ESPECIAL - PARO CIVICO

Domingo 10 de octubre de 2021

ESPECIAL

Paro contra la clase trabajadora

Cívicos golpean la democracia y la economía

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Domingo 10 de octubre de 2021

Fue parte de la Unión Juvenil Cruceñista

Camacho busca poder político a través de la desestabilización Redacción Central El empresario y abogado Luis Fernando Camacho Vaca, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y ahora gobernador de ese departamento, promueve y financia actos de desestabilización para consolidar su poder político.

A

sus 23 años Camacho se convirtió en el vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC); la Federación Internacional de Derechos Humanos la calificó como un grupo paramilitar.

En 2015 ingresó al Comité Cívico Pro Santa Cruz como segundo vicepresidente hasta 2017. Ese mismo año fue primer vicepresidente y en febrero de 2019, elegido y posesionado como presidente del ente cívico.

CÍVICO MILITAR El 28 de diciembre de 2019, en el programa Cabildeo, de Amalia Pando, se denunció que Luis Fernando Camacho junto al presidente cívico potosinista Marco Pumari, la primera semana de noviembre de 2019 se hospedaron en el hotel Casa Grande de Calacoto, de la ciudad sede de gobierno, donde instaló su cuartel general con la misión de consolidar una comisión de notables que estaría presidida por él para convocar a elecciones presidenciales.

En esas instalaciones Camacho sostuvo intensas reuniones con líderes políticos, asambleístas nacionales, militares, policías y dirigentes de organizaciones sociales para consolidar su propuesta.

Simultáneamente daba conferencias de prensa en las que exigía la renuncia de las máximas autoridades de

los órganos judicial, electoral y legislativo en un intento de generar un vacío de poder que le permita cumplir su sueño de ser presidente transitorio.

“Pidió la renuncia colectiva a los miembros de todos los poderes del Estado para evitar la sucesión constitucional y que él (Fernando Camacho) asuma la presidencia por vacío de poder y que él asuma la presidencia a través de una junta de notables”, denuncio Amalia Pando en el programa Cabildeo.

GOLPE DE ESTADO Luis Fernando Camacho, junto a los partidos de oposición, las Fuerzas Armadas

(FFAA), la Policía Boliviana y plataformas políticas, entre septiembre y noviembre de 2019, promovió actos de violencia como la quema de los tribunales departamentales electorales, persecuciones a dirigentes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta consolidar el golpe de Estado que derivó en la sucesión ilegal de Jeanine Añez y el asesinato de 38 personas en El Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos.

“Esta es mi palabra: la resistencia de los 21 días (de 2019) demandó algunos recursos que fueron cubiertos en su totalidad por mí, no existen tales financiadores (…) El nuevo gobierno del

MAS se equivoca rotundamente si piensa que nos amedrenta. Rechazamos las listas negras y el intento de criminalizar la Revolución de las Pititas”, escribió Camacho en su cuenta de Facebook el 17 de noviembre de 2020.

2019 EN NOVIEMBRE, Luis Fernando Camacho lideró los actos de violencia que derivó en la sucesión inconstitucional y la masacre de 38 personas.

El gobernador convocó a un paro para mañana El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a los partidos de oposición, el Comité Nacional de Lucha por la Democracia (Conade), el Comité Cívico Pro Santa Cruz y de otros departamentos, convocó a un paro nacional de 24 horas para el 11 de octubre contra una presunta persecución política, exigiendo la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, entre otros.

A través de su cuenta de Facebook, dijo que el paro “no es político sino en defensa de la gente y la libertad”.

Pidió a la población que apoyen la medida de presión que rechaza el proyecto de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y la “persecución” contra políticos de oposición, entre otros.

Fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan; por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y a coordinar todo fue Fernando López, actual Ministro de Defensa, por eso él está de ministro, para cumplirle los compromisos”.

Luis Fernando Camacho Expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz

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Redacción Central Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz fue, a finales de 2019, uno de los actores fundamentales del golpe de Estado porque, desde su trinchera en la capital cruceña, alentó a desconocer los resultados de los comicios, promovió los 21 días de paro y cada vez que puede expresa su personalidad racista, clasista y discriminadora.

S

u actitud no ha cambiado porque desde Santa Cruz, el fortín de la derecha más resistente al gobierno del presidente Luis Arce, promueve de manera constante la confrontación, el desconocimiento de las leyes y alienta a las protestas bajo una supuesta defensa de la democracia.

La Asamblea de la Cruceñidad eligió a Rómulo Calvo como presidente del Comité Pro Santa Cruz para la gestión 2021–2023 luego de que Luis Fernando Camacho presentó su renuncia y, desde entonces, ha seguido la línea de su predecesor para complacer a su región, a los empresarios cruceños y a los políticos de derecha que a menudo cuestionan al Gobierno legítimamente elegido por el pueblo.

Luego del triunfo de Luis Arce en las elecciones del 20 de octubre de 2020, Calvo y sus seguidores se negaron a reconocer la decisión del soberano e instó a los dirigentes cívicos del país a apoyarlo.

Programó un paro de actividades de 24 horas y pidió a la Justicia que detenga el juramento de Arce, previsto para el 8 de noviembre, y que se haga una auditoría sobre la fiabilidad de los comicios porque sospechaba que hubo fraude, aunque, al igual que en 2019, no presentó pruebas para sustentar su presunción.

BESTIAS HUMANAS El 10 de agosto de 2020, en su discurso en la Asamblea de la Cruceñidad, llamó “bestias humanas” a los bloqueadores en el departamento cruceño y al día siguiente dijo que “no son dignos de ser humanos ni personas”.

Es el operador de Luis Fernando Camacho

Rómulo Calvo, un racista defensor de millonarios y la élite cruceña

ACUSACIONES DEL DIPUTADO HERNÁN HINOJOSA Enfrenta un proceso por uso indebido de influencias por adquirir terrenos de forma fraudulenta para el municipio cruceño hace más de 15 años.

Entre 2019-2020, Calvo figuró en las planillas en la Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz, pero, a pesar de su registro de marcado y atención en ese hospital, nunca dio ni una receta y siguió cobrando su sueldo de más de Bs 24 mil.

“Este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos. Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta”, afirmó y recibió aplausos en la Asamblea.

Así se refirió a quienes promovían los bloqueos en Santa Cruz y en otras regiones debido a la suspensión de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre.

“Todo eso enfatiza con esa palabra (bestias humanas), son personas que son indignas de ser ciudadanos. Un ciudadano busca el bienestar social y estas personas no lo

están haciendo, no son dignas de ser ciudadanos, no son dignas de ser personas”, dijo.

A los grupos movilizados los trató de “hordas”.

“En San Ignacio, los pobladores, las hordas los han bloqueado, les han hecho tomar orín, les han hecho escupir la bandera, les han hecho pisar la bandera. Cómo el pueblo no va a reaccionar en este momento”, manifestó.

LA RECETA DE LOS 21 DÍAS El 14 de julio de este año, en una arenga lanzada a policías del sector pasivo que se movilizaron para protestar por los procesos a quienes se amotinaron en 2019 y la apro-

bación de la Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, dijo que no se permitirá que el Gobierno continúe “persiguiendo al pueblo de Bolivia”.

“Sacamos un dictador de Bolivia y esa receta hay que continuarla. La Policía vino al lado de su pueblo y ahora el pueblo tiene que estar al lado de su Policía. Que sepa el Gobierno que la receta la llevamos en el bolsillo todos los días y que todos juntos vamos a sacar esa receta cuando sea necesario”, afirmó.

De manera constante amenaza al Gobierno con paros y movilizaciones porque no está de acuerdo con políticas en favor del pueblo.

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Redacción Central Pequeños productores, transportistas, cooperativistas mineros, entre otros, expresan su rechazo al paro cívico anunciado por sectores de oposición para el 11 de octubre. El Gobierno advierte que esta medida podría generar una pérdida de $us 112 millones y afectaría principalmente a las familias más humildes.

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SECTORES NO ACATARÁN EL LLAMADO DE LOS CÍVICOS Fencomin expresó su respaldo al gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca Céspedes.

Los trabajadores en construcción no acatarán el llamado de los cívicos.

Los pequeños empresarios condenan el paro más aún en un momento de reconstrucción económica.

Ratifican respaldo al Gobierno

Advierten millonarias pérdidas y el sector productivo rechaza el paro En la misma línea, el presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Oruro, Teodoro Chambi, condenó el paro. Sostuvo que ésta o cualquier otra manifestación similar no es conveniente en una etapa de reactivación productiva, cuando muchas empresas aún tienen dificultades para despegar luego del periodo de crisis que comenzó en 2020.

“Para nosotros es muy lamentable que se pueda anunciar paros, necesitamos trabajar, impulsar nuestras actividades”, agregó.

Indicó que el sector de las pequeñas industrias percibe que la economía va mejorando, pero de manera lenta porque en este momento las personas priorizan sus recursos a la salud y alimentos y dejan en segundo plano a las manufacturas.

CONSTRUCTORES Y COOPERATIVISTAS MINEROS

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, Valerio Ayaviri, declaró a la Red Patria Nueva que su sector no acatará el paro porque éste arriesga el proceso de la reactivación de obras y del sector productivo del país.

Mencionó que actualmente existen 489 mil trabajadores afiliados a la Confederación, de los cuales aproximadamente el 60% se vería afectado, tomando en cuenta que son cuentapropistas, libres, que perciben ingresos en el día.

Según Ayaviri, la actividad de la construcción en todo el país perdería unos Bs 100 millones con un solo día de paralización de actividades.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) emitió un pronunciamiento donde expresa su respaldo al gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca Cés-

pedes, dice que no permitirá acciones de desestabilización del país. Este sector rechaza la medida de los cívicos y exige que las personas que convocaron al paro asuman toda la responsabilidad de las consecuencias que genere la paralización de actividades.

El sector remarcó que la Fencomin no será partícipe del “mal llamado paro cívico” porque éste responde a intereses particulares y no al proceso de reactivación del aparato productivo nacional.

PÉRDIDA ECONÓMICA El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó esta semana que el paro cívico atenta a la economía de los más humildes, de aquellos ciudadanos que viven del día a día para el sustento de sus familias.

Mencionó que de acuerdo con una cuantificación promedio se estableció que si la actividad productiva del país

se paraliza un día la pérdida alcanza a $us 112 millones.

“Entonces no podemos atentar contra aquellas personas que ejercen y activan su economía diariamente (…) no están castigando al Gobierno, están castigando a la gente más pobre”, afirmó.

100 MILLONES de bolivianos sería el daño económico en el sector de la construcción por el paro de actividades de sólo un día.

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l secretario ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, dijo que un paro sólo pondría “un freno seco” al proceso de reactivación económica del sector y del país.

Indicó que no acatarán la medida, sino, por el contrario, dijeron: “Vamos a salir a desbloquear ese día”.

“Rechazamos tal disposición, tal anuncio de los comités cívicos, que obviamente a ellos no les va a afectar, son empresarios, nosotros no vamos a parar”, sostuvo el dirigente transportista.

El representante de los productores de leche de Tarija, Jaime Luján, explicó que un día de paro evitaría la comercialización de 50 mil litros de leche, que representan cerca de Bs 150 mil de pérdida económica en desmedro de las familias.

Agregó que su sector no acatará la convocatoria de los comités cívicos.

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Redacción Central La secretaria general de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Mavel Machicado, dijo que el miércoles en Cochabamba se celebró un ampliado nacional con los gremialistas de los nueve departamentos, donde se analizó orgánicamente la coyuntura y determinaron que un paro cívico es inviable.

“

El sector gremial un día que no sale a vender es un día que no come, no puede cubrir las necesidades que tenemos. No queremos marchas o paros cívicos que buscan desestabilizar la economía del país. En el golpe de Estado los gremialistas fuimos los más afectados, 21 días no pudimos salir a la calle a trabajar”, dijo.

También denunció el manejo irresponsable del Gobierno de facto que durante seis meses encerró al pueblo, perjudicó al sector gremial, al que se hundió con medidas en contra de sus afiliados.

“Sabemos que se lleva a cabo una reactivación económica en todos los departamentos, por esa razón rechazamos contundentemente las medidas convocadas por supuestos comités cívicos que van a atentar contra la democracia del país”, explicó Machicado.

La dirigente dijo que se acatará fielmente la determinación de la COB, que no permitirá las convulsiones que quieren desestabilizar al Gobierno de turno.

El concejal cruceño Rolando Pacheco aseveró que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien promueve el paro del lunes 11, no sentirá en sus bolsillos las pérdidas que sí generará la protesta en sectores como el de los gremiales o transportistas, porque como funcionario público cobra un sueldo mensual de Bs 24.250. “Él es funcionario público, él tiene un jugoso sueldo, más de 24 mil bolivianos. ¿A quién le afecta este paro?, a aquellas personas de los barrios que viven del día, a aquella señora que vende refrescos, a aquel

Comerciantes rechazan la medida cívica

Machicado: “Si el gremial no sale a vender un día, no come” albañil que trabaja todo el día con el sol, a aquel transportista, a ellos les afecta”, declaró.

21 DÍAS fueron perjudicados los gremiales por un paro para derrocar al Gobierno de Morales. Hoy rechazan las medidas que atentan contra la democracia.

LA COB PIDE UNIDAD El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, a tiempo de inaugurar la Cumbre de Reconstrucción Económica Productiva, manifestó que la población en general y los trabajadores deben hacer un análisis profundo de la coyuntura del país porque una vez más se ve atacada por intentos de desestabilización y deben ser enfrentados con la unidad.

“Todos debemos unirnos para decir basta y pedir respeto a organizaciones sociales del país, respeto al voto popular, respeto a su gobierno elegido en las urnas, tenemos que unirnos, compañeros, por eso la COB y el Pacto de Unidad lanzan la convocatoria a nivel nacional para organizar con-

centraciones el 12 de octubre en todo el país”, precisó.

Para Huarachi, quienes convocan al paro nacional no les interesa ni el país ni el pueblo, porque después del golpe de Estado vino la pandemia que también afectó al pobre y hoy es necesario recuperar la economía.

CSUTCB El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Ever Rojas, advirtió a los opositores que alistan medidas de presión contra el gobierno que si quieren una guerra civil que la declaren, porque su sector la enfrentará.

El dirigente se pronunció después de que cívicos y opositores confirmaron que activarán un paro contra las leyes que busca aprobar el Ejecutivo.

También acusó a los opo-

sitores, como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, de ser extranjeros que buscan dividir a Bolivia.

El director de Trabajo, Arturo Alessandri, dijo que Bolivia sale de una doble crisis, por un lado el golpe de Estado y por otro la pandemia, que tuvo incidencia en la actividad laboral y productiva, pero con énfasis en la economía por el mal manejo de los golpistas.

“Un día no trabajado tiene una afectación seria a la economía del país. Por ello consideramos esa medida precipitada y absolutamente política y legalmente no tolerada”, dijo Alessandri.

Es por eso que el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado que establece la jornada laboral de trabajo normal y quien no asista a su fuente laboral no tendrá la remuneración por esa jornada.

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Redacción Central Las movilizaciones y paros previstos para este 10 y 11 de octubre son apoyados desde distintos frentes de la derecha. Por un lado, se encuentran los llamados representantes de los comités cívicos y por el otro están los fracasados políticos opositores que nunca pudieron ganar en las urnas electorales al Movimiento Al Socialismo (MAS), sino por la fuerza y la toma de poder de forma inconstitucional en 2019.

Con apoyo a pedidos de los comités cívicos

Tuto Quiroga quiere que los hechos de 2019 queden impunes

Quiroga, principal opositor del gobierno de Evo Morales en 2017, decidió sumarse a la demanda de los cívicos que exigían se respete los resultados del referéndum del 21F. En 2019 volvió a la carrera electoral con la alianza LiDEMANDAS DE LOS COMITÉS CÍVICOS Plantean una marcha para el 10 de octubre en contra de la aprobación de normas como la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y otras que están siendo tratadas en el Legislativo.

Exigen el cese de las persecuciones políticas que lleva adelante el Gobierno en contra de los opositores y los presos políticos.

bre 21, pero decidió retirar su candidatura a presidente luego de conocer que no tenía la posibilidad de llegar a la silla presidencial.

COMPORTAMIENTO EN 2019 En medio de una profunda crisis política, social y económica que vivía Bolivia y tras la dimisión de Evo Morales al gobierno, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga admitió, el 12 de noviembre de 2019, que gestionó con autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el vuelo del jefe del MAS rumbo a México, donde estuvo asilado por un mes.

“Nunca pensé que iba a tener que hacer gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales, pero luego fue retirado.

La sucesión anticonstitucional e ilegal fue allanada en los encuentros con la

mediación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la participación de Quiroga, el expresidente Carlos Mesa, el empresario y político Samuel Doria Medina, y representantes diplomáticos, entre otros.

OTROS PROCESOS El expresidente fue acusado en el caso denominado Petrocontratos que fue activado en 2005. Fue procesado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica por la presunta firma de contratos petroleros para la explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

El caso Petrocontratos comenzó con la autorización congresal para un juicio de responsabilidades contra las exautoridades por la firma de 107 contratos petroleros con 21 empresas firmadas entre 1997 y 2004.

El expresidente y finado ejecutivo de YPFB Carlos Villegas acusó a Quiroga, can-

didato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de pretender regalar todo el “gas rico” que beneficia a los bolivianos mediante la nacionalización de los hidrocarburos.

112 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS perderá Bolivia en la jornada de paro ratificada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

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u intención con este nuevo anuncio es paralizar nuevamente la economía del país, generar enfrentamientos y desestabilizar la democracia. Jorge Quiroga Ramírez, político opositor, participó en todas las reuniones programadas por los comités cívicos que tienen la consigna de que las muertes en las masacres de Senkata y Sacaba queden impunes al pedir que cesen las persecuciones políticas.

Jorge Fernando Quiroga Ramírez (Cochabamba, 5 de mayo de 1960), también conocido como Tuto Quiroga, es un político boliviano. Fue el sexagésimo segundo presidente de Bolivia del 7 de agosto de 2001 al 6 de agosto de 2002.

Fue líder del partido de derecha Acción Democrática Nacionalista (ADN), que presidió inmediatamente después de la muerte de su fundador, el general Hugo Banzer. Fue candidato a la presidencia de Bolivia por la alianza Libre 21, conformada por los partidos políticos Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Movimiento por la Soberanía (MPS) en las elecciones generales de 2020, pero se retiró de la contienda política el 11 de octubre de ese año.

Se lanzó como candidato a las elecciones generales de 2005, conformando una Agrupación Ciudadana denominada Podemos (eran los segundos comicios en Bolivia Perdió obteniendo 28,62% de los sufragios).

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Redacción Central La vida política del historiador y periodista Carlos Mesa Gisbert está bajo la sombra y la sangre de la masacre de ‘febrero negro’ con más de 30 muertes, la denominada ‘guerra del gas’ en 2003 que cobró la vida de al menos 80 personas, y el asesinato de 38 en Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos en octubre de 2019.

M

esa, después de su trayectoria como periodista, en 1990 creó junto a Ximena Valdivia, Mario Espinoza y Amalia Pando la productora Periodistas Asociados Televisión (PAT), que fue dirigida por él hasta 2007, excepto el periodo en el que ocupó la Vicepresidencia y la Presidencia del país.

En 2002 incursionó en la carrera política como candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El binomio rosado ganó las elecciones por estrecha diferencia.

‘FEBRERO NEGRO’ La falta de capacidad para solucionar la crisis económica le obligó al gobierno de Sánchez de Lozada y de Mesa a emitir un impuesto a los salarios para recaudar fondos que permitan mitigar el déficit fiscal, que en la gestión anterior superó el 6% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). El impuesto era del 12,5% sobre el salario mínimo nacional. Un enfrentamiento entre militares y policías cobró la vida de más de 30 efectivos policiales y soldados.

‘GUERRA DEL GAS’ En la masacre de octubre de 2003 se asesinó a más de 80 personas con disparos de armas de fuego de militares y policías, por resistir la exportación del gas boliviano a Estados Unidos (EEUU).

A finales de septiembre y principios de octubre de 2003, masivas movilizaciones fueron convocadas por

Fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada

La vida política de Mesa está bajo la sombra de masacres la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Movimiento Indígena Pachakuti contra la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada y de Mesa de exportar el energético a EEUU por puertos chilenos.

El 9 de octubre se declaró en la ciudad de El Alto un paro indefinido. El 13 del mismo mes, el gobierno de Sánchez de Lozada y de Mesa instruyó llevar un convoy con gasolina y víveres para familias de la zona Sur de La Paz. Pero en la La Portada los militares dispararon sus armas de guerra y ametralladoras contra los manifestantes. Dos helicópteros también abren fuego contra los techos de las casas.

SACABA-SENKATA Transcurridos 17 años de esos sangrientos hechos, Carlos Mesa retorna a

3 MASACRES fueron perpetradas durante la vida política del periodista, historiador y cineasta Carlos Mesa.

la vida política con la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y se postula a la elección presidencial del 20 de octubre de 2019. Para justificar su derrota en las urnas contra el MAS de Evo Morales, con apoyo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el representante de la Unión Europea (UE), de organismos no gubernamentales, los jerarcas de la Iglesia Católica, entre otros, promovió un presunto fraude electoral para derrocar al presidente constitucional.

En alianza con los viejos y emergentes partidos de oposición y los comités cívicos liderados por Luis Fernando Camacho generó una convulsión social que terminó con la ruptura del orden constitucional, la constitución del régimen de facto con Jeanine Añez y el asesinato de 38 personas en Pedregal, Sacaba, Senkata y Betanzos, en noviembre de 2019.

No tiene moral para hablar de derechos El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, “es un hipócrita” cuando se pronuncia con vehemencia a favor de los derechos humanos de la expresidenta de facto Jeanine Añez y sus ministros, porque guardó “un silencio cómplice” durante la persecución política y la masacre de Sacaba y Senkata de 2019, aseguró el analista Gustavo Torrico.

Recordó que Mesa como propiciador intelectual y material del golpe de Estado no escribió ni una sola palabra de condolencia a las familias de las 38 víctimas asesinadas por efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana en noviembre de 2019, no se pronunció por los más de mil heridos ni reclamó por los más de 1.700 detenidos preventivamente sin pruebas en las cárceles del país.

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El Órgano Ejecutivo es independiente del Órgano Judicial, y de ninguna manera puede interferir y menos intervenir en las funciones jurisdiccionales que le compete a la función judicial, que son los operadores de la justicia, y al propio Ministerio Público”.

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Según analistas políticos

Las movilizaciones cívicas son golpistas y buscan impunidad

Redacción Central De acuerdo con los analistas políticos Israel Quino y Hugo Moldiz, las movilizaciones y los paros anunciados para el 11 de octubre en todo el país buscan impunidad por las muertes en 2019, son meramente políticos y con tintes golpistas con el fin de que la justicia contravenga la Constitución Política del Estado (CPE).

P

ara el analista Israel Quino, las demandas planteadas por los comités cívicos carecen de legitimidad, buscan que el Gobierno intervenga en la justicia y que vaya en contra de la propia Constitución Política del Estado (CEP), que genere pactos de impunidad y que las muertes del régimen golpista de Jeanine Añez no tengan procesados ni sancionados.

“El Órgano Ejecutivo es independiente del Órgano Judicial, y de ninguna manera puede interferir y menos intervenir en las

funciones jurisdiccionales que le tuyen una reivindicación nacional competen a la función judicial que debido a dos características: su reson los operadores de la justicia y gionalización y sectorialización. al mismo Ministerio Público, cuya “Cuando existen este tipo de titularidad de la persecución pe- anuncios sobre medidas de prenal es una atribución que deviene sión sectorizadas no reivindica de la Constitución, por lo que este una medida nacional, por lo que pedido es incoherente”, afirmó. no habría mayores elementos que El análisis de Quino surge en generen inestabilidad en contrarespuesta al posición del trasfondo de gobierno de las movilizaLuis Arce, que ciones anunen este mociadas por los mento goza de movimienla legitimidad tos cívicos del y legalidad, país que dey está fortaterminaron en lecido por las una reunión MILLONES de dólares pierde el instituciones en Potosí llepaís por un día de paro, según las democ rát ico var a cabo una autoridades del Ejecutivo. con st it uc io marcha el 10 y nales que son un paro naciopilares para la nal el 11 de octubre en rechazo a democracia”, puntualizó. algunas leyes que el Legislativo Por su lado, el analista trata y otras que ya se promulga- Hugo Moldiz manifestó que las ron. También piden el cese de las movilizaciones y el paro anunpercusiones políticas. ciado por los entes cívicos son El analista explicó que los es- meramente políticos y de cacenarios de conflictividad de los rácter golpista, pretenden que últimos días tienen una baja in- los responsables de las violentensidad social porque no consti- tas represiones en noviembre

112

de 2019 queden impunes y que no haya responsables por las muertes de las masacres de Senkata y Sacaba.

“Es un paro político. Normalmente los paros en Bolivia han tenido naturaleza política para recuperar la dignidad, la soberanía, la independencia de Bolivia frente a la sumisión y la dominación extranjera, pero también para nuevamente someter al país a los hilos invisi-

Israel Quino Analista Político

bles de la dominación extranjera, en este caso lo que ocurre en Santa Cruz es lo último, es un paro político de carácter golpista”, subrayó”.

Mencionó también que la derecha está buscando ejecutar un nuevo golpe de Estado en Bolivia, y lo hizo evidente en su discurso el Gobernador durante la reunión convocada por los cívicos cruceños.