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4.2 BYM de la Ley de Ética Gubernamental y el artículo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, en este el último al presentar informes que se alegan son falsos, según se informó.

“El caso comenzó con una comunicación -vía correo electrónico- remitida a la contralora de Puerto Rico, Yazmín Valdivieso, que a su vez fue referida al Secretario de Justicia”.

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“Mediante dicha comunicación se informó que el alcalde había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza igualmente a empleados adeptos al Partido Popular democrático que laboraban en el municipio”.

“En la comunicación con la cual se originó la querella sobre este caso se argumenta que el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos.

Además, se alega la existencia de un esquema de ‘kick back’ mediante el cual el Alcalde ponceño le asignó a otros dos funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio”.

“Tales aseveraciones encontradas pesó en la investigación realizada por el DIPAC que fue referida al PFEI, que justipreció el informe y aceptó la recomendación de designar el FEI”, se informó en la declaración escrita.

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