ESPECIAL - PRIVATIZACION

Jueves 26 de agosto de 2021

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Privatización de empresas generó daño de $us 22.051 millones al Estado

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Jueves 26 de agosto de 2021

Tenía un importante rol en el transporte aéreo

La privatización del LAB se hizo con irregularidades Redacción Central La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMPyC), de la Asamblea Legislativa, informó, el 11 de junio de 2014, que se encontraron serias irregularidades de orden legal, técnico y económico, antes, durante y después del proceso de la capitalización del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

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l 30 de noviembre de 1995, después de un proceso de adjudicación con varias observaciones, el LAB fue transferido a la Sociedad Voe-Canhedo SA VASP del empresario Brasileño Wagner Canhedo por medio de dos escrituras públicas: una de Capitalización y Suscripción de Acciones y otra de Administración por cinco años. En éstas se establecía compromisos de inversión de la VASP por un monto de $us 47 millones, de los cuales $us 5 millones debían entregarse en efectivo, $us 31,9 millones en bienes (una aeronave Boeing 737-300), $us 8,6 millones correspondiente al 30% del alquiler de 2 aeronaves y $us 1,9 millones al asesoramiento general.

Estas obligaciones pactadas contractualmente no se cumplieron, como fue certificado por la comisión investigadora. Más bien, contrariamente a las condiciones del contrato, el pago de impuestos por la internación del avión Boeing 737-300 fue asumido por el Estado, erogación que no estaba contemplada pero que se autorizó mediante el Decreto

Supremo 24451, del 20 diciembre de 1996.

En relación al pago del 30% del alquiler de dos aeronaves ($us 8.605.000), el Directorio del LAB capitalizado y presidido por Wagner Canhedo anuló esta obligación modificando unilateralmente el contrato, ilegalidad que fue avalada por las autoridades del Poder Ejecutivo durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El Contrato de Administración prohibía la contraprestación de servicios de la VASP con el LAB. Pese a ello, el 6 de junio del año 2000, el LAB concilió una deuda, que databa de 1996, con la VASP, por gastos operativos efectuados en Miami (Estados Unidos) por la suma de $us 11.540.518, sin que sea registrada contablemente, pero que apareció en un convenio firmado entre los hermanos Wagner y Roberto Canhedo, presidentes de LAB y de VASP, respectivamente. La empresa capitalizadora cobró la deuda con la apropiación indebida de las acciones que el LAB tenía en el Sistema Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA), por $us 9,8 millones. Aun así la VASP sostenía que el LAB le adeudaba $us 1,7 millones.

En el mismo contrato de capitalización, la VASP se comprometió a no transferir

La aerolínea estatal gozaba del título de ‘Línea Aérea Bandera de Bolivia’.

las acciones sin autorización del LAB, del Estado y del fiduciario de las acciones, contrario a esto, el 9 de noviembre de 2001, Canhedo vende acciones del Lloyd a Ernesto Asbún y Raúl Garáfulic Gutiérrez, sin la autorización respectiva.

La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización concluyó que la VASP no aportó los $us 47 millones para capitalizar el LAB. Pese a ello, el 31 de diciembre de 2001, la Superintendencia de Transportes concluyó que la inversión de VASP fue de $us 47.475.000; es decir el total comprometido.

47 MILLONES de dólares fue el compromiso de inversión de la VASP en el LAB, que en conclusión no fue aportado.

Sánchez de Lozada consolidó la enajenación Durante el neoliberalismo, el gobierno de Jaime Paz (19891993) pretendió privatizar el LAB, pero fracasó debido a la oposición de los trabajadores del LAB y de las organizaciones sociales y cívicas en marzo de 1993. Su enajenación, vía capitalización, se efectivizó en 1995, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada la adjudicó a la empresa brasileña VASP. El LAB fue creado en 1925 como empresa privada. En 1941, el Estado nacionalizó las acciones que pertenecían a empresarios alemanes. En 1973, se convirtió en sociedad de economía mixta, en la que Bolivia tenía el 97,8% del paquete accionario, y los privados el 2,2%. El LAB cumplía un importante rol en el transporte de pasajeros, carga y correo, y en la articulación territorial con el oriente del país. Llegaba a 12 destinos nacionales y 14 internacionales.

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La enajenación empezó con Sánchez de Lozada

Perjuicio por capitalización de YPFB alcanzó a $us 8.448 MM Redacción Central El daño económico total por la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la entrega de reservas hidrocarburíferas, emergente de dicho proceso, alcanzó la suma de $us 8.448 millones.

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drocarburos de 30 de abril de 1996, promulgadas por el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997).

Por otra parte, las unidades de refinación, distribución, comercialización y otros componentes de YPFB fueron enajenadas en el marco de la Ley 1330 de Privatización, de 24 de abril de 1992, principalmente durante el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002).

Para ese proceso, por ejemplo, se contrataron ocho consultoras internacionales para asesorar la capitalización de YPFB, con un costo aproximado de $us 4,41 millones (1995-1996).

Mientras que las reservas hidrocarburíferas entrega-

das a las transnacionales capitalizadoras y otras empresas petroleras privadas, bajo la figura de contratos de riesgo compartido, alcanzaron a $us 3.080.867 que representó un enorme daño económico al Estado.

El caso de YPFB es paradigmático del fraccionamiento que algunas empresas públicas (ENDE, ENFE, Enaca, entre otras) sufrieron a objeto de facilitar su enajenación.

El 28 de mayo de 1999, mediante convocatoria a licitación pública internacional, se puso en venta los activos de las refinerías de petróleo de propiedad de YPFB: ‘Gualberto Villarroel’ (Cochabamba) y ‘Guillermo Elder’ (Santa Cruz).

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a estatal petrolera, desde 1985 hasta 1996, se convirtió en la principal fuente de ingresos del país, con un aporte anual promedio de $us 369 millones. Sin embargo, con el proceso de capitalización se transfirieron 30

campos hidrocarburíferos en producción, a través de contratos de riesgo compartido (28/11/1996), lo que significó dejar sin recursos al Tesoro General de la Nación (TGN).

De acuerdo al informe de la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, el proceso de enajenación de YPFB comenzó con la fragmentación empresarial y la separación de las unidades de exploración, explotación y transporte de YPFB que luego fueron transferidas a capitales foráneos mediante el método de capitalización, en el marco de la Ley 1544 de Capitalización de 21 de marzo de 1994, y la Ley 1689 de Hi-

La enajenación se concretó mediante la privatización, la capitalización y el cierre de empresas, lo cual implicó la activación de varias modalidades, como la venta de empresas en marcha, la venta de empresas cerradas o de fracciones de empresas” Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas

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Sólo el 18% de los ingresos por el gas beneficiaba al país En el proceso de privatización, el sector hidrocarburífero fue un ejemplo paradigmático: sólo el 18% del valor de la producción de los campos nuevos y más ricos beneficiaba al Estado boliviano bajo la figura de regalías; el resto, es decir el 82%, fue en beneficio privado. Consiguientemente, la capacidad productiva y económica del país fue afectada de tal modo que el Estado no podía invertir en el desarrollo nacional ni atender las necesidades sociales más acuciantes.

30 CAMPOS hidrocarburíferos en producción fueron transferidos a través de contratos de riesgo compartido.

4,4 El Estado recuperó el control de la cadena de producción de hidrocarburos el 1 de mayo de 2006.

MILLONES de dólares fue el costo de la contratación de ocho consultoras internacionales para asesorar la capitalización de YPFB.

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En el periodo neoliberal de 1985 a 2005

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Privatización de empresas públicas generó un daño de $us 22.051 millones al Estado

Algunos de los personajes y organismos internacionales responsables del proceso de enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia.

Redacción Central El total del daño económico ocasionado al Estado, por la enajenación de empresas públicas y recursos naturales, en el periodo neoliberal que abarca desde 1985 hasta 2005, alcanza a un estimado de $us 22.051 millones, según el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC), presentado en enero de 2019.

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a CEMIPyC fue conformada por mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional para desarrollar el trabajo de investigación desde julio de 2013 hasta agosto de 2018, sobre la enajenación de empresas públicas y recursos naturales, consumada

durante el periodo 1985-2005.

El resultado de esta tarea fue compilado en un documento bajo el título ‘Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales 19852005, en sus tomos 1, 2 y 3’, además de una versión resumida.

Según una publicación de la Cámara de Senadores, de enero de 2019, durante la presentación del último informe, el presidente de la comisión investigadora, el entonces senador Rubén Medinaceli, explicó que la enajenación

de varias empresas estatales consistió en el cierre, privatización y capitalización de las mismas.

En el informe resaltan cuantiosas cantidades de dinero que fueron usurpadas al patrimonio del Estado, por ejemplo, el perjuicio económico por la privatización de empresas departamentales que supera los $us 27 millones.

Hacia el año 2000, la aplicación de las políticas neoliberales no logró sacar a Bolivia de su catalogación como uno de los países más pobres de la región,

El proceso de enajenación de empresas públicas se efectuó bajo una directriz: la subvaluación de activos y de patrimonio.

menos competitivo y altamente endeudado del mundo.

Durante ese periodo (19852005), se descapitalizaron más de siete empresas estratégicas para justificar su capitalización. Sólo en este caso, el Estado boliviano perdió $us 9.576 millones por el proceso de la privatización.

Las siete compañías estatales estratégicas investigadas son Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).

Medinaceli explicó que antes de los gobiernos neoliberales Bolivia contaba con 212 empresas, de las que siete eran estraté-

8.448 MILLONES DE DÓLARES fue el daño económico registrado en la capitalización de YPFB.

gicas, es decir “aquellas empresas que generaban excedentes económicos con dos destinos: potenciar el sector productivo y atender los requerimientos de la población boliviana”.

Indicó que la enajenación de esas empresas se generó durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), que proponía ‘capitalizar’ las empresas estratégicas con el fin de doblar sus ganancias, promesas que “no se cumplieron”.

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SUBVALUACIÓN Según el informe de la CEMIPyC, el proceso de enajenación de empresas públicas se efectuó bajo una directriz: la subvaluación de activos y de patrimonio.

La constante en el trabajo de las empresas consultoras encargadas de la valuación de las firmas estatales para su transferencia al sector privado fue bajar su valor por cualquier razón o base de cálculo, incluso más allá de lo que la normativa permitía. Además, en esta lógica subvaluadora, la consultora establecía un determinado valor referencial para una empresa pública, pero al poco tiempo se contrataba otra consultora para que estableciera otro valor referencial menor para la misma compañía. Consiguientemente, la subvaluación se hizo en beneficio de los potenciales adjudicatarios (transnacionales) y en desmedro del Estado.

En este proceso de enajenación, en el caso de YPFB, el Estado entregó adicionalmente a las empresas capitalizadoras 30 campos hidrocarburíferos en concesión con “valor cero”.

En ENFE se rebajó un 67% el costo de la tarifa de transporte de carga, lo cual afectó fuertemente a la economía de esa empresa, con lo que se obtuvo el pretexto para capitalizarla.

El informe de la comisión evidenció también que el Estado boliviano gastó más de $us 297 millones para llevar adelante el denominado proceso de capitalización.

DAÑO Los datos oficiales mencionan que la capitalización de ENDE provocó un daño superior a los $us 26 millones, a Entel $us 484 millones, a LAB más de $us 50 millones, a ENFE más de $us 86 millones y a YPFB $us 8.448 millones.

En el caso de la Comibol y la EMV el daño económico al Estado fue superior a los $us 476 millones, que, sumados a las más de $us 9.100 millones de ENDE, Entel, LAB, ENFE y YPFB, ascienden a $us 9.576 millones.

PATROCINADORES Durante el periodo estatal nacionalista (1952-1985), los excedentes generados por las empresas estatales estratégicas, especialmente las que tenían el control de los recursos naturales (Comibol y YPFB), le permitían al Estado hacer-

se cargo —aunque de manera insuficiente— de los gastos de infraestructura productiva y vial, energía, salud y educación, e incluso apoyar la actividad privada y agroindustrial; sin embargo, en la etapa neoliberal esa condición fue eliminada: los excedentes generados por las empresas públicas en manos privadas ya no sostenían al Tesoro General de la Nación (TGN), y habían disminuido dramáticamente.

La transferencia del patrimonio público al sector privado, la desaparición del Estado nacionalista y la exclusión de los actores sociales anticapitalistas como el proletariado minero fueron acciones patrocinadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), algunos

de los cuales tenían una fuerte incidencia en el Grupo Consultivo de París, al que frecuentaban delegaciones del gobierno neoliberal de Bolivia. Esos organismos facilitaron préstamos financieros o donaciones a condición de que las empresas públicas del país (dependientes de ministerios, corporaciones regionales de desarrollo, prefecturas y alcaldías) fueran transferidas al sector privado, y aquellas que no pudieran transferirse fueran cerradas.

El informe de la CEMIPyC explica que el Grupo Consultivo de París es un instrumento poderoso de sumisión económica y política de los países acreedores (países de Europa, Japón, Australia y Estados Unidos) hacia naciones endeudados, y tiene una fuerte incidencia en las políticas financieras del BM y FMI. En ese marco, el gobierno neoliberal frecuentaba al Grupo de París durante el período neoliberal para rendir cuentas de sus compromisos asumidos y cumplidos.

La mayor parte del excedente económico era para las privadas Muchas de las empresas públicas, en todas las fases de su cadena productiva (producción, comercialización, consumo y distribución de bienes), pasaron al dominio privado; otras se cerraron o fueron desmanteladas.

A lo largo del ciclo neoliberal, la mayor porción del excedente económico fue percibida por el sector privado transnacional.

El sector hidrocarburífero fue un ejemplo paradigmático de esa

realidad, tomando en cuenta que sólo el 18% del valor de la producción hidrocarburífera de los campos nuevos y más ricos beneficiaba al Estado boliviano bajo la figura de regalías; el resto, 82%, fue en beneficio privado.

Consiguientemente, la capacidad productiva y económica del país fue afectada de tal modo que el Estado no podía invertir en el desarrollo nacional ni atender las necesidades sociales más acuciantes.

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Redacción Central La privatización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) provocó un daño económico al Estado por un monto superior a los $us 476 millones, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, presentado en enero de 2019.

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na vez instaurado el sistema neoliberal en 1985, la Comibol fue paralizada con el despido de aproximadamente 27 mil trabajadores, el cierre de empresas y operaciones mineras, siendo luego objeto de desmantelamiento y enajenación bajo diversas modalidades.

Esta empresa fue creada mediante Decreto Supremo 31196, de 2 de octubre de 1952.

Después de la nacionalización de las minas detentadas por Patiño, Hochschild y Aramayo (31 de octubre de 1952), Comibol se constituyó en la compañía estatal más grande del ciclo estatal nacionalista, generando excedentes económicos que permitieron la diversificación

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Fueron desmanteladas y enajenadas

El daño por Comibol y Vinto llega a $us 476 millones de la industria y el agro, la expansión territorial del Estado y la articulación y el desarrollo del oriente boliviano. Sus aportes a la economía, al país y a la sociedad eran tan significativos que se puede afirmar que Bolivia vivía de los excedentes económicos que generaba Comibol.

Por ello mismo, era considerada la empresa estratégica más importante del país.

VINTO Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la EMV fue incluida en el proceso de capitalización de empresas estratégicas, pero debido a la oposición del pueblo de Oruro esa iniciativa no prosperó. En 1999, el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga la enajenó en el marco de la

Ley 1330 de Privatización, pero no como empresa en marcha, sino como activos. Fue privatizada a pesar de que en el periodo 1993-1998 fue la de mayor producción, generación de utilidades y productividad de la EMV, llegando a ser una empresa estratégica modelo del sector productivo nacional.

El nombre de Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) fue instaurado en 1985 por el gobierno de Víctor Paz, tomando en cuenta que fue creada bajo el denominativo de Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) por Decreto Ley 07695, de 15 julio de 1966, con el propósito de evitar la exportación de minerales como materia prima y fundir concentrados de estaño y otros en el país.

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La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) es productora de estaño fino bajo la tuición del Estado boliviano.

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Se creó en 1964 por Decreto 06909

ENFE fue fraccionada con serias consecuencias para el país Redacción Central

La empresa Ferroviaria Oriental, especializada en logística de transporte de carga y pasajeros.

Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) fue fraccionada y sometida al proceso de capitalización.

Desde 1985, los gobiernos neoliberales obligaron a esta compañía a subvencionar las tarifas de carga de productos agroindustriales y minerales, y a elevar las tarifas de pasajeros, provocando una situación deficitaria y su descapitalización.

ENFE fue creada en 1964, mediante Decreto Supremo 06909, del 6 de octubre de 1964. Era una empresa que prestaba servicios de transporte de pasajeros y carga, conectando centros productivos con áreas urbanas y mercados internacionales.

Contaba con dos redes: Andina (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, con conexión a Chile y Argentina, de 2.274 kilómetros) y Oriental (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, con conexión a Brasil y Argentina, de 1.424 kilómetros). Tenía 46 locomotoras, seis ferrobuses, 95

coches de pasajeros y 2.205 vagones de carga.

La estatal de ferrocarriles, que dejó de tener trenes, menos tramos y menos pasajeros, al igual que otras empresas públicas del sector de servicios, fue desmantelada a favor de la privatización global, al ser enajenada y entregada al capital transnacional, vía “capitalización”, significó un golpe duro al aparato productivo nacional con serias consecuencias para la economía del país, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización.

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La estatal fue creada en 1965

El caso Entel generó un daño mayor a los $us 484 millones Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue sometida al proceso de capitalización, el cual generó un daño económico al Estado calculado en más de $us 484 millones, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC), presentado en enero de 2019.

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a telefónica estatal fue creada en 1965, mediante el Decreto Ley 07441, de 22 de diciembre de 1965. Esta empresa era responsable de la telefonía rural, nacional e internacional, prestaba servicios telegráficos, télex, enlaces para radiodifusión y televisión, y atención de las comunicaciones en tránsito del tráfico internacional.

Entre 1991 y 1994, era una empresa pública rentable, llegando a establecer transferencias directas al Tesoro General de la Nación (TGN).

Según publicación del portal digital rebelion.org, el 24 de noviembre de 1995 la sociedad Eurotelecom International (ETI) adquirió el 50% de las acciones de Entel, impulsada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (actualmente prófugo de la justicia). Once años después se develó que el negocio fue una falacia de principio a fin, pues los supuestos capitalizadores no sólo que no invirtieron los $us 610 millones comprometidos en el Contrato de Suscripción de Acciones

firmado con el entonces Ministerio Sin Cartera Responsable de Capitalización, sino que literalmente “descapitalizaron” la empresa pública con la complicidad de autoridades de turno y de pequeños grupos de poder económico estrechamente vinculados al capital transnacional.

Para materializar la privatización de Entel, primero convirtieron a la empresa estatal en una sociedad de economía mixta. Se entregó a los trabajadores el 3% de las acciones de la nueva sociedad a cambio de sus beneficios sociales y el Estado boliviano se quedó con el 97%.

De esta forma, la compañía se convirtió en una sociedad

de economía mixta regida por el Código de Comercio.

Una vez que la empresa comenzó a regirse por el derecho privado y no por el derecho público, se sentaron las bases para la entrega a los privados a través del mal llamado proceso de “capitalización”. Se transfirió el 50% del paquete accionario a ETI y el restante 50% se distribuyó entre los bolivianos beneficiarios de la capitalización y los trabajadores de la empresa.

La fórmula de la “capitalización” resultó ser un engaño ya que en realidad el Estado no era titular del 50% del paquete accionario de Entel.

El 3% de las acciones quedó en manos de los trabajadores

y el 47% restante, por mandato del artículo 6 de la Ley de Capitalización, fue transferido a título gratuito a los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de diciembre de 1995 cumplieron la mayoría de edad (21 años). Esta maniobra terminó por marginar definitivamente al Estado de la empresa capitalizada.

ETI Eurotelecom se aseguró un excelente negocio porque recibió facultades irrestrictas de administración, manejo y control de la empresa, que se regía por el Derecho Privado (Código de Comercio), sin sujetarse a la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales

610 MILLONES de dólares fue el compromiso de inversión de Eurotelecom International (ETI) al adquirir el 50% de Entel en 1995, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, acuerdo que no fue cumplido.

Instalación de una radiobase para el servicio de internet y telefonía móvil.

Los supuestos capitalizadores no sólo que no invirtieron los $us 610 millones comprometidos (...) sino que literalmente “descapitalizaron” la empresa pública con la complicidad de autoridades de turno y de pequeños grupos de poder económico”. https://rebelion.org

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Redacción Central La Ley 1604 de Electricidad, del 21 de diciembre de 1994, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, inició la reforma al sector eléctrico boliviano y estableció los principios para la fijación de precios y tarifas en todo el territorio nacional; asimismo determinó la segregación de las actividades de la industria eléctrica en generación, transmisión y distribución de energía.

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ara adecuar la empresa a las nuevas disposiciones, ENDE fue dividida en tres empresas de generación: Corani (centrales de generación hidroeléctrica Corani y Santa Isabel), Guaracachi (centrales de generación termoeléctrica Guaracachi, Aranjuez y Karachipampa) y Valle Hermoso (central termoeléctrica del mismo nombre) y una de Transmisión. Las empresas de generación fueron evaluadas por consultoras independientes y subastadas en un proceso que inició con la Invitación Pública Internacional de julio de 1994 y concluyó el 29 de junio de 1995, señala los datos históricos de la Empresa Nacional de Electricidad.

Mediante Decreto Supremo Nº 24043 del 28 junio de 1995 se reglamentan los contratos de concesión, la entrega de licencias, el uso de bienes de dominio público y constitución de servidumbres a la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, y a las infracciones y sanciones. En base a este marco reglamentario, el Estado boliviano transfirió los activos del sector eléctrico al sector privado por medio de contratos de concesión.

Para hacerlo fue necesario separar contablemente las empresas encargadas de encarar las actividades de la cadena energética El 15 de julio de 1997, en cumplimiento a los decretos supremos Nº 24611 de 12 de mayo y Nº 24632 de 26 de

En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada

Ley 1604 inició la segregación del sistema eléctrico nacional

LA DISGREGACIÓN, SUBASTA Y POSTERIOR RECUPERACIÓN ENDE fue dividida en tres empresas de generación: Corani, Guaracachi y Valle Hermoso.

Las empresas de generación fueron evaluadas por consultoras independientes y subastadas en un proceso que inició con la Invitación Pública Internacional.

Desde 2008 se impulsó un cambio trascendental en el sector eléctrico nacional a cargo de ENDE.

mayo del mismo año, se crea la Empresa Transportadora de Electricidad SAM, que se conforma con la transferencia de las instalaciones de transmisión de ENDE SA. En febrero de 1997, el Ministerio de Capitalización convocó mediante Licitación Pública Internacional la venta de las acciones estatales de la Transportadora de Electricidad SAM, este proceso concluyó el 14 de junio del mismo año con la adjudicación mediante Decreto Supremo Nº 24652 a la Unión FENOSA Desarrollo y Acción Exterior de España, hecho que determinó una disminución en los activos, pasivos y patrimonio de ENDE.

REFUNDACIÓN El 16 de julio de 2008, después de dos años de arduo trabajo, mediante Decreto Supremo Nº 29644 se promulga el Decreto de Refundación de ENDE. (Refundación, Nueva Naturaleza Jurídica y Nuevo Rol Estratégico de ENDE) de 16 de julio de 2008, el gobierno central establece e impulsa un cambio trascendental en el sector eléctrico nacional, asignando a ENDE nuevamente una función protagónica y estratégica en el desarrollo del país, estableciéndola como una empresa pública, nacional, estratégica y corporativa (EPNE).

2008 FUE EL AÑO de la promulgación del Decreto Supremo Nº 29644, que dio paso a la refundación de ENDE.