EL REGLAMENTO CONJUNTO, OTRA VEZ

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

Por segunda ocasión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) declaró nulo el Reglamento Conjunto 2020 (RC) de la Junta de Planificación (JP). La decisión del Tribunal emitida el pasado miércoles, 15 de marzo, fue una por unanimidad.

A preguntas de la prensa, el gobernador, Pedro Pierluisi, declaró que no se iba a detener ningún trámite de permisos ni ningún permiso ya otorgado para obras de construcción o desarrollo porque la decisión del TSPR era una “prospectiva” y anticipó que pedirá una reconsideración al Tribunal. Esta sería la tercera ocasión en que el Gobierno acude al Tribunal para pretender que prevalezca el RC 2020.

En entrevista con este medio, el experto en Derecho Ambiental y director de la Clínica Legal Ambiental de la UPR, Pedro Saadé Lloréns, explicó que lo que el Supremo decidió fue que no había ningún problema de jurisdicción por la razón de que la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) no fue parte citada en el procedimiento, que a quien le toca aprobar el Reglamento es a la Junta de Planificación, no a OGP.

La primera decisión del TSPR que declaró nulo el reglamento fue por falta de participación ciudadana. El Gobierno entonces apeló esa decisión con la intervención de la OGPe. Esta segunda decisión fue una confirmación de una decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones de que la OGPe no es la que interviene en el proceso de elaborar y aprobar el Reglamento Conjunto. A juicio de Saadé Lloréns, hay un interés implícito por menoscabar la autoridad y responsabilidad de la Junta de Planificación por parte de sectores de intereses en Puerto Rico que pretenden restarle facultades.

Saadé denunció que el Gobierno y sus agencias han sido negligentes en insistir en la aplicación del RC 2020 aun cuando hay varias sentencias del Tribunal de Apelaciones invalidando dicho reglamento. Por el contrario, el Gobierno continúa aplicándolo como si esa sentencia no existiera.

“Ya veo que renunció la secretaria auxiliar de la OGPe, pero hay otros funcionarios responsables por esta situación, concretamente, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio DDEC) y también los mismos miembros de la Junta de Planlificación”.

La secretaria auxiliar de OGPe, María Cintrón, “renunció” el jueves, horas des- pués de haber emitido un comunicado de prensa en el que informaba que la plataforma de solicitud de permisos de la agencia se había dejado sin efecto. El anuncio de la “renuncia” fue emitido por el propio secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, quien aseguró que el portal de permisos “está abierto y listo para continuar recibiendo las solicitudes que a bien tengan someter los usuarios, como de costumbre”.

Ante la postura declarada por el Gobierno, el licenciado Saadé Lloréns, alertó de que se puede predecir que la OGPe va acelerar la aprobación de los permisos que están pendientes con todos los defectos señalados al RC 2020, los cuales han sido muchos, mientras el Gobierno busca una receta jurídica para continuar aplicando el reglamento en lo que se da la aprobación del borrador del próximo RC, 2022. Ese borrador de reglamento también ha recibido muchísimos señalamientos, inclusive por parte del Consejo de Expertos de Cambio Climático.

En entrevista por separado, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) licenciado Dennis Márquez Lebrón, expresó que le parecía que en la coyuntura de lo que declaró el Tribunal Supremo, tiene más sentido lo planteado en su resolución. Márquez Lebrón es quien presentó la RC 451 que pretende que la JP retire el borrador del RC 2022 y se le ordene iniciar un proceso que cumpla con la ley de participación ciudadana.

“Ahora mismo tenemos un planteamiento de que el reglamento está declarado nulo, y el fundamento principal del Tribunal de Apelaciones fue que el documento no cumplía con la participación ciudadana adecuada. Queremos que se repita el mismo, que pase lo mismo, que se someta a grupos de interés a un proceso similar. Me parece que es menester que la Asamblea Legislativa le cuestione a la Junta de Planificación la forma en que trató este asunto”.

En tanto, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), licenciada Mariana Nogales Molinelli, también radicó una resolución conjunta (RCC 466) en la que propone que se ordene a la JP y a la OGPe que se abstengan de continuar litigando en los tribunales la validez del RC 2020 y a las agencias a tomen las medidas necesarias de inmediato para aplicar de manera temporera el RC del 2010.