Fórmula para avanzar

“De todo; como en botica”. La expresión le va muy bien a lo que ha trascendido en torno a las más recientes rendiciones de cuentas en las municipalidades dominicanas.

Desde fuertes críticas de regidores a ejecutivos municipales hasta reclamos relacionados con la famosa “Regla de oro”, como le llaman al “entendimiento” para que el presidente de cada concejo de regidores pertenezca al mismo partido que el alcalde, pasando por “dimes y diretes” entre políticos con intereses encontrados, marcaron esas actividades en el más reciente Día de los Ayuntamientos.

Como todavía no estamos muy acostumbrados a que esas sesiones especiales en las municipalidades sean realizadas el 24 de abril, por aquella viejísima costumbre de que ocurrieran en fecha 16 de agosto, mucha gente habrá pasado por alto el feo espectáculo ofrecido por muchos gobiernos locales.

Se ha de recordar que la decisión para ese cambio de fecha obedece a un mandato constitucional, a partir de la más reciente reforma a la Carta Magna. La fecha fue estrenada al asumir sus cargos, en medio de la pandemia, las actuales autoridades de los municipios dominicanos.

Pero también hay buenas nuevas relacionadas con los gobiernos locales. Se acaba de juramentar a los miembros del Gabinete de Descentralización. Con ello se busca, según se ha explicado, “fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en los territorios e impactar en la calidad de vida de las familias dominicanas”.

Incluso, hasta una expresión con rima ha sido usada para dar a conocer ese propósito: “que el bienestar de la ciudadanía sea gestionado desde la cercanía”.

La responsabilidad del referido gabinete también ha de estar acogida a lo estipulado en nuestra Carta Magna, cuyo Artículo 204 reza: “El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos”.

Con ello se responde a una aspiración vieja en la sociedad dominicana. Desde antes del nacimiento de la República, Duarte planteaba la preponderancia del Poder Municipal. Incluso, aunque nunca llegó a ser aplicada, existió una Ley, la 166-03, que disponía la entrega del 10% del ingreso no especializado del Presupuesto Nacional a los Ayuntamientos.

Pero si seguimos revisando la Constitución, encontraremos que en su artículo 206, expresa: “La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.

Y todavía más: agreguemos a ello lo que plantea el Artículo 18, párrafo IV, de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios. “Los ayuntamientos podrán solicitar la delegación de determinadas competencias al Gobierno Central, respondiendo a la demanda de la población y a partir de la demostración de que pueden hacer un ejercicio de las mismas más eficiente, eficaz, transparente y participativo”, reza el referido texto legal.

De solo leerlo, uno piensa que se trata de algún texto “colado” o relacionado con realidades muy ajenas a las nuestras. ¿Cuántos ayuntamientos se han apoyado en ese párrafo para asumir alguna responsabilidad? O quizás más allá. ¿Alguien recuerda a una ciudadanía empoderada reclamándole eso a alguna entidad edilicia en nuestro país?

Hasta ahora hemos tenido, más por iniciativa del Ejecutivo que por reclamo de las municipalidades, y ni decir sobre exigencia ciudadana, transferencia de recursos desde el gobierno central a los gobiernos locales.

Ojalá que, con el trabajo del recién juramentado Gabinete de Descentralización, se propicie un tema clave: la real participación de la ciudadanía en procesos que generen oportunidades y repercutan en dinamismo económico, como vía para avanzar hacia el anhelado bienestar en los territorios.

Para ello hay muchas tareas de cara a superar la tradición de votar a candidatos que ni siquiera conocen sus atribuciones, que comienzan denostando a sus antecesores, que, en la mayoría de los casos, se dedican a entretener a la gente y terminan siendo otro más del montón.

Esta fórmula para el avance ayudaría a superar una etapa caracterizada por la abundancia de “dictadorcitos” que se disfrazan y por figurines que logran encantar a gente incauta.

Rub N Moreta

La mancha de sangre de Joaquín Balaguer

En 1978 la República Dominicana inició su Era Democrática. Es un período, como ningún otro de nuestra historia, que ha logrado instaurar elecciones cada cuatro años, respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas (sin asesinatos, ni presos políticos, sin persecución ni destierros a opositores, plenas libertades de expresión del pensamiento, de prensa, de reunión, a libre empresa, entre otros privilegios libertarios).

Este inhabitual periodo se inició el 16 de agosto del 1978, con la ascensión al poder del hacendado Antonio Guzmán Fernández, quien, cobijado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) inició un admirable período de cambios sociopolíticos que se extienden cuarenta años después.

Estas cuatro décadas han sido de gran provecho político, porque se ha robustecido el modelo democrático. En sentido general, se han destronado los moldes opresivos que implantaron en el siglo XIX los grandes caudillos Pedro Santana, Buenaventura Báez y Ulises Heureaux, y que continuaron durante gran parte del siglo XX Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer.

La subyugación política durante el siglo XX anego de sangre esta media isla. El tirano Rafael Leónidas Trujillo flageló al pueblo, imponiendo un prototipo omnímodo, negador de todas las formas democráticas. Joaquín Balaguer fue el gran continuador de ese esquema autoritario. Construyó una dictadura ilustrada, que simulaba y hacía aspavientos libertarios, pero en el fondo, su absolutismo y totalitarismo eran los acordes sonoros de una triste melodía.

Objetivamente, el gran protagonista político del siglo XX fue Joaquín Balaguer, no Trujillo, porque el intelectual navarrense supo servirle al déspota sancristobalense, heredarlo, y a posteriori camuflarse con traje de demócrata.

La gran hazaña de Balaguer fue lograr, post mortem, una laudatoria declaratoria de Padre de la Democracia Dominicana, que confundirá a los historiadores de la posterioridad en torno a quien fue –certeramente- dicho personaje, porque al estudiarlo detectarán sus manchas de sangre, pero también, sus aciertos en la conducción de la nación, su tino, frugalidad, nacionalismo y pactos con el entorno liberal, no obstante, sus escuálidas raíces y convicciones conservadoras.

No hay dudas de que Joaquín Balaguer fue un político astuto, inteligente y con claro sentido de la historia, porque supo adaptarse a las nuevas situaciones que se les presentaron en su larga vecindad al poder. Pero la historia tendrá que juzgarlo críticamente, porque sus manos están manchadas de sangre.