LUNES 15 DE MARZO DE 2021
“LAS INVESTIGACIONES INDEPENDIENTES, IMPARCIALES, TRANSPARENTES Y EXHAUSTIVAS ARROJARÁN LUZ SOBRE LO SUCEDIDO, ABRIENDO LA PUERTA A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LAS REPARACIONES INTEGRALES. MICHELLE BACHELET Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Violación a los DDHH en el gobierno de facto Informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo de Bolivia y el preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta de la violación de los derechos humanos en Bolivia en 2019.
Informe de la Defe
lunes 15 de marzo de 2021
Bolivia
La Defensoría del Pueblo de Bolivia elaboró un informe de más de 300 páginas, donde detalla la represión en Senkata, Sacaba y Huayllani. En sus conclusiones verifica que 27 personas fallecieron y confirma que se cometieron delitos de lesa humanidad. Además muestra cómo se ejecutaron los operativos con motorizados, armamento y otros elementos usados en los sucesos. El informe hace una cronología de los hechos a partir de la paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego muestra el rol del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, el 21 de octubre de 2019, quien denunció fraude electoral, hasta la autoposesión de Jeanine Añez, primero como presidenta del Senado y luego como presidenta de Bolivia.
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA Y LAS FFAA El 11 de noviembre, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, amparadas en el inciso b) del Artículo 8 de la Ley N° 1405, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, de 30 de diciembre de 1992, anunciaron el inicio de acciones conjuntas
para mantener y restablecer el orden público, toda vez que la Policía Boliviana comunicó mediante una nota dirigida a las FFAA, que fue rebasada en su capacidad para cumplir su mandato constitucional. Las acciones de las operaciones conjuntas entre las FFAA y la Policía Boliviana se desarrollaron principalmente en los siguientes escenarios: El 12 y 13 de noviembre en el Norte Integrado Cruceño; el 15 de noviembre, en el kilómetro 10, puente Huayllani del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, y el 19 de noviembre, en la zona Senkata de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. Es pertinente aclarar que la intervención de las fuerzas del orden se mantuvo a nivel nacional hasta el 24 de noviembre de 2019, con el uso de helicópteros, tanquetas, portación de armamento, en momentos y lugares que no se encontraban en conflicto. El 14 de noviembre (dos días luego que la presidenta Jeanine Añez asumió la presidencia) entró en vigencia el Decreto Supremo N° 4078, que establece la participación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana a fin de reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país. Es pertinente hacer notar que no ha existido transparencia en la comunicación de la publicidad
del Decreto Supremo N° 4078. La Defensoría del Pueblo observa que esta norma fue de conocimiento público en fecha 16 de noviembre, es decir, un día luego de suscitarse la masacre de Sacaba y de la puesta de su vigencia. Organismos Internacionales de protección de Derechos Humanos, tal como la CIDH, respecto a la norma mencionada, se refirió de forma negativa, argumentando que este decreto supremo debe considerarse como una norma que genera impunidad en agentes militares, al liberarlos de toda responsabilidad penal por sus acciones dentro de las operaciones realizadas luego del 14 de noviembre de 2019. Es de notoria gravedad considerar que estos agentes estatales, a simple condición de encontrarse en un operativo, podrían haber hecho uso de armas letales en contra de la población civil. Además de pretender encubrir el actuar, señalando que tales actos deben realizarse en observancia de “...los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal”. Para la Defensoría del Pueblo, lo indicado precedentemente vulneró el derecho al acceso a la justicia de toda víctima, que en estos casos pueden ser personas que recibieron graves daños a su integridad física o familiares de ciudadanos fallecidos durante estas operaciones, ya que a consecuencia de la norma impugnada no sólo será imposible llegar a un debido proceso y sanción en contra de aquellos agentes que hayan realizado uso de armas de forma arbitraria, sino también no se podrá obtener el resarcimiento correspondiente.
Archivo
SACABA Y HUAYLLANI
2
El 13 de noviembre de 2019, un día después la autoposesión de Jeanine Añez como Presidenta, en una reunión sostenida en la Estación Policial In-
Archivo
Crisis de Estado, violación de los derechos humanos en Bolivia, octubre – diciembre 2019
tegral (EPI) de Huayllani, Cochabamba, el Comandante Departamental de la Policía, Cnel. Jaime Zurita, advirtió al dirigente del sector campesino de ese departamento, Jhonny Pardo: “Si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a cazar”. Al día siguiente, para ingresar a Sacaba, los productores de hoja de coca fueron objeto de requisa por parte de la Policía Boliviana. El 15 de noviembre, el sector movilizado descendió con la intención de ingresar a la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, a la altura de la Av. Villazón, en el puente Huayllani, una gran cantidad de policías y de efectivos de las Fuerzas Armadas los esperaba con barricadas de tanquetas y, dos helicópteros y una avioneta, que sobrevolaban el lugar. Cuando los marchistas llegaron al lugar, se inició la represión policial y militar con el saldo de 10 personas civiles fallecidas y, aproximadamente, 124 heridas. Posteriormente, la barrera policial no permitió el paso de las ambulancias que transportaban heridos graves. Durante la jornada del 14 de noviembre, existieron enfrentamientos y detenidos en varios sectores de la ciudad. Personas afines al MAS-IPSP y productores de hoja de coca del trópico trataron de ingresar en marcha a la ciudad, por el lado de Sacaba, el Abra y la zona Sur, pero fueron contenidos con el uso de gases lacrimógenos y el empleo de la fuerza por miembros de la Policía y el Ejército. En posteriores represiones, la Policía habría realizado un uso inadecuado de agentes químicos, puesto que, según los testimonios, éstos eran disparados directamente al cuerpo de los manifestantes. Las personas
arrestadas y aprehendidas por la Policía y militares recibieron golpes y otras agresiones en el momento de las detenciones. El 14 de noviembre, aproximadamente a las 16:00, en el puente Huayllani del municipio de Sacaba, empezaron los hechos de mayor violencia, cuando se produjeron disparos de armas de fuego, con el saldo lamentable de nueve personas muertas y una gran cantidad de heridas.
SENKATA El 19 de noviembre de 2019, los vecinos de los alrededores de la Planta de YPFB continuaron con sus bloqueos de manera pacífica. En horas de la mañana, la Policía y las FFAA iniciaron Operaciones Conjuntas para abastecer de combustibles a la ciudad de La Paz, para lo cual llegaron a la zona con maquinaria y volquetas, y empezaron a tapar las zanjas cavadas, a objeto de permitir el paso de vehículos del Ejército y la Policía a la Planta de Senkata. Aproximadamente, hasta las 10:30 las Operaciones Conjuntas de la Policía y las FFAA había logrado el paso de aproximadamente 40 de los camiones. En su relato, testigos afirman que habría bastante movimiento en el sector por parte de las fuerzas conjuntas, incluso días antes del 19 de noviembre de 2019. Antes de las 11:00, empezaron los conflictos puesto que los vecinos ya no permitieron el paso de más cisternas y empezaron a enfrentarse a las fuerzas conjuntas, quienes respondieron lanzando gases lacrimógenos. La intensidad del enfrentamiento fue aumentando y los testimonios afirman que empezaron los disparos tanto de bala como de balín.
nsoría del Pueblo
Se presentó el caso de un enfermero que estaba en el lugar del conflicto y que se puso a auxiliar a los heridos; sin embargo, fue aprehendido por la Policía. Los hechos violentos duraron hasta las 16:00, también se presentaron situaciones de bala perdida. De las Operaciones Conjuntas, de ese día, resultaron 10 personas fallecidas. Con la finalidad de conocer la existencia de personal policial y militar afectado en su integridad, durante los hechos del 19 de noviembre, se remitieron los requerimientos de información DP-ADCUDDH-001 y 002 del 3 de enero de 2020, dirigidos al Ministro de Defensa y al Ministro de Gobierno, respectivamente. El Ministro de Defensa negó otorgar la información requerida. El Informe sobre el Operativo Conjunto Militar Policial, ejecutado el día 90900-NOC-19, en la Planta YPFB SENKATA, emitido el 23 de noviembre de 2019 por el Cnl. DAEN Julio César Tamayo Rivera, Sub Jefe del Departamento III – Operaciones al Gral. Brig. Rubén Eddy Salvatierra Fuentes, Jefe del Departamento III – Operaciones EMG, señala en sus puntos más relevantes: • Que la orden de escolta del convoy de cisternas con diferentes tipos de combustible fue emitida verbalmente el 16 de noviembre de 2019 por el Gral. Div. Sergio C. Orellana Centellas - Comandante en Jefe. • Que el 14 de noviembre, este servidor militar habría recibido información tergiversada por parte del Gerente de Comercialización de YPFB sobre la existencia de tres cisternas vacías dentro de la Planta de Senkata, pues el Tte. Cab.
En el Informe sobre las actividades realizadas durante la ejecución del Plan “Sebastián Pagador”, el 19 de noviembre de 2019, emitido el 10 de diciembre de 2019 por el Gral. Brig. Franko Orlando Suárez Gonzales, Comandante del CEO Andino al Gral. Div. Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe ACC. De las FFAA del Estado, se indica el material utilizado en la represión, entre los cuales estaban: Una patrulla, un camión FAW, 9 fusiles Galil, 3 escopetas calibre 12, 2 pistolas lanza granadas, 2 pistolas 9 mm de dotación, 140 cartuchos 5.56, 36 cartuchos de gas 37 mm, 75 cartuchos de calibre 12, 12 granadas baseball, 5 granadas cilíndricas.
VULNERACIÓN DE LOS DDHH La Defensoría del Pueblo ha identificado diversos grados de afectación al derecho a la integridad personal, desde maltrato hasta la comisión de actos de tortura, con un especial incremento a partir del 11 de noviembre. En La Paz, el 12 de noviembre, la Defensoría del Pueblo realizó verificaciones a las celdas de la FELCC, donde se evidenció la presencia de un total de 28 personas arrestadas: 23 hombres y una mujer mayor de edad y cuatro menores de edad, todos ellos detenidos el día lunes 11 de noviembre e horas de la tarde y noche: 22 personas fueron por los hechos suscitados en las protestas desarrolladas en Ciudad Satélite de El Alto y dos señalaron que fueron detenidos en inmediaciones de la Heladería Brosso del Prado y la Av. Tejada Sorzano. Sin embargo, en conversación con el Director de la FELCC y de la Fiscal asignada, ambas autoridades señalaron que todos ellos estaban detenidos por los hechos de Ciudad Satélite. Del total de personas detenidas, se pudo evidenciar que 18 presentaban varias heridas en la cabeza, extremidades superiores e inferiores y torso, mismas que requerían atención médica. De estas, dos personas presentaban heridas de mayor gravedad, una no podía respirar bien y tenía heridas en todo el cuerpo, presuntamente por golpes de culata y patadas de la Policía, y otra estaba con una afección gástrica severa. Mientras
se desarrollaba la verificación, varias personas señalaron que, al momento de su detención y ya estando en dependencias de la FELCC, efectivos policiales los habrían golpeado a varias de ellas y que fueron víctimas de callejón oscuro. Dijeron que al momento de su detención, se usaron culatazos y golpes sin que existiera necesidad de ello, conforme a los siguientes testimonios y en concordancia a los hechos relatados en el acápite de detenciones realizadas en El Alto el 11 de noviembre: Durante las tres etapas del conflicto nacional poselectoral, la Defensoría del Pueblo identificó afectaciones al derecho a la integridad personal, en sus dimensiones física, psicológica y sexual, de parte de grupos movilizados en contra de autoridades públicas nacionales, departamentales, municipales y sus familias, así como de representantes de organizaciones sociales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, con la finalidad de promover su renuncia. Provocaban miedo, temor e incertidumbre sobre su situación. La Defensoría del Pueblo realizó seguimiento a 26 casos de trabajadores de la prensa agredidos en los conflictos suscitados del 23 de octubre al 8 de noviembre: en La Paz 14, Cochabamba 11 y Santa Cruz uno, de los cuales 21 se debieron a agresiones que afectaron su integridad física y psicológica, cinco afectaron la libertad de expresión y circulación, hechos ocurridos durante el desempeño de su trabajo, ocasionados por los diferentes sectores movilizados y por la carencia de equipamiento adecuado de seguridad ocupacional con el objetivo de evitar su exposición a situaciones de alto riesgo. En fecha 28 de octubre de 2019, mediante un comunicado público y peticiones escritas, la
Defensoría del Pueblo demandó a los sectores movilizados, al Estado, Policía y medios de comunicación, garantizar su seguridad e integridad física durante el desarrollo de su trabajo. Durante el desarrollo del paro cívico, la Defensoría del Pueblo identificó 24 casos de racismo y discriminación manifestados a través de insultos y otras agresiones verbales por motivos de identidad cultural, sexo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, ocurridos en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, de los cuales un número importante corresponde a mujeres. Durante todo el conflicto se han gestado procesos de desinformación profundos, mediante las redes sociales, como el Facebook y grupos de Whastapp, que buscaron y lograron mediatizar fotografías, mensajes, audios y videos, con información falsa, imprecisa, engañosa, manipulada e impulsada por intencionalidades específicas, que generaron reacciones de odio, discriminación, racismo, venganza, alarma, zozobra, temor, entre otras. Durante el conflicto poselectoral suscitado, se confirmó el lamentable deceso de 37 personas en todo el país, a consecuencia directa e indirecta de actos y omisiones del Gobierno. Se evidenciaron fallecimientos de personas, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, que adquieren una gran relevancia por tratarse de asesinatos que sin duda representan vulneraciones al derecho a la vida, ya que su privación arbitraria fue causada de forma directa o indirecta por la Policía Boliviana, Operaciones Conjuntas y/o por particulares. En primer lugar, debemos puntualizar que los asesinatos de las Masacres de Sacaba y de
Senkata tuvieron como patrón común: 1) el accionar sistemático de fuerzas del orden en acciones conjuntas, 2) fueron realizadas en contra de la población civil y 3) fueron cometidas en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión (de parte las personas de las ciudades, las fuerzas del orden público y quienes actualmente detentan el Gobierno) sobre uno o más grupos, y con la intención de mantener ese régimen. De acuerdo con todos los hechos y argumentos vertidos hasta este punto, es claro que los 23 asesina-tos son un reflejo de la ejecución sistemática de planes de seguridad abusivos y desproporcionados, dirigidos en contra de la población civil y que tenían como propósito hacer prevalecer el nuevo orden de autoridades nacionales, que desconocieron la investidura de las autoridades salientes y los resultados del proceso electoral, que se realizó el 20 de octubre de 2019.
CONCLUSIÓN CASO SACABA Y SENKATA Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad. Asimismo, las dos (2) muertes suscitadas en el norte integrado del Departamento de Santa Cruz y la muerte (1) acaecida en el municipio de Betanzos del Departamento de Potosí, al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad.
Archivo
Oscar Lizondo Pereira que se encontraba dentro de la planta le refirió que había más de 100 cisternas cargadas al interior de la planta.
lunes 15 de marzo de 2021
3
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de
Archivo
lunes 15 de marzo de 2021
La situación de los derechos humanos luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien presentó el informe por los sucesos ocurridos en el país en 2019, manifestó: “Las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales. Desde noviembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha desplegado una misión técnica en Bolivia para recabar información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos, tras las elecciones generales del 20 de octubre. La misión ha estado operando bajo el mandato global de OACNUDH, con el apoyo de las autoridades bolivianas y de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas. Las actividades de la misión forman parte del “Programa de las Naciones Unidas para la Consolidación. Los hallazgos de OACNUDH están respaldados por más de 50 reuniones con autorida-
4
des e instituciones a nivel nacional y local, y por entrevistas con más de 100 víctimas y testigos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otros actores. OACNUDH analizó un volumen considerable de información, incluida la proporcionada por las autoridades, testimonios de incidentes e información de diversas fuentes de acceso público. OACNUDH ejerció la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes y verificó la información reunida para acreditar su validez. Las elecciones generales se realizaron el 20 de octubre de 2019. Los resultados parciales preliminarmente apuntaban a una segunda vuelta entre Evo Morales, del partido político Movimiento al Socialismo (MAS), y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Ese mismo día, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la transmisión de los resultados preliminares. Cuando la transmisión se reanudó al día siguiente, los resultados preliminares indicaban un cambio en la tendencia de los mismos y la probabilidad de la victoria de Evo Morales en la primera vuelta, lo cual generó preocupación por par-
te de observadores electorales. De inmediato, se realizaron cabildos, vigilias, protestas, bloqueos, huelgas y paros cívicos en todo el país, denunciando un fraude electoral. El 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral declaró la victoria de Evo Morales en la primera vuelta, lo cual generó una intensificación en las protestas. El 10 de noviembre, la Organización de los Estados Americanos publicó su informe preliminar de la auditoría de las elecciones, recomendando su anulación y la realización de nuevas elecciones. El mismo día, el Jefe de las Fuerzas Armadas sugirió públicamente la renuncia del Presidente Morales para restablecer la paz y la estabilidad. El Presidente Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera presentaron su renuncia, al igual que otras autoridades del Estado, algunas de las cuales se refugiaron en la Embajada de México en Bolivia. A partir de este momento, las protestas a nivel nacional se intensificaron, sobre todo por los sectores afines al MAS, y se observaron algunos hechos de violencia, actos vandálicos, bloqueos y un cerco a la ciudad de La Paz. El 12 de noviembre, tras dos días de va-
cío de poder, la entonces vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumió la presidencia para asegurar la transición hacia nuevas elecciones. El Tribunal Constitucional respaldó la sucesión presidencial. Manifestaciones masivas contra el nuevo Gobierno se desencadenaron en todo el país y continuaron hasta que se llegó a un acuerdo político, el 23 de noviembre de 2019, cuando el Gobierno recién establecido y representantes del MAS acordaron la anulación de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, allanando el camino para nuevas elecciones en 2020. Las elecciones generales estaban previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero debido a Archivo
Bolivia
la pandemia de COVID-19, se han pospuesto tres veces y ahora están previstas para llevarse a cabo el 18 de octubre de 2020. Entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, el Sistema de las Naciones Unidas registró cientos de protestas, manifestaciones, huelgas y bloqueos en todo el territorio de Bolivia. En este período, en particular a partir del 10 de noviembre, se registraron algunos episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos y otras acciones de vandalismo. En ese contexto, OACNUDH documentó diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión. La institución nacional de derechos humanos (Defensoría del Pueblo) reportó que 35 personas murieron en el contexto de la crisis postelectoral entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, mientras que el Instituto de Investigaciones Forenses registró 30 personas muertas durante ese período. La Defensoría del Pueblo también informó que 833 personas resultaron heridas, ya sea por las fuerzas de seguridad o en enfrentamientos entre grupos de manifestantes; la mayoría de las personas heridas se registraron en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. La Defensoría del Pueblo
e Naciones Unidas para los Derechos Humanos VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA VIDA Y SEGURIDAD DE LA PERSONA La institución nacional de derechos humanos (Defensoría del Pueblo) reportó que 35 personas murieron en el contexto de la crisis postelectoral entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, mientras que el Instituto de Investigaciones Forenses registró 30 personas muertas durante ese período. La Defensoría del Pueblo también informó que 833 personas resultaron heridas, ya sea por las fuerzas de seguridad o en enfrentamientos entre grupos de manifestantes; la mayoría de las personas heridas se registraron en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. La Defensoría del Pueblo reportó que dos policías fallecieron y 12 resultaron heridos durante el mismo período. En el contexto de las protestas mayoritariamente pacíficas del 20 de octubre al 25 de noviembre de 2019, OACNUDH pudo documentar la muerte de 30 personas y recibió denuncias de otros seis casos que no pudo corroborar. La Oficina pudo verificar que por lo menos 20 de las muertes ocurrieron durante operaciones realizadas por la policía y las Fuerzas Armadas en el contexto de las protestas; en otros cuatro casos, las víctimas murieron durante los
enfrentamientos entre manifestantes, y en seis casos OACNUDH no pudo verificar las circunstancias de las muertes. En las primeras semanas de la crisis, durante el anterior Gobierno, OACNUDH observó que la policía no cumplió con su deber de protección. En este contexto, se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes. Respecto a las muertes ocurridas durante operaciones conjuntas entre la policía y las Fuerzas Armadas, el 15 de noviembre de 2019, nueve personas murieron durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y más de 100 resultaron heridas; el 19 de noviembre, diez personas murieron durante las protestas en Senkata (El Alto - La Paz) y al menos 30 más resultaron heridas. Los relatos de las víctimas de lesiones y testigos en Sacaba y Senkata, así como la documentación y el material audiovisual analizados por OACNUDH, indican que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en violación de las normas y estándares internacionales aplicables. Múltiples fuentes verificadas por OACNUDH sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a las personas manifestantes. Elementos materiales, como los cartuchos de munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y privadas, encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo reportes de miembros de las fuerArchivo
reportó que dos policías fallecieron y 12 resultaron heridos durante el mismo período.
lunes 15 de marzo de 2021
zas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas. El 5 de diciembre de 2019, el Gobierno emitió el Decreto 4100, que contemplaba una indemnización por las muertes ocurridas durante la crisis. El Decreto fue denunciado por impedir que las personas beneficiarias pudieran recurrir a instancias internacionales, cláusula que fue derogada posteriormente. El 9 de marzo de 2020, el Gobierno emitió el Decreto 4176, que modificó el Decreto 4100 y sustituyó la indemnización por una ayuda humanitaria más amplia para las personas heridas y los familiares de las personas fallecidas durante la crisis, incluyendo ayudas en materia de educación y asistencia médica. No obstante las mejoras realizadas, los decretos no terminan por garantizar plenamente el derecho de las víctimas a una reparación integral. Según la Defensoría del Pueblo, del 20 de octubre al 25 de noviembre de 2019, más de 1.500 personas fueron privadas de la libertad, la mayoría de las cuales fueron liberadas sin cargos después de unas horas. El registro oficial de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley sobre el número y las circunstancias de las privaciones de libertad durante ese período es limitado. En varias ocasiones se realizó un elevado número de privaciones de la libertad durante operaciones conjuntas de la policía y las Fuerzas Armadas en zonas donde se produjeron
protestas contra el nuevo Gobierno. Las detenciones arbitrarias de aquellas personas que se manifestaban de manera pacífica, además de la respuesta desproporcionada por parte de las fuerzas del orden a algunas de las protestas, parecen haber sido utilizadas como un medio para intimidar y desalentar el ejercicio del derecho de reunión pacífica. OACNUDH documentó el caso de 28 personas detenidas en El Alto (La Paz), el 11 de noviembre de 2019, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias y sometidas a torturas u otras formas de mal trato por parte de la policía, incluyendo amenazas de muerte, electrocución, asfixia con bolsas de plástico, golpes con culatas de fusil, posiciones de estrés,privación de alimentos y agua, burlas sexuales y simulacros de ejecuciones. Al finalizar este informe, las 28 personas estaban siendo procesadas por daños agravados a la propiedad y se les concedió detención domiciliaria en marzo de 2020. Deben garantizarse investigaciones prontas y diligentes de todas las denuncias de tortura u otras formas de maltrato presuntamente perpetrados por las fuerzas de seguridad.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Entre el 17 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia reportó 94 ataques en contra de periodistas y personal de medios de comunicación, incluyendo ataques físicos y verbales y acciones de hostigamiento, du-
rante las protestas. Durante el mismo período, las instalaciones de al menos 18 medios de comunicación tanto públicos como privados fueron intencionalmente dañadas, incendiadas y su equipo destruido por personas que participaron en las protestas.
DISCRIMINACIÓN OACNUDH recolectó información acerca de ataques físicos (golpes), amenazas, insultos y otras acciones degradantes en contra de mujeres indígenas por parte de grupos movilizados, acompañadas de expresiones de intolerancia relacionada a su condición étnica y/o filiación política. OACNUDH también recibió información de casos de violencia en contra de mujeres indígenas que detentan cargos públicos. OACNUDH documentó el emblemático caso de la Alcaldesa de Vinto (Cochabamba). El 6 de noviembre, un grupo, denominado “Resistencia Juvenil Cochala” la forzó a caminar descalza durante dos horas en medio de una multitud de personas, con un claro propósito de incitar a la violencia en contra de ella. Posteriormente, la rociaron con gasolina, pintura, alimento y orina, entre otras sustancias, y le cortaron el cabello. En diversas ocasiones, mecanismos de derechos humanos han reportado el uso de la violencia y el desarrollo de funciones policiales por parte de este grupo. Sin embargo, este tipo de acciones no han sido objeto de ninguna investigación por parte de las autoridades competentes.
5
lunes 15 de marzo de 2021
Comisión Interamericana de Derech
Observaciones realizadas por la CIDH respecto a los hechos sucedidos en Bolivia a finales del 2019 Bolivia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) delegó a su Secretaría Ejecutiva la realización de una visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019. Se determinó que hubo una masacre en los casos de Sacaba y Senkata. La delegación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH visitó las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba. Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado de los niveles nacional y territorial, de todas las ramas del poder público, y se encontró con amplios grupos de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, recibiendo sus testimonios y documentación; también visitó hospitales, centros de detención, despachos defensoriales, y comunidades afectadas por la violencia. El eje central de las observaciones de la CIDH en esta visita de observación a Bolivia fue el ejercicio del derecho a la protesta en un contexto de violencia generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones presidenciales y legislativas, a partir del mes de octubre de 2019 y hasta la fecha actual, en el país. Para consolidar sus observaciones, el equipo técnico de la Comisión se ha apoyado en una alta cantidad de fuentes testimoniales y documentales, oficiales y extraoficiales, que dan cuenta de fuertes indicios de violaciones de derechos humanos, con profundas repercusiones sobre la vida de la sociedad boliviana. En este contexto, otras consideraciones relevantes efectuadas por la CIDH se han referido a la realización de operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de mantener y restablecer el orden público con excesivo uso de la fuerza; así como a la emisión del Decreto Supremo No. 4.078 con el fin de eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que hubiera participado en los operativos para el restablecimiento del orden interno.
6
El equipo de la CIDH recibió información según la cual las operaciones llevadas a cabo por dichas fuerzas conjuntas militares y policiales habrían resultado en la pérdida de vidas humanas en diferentes sucesos en todo el país, entre los que se destacan las muertes registradas el 11 de noviembre en la Zona Sur – Pedregal del municipio de La Paz; la masacre de Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre; y la masacre de Senkata, en El Alto, del 19 de noviembre. La Comisión toma nota de que el Decreto Supremo No. 4.078 estuvo vigente durante las masacres de Sacaba y de Senkata. En ese sentido, la CIDH recuerda al Estado que, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inoponible en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado.
MASACRES Y ASESINATOS En el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida en Bolivia. Durante su visita, la delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15
y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas. La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La Comisión recibió información testimonial según la cual miembros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación pacífica al municipio de Sacaba, exigiendo el retorno al gobierno de Evo Morales y rechazando al Gobierno interino. A la altura del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera a Cochabamba, se habría establecido un anillo de seguridad por parte de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al momento en el que los manifestantes intentaron pasar, inicialmente fueron contenidos con la indicación verbal de que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para mediar; sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas. En estos hechos habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas. También habrían resultado heridas, inclusive por balas, numerosas
personas que fueron recibidas en distintos hospitales de Sacaba y Cochabamba. La Comisión toma nota de que existen diferentes versiones sobre la forma como tuvieron lugar los hechos. Por una parte, algunas autoridades estatales, incluyendo el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y los mandos policiales, han acusado a los manifestantes de haberse disparado entre ellos, aduciendo razones tales como el calibre de las balas que fueron encontradas en los cuerpos de las personas fallecidas y heridas. Por otra parte, los numerosos testimonios recibidos por la CIDH son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva. En la operación participaron helicópteros de la fuerza pública, según lo atestiguó el propio Comandante de la Policía de Cochabamba ante la CIDH. La masacre de Senkata ocurrió el día 19 de noviembre. Según la información recibida, un grupo de personas partidarias del MAS realizaba un bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos del sector de Senkata, en El Alto. Esa mañana se permitió la salida de la planta de sesenta vehículos contenedores
de gasolina y gas, luego de lo cual los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la planta, momento en el cual habrían sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército. En los hechos resultaron nueve personas muertas por impacto de bala: Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar. Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos. También resultaron numerosas personas heridas, por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto. Al igual que con la masacre de Sacaba, algunos funcionarios públicos, tanto forenses como policiales, han cuestionado que las balas que mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas reglamentarias de la fuerza pública. Al respecto, según declaraciones públicas, y ante la CIDH, en forma reiterada por las propias víctimas, estas personas se estaban manifestando públicamente sin violencia y fueron objeto de represión con armas de fuego por agentes estatales. También se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas que habrían fallecido en esta misma masacre, los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia de las personas muertas. En particular se denunció ante la CIDH que este fue el caso de una mujer campesina, y de una niña de aproximadamente 12 años, entre otros. Las víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de
hos Humanos – Informe Preliminar zona de Montero, el 30 de octubre murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por impactos de bala, al igual que el joven Roberth C.S., abaleado el 13 de noviembre en la misma ciudad; las muertes ocurrieron durante enfrentamientos entre personas que realizaban bloqueos y partidarios de grupos de opositores al MAS, en los que aparentemente participaron francotiradores. Dada la gravedad de los sucesos violentos observados, la CIDH condena las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el contexto de la violencia electoral. Al mismo tiempo, hace un firme llamado al Estado boliviano para que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, investigue y esclarezca cada uno de los hechos, con el fin de establecer los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como a que provea reparación integral a las víctimas y sus familiares. Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial. El derecho a la vida, protegido bajo la Convención Americana, es inviolable, y por su carácter esencial es la precondición para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Los órganos del Sistema Interamericano han reiterado que el uso de la fuerza por el Estado debe ajustarse a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, se recuerda al Estado boliviano que la fuerza letal no puede ser utilizada para meramente mantener o restituir el orden público; sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes y reales puede ser un objetivo legítimo para aplicar la fuerza letal por parte de agentes estatales. En ese sentido, la CIDH urge al Estado que implemente en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en
casos de manifestaciones públicas. La Comisión además reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego o de otra manera letales. Adicionalmente, la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales. Además de las muertes registradas en las masacres de Sacaba y de Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre. Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, estas muertes, así como varias lesiones a personas, fueron producidas durante el ingreso de las fuerzas policiales y militares al lugar de la protesta, habiéndose identificado un uso desmedido
y desproporcionado de la fuerza pública en este incidente. Por otra parte, la comitiva delegada por la CIDH fue informada sobre la muerte de varias personas durante conflictos violentos entre diferentes grupos de particulares en el marco de las protestas, como la muerte, el 11 de noviembre, de Filemón Soria Díaz, de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Cochabamba atado de pies y manos, quien habría muerto por estrangulamiento con un lazo. El 12 de noviembre murió Juan José Mamani, de 35 años, en Cochabamba, tras ser golpeado a muerte por un grupo de personas; y Marcelino Jarata Estrada murió en Potosí por un impacto de arma de fuego. En Santa Cruz, en la
HERIDOS Los hechos de violencia ocurridos en Bolivia han causado un número de heridos hasta el momento no precisado, pero que claramente supera las 800 personas y resultará ser mucho más alto cuando se consoliden los registros completos de las víctimas de las últimas semanas. Las mediciones del número de heridos y lesionados con ocasión de los sucesos de las últimas semanas han variado, como es razonable esperar. Por ejemplo, para el 8 de noviembre la Defensoría del Pueblo había registrado 466 personas heridas, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad; para el 18 de noviembre se había aumentado esa cifra a 715 personas, y en
lunes 15 de marzo de 2021
el informe defensorial preliminar del 22 de noviembre se había elevado el estimativo a 804 personas. Muchos de estos heridos habrían sido lesionados por la Policía y las Fuerzas Armadas en el curso de las acciones de represión de las marchas y manifestaciones, fuera con golpes, disparos, gases lacrimógenos u objetos contundentes; otros fueron lesionados durante enfrentamientos con otros actores y grupos sociales. Esta cifra incluye las personas que resultaron heridas durante las masacres de Sacaba y de Senkata. La CIDH nota que también han resultado heridos en los enfrentamientos numerosos agentes de la fuerza pública.
CRIMINALIZACIÓN La delegación de la CIDH también recibió reportes sobre la persecución judicial de numerosas personas a través de investigaciones penales o procesos judiciales iniciados en razón de sus opiniones, convicciones o posturas políticas, incluso en razón de su trabajo como funcionarios públicos del gobierno del MAS. En particular, altos funcionarios del Estado del nivel ministerial del actual Gobierno interino han emitido declaraciones públicas anunciando la presentación de denuncias y la apertura de investigaciones penales por sedición y terrorismo contra miembros del MAS. El clima de persecución judicial y extrajudicial de opositores ha resultado en renuncias masivas y en cadena de servidores públicos a todo nivel; por ejemplo, la Asociación de Alcaldes de Bolivia denunció a la CIDH que no menos de 65 autoridades locales habrían presentado su renuncia como parte de este patrón de presión e intimidación en la vida cotidiana de todo el país.
7
GALERÍA
Fotos: Archivo
lunes 15 de marzo de 2021
ó ESOS DÍAS QUEDARON REGISTRADOS CON FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y DOCUMENTOS
Represión y violencia contra los bolivianos Bolivia vivió jornadas de violencia por parte de las FFAA y la Policía, que estaban bajo la supervisión de la presidenta de facto Jeanine Añez, principalmente en noviembre de 2019.
8