ESPECIAL GIEI

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

Santa Cruz y Montero

Senkata

Potosí y Betanzos

Sacaba

Informe del GIEI en manos del pueblo

2

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

Redacción Central El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe final sobre los hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

E

l documento hace referencia, entre otros aspectos, a los hechos de violencia ocurridos en varios sectores del país luego de las elecciones generales del 20 de octubre, los que derivaron en enfrentamientos que dejaron varios muertos y heridos.

Santa Cruz fue una de las regiones donde los enfrentamientos fueron más violentos durante esos días.

YAPACANÍ El 25 de octubre de 2019, personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se enfrentaron con cívicos que bloqueaban la carretera hacia Cochabamba.

Como resultado, los cívicos que se habían movilizado desde Yapacaní generaron destrozos y saqueos en viviendas, causaron heridos con contusiones por el impacto de piedras. También se reportaron dos personas heridas: David Robles (48) y Yaneth Calla Flores (27).

PUENTE AMISTAD El 30 de octubre hubo enfrentamientos en Montero.

Un grupo de personas que defendía el resultado de las elecciones, entre ellas habitantes de Cofadena, intentó romper el bloqueo de integrantes y simpatizantes cívicos en el Puente de la Amistad, quienes impedían el paso de otros grupos desde Yapacaní y el Chapare.

La Juventud Integral del Norte llegó al Puente de la Amistad para apoyar al grupo que llegaría de Yapacaní.

Ante esta amenaza, se instaló un bloqueo con vehículos y motocicletas a 200 o 300 metros del puente, donde se instalaron los movilizados con hondas, tuercas y petardos.

Al menos 300 simpatizantes del Comité Cívico llegaron armados a la zona oeste del puente desde Portachuelo y rodearon a la gente del MAS, por lo que comenzaron a huir.

Junto a los unionistas alentaron enfrentamientos

Cívicos convirtieron regiones cruceñas en campos de batalla EL PAPEL DE LOS CÍVICOS

Santa Cruz fue el bastión del movimiento que cuestionaba el resultado de las elecciones de 2019.

El Comité Cívico pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) asumieron el liderazgo del paro.

Las zona con más hechos de violencia fue la ciudad, sus alrededores y todo el trayecto hasta Yapacaní, en cuyo punto intermedio se encuentra Montero.

Desde el inicio del paro cívico el 23 de octubre, los bloqueos se convirtieron en puntos de control al tránsito de la población, que debía identificarse con cédula de identidad en los puntos de bloqueo. Ahí se registraban vehículos y objetos personales.

Se reportó el primer herido de bala: Adrián Mercado Égüez (43), luego hubo otros cinco heridos, entre ellos Juan Pablo Rivero.

También se reportaron como heridos a Luis Enrique Pedriel Paz, José Luis Ramos Maldonado, Jorge Vaca Mendoza y Franklin Menacho Núñez. También fue herido, con dos perdigones en la cabeza, el ciudadano argentino Facundo Molares Schoenfeld.

Después de los hechos en el barrio Cofadena, se atendieron siete casos graves, dos personas heridas con bala y cinco con balines. Dos de ellas fueron tratadas en la comunidad de Portachuelo.

BARRIO COFADENA Se intensificaron los rumores sobre una supuesta embestida de vecinos del barrio Cofadena y grupos afines al MAS, movilizados desde Yapacaní para deshacer los bloqueos cívicos en Montero; por ello, el Comité Cívico de Montero solicitó refuerzos desde la ciudad de Santa Cruz.

El 28 de octubre se produjeron enfrentamientos cerca del barrio que incluyeron la quema de dos casas.

Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego y fallecieron.

Algunos medios estimaron, basados en información de la Policía, de la red de salud y fuentes de los propios bandos enfrentados, que en la jornada se registraron 43 heridos.

LAS VÍCTIMAS Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas murieron por heridas causadas por proyectil de arma de fuego calibre 22.

Cerca de donde fue impactado Mario Salvatierra también fue herido de bala un mototaxista con orificio de entrada en el pómulo derecho.

Un mototaxista tenía trauma facial por arma de fuego.

Jorge Vaca Mendoza y José Luis Ramos Maldonado también tenían heridas compatibles con proyectil de arma de fuego.

El 1 de noviembre, un médico del Hospital Japonés extrajo un proyectil de arma de

fuego de David Alba Hurtado, quien también fue herido en el Puente de la Amistad.

En el documento conclusivo de acusación, la Fiscalía reconoció la calidad de partes denunciantes y víctimas de los hechos a Eduarda Salvatierra, Marcelo Endhir Terrazas, Olimpia Cuéllar, Gabriel Melgarejo, al alcalde Miguel Ángel Hurtado y a Hernán Escobar.

MONTERO El 13 de noviembre en la mañana, grupos de personas que afirmaban el supuesto fraude electoral exigieron la renuncia del alcalde de Montero, Mario Baptista, del MAS, y organizaron una manifestación ante la Alcaldía. En cercanías del mercado Germán Moreno, manifestantes afines al MAS se reunieron para salir en defensa del alcalde.

Según afirmación de la Policía, en dos ocasiones intentaron dispersar al grupo de manifestantes del MAS con el uso de agentes químicos.

El 14 de noviembre de 2019, el alcalde de Montero, Mario Baptista, renunció a su cargo.

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

3

Redacción Central En 2019, María Patricia Arce Guzmán era la alcaldesa de Vinto (Cochabamba), y en esos días fue víctima de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que la humilló públicamente y la amenazó con quitarle la vida.

E

l 6 de noviembre, la Alcaldía de Vinto fue atacada por más de 300 personas que lanzaron palos, piedras y otros objetos contundentes contra su frontis.

Arce bajó de su despacho, y en el camino a una iglesia fue interceptada por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y a insultarla.

En los forcejeos le robaron el teléfono celular y perdió sus zapatos, fue entonces obligada a caminar descalza hasta Quillacollo mientras era agredida constantemente.

Cerca a Quillacollo, se le acercó una mujer que la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello.

“Me echaron pintura roja y otros pedían que me prendan fuego porque ya me habían echado con gasolina”, contó al GIEI. La agresión duró casi tres horas; luego unas cuatro personas la sacaron del lugar, la subieron a una moto de la Policía y la llevaron a la FELCC de Quillacollo.

SACABA El 11 de noviembre hubo dos hechos de violencia en Sacaba por acciones de particulares e intervenciones y omisiones de agentes del Estado: Por una parte, el ataque a varias unidades policiales y, por otra, los enfrentamientos entre bloqueadores y desbloqueadores del Puente Huayllani.

Esa noche, una turba ingresó a tres unidades policiales, Comando Regional de Sacaba, Organismo Operativo de Transito Sacaba y la unidad de la Policía de Auxilio al Ciudadano (PAC) y procedió a la toma, quema, saqueo de las unidades mencionadas”.

El mismo día hubo enfrentamientos entre grupos de civiles en el puente Huayllani.

Gente humilde fue víctima de la intolerancia

Expresiones de discriminación y racismo en Cochabamba Jóvenes de Sacaba se dirigieron hacia el puente Huayllani para tratar de desbloquearlo y, en ese contexto, falleció Miguel Ledezma González (24). El protocolo de autopsia registra que la causa de muerte fue laceración encefálica y traumatismo cráneo-facial por múltiples proyectiles de arma de fuego.

El 11 de noviembre iniciaron las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas con la Policía.

El informe dice que las fuerzas de seguridad actuaron de forma irrazonable y arbitraria en el operativo conjunto en la avenida Petrolera de Cochabamba, ejecutado para contener la movilización política de mujeres y hombres del sur de la ciudad.

Los policías golpearon a los detenidos, los patearon, humillaron y los entregaron a los militares para que los conduzcan a unidades castrenses, donde también los abusaron sin tomar en cuenta su edad ni el sexo, sólo por ser seguidores del MAS. Estos hechos fueron calificados como masacres,

puesto que perdieron la vida más de 10 personas por impactos de bala y más de un centenar resultaron heridas.

OPERATIVO MILITAR El 13 de noviembre, el Comando Estratégico Operacional Central (Comando de la Guarnición Militar de Cochabamba) emitió el Plan de Operaciones ‘Seguridad’.

El objetivo era ayudar a las tareas de la Policía de control de orden público y alcanzar “la paz social”, para lo cual era necesario neutralizar amenazas hacia las instalaciones del Estado y la propiedad privada de la ciudadanía.

El plan comprendía que una patrulla de “satinadores” (grupo de élite del ejército) realizara operaciones de reconocimiento terrestre y de defensa.

EVALUACIÓN ANALÍTICA Cochabamba fue escenario de una espiral de violencia en el contexto de iniciativas para realizar bloqueos o deshacerlos. Una parte de la sociedad se organiza para impedir lo que entendía como ataques de

personas afines al MAS provenientes del trópico, de la zona sur de la ciudad y de otras provincias del departamento.

El grupo de choque RJC se constituyó como una fuerza de retaguardia para proteger a los adeptos del paro cívico, pero pasó a enfrentar a manifestantes del MAS que intentaban ingresar a la ciudad; se registraron hechos de violencia.

La actuación de la RJC se extendió ante el sentimiento de parte de la sociedad de una actuación parcial de la Policía en favor de personas afines al MAS y, luego del motín policial, en acciones parapoliciales.

Hasta el 10 de noviembre, la Policía mantuvo una postura errática, con momentos de omisión, otros de rebasamiento y, también, de uso desproporcionado de la fuerza, lo que se entiende como parcialidad.

A partir del 10 de noviembre, las Fuerzas Armadas fueron movilizadas para operaciones conjuntas con la Policía, que se destacaron por la represión desproporcionada a manifestaciones contrarias al nuevo gobierno.

La Resistencia Juvenil Cochala La Resistencia Juvenil Cochala (RJC) nació en el contexto del conflicto poselectoral en Cochabamba.

Hay una marcada animosidad en contra de la población del trópico, que es vista como gente que viene a atacar, quemar o saquear la ciudad. La animosidad se extiende a la población rural e indígena del departamento y de la zona sur de la ciudad.

Progresivamente, la RJC comenzaron con tareas propias de la Policía, como patrullajes por la ciudad, movilizados en motocicletas y munidos de armas artesanales, como bazucas y explosivos.

Desde el motín policial del 8 de noviembre, se advierte una colaboración estrecha entre la R JC y la Policía.

Las prácticas de la RJC fueron violentas, racistas y discriminatorias.

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

Fallecieron más de 20 personas

// CRÉDITO: ARCHIVO

4

En La Paz y El Alto se registró la mayor cantidad de víctimas Redacción Central Entre octubre y noviembre de 2019, manifestantes organizaron múltiples protestas sociales en la ciudad de La Paz durante 20 días. Las marchas se tornaron cada vez más violentas.

A

las protestas diarias en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el centro de cómputo, le siguieron los bloqueos en calles y avenidas.

Los mineros que apoyaban al gobierno de Evo Morales, quien ganó las elecciones en primera vuelta, se enfrentaban a menudo contra la gente que rechazaba los resultados, arguyendo un presunto fraude electoral.

Una de las principales víctimas de estos enfrentamientos fue Julio Llanos (81), histórico defensor de la democracia

BOMBAS MOLOTOV

La Policía y Bomberos halló en un garaje del Ministerio de Culturas a varias personas elaborando bombas molotov. Se

incautaron 44 bombas, 89 botellas preparadas, 1.000 litros de gasolina y cuatro bidones de aceite de motor; además se detuvo a cuatro involucrados.

VIOLENCIA EN LA ZONA SUR

El 11 de noviembre de 2019 fue un día de enfrentamientos en la zona Sur de La Paz. Al menos tres personas, Percy Romer Conde Noguera, Juan Martín Pérez Taco y Beltrán Paulino Condori, murieron como resultado de la violencia de fuerzas de seguridad estatales. Vecinos de algunas urbanizaciones prepararon bloqueos, por el temor generado a partir de diversos rumores, mayoritariamente difundidos en redes sociales, de que civiles y policías incursionarían en el barrio. Algunos bloqueos eran cuestionados por vecinos de la propia zona.

20

La Policía desarrolló en esa fecha un operativo basado en el Plan de Operaciones 25/2019 de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público. Ese plan definía la ejecución de operac iones policiales anticipadas de preve nc ión , auxilio, control, seguridad, mantenimiento y restablecimiento del orden público.

Aproximadamente a las 09.45, al llegar al Puente de Pedregal, un grupo de vecinos que se encontraba en la Calle 2 se enfrentó con el grupo de manifestantes del paro cívico que intentaba ingresar al barrio. Ante esto hubo intervención policial.

Poco tiempo después hubo enfrentamientos a un kilóme-

CIUDADANOS perdieron la vida en las masacres de La Paz, fueron impactados por proyectiles de armas de fuego disparados por los militares.

tro de distancia, alrededor del puente Los Rosales; también se produjeron víctimas por disparos de armas de fuego con munición letal.

Como resultado de la represión policial, un número indeterminado de personas fueron heridas.

LA PLANTA DE SENKATA

Más de 10 personas perdieron la vida en la región de Senkata luego de ser impactadas por proyectiles de armas de fuego.

Los uniformados les dispararon luego de que derrumbaron un muro de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A pesar de que se dijo que los alteños pretendían “hacer volar la planta”, las investigaciones determinaron que en ningún momento hubo riesgos para el yacimiento y que no se había debilitado la estructura del muro perimetral.

El 11 de noviembre, las manifestaciones delante de la

planta transcurrían pacíficamente, aunque se reportaron vigilias y agresiones verbales. Ante el bloqueo, el 16 de noviembre, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas ordenó proceder a la salida de un convoy de camiones de la planta para transporte de gas y otros combustibles desde Senkata hacia las instalaciones del Colegio Militar del Ejército.

El operativo también movilizó tropas de élite o fuerzas especiales de la Patrulla de Satinadores RSl Tte. Gral. Germán Busch, las cuales fueron transportadas por vía aérea de la ciudad de Cochabamba a la ciudad de El Alto.

Los informes oficiales refieren que los fusiles Galil de 5,56 mm fueron empleados con munición exclusivamente “no letal”. El GIEI entiende que la denominación “no letal” es inadecuada.

La represión de las fuerzas de seguridad fue intensa, incluso con el uso de dos helicópteros. Testigos refieren que efectivos de seguridad dispararon con armas de fuego desde los helicópteros, pero el GIEI no ha logrado confirmar estos relatos. No obstante, hay indicios de que gases lacrimógenos fueron arrojados desde los helicópteros.

La Fiscalía y el IDIF registran una lista de 10 personas fallecidas como consecuencia del enfrentamiento en Senkata.

MARCHA DE FÉRETROS

El 20 de noviembre de 2019, familiares de las víctimas de Senkata realizaron un velorio colectivo en la iglesia de San Francisco de Asís.

Al día siguiente, con apoyo de vecinos, vecinas, amigos, amigas y afines, decidieron marchar hacia el centro de La Paz para exigir justicia y homenajear a los muertos.

Los familiares marcharon con los ataúdes. La multitudinaria caravana salió de El Alto y avanzó de manera pacífica. No obstante, cuando la procesión llegó al centro de La Paz, un operativo conjunto del Ejército y de la Policía impidió su paso.

Los manifestantes pusieron entonces uno de los ataúdes sobre un tanque militar como forma de protesta.

Cuando intentaron retomar la marcha fueron reprimidos con el uso intenso de gases lacrimógenos.

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

5

Redacción Central Por recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la reparación integral de daños a las víctimas de la masacre del régimen de Jeanine Añez deberá estar sustentada por un reconocimiento político y legal aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

E

l capítulo Beneficiarios/as del Programa de Reparaciones, del documento presentado por el grupo de expertos, sugiere que la reparación de violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 debe partir de una ley aprobada por el Órgano Legislativo.

O “se recomienda que dicho programa sea creado por una ley que defina claramente el alcance y contenido, los procesos de identificación de los beneficiarios y de atribución de las medidas de reparación, la forma de financiamiento, las entidades responsables por su ejecución y supervisión, y el proceso de consulta y participación de las víctimas”, precisa la recomendación.

Sugiere también la identificación de víctimas de esos hechos que, por tal motivo, deben ser consideradas beneficiarias de las medidas de reparación.

Además, las fuentes principales para identificar a las víctimas y beneficiarios debe involucrar a los afectados, a asociaciones de víctimas, representantes de la sociedad civil, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los ministerios que iniciaron un proceso de identificación de las víctimas (de Justicia y Salud).

IDENTIFICACIÓN Se recomienda que la identificación, registro de víctimas

Por sugerencia de los expertos

Ley puede regular la reparación integral de las víctimas de 2019 y beneficiarios del programa esté a cargo de una instancia que garantice transparencia, imparcialidad e independencia con funcionarios capacitados para la atención a los beneficiados.

También es importante que el proceso no esté limitado en el tiempo, sino que permita la identificación y registro de beneficiarios que, por temor o desconocimiento no estén, es decir, evitar una lista cerrada.

CREACIÓN DE UN ÓRGANO Se propone la creación de una entidad de derechos humanos, que podría denominarse comisión de reparación integral, que debe ser autónoma, funcional y que esté integrada por instituciones del Gobierno como responsables para la ejecución del programa de resarcimientos.

“Estaría a cargo de la identificación el registro de beneficiarios y de otorgar medidas de reparación. Para ello, haría los enlaces y la coordinación necesarios con las autoridades estatales con competencia en materias relacionadas con los diferentes tipos de medidas de reparación (…) La

creación de dicha entidad no debe resultar en cargos presupuestales y burocráticos desproporcionadamente pesados ni en procesos demorados”, señala el documento.

Esta instancia estará a cargo de un grupo o colegio de personas con capacidad de tomar decisiones finales sobre los requerimientos individuales de reparación y las políticas de restitución colectivas; además de dar la orientación general para la ejecución del programa de reparaciones.

REGLAMENTOS Es importante que en dicha ley y reglamentos se definan en términos claros y objetivos, y lo más detallado posible, las pautas de las medidas de reparación, incluyendo los montos de las compensaciones indemnizatorias.

El marco normativo, como el institucional del programa de reparaciones, debe prever la posibilidad de interponer un recurso administrativo a las decisiones tomadas relativas al registro de beneficiarios y a la otorgación de medidas de carácter individual. También es importante que el acceso de los beneficiarios al programa de

reparaciones sea lo más fácil y cómodo posible.

RESTITUCIÓN Se deben adoptar medidas de restitución en los casos en los cuales las víctimas de los hechos documentados en el informe, y otros similares, hayan sido privadas de la propiedad de sus bienes. Estos casos incluyen aquellos en que dichos bienes hayan sido apropiados por otras personas, tanto en espacios públicos como privados, tales como las viviendas u oficinas de las víctimas, o en lugares de detención.

Sobre los bienes que fueron destruidos total o parcialmente, debe haber lugar a compensación de daños. También se deben adoptar medidas de restitución de derechos para las personas que fueron destituidas de sus cargos de forma ilegítima o que, debido a hostigamiento e intimidación, se vieron obligadas a renunciar a sus cargos, así como las que fueron arbitrariamente detenidas, procesadas y que por esa razón perdieron su trabajo.

REHABILITACIÓN Se deben adoptar medidas de rehabilitación para todas las personas que hayan sufrido le-

siones físicas o afectaciones de orden psíquico o psicológico como consecuencia de los hechos documentados en el informe y otros similares.

Las medidas incluyen atención médica, psiquiátrica y psicológica de calidad. Provisión gratuita de medicamentos. Transporte hasta los centros donde se prestará la atención médica, psiquiátrica y psicológica. Capacitación profesional para nuevas funciones, para aquellos/as que no pudieron seguir con sus trabajos debido a secuelas físicas y psicológicas, o aquellos/as que perdieron sus trabajos.

También recomendaron becas para estudios secundarios o universitarios, técnicos o de otra índole, conforme a lo que se adecue a los planes de desarrollo de los beneficiarios; asistencia para encontrar un nuevo trabajo conforme a los planes de desarrollo laboral de los beneficiarios; atribución de microcréditos; ayuda a vivienda; servicios jurídicos y sociales de apoyo, asistencia, y el cubrimiento de cualesquiera otros costos relacionados con la rehabilitación.

6

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

Redacción Central La administración del presidente Luis Arce Catacora asume el compromiso de cumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final sobre la violencia en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. La investigación concluye que el régimen de facto cometió ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

A

sí lo aseguró el Jefe de Estado el 17 de agosto de 2021, después de que el grupo de expertos entregó el documento final de investigación en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Apoyados en la verdad, asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI, de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado”, sostuvo.

Arce adelantó la derogación del Decreto Supremo N° 4461 de Amnistía del 11 de enero de 2021, además de conformar una comisión del más alto nivel que permita avanzar en el censo de las víctimas para su correspondiente reparación integral.

Pidió al Ministerio Público implementar las acciones que se recomiendan en el documento para presentar la proposición acusatoria y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de las graves violaciones de derechos humanos.

“La historia nos convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia, y esperemos que todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un com-

Informe confirma golpe, sucesión ilegal y masacre

Gobierno asume compromiso de cumplir sugerencias de expertos

RUPTURA CONSTITUCIONAL, SUCESIÓN ILEGAL Y MASACRES El informe del GIEI establece que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía se deben someter al gobierno electo constitucionalmente.

El documento de los expertos afirma que Jeanine Añez sin quórum se nombró presidenta del Senado y del país.

El decreto supremo de la muerte, 4078, de Jeanine Añez, facilitó el asesinato de 38 bolivianos.

promiso con nuestra democracia”, precisó.

Arce Catacora fue enfático en que no cesará en el desafío de construir colectivamente la paz social a través de procesos judiciales en el marco del respeto del debido proceso sobre el aprendizaje de las grandes lecciones que dejan las tragedias y desgracias vividas.

Señaló que en el país lamentablemente, a lo largo de su historia, se evidenció una fuerte tendencia a olvidar los hechos luctuosos que han marcado una dura realidad de vivir en impunidad constante con relación a las grandes violaciones de derechos humanos que se

han cometido. “Esta situación debe cambiar definitivamente. Cada hombre que perdió la vida en las masacres debe convertirse en la razón de la existencia del Estado. Y aquí nuestro compromiso con el mandato popular de memoria, verdad y justicia que a la luz del derecho, la razón y el debido proceso, sobre las bases de la investigación del GIEI, cuyo trabajo concluye con la entrega de este informe y que genera más luces para el esclarecimiento definitivo de los hechos, será alcanzada plenamente por el pueblo boliviano. Éste es nuestro compromiso como Estado Plurinacional”, manifestó.

2019 LA OPOSICIÓN impulsó la sedición que terminó con un golpe de Estado, una sucesión ilegal y asesinatos extrajudiciales.

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

7

La solicitud de juicio está en la Asamblea

Redacción Central El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre la violencia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, abre el camino para la reconciliación con justicia de las familias de las víctimas fatales y de los bolivianos, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.

E // FOTO: ARCHIVO

n entrevista con medios de comunicación internacionales, el Canciller dijo que Bolivia recibe ese documento con la esperanza de que los responsables intelectuales y materiales del asesinato de 38 personas por impactos de bala, de centenares de heridos, encarcelados injustamente y torturados, entre otros, puedan tener justicia.

“Recibimos este informe llenos de esperanza por-

que permitirá reflexionar a la sociedad boliviana sobre esos sucesos y que podemos avanzar para superar con esperanza la polarización que vivimos esos días de 2019, ese racismo exacerbado que se presentó. Sabemos que es un escenario complejo, complicado porque el GIEI nos proporcionó un resultado sustancioso que debe ser encaminado por las instancias institucionales de nuestra justicia”, sostuvo.

DERECHOS HUMANOS El ministro Rogelio Mayta, el 17 de agosto de 2021, dejó en claro que el informe de los expertos internacionales se constituye en una piedra fundamental en la lucha de los derechos humanos. “La voluntad del Gobierno y la perseverancia

del grupo investigador hace que estemos en este momento en la entrega de este trabajo de investigación que sin lugar a dudas va a ser una piedra fundamental en el desarrollo de la lucha por los derechos humanos en el presente o en el futuro cercano”, precisó en la ocasión.

JUICIO El ministro de Justicia, Iván Lima, en las pasadas horas, calificó como “un hecho importante” la remisión de la proposición acusatoria contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Asamblea Legislativa Plurinacional por las masacres de 2019.

“Es un paso importante para lograr justicia a favor de las víctimas del gobierno de facto: La sala plena del @

// FOTO: ARCHIVO

Documento final abre la vía para una reconciliación con justicia

TSJBolivia decidió remitir la proposición acusatoria contra Jeanine Añez por las masacres de #Sacaba y #Senkata a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, escribió Lima en su cuenta de Twitter.

ASAMBLEA La Asamblea Legislativa tiene en sus manos cuatro proposiciones acusatorias contra la exmandataria

de facto por vulneraciones a los derechos humanos y por daño económico al Estado, que según el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, serán resueltos primero en la Comisión Mixta de Constitución (Senadores-Diputados) y después por el pleno de la Asamblea Legislativa por dos tercios de voto, hasta el 31 de septiembre.

Recibimos este informe llenos de esperanza porque permitirá reflexionar a la sociedad boliviana sobre esos sucesos y que podemos avanzar para superar con esperanza la polarización que vivimos esos días de 2019”.

Rogelio Mayta Ministro de Relaciones Exteriores

8

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

Para encontrar justicia

El informe del GIEI es una esperanza para las víctimas Redacción Central Los luctuosos hechos de 2019 dejaron profundas heridas no sólo en los familiares de los muertos producto de la represión militar-policial, sino además originaron una profunda crisis económica, social y política en el país.

F

rente a esa situación de conflictividad, desatada por el discurso de un supuesto fraude electoral en las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019, el 10 de diciembre de 2019, mediante nota diplomática MPB-OEANV 274-19, el Gobierno interino expresó su conformidad con la realización de una investigación internacional imparcial que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia.

CREACIÓN DEL GIEI EN BOLIVIA Con base en estos antecedentes, la CIDH y Bolivia firmaron el acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, suscrito el 12 de diciembre de 2019.

El acuerdo permitió la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), con el objetivo de coadyuvar y apoyar las acciones e investigaciones iniciadas por el Estado sobre los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos ocurridos en el país entre septiembre y diciembre de 2019.

Este grupo de expertos estuvo conformado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Además de Jaime Vidal Melero, quien fue el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia.

ACTIVIDADES EN BOLIVIA El trabajo del GIEI se desarrolló durante ocho meses.

Sostuvo reuniones de trabajo con representantes de la comunidad internacional y organismos internacionales, además de tres organizaciones

// FOTO: ARCHIVO

Familiares al pie de sus seres queridos fallecidos claman justicia en 2019.

Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. En Sacaba se registraron 11 muertos y en Senkata otro número igual. No hay duda en calificar esos hechos como masacres”.

El trabajo desarrollado en el proceso investigativo Dentro de su trabajo elaboró planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país, en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el periodo indicado.

Desarrolló un análisis técnico de las líneas de investigación, efectuó recomendaciones pertinentes, actuó como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables.

Propuso la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones, y un análisis técnico con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados.

Solicitó información a los ministerios de Defensa, JusPatricia Tappatá ticia, Gobierno, Salud, Trabajo, Empleo y Previsión Social, Integrante del grupo de Hidrocarburos y Economía, expertos del GIEI además de copias de expedientes a la Fiscalía General del Estado y del Órgano Judide la sociedad civil de Bolivia. cial, a las cuales el GIEI tuvo Estuvo en La Paz, Santa Cruz, acceso íntegro.

Cochabamba, Potosí, Sucre y Oruro. Escuchó a más de 80 TRABAJOS víctimas y testigos para un priEN OTROS PAÍSES mer acercamiento.

El grupo internacional Entre el 28 y 30 de no- del GIEI tuvo similares exviembre mantuvo encuentros periencias en México por el con los familiares y víctimas caso de la muerte de 43 esde Senkata y Sacaba. Se reu- tudiantes desaparecidos de nió en Potosí con los afecta- la Escuela Normal Rural de dos por la violencia en Vila Ayotzinapa, en el estado de Vila y Challapata.

Guerrero. En virtud de ese El 15 de diciembre comen- trabajo de investigación ya zó con la toma de testimonios hay personas imputadas y individuales en la ciudad de diversos procesos abiertos El Alto. El 17 y 18 de diciem- por los hechos. bre se trasladó a Santa Cruz Nicaragua también recibió para escuchar a las víctimas y a un grupo de expertos para recolectar pruebas de los he- investigar hechos de violenchos que ocurrieron en Mon- cia ocurridos en 2018, en los tero. Tuvo la oportunidad cual hubo al menos 14 vícde reunirse con las personas timas fatales entre el 18 de afectadas de los conflictos de abril y el 30 de mayo de este la zona Sur de La Paz. mismo año.

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

En el periodo entre las elecciones y el 10 de noviembre de 2019 fui víctima de insultos, amenazas, incluso a través de mensajes pintados en mi casa. Me arrojaron piedras y expusieron en internet a mis hijos y su dirección”.

// FOTO: ARCHIVO

Conclusiones de la investigación

La violencia racial se intensificó durante el golpe de Estado

Redacción Central Dentro del informe final, el grupo de expertos internacionales hizo hincapié en un aspecto que realzaron durante todo el proceso investigativo: el racismo y el desprecio a los símbolos patrios como la wiphala, que representa la diversidad de los pueblos indígena originarios.

E

l informe también menciona la violencia sexual de los uniformados en contra de las victimas que sufrieron torturas y toques en sus partes íntimas, lo que les produjo daños psicológicos. Se suman los ataques al trabajo de la prensa y la cobertura en los conflictos sociales de 2019 y otros hechos que vulneraron los derechos humanos.

El GIEI entiende que el racismo contra los pueblos indígenas es histórico y estructural, y la eliminación de la wiphala por parte del

gobierno de facto de Jeani- en las agresiones a las mujene Añez, en los espacios ofi- res de pollera y aquellos que ciales, la promoción del cris- vestían con los colores del tianismo evangélico como Movimiento Al Socialismo norma de orientación del Es- (MAS). tado y los discursos racistas Otro aspecto es la viosirvieron para rechazar la lencia sexual que se cruza identidad, la cultura y la his- con otros factores de distoria indígena. En el periodo criminación, como etnia, c o n s i d e r a d o, edad, condiel GIEI obserción socioevó numerosos conómica, incidentes de filiación poracismo que lítica, entre sugieren que otros. Las diciertos sectoferentes forres de la somas de disciedad siguen c r i m i n ac ión siendo hostiCASOS intersectorial les a la noción de racismo y discriminación c o n s t it uye n de un Estado se registraron durante i mp e d i me nPlur i nac iona l el régimen de facto de tos signifiinclusivo.

Jeanine Añez. cativos en el De acuerdo alcance de la con la cronoloequidad de gía que reflegénero y del ja el informe, en noviembre desarrollo y empoderamiende 2019 se registraron por to de las mujeres. lo menos 28 casos de racisEn ese sentido, el grupo mo y discriminación que de- de expertos internacionabieran ser investigados por les recomendó adoptar un el Ministerio Publico, ocho enfoque de género en la docasos en el departamento de cumentación, la investigaLa Paz, 10 en Santa Cruz y 10 ción y la judicialización de en Cochabamba, acentuados los hechos ocurridos entre 1

28

9

de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, así como en las reparaciones de los daños ocasionados por estos hechos. Es necesario también que se desarrolle una estrategia proactiva en la investigación y documentación de hechos que, de otra manera, tienden a no ser visualizados, como el caso de la violencia sexual, tanto contra mujeres como contra hombres.

Durante 2019, el derecho a la libertad de expresión, consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, protegido en el sistema interamericano, fue vulnerado, toda vez que el régimen de facto de Jeanine Añez, a través de su ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, controló a los medios con la finalidad que los bolivianos no conozcan las violaciones en contra del pueblo.

Uno de los hechos que marcó trascendencia fue la muerte del periodista argen-

Eugenia Choque Expresidenta del Tribunal Supremo Electoral

tino Sebastián Moro, que se desempeñaba como jefe de prensa del periódico Prensa Rural (el medio de comunicación de la CSUTCB), quien falleció el 16 de noviembre de 2019 en circunstancias aún no aclaradas.

El ejercicio profesional periodístico fue también vulnerado, pues dirigentes sindicales afines al régimen de Añez cometieron una serie de abusos a los periodistas en su trabajo cotidiano no sólo en la cobertura en las movilizaciones sociales y en las masacres de Senkata y Sacaba.

Otras vulneraciones a los derechos humanos que menciona el informe del GIEI son las agresiones a las dirigentes y autoridades mujeres afines al MAS. Se destaca la ocurrida contra la exalcaldesa de Vinto Patricia Arce, a quien la cortaron el cabello, le echaron pintura, le orinaron además de una serie de vejámenes.

Igual situación pasó la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque y dirigentes de las ‘Bartolinas’.

10

ESPECIAL

• Redacción Central

Hace varios meses, una vez que se resolvió crear este grupo de expertos, los investigadores iniciaron la espinosa tarea de recolectar los datos de todos los hechos ocurridos en 2019, esto con el objetivo de entregar un informe al Estado boliviano que le permita tomar las acciones correspondientes.

Domingo 29 de agosto de 2021

PARA QUE SE CONOZCAN EN PROFUNDIDAD LOS EVENTOS DE 2019

El GIEI entregó su trabajo de investigación a los bolivianos

L

// FOTOS: EL PAÍS

uego de entregar el informe en manos del presidente Luis Arce, en el transcurso de los siguientes días la comisión se dio la tarea de visitar los lugares donde la investigación mostró que se cometieron violaciones de derechos humanos.

El primer sitio donde se entregó el informe fue en Senkata, ciudad de El Alto, lugar que, según detalles del reporte, fallecieron 10 personas por el uso excesivo de la fuerza mediante represión con munición letal.

“El homenaje que podemos hacer es venir a compartir con ustedes el trabajo que hicimos a partir de oír sus relatos, de consultar documentos, de estudiar expedientes, de leer toda la información de las distintas fuentes a las que accedimos como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, indicó la experta del GIEI-Bolivia Patricia Tappatá, acompañada por sus colegas Julián Burger, Jaime Vidal Melero y Juan Méndez.

Los representantes de las víctimas afirmaron que gracias a este documento es posible bus-

car justicia para dar con los responsables de las muertes de 38 personas en varias regiones del territorio boliviano.

Posteriormente, los expertos se trasladaron a otros lugares como La Paz, Cochabamba, Sacaba (Cochabamba), Sucre (Chuquisaca, Potosí y Montero (Santa Cruz), donde detallaron

lo ocurrido en esas regiones durante las represiones.

La documentación y pruebas compiladas, acompañadas de recomendaciones para el Estado, son herramientas fundamentales para establecer acciones que permitan encontrar justicia y reparación por los hechos.

La defensora del pueblo Nadia Cruz, en el encuentro con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el 25 de noviembre de 2020.

2019

JEANINE AÑEZ se autonombró presidenta sin cumplir los procesos constitucionales establecidos para esta sucesión.

Familiares de las víctimas de Senkata.

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

Los miembros del GIEI durante la reunión con los familiares de las víctimas de Senkata, el 25 de noviembre de 2020.

11

17

DE AGOSTO, la comisión de expertos del GIEI presentó el informe final al presidente Luis Arce Catacora.

8 MESES DURÓ la investigación. Se elaboró un análisis razonado y profesional.

El experto de GIEI Julián Burger durante su alocución.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en conferencia de prensa con el GIEI.

Expertos no vacilan en decir que lo de 2019 fue una masacre sión establecidos para este caso, hubo masacre del pueblo boliviano, habida cuenta que se encontraron pruebas del uso de armas letales en contra de la población, además de otros delitos como discriminación e incluso vejaciones sexuales.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, en su visita a Cochabamba.

// FOTO: TOMADA DE EL MUNDO

Con las pruebas presentadas ante el pueblo boliviano, los expertos del GIEI, en el momento de entregar el informe, dijeron sin vacilar que en 2019, luego que Jeanine Añez asumiera la silla presidencial, sin cumplir con los requisitos de suce-

12

ESPECIAL

Domingo 29 de agosto de 2021

Analistas coinciden con la investigación

El GIEI ratifica que hubo masacres y transgresión de derechos humanos Según el analista político Hugo Siles, el informe del GIEI sirvió para afirmar que en Bolivia, en 2019, hubo serias violaciones a los derechos humanos, y ratifica que en los conflictos de noviembre en Senkata y Sacaba se produjeron masacres y ejecuciones sumarias que derivaron en el fallecimiento de 38 personas por impactos de bala.

“

El informe es amplio, detalla cada uno de los hechos y casos que se suscitaron antes y durante el golpe de Estado. No sólo habla de las masacres, sino también de persecución política, la detención a dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), además demuestra el comportamiento violento de grupos paramilitares y policiales en Santa Cruz y Cochabamba”, explicó.

Mencionó también que las investigaciones elaboradas en ocho meses revelan el nivel de intolerancia y racismo marcado del gobierno de facto de Jeanine Añez contra las clases más desposeídas y humildes, que no se veía en décadas en Bolivia.

El 17 de agosto, el presidente Luis Arce, luego de recibir de manos de Patricia Tappatá, representante del grupo de

expertos del GIEI, el resumen del informe final, dijo: “Hemos realizado la firma para el inicio de la investigación sobre estos hechos, estas acciones fueron ilegales y después de 37 años de una construcción democrática, este informe nos da la claridad de que hubo bastantes irregularidades de los grupos afines a un sector opositor”, expresó.

ACCIONES Y REACCIONES DE LAS VÍCTIMAS Muchos familiares que perdieron a sus seres queridos aún lloran su partida y reclaman en una sola voz “justicia” por sus muertos y que los autores tanto intelectuales como materiales sean castigados con todo el rigor de la ley.

La representante de las víctimas de Senkata, Gloria Quisbert, quien perdió a su hermano Ronald en los hechos de noviembre de ese año, señalaba: “Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos producto de la represión estatal del gobierno de Jeanine Añez y más de este señor Arturo Murillo, que en ese momento no le tembló el corazón para firmar el Decreto 4078”, recordó Quisbert entre lágrimas durante su intervención en la presentación del informe final del GIEI-Bolivia.

En representación de los fallecidos en el puente de Huayllani-Sacaba, Gregoria Siles, madre de Omar Calle de 25 años,

recordó entre sollozos cómo a su hijo mientras se encontraba ese 15 de noviembre en las movilizaciones en Huayllani, esperando que los policías y militares les dejen pasar a Cochabamba, le dispararon por la espalda. La bala destrozó uno de sus pulmones y el corazón.

DEMANDAN INVESTIGAR A CAMACHO Y MESA A partir del informe del GIEI, los pedidos de para investigar al expresidente Carlos Mesa y al excívico cruceño y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acrecentaron, pues a juicio de las organizaciones sociales estos políticos fueron partícipes directos y principales autores del golpe de Estado, cuando en noviembre llamaron a la población a movilizarse en defensa de su voto.

Los procesos que cursan en el Ministerio Público avanzan a paso lento y la molestia de los sectores sociales cuestiona al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por no citar a Camacho, Samuel Doria Medina, Waldo Albarracín, entre otros para que de cara al pueblo boliviano digan su verdad sobre lo ocurrido en 2019.

LO QUE SE DEBE HACER EN ADELANTE Para el analista Israel Quino, el informe del grupo de exper-

38

FALLECIDOS es el saldo de las masacres en Senkata y Sacaba durante el régimen de Jeanine Añez.

// FOTOS: GONZALO JALLASI

Redacción Central

Víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba en el informe final del GIEI.

tos del GIEI y las recomendaciones que emite se constituyen en un instrumento para que los órganos de justicia puedan usar los mismos y cotejarlos para complementar las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y para la instalación del juicio de responsabilidades contra el exmandataria Jeanine Añez y su gobierno.

Apuntó en este tema que para la instalación de un juicio de responsabilidades el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cuenta con los dos tercios, por lo que será necesario que se construya un gran pacto o acuerdo con las fuerzas políticas opositoras, “de lo contrario se convertirán en cómplices de la impunidad”.