Represión sindical en Extremadura

Por Gonzalo Palomo C Ceres

Trujillo y su Casa del Pueblo

En 2021 el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Trujillo absolvió a dos afiliados a CNT denunciados por la UGT por daños en el edificio de Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) del Ministerio de Trabajo en Trujillo, local que sigue siendo litigado por parte de la CNT en cuanto su derecho de uso en tanto en cuanto la Patronal y el resto de sindicatos lo tengan abandonado. Anteriormente en denuncia similar fue absuelto del delito menor de usurpación el ex-afiliado a UGT que participó en los hechos pero no así los de que posteriormente se afiliaron a la CNT e incluso el representante del anarcosindicato quien ni siquiera se encontraba allí, pero había firmado la solicitud ante el Ministerio de Trabajo. Este verano ha sido condenado a multa y alejamiento de la casa del pueblo un representante del sindicato trujillano en la enésima denuncia presentada contra cenetistas que reclaman la participación en el edificio histórico de los sindicatos verticales.

Contexto legal

Esta situación que pudiera parecer anómala en una democracia que reconoce el derecho a la libertad sindical en su Constitución desde hace más de 40 años y regulando su ejercicio en una ley orgánica de 1986, se debe a una estructura judicial y legal heredada del franquismo. El año pasado se derogó (BOE 23 de abril de 2021) el artículo 315.3 del Código Penal, aprobado en 1995, que establecía que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses». De acuerdo a este artículo hasta 300 sindicalistas han sido juzgados en este país por participar en piquetes de huelga, por ejemplo. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, no ha sido aún derogada incumpliendo el gobierno una de sus promesas electorales.

CNT Extremadura manifiesta su más enérgica repulsa a la instrumentalización de la justicia como vía para amedrentar a la clase trabajadora en la legítima defensa de sus derechos e intereses. Toda la Regional se solidariza con la afiliación procesada de Plasencia, CNT Gijón y sus afiliadas condenadas así como con los compañeros perseguidos en Trujillo.