Una publicación de: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud. Año 7 Junio - Julio de 2011 ISSN 2027-5048
Con el auspicio de:
Asdi
©Cortesía BORJA PALADINI
Número 60
La protección que piden las víctimas
editorial
Asdi
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Pnud Año 7, N° 60, Junio - Julio de 2011 issn 2027-5048
La protección de las víctimas y los defensores: la prioridad
C
olombia vive un clima positivo y un momento histórico, que quizá sea la oportunidad para reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado. Con la aprobación de la ley de víctimas en el Congreso se da un paso importante en materia de verdad, justicia y reparación y se espera que sea un instrumento que pueda atender, reparar y comenzar un am-
bicioso proceso de restitución de tierras a quienes las perdieron a causa del conflicto. Esta valiosa iniciativa tendrá el efecto deseado si desde ya se logra un clima de seguridad para los procesos de reparación y restitución y las víctimas –siempre el elemento central de los mismos– y si se sienten seguras y protegidas para participar en estos. Porque es
Bruno Moro Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Pnud
difícil pensar que una víctima vaya a acudir a reclamar sus derechos si con ello pone en
Alessandro Preti Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación - Pnud
lidad para ella, él o sus familias. Lamentablemente, hay realidades que siguen preocu-
Redacción y Dirección Olga González Reyes Agradecimientos Gustavo I. de Roux Elizabeth Yarce Irina Marín Borja Paladini Adell Carlos Iván Lopera Fernando Travesi Lluis Castellar Simone Bruno Diana Losada Oacnudh Página Web Javier Augusto Núñez Reconocimiento especial Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación del pnud, Nueva York Diseño, impresión y acabados Impresol: (1)2508244 www.impresolediciones.com Revista Hechos de Paz Avenida 82 N° 10-62, Piso 3, Bogotá, Colombia Teléfono: (57-1) 4889000 ext 172 http://hechosdepaz.pnudcolombia.org Comentarios: olga.gonzalez@pnud.org.co
peligro su vida. Es difícil creer que una ciudadana pueda tener realmente garantizados sus derechos si los mecanismos para ejercitarlos y restituirlos no garantizan la tranquipando: el número de líderes y lideresas de organizaciones de víctimas que han perdido la vida por reclamar sus derechos y la cantidad de víctimas que en los últimos meses y años han recibido amenazas, presiones o violaciones que afectan su dignidad por ejercitar sus derechos y reclamar lo que les corresponde. La misma situación la enfrentan muchos defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia con los procesos que lideran en diferentes regiones y que los ha convertido en actores determinantes en una democracia, pero, al mismo tiempo, de señalamiento por parte de los violentos. Existen distintas expresiones de un nuevo clima, muy positivo, destinado a hacer frente a estas realidades que viven las víctimas, sus organizaciones y los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Y en este contexto, es posible que el Estado en su conjunto genere las condiciones de seguridad pública –especialmente en las regiones– que les permitan a las víctimas ejercer sus derechos y contar con una protección efectiva que incluya una coordinación de las instituciones. Se requiere, además, que se tengan en cuenta los enfoques diferenciales para las mujeres u otras poblaciones en alto riesgo. La experiencia internacional ha enseñado que los procesos de reparación y restitución a las víctimas del conflicto pueden fracasar si no se abordan con firmeza la protección y la seguridad de las víctimas. En el caso de los defensores y las defensoras, hay que seguir acompañando e impulsando los esfuerzos para garantizar el ejercicio de su labor, su protección y los mecanismos que permitan mejorar su situación. Hay manifestaciones que van en esa dirección. Por un lado, la firma –bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República– de la Declaración Conjunta, surgida de un espacio tripartito (sociedad civil, Estado y comunidad internacional) que se ha conformado para construir de manera participativa la política pública de derechos humanos y Dih. Con la realización de foros regionales, otros mecanismos de participación ciudadana y una conferencia sobre el tema a finales del año, se esperan tener muchos de los insumos que nutran esta política y legislación en la materia. Por otro lado, con el liderazgo del Ministerio del Interior, están la Mesa Nacional de Garantías de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y sus mesas territoriales, una instancia de alto nivel, también tripartita, que aunque tiene un largo recorrido aún en el horizonte, está permitiendo el diálogo y la discusión sobre cómo garantizar los derechos y proteger a los defensores, la interlo-
Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones del Pnud, su junta directiva, ni los Estados miembros.
cución nacional sobre el tema y la construcción de confianzas Estado-sociedad civil. Con la participación activa de diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil, se están haciendo importantes esfuerzos, que deben todavía reforzarse y concretarse para que las víctimas, sus organizaciones y los defensores y defensoras puedan reclamar sus derechos de manera libre y segura. Todos estos son elementos esenciales de cualquier proceso de un Estado hacia la superación del conflicto y una paz duradera y sostenible. Bruno Moro Representante Residente del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud)
• Hechos de Paz
“
La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras marca un avance histórico. Es la culminación de un esfuerzo iniciado por el Presidente Juan Manuel Santos para poner verdaderamente en el centro de atención a las víctimas. Su implementación va a significar un nuevo horizonte de esperanza en la búsqueda de la paz y la reconciliación del país”. Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
agenda de paz Secretario general de la ONU en Colombia Del 10 al 12 de junio estará en Colombia el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien adelantará una apretada agenda. Se reunirá con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y representantes de otros poderes del Estado. Y asimismo, está prevista su visita a varios lugares del país donde Naciones Unidas tiene presencia, actividades y brinda acompañamiento a instituciones y a organizaciones de la sociedad civil. La última vez que un Secretario General visitó Colombia fue en 1990, con el peruano Javier Pérez de Cuéllar. © Foto BORJA PALADINI
Un Centro de documento sobre desarrollo humano Está en funcionamiento el primer Centro de Documentación sobre Desarrollo Humano en América Latina especializado en los Informes Nacionales de Desarrollo Humano. Se busca que este no sea sólo un repositorio -o espacio de almacenamiento digital- de documentos relacionados con el desarrollo humano, sino que promueva la gestión del conocimiento en desarrollo humano y, por eso, tiene una novedosa alternativa de clasificación y búsqueda de los Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano (INDH). Esta iniciativa del PNUD está a disposición de la comunidad en general. Se puede acceder a Centro en el siguiente link:
cartas de los lectores Hechos de paz, una herramienta comunitaria Hechos de Paz, a través de su excelente trabajo de investigación y periodismo, nos ha servido como una herramienta bien importante para la realización de foros y conversatorios comunitarios, donde los
www.centrodesarrollohumano.org
protagonistas siempre han sido la comunidad que vive en zonas de alto riesgo social con la que trabajamos. Hemos compartido la revista y en algunos casos se lee colectivamente con el objetivo de que la comunidad realice un trabajo
La protección que piden las víctimas
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Garantías para la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales
7
envíen. Un abrazo bien grande a los amigos de Hechos de Paz.
Protección a defensores de derechos humanos: saldo pendiente
9
Santiago de Cali, Valle del Cauca.
La percepción de las víctimas que participan en programas de protección
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Los ‘faltables’ en las agendas electorales
El Año Afro: una oportunidad para influenciar la historia
13
electorales. Y totalmente de acuerdo con las problemáticas que seña-
La situación afro en la región Pacífica de Nariño
18
lan porque de las víctimas, del desplazamiento o de la desaparición
¡Que Colombia asuma el Año Afrodescendiente!
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forzada no se habla aunque esos son nuestros problemas de cada
Desplazamiento afro y usurpación de territorios ancestrales
de análisis. Quiero felicitarlos por la publicación número 59 “Los infaltables en las agendas electorales”, y agradecer mucho que me la José David Solís Noguera, director Fundación Siembra Comunidad,
Muy interesante la revista sobre Los infaltables en las agendas
día. Lo que sorprende al escuchar a los candidatos a las alcaldías y a
20
las gobernaciones es que esos temas son los “faltables” en las agendas electorales de hoy en día. Maribel Larrahondo, Caquetá
Hechos de Paz •
La protección que piden las víctimas
“
El que le gusta la tierra, carga el
“Uno pide protección porque al que
terroncito”. Así lo dice José Luis
le gusta la tierra, carga el terroncito para
y rom”. Y también saben de la importancia de
Ramírez Berrío, un campesino
donde vaya. Y detrás de esa lucha, a donde
la Mesa Nacional de Garantías los defensores
del Meta, líder en la defensa de la
uno llega, van detrás también las amenazas,
y las defensoras de los derechos humanos y
tierra de la población desplazada,
porque sobre el territorio hay muchos inte-
sus mesas territoriales, otro esfuerzo liderado
que por defender su ‘terroncito’ y el de sus
reses”, dice José Luis, coordinador de la Mesa
por el Ministerio del Interior y de Justicia (ver
comunidades ha tenido que desplazarse,
Departamental de Población Desplazada del
Garantías para la labor de los defensores de de-
resistir y dejar de pensar –día y noche– sobre
Meta e integrante de la Mesa Municipal de
rechos humanos, líderes sociales y comunales),
las amenazas que sigue recibiendo.
Comunidad Desplazada de Villavicencio.
que cuenta con la participación activa de dife-
Amenazas como las del 8 de diciembre
Víctimas, integrantes de organizaciones
colombianas, negras, raizales, palenqueros
rentes instancias del Gobierno y del Estado, de
de 2010 y el pasado 8 de enero, cuando –en
sociales y defensores de derechos humanos
plataformas sociales a través de Techo Común
un mensaje de texto– le escribieron palabras
siguen recibiendo amenazas, señalamientos
(ver Protección a defensores de derechos huma-
agresivas, ultrajes y le advirtieron: “Lean
y han sido asesinados por promover la de-
nos: saldo pendiente) y del acompañamiento
bien estos mensajes, ustedes pelean por los
fensa de la tierra y de los derechos humanos.
de la comunidad internacional.
suyos, nosotros peleamos por los nuestros.
Aunque reconocen el nuevo ambiente en
Aguilas” (sic) y “Por mucho que pelen no
el Gobierno nacional, también señalan que
señala la Defensoría del Pueblo teniendo en
van a alcanzar nada. Se las pasan de fiscalia
deben aumentarse las voluntades, los es-
cuenta su trabajo en distintas regiones de
a fiscalia” (sic).
fuerzos, las acciones, las medidas y las políti-
Colombia (Ver La percepción de las víctimas
cas para la garantía plena de sus derechos.
que participan en programas de protec-
Reconocen la importancia de la Declaración Conjunta Hacia una política integral de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, liderada
La percepción de las víctimas, como lo
ción), es que aún falta más y que se requiere escuchar a las regiones para saber qué tipo de protección necesitan las víctimas, los defensores y sus organizaciones.
por la Vicepresidencia y firmada por organismos del Estado, el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional –entre ellos el Sistema de las Naciones Unidas–, que señala la necesidad de un trabajo conjunto alrededor de varios temas, entre ellos, las “garantías para todos los ciudadanos y ciudadanas incluyendo defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, gremiales y políticos; Fortalecimiento de la Mesa Nacional y las Mesas Regionales de garantías; Seguimiento a la implementación de los compromisos y recomen© cortesía cLAUDIA RUBIO
daciones internacionales;
• Hechos de Paz
Promoción y garantía del ejercicio de los derechos fundamentales colectivos e integrales de las comunidades indígenas y afro-
La protección que reclaman “Lo primero es que nos escuchen”, señala Mireya Oviedo, de la Asociación de Lideresas del Pacífico Nariñense (Asolipnar) e integrante de las mesas municipal (de Tumaco) y departamental de mujeres de Nariño. Porque ella –como representante de las 172 organizaciones de base del Pacífico que integran Asolipnar– y muchos otros líderes, defensores y voceros de organizaciones sociales de diferentes regiones del país tienen propuestas y reflexiones sobre la protección que necesitan. Porque “si no cesan las amenazas y asesinatos contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales, la política de derechos humanos puede terminar siendo una farsa”, como lo señaló el pasado 19 de abril el vicepresidente Angelino Garzón. Los esquemas de seguridad para víctimas, líderes y defensores y la protección de sus sedes –chalecos, escolta, carro, radioteléfo-
© cortesía LUIS SANMIGUEL
c. “Es prioritario que el Estado fortalezca las instituciones y organizaciones sociales, que capacite a sus funcionarios y que los sensibilice. Además, los espacios de atención a las víctimas deben contar con una infraestructura adecuada para recibir la información y proteger a las víctimas”, advierte Mireya. d. Hay desconocimiento de las víctimas e incluso de funcionarios públicos sobre los mecanismos de protección, lo que exige campañas de difusión y capacitación, señalan los líderes y las lideresas sociales. e. La protección es no solo una obligación, sino además un acto de decisión y voluntad política de funcionarios y autoridades locales, departamentales y nacionales. Y aunque es una responsabilidad, las organizaciones proponen que desde el Gobierno nacional haya una directiva presidencial dirigida a alcaldes y gober-
nos, celulares– son elementos en la protec-
algunos casos por sus posibles vínculos
ción. Sin embargo, reclaman ir mucho más
con actores ilegales. La protección pasa
allá, como lo señalaron en Antioquia (ver Las
porque haya justicia y se castiguen esas
propuestas de protección de la Mesa de An-
irregularidades, lo que ayudará a crear
tioquia) y en otros territorios de Colombia.
una cultura por los valores y el resto de
Estas son algunas de las recomendaciones
los derechos humanos, señalan.
que piden que sean tenidas en cuenta.
1. Protección, un asunto de todos “Son necesarias campañas masivas de sensibilización en derechos humanos y protección de las víctimas, en las cuales la protección no se vea como un hecho de tener Ejército o Policía, sino también como el desarme de los hábitos, el desarme del corazón, con la intención de resolver los problemas por la vía pacífica y no a través de la violencia. Y que en estas campañas y eventos participen el sector campesino, los industriales, los ganaderos y la institucionalidad pública y el sector privado. Porque cuando se llama a la protección del campesinado, pero no están todos los sectores presentes en el búsqueda de la reconciliación, dicha protección no es efectiva. Tenemos que estar todos”, advierte Gaspar Narváez Hernández, representante de la anuc Cesar y secretario general de la anuc Colombia.
b. Es necesario que la protección de las
nadores para la protección de líderes y asociaciones y funcionarios públicos.
3. Protección de tierras es protección de víctimas “Hay una disputa por el territorio porque la tierra tiene mucha riqueza, que es utilizada para acumularla, como corredor estratégico,
víctimas sea un tema de análisis, diálogo
para la ganadería extensiva o para agricultura
y toma de decisiones entre víctimas y
comercial o industrial. Y por eso las amenazas
la institucionalidad. Para Luis Alber-
y muerte de campesinos y de funcionarios
to Pérez Olaya, quien integra la Mesa
públicos”, advierte Gaspar. Es necesario una
Humanitaria del Meta y la mesa Unidad
articulación entre la protección de las tierras
Cívica Agraria y Popular del Oriente Co-
y la protección de las víctimas.
lombiano, que agrupa a organizaciones
“Pedimos protección a individuos, co-
campesinas, de desplazados y de dere-
munidades y tierras y protección al espacio
chos humanos de Vichada, Guaviare y
habitacional como tal, porque en él interac-
Meta, las violaciones de los derechos de
túan las comunidades y la naturaleza y es
las víctimas y su protección deben tra-
nuestra vida en el campo. La protección a las
tarse en espacios de diálogo, incluso con
víctimas también requiere la protección en
la fuerza pública. “En Puerto Rico, Meta,
el uso de la tierra, dada la modalidad de de-
la Policía hacía empadronamiento, pero
sarrollo que se está dando y promoviendo en
gracias a encuentros que se empezaron a
el país”, advierte Cruz Elisa Buitrago Orozco,
dar entre organizaciones campesinas, de
presidenta de la junta de acción comunal de
derechos humanos, sindicatos y la Policía
la vereda El Porvenir de El Carmen de Viboral,
sobre este y otros temas, esto dejó de rea-
Antioquia, quien insiste en estas medidas
lizarse. Estos diálogos son un avance. Y el
ante el asesinato de su vicepresidente, Wi-
espacio y las decisiones que se toman allí
lliam Andrés Álvarez Orozco, el 7 de abril de
son sin duda mecanismos de protección”,
2011 por defender los derechos del territorio.
señala. En otras regiones, como en Tu-
Y frente a esta misma problemática,
2. Justicia, fortalecimiento, capacitación institucional y difusión
maco, se requieren esas mesas de diálogo
el representante de Cesar advierte que la
en las que estén las víctimas, defensores,
experiencia ha demostrado que “la restitu-
a. Las víctimas han detectado que exis-
organizaciones e instituciones que tienen
ción de la tierra debe ser responsabilidad del
ten altos niveles de desconfianza hacia
ver con la protección de las víctimas,
Gobierno y no gestión directa del campesino,
funcionarios públicos y agentes de la
afirma Mireya: “el tema tiene que tratarse
porque eso lo convierte en objetivo militar
fuerza pública en los territorios, en
abiertamente en las regiones”.
inmediato. La única gestión del campesino
Hechos de Paz •
Las propuestas de protección de la Mesa de Antioquia
debería ser la de informar que ha sido desposeído para que, a partir de dicha información, las autoridades actúen de manera eficiente”.
Para disminuir los riesgos de la población y mejorar la atención que
4. Acompañamiento y atención inmediata Para las víctimas, es necesario contar con algo que, en muchos casos, representa la vida o la muerte: “en un caso de emergencia, requerimos tener transporte inmediato para sacar a la víctima del lugar de la amenaza o para movilizarla con seguridad. Si bien hay un subsidio de transporte, se requiere que sea permanente”, advierte José Luis Ramírez Berrío. En otros casos, el problema que han enfrentado
se les brinda fue creada la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Ruta de Seguridad y Protección a las Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia. Este espacio detectó algunas dificultades en la ruta de seguridad y protección a las víctimas –que contempla el Decreto 1737 de 2010, enmarcado en la ley de justicia y paz– y luego de un detallado análisis identificó posibles soluciones y recomendaciones a seguir: •
en las que las víctimas tienen un mayor nivel de amenazas y
las víctimas es que los trámites administrativos no les permiten contar
vulnerabilidad, lo que implica evaluar la oportuna respuesta ins-
con recursos inmediatos para atender casos que son igual de inmedia-
titucional, diferenciar los casos individuales y colectivos, dismi-
tos. “En Tumaco tenemos la ruta de atención a las víctimas y sabemos cómo actuar en casos de emergencia, pero no tenemos el apoyo para hacer ese acompañamiento y aplicar dicha ruta. Cuando una víctima
nuir los riesgos y aumentar las capacidades de la población. •
una unidad de atención especial en Turbo, ya que, al analizar los
donde llegar y protegerse, lo que es una prioridad”, afirma Mireya.
casos de restitución de tierras y bienes, las víctimas con mayor riesgo estàn en Urabá. Ello permite visibilizar la problemática,
5. Las acciones cívico-militares se ha implementado en algunas regiones, líderes y representantes de
brindar atención oportuna y hacer seguimiento a los casos. •
si bien actualmente las víctimas que se encuentran en procesos
militares. “Un mecanismo de protección sería evitar que se realicen la fuerza pública, porque después llegan los grupos armados y señalan
de restitución tienen un mayor riesgo. •
a estas entidades sobre nuestras preocupaciones”, señala Luis Alberto.
como lo contempla el decreto. •
nes de grupos armados ilegales, que hace que cada vez sea más difícil
les, kits de alimentación y aseo, entre otros. •
también a una presencia de la fuerza pública que sea efectiva en el territorio y respetuosa de los derechos humanos y que brinde protección tanto al gran propietario como al campesino. Si se protege el territorio y a su ciudadanía, seguro que no será necesario el chaleco”.
Establecer una estrategia de difusión y promoción de la ley y las rutas de atención, tanto para las víctimas como para aquellos
el trabajo de los defensores y de las organizaciones y sus víctimas. Para ellos, como lo dice Gaspar, “la protección no se limita al chaleco, sino
Buscar estrategias que aseguren el alojamiento y la alimentación de las víctimas en riesgo, ya sea por medio de contratos con hote-
Hay una recomendación más de víctimas, líderes y organizaciones y que se refiere a la protección del territorio ante la presencia y accio-
La Policía Nacional debe definir un mecanismo efectivo que permita brindar la atención oportuna de emergencia a la víctima,
a la población de ser colaboradores. Hemos enviado cartas a la Procuraduría y la Defensoría y esperamos que la fuerza pública les responda
No subestimar la situación de las víctimas en general, en especial aquellas que ejercen un nivel de liderazgo y representación,
organizaciones han expresado su preocupación por acciones cívicoestas acciones. Así se lo han dicho las comunidades a los miembros de
Hacer una estrategia de seguridad pensada desde lo local, con instituciones que tengan injerencia en la zona, estableciendo
sale desarraigada de su territorio, no tiene nada, ni siquiera una casa a
En el marco de la política de recuperación social del territorio que
Realizar un mapa de riesgo para identificar zonas y situaciones
funcionarios encargados de atenderlas, en especial la Policía. •
Implementar procesos de prevención que contemplen el concepto de autoprotección.
•
Destinar a un funcionario de la Sijín en la oficina de derechos humanos de la Policía para facilitar la remisión y la atención.
•
Generar espacios de confianza que permitan fortalecer los canales de comunicación entre víctimas e instituciones.
•
Ofrecer acompañamiento a la víctima por parte del Ministerio Público en caso de temor y desconfianza hacia la fuerza pública.
•
Construir un directorio de enlaces que permita a las instituciones remitir a las víctimas en todo momento y sin intermediarios.
•
Hacer un trabajo de sensibilización con los medios y las instituciones para que hagan un manejo responsable de la información. La Mesa la conforman la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación sede Antioquia; la Unidad de Fiscalía de Justicia y Paz Antioquia; el Ministerio del Interior; la Defensoría del Pueblo; la Policía Nacional; el DAS; la Secretaría de Gobierno Departamental, la Dirección de Derechos Humanos, y la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia; el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y la Oficina de Asesoría en Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín; la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del programa ART Redes, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA).
• Hechos de Paz
Garantías para la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales Por el Ministerio del Interior y de Justicia
E
l proceso de garantías en su conjunto tiene dos signifi-
El diálogo y la confianza constituyen el primer paso para alcanzar
cados fundamentales. Por un lado, simboliza la aper-
los acuerdos, emprender las acciones e impulsar a la institucionali-
tura y la voluntad del Gobierno nacional de habilitar
dad hacia los fines perseguidos con el proceso de garantías. En este
un mecanismo de diálogo con las organizaciones que
propósito, de manera conjunta y armónica con la sociedad civil se
representan a defensores de derechos humanos, líderes
han dispuesto tres enfoques al proceso: la prevención, la protección
sociales y comunales. Por el otro, refleja la disposición de las autori-
y el impulso de las investigaciones sobre violaciones a los derechos
dades públicas y la sociedad civil de alcanzar acuerdos que permitan
humanos en perjuicio de los defensores, los líderes sociales y comu-
dar cumplimiento a los mandatos impuestos al Estado, a partir de
nales. El diseño metodológico del proceso y la composición de los
la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de
diferentes espacios en que se desarrolla fueron acordados entre las
derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
instituciones del Estado y los representantes de las organizaciones
Sobre estos dos aspectos, valga la oportunidad para plantear
que integran la Mesa Nacional de Garantías, con el acompañamien-
algunas reflexiones, enfatizar en el curso a seguir del proceso y dar
to de la comunidad internacional, el Programa de Naciones Unidas
alcance, político y jurídico, a esta importante herramienta de parti-
para el Desarrollo y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada
cipación y de discusión sobre la política pública emprendida por el
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Gobierno nacional.
El proceso de garantías como un mecanismo de diálogo El Gobierno nacional ha expresado, en reiteradas oportunidades, la relevancia de la labor que ejercen los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y los líderes comunales. Desde el Ministerio del Interior y de Justicia hemos enviado un mensaje claro y contundente, en el sentido de que las acciones, los logros y los esfuerzos emprendidos por el Estado se legitiman con una actitud respetuosa de los derechos, como postulados éticos y obligaciones inexcusables. Estas manifestaciones tienen asidero en el convencimiento de que la tarea que emprenden estas personas, quienes “actúan contra los problemas graves que afectan la vida de las personas en todo el mundo, como el hambre y la pobreza, la intolerancia y la discriminación, el abuso de poder y la corrupción, la inseguridad, los conflictos y la represión, la injusticia y la privación de libertad”1, constituye un aporte invaluable en la consolidación de la democracia, la participación y la paz y un avance significativo en la búsqueda de alternativas para asegurar la plena vigencia de los derechos de todas las personas. En este contexto y con la participación de interlocutores de la sociedad civil idóneos, representativos y con quienes nos identificamos en el mismo propósito de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, el Gobierno ha dispuesto los espacios de partihumanos en el país y la búsqueda de soluciones. 1 ONU, Informe del Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General, quincuagésimo quinto periodo de sesiones, 11 de agosto de 2000, A/55/292, párrafo 5.
© Foto borja paladini
cipación y discusión sobre el diagnóstico de la situación de derechos
Hechos de Paz •
Somos conscientes de que la tarea se ha iniciado, en tanto se
en Colombia, el proceso de restitución de tierras y las garantías
ha generado un clima favorable para la búsqueda y definición de
para los beneficiarios, las investigaciones por las violaciones a los
acciones de respeto y garantía de los derechos humanos y el rechazo
derechos en perjuicio de defensores, líderes sociales y comunales
a todas las formas de violencias o presión, con el pleno respaldo de
con presencia de la Fiscal General y el abordaje de las problemáticas
las autoridades nacionales, empezando por el propio Presidente de la
asociadas al sector defensa con participación y toda la disposición
República, Juan Manuel Santos Calderón. Nuestro desafío, que es de
del Ministro de la Defensa.
alta envergadura, es avanzar decididamente en todos los niveles
El proceso sigue avanzando: se proyectan dos espacios de trabajo
de la administración pública, en la consecución y verificación de
adicionales para abordar las acciones de prevención, protección e
resultados tangibles que nos indiquen, con toda certeza, que los
investigación con un enfoque diferencial (con especial considera-
esfuerzos dispuestos han dado sus frutos.
ción de las comunidades indígenas y afrodescendientes) y con los derechos de asociación y libre expresión y manifestación pública y
Respeto y garantía de los derechos humanos a partir del proceso de garantías
pacífica, que será presidido por el Ministro de la Protección Social. Un elemento adicional, pero no menos importante, tiene que ver
Las disposiciones normativas respecto de las obligaciones de
con la territorialización del proceso de garantías. Nuestra Constitu-
Colombia en el respeto y garantía de los derechos humanos, espe-
ción define a Colombia como una república unitaria, descentraliza-
cialmente contenidas en la Constitución Política y en los tratados
da y con autonomía de sus entidades territoriales; estos principios
internacionales, además de gozar de un gran contenido retórico y
constitucionales nos imponen la obligación de abordar este proceso
discursivo, imponen un mandato expreso: el Estado, representado
de garantías con especial énfasis en los entes territoriales.
por sus autoridades públicas, tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Este imperativo normativo insta al Gobierno a encauzar y cimen-
Hasta el momento, la Mesa Nacional ha desarrollado audiencias territoriales en Bogotá, Santander, Nariño, Sucre, Risaralda, Antioquia, Cauca, Atlántico, Barrancabermeja, Valle del Cauca, Norte de
tar la acción pública, con un enfoque de derechos en sus dimen-
Santander, Putumayo y Arauca. Por supuesto, el precepto constitu-
siones individual y colectiva, inherentes a la persona, irrevocables,
cional y nuestra férrea convicción nos instan y motivan a avanzar
inalienables, irrenunciables, integrales, de carácter universal e igua-
hacia todas las regiones del país en el impulso de este escenario.
litario. Es este el sentido sobre el que se sustenta el Plan Nacional de
El proceso, inspirado en nuestro compromiso político y en nuestras
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, como el instrumento
obligaciones inherentes, ha tenido la virtud de convocar a las organi-
principal de la política gubernamental, y sobre el que se afirma el
zaciones de la sociedad civil, en conjunto con los funcionarios del más
proceso de garantías para defensores de derechos humanos, líderes
alto nivel del ejecutivo, del Ministerio Público y de la Fiscalía General,
sociales y comunales.
a concretar acciones que permitan garantizar efectivamente la labor
El avance de este proceso ha permitido poner de manifiesto la
de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales.
importancia de abordar todos los temas, sin vetos y con toda la
Pero sobre todo, el proceso de garantías merece todo el apoyo de los
disposición y apertura, con las instituciones responsables y compe-
sectores de la sociedad, en la medida en que ha permitido generar
tentes desde el más alto nivel. Entretanto, sus enfoques (prevención,
confianza mutua y ha movilizado a la institucionalidad para adoptar
protección e investigación) sugieren una adecuada correspondencia
medidas en los ámbitos judicial, administrativo y político.
con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Respecto a los avances logrados en este proceso de corresponden-
Todo lo anterior se conjuga en un postulado ético y normativo: no solo la legalidad, sino también la legitimidad del Estado y sus
cia de la voluntad política con los imperativos jurídicos, es menester
instituciones se sustentan en el respeto y la garantía de los derechos
destacar los escenarios de trabajo específicos que se han emprendi-
de las personas y, de manera especial, de aquellas que promueven su
do desde la Mesa Nacional, respecto de la situación de las mujeres
defensa desde la sociedad.
© Foto SIMONE BRUNO
• Hechos de Paz
Protección a defensores de derechos humanos: saldo pendiente
© Cortesía emiro marín carvajal
Por las Plataformas de Derechos Humanos y Paz, articuladas en el espacio Techo Común1
1
E
l 23 de marzo de 2011, San Onofre (Sucre) se volvió a
siempre con tendencia a incrementar. Entre 2002 y el primer tri-
estremecer. Durante décadas esta zona del norte del
mestre de este año, el Sistema de Información del Programa Somos
país ha sido azotada por la violencia y, en esta ocasión,
Defensores ha documentado 1.327 casos de agresión contra ellos y
otro de sus hijos era asesinado. Eder Verbel Rocha,
ellas. 2010 fue crítico para los defensores, pues el 18% de los ataques
integrante del Movice capítulo Sucre, quien regresaba a
fueron asesinatos, especialmente contra líderes indígenas y quienes
su casa junto con un hermano y su hijo menor, fue masacrado por los
reclamaban tierras; el 75% de las víctimas fueron hombres y el 22%
disparos, golpes y vejámenes recibidos por sus victimarios, mientras
mujeres. Las amenazas son la agresión más generalizada, con el 61%.
su hermano e hijo huyeron para salvar sus vidas. Es otra víctima de
Las detenciones arbitrarias se siguen presentando (6%). Bogotá es
la violencia contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de de-
la ciudad con mayor número de ataques debidos a las amenazas,
rechos humanos en Colombia, cuyas cifras siguen incrementándose.
seguida de los departamentos de Cauca, Santander, Valle del Cauca,
Eder es el noveno líder asesinado que reclamaba sus tierras, desde
Quindío y Meta.
que Juan Manuel Santos asumió el gobierno, y el caso número 50 de un líder asesinado y víctima del paramilitarismo en años pasados en el país. En la última década, las cifras de agresiones contra los defensores y las defensoras de derechos humanos han tenido variaciones, pero 1 La integran la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
Reconociendo que el gobierno de Juan Manuel Santos se ha mostrado dialogante y conciliador en el tema de defensores y su protección, no ha habido disminución en las situaciones de agresión. En los tres primeros meses de 2011 se registraron 96 casos de agresión contra defensores y defensoras, de los cuales nueve correspondieron a asesinatos, cuatro a desapariciones, siete a víctimas de atentados, siete a detenciones arbitrarias y 68 a amenazas. Organizaciones como ACIN, Movice y Sinaltrainal son las que reportan mayor número de agresiones contra sus miembros.
Hechos de Paz •
Este panorama hace que la situación de los defensores en Colom-
porte terrestre, fluvial y aéreo, van en detrimento de las condiciones
bia siga siendo motivo de preocupación para la Comisión Interame-
de seguridad de los beneficiarios del decreto. De igual manera, la
ricana de Derechos Humanos (CIDH), que en su reciente informe de
contratación de servicios de seguridad privada para reemplazar los
2010 señala a nuestro país, junto con Cuba, Venezuela y Honduras,
esquemas de seguridad del DAS a defensores en riesgo agravan aún
como las naciones que mayor preocupación le generan a la Comi-
más la situación. Producto de ello, organizaciones como el Colec-
sión en materia de violaciones a los derechos humanos, entre ellas
tivo de Abogados José Alvear Restrepo y Sembrar han devuelto sus
ataques a defensores y la falta de protección. También, el último
esquemas de protección por considerarlos aun más riesgosos que
informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Hu-
los proporcionados por el DAS.
manos en Colombia coincide con tal preocupación.
Estas y otras situaciones son discutidas desde hace dos años en la Mesa Nacional de Garantías, la cual
Resulta paradójico que el ejercicio de defensa de los derechos humanos sea percibido como una labor positiva para la democracia, pero peligrosa, y sin embargo persista la agresión contra los defensores .
tiene carácter tripartito (Estado y Gobierno, sociedad civil y comunidad internacional, esta última en calidad de acompañante y facilitadora). En ella, defensores y defensoras han exigido garantías para el ejercicio de su labor, haciendo énfasis en prevención, protección e investigaciones judiciales. Pasados dos años de este proceso nacional y
Esta preocupación internacional no es para menos. Hace un año
territorial de garantías (negociación) con el gobierno anterior y el ac-
exactamente, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través del Decreto
tual, la situación se mantiene: el cambio de discurso y la disposición
1740 del Ministerio del Interior y Justicia, modificó el Programa de
al diálogo y a la concertación expresados por el nuevo Gobierno aún
Protección, reduciendo sustancialmente las medidas de protección
no alcanzan a revertir la persistente situación de ataques y riesgos
que venían siendo implementadas para casos de líderes sociales y
para el pleno ejercicio de la labor de defensa de derechos humanos
defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, indíge-
en Colombia. Las investigaciones en casos de violaciones a los de-
nas, afrodescendientes, desplazados y otras poblaciones amenaza-
rechos de los defensores siguen sin resultados y la impunidad crece.
das. La disminución drástica del monto económico para la reubica-
Las judicializaciones sin fundamento continúan, como lo evidencian
ción temporal de amenazados y la eliminación de apoyos en trans-
los casos de los defensores Carmelo Agámez, Wiston Gallego, David Ravelo y la defensora Carolina Rubio; y los responsables intelectuales de las interceptaciones ilegales aún no han sido castigados. Resulta paradójico que en un contexto en el que el ejercicio de defensa de los derechos humanos en Colombia es percibido por la opinión pública nacional como una labor positiva para la democracia, pero peligrosa y arriesgada (77% de favorabilidad según la Primera Gran Encuesta Nacional de Percepción sobre Derechos Humanos y Paz2), la agresión contra los defensores sea cada vez mayor y las medidas políticas y físicas para protegerlos se reduzcan cada vez más. La realidad es tozuda y nos muestra que, a pesar de la disposición del Gobierno en revisar y concertar con las organizaciones ajustes y modificaciones al decreto en mención, aún no hay nueva política y el clima de hostilidad y de ataque desnuda la insuficiencia e ineficacia de las estrategias gubernamentales. Si bien la afectación contra líderes y defensores de tierras es cada vez más evidente, la situación general de los defensores es preocupante. Casos como el de Eder Verbel seguirán presentándose, en tanto las políticas gubernamentales no estén acordes con su deber de proteger integralmente la vida de los hombres y las mujeres que defienden los derechos humanos en Colombia. Aunque la situación puede ser mucho peor que la reflejada por las cifras, el Gobierno nacional sigue con ‘saldo pendiente’ con los defensores y defensoras. La buena voluntad de proteger no es suficiente ante una dinámica
© Cortesía simone bruno
de agresión que parece no dar tregua.
• Hechos de Paz
2
La encuesta fue realizada en marzo de 2011 por el Centro Nacional de Consultoría, a pedido del Programa Somos Defensores, Medios para la Paz, el Cinep-PPP y la campaña internacional “Por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia”, con el apoyo financiero de Oxfam y la Embajada británica.
La percepción de las víctimas que participan en programas de protección Por Patricia Luna Paredes, Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Defensoría del Pueblo
H
a sido, es y sigue siendo un tema complejo en su diseño y desarrollo el procedimiento adoptado para brindarles protección de sus derechos a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad personal a aquellas personas que tienen condiciones de liderazgo, así como la defensa de los derechos que les asisten, o que han decidido denunciar las violaciones de derechos o participar en procesos judiciales para lograr la verdad y la justicia que les ofrezca, como resultado, la La complejidad de poner en marcha programas de protección que se encaminen de manera oportuna, idónea y eficaz a mitigar, reducir o superar los factores de amenaza que ponen en riesgo a una persona –más allá de aquellos riesgos ordinarios que debe soportar– implica contar con una política pública integral de prevención y protec-
© Cortesía defensoría del pueblo
reparación o restitución de sus derechos vulnerados.
ción soportada en una institucionalidad vigorosa,
tección vigentes en Colombia. Al parecer, es importante avanzar más
vinculante y actuante para ejecutar las acciones pertinentes. Esto
en la consolidación de una estructura regulada, orgánica y articulada
teniendo como marco de referencia una política integral de defensa
entre la nación y el territorio, que desarrolle procesos de planeación
de los derechos humanos, que forme parte de la agenda pública del
estratégica, que brinde información cualificada en torno al impacto
país y que las respuestas no sean coyunturales frentes a la situación
de las acciones de protección con perspectiva de derechos y que,
de riesgo. La anterior concepción de integralidad en una política estructurada de protección del derecho a la vida trae, también, la necesidad de vincularla
así mismo, permita generar un
La protección del derecho a la vida debe hacer parte de una estrategia de lucha contra la impunidad, castigo penal para los responsables y el derecho a la verdad.
como parte de las estrate-
análisis correlacionado entre el programa y el impacto de seguridad en el entorno de las víctimas. La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad de Atención a Víctimas, y a partir de su participación en escenarios nacionales
gias de lucha contra la impunidad, del derecho constitucional a que
y territoriales en donde se ventilan este tipo de situaciones de riesgo
los afectados tengan acceso a la verdad de los hechos que originaron
y, fundamentalmente, su trabajo de orientación psicojurídica con las
la amenaza y a que se inicien las investigaciones penales contra los
víctimas en 26 departamentos de Colombia, ha tenido la oportuni-
presuntos responsables. Ha sido poco el avance o el conocimiento
dad de explorar la percepción de las víctimas que han estado partici-
por parte de las víctimas acerca del estado actual de las investigacio-
pando en diversos programas de protección.
nes penales en curso por los hechos de amenaza de los que fueron
Sus opiniones las intentamos traducir en los siguientes elementos
objeto, situación que hace frágil la credibilidad en la justicia y que
que consideramos importantes que se tengan en cuenta:
tiene, por lo tanto, un efecto negativo que consolida los factores de
1. En cuanto al desarrollo de los programas en los territorios, las
impunidad en el país. Una consideración adicional en esta introducción se refiere a la necesidad de realizar un replanteamiento de los programas de pro-
víctimas consideraron que es poco abordado el tema en el ámbito territorial, lo que produce, como consecuencia, que exista un compromiso limitado por parte de las autoridades locales encar-
Hechos de Paz •
gadas del orden público, compromiso que se traduzca en accio-
4. El Programa de protección tiene una ‘obligación de resultado’ y,
nes concretas, recursos para la implementación de medidas o
por tanto, las medidas de protección son ‘obligaciones de medio’
expresiones de voluntad política al respecto. Como quiera que las
que deben conducir a ese resultado. Precisamente, en la opinión
respuestas provienen generalmente del nivel nacional, tal hecho
de las víctimas hubo consenso en torno a que deben ser consi-
ha tenido un efecto contrario en tanto que las autoridades tienen
deradas sujetos reclamantes del derecho a ser protegidos en su
una actuación reactiva frente a las situaciones de protección.
vida y seguridad y no como parte de una ‘obligación de medio’
2. Frente a la diversidad de grupos de población a proteger, las
que se traduce en la aplicación de medidas que, en ocasiones,
víctimas perciben que existen diferentes formas de acceso,
son poco idóneas o eficaces para superar o evitar el riesgo. La
procedimientos ágiles para algunos y demorados frente a otros
noción de sujetos de derechos está sustentada en el respeto a la
grupos (víctimas, desplazados, etc.) y que hay requisitos de cum-
dignidad humana y al cumplimiento del principio de garantía y
plimiento diferenciales, etc. Está muy presente en las víctimas
protección que le corresponde al Estado colombiano.
protegidas la sensación de que parecieran existir criterios polí-
5. En cuanto a la afectación de los hechos de amenaza, se hace más
ticos para otorgar ciertas medidas según determinadas víctimas
evidente que los programas también contemplen el goce efecti-
y no por lo que arroja el estudio de riesgo. La opinión es que se
vo de su derecho a la integridad psicológica, por lo cual se debe
debe tener en cuenta la condición de la persona humana cuyo
contar con una atención psicológica para el protegido y su fami-
derecho a la vida debe ser protegido por encima de cualquier
lia que les brinde herramientas para afrontar lo ocurrido frente a
otra consideración.
los efectos que genera el miedo a perder la vida, la inminencia y
3. Con respecto a la necesidad de hacer más visible la situación de indefensión que viven las víctimas, líderes, representantes de población desplazada y defensores de derechos humanos, las
gravedad de las amenazas, la incertidumbre en la eficacia de las medidas y el cambio de vida. 6. Sobre el perfil de los funcionarios que tienen algún tipo de com-
víctimas reiteran que persiste la estigmatización en su condi-
petencia con esta población, las víctimas manifiestan la necesi-
ción de líderes, que la sociedad permanece inerme frente a esta
dad de fortalecer sus conocimientos, habilidades y capacidades
problemática y, por tanto, no hay medidas sólidas que gene-
específicas para el análisis, el manejo y el tratamiento de este
ren garantías de no repetición de los hechos de amenazas. Las
tipo de problemáticas. En particular, señalan la importancia de
amenazas han provocado en algunas organizaciones, como por
acciones de sensibilización y formación en derechos humanos.
ejemplo de desplazados y en asociaciones de comunidades afro-
De la misma manera, indicaron la necesidad de que sus repre-
colombianas, la desestructuración de sus organizaciones dado
sentantes en los diversos espacios tengan formación y capaci-
que, para minimizar el riesgo, sus líderes han sido reubicados en
tación que les faciliten proponer medidas alternativas o sugerir
lugares diferentes a donde ejercían su proceso de liderazgo y no
recomendaciones a la hora de aprobar los diferentes medios de
se les han dado mecanismos que permitan ejercer este rol.
protección.
© Cortesía defensoría del pueblo
• Hechos de Paz
El Año Afro: una oportunidad para influenciar la historia Por Gustavo I. de Roux Consultor nacional e internacional
L
a historia de los afrodescen-
de santos cristianos, transformaron cabildos
a sus familias. Otros, una vez libres, apresu-
dientes en Colombia comenzó
y cofradías permitidos por las autoridades
raron la ocupación de territorios en regiones
con su libertad conculcada,
coloniales en matrices culturales propias e hi-
relativamente aisladas. Muchos asentamientos
sus derechos impugnados y
cieron de los cuentos, la música y los rituales,
afrocolombianos de hoy en día se explican por
menoscabada su dignidad. La
vectores para la construcción de identidades
ese proceso de diáspora de quienes prefirieron
distancia que los separa hoy en día del resto
autóctonas. Fugitivos, conocidos como ci-
integrarse a la sociedad nacional aislándose de
de la población nacional, en cuanto a indi-
marrones, establecieron numerosos palen-
sus centros de influencia y no por la vía de la
cadores de pobreza e indigencia, encuentra
ques a lo largo de la geografía neogranadina
servidumbre o la proletarización; de quienes
fundamentos en la inmensa desventaja con
entre los siglos XVI y XVIII, sociedades de
prefirieron, como los antiguos palenqueros,
que iniciaron su presencia en la nación y
frontera sui géneris relativamente autárqui-
buscar autonomía en territorios propios
en la perpetuación forzada de su situación
cas y guardianas celosas de la libertad.
donde construyeron identidades y reeditaron
de precariedad a lo largo de varias centu-
A lo largo de la historia nacional, se man-
rias. Pero además su color, diferente al de
tuvo la distancia profunda entre los ideales
los europeos, fue convertido en símbolo de
republicanos de igualdad y libertad y las rea-
condición inferior y en justificación para
lidades sufridas por los afrodescendientes, y
recortar su dimensión humana.
el prejuicio racial continuó manifestándose
Pero la historia de los afrocolombianos es
en desigualdades en acceso a oportuni-
también una historia de insubordinación y re-
dades, decisiones, ingresos, derechos y
sistencia y sus capítulos están atiborrados de
consideración social. Muchos de quienes
relatos que así lo confirman. Se sabe que su
pasaron de esclavos a trabajadores libres
rebeldía fue una constante mientras la escla-
tuvieron que derivar el sustento bajo nuevas
vitud estuvo vigente; que aplicaron decenas
formas de vasallaje sin condiciones dignas
de formas para paralizar actividades produc-
de trabajo; y los que encontraron refugio en
tivas en oposición al trabajo obligado; que
la periferia de las ciudades se vieron forzados
encubrieron orishas africanos bajo nombres
a realizar cualquier labor para darles sustento
estrategias novedosas para sobrevivir.
Tres puntales endebles Las posibilidades de avance de la población afrocolombiana en desarrollo humano y hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se afinca sobre tres puntales fundamentales, que no los únicos: la protección y defensa del territorio, el acceso a oportunidades y capacidades y la eliminación del racismo y la discriminación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para fortalecerlos, estos tres puntales son aún deleznables y enclenques.
Un Año dedicado a los afrodescendientes Por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
Este Año Internacional nos ofrece una oportunidad especial de redoblar los esfuerzos en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que afectan a los afrodescendientes en todas partes (Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos). Aproximadamente 200 millones de personas que se identifican a sí mismas como de descendencia africana viven en las Américas. Muchos millones más habitan en otras partes del mundo fuera del continente africano. Al proclamar este Año Internacional, la comunisociedad cuyos derechos humanos deben ser promovidos y protegidos. La Declaración y el Programa de Acción de Durban reconoce a los afrodescendientes como un grupo de víctimas específico que continúa sufriendo la discriminación como legado histórico del comercio trasatlántico de esclavos. Incluso los afrodescendientes que no son descendientes directos de esclavos se enfrentan al racismo y a la discriminación que perduran hoy día, generaciones después del final del comercio de esclavos.
© Cortesía elizabeth yarce
dad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un sector definido de la
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Hechos de Paz •
© fotos elizabeth yarce
Corregir injusticias pasadas En este año se reconoce el papel de los afrodescendientes en
Una campaña global El Año Internacional debe convertirse en un hito de la actual
el desarrollo global y se discute sobre la justicia para actos de
campaña para promover los derechos de los afrodescendientes. Merece
discriminación actuales y pasados que han llevado a la situación
ser acompañado por actividades que hagan volar la imaginación,
actual (Mirjana Najcevska, Presidenta del Grupo de Trabajo de
que nos hagan entender mejor la situación de los afrodescendientes y
Expertos de la ONU sobre los Afrodescendientes).
que sirvan de un catalizador para lograr un cambio real y positivo en
Manifestaciones de racismo que fueron la base del comercio de esclavos y la colonización aún resuenan hoy y se expresan de varios modos, a veces sutilmente, otras de modo inconsciente,
las vidas cotidianas de millones de personas en todo el mundo (Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos). La Asamblea General de la ONU proclamó el 2011 como Año
pero con frecuencia resulta en violaciones de los derechos de los
Internacional de los Afrodescendientes, citando la necesidad
afrodescendientes.
de fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e
Para combatir tal racismo, la Organización de las Naciones Unidas
internacional para asegurar que disfruten plenamente de los de-
creó en 2001 un Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescen-
rechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos. El Año,
dientes, cuya tarea es examinar los problemas de discriminación
además, busca fomentar la integración de los afrodescendientes
racial que enfrentan y recomendar medidas para combatirla en be-
en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales
neficio de africanos y afrodescendientes de todas partes del mundo.
de la sociedad y promover un mayor conocimiento y respeto de
El Grupo de Trabajo ha hallado que los retos están relacionados
la diversidad de su herencia y su cultura. El Secretario General de
con la administración de justicia y el acceso que tienen a la misma,
la ONU dio comienzo al Año Internacional el 10 de diciembre de
así como su acceso a una educación de calidad, empleo, sanidad
2010, Día de los Derechos Humanos.
y vivienda. Se trata, a menudo, de una discriminación estructural enraizada en las sociedades. En algunos países, especialmente en aquellos donde son una minoría, los afrodescendientes constituyen un porcentaje despro-
El principal objetivo del Año es concienciar sobre los retos que afrontan los afrodescendientes y que se promuevan discusiones que permitan promover propuestas de soluciones para enfrentar dichos retos.
porcionadamente alto de la población carcelaria y reciben sentencias
El Año Internacional cerrará con un debate de alto nivel sobre
más duras que aquellos de la etnia predominante. El establecimiento
los logros de las metas y los objetivos del Año, el cual se cumplirá
de perfiles raciales –por ejemplo, que los agentes del orden señalen a
en Nueva York en septiembre, durante el periodo ordinario de
los afrodescendientes como objetivo sistemático– ha creado y perpe-
sesiones de la Asamblea General de la ONU.
tuado graves estigmas y estereotipos sobre la predisposición de estos a la delincuencia.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, creada para promover el Año y concienciar sobre la contribución de los
En muchos países, las pruebas demuestran que cuando tienen
descendientes africanos a nuestra herencia mundial, celebrará
más acceso a la educación están en mejor posición para participar en
actos conmemorativos, seminarios, eventos culturales y otras
todos los aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad,
actividades alrededor del mundo. Todos, y en particular los mis-
así como para defender sus propios intereses.
mos afrodescendientes, están invitados a participar y a emprender
El Grupo de Trabajo enfatiza que la recopilación de datos desagregados en función de la etnia es un aspecto importante para
actividades que contribuyan a su éxito. La resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el Año
identificar y tratar los temas de derechos humanos de los afrodes-
Internacional insta a los Estados Miembros y a todos los donantes
cendientes. La política gubernamental sobre racismo y discrimi-
relevantes a aportar fondos para actividades durante el Año.
nación no puede ser correctamente formulada, y mucho menos
*Mayor información en la página web del Año Internacional de los Afrodescendientes
implementada, si tal información no está disponible. Del mismo
http://www.ohchr.org/africandescent2011 y del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afro-
modo, tampoco se puede medir el progreso.
descendientes http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/african/4african.htm
• Hechos de Paz
1. Territorios amenazados Como ha sido señalado por organizacio-
3. Discriminación racial Esta se expresa cotidianamente bajo formas
con la previa consulta, los derechos de las comunidades y la protección y la atención
nes afrocolombianas1, las dinámicas del desa-
sutiles o abiertas. Se trata de una alienación
integral a la población desplazada. Varios
rrollo, espontáneas o estimuladas por el Estado
culturalmente construida y reproducida que,
documentos Conpes se han ocupado de
en territorios que albergan propiedades colec-
además de los daños psicosociales que produ-
la ampliación de oportunidades para los
tivas , han contribuido al deterioro del medio
ce, tiene efectos perversos por cuanto dificulta
afrocolombianos. En el más reciente, el 3660
ambiente, a la fractura de las organizaciones
avanzar hacia la superación de la pobreza.
de 2010, Política para promover la igualdad
La discriminación constituye el mayor
de oportunidades para la población negra,
2
comunitarias y a la pérdida de dominio, sobre ellos, por los pobladores afrodescendientes. La
impedimento para acceder en igualdad de
afrocolombiana, palenquera y raizal, se re-
expansión de plantaciones de palma aceitera
condiciones a empleos decorosos, a la pro-
conoce la necesidad de combatir la discrimi-
ha incrementando el control de la tierra por
piedad y a educación de calidad, y para inte-
nación racial, de las acciones afirmativas y
empresarios externos, y la extensión de cultivos
grarse a la sociedad con plenitud de liber-
de la acción sin daño.
de uso ilícito, apoyada por actores armados
tades y derechos. Incide, por ejemplo, en el
ilegales, ha quebrantado lazos comunitarios
incremento de la deserción escolar y reduce
men importante de programas para pro-
y afectado el derecho de los habitantes al uso
la capacidad niveladora de la educación, por
piciar el desarrollo de las comunidades de
y disfrute del territorio en el ejercicio de sus
discriminación en el empleo. Los afrocolom-
afrodescendientes contrastan, sin embargo,
maneras sociales y culturales de ser. El recono-
bianos suelen recibir trato diferencial en el
con sus magros resultados, como ha sido
cimiento de derechos de propiedad colectivos
mercado laboral y ganar menores ingresos
puesto en evidencia por investigadores
se ha visto menoscabado por la proliferación
que otros conjuntos poblacionales por el
y por organizaciones afrocolombianas4.
de actividades extractivas y por el conflicto
desempeño del mismo cargo3.
armado. Como corolario, los afrocolombianos terminaron siendo las principales víctimas del desplazamiento forzado por causas violentas.
2. Oportunidades escasas Como ha sido evidenciado en muchos estudios, los afrocolombianos presentan indicadores de pobreza que ponen de manifiesto la contundencia de sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Por causa de mayor pobreza, son ellos los que más ayunan. La pobreza es un fenómeno multicausal, pero entre sus causas concurre una que es determinante: la falta de oportunidades. Los mayores porcentajes de analfabetas, las menores tasas de vinculación a la educación superior, los promedios más bajos en años de educación y los resultados más precarios en pruebas que miden el aprendizaje demuestran menores opciones de acceso a educación y a educación de calidad. Las restringidas oportunidades que obtienen los afrocolombianos se reflejan en tasas más elevadas de mortalidad infantil por menor acceso a vacunación, sobre todo en la región Pacífico, y de mortalidad materna,
La amplia legislación existente y el volu-
4 Viáfara, C. (2007). Documento preparado para el DNP
Esfuerzos estatales a favor de la población afrocolombiana La Constitución Política de 1991 abrió las
como insumo para la formulación del “Plan integral de largo plazo para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal”. Bogotá: DNP-PNUD;
puertas a un desarrollo legislativo frondoso dirigido a disminuir la vulnerabilidad de los afrocolombianos. Con la Ley 70 de 1993 les fueron reconocidos a las comunidades negras derechos de propiedad colectiva sobre tierras de ocupación ancestral. Medidas subsiguientes de carácter legal ampliaron sus posibilidades de participación y reafirmaron la protección de la identidad cultural. El Estado, al aprobar el Convenio 169 de la OIT, se obligó a establecer procedimientos de previa consulta antes de autorizar la explotación de los recursos existentes en sus tierras. Pero, además, la Corte Constitucional ha afinado la jurisprudencia relacionada
por menor acceso a controles prenatales y a atención de calidad. Pero, además, la población
3 Mosquera, C. y Rodríguez, M.M. (2009). Hablar de
afrocolombiana está menos cubierta por el
racismos y discriminación racial: elementos para cues-
servicio de acueducto y alcantarillado y, en cu-
tionar la ideología de la igualdad racial en Colombia.
anto a calidad de la vivienda, lleva la peor parte.
En Mosquera, C. y León, R.E. Acciones afirmativas y
1 Entre otras, el PCN (Proceso de Comunidades Negras)
lombiana, palenquera y raizal. Bogotá: Universidad
(2007). La situación de las comunidades afrocolombia-
Nacional; Viáfara, C.; Urrea, F. y Correa, J.B. (2009).
nas: Síntesis del Informe a la Comisión Interamericana
Desigualdades sociodemográficas y socioeconómicas,
de Derechos Humanos. Washington DC.
mercado laboral y discriminación étnico-racial en Co-
2 Alrededor de cinco millones de hectáreas han sido
lombia: análisis estadístico como sustento de Acciones
tituladas a las comunidades como territorios colec-
Afirmativas a favor de la población afrocolombiana.
tivos por efecto de la Ley 70 de 1993.
En Mosquera, C. y León, R.E (eds.), op. cit.
© Cortesía elizabeth yarce
ciudadanía diferenciada étnico-racial, negra, afroco-
Hechos de Paz •
¿Quiénes son y dónde están? Los afrodescendientes iniciaron su historia en la tradición colom-
Hoy, los afros se concentran principalmente en las grandes ciu-
biana con la negación. Negación de su humanidad plena, de su digni-
dades, donde son importantes por el número, pero son minoría en
dad, de su libertad, de sus oportunidades y de sus derechos mínimos.
términos absolutos, según el Censo. Por ejemplo, en Medellín viven
La brecha que los separa hoy en día del resto de la población del país,
140.000, que representan el 6,5% de la población de la ciudad,
con respecto al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tiene
mientras que en Tumaco son 129.491, el 88,8% de la de ese munici-
su origen en la enorme desventaja con que iniciaron su presencia en
pio. Bogotá tiene tantos afrocolombianos como Quibdó (100.000)
la vida de la nación. Hoy, esas brechas persisten y, de acuerdo con el
aunque, mientras en la capital representan el 1,5%, en la ciudad
Censo 2005, 4’316.592 de sus habitantes se reconocen como afroco-
chocoana son el 95,3%. En Cali (542.936), Cartagena (319.373),
lombianos; es decir, el 10,6% de la población de Colombia.
Barranquilla (146.578), Medellín (140.000) y Bogotá (100.000) se
Esta cifra, sin embargo, ha sido objeto de cuestionamientos porque, en una sociedad en la que la discriminación y el racismo han
concentra la tercera parte (30%) de la población afrocolombiana del país.
estado significativamente imbricados con su historia, el término ‘negro’ suele tener una connotación peyorativa. En consecuencia, quizá muchos afrodescendientes no se autorreconocieron como tales, lo que pudo producir un subregistro en el censo.
Heterogéneos y diversos Los afros constituyen una población heterogénea y diversa como resultado de procesos variados de inserción en la sociedad, que han dependido de muchos factores, entre ellos las
Cuatro grupos En la población afrocolombiana, hay cuatro grupos importan-
dinámicas de modernización y urbanización. Esta heterogeneidad poblacional y sus tipos de asentamiento
tes, según el DANE. El primero, ubicado en la región del Pacífico,
se expresan en problemáticas diferenciadas y reivindicaciones
donde se encuentran principalmente los territorios colectivos de
diversas: desde aquellas de carácter étnico-territorial hasta las
comunidades negras titulados en virtud de la Ley 70 de 1993, con
que reclaman la eliminación del racismo y la discriminación y el
una superficie de 4’717.269 hectáreas.
acceso en condiciones de igualdad a oportunidades educativas,
El segundo corresponde a comunidades raizales de San Andrés y Providencia, de fuentes culturales afroantillanas, cuyos integrantes
de salud, vivienda, servicios públicos y mercados laborales. Son varios los desafíos que enfrenta esta población, pero
tienen una sólida identidad caribeña, con rasgos culturales y lin-
muchos más los del Estado y la sociedad colombiana frente a
güísticos propios. El tercero está presente en la comunidad de San
ellos. Resulta necesario formular y ejecutar un plan nacional
Basilio de Palenque, municipio de Mahates, Bolívar, conocido por
de lucha contra el racismo y la discriminación que reduzca las
su historia de resistencia en la época colonial y por haber creado
brechas en los indicadores sociales que separan a la población
una lengua, el palenquero; y el cuarto es la población que reside en
afrocolombiana de la no étnica y que limitan el acceso a opor-
cabeceras municipales o grandes ciudades.
tunidades y al ejercicio de sus libertades. Esto permitirá forta-
Esta población está concentrada en unos pocos departamen-
lecer el reconocimiento y la valoración social de la diversidad
tos, como Valle del Cauca, donde habita la cuarta parte de ellos
étnica y cultural de la población afrocolombiana, negra, palenque-
(1’100.000). Este departamento tiene la ciudad con el mayor nú-
ra y raizal.
mero de afrodescendientes del país (Cali, con 542.936, que repre-
De igual forma, hay que fortalecer la capacidad de acción políti-
sentan el 26,2% de su población) y la mayor ciudad con moradores
ca de la población afrocolombiana para exigir derechos y concertar
preponderantemente afros (Buenaventura, con cerca de 300.000
opciones para avanzar en desarrollo humano y hacia el logro de los
habitantes, 88,5% de los cuales son afro).
Objetivos del Milenio. Lo anterior no es suficiente si estas estrate-
Otros departamentos con población significativamente afro-
gias no se diseñan bajo el principio del enfoque diferencial, que reconozca las diferencias territoriales, entre regiones y concentra-
Nariño (cada uno con cerca de 300.000).
ciones urbanas.
© Cortesía elizabeth yarce
descendiente son Antioquia (600.000), Bolívar (500.000) y Chocó y
• Hechos de Paz
© Cortesía elizabeth yarce
Como fue señalado en febrero de 2010 por
Sin embargo, son muchos más los
lidad de las acciones emprendidas, cuando
G. McDougall, experta independiente de
factores que explican la precariedad de los
estas no perduran en el tiempo.
las Naciones Unidas sobre cuestiones de las
avances. Entre estos, se pueden señalar
minorías, los avances han sido lentos y “los
los relacionados con los enfoques de los pla-
resultados no están a la altura de las expec-
nes y programas y su desarticulación con
tativas y de las necesidades de los afroco-
los procesos sociales y comunitarios; los
cuada implementación de planes, progra-
lombianos”, en parte porque “los recursos
relacionados con su estructura, cuando no
mas y proyectos es uno de los ‘ejes proble-
financieros otorgados a los proyectos que
contemplan cronogramas, metas medibles,
máticos’ identificados en el documento
Fortalecer los puntales La insuficiencia de normas y la inade-
Conpes 3660 de 2010 como una de las
El avance de la población afro en desarrollo humano se afinca en la protección y defensa del territorio, el acceso a oportunidades y capacidades y en la eliminación del racismo y la discriminación.
barreras que les dificultan a los afrodescendientes acceder en igualdad de condiciones a oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. En el Año Internacional de la Afrodescendencia, es imperativo develar las claves que hagan posible avanzar decididamente y en
lucen bien sobre el papel, en demasiados
ni mecanismos para el seguimiento y la eva-
forma sostenida en el fortalecimiento de los
casos no están llegando a las comuni-
luación; los relacionados con procedimientos
territorios y de sus organizaciones; avanzar
dades”. De hecho, en el caso de la región
de ejecución, cuando hay descoordinación
hacia la equidad en el acceso a oportunida-
Pacífico, los resultados enjutos alcanzados
entre las entidades responsables de la imple-
des y hacia la eliminación de la discrimina-
con la aplicación de las políticas se han
mentación, desarticulación de las acciones
ción y del racismo, como condiciones para
debido en buena medida a la insuficiencia
del nivel central con respecto a las regiones
que las políticas públicas desborden el plano
de recursos asignados para la ejecución de
y poco envolvimiento de las comunidades
de las intenciones y se conviertan en cami-
las acciones contempladas5.
como actores y protagonistas; los relaciona-
nos efectivos de desarrollo humano para la
dos con débil capacidad institucional para
población afrocolombiana.
Afrodes (2010). Del dicho al hecho hay mucho trecho.
5
hacer efectivas las normas, particularmente
Para tal efecto, es imperativo identificar
Análisis de marcos normativos y políticas públicas
las que tienen que ver con la consulta previa,
los nudos críticos que esterilizan los bene-
para población afrocolombiana en situaciones de
o con limitaciones en las administraciones
ficios esperados con la aplicación de planes
desplazamiento forzado o confinamiento. Bogotá:
municipales para orientar y focalizar la in-
y programas, ajustarlos en consecuencia
Afrodes-Global Rights.
versión; y los relacionados con la sostenibi-
y asegurarles financiación adecuada. Una posibilidad de influenciar la historia de la
Cidse (Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica) (2009). Diseño de una política de
la población afrocolombiana, palenquera y raizal.
construcción de una nación equitativa e
desarrollo productivo y generación de ingresos para
Cali: Universidad del Valle.
incluyente.
Hechos de Paz •
voz de las regi ones
La situación afro en la región Pacífica de Nariño Por José D. Obregón, de la organización Coordinación Regional del Pacífico Colombiano
L
as comunidades afrodescendientes lograron que el Es-
intensificado la penetración de la siembra de coca y el tráfico de la
tado colombiano promulgara la Ley 70 de 1993, que les
pasta de coca. Según el censo 2009 de Unodc, la región del Pacífico,
reconoce derechos étnicos y la mayor parte del territorio
con 25.167 hectáreas de cultivos de coca, sigue siendo la primera en
ancestral. Sin embargo, la región del Pacífico nariñense
áreas sembradas, con el 37% del total del país. Nariño, entre tanto, es
concentra una continua y sistemática violación de sus
el primer departamento con 16.428 hectáreas de cultivo de coca en
derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y
2009 (24% del país). Esta invasión de cultivos se ha consumado con
políticos. La riqueza natural y su ubicación geoestratégica han traído
la presión de los grupos armados ilegales y la colonización de pobla-
amenazas al control efectivo de estas áreas territoriales por parte de
dores provenientes de zonas externas y ha provocado un aumento
sus propietarios nativos. Convergen de manera crítica condiciones
considerable de la violencia contra los afrodescendientes, el despojo
de desigualdad y exclusión, que se han agudizado por la creciente
de sus tierras y las fumigaciones indiscriminadas de todo tipo de cul-
degradación del conflicto armado, que ha constituido una crisis
tivo, y no solo los de uso ilícito (en la región del Pacífico, en 2009 se
humanitaria de hondas proporciones.
asperjaron 51.128 hectáreas, 49% del total nacional, según Unodc), lo que ha afectado la salud y contaminado los alimentos, los anima-
La implementación de diversos proyectos no ha mejorado las
les domésticos y las fuentes de agua.
condiciones de vida digna de las comunidades afrodescendientes que habitan la región. Los indicadores de calidad de vida siguen, año
Se agudizó la violencia en la costa Pacífica nariñense: en 2010
tras año, debajo de estándares nacionales. Las necesidades básicas
ocurrieron 230 homicidios en el municipio de Tumaco; 14 perso-
insatisfechas (NBI) en 2010 en la región del Pacífico son del 62,5%,
nas fueron asesinadas en El Charco entre septiembre y noviembre;
en comparación con el 27% del promedio nacional. Es más, afecta
hubo masacres, como las tres ocurridas en octubre en Barbacoas
los derechos humanos de los afrocolombianos: pone los territorios
con 18 víctimas, y 15 desplazamientos masivos. En cifras absolutas,
colectivos en zonas de disputa entre diversos actores armados, así
la mayoría fue de víctimas afrodescendientes. Además, se ha dado
como por el Estado y multinacionales. Muchas veces los proyectos
reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados, a la fuer-
están acompañados de violencia y desplazamiento y causan un
za y bajo amenazas o por falta de otras oportunidades; los grupos
daño ecológico irreparable. En la última década, en esta región se ha
armados han impuesto en los barrios de Tumaco y en las ciudades más importantes de la costa del Pacífico nariñense reglas y un clima de miedo; controlan y cobran extorsiones a todo tipo de negocios, incluso a los pequeños comerciantes, según la Diócesis de Tumaco. La gravedad de la situación que enfrentan los afrodescendientes hace urgente que el Estado cumpla con las obligaciones señaladas por la Corte Constitucional con su sentencia T025 de 2004, por la cual se declara el estado de cosas inconstitucional frente al desplazamiento, y sus autos de seguimiento, especialmente el 005 de 2009. Los afrodescendientes de esta región sufren de desigualdad y exclusión en varias dimensiones: la posición socioeconómica, la brecha entre las regiones y las diferencias étnicas. Pero esa discriminación no es registrada, y las políticas gubernamentales para solucionar sus necesidades no están logrando las mejoras deseadas. El Estado no cumple con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir sus derechos. Por eso se ha constituido la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC), un espacio de confluencia de diversas organizaciones étnico-territoriales de población afrodescendiente y pueblos
© Cortesía elizabeth yarce
indígenas, al igual que las jurisdicciones eclesiásticas del Pacífico. Su
• Hechos de Paz
propósito es la defensa del derecho al territorio y el conjunto de los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Pacífico. Para ello, hace incidencia política, cuenta con un observatorio y con una estrategia de comunicación, entre otros. (Mayor información en www.pacificocolombia.org y www.regionalpacifico.org).
¡Que Colombia asuma el Año Afrodescendiente!
Por Juan de Dios Mosquera Director Nacional del Movimiento Nacional Cimarrón
P
or iniciativas del gobierno colombiano, apoyado por varios países latinoamericanos, la Organización de las Naciones Unidas promulgó el 2011 como
Año Mundial de los Afrodescendientes, diez años después de la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, de Durban, Suráfrica. La resolución convoca a los gobiernos, sociedad civil, organismos de cooperación y al conjunto de la comunidad internacional a “Fortalecer las medidas nacionales y de © Cortesía elizabeth yarce
cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la
política en la sociedad. Las poblaciones
diversidad de su herencia y su cultura”.
afrodescendientes aprovechan este Año
parte del Ministerio de Educación, de la
como una oportunidad para visibilizar y
en América y Europa, descienden de aque-
enseñanza de la afrocolombianidad a través
reivindicar, ante los gobiernos y las orga-
llas que fueron secuestradas en África y lle-
de la elaboración de los planes nacionales
nizaciones multilaterales, la necesidad de
vadas hasta América, desde el siglo XVI hasta
de implementación de los estudios afroco-
implementar políticas públicas diferencia-
el siglo XIX, para esclavizarlas en todo tipo
lombianos en el sistema escolar. El sistema
das que posibiliten restablecer los derechos
de trabajos forzados en haciendas, minas,
educativo debe legitimar la herencia afri-
humanos y étnicos de las comunidades
construcciones y servicio doméstico. En la
cana o afrocolombianidad, enalteciendo la
afro dando cumplimiento a los Objetivos de
actualidad, las consecuencias del colonialis-
extraordinaria contribución de las culturas
del Milenio, las Metas Educativas 2021: la
mo esclavista afectan a todas las sociedades
africanas y su población en el proceso de fun-
educación que queremos para la generación
de los países americanos y de manera direc-
dación, construcción y protagonismo de la
de los bicentenarios y la Declaración y el
ta a las poblaciones afros e indígenas, que
nacionalidad y la identidad cultural nacional.
Programa de Acción de la Conferencia Mun-
sobreviven enfrentadas a la falta de atención
Los estudios afrocolombianos en los planes
dial contra el Racismo, la Discriminación
gubernamental, la exclusión racial, la violen-
curriculares permitirán el abrazo fraterno y
Racial, la Xenofobia y las formas conexas de
cia de grupos armados en sus territorios y a
la convivencia respetuosa entre las diversas
intolerancia.
poblaciones y la eliminación de los prejuicios
Los afrodescendientes son personas que,
niveles precarios de desarrollo humano. En Colombia, este Año coincide con las
En cada país, este Año debe convocar a las sociedades a revisar el estado de los
Es necesario exigir el cumplimiento, por
racistas y las conductas discriminatorias. La Mesa Nacional de Organizaciones
conmemoraciones de los 160 años de la Ley
derechos humanos, las condiciones de vida
de Abolición de la Institución de la Esclavi-
Afrocolombianas convoca a las entidades
y los mecanismos legales para garantizar-
tud y el bicentenario de la independencia
gubernamentales, organizaciones sociales,
les a las poblaciones afro sus derechos a la
anticolonial, acontecimientos ligados a la
comunidades afro, instituciones educativas,
democracia e interculturalidad sin racismo y
realidad y las demandas del pueblo afroco-
gremios, medios de comunicación, sindicatos
al empleo digno sin exclusión racial. Aten-
lombiano, porque sus consecuencias afectan
y comunidades religiosas a asumir el Año
ción especial merecen los proyectos de ley
directamente el ejercicio de la ciudadanía,
Mundial de los Afrodescendientes con inicia-
para tipificar como delito las prácticas y las
sus derechos humanos y su participación
tivas y actividades que divulguen y enaltez-
conductas racistas y eliminarlas.
can la afrocolombianidad.
Hechos de Paz •
Desplazamiento y usurpación de territorios ancestrales Por Luz Marina Becerra, representante legal de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes)
E
n el marco de la celebración del bicentenario, los afro-
fueron forzados a desplazarse 67.488; es decir, el 23% del total. El 78%
colombianas elaboramos el informe sobre los derechos
(225.500) de los expulsados que se autorreconocen así se desplazaron
humanos titulado Bicentenario nada que celebrar. Este
entre 2002 y 2009 en el marco de la política de seguridad ‘democráti-
documento recoge partes esenciales del mismo por-
ca’, lo que evidencia lo poco democrático de la misma en garantizar la
que queremos reafirmar que, a pesar de las numerosas
seguridad y los derechos de esta población. ¿Quiénes se benefician de
normas internacionales y colombianas de promoción y protección de nuestros derechos fundamentales y étnico-territoriales, el impacto del
esta política? Sin duda no lo fueron las comunidades étnicas. Según el análisis de Afrodes sobre las cifras de expulsión oficiales,
desplazamiento sobre nuestras comunidades es desproporcionado.
de los territorios ancestrales con títulos colectivos (50 municipios),
No es una coincidencia que el mismo mes en que comenzó la
516.867 personas han sido expulsadas entre 1997 y 2009. El 49% de
titulación colectiva en el municipio de Riosucio en la cuenca del río
los expulsados de los territorios colectivos (252.779) son niños, niñas
Atrato, tan solo días después, el 26 de diciembre de 1996, entrara
y adolescentes, lo que constata el peso excesivo del desplazamiento
el bloque paramilitar Elmer Cárde-
sobre sujetos de especial protección
nas asesinando y desplazando a la
constitucional, además de las mujeres. Esta estrategia de expulsión parecería
población afro y demás personas que habitaban desde siglos atrás en estos
no tener razón, si consideramos que la
territorios. Esta situación empeoró el
población afro ha sido históricamente
14 de enero de 1997 con el ingreso a los
marginada de la participación política del
territorios colectivos y ancestrales de la
país (descartando con ella posibles fines
fuerza pública y el bombardeo indis-
políticos) y, además, ha sido excluida de
criminado de las cuencas de los ríos
la distribución de los beneficios socioeco-
Salaquí, Truandó, Domingodó y Caca-
nómicos, pues es la más pobre entre los
rica, que provocó el desplazamiento
pobres (de modo que la riqueza no es el
inmediato de más de 20.000 afros.
principal motivo). ¿Cómo explicar esta desterritorialización y la desbordada
Así comenzó la contraofensiva armada para desmantelar los dere-
violencia sobre estas comunidades? La
chos de los afros sobre los territorios
primera respuesta y obvia es que detrás
ancestrales, reconocidos por la Ley
de esta estrategia está la usurpación de
70 de 1993, estrategia soportada en
tierras, pues la región Pacífica es una de
el uso indiscriminado de la fuerza
las más ricas del país y del mundo en
ante la desprotección estatal que ha
biodiversidad, petróleo, minas, madera…
mantenido en condición de extrema
Y la segunda posible respuesta es que
vulneración a estas comunidades,
ello tiene como trasfondo el componente
así como a la promulgación de leyes
étnico que hemos denunciado: la discri-
que vulneran los derechos de nuestra
minación racial. Estas violaciones son cometidas por grupos armados, aunque
comunidad y los “discursos de desarrollo” dirigidos en apoyo a megaproyectos que ponen en riesgo la super-
© Cortesía borja paladini
queda aún por precisar quiénes son los actores intelectuales (reales) de estos
vivencia de los negros como grupo cultural y del Pacífico. Esto viene
crímenes, pues en estos convergen, entre otros, intereses de diversos
causando una profunda ruptura de nuestras comunidades y procesos
actores económicos y políticos, con sus inversiones en monocultivos,
organizativos y, también, una fuerte desconexión con nuestros medios
planes que incluyen el cultivo de palma de aceite y banano, conce-
culturales, de producción ancestral y ecosistema, situación que, además
siones mineras, ganadería extensiva, operaciones madereras y otros.
de la profundización de la discriminación y la desigualdad en medio del
Hay una precaria atención en desarrollo de la política de aten-
desplazamiento y confinamiento, configuran el destino fatal que vienen
ción hasta ahora implementada. No han sido efectivas ni siquiera
advirtiendo nuestras comunidades: nuestro progresivo etnocidio.
las medidas proyectadas en el nuevo Plan Nacional para la Atención
Según el Sistema de Información de Población Desplazada (corte al
a la Población Desplazada por la Violencia (Decreto 250 de 2005).
30 junio de 2010), de los 3’425.496 de desplazados en Colombia hasta el
Las fallas en la respuesta institucional tienen como consecuencia la
año 2009, el 8,4% (288.783) se autorreconocen como afrocolombianos
profundización de la discriminación, aumentando así la brecha de
y raizales (284.762 y 4.021, respectivamente). De ellos, entre 2008 y 2009
desigualdad entre esta población y la del resto del país.
• hechos del callejón