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integrantes

de la banda de plagiarios “La Flor”

y estatales formaba parte de “Gente Nueva” del Cártel de Sinaloa, sus sitios de operación son la Sierra de Chihuahua, Mesa de Arturo, Bahuichivo, donde se dice que vivía hasta el crimen de los sacerdotes, así como San Rafael, Cerocahui, entre otras.

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De acuerdo a los primeros reportes del caso, el cuerpo de una persona asesinada de siete disparos fue encontrado en la zona serrana de Choix, el cual se presume, es osé Noriel Portillo (a) “El Chueco”.

Los familiares de Portillo Gil al reclamar su cuerpo, lo identificaron con dicho nombre, por lo que peritos forenses de las Fiscalías Generales de Justicia de Chihuahua y Sinaloa, le practican los peritajes genéticos para confirmar su identidad.

Las fuerzas federales llevan a cabo un despliegue de vigilancia en los alrededores de la funeraria “Moreh” de avenida Independencia en Los Mochis, a fin de evitar una posible extracción del presunto cuerpo de “El Chueco”.

José Noriel Portillo Gil después del homicidio de los religiosos y del guía de turistas era considerado prófugo de la justicia, se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones por su paradero y pese a que los habitantes de la región en constantes ocasiones denunciaron haberlo visto en la región de San Rafael y Cerocahui en Urique, así como en Temoris, no había podido lograrse su detención por las autoridades, que desde junio del 2022 mantenían un operativo en toda la zona donde se conocía sobre su influencia.

Presenta FGR impugnación por amparo a exgobernador de Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) promovió el recurso de impugnación a la concesión del juicio de garantías de parte de un juez federal al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exmandatario tamaulipeco está acusado por la FGR de usar una empresa “fantasma” para enviar recursos para comprar un departamento en Santa Fe por 14.3 millones de pesos, que luego revendió en 42.1 millones y supuestamente las ganancias se depositaron en su cuenta bancaria.

El juzgado VIII de distrito en Tamaulipas dio a conocer que el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (Ueiorpifam) de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), interpuso un recurso de revisión.

Un juez de Control de la Ciudad de México sentenció a los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle a131 años, cinco meses y 15 días de cárcel, y 113 años con cuatro meses, respectivamente, al encontrarlos responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y secuestro, ambos agravados, a ambos se les ordenó el pago de multas y también se les obligó al pago de la reparación del daño a las víctimas. En mensaje de medios el vocero de la Fiscalía local Ulises Lara López informó que los consanguíneos eran integrantes de la banda “La Flor”, dedicada al secuestro. De acuerdo a los antecedentes en agosto de 2002 la víctima del primer secuestro arribó a bordo de su vehículo a un centro comercial ubicado en la avenida Aztecas, en la alcaldía Coyoacán, ya que había acordado verse con un conocido, actualmente preso por el delito de secuestro en agravio de otra persona.

Al llegar cerca del estacionamiento del sitio señalado y entrevistarse con la persona referida, arribó otro hombre armado, de identidad desconocida, quien les ordenó que ambos ingresaran al vehículo del agraviado. Simultáneamente, arribó Noé quien se colocó en la parte trasera de la unidad vehicular, portando un arma de fuego, y el individuo de identidad desconocida como copiloto, para enseguida dirigirse a una casa de seguridad que se encontraba a las afueras de la ciudad.

En ese lugar dijeron a la víctima que para su rescate solicitarían una gran cantidad de dinero, pero al negociar con la familia en un primer momento únicamente se entregó una cantidad parcial. Al haber transcurrido tres días de su privación de la libertad, el agraviado solicitó lo dejaran ir, ya que sería la única manera para pagar el rescate completo, por lo que los individuos lo amenazaron que si no regresaba matarían a su amigo, por lo que posteriormente se entregó una suma mayor y el otro supuesto agraviado quien simuló ser víctima, fue liberado días después.

En el segundo caso ocurrido en agosto de

2008, una mujer y un hombre se encontraban a bordo de un vehículo, en el centro de Tlalpan, cuando se acercó Israel portando un arma de fuego, con la que amagó al agraviado obligándolo a que se colocara en la parte trasera, al igual que su acompañante. Mientras se colocó al volante, otro de los participantes de identidad desconocida, se colocó en el asiento del copiloto y un tercer sujeto se sentó al lado de la agraviada.

Posteriormente, comenzaron la marcha del vehículo siendo seguidos por otra unidad y en el trayecto a la casa de seguridad, ambas víctimas fueron agredidas físicamente y despojadas de sus pertenencias. Al llegar a la primera casa de seguridad, un edificio de color amarillo, subieron a un cuarto nivel donde los esperaban otros individuos, entre ellos Noé.

Después los agraviados fueron llevados a un segundo domicilio, al no poder negociar con la familia, les señalaron que solamente uno de los dos se podría ir, siendo el agraviado puesto en libertad, ya que era quien podría conseguirles el dinero que pedían por sus rescates. Días después, luego de entregarse una cantidad menor a la solicitada, la segunda víctima fue liberada.

Procesan a exfuncionario de Diconsa por caso de desfalco en Segalmex

Un juez de Control con residencia en el en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a José Humberto González Bocardo coordinador de Operaciones de Diconsa S.A. de C.V. ”, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, con relación al desfalco millonario por la adquisición de azúcar a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó que el juez de Control le dictó al funcionario la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y dio tres meses como plazo de investigación complementaria. Por estos hechos la FGR solicitó al juez II de procesos penales federales del Estado de México 22 órdenes de aprehensión por os delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, en la carpeta de investigación se refiere que en 2022 se celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal.

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