3. La Constitución de 1823

dentes en los siguientes veinte años, es decir un gobernante cada ocho meses, y se escribiesen seis constituciones en ese lapso.

El enfoque fatalista sobre la posibilidad de un Perú realmente democrático procede de la forma en que se analizan los hechos históricos; por ejemplo, Basadre dice que Bolívar “no tenía, en realidad, a su alrededor al estadista peruano a quien podía dejar el poder”. Sin valorar los posibles candidatos que tuvo Bolívar, tales como La Mar, Unanue, Sánchez Carrión, el punto de Basadre es hasta ahora válido para muchos peruanos e igualmente equívoco. Todos los dictadores dicen, y son apoyados desgraciadamente por una buena parte de la población, que no tienen a quién dejarle el poder, que no existe en el país un estadista con experiencia. Efectivamente, no lo habrá nunca si el tirano sigue en el poder. Ningún dictador, ni Odría, ni Velasco, ni Fujimori, fueron estadistas antes de asumir el gobierno.

3.LA CONSTITUCIÓN DE 1823

Antes de comentar la Constitución Vitalicia impuesta por Bolívar en 1826, hagamos un pequeño paréntesis para hablar de la constitución de 1823, y su fuente de inspiración: la constitución española aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812.

Aunque breve en duración, las Cortes de Cádiz influyeron en América tanto en el pensamiento de los patriotas latinoamericanos como el de las autoridades virreinales. En los patriotas alentó sus acciones independentistas. En algunos peninsulares, como en La Serna y sus generales de confianza, Valdés y Canterac, los llevó a derrocar al virrey Pezuela, defensor del absolutismo, y formar un grupo liberal que de vuelta a España logró controlar gran parte de la vida política del reino.

La invasión francesa de 1808 y la imposición de José Bonaparte como rey, no logró acallar a los líderes españoles, quienes se refugiaron en Cádiz protegidos por la armada inglesa. Los miembros de esas Cortes emitieron una ley liberal, la primera que tendría ese país. El artículo primero otorgaba la nacionalidad española a todos los americanos de las colonias, otorgándoles los mismos derechos que a los peninsulares, entre ellos, el derecho de nombrar representantes en las Cortes de España. Entre otras disposiciones liberales, las Cortes de Cádiz decretaron la supresión de las mitas y los tributos de los indios del Perú, y la abolición de la esclavitud.

Las Cortes de Cádiz también eliminaron los poderes absolutos que tenían los reyes de España, dieron por terminada la Santa Inquisición, protegieron la libre expresión, la imprenta y los derechos individuales. Otro avance importante fue que decretó que eran españoles tanto los nacidos en la península ibérica como los habitantes de las posesiones en América. En fin, la Constitución de Cádiz fue un

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documento revolucionario promulgado en momentos en que el autoritarismo del imperio napoleónico asfixiaba a España y gran parte de Europa

Hay que resaltar que el veinte por ciento de los diputados de la Cortes fueron americanos, entre ellos cuatro peruanos. Uno de ellos fue el cusqueño Dionisio Inca Yupanqui. Otro fue el abogado limeño Vicente Morales Duárez, quien llegó a ser Presidente de las Cortes de Cádiz, y que al morir repentinamente cuando ocupaba ese alto cargo recibió como reconocimiento a su valía las exequias correspondientes a un rey de España.

En el Perú, Abascal, virrey conservador, se vio obligado a hacer jurar la nueva Constitución de Cádiz y a convocar elecciones para elegir a los diputados que irían a España a representar al Perú* . Gran revuelo causó tal convocatoria, en los cabildos hubo pugna entre criollos y peninsulares por ser elegidos. Se acababa la discriminación entre peruanos y españoles, todos eran ciudadanos del mismo reino.

La represión brutal con la que Fernando VII silenció ese ambiente progresista no extinguió las ideas liberales en el Perú, al contrario, sirvió para que los intelectuales criollos unieran sus esfuerzos a los de San Martín y, más tarde, participaran en la redacción de la primera constitución. Es así como seis de los ocho diputados que escribieron el “Discurso Preliminar” de la primera constitución fueron maestros del Convictorio de San Carlos, centro educativo de ideas liberales.

Nuestra primera constitución ha sido criticada despiadada y unánimemente por los más respetables historiadores peruanos. Basadre, Vargas Ugarte, De la Puente y muchos más, coinciden en acusar a la Constitución de 1823 de ser utópica, alejada de la realidad y perjudicial para el Perú. No debe sorprender que se haya dedicado muchas páginas a maltratar una constitución que nunca estuvo vigente porque la inspiración que irradió su texto puso en entredicho a tantos gobiernos autoritarios que apoyaron los historiadores conservadores, la mayor parte de veces por omisión de comentarios.

La acusada influencia de la constitución española de 1812 fue fructífera ya que dio a la peruana de 1823 su inspiración roussoniana y liberal que pretendía poner el Estado al servicio de los ciudadanos y no al revés. Veamos dos importantes artículos de la constitución peruana de 1823:

Artículo 4º. - Si la Nación no conserva o protege los derechos legítimos de todos los individuos que la componen, ataca al pacto social: así como se extrae de la salva-

* Un revelador análisis sobre el papel del virrey Abascal y su relación con la élite peruana aparecen en el libro EN DEFENSA DE LA AUTORIDAD. (Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal, Perú 1806-1816. Autor: Víctor Peralta Ruiz. Biblioteca de Historia de América. CSIC. Madrid. 2002.

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guardia de este pacto cualquiera que viole alguna de las leyes fundamentales. Artículo 5º. - La nación no tiene facultad para decretar leyes que atenten a los derechos individuales.

Estos artículos presuponen un pacto social entre individuos y Estado. De este modo si el Estado incumpliera su parte, es decir, si no conservara o protegiera los derechos de los individuos, éstos no tendrían por qué obedecerlo. Lo que parece justo y lógico, a Basadre le parece extremoso porque “tácitamente reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”. Es verdad, el artículo acepta el derecho que tiene el pueblo a levantarse contra el Estado si éste lo avasallara. Desgraciadamente, esta desobediencia civil no se ha cumplido en las muchas oportunidades en que el Estado no sólo no ha protegido los derechos de los individuos, sino que ha sido él quien los ha violado. Dice nuestro respetado historiador que “la candorosa fe doctrinaria de los liberales fue sorda al patético significado de las realidades”. Pero, ¿cuál era la realidad que enfrentaba el Perú, si no el peligro de que los libertadores se convirtieran en los nuevos amos? Esta era la verdadera amenaza. Lo otro, el temor a que la falta de un gobierno fuerte pudiese engendrar el caos, es una excusa que esgrimen los tiranos para perpetuarse. Pinochet, Fidel Castro, Velasco Alvarado, Fujimori y últimamente con explícita rememoración Hugo Chávez, han seguido una tradición bolivariana de opresión a la oposición.

Regresemos a la Constitución de 1823. En uno de sus artículos dice que el Estado garantiza el derecho a la educación, ya que ésta es una “necesidad común” para “todos los individuos”. Ordena, además, que debe haber “escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños”.

Junto con ese avance verdaderamente revolucionario, ya que durante la Colonia se quiso perpetuar intencionadamente la ignorancia del pueblo, hubo otro artículo que es preciso reproducir aquí. El artículo 193 declara inviolables los siguientes derechos individuales y sociales: 1.- La libertad civil. 2.- La seguridad social y la del domicilio. 3.- La propiedad. 4.- El secreto de las cartas. 5.- El derecho individual de presentar peticiones o recursos al Congreso o al Gobierno. 6.- La buena opinión o fama del individuo, mientras no se le declare delincuente conforme a las leyes. 7.- La libertad de imprenta en conformidad a la ley que la regule. 8.- La libertad de la agricultura, industria, comercio y minería, conforme a las leyes. 9.- La igualdad ante la ley, ya premie, ya castigue.

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No podemos dejar de mencionar que el avanzado pensamiento de la Constitución de 1823, referente a la protección de los derechos individuales, fue un serio preludio de la Declaración de los Derechos Humanos del siglo XX.

Bolívar no fue el único jefe de Estado del Perú que violó cada una de las garantías de la Constitución, entre él y Fujimori hubo muchos presidentes que también lo hicieron. Eso es una desgracia nacional, sin embargo hay importantes historiadores que no lo consideran así. El jesuita Vargas Ugarte se felicitaba, por ejemplo, de que la duración de esa constitución de 1823 “ por fortuna no fue muy larga”. El historiador no mencionó que esa constitución no sólo no fue larga sino que verdaderamente nunca estuvo en vigor.

Para reforzar su ataque, tanto Basadre como Vargas Ugarte se apoyan en la opinión del colaboracionista José María Pando. Efectivamente, Pando al momento de presentar la Constitución Vitalicia de Bolívar a los Colegios Electorales, lo acompañó con un escrito en el que atacó a la Constitución de 1823. Nuestros dos insignes historiadores hacen eco a ese documento. Decía engañosamente Pando que la Constitución de 1823 “en lugar de crear un ejecutivo fuerte, que era lo que el país necesitaba, crearon un espectro del poder y, por lo mismo fueron causa de que el país cayera en la anarquía, de la cual no se libró sino la mano férrea de Bolívar, que concentró en sí todos los poderes”. En la circular a los prefectos, Pando hace uso de su desparpajo político al afirmar que a causa de la Constitución de 1823 “El desorden, la inobediencia, la dilapidación, se introdujeron en todos los ramos de la administración pública” y que forzados por ello el congreso no tuvo más remedio que darle poderes dictatoriales a Bolívar y eso fue “un milagro de la providencia” gracias a “la moderación singular del Dictador nos salvó de la tiranía”, porque “sabe que a la grande alma del Libertador le pesa la ilimitada autoridad de que está revestido”

Nuestro insigne historiador De la Puente y Candamo advierte que la Constitución de 1823 “es fuente de mal ejemplo y suscita la incredulidad frente a las instituciones republicanas”.Quizá para él como para muchos historiadores el pueblo debe obedecer al Gobierno porque, según ellos, en la obediencia radica la institución republicana. No hacen referencia a que es difícil encontrar un pueblo más obediente, ingenuo y sumiso que el peruano. En todo caso, recordemos que la anarquía no la creó la Constitución de 1823 sino los golpistas de Balconcillo, todo lo que pasó después fue una consecuencia de la inestabilidad que crearon los militares.

Lo que sucede es que el camino a la democracia es difícil y muchas veces confuso. Frente a la interminable paciencia que se tiene en el Perú con los dictadores, el menor error o desgaste de los gobiernos demócratas desencadena un inmediato descontento que termina en un golpe militar. El ejemplo más vergonzoso fue el derrocamiento del presidente demócrata Bustamante y Rivero a escasos tres años

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de su gobierno (1948) por un general, Odría, que implantó una dictadura de ocho años. También podíamos añadir la caída de Belaúnde en su primer gobierno, o del autogolpe de Fujimori y las consecuencias en ambos casos. La lista sería muy larga, es mejor que regresemos.

Las críticas que sufrieron los liberales peruanos de 1823 por reducir el autoritarismo del Estado, fueron similares a las que recibieron los diputados de las Cortes de Cádiz. La diferencia estriba en que los historiadores de España no denigraron el esfuerzo liberal. Por ejemplo, el historiador español José Terrero dice al respecto:

Realmente el régimen constitucional no tenía arraigo en las masas populares, acostumbrada a una tiranía secular (…) La educación política no se improvisa, se hace lentamente como los buenos vinos. Sostener que aquellos liberales eran todos malos políticos porque no fueron capaces de afianzar el constitucionalismo, sería tanto como considerar imbéciles a todos los absolutistas del mundo (…) Los pueblos como los niños, cuando comienzan a andar, tropiezan y caen: es duro el aprendizaje, hasta conseguir mantenerse erguido y pisar firme. Si los liberales fracasaron en un ensayo de tres años ¿qué se puede decir de los que heredaron el absolutismo de Carlos V?

Lo anteriormente expuesto no intenta cubrir algunas deficiencias de la Constitución de 1823, que las tenía y graves, porque si de algo adolecía era de quedarse corta en su liberalidad, por ejemplo, excluía cualquier religión que no fuese la Católica. Este artículo fue aprobado con los votos en contra del sacerdote diputado Javier Luna Pizarro, y del ex rector del Convictorio de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza. También fue tímida y discriminatoria en las condiciones que imponía para ser ciudadano. Para ello era necesario saber leer y escribir, luego la población indígena quedó excluida. También era requisito “tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero”. Estas condiciones se aumentaban para ser elegido diputado, ya que se requería “Tener una propiedad que produzca trescientos pesos cuando menos, o ejercer cualquier arte, u oficio, o estar ocupado en alguna industria que los rinda anualmente, o ser profesor público de alguna ciencia”.

La Constitución de 1823, que podía ser considerada una constitución liberal en sus tiempos, dista bastante para llegar a ser una constitución progresista e integradora, tal como la vemos hoy. Cristóbal Aljovin, en su imprescindible libro -Caudillos y Constituciones-, dice que los “criollos y mestizos desarrollaron una doble moral en sus relaciones con los indios”. En otro libro* , Aljovín, confirma la gran deficiencia de esta constitución: el poder quedaba en manos del parlamento,

* La Independencia del Perú: de los Borbones a Bolívar.

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