Con nuevo código nacional de procedimientos civiles

Y Familiares Mejora Justicia

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, consideró que México está frente a la oportunidad histórica de contar con mecanismos y herramientas útiles para resolver las controversias entre particulares, con lo que se reduciría la conflictividad social con mayores y mejores condiciones de acceso a la justicia y con una contribución a la paz social.

neral de Justicia, son otras órdenes de aprehensión para otras personas relacionadas con los hechos. Nosotros tuvimos 12 operaciones al mismo tiempo, donde tenemos el mismo número de personas detenidas que son todos los autores materiales”.

Mencionó, la Fiscalía General de Justicia junto con la Secretaría, “obtuvimos otras órdenes de aprehensión, y pronto lo vamos a mencionar”.

Recordó que en anteriores ocasiones se ha mencionado la presencia del grupo criminal que encabeza Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho o El señor de los Caballos”, eso es parte de la investigación también, “pero, una vez que se hayan cumplimentado todas las órdenes de aprehensión se podría dar a conocer el móvil del crimen contra Gómez Leyva”.

En el marco de la presentación del borrador del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que estaría aprobado en abril próximo, Guerra Álvarez consideró que sería un fracaso la aplicación del nuevo código sin subsidio económico a los tribunales por parte del gobierno federal; asimismo, hizo un llamado a los abogados que se oponen a la era digital a consultar los expedientes en línea y dejar atrás el papel.

Resaltó, “el proyecto de código es un esfuerzo intenso que debe ser aplaudido, el cual atendió las opiniones de la Conatrib”, sin embargo, llamó a atender otros problemas, frente al riesgo de que el sistema de impartición de justicia colapse.

Recalcó, “ante la falta de disposiciones que permitan la consolidación de poderes judiciales autónomos, independientes y garantes de una justicia pronta, expedita y objetiva, y frente al hecho de que la aplicación del nuevo código haría suministrar a cada órgano judicial local los recursos financieros necesarios, sin garantizarles a éstos partidas presupuestarias mínimas adicionales para ese efecto”.

Advirtió, “la Constitución federal y las locales carecen de disposiciones garantes de suficiente autonomía e independencia de los poderes judiciales, y que, por el contrario, contienen mecanismos para influir y condicionar el ejercicio de sus facultades políticas y jurisdiccionales”.

Subrayó, “no hay garantía de contar con presupuesto anual mínimo ni reconocimientos de principios de progresividad y no disminución, además, se invade la autonomía e independencia de la judicatura en algunas legislaciones que impiden que sean los magistrados quienes designen a su presidente, por facultad otorgada al Ejecutivo o al Legislativo”.

Aseveró, “también se condiciona y limita la carrera judicial, ya que en el proceso de designación o remoción interviene el Ejecutivo, con lo que se adolece de condiciones de igualdad y seguridad en la designación, ratificación y permanencia de magistrados”.

Recordó que reformas procesales importantes en materia de justicia digital, justicia alternativa, oralidad civil, mercantil y familiar, proceso penal acusatorio y laboral, que requirieron capacitación e infraestructura física y tecnológica, se aprobaron sin partidas presupuestales adicionales, situación que pone en grave riesgo al sistema de impartición de justicia.

Apuntó, “todavía estamos a tiempo de que las cámaras de Senadores y Diputados oportunamente atiendan la importancia no sólo de autorizar partidas presupuestales adicionales y extraordinarias, sino que garanticen su entrega a los poderes judiciales”.