(Boletin Interno)
Regulaciones y Tarifas en periodos de crisis (Crispulo Marmolejo)
El debate en torno a la incertidumbre de suministros de gas y electricidad unido al anuncio de que algunas empresas restringirían los porcentajes de flujos hacia clientes corporativos, ha reeditado a nivel nacional la discusión sobre los temas centrales de la Economía de la regulación: los marcos legales de operación de los servicios, el sistema tarifario y los incentivos para mantener los niveles de competencia en dichos mercados, resguardando el interés de los consumidores, atendida la naturaleza de utilidad publica de estas prestaciones. La noticia del Ministro de Economía señalando que Mayo sería un mes complicado en el tema energético, reveló como en todas las crisis, que el modelo regulatorio de energía ha sido puesto a prueba en su eficacia, frente a lo cual cabe preguntarse en estas horas cuales serán realmente sus efectos y proyecciones. Treinta y tres años atrás, el premio Nobel de Economía George Stigler comentaba una situación similar en su trabajo “What can regulators regulate?. The case of electricity ( escrito con Claire Friedland). En ese paper, Stigler sostenía que las regulaciones tienen por objeto entregar bienestar. Pueden hacer otras cosas, pero la determinación dominante de la regulación está en ese afán de transferir bienestar a la comunidad. Si ese bienestar no se transfiere efectivamente, entonces el modelo es ineficiente. Por el contrario, si la regulación no entrega bienestar a los consumidores, puede imponer a las firmas altos costos financieros y administrativos; crear incertidumbre; reducir la flexibilidad de las empresas y retardar el proceso de toma de decisiones. ¿No es ese el caso de Argentina, cuyas autoridades permanentemente en los últimos días han señalado a las empresas del rubro como las causantes de la crisis, esquivando la responsabilidad del gobierno en la dictación de los polémicos decretos tarifarios de la administración Kirchner? Así lo señaló el informe ad hoc preparado a principios de Marzo de este año por Standard & Poors, una de las mas importantes Clasificadoras de Riesgo País que advirtió sobre las ineficiencias regulatorias trasandinas y sus efectos en Chile. Es precisamente el costo de esa regulación ineficiente el que presidente Kirchner pide solventar con una ayuda extraordinaria del FMI. Toda regulación debe reducir los costos de transacción para los agentes del mercado y principalmente los consumidores; si esa reducción no se produce, o si, por el contrario, no solo los aumenta sino que los transforma en aumentos tarifarios, entonces el sistema pierde eficiencia y el ciudadano consumidor comienza a desconfiar del regulador. Claramente el regulador de servicios públicos tiene como misión emular al mercado en el funcionamiento del sistema y en lo estándares de competencia y fluidez para el consumidor. De otra forma, el anuncio de encabezar una reforma energética a cargo de una empresa estatal como ENAP – al estilo de la gestión CORFO de la década de los 60 - no ayudan a generar la solución país, tecnificada, eficiente y certera que los consumidores de “utilities” esperan.