Escribiendo la historia de la península de Santa Elena en la región 5 Tercera semana de Junio, 2020
Año 22 - Edición 609
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Artistas podrán trabajar este fin de semana Haber respetado los protocolos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó para que el sector cultural pueda laborar por el Día de la Madre en mayo pasado, el COE Nacional dio luz verde para que artistas vuelvan a laborar este fin de semana. Para ello, al igual que en la fecha anterior, los artistas deberán cumplir ciertas medidas previstas por el COE Nacional. A continuación el comunicado oficial.
Hasta hoy extranjeros pueden inscribirse en el Registro Electoral Con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional que establece que las personas extranjeras residentes legalmente en Ecuador, por al menos cinco años, tienen derecho al voto, el Consejo Nacional Electoral (CNE), realiza el proceso de inscripción de extranjeros en el Registro Electoral de cara a las Elecciones Generales 2021. Este trámite electoral puede efectuarse en la modalidad web, a través de la página web: w w w. c n e . g o b . e c , d o n d e l o s ciudadanos extranjeros deberán
crear un usuario para solicitar su inscripción. Así mismo, el procedimiento se lo puede hacer de forma presencial, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, para lo cual el solicitante deberá acercarse a la ventanilla de atención al ciudadano, en horario de 09:00 a 16:00, presentar el original y copia de la cédula de identidad y de la visa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, finalmente firmar el formulario de inscripción. (I)
Comisión de Salud citará a autoridades para que informen falta de pago a médicos posgradistas becarios La problemática por la falta de pago de las remuneraciones de los médicos posgradistas becados (desembolso de beca), persiste dentro de los galenos y cada día se vuelve más crítica. La Comisión del Derecho a la Salud, luego de escuchar las demandas del sector, oficiará a varias autoridades para que expliquen las soluciones que se darán a esta situación. Carlos Flores, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas Becados, aseguró que, pese a la falta de cumplimiento de pago de becas y de contratos legalizados, han seguido brindando su contingente en la emergencia sanitaria, sin embargo, esto ya no es sostenible por la falta de recursos, por lo que exigen que se les cancele de manera inmediata lo adeudado. Reiteró que si bien son de varios cohortes de posgrados de diferentes
especialidades, los retrasos en los desembolsos de la beca son "una problemática general". Anotó como ejemplo médicos de diversos grupos como del MSP y la Senescyt que les adeudan su beca, unos que van entre 4 a 14 meses, la cual sirve para cubrir los gastos de su colegiatura, seguridad social (su afiliación es voluntaria, pero obligatoria por el contrato de la beca), gastos académicos y manutención. Los asambleístas coincidieron en exhortar y exigir a las autoridades pertinentes soluciones inmediatas a la problemática. OTRAS DEMANDAS La problemática de los médicos en proceso de devengación y de las enfermeras también fue escuchada por los asambleístas. Insisten en la dotación suficiente y de calidad de los implementos de bioseguridad, para
evitar el contagio y reutilización de los mismos. Angélica Loor Nieto, especialista en medicina familiar y comunitaria tras una explicación de su labor frente a la pandemia demandó la falta de insumos médicos y de estipendios. Pidió que en la Ley Humanitaria se haga una excepción en el mecanismo de devengación de uno por uno de los médicos familiares argumentando que no están en la misma condición que el resto de los profesionales. Mientras que, Patricia Gavilanes, presidenta de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador, pide que se los considere de manera integral. Que no solo se les extienda un contrato por uno o dos años, sino, un nombramiento profesional. Agradeció a la Asamblea por la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario en donde las enfermeras tendrían una estabilidad a la
hora del concurso ya que se les está otorgando el 50 % con un certificado a la oposición y el otro 50 % al mérito. Los parlamentarios insisten soluciones urgentes a la carencia de implementos médicos en hospitales, a la falta de estabilidad laboral y demás falencias que persisten en el Sistema de Salud. Reiteran en la necesidad de fortalecer la atención primaria para evitar un colapso en los hospitales; y, la entrega de herramientas e insumos necesarios para la labor los médicos devengantes. También hablaron de la deficiencia de especialistas en el sistema de salud cuyas partidas deben ser normadas en el Código Salud, que está por aprobarse. El presidente de la Comisión, William Garzón, hizo un llamado a pensar en todos y alejarse de intereses partidistas para la aprobación del Código de Salud. (I)
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Recorte presupuestario a la Función Judicial bordea los 20 millones de dólares El Consejo de la Judicatura (CJ) con la finalidad de cumplir con su misión de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, ha realizado arduos esfuerzos y gestiones para mantener la continuidad de los servicios a los usuarios, pese al drástico recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Función Judicial, lo que ha imposibilitado cumplir con las actividades e intervenciones inicialmente programadas tendientes a un eficiente servicio de justicia. El recorte presupuestario realizado por el MEF en el ejercicio fiscal 2019 fue de USD. 12'297,865.65. En lo que va del año fiscal 2020, alcanza los USD. 7'238,868.28. Sumados los recortes presupuestarios de 2019 y 2020, ascienden a un total de USD. 19'536,733.93. Debido a la reducción del presupuesto, que ha impedido pagar
remuneraciones al personal, el Consejo de la Judicatura, en el ejercicio fiscal 2019, se vio obligado a prescindir de los servicios de 166 servidoras y servidores judiciales. De igual forma, en 2020, se dio por terminada la relación laboral con 26 servidoras y servidores judiciales, con lo que se mermó, aún más, la capacidad de atención en los despachos de causas. El déficit de jueces y de personal jurisdiccional, en virtud de la reducción de servidores que no han sido reemplazados, acompañado de la suspensión de actividades por la pandemia del coronavirus COVID-19, traen como consecuencia el represamiento de causas, con la afectación directa a los usuarios que esperan por la debida atención y el acceso expedito a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad.
Hasta mayo de este año, en la Función Judicial estaban en trámite 804.533 causas, en todas las instancias jurisdiccionales. Asimismo, entre 2019 y lo que va de este año, se convocaron 734.490 audiencias, de las cuales se realizaron 501.326. Cada mes, a escala nacional, se efectúan un promedio de 14.444 diligencias de este tipo. La restricción presupuestaria afectó la ejecución de adecuaciones en las Unidades Judiciales Especializadas contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, en varias provincias, labor que estaba prevista se realice este año, dentro del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, lo que provoca un retardo en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley que rige la materia. En unidades judiciales de Guayaquil, Tena y la Corte Nacional de Justicia, actividades de mantenimiento de equipos informáticos, aires
acondicionados, ascensores, entre otros, han sido postergadas, con el riesgo de quedar en desuso, afectando a la salud y seguridad de los servidores y a la calidad de atención a los usuarios con discapacidad que tienen necesidades especiales de movilidad. El CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y para cumplir con su misión, requiere contar con los recursos mínimos necesarios, que permitan a la ciudadanía acceder a un servicio de justicia ágil, transparente y digno, por lo que resulta apremiante la devolución, por parte del MEF, de los recursos asignados en el presupuesto institucional, así como la exhortación de que no se efectúe ni un solo recorte adicional al presupuesto de esta Función autónoma e independiente del Estado ecuatoriano. (I)
LIII aniversario del Comando de la
Aviación Naval
Hoy desde las 18:30, se realizará la ceremonia por el LIII Aniversario de Creación de la Aviación Naval del Ecuador, la que estará presidida por los contralmirantes Darwin Jarrín Cisneros y Daniel Gínez Villacís, Comandante General de la Armada y Comandante de Operaciones Navales, respectivamente, la misma que será transmitida vía streaming, así como conservando los protocolos de seguridad y sanitarios con los que se encuentren presentes. En este evento castrense se efectuará el develizamiento de la placa con el nombre de la Estación Aeronaval de Manta 'ALM (SP)
Fernando Donoso Morán', que a partir de hoy llevará ese nombre, en homenaje a uno de los más destacados aviadores navales, no solo por su prolífica trayectoria sinó por haber alcanzado la cúspide en su carrera al llegar al grado de almirante y ser Comandante General de la Armada. Asimismo en este acto se graduarán cuatro Oficiales del Curso Básico de Helicópteros; y, también se brindará un homenaje al personal de oficiales y tripulantes que se han destacado en sus actividades profesionales. El Capitán de Navío de Estado Mayor Carlos Nivela Bajaña, es el actual
Comandante de la Aviación Naval; reparto que está conformado por tres Escuadrones Aeronavales en Guayaquil, tres Escuadrones en Manta y un Escuadrón Aeronaval en San Cristóbal, quienes se encargan del control de las actividades ilícitas en apoyo a la autoridad de policía marítima en nuestro mar territorial continental e insular, evacuaciones aeromédicas, búsqueda y rescate en el mar, soporte logístico a la ciudadanía e instituciones en emergencias y actualmente en la crisis sanitaria por el COVID-19, todo esto sin dejar de lado su principal misión, que es la de constituirse en el ojo avizor de la Escuadra Naval en defensa de la soberanía y heredad territorial. La Aviación Naval no es solo una oficina, un taller, una aeronave, algo inerte, es cada uno de los oficiales, tripulantes y servidores públicos, que trabajan ardua e incansablemente para seguir creciendo moral y profesionalmente, cumpliendo cabalmente con las tareas encomendadas por el Comando de Operaciones Navales.
No basta con desear algo, es indispensable poner los medios necesarios, porque anhelar una cosa y no poner los medios o es una simpleza o una cobardía
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da pasos agigantados hacia la excelencia académica
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, con buena gestión del talento humano avanza hacia la excelencia, cumpliendo con los indicadores del proceso de evaluación, acreditación y recategorización dispuesto por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CACES; que de acuerdo al modelo de evaluación y acreditación; una de las consideraciones necesarias para garantizar el mejoramiento permanente de la planta docente, es que esta debe estar conformada con al menos el 60% de los profesores titulares.
https://www.wikiwand.com/es/Universidad_Estatal_Pen%C3%ADnsula_de_Santa_Elena
El compromiso con la educación superior de la provincia de Santa Elena y la vocación académica de Margarita Lamas González, Ph. D rectora de UPSE, hizo que el Consejo Superior Universitario aprobara dos concursos de Méritos y Oposición para docentes, para de este modo disminuir la brecha entre profesores titulares y ocasionales, incrementando del 31,60% en el año 2016-2 al 51,6% al 2020-1.
Permitiendo la estabilidad laboral de los docentes ecuatorianos, quienes son en gran porcentaje los ganadores de las plazas de titularidad. Estas exigencias, permiten que la 'alma mater' peninsular progrese y se distinga, buscando la mejora en la calidad educativa y el nivel de los futuros profesionales, mediante la buena gestión operativa y académica institucional. (I)
Las unidades judiciales en Santa Elena restablecen atención al público La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Santa Elena, informa a la ciudadanía que este lunes 15 de junio se cumple se restablece la atención en todas las unidades judiciales, con la reactivación en las materias de Civil,
Inquilinato y las oficinas de Mediación, obedeciendo a lo dispuesto en la Resolución 057-2020 emitida por el Pleno del CJ. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 en las ventanillas físicas donde se reciben
dos escritos por usuario, mientras que en la ventanilla virtual el horario de atención se amplió de 08:00 a 15:00. El MSc. Augusto Pino, Director Provincial del CJ en Santa Elena, indicó que se continuará aplicando medidas de bioseguridad en prevención del COVID-19 tanto para funcionarios judiciales y usuarios. Puntualizó que el servicio de justicia en la provincia no se ha detenido durante la emergencia sanitaria, gracias al compromiso de los operadores judiciales DATOS Durante la emergencia sanitaria desde el 16 de marzo hasta el 12 de junio, se han atendido 163 infracciones flagrantes, 20 Acciones Constitucionales, 80 Garantías
penitenciarias, 83 causas de medidas de protección a Víctimas de Violencia de género. Desde el 4 al 11 de junio han ingresado: -51 escritos a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar; -129 escritos a la Unidad Judicial Penal; -25 escritos en el Tribunal de Garantías Penales; -250 escritos a la Unidad de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia; -44 escritos a la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglaralto y 8 escritos en la Unidad Judicial Civil. (I)
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Más de 2600 suplementos alimenticios irregulares fueron decomisados en Guayaquil La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en conjunto con la Comisaría de Policía de Guayaquil, realizaron un operativo de control donde se logró el decomiso de 2636 frascos de un jarabe que se comercializaba en un establecimiento ubicado al norte de la ciudad. Se trata de un jarabe multivitamínico con supuestas propiedades para fortalecer el sistema inmunológico, que era publicitado a través de redes sociales y plataformas de comercio virtual. Por esta razón se procedió con el control respectivo por parte de técnicos de Arcsa, para verificar que el producto cuente con las certificaciones sanitarias para su comercialización. En la inspección se pudo evidenciar que dicho jarabe no cuenta con Notificación Sanitaria para
suplemento alimenticio y además, que el establecimiento donde se expendía no dispone del permiso de funcionamiento para desarrollar tal actividad. Es por ello que este jueves 18 de junio se acudió al establecimiento, donde elementos d e l a C o m i s a r í a d e Po l i c í a decomisaron 1879 unidades de 250ml y 757 unidades de 450ml del jarabe. Arcsa, por su parte, iniciará el respectivo proceso sancionatorio conforme a lo que establece el Art. 140 de la Ley Orgánica de Salud: "Queda prohibida la importación, comercialización y expendio de productos procesados para el uso y consumo humano que no cumplan con la obtención previa de la Notificación Sanitaria o Registro Sanitario, según corresponda". Se recomienda a la población
adquirir productos de consumo humano únicamente en establecimientos autorizados por Arcsa y no a través de redes sociales, ya que podrían tratarse de artículos
irregulares cuya calidad, seguridad e inocuidad no pueden ser comprobadas. Así mismo se invita a la ciudadanía a descargar la aplicación Arcsa Móvil, la cual permitirá verificar si un producto alimenticio cuenta con Notificación Sanitaria, y en caso de evidenciar irregularidades podrá reportarla de forma confidencial. (I)
Los medios de comunicación son actores claves en la generación de información que aporte a la cohesión social De conformidad con el artículo 49, letra e) de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación le corresponde desarrollar procesos de monitoreo y seguimiento de la calidad de contenidos de los medios de comunicación entre los actores contemplados dentro del ámbito normativo de la LOC, que incluye a quienes difundan información y opiniones de manera corporativa por medios digitales. La calidad de los contenidos comunicaciones no dependen de criterios subjetivos de la autoridad, sino del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión que debe ser respetado, protegido y promovido por el Estado, al mismo tiempo que exige la intervención institucional cuando se trata de un ejercicio abusivo de la libertad de prensa capaz de incentivar a la violencia, discriminación u odio en contra de diversos sectores sociales. El artículo 13, número 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como límite expreso a la libertad de expresión, a la difusión de cualquier acción que implique una apología al odio, la discriminación y la violencia contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, incluidos por supuesto su vinculación laboral. Actuaciones antijurídicas en este sentido son especialmente observables porque generan idearios sociales que
promueven estigmas, rechazo, menosprecio en contra de personas identificadas o identificables que pudieren ser víctimas de agresiones, tratos hostiles, excluyentes y discriminatorios. Complementariamente, la jurisprudencia interamericana ha desarrollado la doctrina del discurso no protegido como límites legítimos al derecho a la libertad de expresión. Por medio del caso Ivcher Bronstein vs Perú, la CIDH aclara que tales límites deben ser necesarios para asegurar el respeto de los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y moral públicas; y deben ser necesarias en una sociedad democrática. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dentro del Marco jurídico interamericano sobre el Derecho a la Libertad de expresión es enfática al establecer entre los discursos no protegidos y jurídicamente observables a "la apología del odio que constituya incitación a la violencia". El régimen jurídico ecuatoriano no es ajeno al momento de establecer el ámbito legítimo de la libertad de expresión así como aquellos discursos que están sujetos a responsabilidad ulterior, como es el caso de la discriminación y la incitación a la violencia, conforme lo prevé el artículo 19, inciso segundo, que expresamente prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el
racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Con fundamento en este marco normativo, y cumpliendo con su nuestra misión institucional, rechazamos cualquier expresión desafortunada en contra de cualquier grupo social. Es vital para la cohesión social, visibilizar que tanto servidores públicos como trabajadores privados e independientes se encuentran enfrentando la crisis sanitaria y trabajando acorde a lo establecido por las autoridades de salud y seguridad de riesgo, para reactivar la economía del país, por lo que el discurso mediático debe ser conciliador y respetuoso con todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del país, evitando criterios que polaricen la opinión respecto a la necesaria función de todos los sectores sociales que con su esfuerzo cotidiano generan bienestar para toda la comunidad. Reivindicamos el valor del servicio público, en todas sus dimensiones y manifestaciones, como un mecanismo que canaliza los esfuerzos sociales en favor de la solidaridad, la asistencia a todas y todos, especialmente a los más necesitados; y piedra angular de la actividad social que vela y permite el ejercicio pleno de los derechos de todos los miembros de la sociedad. El contexto actual vuelve imperativo promover una comunicación
enmarcada en el respeto a la dignidad de las personas, los derechos ciudadanos y la libertad de expresión y que, por ende, revele el papel de los medios para aportar a la cohesión social y a generar redes de solidaridad que permitan afrontar el panorama actual. Expresamos nuestra solidaridad a quienes desde sus hogares y acatando las disposiciones de las autoridades llamadas a liderar la lucha contra la propagación de la pandemia generada por la COVID19, mantienen su compromiso con el país y se sobreponen ante las adversidades para seguir prestando su contingente a la sociedad y cuidar de sus familias. En este sentido, se insta a los medios de comunicación a promover el pensamiento crítico, el debate constructivo y el sentido común entre la ciudadanía frente a la problemática sanitaria; que se eviten expresiones irreflexivas que generen idearios discriminatorios, que podrían promover acciones v i o l e n t a s ; c o n t ra r i a s d e s d e cualquier punto de vista, al ejercicio responsable de la libertad de expresión. El contexto actual vuelve imperativo promover una comunicación enmarcada en el respeto a la dignidad de las personas, los derechos ciudadanos y la libertad de expresión y que, por ende, revele el papel de los medios para aportar a la cohesión social y que permita afrontar el panorama actual. (I)
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Delegación electoral de Santa Elena atendió 903 solicitudes de cambio de domicilio electoral Hasta el fin de la jornada del domingo 14 de junio, personal técnico de la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, validó un total de 903 cambios de domicilio electoral para las Elecciones Generales 2021. Esta campaña que permite a los electores acercar su lugar de votación, se inició el pasado 17 de abril, bajo la modalidad web, a través de la página institucional: www.cne.gob.ec, en la que se receptaron 742 solicitudes en la provincia de Santa Elena. Mientras que en la última semana, del 08 al 12 de junio, se procesaron 161 cambios de domicilio electoral en la modalidad presencial, pues la delegación provincial retomó sus actividades. Con la ejecución de esta campaña, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumple con el Calendario Electoral, rumbo a los comicios de 2021.
Alcaldía de La Libertad inicia la construcción de la agenda de reactivación social, económica y productiva de la provincia de Santa Elena La Municipalidad a través de su Espacio de Innovación, Incubadora de Negocios y Coworking, del programa EMPRENDE LA LIBERTAD; desarrolla las mesas de trabajo para construir la reactivación económica del cantón y la Provincia de Santa Elena Post Covid-19. Esta primera fase se desarrolló durante los días jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio del presente año, en horario de 15H30 a 19H00, y
contó con la participación de 133 personas entre actores públicos, privados, academia y sociedad civil, con el fin de coordinar esfuerzos, ideas, conocimientos, capacidades y recursos disponibles. Las mesas contaron con un mediador y un técnico por área, con la siguiente distribución: "Economía y Producción "Economía Social y Solidaria Comercio Justo y Consumo
Responsable "Turismo y Medio Ambiente "Salud y Bienestar "Movilidad " E d u c a c i ó n , Te c n o l o g í a e Innovación "Financiamiento e Incentivos Se identificaron LAS PROBLEMÁTICAS CON LAS NECESIDADES LOCALES, PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN para la consolidación
de actividades integrales que impulsen una reactivación eficiente. Entre los temas que destacaron y como factor común, los participantes recalcaron que la p rov i n c i a n e c e s i t a q u e s u s autoridades trabajen en conjunto, puesto que la falta de trabajo unificado entre GADS, PREFECTURA y ENTIDADES PÚBLICAS, no permiten ejecutar proyectos que beneficien a toda la ciudadanía. (I)
Régimen Económico conocerá objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ordenamiento de Finanzas Públicas El vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero Loaiza, convocó a los comisionados a una sesión virtual a desarrollarse este jueves 18 de junio, a las 09h00, con el fin de analizar la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, calificado de urgente en materia económica, que está orientado a fortalecer y consolidar la política fiscal, estabilidad monetaria, manejo eficiente y transparente de recursos. Los comisionados también conocerán el memorando que hace relación al informe de primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional. Veto Como se recuerda, el 15 de junio llegó a la Asamblea Nacional la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas con 16
observaciones, la Comisión de Régimen Económico, deberá elaborar el informe no vinculante que será conocido en una sesión del Pleno. Entre otros aspectos, el Jefe de Estado precisa que para permitir que el Banco Central y bancos públicos puedan mantener acceso a operaciones de financiamiento para liquidez e intermediación financiera, se elimine la expresión "que no provenga de deuda externa multilateral, de proveedores, de gobiernos extranjeros, ni de la banca nacional y/o internacional". Además realiza modificaciones para mejorar la redacción del artículo. También, cambia el texto de la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta, agregada a través del artículo 45, a fin de determinar las acciones q u e d e b e r á n t o m a r s e p a ra garantizar el cumplimiento de la regla de deuda y a su vez marcar una trayectoria coherente con el escenario económico actual, para el
proceso de convergencia hacia el cumplimiento de esta regla, que brinde certezas y disminuya el riesgo de discrecionalidad en la gestión fiscal. Bajo este parámetro, el Jefe de Estado propone un texto alternativo por el cual el Ministerio de Finanzas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones, hasta el límite establecido considerando el 57 % del PIB hasta el 2025; el 45 % del PIB hasta el 2030; y; el 40 % del PIB hasta el 2032 y en adelante. Para tal fin, indica que el Ministerio d e F i n a n z a s c o n s i d e ra r á l a determinación de los niveles nominales del gasto primario, el crecimiento de largo plazo de la economía expresado en valor nominal y un parámetro estabilizador de deuda en el mediano plazo. Para lo cual en el plazo de 90 días emitirá la normativa correspondiente. Además, de manera bianual, a partir
del ejercicio fiscal 2022, se remitirá anexo a la Proforma del Presupuesto General del Estado, un plan de reducción de deuda pública con el objeto de garantizar el cumplimiento de la regla fiscal de deuda pública y otras obligaciones. Igualmente, el Ejecutivo modifica la Disposición Transitoria Vigésimo Tercera agregada a través del artículo 45 y propone que la reforma al artículo 171 de este Código, dispuesta por la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2021. Una vez que entren en vigencia las Notas del Tesoro, para los siguientes 24 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se podrán colocar Notas del Tesoro hasta por el mismo monto en el que se desinviertan los Certificados de Tesorería. Transcurrido este plazo, el saldo combinado de ambos no podrá superar lo dispuesto en el artículo 171 de este Código. (I)
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Comisión trabajará en elaboración de informes de Modernización a la Ley de Compañías y Economía Circular En el marco del análisis de los proyectos de Modernización a la Ley de Compañías y Economía Circular y Reciclaje Inclusivo, los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico recibieron en comisión general a académicos y representantes de la sociedad civil. Paúl Noboa, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, se refirió a la Modernización a la Ley de Compañías, vigente desde 1964. Señaló que este proyecto tiene dos objetivos esenciales: fomentar la modernización societaria y la introducción de figuras innovadoras societarias. Sobre la modernización indicó que se sugiere la eliminación de trámite de oposición de terceros, así también se reconocen deberes fiduciarios de los administradores (deberes de lealtad y deber de la debida diligencia). Otro punto favorable es la utilización de m e d i o s t e l e m á t i c o s p a ra l a realización de juntas universales. Además, agregó que es importante la redefinición de conceptos en
materia de liquidación y disolución societaria. En lo que respecta a la innovación societaria mencionó como positiva la redefinición del derecho de retiro; la cesión global de activos y pasivos; el cambio internacional de domicilio y la protección de accionistas minoritarios, el proyecto establece disposiciones para ampararlos, resaltó. A modo de conclusión mencionó que el proyecto es innovador y reconoce instituciones societarias modernas. Acotó que la normativa situará a la Ley de Compañías del Ecuador a la cabeza de la regulación societaria internacional. Tras la exposición, los asambleístas concordaron que esta debe ser una ley prioritaria para el país, en tal sentido, desde la próxima reunión iniciarán la construcción del informe para primer debate. ECONOMÍA CIRCULAR Y RECICLAJE INCLUSIVO Los comisionados, en el marco del proyecto de Ley de Economía
Circular y Reciclaje Inclusivo recibieron a Édgar Mora, representante de la empresa ecológica Ecuaplastic, quien mencionó la necesidad de crear políticas públicas en torno al reciclaje. Pidió, además, la colaboración de los Municipios, quienes son responsables del manejo ambiental de los desechos. Agregó, que en la normativa deben estar contemplados los recicladores de base. De su parte, José Luis Solano, d o c e n t e i nv e s t i g a d o r d e l a Universidad de Cuenca, y representante de la Alianza Basura Cero, indicó que están preocupados por la situación sanitaria respecto al manejo de rellenos sanitarios y tratamiento de residuos sólidos. Destacó que en Ecuador mensualmente se generan 375 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales el 57 % es orgánico y el porcentaje restante inorgánico. Resaltó que del total de los residuos generados se entierra del 92 al 94 % y únicamente se
recupera un 6 u 8 %. Puntualizó que el 85 % de residuos recuperados son recolectados por los recicladores de base, por lo tanto, expresó que la ley debe estar orientada a dignificar su trabajo. Comentó que el proyecto de ley no contempla procesos de clasificación de basura desde los hogares, pues desde ahí empieza el reciclaje inclusivo, añadió. Una vez concluidas las comisiones generales respecto al tema, los legisladores trabajarán en la elaboración del primer informe. PLANILLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA En otro tema, los comisionados resolvieron convocar al Ministro de Energía para que explique sobre el elevado cobro de las tarifas eléctricas a la ciudadanía. Explicaron que una persona que antes cancelaba 60 dólares al mes, ahora deberá pagar 180 dólares. Ta m b i é n c o n v o c a r á n a l a s autoridades de la Corporación Nacional de Electricidad. (I)
Ecuador, Chile y España dialogan sobre los desafíos de la justicia en el tratamiento de casos de violencia después de la pandemia El Consejo de la Judicatura (CJ) realizó, el jueves 11 de junio de 2020, el Conversatorio Internacional "Dos pandemias: COVID - 19 y violencia contra las mujeres, niñas y niños". Este diálogo virtual contó con la participación de importantes autoridades internacionales, entre ellas, la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del CJ; la doctora Ana Belén Alonso González, Letrada del Tribunal Constitucional del Reino de España; y, la doctora Andrea Machuca, Psicóloga del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica de Chile. La moderadora del evento fue la Ph.D. Bibiana Aído, Representante de ONU Mujeres para la Región Andina. El objetivo del conversatorio fue intercambiar ideas y experiencias sobre las estrategias y acciones que se requieren para garantizar, a niñas, niños y mujeres su derecho, una vida libre de violencia; además de fortalecer las medidas adoptadas durante el confinamiento y enfrentar los desafíos que se presentan con la reapertura de actividades. Durante su ponencia, la Presidenta
del CJ habló sobre "Los retos institucionales de los Poderes Judiciales para responder de manera integral a las dos pandemias". La doctora Maldonado expresó su preocupación ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a través de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género de 2019, en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. De ellas, el 35% ha sido víctima de violencia física; el 57% psicológica; y, el 33% sexual. . Asimismo, indicó que la violencia de género también afecta a niñas y niños. Señaló que en el país, 4 de cada 10 de ellos, ha sufrido maltrato extremo. Recordando a Eliezer Wiesel (Nobel de la Paz 1986), la Presidenta del CJ manifestó que frente a esta problemática no cabe asumir una posición neutral porque esto beneficia al agresor y nunca a la víctima. Indicó que durante la pandemia han estado operativas 164 unidades judiciales especializadas, con 100 servidores, para atender casos de violencia a la mujer y miembros del
núcleo familiar. "Tenemos, no solo el compromiso institucional, sino la férrea y firme voluntad política y el compromiso personal de las autoridades, para enfrentar esta terrible epidemia de machismo que azota a nuestras sociedades", dijo. De su parte, Ana Belén Alonso disertó sobre "El rol de los Tribunales y Cortes Constitucionales frente a las pandemias COVID-19 y violencia contra mujeres, niños y niñas". Entre otras cosas, destacó que para enfrentar temas de violencia es necesaria la especialización. "Tanto España como Ecuador cuentan con jueces especialistas en la materia previstos en sus códigos orgánicos que hacen que la sensibilización social también se traduzca en sensibilización jurídica", señaló. De igual forma, Andrea Machuca abordó la "Importancia del apoyo psicológico a las víctimas de violencia para sus procesos de autonomía durante y después del confinamiento". La experta expresó que la violencia es un problema de salud pública y de derechos humanos. "El confinamiento está amenazando la
autonomía física y la autonomía en términos de toma de decisiones de las mujeres", sostuvo. Como una alternativa para luchar contra la violencia, la doctora Machuca propuso que todos los operadores sociales constituyan espacios de reparación y restauración para las víctimas de violencia. Al cerrar el evento, Bibiana Aído expresó que la nueva normalidad, después de la pandemia, debe orientarse a una mayor inclusión social e igualdad de género para lo cual es necesario el compromiso activo de todas y de todos. "No apostemos a la recuperación, apostemos a la transformación", manifestó. Al evento asistieron representantes de organizaciones y movimientos nacionales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Este conversatorio se enmarca en el cuarto eje de acción del CJ Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. (I)
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536 cambios de domicilio electoral han sido receptados por la delegación electoral de Santa Elena La campaña de Cambios de Domicilio Electoral, tiene como objetivo que la ciudadanía pueda acercar su lugar de votación, para las próximas Elecciones Generales 2021. El pasado 17 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la campaña Cambios de Domicilio Electoral modalidad web, a través de la página institucional: www.cne.gob.ec, desde entonces, la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, ha receptado 434 solicitudes, hasta la fecha. A este cantidad, se suman 102 trámites realizados en las oficinas de la delegación, a partir del lunes 8 de junio, día en que se retomaron las actividades presenciales progresivas
por parte del personal electoral, una vez que le Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de S a l i n a s re s o l v i ó c a m b i a r l a semaforización de rojo a amarillo. Giovanni Bonfanti, director de la delegación provincial, informó que la atención para receptar el trámite de cambios de domicilio electoral en las oficinas de la dependencia, será hasta las 16:00 de este viernes 12 de junio, sin embargo reiteró que la ciudadanía podrá realizarlo en línea, hasta el domingo 14 de junio. (I)
Mantenimiento electrico Personal de CNEL realizo el desbroce de maleza y cambio de postes en la ciudadela Santa Paula, Av. 18 y calles 5-6 (sector Clínica Granados y Centro de Atención Ciudadana únicamente de 03:00 a 04:00). Los trabajos se realizaron con la finalidad de mejorar la calidad del servicio eléctrico. (I)
Ministra de Gobierno justificó el desalojo de predios ocupados en Guayas La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por Lenin Plaza Castillo, justificó la actuación de la Policía en los desalojos de familias campesinas integrantes de la Asociación de Producción Agropecuaria "Parroquia Eloy Alfaro" y "Río Mar", en la provincia del Guayas, en cumplimiento de la orden expedida por autoridad competente, en este caso, la Intendencia. Insistió en que al Ministerio de Gobierno no le corresponde dilucidar sobre la propiedad de los predios, a esta Cartera le compete dar cumplimiento de las órdenes dictadas por autoridad competente, que puede ser una autoridad administrativa, judicial o de la intendencia. Dijo que, en el caso de estos desalojos, se siguieron los protocolos establecidos respecto del uso progresivo de la fuerza; hubo agresión por parte de las personas
desalojadas, por lo cual se registraron seis policías heridos, agregó. Tras la reinstalación de la sesión 56 de la mesa, los legisladores escucharon a Pedro López Morán, representante de la Asociación de Producción Agropecuaria "Parroquia Eloy Alfaro" (Asopapea), quien reiteró que están en posesión de estas tierras desde 1998, que tienen garantías posesorias otorgadas por el entonces Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), derechos que fueron reconocidos en 2010, por lo cual este desalojo atropella todo procedimiento legal. Mientras, Albino Zúñiga, de la Asociación Río Mar, aseguró que son posesionarios de esos predios desde hace 24 años, nos tumbaron las casas de cemento y hoy estamos debajo de los árboles. Así somos tratados los campesinos, que somos quienes damos de comer al pueblo; tenemos documentos que reconocen
nuestra posesión por parte del Gobernador y del Ministerio de Gobierno. "Queremos que se solucione este problema lo más rápido posible", añadió. De su lado, Milton Yulán Morán, abogado de las dos asociaciones agropecuarias, reiteró que en ambos casos los campesinos cuentan con certificados de posesión emitidos por el desaparecido Instituto de Desarrollo Agrario e, inclusive, en el caso de Río Mar, tiene una declaratoria de posesión, al defender la validez de las garantías posesorias que, a su juicio, sí están reconocidas en la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Agregó que estas garantías no pierden validez ni son revocadas a pesar del cambio de uso del suelo. Finalmente, Juan Antonio López Cordero, subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales del M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u ra y Ganadería, dijo que en el caso de Río
Mar, que era el tema pendiente de su comparecencia, las garantías de posesión no tienen fundamento legal alguno, por lo que el reclamo formulado por esta asociación no es competencia de esta instancia administrativa. Propuso establecer una mesa técnica para revisar en qué condición se encuentran las garantías posesorias. Al cierre de la sesión, el titular del organismo legislativo, Lenin Plaza, recordó que está conformada una subcomisión que analiza todos los temas relacionados con la adjudicación de tierras, de manera que los argumentos expuestos por el Subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales pasarán a conocimiento de esta instancia y, de ser necesario, se lo convocará para que exponga sus criterios ante los miembros de este grupo de legisladores. (I)
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junio, tercera semana 2020
Colonche apunta a su reactivación “En el pasado quedaron los recuerdos de nuestras tierras áridas y sin producir; ahora vivimos mejores días, sembramos, tenemos agua y cosechamos nuestros productos gracias a la labor incansable del Prefecto Villao", dijo emocionado Cristóbal Prudente Pa n c h a n a , i n t e g ra n t e d e l a Asociación Agropecuaria Colonche, quien junto a un grupo de comuneros trabajó durante el fin de semana en la cosecha de pimiento. A inicios del 2020 se reactivaron las primeras 120 hectáreas de tierras comunales mediante la preparación de suelo, estas entraron en
producción durante la emergencia sanitaria y abastecieron a los mercados de urbe peninsular. Los cultivos se han sostenido con la dotación de agua para riego que los agricultores captan desde los reservorios del Proyecto Hidráulico para el desarollo del Valle del Río Javita. Cultivos de ciclo corto de: maíz, sandía, melón, pimiento y otros también están en plena producción en la cabecera parroquial de Colonche. Actualmente los agricultores trabajan en 40 hectáreas obteniendo productos de alta calidad y cuentan con el
acompañamiento técnico de la Unidad de Desarrollo Agropecuario del Gobierno Provincial. Además, con integrantes de la Asociación Agropecuaria Colonche
trabajamos en la preparación de otras 40 hectáreas para un nuevo cultivo de productos de ciclo corto. (I)
"El agricultor ha vuelto su mirada al campo, ya produce sus tierras. Desde la Prefectura garantizamos el acompañamiento técnico a nuestros hermanos comuneros, seguiremos trabajando para lograr productos sanos y saludables que aporten a una buena alimentación". José Daniel Villao PREFECTO
ARCSA refuerza controles en supermercados de Guayaquil, Durán y Samborondón para verificar cumplimiento de la normativa sanitaria Durante la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ha intensificado sus controles sanitarios en varios establecimientos que comercializan productos de uso y consumo humano en la Zona 8, que abarca los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón. ARCSA efectúa estos controles durante todo el año, pero debido al aumento en el consumo de productos higiénicos y cosméticos que se ha generado por la pandemia, las inspecciones sanitarias a supermercados, minimarkets, tiendas de abarrotes y almacenes donde se comercializan dichos productos se realizan con mayor
frecuencia. En los controles, los técnicos de Arcsa verifican que los productos que se expenden cumplan con la normativa sanitaria vigente, es decir, que cuenten con la Notificación Sanitaria (alimentos procesados), Registro Sanitario (medicamentos), Notificación Sanitaria Obligatoria (cosméticos) y un etiquetado correcto, donde se evidencien las fechas de elaboración y caducidad. En lo que va del mes de junio, un total de 10 establecimientos de esta zona han sido verificados y controlados por Arcsa, con el objetivo de generar confianza en la ciudadanía de los productos que adquiere y utiliza. (I)
ARCSA recomienda a la ciudadanía que antes de adquirir desinfectantes, sanitizantes, cosméticos, medicamentos o alimentos procesados, primero revise con la aplicación Arcsa Móvil (Play Store y Apple Store) si cuenta con Notificación Sanitaria o Registro Sanitario ecuatoriano, con el fin de garantizar su seguridad y calidad.