SEGURIDAD Y JUSTICIA Recupera su libertad uno de los tres detenidos por fraude en Segalmex

José Ángel Somera

Un juez de Control con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal del CEFERESO número 1 de Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó el auto de vinculación a proceso en contra de tres exfuncionarios y un particular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, asimismo, por falta de pruebas en su contra dictó el auto de libertad a Carlos Antonio Dávila Amerena exdirector de Asuntos Jurídicos del organismo.

El impartidor de justicia mexiquense les ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La FGR detuvo la semana a Artemio Gutiérrez Rodríguez exsubjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato, Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétar, y Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa, Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Carregín, la empresa que supuestamente simuló la venta de 4 mil 700 toneladas de azúcar, en un contrato de 7 mil 840 toneladas por el cual cobró poco más de 142 millones de pesos, son las personas vinculadas a proceso por el referido delito.

El exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex Carlos Antonio Dávila Amerena, quien no fue procesado por falta de elementos de prueba que no aportó la Fiscalía General de la República (FGR) que demostrará su participación en la investigación de fraude contra el organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y

Vinculan a proceso a “El Martinillo” de la “Línea” por masacre de los Lebarón

Desarrollo Rural, por lo que salió ayer del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, tras cinco días de internamiento.

Anteriormente el juez federal libró orden de aprehensión en contra de 22 exfuncionarios, servidores públicos y particulares por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, la Policía Federal Ministerial ha detenido a nueve, de los cuales cuatro ya se encuentran procesados y uno libre.

El resto de los asegurados se les resolverá su situación jurídica en las próximas horas, se trata de Roberto Rivera Ramos exsubgerente de la Dirección Comercial de Segalmex, y Jorge Humberto González Bocardo excoordinador de Operaciones de Diconsa, José Miguel Ojeda Antonio administrador único de Servicios Integrales Carregín, y Gonzalo Mora Nateras destinatario de recursos recibidos por dicha empresa.

De acuerdo a la investigación de la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero en abril del año 2020 se dio un contrato de 465 millones de pesos por 25 mil toneladas de azúcar, firmado por Diconsa filial de Segalmex, y Carregín.

El ente de Segalmex canceló la mayoría de los pedidos por los problemas de logística ocasionados por la pandemia de Covid-19 y sólo dejaron vigente uno de 7 mil 800 toneladas por 142 millones de pesos. Posteriormente, Diconsa cubrió la totalidad del contrato cuando Carregín sólo había entregado 3 mil 110 toneladas. La paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas no entregadas, pero la empresa sólo entregó 8 millones de pesos a Diconsa. La firma proveedora se habría quedado con 80 millones de pesos sin entregar un solo gramo de azúcar.

Hallan durante cateo documentación apócrifa de circulación y bancaria en AO

En cumplimiento a una orden de cateo librada por un juez de Control, gendarmes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con apoyo de personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), hallaron en un predio de la colonia Lomas de las Águilas de la alcaldía de Álvaro Obregón documentos y tarjetas de circulación y chequeras bancarias apócrifas, además detuvieron a un hombre.

La SSC indicó que encabezados por un agente del Ministerio Público, peritos en diversas especialidades y agentes de la PDI, gendarmes ingresaron a una casa localizada en la calle de Picagregos.

Tras revisar el inmueble las autoridades aseguraron dos facturas vehiculares, 10 tarjetas de circulación y 45 chequeras de distintos bancos, asimismo fue detenido un hombre de 26 años de edad. Ante tales hechos, el implicado junto con numerario decomisado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación legal, en tanto, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial.

Un juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Martín Alberto Medina Aceves (a) “El Martinillo”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, y daños, por los hechos violentos ocurridos en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, donde fallecieron nueve integrantes de la familia Lebarón -tres mujeres y seis niños-. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mencionó que el 9 de marzo del año en curso, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cumplimentaron la orden de aprehensión en Chihuahua, Chihuahua, en contra de Martín Medina integrante del grupo criminal “La Línea” brazo armado del cártel de Juárez por los delitos referidos.

Detalló, posteriormente el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la FEMDO, aportó los medios de prueba para que el juez de Control otorgara dicha vinculación, ratificara la prisión preventiva oficiosa y fijara tres meses para la investigación complementaria. El procesado quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social CPS 12, en Guanajuato.

Por estos sucesos han sido capturadas más de 30 personas, se les relaciona del ataque perpetrado contra camionetas en las que viajaban integrantes de esta familia mormona, que habían salido de viaje desde Galeana, Chihuahua, con rumbo a Bavispe, Sonora.

En el trayecto fueron interceptados en un

El juzgado II de distrito en materia administrativa concedió el juicio de garantías a Enrique Bonilla Ruiz, uno de los sobrevivientes del colapso de un tramo elevado de la estación “Los Olivos” de la Línea 12 del Sistema del Transporte Colectivo (STCMetro), con lo que se instruye a la secretaria de Salud Oliva López Arellano le brinden la atención médica necesaria sin costo alguno.

En su resolución el juzgado federal manifestó que la Sedesa fue omisa porque no le proporcionaron la atención necesaria, “… no se advierte que las autoridades responsables hayan cumplido con el imperativo constitucional analizado, por lo que se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados para el efecto de que las autoridades responsables realicen al quejoso una valoración médica amplia y exhaustiva, que comprenda una exploración general, con la intervención de especialistas en ortopedia y psicología, a efecto de que se valore y dictamine sobre el estado de salud actual del quejoso”.

Asimismo, “…si derivado de las afectaciones físicas que sufrió con motivo de su camino de terracería que conecta a las comunidades de San Miguelito y Pancho Villa, ubicadas en los límites de ambas entidades, uno de los vehículos en los que viajaban las personas se incendió al recibir una lluvia de tiros de parte de un comando de sicarios de “La Línea”, dejando el lamentable saldo referido. Al menos otros siete niños y niñas lograron sobrevivir a la masacre, pero resultaron con heridas debido a los impactos de bala. Presuntamente el convoy fue confundido por los “mensajeros de la muerte” como integrantes de su banda rival “Nueva Gente” al servicio del cártel de Sinaloa accidente como pasajero en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, padece de alguna lesión que requiera estudios de laboratorio, rayos X, resonancias magnéticas, tratamientos, cirugías, rehabilitaciones y/o terapias físicas o psicológicas, éstas les sean proporcionadas sin dilación ni costo alguno, lo cual incluye la atención médica y el otorgamiento de los medicamentos, prótesis, hospitalización y todo lo necesario a fin de garantizar el estado de salud en condiciones óptimas para el quejoso”. Los abogados de Bonilla Ruiz argumentaron el percance provocó una discapacidad de por vida a su cliente, porque la lesión que sufrió en la pierna izquierda hizo que perdiera la movilidad, debido a que tras el colapso del tren de pasajeros varias personas le cayeron encima, situación que en el Hospital General de Balbuena no fue atendida y donde sólo recibió un analgésico para el dolor. Además, hasta el día de hoy Enrique Bonilla Ruiz no ha sido reconocido como víctima por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local (CEAVI).