Domingo 5 de junio de 2022
Añez y el golpe de Estado
ESPECIAL
Especial 5.06.2022
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GOLPE DE ESTADO II
GOLPE DE ESTADO II
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ACTORES D
Especial 5.06.2022
LUIS FERNANDO CAMACHO Después de las elecciones de octubre de 2019, que daban la victoria al Movimiento Al Socialismo, Luis Fernando Camacho desconoció los resultados, convocó a un cabildo en Santa Cruz y le dio al entonces presidente Evo Morales un plazo de 48 horas para que renuncie. Posteriormente convocó a los cruceños, y luego al resto de los bolivianos, a un paro indefinido y a la desobediencia civil hasta lograr su objetivo, que era “sacar al ‘dictador’ del Palacio”. Sus exigencias habían caído inicialmente en saco roto, por lo que convocó a un nuevo cabildo y dio
lectura a una carta que redactó él mismo explicando cómo debía renunciar Morales. Desde ese momento afirmó que no descansaría hasta llegar a la sede de gobierno para entregar la carta a Morales en sus manos. El 4 de noviembre llamó a paralizar todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia y, en una actitud entre errante y desafiante, viajó a La Paz para entregar la carta a Morales “en sus manos”, a pesar de que miles de alteños y paceños le advirtieron incluso con quitarle la vida si pisaba suelo alteño.
De a poco las presiones en el país tuvieron el efecto deseado por Camacho, ya que también contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, cuyos comandantes sugirieron la renuncia de Morales. El 10 de noviembre se conoció esa renuncia y Camacho, quien ya estaba en La Paz, se trasladó al Palacio de Gobierno. Con una postura triunfante y la Biblia en la mano, Camacho ingresó al Palacio con la carta de renuncia. Desplegó la bandera boliviana y colocó encima de ella las sagradas escrituras prometiendo “devolver Dios al Palacio Quemado”.
MARCO ANTONIO PUMARI Marco Antonio Pumari se aferró al discurso de fraude electoral y desde el 21 de octubre de 2021, a nombre de defensa de la democracia, convocó a sus seguidores a radicalizar las protestas en la ciudad de La Paz y en todas las capitales del país. “Nosotros hemos venido con un mandato, hemos traído una carta (de renuncia para que Morales la firme), pero esta carta la vamos a entregar todos. No nos vamos a ir (de La Paz) hasta que Bolivia sea
libre”, enfatizaron Camacho y Pumari a manera de advertencia. El 9 de noviembre, el entonces presidente del Comité Cívico Potosinista anunció la llegada de 2.500 mineros cooperativistas a la ciudad de La Paz para ejecutar una “presión” y reforzar su intento de golpe de Estado. Luego del llamado al desconocimiento de los resultados electorales, los grupos de choque convocados por los dos cívicos generaron convulsión sistemática en todo el
país con enfrentamientos entre bolivianos. El escenario estaba listo para ejecutar el golpe de Estado. Luego de perder la contienda electoral rumbo a la presidencia de Bolivia, Pumari estuvo a punto de ser agredido en Potosí, ya que los pobladores lo calificaron como traidor y oportunista. Su discurso de defensa de la democracia y del voto se desmoronó al presentarse como candidato presidencial.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) La Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general, Luis Almagro, fue uno de los principales protagonistas para consolidar el golpe en Bolivia, incentivando a la violencia y generalizando todas las elecciones por un mínimo de actas que tenían algún error, lo que fue utilizado por la oposición para consolidar el discurso de supuesto fraude, convulsionando al país y rechazando los resultados oficiales de las elecciones. El informe que presenta la OEA señala que revisó “una muestra” de 4.692 actas y que identificó “226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”. (Página 4). Del hallazgo de las 226 actas con supuestas irregularidades, la OEA juzga que ha encontrado un patrón que puede aplicarse a todas las mesas electorales del país: “Por el patrón encontrado, un estudio que abarcara un porcentaje mayor de actas, sin duda detectaría un mayor número de falsificaciones, adulteraciones y manipulaciones”. (Página 9). Para llegar a la conclusión de que existió un “patrón” de adulteraciones
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y manipulaciones, la “muestra” estadística debe ser científica y representativa de un universo de más de 34 mil actas. Sin embargo, la OEA solo seleccionó 226 actas de sitios donde el MAS históricamente logró una amplia mayoría de votos. El Informe de la OEA fundamenta sus observaciones en el reporte de la empresa auditora ETHICAL HACKING, en el cual se determina que los resultados electorales debían ser anulados debido a irregularidades, “no podemos dar fe de toda la información que se ingresó en ese momento y el proceso electoral pierde toda credibilidad al violarse el protocolo de seguridad”, afirma la compañía auditora. Sin embargo, el artículo 173 de la Ley 026 del Régimen Electoral declara que ni las misiones de la OEA ni las empresas informáticas tienen atribución de revisar el escrutinio de los votos, ya que las decisiones del Jurado Electoral son “definitivas e irrevisables”: Desconociendo el “motín policial”, las violentas movilizaciones convocadas por los cívicos y los partidos de oposición, la OEA atribuye el
ataque y la quema de las cortes departamentales y la ausencia de personal policial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Gobierno de entonces. El acuerdo suscrito entre al Gobierno boliviano y la OEA para la auditoría a las elecciones de 2019 consistía en que el Informe Final debía entregarse al Ejecutivo boliviano el martes 12 de noviembre de 2019. El jueves 7 de noviembre de 2019, el jefe de gabinete de Luis Almagro se comunica con el excanciller Diego Pary Rodríguez para hacerle saber que no podrán entregar el Informe en la fecha establecida. Sin embargo, a las cinco de la mañana del domingo 10 de noviembre de 2019, a través de su cuenta de Twitter, Luis Almagro hace público el Informe de la OEA que desatará el infierno. La decisión de publicar el Informe sorprendió incluso a los auditores de la OEA, que quedaron varados en medio de las acciones violentas de los grupos de oposición. El 10 de noviembre de 2019, con las guarniciones policiales y militares en abierto desacato, los grupos violentos se apoderaron de las calles. Era el momento preciso para terminar de incendiar la democracia boliviana.
DEL GOLPE
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CARLOS MESA Luego de su presentación en octubre de 2018 en su canal de YouTube, el expresidente Carlos Mesa inició una campaña electoral bajo los cimientos de un posible fraude electoral que al final no logró posesionarlo como presidente de Bolivia un año después (2019), sino al contrario generó con sus aliados políticos una etapa sombría en medio de violentos enfrentamientos que dieron lugar al fallecimiento de más de 36 personas en las masacres registradas en Senkata, Sacaba y otras regiones del país. El candidato Carlos Mesa, en una entrevista en fecha 9 de octubre de 2019 con el canal alemán DW, manifestaba que no estaba dispuesto a reconocer una eventual victoria de su oponente mayor, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que planteaba como contrincantes al expresidente Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones presidenciales. “Temo, porque el presidente no tiene
en su cabeza la idea de que vivimos en democracia ni de que puede perder. Lo que fue una realidad hace ocho años no es una realidad hoy. Mis temores y mi evidencia de que el fraude se está consumando ahora me habilitan en el escepticismo”, manifestó al medio internacional. El expresidente Carlos Mesa declaró el 19 de octubre a la agencia de noticias AFP que el Tribunal Electoral demostró una clara parcialidad hacia la candidatura del MAS, por lo que era probable que se intente afectar el resultado de la votación, especialmente en áreas rurales y en algunas ciudades del exterior. El 21 de octubre de ese año, el candidato de la oposición y expresidente de Bolivia en un cabildo en San Francisco instó a los comités cívicos, partidos políticos y al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) a movilizarse para exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se anuncien los resultados definitivos de los comicios generales.
Asimismo convocó a la población a rebelarse contra el llamado fraude, asegurando que “Voy a ser presidente o voy a la cárcel”, relató la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales e indicó que él fue quien estimuló el golpe de Estado junto a otros golpistas como Luis Fernando Camacho, excívico cruceño. Develó que Mesa propuso que la entonces senadora Jeanine Añez asuma la presidencia de facto. Relató que la tarde del 10 de noviembre, en la Universidad Católica Boliviana (UCB), Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Jerjes Justiniano, monseñor Eugenio Escarpellini y León de la Torre, de la Unión Europea, intentaron con el Movimiento Al Socialismo (MAS) una salida constitucional, la misma que no prosperó porque ya tenían definido que Añez sería la presidenta, consolidándose así el golpe de Estado.
MILITARES Y POLICÍAS Luego de las elecciones generales de 2019 hubo varias movilizaciones en el país por parte de ciudadanos que denunciaban un presunto fraude electoral y a pesar de que el Ejecutivo trataba de contener la violencia, policías y militares le dieron la espalda al Gobierno una vez que lograron acuerdos con dirigentes cívicos, políticos y empresarios que vieron su gran oportunidad de sacar del poder a Evo Morales por la fuerza. Los policías se amotinaron el 8 de noviembre, dos días antes de la renuncia de Evo Morales, dejando sin resguardo las instituciones públicas y privadas, así como otros espacios donde la violencia se acrecentaba, mientras que los militares se insubordinaron paulatinamente. Ambas instituciones, llamadas a defender a la ciudadanía y los intereses del Estado, olvidaron su rol y su misión constitucional, sumándose a los grupos golpistas.
MOTÍN POLICIAL La tarde del 8 de noviembre de 2019, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba fue la primera en amotinarse y le siguieron sus camaradas de Santa Cruz y Chuquisaca. Varios uniformados con los rostros cubiertos con pasamontañas se subieron al techo, ondearon la tricolor nacional y aseguraron que era un motín policial. Más tarde, esta determinación fue replicada en otras unidades policiales del interior. El caos comenzó a reinar en todo el país, puesto que los movilizados que exigían la renuncia de Morales empezaron a cometer una serie de actos vandálicos. PEDIDO DE RENUNCIA A pesar de que la Policía y las Fuerzas Armadas no deliberan ni hacen política, el entonces comandante de la institución del orden, general Vladimir Calderón, a nombre de los más de 40 mil efectivos, sugirió
la renuncia de Morales, con la excusa de pacificar el país. “Nos sumamos (los policías) al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, fueron las declaraciones de Calderón, horas antes de que Morales dimitiera a su cargo. La Policía había tomado la decisión política de sacar a Evo Morales. DIERON PROTECCIÓN A CAMACHO Y PUMARI El 10 de noviembre en la tarde, luego de la renuncia de Morales, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ingresaron a las instalaciones de la UTOP en La Paz. Como si se tratara de celebridades, aunque ellos se consideraban los elegidos por el pueblo para dirigir los destinos del país, fueron escoltados por los uniformados, quienes no dudaban en abrazarlos.
IGLESIA CATÓLICA Una de las muestras más claras es la poca participación de la Iglesia durante los conflictos de 2019, pues su silencio para que cese la confrontación y la violencia en el país estuvo fuertemente marcado por un ausentismo que los familiares de las víctimas lo reflejaron en los medios de comunicación, después de recuperar la democracia de un régimen golpista como fue el de Jeanine Añez. Luego de estos cuestionamientos y las revelaciones que hicieran desde la misma exsenadora Jeanine Añez y los partidos de derecha en sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público días previos al golpe de Estado y una sucesión que vulneró la pro-
pia Constitución Política del Estado y los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los miembros de la Iglesia Católica salieron a la luz pública con la necesidad de que “se conozca la verdad” y “se reconstruya la unidad nacional”. En fecha 16 de junio, miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentaron un informe titulado Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia Octubre 2019 – Enero 2020, que da detalles de lo sucedido en aquellas jornadas de tensión poselectoral, documento que fue enviado al Vaticano, a la Fiscalía General del Estado y a los organismos internacionales.
La defensora del pueblo Nadia Cruz dijo que la Iglesia Católica mintió respecto a los hechos violentos acaecidos en Bolivia en noviembre de 2019, porque en su informe se afirmaba que las masacres de Sacaba y Senkata fueron enfrentamientos y “eso nos parece algo para denostar, para repudiar porque no solamente es mentira esta afirmación, sino que es atentatoria contra la dignidad de los hombres que fueron asesinados”. Otro de los cuestionamientos surgió con base en las denuncias de golpe de Estado en el que revela varios detalles de las negociaciones de pacificación que sostuvieron en la Universidad Católica Boliviana de La Paz, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.
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Especial 5.06.2022
GOLPE DE ESTADO II
SENTENCIA DE AÑEZ PUEDE SIGNIFICAR LA CAÍDA DE OTROS GOLPISTAS
EL JUICIO ESTÁ PREVISTO QUE se reinstale mañana. El proceso tiene actualmente a cuatro acusados prófugos de la justicia y con mandamiento de apremio, además de contar con decenas de pruebas. REDACCIÓN CENTRAL
Una posible sentencia contra Jeanine Añez, por autoproclamarse presidente, en noviembre de 2019, en el marco de las investigaciones del denominado Golpe de Estado II, significaría un “efecto dominó” en contra de todas las personas que estuvieron implicadas en este hecho ilegal. Esto significa, manifestó el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, que pueden surgir elementos para enjuiciar a otras personalidades como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés Waldo Albarracín. “Una sentencia por el caso Golpe de Estado II (…) involucraría a las personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado de 2019 y que hasta ahora han permanecido intocables”, señaló el analista en entrevista con el canal estatal. La audiencia contra la exsenadora Añez se reinstalará mañana a las 14.00. Para esto, el Tribunal Primero de Sentencia
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El expresidente del Tribunal Supremo Electoral Wilfredo Ovando dijo que lo que se vivió en 2019 fue un atentado a la democracia, al orden constitucional y al Estado de derecho que se vivía en Bolivia, por lo que considera que en el juicio por el caso Golpe II, que se reinstalará mañana, tendría que emitirse la sentencia para la exsenadora Jeanine Añez, que en caso de encontrarla culpable se la puede sancionar con años de prisión.
Anticorrupción de La Paz envió las notificaciones a las partes involucradas para la reinstalación del juicio. Pese a las chicanas jurídicas presentadas en este tiempo, la comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la solicitud de explicación y complementación presentada por la defensa de Añez. En ese marco, ya no hay impedimento legal para la instalación del juicio. Una sentencia contra Añez, remarcó el experto, significará “que la raíz de su presidencia es podrida”, y por lo tanto gatillaría “un balazo” para personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado de 2019. Si hay sentencia contra Añez, significa que “ella ha llegado falsamente a la silla”, y entonces “todo lo que ha hecho hacia adelante ¿sirve o no sirve? ¿De qué está teñido lo que hizo, de falsedad o no? Por eso evitan el juicio, no es para ella nomás, hay mucha gente detrás de ella que está peligrando y dice: ‘¡Si hay sentencia en este juicio, estamos fregados los demás!’”.
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Los militares garantizaron la estabilidad del régimen ilegal de la autonombrada Añez.
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Antes, la exsenadora presentó también una demanda de inconstitucionalidad en contra de los delitos por los que es acusada y el Tribunal Constitucional la rechazó. El juicio Golpe de Estado II tiene cuatro acusados prófugos de la justicia y mandamiento de apremio, dos con condena y una, Jeanine Añez, con detención preventiva en una penal de La Paz, según detallan datos de la ABI. De acuerdo con la normativa penal, en la audiencia final deberán presentar sus alegatos como parte acusadora la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Senadores. Luego tomarán la palabra las defensas de los imputados, unos encarcelados y otros prófugos de la justicia y, finalmente, el Tribunal dictará sentencia. Añez y seis exjefes militares y policiales están siendo procesados por lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 cuando asumió inconstitucionalmente el mando del país. La entonces senadora violentó tres artículos de la Cámara de Senadores al proclamarse presidente de ese cuerpo legislativo, señala la imputación. Luego vulneró otros tres artículos del reglamento de Diputados al instalar una sesión de Asamblea ilegal. Finalmente habría vulnerado nueve artículos de la Constitución Política del
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todos ellos, de acuerdo con la acusación, ayudaron a que Añez pueda instalarse en el Gobierno. Tanto Terceros como Jarjury, sin embargo, aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad, y fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz. Terceros contribuyó en el traslado de diputados y senadores opositores para la instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa y así promover la sucesión de Añez, mientras que Jarjury fue imputado por permitir también la imposición de símbolos patrios a la entonces senadora. La exsenadora está detenida desde el 13 de marzo de 2021. Cuando fue aprehendida, estaba con las maletas listas y un pasaporte, por lo que se presumió que pretendía darse a la fuga y se determinó su detención preventiva. “Ustedes (Comunidad Ciudadana) participaron en el gobierno de Añez y este tema del golpe de Estado al cual ustedes dicen
‘eso es una mentira’, ustedes fueron actores centrales y su jefe político fue uno de los mayores actores centrales”, dijo el vocero Jorge Richter en una entrevista con Panamericana, refiriéndose al expresidente Carlos Mesa. “Ustedes han armado aquello para hacerse del Estado, y ¿qué hicieron del Estado?, 12 meses que los avergüenza”, agregó.
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+ datos El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la complementación y enmienda presentada como recurso por la defensa de Jeanine Añez, lo que da vía libre para que el juicio en su contra y otros implicados en el caso Golpe de Estado II se reinstale mañana.
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Estado para alcanzar ilegalmente la primera magistratura. Los delitos que se le imputan, de acuerdo con la normativa penal, podrían acarrearle una pena de privación de libertad de hasta 10 años. “La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal. Según la Fiscalía General del Estado, se cuenta con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal. Junto a ella también son enjuiciados exjefes policiales y militares, siendo que la autoridad jurisdiccional emitió la resolución de declaratoria en rebeldía y la orden de aprehensión en contra del excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón. En el expediente están incluidos, además de Kaliman y Calderón, el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury,
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La represión del régimen causó más de 30 muertes de civiles.
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