• Promover la aprobación de las reformas más trascendentes que conduzcan a un crecimiento económico sostenido, mejoren nuestra competitividad internacional y salvaguarden la certidumbre jurídica, y al mismo tiempo coordinar la defensa de los intereses empresariales ante previsibles excesos en la regulación que implican altos costos para el sector productivo
1. Reforma hacendaria 2. Reforma laboral 3. Reforma energética 4. Reforma política 5. Estabilidad macroeconómica 6. Crecimiento económico
7. Medio ambiente y sustentabilidad 8. Salud y derechos de los consumidores 9. Seguridad y legalidad 10. Código de procedimiento legislativo
Sistema tributario sencillo que fomente la formalidad Un solo impuesto directo Revisión de programas y subsidios regresivos Reforma integral del gasto público: asignación eficiente y transparente de los recursos Precios y tarifas públicas que promuevan la competitividad Evitar impuestos especiales que distorsionen mercados
Flexibilidad contractual en términos de horarios, esquemas de empleo temporal, y acotar salarios caídos
Mejoras procesales (periodos y medios de prueba y reducción de plazos) Justicia laboral profesional y expedita que dé certidumbre jurídica a trabajadores y empleadores
Apertura a la inversión privada Dirigir la renta petrolera a la inversión Competencia Esquemas de contratos de asociación alineados a mejores prácticas internacionales en sector energético Autonomía de gestión a la industria paraestatal, a fin de operar con un gobierno corporativo Tarifas competitivas Redireccionar los incentivos hacia las energías renovables
Reelección de legisladores y alcaldes, sobre la base de transparencia y rendición de cuentas Ampliar candidaturas independientes Reconducción presupuestal (existe actualmente sólo para sueldos y salarios de funcionarios) Reducción del número de integrantes en el Congreso Reforma electoral: Fortalecer el carácter ciudadano del IFE y la vigencia del derecho a la libertad de expresión Evaluar la conveniencia de establecer un solo instituto electoral para todo el país
Inflación: mantener mandato único del Banco de México Deuda pública: mantener finanzas públicas sanas, incluyendo estados y municipios Gasto público: mantener estricto apego a la ley, en cuanto al objetivo de finanzas equilibradas
Competencia económica Autonomía, mayores facultades y transparencia en todos los órganos reguladores Creación de tribunales especializados en materia de competencia económica
Investigación y Desarrollo Recuperar y mejorar los incentivos fiscales para incrementar la inversión para alcanzar por lo menos 1% del PIB Mejorar el sistema de registro de la propiedad intelectual
Desarrollo del sistema financiero: Banca de desarrollo: independencia de gestión Inclusión financiera Buró de crédito universal: emisión de certificados de calidad de crédito a petición del interesado
Política industrial y comercio exterior Propuestas de ley que fomenten y fortalezcan el mercado interno y las Mipymes Aprovechamiento y profundización de tratados comerciales (Alianza Transpacífico o TPP) Modificaciones a la Ley de Comercio Exterior que fomenten un comercio más justo y equitativo mediante la participación del sector privado en la toma de decisiones
Incentivos fiscales a la economía verde: transporte limpio, inversión en tecnologías sustentables, reciclaje, reforestación y recuperación de mantos acuíferos, uso eficiente de agua y energía y reducción de emisiones contaminantes
Código Ambiental Único
Sistema universal de salud: Universalidad y unificación de todos los sistemas IMSS, ISSSTE y Seguro Popular
Enfoque integral en la lucha contra la obesidad, que responda al carácter multifactorial del problema
Combate a la piratería y la informalidad
Ley contra el Lavado de Dinero efectiva y aplicable Ley de Seguridad Nacional Creación de mandos únicos estatales Otorgar facultades plenas de investigación proactiva y capacidades periciales a las policías especializadas Nueva Ley de Amparo Zar anticorrupción ciudadano Homologación de códigos penales y de procedimientos penales
Limitar el fuero constitucional a los servidores públicos citados en el artículo 111 de la Constitución para no comprometer la acción de la justicia en materia penal Transparencia y rendición de cuentas Facilitar la formación de acuerdos