En lo que comienza a definirse como una guerra civil autoimpuesta, hombres en edad productiva son prisioneros del crimen organizado tan pronto como abandonan sus pueblos./foto: Agencia Reforma

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›› La posibilidad de que algunas personas consideradas desaparecidas estén con vida, prisioneras, trabajando como esclavas, es una certeza para muchas familias que se han dedicado a investigar el paradero de los suyos y también para organizaciones de derechos humanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, la Ciudad de México y Guanajuato; personal de los albergues de migrantes y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y hasta el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

dice Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, albergue al que han llegado sobrevivientes de esa tragedia que la PGR ha calificado como “crisis humanitaria”.

En México el reporte preliminar de desaparecidos el sexenio pasado es de 27 mil personas y el registro se sigue engrosando en éste.

Juan López, abogado de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), estima que una tercera parte de esas personas forzadas a ausentarse pueden haber sido esclavizadas.

NADIE CONTESTA

El fenómeno se remonta al 2007, poco antes de que la guerra encabezada por Felipe Calderón tomara ahínco, y a la fecha, se escuchan relatos de “levantados” que han logrado safarse de las balaceras./foto: Agencia Reforma

“Ellos eran la policía del lugar”, dice.

Esos “policías” estaban armados, patrullaban en camionetas robadas, no tenían horarios de descanso, comían lo que podían, vivían “bien locos”, estimulados por mariguana o cocaína y sus excesos con frecuencia terminaban con balazos y asesinatos entre ellos. No recibían paga y tampoco podían renunciar al trabajo, ya que sus captores conocen a sus familias.

“De aquí son muchos jóvenes que los linieros (integrantes de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez) se han llevado así. A unos los llevan a trabajar a Cuauhtémoc, Guachochi, San Juanito, Creel, La Junta, Guadalupe y Calvo, Batopilas, a diferentes lugares, o andan cerca de ahí. Unos se han escapado, pero si regresan, se los llevan.”

El acuerdo para esta entrevista es no revelar datos que puedan ayudar a ubicar a la informante, quien ya vive en otra región del país. Aunque dice que son tantos los jóvenes reclutados a la fuerza, con la misma historia, que cualquiera podría haberla narrado.

La posibilidad de que algunas personas consideradas desaparecidas estén con vida, prisioneras, trabajando como esclavas, es una certeza para muchas familias que se han dedicado a investigar el paradero de los suyos y también para organizaciones de derechos humanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, la Ciudad de México y Guanajuato; personal de los albergues de migrantes y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y hasta el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

La reportera ha constatado que las

›› Raúl Vera está

convencido de que las personas desaparecidas no son huesos: “Hay indicios muy fuertes de que estas personas pueden estar en campos de concentración, donde están haciendo trabajos forzados. Hemos sabido de gente que dice: ‘me escapé’ y que estuvieron en campos, los estaban preparando para usar armas.

Por migrantes sabemos que estuvieron secuestrados en casas de seguridad”.

familias aportaron a los actuales titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación estos datos, que apuntan a la existencia de ranchos, casas de seguridad y bodegones donde los grupos del crimen organizado tienen esclavos, en su mayoría hombres en edad productiva. Muchos migrantes.

El procurador Jesús Murillo Karam pidió tiempo a las familias para crear una unidad especializada en búsqueda, que tuviera un área de inteligencia y otra de fuerza, para liberar a los prisioneros de los cárteles de la droga en operativos sin muertos. Las familias siguen esperando.

Raúl Vera está convencido de que las personas desaparecidas no son huesos: “Hay indicios muy fuertes de que estas personas pueden estar en campos de concentración, donde están haciendo trabajos forzados. Hemos sabido de gente que dice: ‘me escapé’ y que estuvieron en campos, los estaban preparando para usar armas. Por migrantes sabemos que estuvieron secuestrados en casas de seguridad”.

Según reportes de las organizaciones civiles, son forzados a trabajar en el halconeo, el sicariato, la pizca de mariguana, la extorsión, la construcción de túneles, la limpieza de las casas de seguridad y la alimentación de sus prisioneros, la esclavitud sexual o la instalación de equipos de comunicación. O a fungir como policías de regiones tomadas por el narcotráfico.

“Es muy probable que estén caminando entre nosotros, sueltos, pero vigilados porque tienen un trabajo que cumplir”,

El fenómeno de la desaparición de personas comenzó a evidenciarse a partir de 2007 en los lugares disputados entre bandas del crimen organizado y las fuerzas federales. Al poco tiempo, organizaciones de derechos humanos escucharon los primeros relatos sobre personas arrancadas de sus hogares y que luego fueron vistas con vida.

Uno de esos testimonios es el del mexicano-estadunidense José Esparza Cháirez, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien dijo a la periodista Carmen Aristegui que al buscar a sus tres hermanos desaparecidos en enero de 2009 en Cuencamé, Durango, varias personas le informaron que los habían visto trabajando como sicarios por la región, disfrazados con uniformes de la Policía Judicial.

Datos como ese eran difíciles de creer y los defensores los atribuían a la esperanza de las familias de que sus seres queridos estuvieran vivos. La hipótesis era que los cárteles mataban pronto a quien levantaban. Con el tiempo, conforme más familias comenzaron a agruparse y detectaron tipologías similares en los casos, la teoría cambió.

Blanca Martínez, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que cobija a la organización de familiares de Fundem/Fundec, creada en 2009 en Coahuila, señala: “Tardamos un rato para llegar a esta hipótesis del trabajo forzado. Fuimos muy cuidadosos de no fomentar una utopía. Sabíamos que las familias, en su dolor, tienen que aferrarse a cualquier esperanza, pero después tuvimos algunos indicios de que es posible”.

El abogado Juan López dice que aunque han sabido de personas que “aparecen” en otros estados, no han podido entrevistar a ninguna: “La gente que escapa queda descompuesta, psicológicamente rota. Se sabe que aparecieron, pero no dónde están. Es tan estrujante la experiencia que alcanzan a llegar a sus casas, toman sus cosas y huyen. Se fuerzan a desaparecer y empezar su vida lejos”.

El sacerdote Pedro Pantoja, fundador de la Casa del Migrante de Saltillo, quien sí ha tratado con los sobrevivientes de ese infierno, los describe: “Llegan flacos, maltratados, horrorizados porque los tuvieron ‘trabajando’.

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Aunque el día de ayer se levantó el plantón donde madres mexicanas exigían a la Segob se mantuviera la pesquisa sobre sus hijos, otros indignados no desisten./foto: Especial

›› Las

organizaciones de derechos humanos del país registran que la mayoría de los desaparecidos en las zonas disputadas por los cárteles son hombres en edad productiva (de 19 a 35 años) y muchos de ellos hacían un trabajo especializado.

Un ejemplo son los 12 técnicos dedicados al mantenimiento e instalación de antenas de

No siempre pueden hablar, y si lo hacen es con terror de lo que vivieron en esos hoteles, bodegas o almacenes donde los tienen, donde veían llegar a la policía.

Algunos fueron torturados, otros llegan casi con pérdida de personalidad.”

Es tal el trauma de estos hombres y mujeres que debió crear un área de salud mental para atenderlos.

Las organizaciones de derechos humanos del país registran que la mayoría de los desaparecidos en las zonas disputadas por los cárteles son hombres en edad productiva (de 19 a 35 años) y muchos de ellos hacían un trabajo especializado.

Un ejemplo son los 12 técnicos dedicados al mantenimiento e instalación de antenas de telecomunicación desaparecidos, 10 de ellos en Tamaulipas y dos en Coahuila.

“Entre los que buscamos hay ingenieros, y lo piensas cuando ves que descubrieron los llamados narcotúneles con trabajo de ingeniería. También hay veterinarios, albañiles, y varios con habilidades que los hacen susceptibles de trabajar en una gran empresa como la delincuencia organizada”, dice Blanca Martínez.

Alfonso y Lucía, padre y madre del ingeniero en sistemas defeño Alejandro Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 tras pasar la caseta de Sabinas Hidalgo rumbo a Texas, com-

›› Un defensor

de Chihuahua consultado para este reportaje mencionó que han tenido noticias sobre jóvenes enganchados para trabajar en la pizca de legumbres en Sinaloa.

Ahí mismo los hicieron prisioneros y los obligaron a sembrar mariguana.

Pocos tienen la oportunidad de escapar en esos campos vigilados por matones armados.

parten la hipótesis de muchas familias: “Ellos (los criminales) necesitan de todo tipo de gente para que la maquinaria funcione. Es por lógica. Necesitan médicos, enfermeras, ingenieros, obreros, albañiles, por eso se los llevan”.

La pareja descubrió que los tripulantes de otros cuatro autos desaparecieron en el mismo tramo carretero. Pero no fue sino hasta agosto de 2011, a partir de que dos policías federales fueron degollados en la zona, que el Ejército y la Policía Federal realizaron operativos en esos municipios nuevoleoneses colindantes con Tamaulipas y encontraron un campamento donde entrenaban unos 200 futuros sicarios, ranchos ocupados por zetas, 38 antenas en Escobedo y 43 repetidoras en Saltillo. Tuvieron un enfrentamiento en El Vallecillo, donde 20 “sicarios” fueron asesinados y 40 escaparon.

Mientras muestra esas noticias, Alfonso Moreno reflexiona: “Alguien tiene que estar operando las antenas que usa la delincuencia organizada, no sabemos si ahí traen a los jóvenes, obligados a trabajar, o si a mi hijo lo obligaron a ser sicario y es uno de los que la nota dice que escaparon”.

El 5 de junio pasado, tras varios meses de entrevistas con familiares de Fundec, el gobernador Rubén Moreira, quien ha reconocido que en su estado han des-

aparecido 2 mil personas, anunció que su gobierno busca también a los vivos.

Contra la lógica nacional, no sólo busca restos.

Los indicios se manifiestan en todo el país. En el Distrito Federal, Carlos Cruz, director de la organización Cauce Ciudadano, que acompaña a jóvenes en riesgo, relata que en un tutelar de menores (se reserva la ubicación por seguridad) encontró un grupo de adolescentes de 15 años que fueron levantados de sus barrios en Nuevo Laredo y durante 90 días llevados de pueblo en pueblo hasta terminar en un campo de entrenamiento en armas de Los Zetas.

La defensora Malú García, de la organización chihuahuense Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dice que a partir de 2008, cuando el Ejército y la Policía Federal ocuparon Ciudad Juárez, los integrantes de la pandilla Los Aztecas, al ver mermado el narcomenudeo, se dedicaron también a la trata de mujeres.

Al menos 30 de ellas han desaparecido y la organización presume que mientras sean negocio, las mantendrán vivas.

Teresa Ulloa, directora en México de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dice que en todas las regiones disputadas por narcotraficantes se registra la desaparición de jovencitas que probablemente sean usadas como esclavas sexuales de los capos o sus tropas.

Un defensor de derechos humanos, que pide no ser identificado, recrea el testimonio de un sobreviviente de la reclusión en Tamaulipas: “Dice que les daban camioneta y armas y los ponían a cobrar. Tenía que entregar una cantidad mensual de dinero y hacerle como pudiera si quería vivir. Entonces ellos extorsionaban a todos y obligaban a los de la gasolinera a llenarles el tanque. Y aunque traían camionetas y armas, no estaban libres, estaban en una cárcel abierta y tenían que pagar cuota al presidente municipal y la policía. La gente los consideraba parte de los malos. ¿Cómo iba a escapar?”.

Un defensor de Chihuahua consultado para este reportaje mencionó que han tenido noticias sobre jóvenes enganchados para trabajar en la pizca de legumbres en Sinaloa. Ahí mismo los hicieron prisioneros y los obligaron a sembrar mariguana. Pocos tienen la oportunidad de escapar en esos campos vigilados por matones armados.

Otro defensor que pide no ser identificado cita el relato de una persona que para buscar a su hijo entró disfrazado a una bodega en las afueras de una ciudad, también del norte, donde vio personas hacinadas (“a más de 200”), escuchó sus lamentos, respiró ese olor concentrado de orines, excrementos y sudores. Quedó traumado.

Testimonios como esos son recibidos cada vez con más frecuencia por las organizaciones de derechos humanos, pero nadie se atreve a decir “yo estuve desaparecido” por miedo a los victimarios, que sí están protegidos.

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Las claves de la indignación ›› Los avances

sociales son innegables, pero conviven con factores que motivan las movilizaciones: crisis de representación política, hartazgo por la corrupción, incremento en la inflación de intereses y de precios y particularmente una realidad urbana crítica que no satisface las necesidades de los ciudadanos y menoscaba sus niveles de bienestar.

›› Temas como el encarecimiento de la vida, la mala calidad de los servicios públicos de salud, la falta de acceso a la educación para los jóvenes, transportes colectivos insuficientes, precarios y de los más caros del mundo son detonantes de la indignación.

›› Las protestas en Brasil surgen a partir de un aumento al ya

de por sí austero servicio de transporte público, y aunque los manifestantes se anotaron un triunfo sobre Dilma Rousseff, las marchas se mantienen, despertando el interés de los analistas Makieze Medina Proceso

El detonante de las protestas sociales que sacuden a Brasil fue el aumento en la tarifa del transporte colectivo de la ciudad de Sao Paulo. Y aun cuando el gobierno dio marcha atrás a esa alza, las manifestaciones siguen: los políticos, la política, la corrupción, los gastos excesivos para el Mundial de Futbol de 2014 y para los Juegos Olímpicos de 2016 son los principales blancos de la crítica popular; a ello se suman la insuficiencia y mala calidad de los servicios públicos, entre ellos los de transporte, salud y educación.

Las movilizaciones y protestas sociales surgen en un momento en el que Brasil mantiene el paso para consolidarse como pilar regional, cuando intenta volverse potencia global y se reconocen internacionalmente los avances sociales de los dos gobiernos de Lula: 250% de aumento al salario mínimo, reducción de la desigualdad a su nivel más bajo desde los sesenta, expansión de una nueva clase media baja (54% de su población), reducción significativa de la pobreza (35 millones de pobres menos) y combate a la discriminación, con acciones afirmativas para las poblaciones negra e indígena.

Los avances sociales son innegables, pero conviven con factores que motivan las movilizaciones: crisis de representación política, hartazgo por la corrupción, incremento en la inflación de intereses y de precios y particularmente una realidad urbana crítica que no satisface las necesidades de los ciudadanos y menoscaba sus niveles de bienestar. Temas como el encarecimiento de la vida, la mala calidad de los servicios públicos de salud, la falta de acceso a la educación para los jóvenes, transportes colectivos insuficientes, precarios y de los más caros del mundo son detonantes de la indignación.

›› Un estudio

del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada sobre movilidad urbana en Brasil mostró en 2011 que 65% de la población de las capitales y 36% de ciudades no capitales usaban el transporte público, y 55% de los usuarios consideraba el servicio “malo” o “muy malo”.

TRANSPORTE COLECTIVO

Las protestas originadas en Sao Paulo lograron que gobiernos de otras ciudades redujeran sus tarifas de transporte público y empezaran a hablar de cambios para mejorar su funcionamiento, su financiamiento (entre los sectores público y privado) y analizaran la propuesta del Movimiento Pase Libre, para considerarlo un derecho ciudadano que debe ser gratis.

Las críticas señalan los padecimientos cotidianos: desplazamiento de autobuses que apenas circulan a 13 kilómetros por hora en carriles exclusivos, unidades sobresaturadas y sin que se piense aumentar el parque vehicular, reajuste discrecional de las tarifas en periodos poselectorales y el intenso tránsito que trae la venta masiva de automóviles financiados por los bancos.

En Sao Paulo, una metrópolis de 11 millones 400 mil habitantes, la saturación de los vagones del metro hace que se amontonen hasta ocho pasajeros por metro cuadrado y su insuficiente red equivale a poco más de un tercio de la que existe en la Ciudad de México, una quinta parte de la de Nueva York o una sexta parte de la de Beijing.

Un estudio del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada sobre movilidad urbana en Brasil mostró en 2011 que 65% de la población de las capitales y 36% de ciudades no capitales usaban el transporte público, y 55% de los usuarios consideraba el servicio “malo” o “muy malo”.

La Asociación Nacional de Transportes Públicos reveló los altos costos que tiene este sistema para el gobierno y para los usuarios. El valor medio por pasajero que el gobierno transfirió a los concesionarios en Sao Paulo creció 15% sobre la inflación entre 2006 y 2013, ante el constante incremento de las tarifas que estipulan las empresas.

Con la intención de reducir 15% las tarifas de autobuses, metro y trenes urbanos, el gobierno federal y el Sena-

do propusieron un sistema en el que los tres niveles de gobierno no deberán cobrar impuestos a las empresas por la adquisición de insumos para el transporte (gasolina, diésel, energía eléctrica y bienes capitales). La propuesta sorprende frente a la gran movilización social y por las críticas que recibió el gobierno por seguir privilegiando a la industria automotriz.

“NO NOS LASTIME”

“Por favor no nos lastime, no tenemos hospitales”, rezaba una pancarta que (ante la brutalidad y violencia de la policía militar en los primeros días de las manifestaciones) satirizaba la insuficiente infraestructura pública para la atención de la salud.

En Brasil el Sistema Único de Salud instituido en 1988 para garantizar universalmente este derecho cubre a 80% de la población en clínicas y hospitales públicos, y también por medio de los que contrata con hospitales privados, con y sin fines de lucro, modalidad predominante.

Pese a su amplia cobertura, el Índice de desempeño 2012 que elaboró el gobierno para medir el acceso de la población a todo tipo de servicio y la eficiencia del sector salud, mostró que el mayor problema es conseguir atención principalmente en los hospitales y para los procedimientos más complejos, seguido por las dificultades y tiempos de espera.

Estos problemas para obtener atención médica se corroboran con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que revelan que 58% de los establecimientos de salud pertenecen al sector público y 41% al privado; en cuanto a disponibilidad de camas, la participación del sector privado (66%) es mayor que la del público.

La necesidad de incrementar infraestructura y personal, y mejorar la atención son señalamientos constantes de especialistas y de investigaciones que enfatizan también los problemas que surgen cuando el gobierno terciariza los servicios y delega la atención de la salud al sector privado, reduciendo progresivamente la responsabilidad estatal a un papel regulador, financiador y comprador de servicios.

“NO MÁS ESTADIOS”

“Más escuelas, más lugares, no más estadios” es una de las consignas coreadas en las manifestaciones.

Pese a que en la última década Brasil tuvo un proceso de expansión educativa, sigue marcado por sesgos clasistas y racistas y por muy bajas coberturas de acceso en los niveles más altos.

Datos de 2011 del IBGE muestran que 91% de niños y jóvenes de entre seis y 14 años cursaba la educación básica; 51% de entre 15 y 17 años, nivel medio, y sólo 14% de entre 18 y 24 años, la educación superior.

El problema más grave en la educación lo viven los jóvenes a partir de los

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AM Querétaro, Querétaro / Domingo 07 de julio de 2013 / amqueretaro.com Las demandas de los indignados contemplan un menor destinamiento de recursos del erario público a los programas deportivos y estadios./foto: AP

jóvenes entre 16 y 24 años que no trabaja ni está en el sistema educativo, se incrementan las posibilidades de migrar y los riesgos para ser cooptados o involucrarse en actividades delictivas, las cuales guardan mayor relación con bajos niveles de renta familiar, baja escolaridad y disponibilidad con la que cuenten los jóvenes.

El involucramiento con drogas (como comerciantes o usuarios) es la actividad delictiva en la que más se involucran. Si entran al narcotráfico aumentan significativamente las posibilidades de una muerte temprana. En Río de Janeiro un levantamiento del programa Soldado Nunca Más mostró que 80% de los menores de 18 años implicados en el narcotráfico mueren antes de llegar a los 21 años.

El mapa de la violencia durante 2011 de Brasil reveló que 39% de jóvenes que mueren entre 15 y 24 años es por homicidio; es la principal causa de muerte en esa edad. Ésta es la media nacional; la situación se agrava en algunos estados donde más de la mitad de las muertes de jóvenes fueron provocadas por homicidio, como Alagoas (60%), Espíritu Santo (56%) y Pernambuco (57%). A escala internacional Brasil ocupa el cuarto lugar en tasas de homicidio de adolescentes de 10 a 14 años y de jóvenes de 15 a 19.

“INVIERTE EN EL PUEBLO”

›› En 2011, de

51% de jóvenes entre 15 y 17 años que cursaba el nivel medio, 36% pertenecía al primer quintil (el más pobre) y 74% al quinto (el más rico); 60% de esta población era blanca y poco más de 40%, negra o parda.

Igualmente 21% de jóvenes blancos entre 18 y 24 años cursaba educación superior, en contraste con 9% de la población parda o negra de esa edad.

15 años. Hay un acceso muy restringido para los niveles más avanzados, dificultad que aumenta al cruzarla con desigualdades previas: ingreso familiar, raza, color con el que se autodeclaren y región del país en la que residan. Datos a considerar cuando 51% de la población brasileña es negra y las mayores necesidades socioeconómicas se ubican en el norte y noreste del país.

En 2011, de 51% de jóvenes entre 15 y 17 años que cursaba el nivel medio, 36% pertenecía al primer quintil (el más pobre) y 74% al quinto (el más rico); 60% de esta población era blanca y poco más de 40%, negra o parda. Igualmente 21% de jóvenes blancos entre 18 y 24 años cursaba educación superior, en contraste con 9% de la población parda o negra de esa edad. Estas tendencias se repiten en las oportunidades de conclusión educativa, el promedio de años estudiados, las escuelas públicas o privadas en las que estudien y las oportunidades de tener mejor empleo y mayor salario.

La falta de calidad en la educación es una de las exigencias sociales más escuchadas. En los resultados del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos en lectura, matemáticas y ciencias Brasil presentó, en 2000, el peor desempeño medio en lectura entre los 32 países participantes.

En 2009 quedó en el lugar 53 de 65 países, y en otro indicador que evalúa la desigualad de desempeño en las escuelas públicas y privadas, fue uno de los 26 países analizados con mayor desigualdad donde las escuelas públicas tuvieron

›› En los gobier-

nos de Lula este problema tampoco se atendió prioritariamente ni a fin de expandir este derecho, pues no se crearon universidades públicas ni se ampliaron significativamente las coberturas de las existentes.

un peor desempeño. Desigualdades que se confirmaron en 2011 con las que presentó el Índice de Desarrollo de la Educación Básica de Brasil en los distintos niveles educativos públicos y privados y que tienen un peso en la trayectoria educativa; más aún cuando en los niveles básico y medio 87% estudia en escuelas públicas y 13% en privadas; y en el nivel superior 24% lo hace en públicas y 76% en privadas.

Frente a 14% de jóvenes que acceden a la educación universitaria, la presidenta Dilma Roussef planteó una meta, que suena mínima: incorporar a 33%.

En los gobiernos de Lula este problema tampoco se atendió prioritariamente ni a fin de expandir este derecho, pues no se crearon universidades públicas ni se ampliaron significativamente las coberturas de las existentes. Por el contrario, se priorizó el financiamiento al sector privado reforzando el sesgo clasista en la educación con programas como Universidad para Todos, que desde 2004 ofrece en instituciones privadas becas de 100% o de 50% (según la renta familiar) y en caso de no poder pagar el porcentaje restante la beca se convierte en un crédito para el que debe contratarse un financiamiento bancario.

La exclusión escolar que viven grandes porcentajes de jóvenes –posiblemente muchos que se están inaugurando en las protestas sociales– genera impactos graves para su desarrollo y bienestar. Los bajos niveles educativos tienen relación con el mayor porcentaje de trabajos precarios y salarios inferiores. Para 21% de

“Brasil invierte en el pueblo, no en el Mundial.”

Para miles de personas que se manifiestan en las calles, las grandes inversiones para el Mundial de 2014 son uno de los principales motivos de indignación.

El presupuesto de los 12 estadios para esa competencia, según la prensa local, es de 7 mil 200 millones de reales (3 mil 400 millones de dólares). Lo que el gobierno reconoce que ha gastado hasta ahora son cerca de 15 mil millones de reales (casi 7 mil millones de dólares) y lo que tiene previsto gastar aumentó hasta 28 mil millones de reales (14 mil millones de dólares), casi tres veces el costo del Campeonato Mundial de Alemania en 2006.

Algunas de estas obras que ahora se construyen serán posteriormente elefantes blancos, como los estadios Arena de Amazonia para 44 mil espectadores, el de Manaus (costó 274 millones de dólares) y el Mané Garrincha para 71 mil asistentes, en el Distrito Federal (477 millones de dólares). Ambos están en ciudades que no tienen equipos locales de primera división.

En las construcciones y remodelaciones la relación público-privado está al invertir recursos públicos y delegar su construcción a empresas particulares, al concesionarles la administración, gestión y ganancias, como en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, que durante los siguientes 35 años será administrado por un consorcio integrado por la constructora multinacional brasileña Odebrecht (90%), la empresa IMX (5%) y la estadunidense AEG (5%).

B.18 ❱ AM2.0 ›› En el momento del accidente, el tren funcionaba con el piloto automático, admitió un portavoz de la compañía “The Montreal Maine & Atlantic”, Christoph Journet, a medios locales.

El crudo transportado era procedente de Dakota del Norte (oeste de Estados Unidos) y cayó en un río que pasa por el centro de Lac Mégantic.

Todavía no hay estimaciones sobre el impacto ecológico del accidente.

amqueretaro.com / Domingo 07 de julio de 2013 / AM Querétaro, Querétaro

Tren descarrilado explota en Canadá ›› Sin conocerse por ahora las razones que llevaron al

incendio del vehículo, las autoridades de Protección Civil han acordonado el área del percance que ha dejado un muerto y aproximadamente 60 desaparecidos hasta el momento Staff AP

Al menos una persona murió el sábado luego de que un tren que transportaba crudo se descarriló, ocasionando varias explosiones y obligando a la evacuación de hasta mil personas en un poblado del este de Quebec.

El teniente de la Policía Michel Brunet no precisó cuántas personas podrían estar desaparecidas tras el descarrilamiento del tren de 73 vagones la mañana del sábado en la población de Lac-Megantic, a unos 250 kilómetros al este de Montreal.

Las explosiones desataron un infierno que envió llamas enormes. La nube de humo negro se podía ver desde varios kilómetros de distancia horas después del descarrilamiento.

Algunos de los vagones del tren explotaron y el fuego se propagó a varias casas de este pueblo lacustre de 6 mil habitantes, cerca de los límites de Maine y Vermont.

“Cuando se ve el centro de la ciudad casi destruido, usted comprenderá que nos preguntamos cómo vamos a superar esto”, dijo la alcaldesa Colette Roy-Laroche en una conferencia de prensa televisada.

El primer ministro Stephen Harper tuiteó: “Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados en Lac Megantic. Una noticia horrible”.

Se desconocía la causa del descarrilamiento.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad mientras los bomberos combatían las llamas y los residentes miraban con preocupación que algunas de sus amistades y seres queridos podrían haber perecido en sus propias casas.

“Nos dijeron que algunas personas están desaparecidas, aunque podría ser que estuvieran fuera del pueblo o de vacaciones”, dijo Brunet en una conferencia de prensa.

El residente de Lac-Megantic Claude Bedard describió el lugar de las explosiones como “espantoso”.

“Es terrible”, agregó Bedard. “Nunca habíamos

Se calcula que unos 100 bomberos, algunos de ellos procedentes de Estados Unidos, están luchando contra las llamas que han destruido parte de la ciudad./foto: AP

EN NÚMEROS

EL ARDID DE LA HECATOMBE

4

De los 73 vagones cisterna que tenía el tren estallaron, sin mencionaron que parte de la carga de otros vagones se vertió en un río, contaminando la reserva de agua de la comunidad.

30

Edificios del pueblo han quedado completamente destruidos, algunos por el impacto directo de las explosiones y otros por incendios subsiguientes.

Mil

iVecinos de la comunidad de LacMégantic, integrada por unos 6 mil habitantes, han sido evacuados por las autoridades, quienes han marcado un perímetro de seguridad de un kilómetro en torno al núcleo del desastre.

visto algo parecido. La tienda Metro, el Dollarama, todo lo que estaba allí desapareció”.

Bernard Demers, quien posee un restaurante local, tuvo que evacuar su casa después del descarrilamiento del tren.

Hubo “una gran explosión, como una bomba atómica”, dijo. “Hacía mucho calor... Todo el mundo tenía miedo”.

El vocero del ministerio del medio ambiente de Quebec, Christian Blanchette, dijo también que una cantidad no determinada de crudo cayó en el río Chaudiere. Agregó que los 73 vagones del tren transportaban crudo y que por lo menos cuatro quedaron destruidos por las explosiones y el fuego.

“Justo ahora hay mucho humo en el aire, por lo que tenemos un laboratorio móvil aquí para monitorear la calidad del aire”, dijo Blanchette.

“También tenemos un derrame en el lago y en el río que nos preocupa. Hemos avisado a las municipalidades aguas abajo que tengan cuidado si toman agua del río Chaudiere”.

Los bomberos y equipos de rescate de varias municipalidades vecinas, inclusive Sherbrooke y Saint-Georges-de-Beauce, acudieron al lugar para ayudar.

El tren, que al parecer se dirigía a Maine, es propiedad de la empresa Montreal Maine & Atlantic. Según su página de internet, la firma posee más de 800 kilómetros (500 millas) de vía en Maine, Vermont, Quebec y New Brunswick.

La semana pasada, un tren que transportaba productos de petróleo descarriló en Calgary, Alberta, cuando un puente dañado por una inundación se hundió en el río Bow. Los vagones descarrilados fueron recuperados sin derramar su carga.

AM2.0 ❱ B.19

AM Querétaro, Querétaro / Domingo 07 de julio de 2013 / amqueretaro.com

›› El hecho de

que Estados Unidos siempre ha llevado a cabo ese espionaje lo reconoció en marzo de 2000 el exdirector de la CIA James Woolsey cuando respondió al informe del Parlamento Europeo sobre la red Echelon de espionaje de los satélites comerciales de comunicaciones.

›› Desde hace

meses están en marcha unas delicadas y complejas negociaciones entre la UE y Estados Unidos sobre la protección de datos en la nube de almacenamiento y procesamiento remoto de datos. Con las revelaciones, se han sumido en el caos.

Bajo la vigilancia de los Cinco Ojos ›› Las filtraciones de Edward Snowden son la punta del

iceberg de una red global de espionaje de señales liderada por EU, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda Duncan Campbell El País

La opinión pública y la clase política de Gran Bretaña y Estados Unidos quizá no quieran llegar a comprender nunca del todo la importancia del torrente de revelaciones sobre las escuchas electrónicas en todo el mundo que ha denunciado el exespía fugitivo Edward Snowden, pero para el resto del mundo, y en especial para Europa, es un momento trascendental.

Los líderes políticos europeos deben hacerse una serie de preguntas: ¿Desde cuándo los derechos humanos no son universales? ¿Cuándo y cómo decidió el mundo no anglosajón renunciar a los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad comercial y la privacidad personal a cambio del privilegio de almacenar o procesar sus datos en Estados Unidos?

Los documentos filtrados revelan el secreto del que se rodearon Estados Unidos y Gran Bretaña para concederse poderes legales que les autorizaban a espiar todas las comunicaciones personales y comerciales de cualquier sistema mundial de telecomunicaciones que estuviera a su alcance.

Que las comunicaciones intervenidas tuvieran o no alguna relación con el terrorismo o la delincuencia era algo desconocido e irrelevante. Todo

Gran parte de los ciudadanos no alienados al gobierno de Estados Unidos lanzan consignas para evitar la detención del exanalista de la CIA, quien ha puesto en evidencia la existencia del Big Brother temido por George Orwell en su novela “1984”./foto: Especial

era susceptible de ser examinado. Sin órdenes judiciales.

Dicho de otra forma, los servicios secretos británicos han prostituido la situación geográfica del país y la facilidad que le proporcionaba para reunir datos europeos con el fin de reivindicar un poder secreto: el hecho de que el Reino Unido se ha convertido en una superpotencia mayor que Estados Unidos en espionaje de Internet.

La organización multinacional de escuchas UKUSA, creada por varios tratados secretos de posguerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, se llama hoy a sí misma los Cinco Ojos. Las agencias que forman parte de ella compiten por ver quién tiene más penetración en las comunicaciones privadas y comerciales a través de Internet.

Los Cinco Ojos son los servicios de inteligencia de señales (SIGINT) de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Engloban la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ). En los documentos se encuentran numerosos comentarios informales que demuestran que la mayor satisfacción, para los agentes de los servicios de inteligencia, es vigilar todo, franquear el mayor número posible de sistemas de privacidad.

Los papeles muestran que los miembros de los Cinco Ojos parecen competir entre sí por ser los más poderosos en su mundo supranacional y secreto. También enseñan que, aunque se aplican con precisión las normas legales cuando intervienen comunicaciones de sus propios ciudadanos, no tienen ese cuidado, en absoluto, cuando se trata de ciudadanos extranjeros.

Según los documentos filtrados por Snowden, hoy, mañana y todos los días desde hace tres años, cualquier dato, correo electrónico, archivo o mensaje de texto que sale de Europa para su tratamiento en Estados Unidos tiene muchas probabilidades de que lo copie y lo analice un sistema de vigilancia británico cuyo nombre en clave es Tempora.

La vigilancia abarca redes de correo electrónico de empresas estadounidenses como Google y Microsoft y el sistema de telefonía por ordenador Skype, además de llamadas telefónicas corrientes que se dirigen a Estados Unidos o cruzan el país debido a la enorme capacidad de tráfico de datos a través del Atlántico norte.

Cada elemento de información enviado a través de los enlaces intervenidos se copia y se retiene durante tres días mientras los ordenadores de los servicios de inteligencia británicos lo examinan y extraen la información sobre los remitentes y los destinatarios. Luego se selecciona el contenido de algunas comunicaciones concretas para guardarlo de manera indefinida.

El resto, la información sobre quién ha llamado a quién o quién se ha conectado con quién, se filtra y se transfiere a otro sistema de almacenamiento informático. Después de clasificarla y filtrarla, la información de Tempora pasa a formar parte de una gigantesca base de datos común sobre quién ha llamado a quién o quién se ha conectado con quién en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Puede existir aún cierto grado de protección para una minoría de comunicaciones que circulan por cables submarinos que no llegan a Gran Bretaña, sino directamente de Norteamérica al continente europeo, a las costas de Francia, España y Portugal. No sabemos. Snowden seguramente sí, pero todavía no ha revelado si esos cables, cuando tocan tierra en Estados Unidos y Canadá, también están intervenidos y permiten que se capturen y procesen sus datos allí. Parece probable, dadas las costumbres de las agencias colaboradoras en otros tiempos.

La dimensión y la ubicuidad de este programa de vigilancia suscita un interrogante real e inmediato para los países y las instituciones europeas, porque las revelaciones de Snowden confirman también que ninguna cosa que llegue a través de Internet del extranjero a Estados Unidos o los proveedores estadounidenses de Internet va a poder seguir siendo privada.

Desde hace meses están en marcha unas delicadas y complejas negociaciones entre la UE y Estados Unidos sobre la protección de datos en la nube de almacenamiento y procesamiento remoto de datos. Con las revelaciones, se han sumido en el caos.

Los activistas británicos, alemanes y holandeses llevan mucho tiempo intentando alertar al mundo sobre la importancia de una ley actualizada que aprobó Estados Unidos en 2008 y que autoriza al gobierno federal a emitir órdenes judiciales secretas para exigir a las empresas de Internet que entreguen todos sus datos originados en el extranjero.

La nueva ley se aprobó en parte para legalizar la vigilancia secreta de las redes de telefonía dentro y fuera de Estados Unidos, que el Gobierno norteamericano emprendió poco después del 11-S. El sistema se conoce como “escuchas sin orden judicial”. Las nuevas normas concedían a las empresas estadounidenses que hubieran cumplido las demandas secretas del gobierno de entregar los datos inmunidad procesal frente a posibles querellas de los clientes cuyos datos se copiaran.

B.20 ❱ AM2.0

amqueretaro.com / Domingo 07 de julio de 2013 / AM Querétaro, Querétaro

Avionazo en San Francisco

Una fuente de seguridad dijo a CNN que no hay señales de que haya sido un ataque terrorista en el avión donde viajaban 291 pasajeros y 16 miembros de la tripulación./AP

›› Durante el

aterrizaje la cola del avión chocó contra la pista de aterrizaje, se desprendió y se incendió, provocando la inestabilidad del avión que se desvió a un lado.

EN NÚMEROS AFECTACIÓN

10

Heridos se han reportado en condición crítica, entre ellos se encuentran 6 mujeres, 4 hombres. Cabe mencionar 8 de ellos son adultos mientras que 2 son niños.

11

Horas y 23 minutos duró el vuelo de este avión comercial había desempeñados sus actividades con éxito, pues había pocas nubes en el área a la hora del incidente y que las temperaturas rondaban los 32 grados.

›› Proveniente de Seúl, el vuelo 214 de Asiana Airlines se

estrelló en la autopista, provocando la muerte de 2 personas e hiriendo a otras 48; se desconocen las causas del incidente Terry Collins AP

Un vuelo de Asiana Airlines proveniente de Seúl, Corea del Sur, se estrelló el sábado al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, lo que provocó la muerte de al menos dos personas, hirió a decenas más y obligó a los pasajeros a saltar por los toboganes inflables de emergencia mientras las llamas calcinaban el avión.

Además de los dos muertos en el accidente en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, se desconocía el paradero de decenas de pasajeros, dijo la jefe de bomberos de San Francisco Joanne Hayes-White Agregó que la investigación se había remitido al FBI y se había descartado que se trate de un acto de terrorismo.

Al menos 48 personas fueron transportadas en un primer momento desde el lugar del accidente a hospitales de la zona, dijo la jefe de bomberos.

El avión se estrelló mientras aterrizaba antes del mediodía en aeropuerto internacional de San Francisco, dijo la Administración Federal de

Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Imágenes de televisión mostraban grandes huecos en la parte superior del fuselaje, con los bordes quemados. Básicamente lo que quedó de la aeronave fueron las tres cuartas partes de adelante, pues perdió toda la cola. Las imágenes de helicóptero mostraban personal de emergencia caminando dentro de los restos quemados.

Un motor parecía haberse desprendido. Había pedazos de la cola esparcidos cerca del inicio de la pista e incluso antes, junto a la Bahía de San Francisco.

Un video subido en YouTube mostró una nube de humo emergiendo de un avión plateado sobre la pista. Podían verse pasajeros bajando por los toboganes inflables.

Una huésped de un hotel vecino al aeropuerto, Stephanie Turner, dijo a ABC News que vio cuando el avión se accidentó y se desplegaron los toboganes, pero que regresó a su habitación antes de ver a los pasajeros abandonando la aeronave.

Turner dijo que desde que vio el avión aproximarse a la pista se dio cuenta enseguida que tenía un ángulo extraño.

“No logró enderezarse antes de llegar a la pista”, dijo. “Así que la cola del avión se estrelló contra la pista de aterrizaje... y se desprendió... Estábamos seguros de que acabábamos de ver a mucha gente morir. Fue horrible”.

“Parecía que el avión se había roto completamente”, dijo. “Había llamas y humo saliendo”.

Kate Belding estaba corriendo poco antes de las 11:30 de la mañana por un sendero cerca del aeropuerto cuando notó el avión aproximándose a la pista de una forma “que no parecía la correcta”.

“Entonces, de pronto, vi una nube de polvo y tierra en el aire y escuché una fuerte explosión, como si el aparato hubiera rebotado sobre la pista.

No sé exactamente qué sucedió, pero vi las alas inclinarse en un ángulo extraño”, dijo Belding Camiones de bomberos rociaron retardador de fuego sobre los restos. Nadie respondió de inmediato una llamada a la compañía aérea en busca de información.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) dijo que estaba enviando un equipo de investigadores a San Francisco para investigar el accidente. La portavoz de la NTSB Kelly Nantel dijo que la presidenta de la Junta, Deborah Hersman, encabeza al equipo.

Asiana es una compañía aérea surcoreana, la segunda más grande después de la aerolínea nacional Korean Air. Recientemente ha tratado de ampliar su presencia en Estados Unidos y se unió a la alianza aérea oneWorld, en la que también están American Airlines y British Airways.