Los inicios (la formación de los criterios institucionales)
Con estos instrumentos se amplió la jurisdiccionalidad de los tribunales militares, al tipificarse la subversión como un delito de traición a la patria. Posteriormente, como forma de enmarcar el estado de excepción que caracterizó al régimen fujimorista, se usó esta figura legal —la traición a la patria— para ampliar las atribuciones de los jueces militares hacia casos de narcotráfico e, incluso, de delincuencia organizada. Todo ello condujo a una situación altamente distorsionada que, como se intentó hacer, debía ser corregida cuando se inició el proceso de construcción democrática, en el 2001. Sin embargo, a pesar de exponerse ampliamente sobre la inconveniencia de las justicias privativas en un ambiente de fortalecimiento democrático, las voces en contra se opusieron y, entre otras cosas, evitaron que la justicia militar quedara subordinada al sistema judicial peruano. De esta manera, un instrumento que fue inicialmente diseñado para establecer los debidos controles sobre las relaciones entabladas entre superiores y subordinados, fue ampliando sus funciones, y con el transcurso de los años apareció como un mecanismo institucional de control y represión social, hasta encontrar su máxima expresión durante los años del autoritarismo fujimorista.
La misión civilizatoria El marco legal que definía las funciones de las fuerzas armadas a comienzos del siglo XX estableció que debían defender al Estado de las agresiones externas, asegurar la integridad de las fronteras y, asimismo, el orden interno y el cumplimiento de la Constitución. Aunque este ámbito de acción permitido era lo suficientemente impreciso como para generar todo tipo de interpretaciones, los militares fueron fortaleciendo su propensión a la intervención política, entendiendo, en efecto, a su manera estas definiciones constitucionales, pero también como un resultado de algunas situaciones derivadas de su práctica que sirvieron para autoasignarse funciones que, en teoría, debían conducir otras dependencias del Estado. El Estado que empezó a reorganizarse en 1895, con el gobierno de Nicolás de Piérola, tuvo como eje ideológico una noción de progreso tal como lo entendía la tradición positivista. En este sentido, fue claro que debía impulsar lo que entonces se denominaba una “misión civilizatoria”. Para el Perú consistía en, básicamente, cómo operar para incorporar bajo un sentido paternalista a la población indígena, en medio de la generación de una corriente de opinión, el indigenismo, que adquirió una importante legitimidad no tanto por las propuestas que ofrecía (de las que más bien era escasa), sino en la conformación de un ambiente afectivo
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